La política y el medio ambiente

El movimiento civil a favor del medio ambiente está cayendo en una trampa del quehacer político. Cada vez somos más los ciudadanos que nos preocupamos por la situación ambiental del planeta, y que los retos que enfrentamos en estos campos como el fenómeno del calentamiento global, la sexta gran extinción de las especies y las malas perspectivas sobre el agua, serán en corto tiempo los temas fundamentales de la humanidad. Sin embargo, el tema ambiental se está convirtiendo en un factor diferenciador de los partidos políticos. La idea de que son los partidos de izquierda los que están interesados en los temas ambientales cada vez se afianza más entre los ambientalistas y consecuentemente son, también, cada vez más los electores que inclinan su voto bajo ésta consideración. El hecho es interesante desde el punto de vista de los partidos políticos, pero sumamente preocupante para las causas ambientales.

Los partidos políticos luchan por conquistar el favor del mayor número de sectores sociales y para atraerlos hacen propios los intereses y requerimientos que los caracterizan. Así que, desde le punto de vista político la izquierda se ha apuntado bien, hacia un grupo que asegura un crecimiento sostenido con una agenda temática amplia y novedosa. Pero para el interés ambiental la dinámica es trágica. El desarrollo y la articulación de políticas públicas para proteger el medio ambiente queda sujeta al juego político. Si los partidos abanderados de la causa son derrotados en las urnas, el pábulo se hunde y, peor aún, se vuelve un medio para la contienda política. El partido vencedor mancilla –no al partido derrotado- sino la bandera derrotada. La democracia siendo el mejor sistema de gobierno permite ciertos juegos en los cuales los partidos se fortalecen con un alto costo para las ideologías. El caso se ilustra perfectamente en Estados Unidos donde el Partido Demócrata “dueño” del discurso ambiental ha logrado los mayores avances en lo que a legislación y políticas públicas ambientales se refiere, y ha obtenido un crecimiento significativo de sus seguidores. Entre tanto, que el partido Republicano, para atacar a los demócratas y demarcar las diferencias la ha emprendido contra causas ambientales muy significativas como el calentamiento global y en consecuencia, flexibilizó las normas ambientales y se negó a firmar el protocolo de Kyoto.

Los que nos preocupamos por el ambiente debemos tener una visión crítica de este fenómeno, pues no podemos permitir que el tema ambiental se convierta en la insignia de uno u otro partido. El problema ambiental tiene que colocarse como uno de los grandes temas de la política, al lado de la desigualdad social, el desempleo y la salud; por mencionar sólo algunos. Sobre esos temas todos los partidos políticos tienen un análisis y una propuesta. Y no hay ningún político que no dedique parte de su discurso por sucinto y simple que sea a esas materias. Es entonces prioritario que los ambientalistas juguemos el juego democrático con astucia para no salir lesionados, debe haber amantes del ambiente todos los movimientos políticos, dedicados a multiplicar los requerimientos y convertir el ambiente en un lugar común de la política. Llenos de inspiración ambientalista tendríamos que variar las palabras del poeta y decir: ¡Oh democracia! Bendita seas, pero no nos mates.

El secuestro político: la fabricación de la ruptura entre victimas y Gobierno

Cobrar por la libertad es el crimen más abominable que existe. El secuestro no sólo suprime la libertad, el bien más preciado del hombre, sino que extiende el castigo a todo el cuerpo social y familiar que tiene vínculos afectivos con la víctima. Si fuera posible erradicar el secuestro cualquier medida sería justificada y necesaria. Infortunadamente el acuerdo humanitario no soluciona el problema.

Hay diferencias sustantivas entre el secuestro político y el económico. Por una parte, no son las familias quienes deciden sí pagar y cuanto pagar por la liberación de su ser querido; la decisión corresponde al Presidente, así lo exigen las FARC. Por otra parte, la extorsión no recae sobre un patrimonio familiar, sino sobre la institucionalidad colombiana. La situación es terrible para las familias y para el Presidente, y lesiona la natural unión que debería existir entre ellos.

Conocemos familias que deciden entregar todo lo que tienen para liberar a “su secuestrado”. Otras que, aún costándoles la vida de su ser querido, deciden no financiar criminales para que el flagelo no se nutra. En los dos casos es evidente que la decisión es difícil, dolorosa e inspirada en la convicción de que es lo mejor para el ser amado en cautiverio y la familia. Así también sucede en el secuestro político.

Para comprar la libertad de los servidores de la causa democrática se le exige al gobierno que despeje municipios y libere a los criminales detenidos de las FARC. Si el Presidente no capitula ante la extorsión, no es porque no ansíe la libertad de los secuestrados, equivale más bien a la familia que no quiere pagar porque comprende que financiar a los criminales sólo extiende el crimen. No querer el despeje militar de municipios se explica porque este pago no soluciona el gran mal y tiene implicaciones futuras. El despeje es un avance político para las FARC, que se acercan a herramientas legales como el estatus político, útil para justificar internacionalmente la violencia que ejercen. Además, significa un detrimento de la institucionalidad colombiana y sí bien, el intercambio se plantea como único, puede convertirse en una forma extorsiva sobre gobiernos futuros.

Es injusto exigirle a las familias de los secuestrados políticos que cuando piensen en el rescate de su ser querido, piensen también en la nación, pues hay otras familias que no tienen que hacerlo. Injusto, pero inevitable. Es un costo más que ha impuesto la guerrilla a aquellos que, en medio del sacrificio y el riesgo, han optado por una vida o pública o en las fuerzas armadas. Esas familias no deben enfrentarse Gobierno, como lo hicieron en su visita a la OEA para solicitar que la comunidad internacional le dé un espaldarazo a la extorsión de las FARC sobre el Estado colombiano. Entre ellos debe haber unión, pues representan los principios democráticos.

El nombramiento de Fernando Araujo como nuevo Canciller refleja que el secuestro es un tema prioritario para el Presidente. Araujo lleva en su corazón el dolor del secuestro, es la cara de Colombia en el exterior y es la oportunidad de una gran alianza entre el Estado y las víctimas del secuestro. Alianza que logre la declaración de este delito como un crimen de lesa humanidad y consiga que la comunidad internacional presione para la liberación incondicional de todos los secuestrados. No toleremos que las figuras públicas y el afecto se utilicen como medios para extorsionar al Estado y a los particulares, y fabricar distanciamiento entre ellos.

La orfandad Latinoamericana

Con ocasión de la visita del Presidente Bush vale la pena hacer algunas reflexiones sobre las relaciones de E.U. y la América hispánica. Señalan acertadamente los críticos que los “gringos” no están preocupados por nuestros intereses sino por los suyos propios; y que en consecuencia en cada negociación defienden de manera egoísta sólo lo que les conviene. Pero que esto sea así, no significa que E.U. pueda ser catalogado como una nación abusiva. Más bien se trata de dos cosmovisiones distintas.

Dos herencias nefandas nos quedaron de la época colonial española: la mentalidad de colonia y el paternalismo. Desde aquellos tiempos sentimos que las buenas decisiones, al igual que todo lo bueno, viene de afuera. La devoción por todo lo importando contrasta con el desprecio de lo propio. El origen de nuestra mentalidad paternalista surge también la sociedad colonial y su estructura feudalista y extractiva donde el colonizador-señor feudal tomaba las decisiones para y por sus súbditos. El modelo se perfeccionó hasta llegar a la relación simbiótica en que vivimos hoy; un Estado que pretende ser padre y un pueblo que espera que ese padre sea bueno y le provea todo lo que necesita. La ciudadanía se incapacita a sí misma y le atribuye la responsabilidad de su destino al Estado padre. De manera que siempre andamos en la difícil búsqueda de ese líder que sea bueno y justo y sabio.

Curiosamente el modelo se reproduce en las instancias internacionales y los líderes latinoamericanos esperan que los países admiradísimos y desarrollados se hagan cargo de los problemas que no hemos podido solucionar. Y es así como llegamos a la conclusión de que las grandes potencias mundiales deberían estar preocupadas por nuestros problemas tanto como por los suyos. Y esperamos que esas potencias sean también buenas y justas y sabias. Espera inútil porque las potencias no quieren ser padres.

Los colonos de E.U. llegaron para quedarse y en su sociedad ninguno era mejor que otro, cada uno debía trabajar para proveerse lo que necesitaba sin ayuda. La idea de que la interacción de los intereses individuales y egoístas termina por beneficiar la sociedad no requiere que existan seres altruistas capaces de comprender y solucionar los problemas que aquejan a los demás. Se basa en una sociedad igualitaria donde cada uno debe y tiene que ser capaz de hacerse responsable de su propia vida. La misión de un buen Estado es respetar las iniciativas e intereses privados para que cada uno busque lo que necesita, pues al final el colectivo social será beneficiado. Y una buena potencia es aquella que busca sus propios intereses, mientras las otras hacen lo propio, para que el final el mundo entero se beneficie.

Pueden hacerse muchas críticas a esta visión del mundo pero cuando América fue descubierta todos los países eran iguales y si algunos tenían ventajas eran los hispánicos, ricos en metales preciosos y recursos naturales y aún así, E.U. los superó. Mientras los latinoamericanos sigamos buscando padres estaremos condenados a muchos años de orfandad.

La paz es un problema de Colombia y no del Gobierno

Una negociación con los grupos al margen de la ley es costosa socialmente, porque no se puede aplicar la justicia con toda su fuerza. Precisamente se negocia porque la institucionalidad ha sido incapaz de someterlos por la fuerza, o porque el costo del sometimiento en términos de tiempo y vidas humanas es mayor que las concesiones que exige una negociación para disminuir o acabar el conflicto. En este delicadísimo equilibrio la sociedad, para acercarse a la paz, ofrece alternativas a los violentos con la ilusión de que sean suficientemente atractivas para sacarlos del conflicto. Una propuesta del tipo: entréguense, confiese todos sus crímenes y váyanse a la cárcel 30 años; no es persuasiva para un grupo respaldado por miles de hombres armados en actitud de guerra. En la negociación, entonces, la sociedad les da algo que no se merecen, paga un “precio” para incorporar a la vida civil al grupo al margen de la ley. Esa es la esencia de negociar.

El proceso de paz con los paramilitares era prácticamente impensable hace unos años porque le estaban ganando al ejercito nacional, tenían recursos ilimitados provenientes de la droga y la extorsión y además estaban organizados en escuadrones móviles, como los de la guerrilla, que según los expertos son muy difíciles de derrotar. Así que, cuando el Gobierno del Presidente Uribe logró un proceso de paz con ese grupo, sorprendió a la sociedad colombiana. Y los resultados de la negociación fueron aún más impresionantes: los paramilitares aceptaron resarcir en algo los daño causados, pagar penas privativas de la libertad, renunciar a los derechos políticos y revelar al país la verdad.

Pero, la paz no la hacen los Gobiernos sino las sociedades e infortunadamente pareciera que la sociedad colombiana no está lista para ella. Las críticas al proceso de paz dejaron de ser constructivas, y se dedican a presionar la negociación desde todos los ángulos haciendo dudar a parte de la sociedad sobre la conveniencia de esas concesiones.

Dicen los críticos que no se han desmovilizado todos, habría que responderles que aún unos pocos significan menos fusiles disparando. Alegan entonces, que las penas son irrisorias; evidentemente los castigos no se compadecen con las terroríficas cruzadas paramilitares, pero les recordamos que fue una negociación con un grupo que hubiera podido seguir en la guerra y que nos evita tener que emprender de nuevo la lucha en su contra. ¿Prefieren acaso un conflicto indefinido?

Habría que decirle a los críticos de izquierda que su intolerancia con un proceso de negociación con los paramilitares no se compadece con la generosidad que tuvo el país con grupos armados de izquierda, como el M-19 se les otorgó un indulto y fueron nombrados en altos cargos de dirección en el Estado. A la crítica uribista que piense en el bienestar de la nación, más que en su propia carrera. Y ambas facciones deben medir el daño que le puede causar al país llevar este proceso al fracaso y el consecuente recrudecimiento del conflicto.

La sociedad colombiana debe juzgar por sí misma; no dejarse impresionar por los críticos que por lucirse políticamente han herido de muerte la reconciliación nacional. Si el proceso no tiene éxito, no será un fracaso del Gobierno, es un fracaso para Colombia. Esta es una oportunidad sin precedentes, extender su mano generosa y abrigar con su manto a los paramilitares, para intentar entretejer con ellos la paz.

El circo de los justos

“Quien esté libre de pecado tire la primera piedra” y paradójicamente, las piedras no han parado de llover. ¿Será que en el país hay muchos libres de pecado? En un conflicto tan complejo como el que ha vivido el país, todos los colombianos nos hemos hecho pecadores por acción o por omisión. Están aquellos que para vengar la injusticia social se volvieron terroristas, y otros que para defenderse los igualaron. Muchos que teniendo una idea tergiversada de los problemas que nos rodean y su solución, se condujeron por caminos deplorables y terribles. Desplazados por la violencia que llegaron a las ciudades y cayeron en conductas delictivas. Colombianos que pervertidos en el festín de la corrupción han optado por comer en esa mesa y, trafican drogas, corrompen instituciones, se apropian del erario publico. Y otros colombianos que enfrascados en nuestros propios conflictos hemos caído en el más perturbador de todos los pecados: la indiferencia.

Es difícil entender como surgieron los conflictos, los vínculos entre la mafia, los paramilitares o la guerrilla, y todas las esferas sociales: los políticos, los empresarios, los agricultores, la banca e incluso nuestra cultura. Pero, aún más difícil entender por qué la mayoría de los colombianos decidimos convivir con el crimen y ser indiferentes ante una realidad que debía hacernos llorar; pues podíamos ver la sangre que se derramaba, oír el clamor de la víctimas, oler la incineración de los hogares y sentir el ambiente enrarecido.

Es más cómodo pensar que no tenemos nada que ver en estos procesos, y sacar a relucir morales impolutas y hacer juicios severos que nos se compadecen con nuestros meritos, sino con nuestras circunstancias. Estamos aplicando, también, la formula de algunos políticos de que “todo ocurrió a nuestras espaldas”. Los otros son culpables, y nos paramos felices a lapidarlos.

Es incuestionable que los culpables de los crímenes tienen que ser juzgados con toda la rigidez de la justicia y de manera implacable. Pero los demás deberíamos sentirnos compungidos ante esta tragedia nacional. Aquellos que son culpables son las caras de nuestra propia incapacidad de construir un país mas justo, un país que no tolere y no invite a estas alianzas macabras. En ellos, en muchos sentidos, se purga lo peor de nosotros mismos: la permisividad, la tolerancia con el crimen, por encima de todo el deseo infinito de no ver lo que esta pasando.

Las lecciones que debemos aprender no se aprenden en medio del frenesí enloquecido de señalar brujas y cortar cabezas. Las cabezas deben cortase después de un juicio justo, en medio del sosiego, para que todos comprendamos, y nos arrepintamos de lo que ha pasado. El exhibicionismo amarillista que está caracterizando este proceso no se compadece con la gravedad de los cargos y mucho menos, con el dolor de las victimas.

Celebrar los hechos de justicia es una característica de todas las sociedades, aún más debe serlo en un país donde hay tan pocos. Pero no es esperanzador ver, como embriagados por los licores amarillistas de los medios de comunicación, los colombianos transfiguran la celebración en el festín del circo romano.
La turba efervescente, en medio el aplauso acalorado, cargada de odio y do rencor, no ve que la sangre derramada refleja su propia decadencia.