Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


lunes, julio 23, 2007

Y no pasa nada…

Se ha vuelto costumbre que ciertos personajes con representación social o política asistan sin consecuencias a foros donde se profesan ideologías de extrema izquierda que respaldan todas las formas de lucha y que son justificación y apoyo para los movimientos armados de izquierda en Colombia. Esas reuniones, que piden más violencia, son un atropello a los pilares que inspiran el modelo de convivencia democrático y libre. Por eso, en Colombia existen tipos penales específicos para este comportamiento: el concierto para delinquir establece penas de prisión para quienes fomenten o promuevan el concierto o la asociación para delinquir y la instigación a delinquir castiga a quien publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos.

La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.

Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.

Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.

Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.

Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html

domingo, julio 22, 2007

Dos reflexiones sobre la consulta

La consulta del pasado domingo mostró una Registraduría poco preparada para las elecciones de octubre. Sorprende el costo: $36.000 millones, mucho más que anteriores consultas del liberalismo, conservatismo y Polo que costaron aproximadamente $3.000 millones cada una. Por otra parte, el diseño del tarjetón -donde estaban todas las consultas en una sola hoja- generó dificultades. No hay claridad sobre el número de votos de los partidos, por ejemplo: en la consulta del PDA para la Alcaldía en Cali, la Registraduría dice que el Polo tuvo 8.715, de los cuales 3.810 fueron por candidatos de ese partido, 755 en blanco, 501 nulos y 3.649 tarjetas no marcadas. Este resultado no confiable: es probable que el complicado tarjetón haya desalentado de marcar a esos 3.649 polistas, pero es mucho más creíble pensar que esos 3.649 votantes, quienes no marcaron la tarjeta del PDA, votaron por otras consultas: gobernador o asamblea o JAL y, por tanto, no son votos del PDA. No es posible aclararlo, pues la Registraduría no publicó el total de tarjetones depositados o el número de votantes. El diseño del tarjetón fue fatal también para los electores, en esa misma elección el 35,29% de los votos fueron nulos.

El proceso de escrutinio ha sido lento. Aún hoy no se conocen resultados distintos a los que se publicaron el lunes, cuando había municipios y departamentos donde el total de mesas escrutadas era bajísimo, como Tolima con el 66,79% escrutado y de Cundinamarca con sólo el 22,68% escrutado. Esto para escrutar 1,2 millones de votos, ¿cómo se comportará con diez millones?

Algunos políticos y periodistas han dicho que la falta de afluencia a la consulta obedece a que es un mecanismo nuevo y sostienen que debe mantenerse para garantizar que haya mayor democracia en los partidos. Disentimos de estas opiniones.

La gigantesca abstención volvió a demostrar que la mayoría de la población no está interesada en participar en los procesos internos de los partidos. No hubo muchos votos por dos razones: aquellos que votan atraídos por las maquinarias de los partidos en las elecciones reales, no les importa quien sea el candidato y el voto de opinión no acude al llamado de los partidos, este voto espera esas decisiones y luego escoge el candidato que más le gusta. ¿Quiénes votaron? Un pequeño voto de maquinaria y el grupo activo políticamente interesado en participar en la toma de decisiones, que también asiste -aunque sea de vez en cuando- a las reuniones de los partidos.

Para esos activistas políticos la elección directa no es el único mecanismo de participación ni el mejor. Las convenciones, reuniones, comités, comandos, directorios, entre otros, permiten que los partidos abran las puertas para que los interesados participen. Estos mecanismos son menos costosos, no desgastan el aparato estatal y contribuyen a que los partidos trabajen en sus estructuras permanente y directamente. Por otra parte, estar en sintonía con la comunidad no es algo que se le deba exigir a un partido. Un partido, con vocación de poder, necesariamente busca esta sintonía. En países como el nuestro, donde la disciplina partidista es endeble, un partido que escoge su candidato a dedo y desconoce el querer de sus seguidores, es derrotado. Los procedimientos democráticos al interior de los partidos no hay que garantizarlos con la ley, son necesarios en la practica.

Publicado en El Pais -Cali -Julio 14 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul142007/OPN/opi5.html

viernes, julio 13, 2007

El repudio al secuestro

Si la pregunta es cómo lograr más fácilmente la liberación de los secuestrados políticos, la respuesta es el acuerdo humanitario; pero en mi opinión esa no es la pregunta que nos ocupa. Por supuesto que la liberación de los secuestrados políticos es una prioridad para el país, pero la cuestión fundamental es cómo extirpar el secuestro de la sociedad colombiana.

Las cifras de la Fundación País Libre señalan que desde 1996 hasta el 2006 ha habido 23.144 plagios. Esto significa que, en promedio, más de seis colombianos fueron secuestrados diariamente, dos de ellos por las Farc. Todos los colombianos conocemos al menos una familia que ha sido víctima del plagio; sabemos el dolor que causa en su entorno y el daño irreparable que se le ocasiona al mártir, cuya personalidad queda marcada para siempre. Las enérgicas protestas del jueves demuestran que la sociedad está cansada de que los grupos al margen de la ley hayan convertido la libertad de los colombianos en un bien transable con el cual es posible chantajear y obtener dinero.

Ahora bien, la manifestación en contra del secuestro no es suficiente, el país tiene que reflexionar sobre cómo actuar contra el flagelo y contra los secuestradores, de manera que logremos acabarlo definitivamente. El análisis del intercambio humanitario debe estar circunscrito a esta idea, pues la liberación de los plagiados políticos no puede ir en contra del propósito mayor que es erradicar el secuestro; sí la cura del síntoma agrava la enfermedad principal es inaceptable tratar sólo el síntoma.

Si el acuerdo humanitario fuera efectivo contra el plagio, no estaríamos hoy frente a este debate. El país ya probó ese remedio en el pasado, pero como las Farc son un grupo terrorista, acceder a sus peticiones, dejarnos chantajear, sólo convirtió al secuestro en un medio efectivo para que esa organización obtenga avances políticos y militares.

El acuerdo humanitario es una solución coyuntural y de corto plazo que remediaría las cosas para los secuestrados políticos, pero las haría más complejas para los gobiernos futuros y el resto de colombianos. En una nueva zona de distensión habrá nuevos plagiados, como los hubo en la anterior –entre ellos Ingrid Betancourt- y si no ahí, los habrá en otros puntos del territorio. Entonces tendremos que realizar otro intercambio y luego otro, como lo hemos venido haciendo. Liberar los delincuentes, capturados y puestos tras las rejas con tanto sacrificio de la Fuerza Pública y de la justicia, para que vuelvan a engrosar las filas del terror, es seguir jugando al gato y al ratón con la guerrilla. Ellos delinquen y el Estado los persigue y los castiga; ellos secuestran y el Estado los libera y les otorga concesiones; vuelven a delinquir y el Estado a perseguirlos y volvemos a empezar. Se trata de un juego con incentivos perversos, donde el sacrificio recae sobre la libertad y las instituciones.

Colombia no puede seguir dándole a los peores criminales lo que piden, porque está chantajeada. No puede entregar al arbitrio de los violentos poblaciones y lugares estratégicos para liberar unos secuestrados que serán remplazados por otros. Sustituir las madres que hoy sufren por otras madres que también sufrirán no enmienda nada.

Repudiar el plagio significa no aceptar nada distinto a una liberación incondicional de todos los secuestrados.

Publicado el Diario El Pais- Cali, el 7 de Julio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul072007/OPN/opi3.html

domingo, julio 01, 2007

Los mártires de la democracia

La muerte de los once diputados es un hecho que hiere lo más íntimo de las entrañas de nuestra Nación. Si bien, no todos los colombianos tenemos vínculos de sangre con las víctimas, compartimos con ellos vínculos ideológicos que nos hacen miembros de la misma familia democrática. El secuestro político es un crimen en contra de quienes nos representan en la vida pública o en algún cargo de la estructura institucional. Loor a estos mártires que fueron inmolados por encarnar la democracia colombiana.

En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.

No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.

Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.

Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.

Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.

¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!

Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html

Uribe y la comunidad internacional

Este es uno de los momentos más complejos que ha vivido el gobierno Uribe. Pero la crisis no responde a sus acciones de gobierno o a fallas en su administración, sino a dos procesos externos que han terminado por afectarlo a nivel internacional.

El primero de ellos es el enfrentamiento feroz entre los demócratas y los republicanos en la carrera por las elecciones presidenciales de EE.UU. La lucha política entre los partidos implica el ataque directo a las causas que ha defendido el partido opositor. Así es como Colombia y, en especial, el Presidente se han convertido en el blanco de los ataques demócratas en contra de los republicanos. Los demócratas pretenden prorrogar el Atpdea para evitar la aprobación de los TLC. La medida previene la entrada de los biocombustibles colombianos y garantiza el voto de los sectores económicos que se verían afectados con el libre comercio. Para diferenciarse también en el Plan Colombia, los demócratas hicieron modificaciones importantes a la propuesta republicana. En general, los demócratas quieren mostrar que las políticas de Bush con respecto a Colombia fueron equivocadas y que Uribe, aliado de Bush, tampoco es bueno.

El segundo fenómeno es la campaña de desprestigio del gobierno Uribe que en el exterior han emprendido la oposición y algunos familiares de secuestrados. Los unos inspirados en la idea de controlar la política nacional con artilugios ante la desinformada comunidad internacional y los otros esperando ejercer presión sobre el Presidente para que actué como ellos quieren. Lo cierto es que en atención a sus propios intereses, le han causado al país un enorme daño, pues las acusaciones contra el Mandatario, aunque vagas y sin pruebas, actúan como una gota de tinta en el agua cristalina.

Para la mayoría de los colombianos Uribe es el mejor presidente de los últimos tiempos; ha sido implacable con todos los grupos al margen de la ley y pulcro en el manejo del Estado. Paradójicamente el Mandatario en quien los colombianos reconocen un líder incontrastable, un trabajador infatigable y un devoto patriota, que ha hecho de Colombia un país más libre y más próspero, tiene ante la comunidad internacional una imagen desdibujada y turbia.

Pero no debe sorprendernos que las críticas internacionales desconozcan factores fundamentales del gobierno Uribe y se alejen de la opinión y la realidad nacional. La comunidad mundial se ocupa de los sucesos de nuestro país esporádicamente y su comprensión es superficial. Y si ahora muestran interés es porque en su contexto político les resulta conveniente. Las otras naciones no están buscando lo mejor para Colombia ni analizando detalladamente los hechos; simplemente responden a sus propias conveniencias políticas.

Así, los colombianos estamos sometidos a presiones que resultan de coyunturas extranjeras, a opiniones desinformadas e intervenciones sin responsabilidad, pues las consecuencias de cualquier acción serán enteramente para los colombianos –y no habrá como reclamar a la difusa comunidad internacional-. Es ahora, cuando el país debe unirse entorno a su figura presidencial para defender y decidir soberanamente sobre sus intereses y su bienestar e impedir que los torbellinos políticos de las naciones desarrolladas determinen nuestro destino.

Publicado en El Pais- Cali - Junio 23 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun232007/OPN/opi3.html