Se ha vuelto costumbre en nuestro país que las cargas que surgen de la ineptitud y de la Administración Pública sean trasladadas por ésta a los ciudadanos. Para subsanar la negligencia de administraciones pasadas, y usándolas como pretexto, se toman medidas que al mismo tiempo se vuelven una justificación de la inutilidad presente. En vez de enfrentar los problemas, simplemente se coartan los derechos de la sociedad y se limita su capacidad de acción. Es una fórmula mágica con la que el problema desaparece a costa de que cada vez encontramos más limitados nuestros derechos.
El caso es evidente en el Pico y Placa en Bogotá, que ya era una restricción a las naturales y legítimas aspiraciones de los habitantes de poder desplazarse en un carro. Ahora se pretende extender esa prohibición a todo el día y dentro de poco se proscribirá el uso del carro. Como las alcaldías de Bogotá han sido incapaces de hacer una planeación urbana decente, que tenga en cuenta el crecimiento del parque automotor, ni han podido mantener la malla vial en buen estado y mucho menos han sido capaces de diseñar y construir la vías necesarias para el flujo de una megaciudad como Bogotá, la solución es simple: que los ciudadanos no usen el carro. Sin carros no hay problema.
Por supuesto las vías no pueden hacerse de un día para otro, pero esa ni siquiera es la intención. El Pico y Placa no es una medida transitoria para alivianar las dificultades mientras se remedia el problema con la construcción de autopistas y puentes. Es la ‘solución’ simple y mediocre de quienes consideran así cumplido su trabajo. Si no hay carros particulares, la Administración ha solucionado el asunto de la movilidad. Eludir el problema tan burdamente es una manera cómoda y abusiva de trasladar el problema a los ciudadanos, quienes ahora enfrentan la cuestión de cómo transportarse en una ciudad donde el sistema de transporte público no da a abasto. ¿Si el sistema está colapsado con los usuarios actuales, que será con toda la ciudad dependiendo de él?
Es inaceptable y la sociedad civil debe manifestarse enérgicamente. El Estado tiene una serie de compromisos ineludibles. Son esas gestiones las que explican la existencia y la necesidad de una administración pública. Administrar no es ordenar por decreto que la gente se adapte a lo que hay, para eso no hace falta un alcalde. La comunidad llega a esa decisión por sí misma. Hasta hace poco, como el Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las vías, los ciudadanos no dejaron de utilizarlas, y no fue necesario prohibirlo.
Los servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones de manera real y no sólo formal. Deben servir al ciudadano y mejorar su calidad de vida y no simplemente zafarse de los problemas y trasladárselos a un ciudadano victimizado doblemente por la negligencia y la solución.
Si bien, al llegar a una administración se pueden enfrentar rezagos que vienen del pasado, ello no excusa la negligencia de las nuevas. Quien aspirara a esos cargos debería tener conocimientos sobre los problemas y haber valorado su capacidad de dar soluciones. Si en el camino se descubre incapaz, debe dejar el campo para otros. Pero, sobre todo, un servidor público debe respetar los derechos ciudadanos y trabajar para que la órbita de su ejercicio sea cada vez mayor.
Diario El Pais- Cali Enero 31 de 2009
sábado, enero 31, 2009
sábado, enero 24, 2009
Justicia Penal Militar
Por supuesto que es indeseable que la Justicia Penal Militar cobije delincuentes comunes escondidos en las Fuerzas Armadas, pero ello no justifica que los militares pierdan el derecho constitucional de ser juzgados por sus pares cuando son acusados de cometer delitos en el servicio.
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
Otra cosa es que las ONG de derechos humanos pretendan abolir esa garantía constitucional sin someterse a los trámites que exige una reforma a la Carta y que la Corte Constitucional haya aceptado esa ilegítima presión mediante la construcción de la doctrina que excluye de la Jurisdicción Penal Militar a los militares acusados de violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la violación de los derechos humanos nunca podrá ser un acto del servicio de un ejército legítimo, pero una cosa es estar acusado y otra haber sido condenado.
Resolver que un acontecimiento es una violación de los derechos humanos antes de que su autor sea juzgado, significa privar a ese ciudadano del derecho a la defensa. Y exactamente eso es lo que la Corte Constitucional ordena cuando asigna a la jurisdicción penal ordinaria, el juzgamiento de actos de militares, cuando existe sospecha de que constituyan violación a los derechos humanos.
En efecto, cuando aparecen quince personas muertas con armas de fuego, vestidas de militares, hay dos posibilidades: la una, que se haya tratado de un combate legítimo entre los militares y subversivos. La otra, que se trate de quince campesinos que fueron sacados de sus parcelas y asesinados por delincuentes que lograron incorporarse en las filas del Ejército colombiano y que abusivamente usaban las armas de la República. ¿Qué jurisdicción juzga el hecho?
La norma constitucional dispone que los militares, legítimos o delincuentes, sean considerados inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y mientras sean inocentes, sus actos deberían considerarse como de servicio, de manera que tengan derecho a la Jurisdicción Penal Militar. El sentido natural del proceso sería determinar lo que realmente sucedió, si es o no un delito contra los derechos humanos, pero este proceso se inicia viciado. El militar en la jurisdicción ordinaria llega con sus derechos de defensa degradados y con una franca desventaja. Ha sido acusado de actuaciones no sólo delictivas sino por fuera del servicio y por ello no puede acceder a la defensa técnica especializada de la Ley 1224 del 2008 y deberá costear su defensa. Es una primera sanción, impuesta sin que tuviera derecho a la defensa.
En este escenario, el ente acusador -en general la Fiscalía- al calificar el delito está escogiendo la jurisdicción que llevará el proceso. Se trata de una facultad que desborda las funciones de un ente investigativo. Y es a todas luces un atropello, pues un acto es susceptible de encuadrar en varios y distintos tipos penales. Más aún si en medio del proceso surgieran pruebas de que se trató de un acto de servicio, el proceso sería nulo.
La doctrina de la Corte Constitucional convierte a la Jurisdicción Penal Militar en gravísima desventaja para los militares, en la medida en que si no existiera, al menos los juicios se iniciarían ante la jurisdicción ordinaria, sin la presunción de que el hecho constituyó una violación a los derechos humanos y el acusado tendría la oportunidad de controvertir esa calificación, la que en últimas se constituye en su sentencia.
Diario El Pais- Cali Enero 24 de 2009
sábado, enero 17, 2009
La condecoración a Uribe
La alianza de Colombia con EE.UU. tiene ya una larga tradición sin que por ello ese Gobierno haya reconocido los esfuerzos que realizamos en la lucha contra las drogas. Por ello es un honor que el presidente Uribe haya sido condecorado al lado del ex primer ministro británico Tony Blair y al ex primer ministro australiano John Howard. Al imponerle la Medalla Presidencial de la Libertad, el presidente Bush reconoció los esfuerzos de Colombia en contra del terrorismo y exaltó la democracia colombiana encabezada por Uribe. Lo resaltó como un líder de “inmensa valentía personal y fortaleza de carácter” y que “ha vuelto a resucitar las esperanzas de su país y ha mostrado un modelo de liderazgo para el mundo”.
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
Nuestro Mandatario realmente reluce en el concierto latinoamericano, sus políticas han transformado y mejorado la perspectiva nacional. Relucen los consejos comunitarios como pieza clave para devolverle al país credibilidad en las instituciones. El pueblo colombiano había dejado de confiar en el Estado como un ente regulador benévolo o siquiera útil; se entendía como un aparato opresor, cínico e inservible. A través de los consejos comunitarios Uribe acercó ese Estado estirado, centralizado, teórico y soberbio a todos y cada uno de los ciudadanos.
La oposición dice que el ejercicio ha desinstitucionalizado al país, pues es la persona de Uribe en la que el ciudadano encuentra las soluciones, y que precisamente esa actitud es el retorno al más primitivo paternalismo estatal. Pero ese régimen personalista lo ejerce el Presidente. Esa institución que después de haber sido ejercida sin liderazgo, sin convicción y sin resultados se había convertido en un sonoro título sin nada más que un pasado lisonjero. Uribe tiene la legitimidad del caudillo y bajo el ejercicio de su magisterio no ha hecho otra cosa que permear de esa legitimidad a la institución presidencial. La percepción de los colombianos ahora es que el Presidente sí puede hacer cosas, que sus acciones sí tienen repercusiones y que buenas decisiones son capaces de alterar positivamente nuestras vidas. La institución de la Presidencia ha ido recobrando su importancia, y a su lado, los ministerios y las demás instituciones del Gobierno se han ido dibujando como una estructura con capacidad de gestión y resultados. Todo ello al tenor de la Seguridad Democrática que nos devolvió la posibilidad de transitar por nuestro territorio, recobrar los derechos atropellados por los grupos al margen de la ley. Esa legitimidad de Uribe se transmitió, también, al Ejército Nacional que heroicamente derrota un guerrilla narcoterrorista que desangraba la Patria.
Las transformaciones que ha tenido el país bajo este Gobierno son innegables. Precisamente por eso disuena que organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- hayan considerado que el homenaje a Uribe envía un "mal mensaje”. El país ha mejorado mucho en ese aspecto también y si bien todavía son varias las dificultades que enfrentamos, es evidente que la senda por la que transitamos ha empezado a alejarnos del pasado que nos desangraba. La actitud de esas organizaciones es una afrenta contra las decisiones democráticas de este país, que han elegido y respaldan de manera abrumadora la gestión del Mandatario; pero sobre todo muestran la incomprensión de los procesos internos de los países.
El País Cali, enero 17 de 2009
sábado, enero 10, 2009
Sindicalismo de Estado
El sindicalismo fue la respuesta a la desigual posición que favorece a los patrones en sus relaciones con los trabajadores. Su conveniencia ha sido admitida de manera unánime por todos los sectores sociales y políticos y ha constituido un elemento civilizador de primordial importancia, pues restaura un conveniente equilibrio donde la lógica económica tiende a destruirlo. Los trabajadores unidos pudieron pactar con los patrones salarios y concesiones laborales que mejoraron significativamente su calidad de vida, sin afectar la productividad en el largo plazo de las empresas. Pero, el sindicalismo de Estado ha sido una degradación de esta práctica.
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
Los trabajadores estatales no están enfrentados a un patrón capitalista que persiga su interés individual. Por una parte, el patrono-Estado no tiene una estructura clara de sus costos, así que los salarios de los trabajadores no tienen una relación directa con ellos. Por otra parte, la actividad del patrono-Estado no está dirigida a la maximización de la utilidad, sino orientada al servicio público. Ello implica que las negociaciones laborales no responden a las dinámicas económicas de mercado ni están limitadas por ellas.
La situación de subordinación ante el ‘poderoso empleador’ no se configura en las relaciones laborales con el Estado: el Estado-patrono es una figura ficticia que representa a toda la sociedad. Tampoco aparece el trabajo enajenado donde el empleador se apropia de la plusvalía, pues las actividades del Estado están dedicadas al beneficio de la sociedad de la cual el propio trabajador es parte. Así las cosas, no existe desequilibrio en la relación entre el Estado-patrón y sus empleados y por eso resulta un abuso que los trabajadores utilicen el poder del sindicalismo para presionar al colectivo social, pues esas herramientas fueron creadas para superar desequilibrios.
La especial naturaleza de las funciones que cumple el Estado lo hacen, además, especialmente susceptible a ser débil frente a los trabajadores, cuya presión genera daños irreparables. La posición dominante la ostentan, entonces, los trabajadores, quienes usando las herramientas sindicales pueden obtener beneficios desproporcionados que comprometen los recursos del Estado -que son los recursos de todos y cada uno de los ciudadanos-.
Vale la pena pensar también en el sector descentralizado por servicios, las empresas industriales y comerciales del Estado, donde en muchos casos los gerentes asumen los cargos con una visión política y no empresarial. Hacen, entonces, concesiones laborales para ganar prestigio sin consideraciones a la viabilidad financiera de la empresa y a los pocos años ésta aparece incapaz de soportar las cargas impuestas y en su ineficiencia se convierte en una deuda adicional para la sociedad.
La bondad del sindicalismo como mecanismo de ajuste social está supeditada a la fortaleza del empleador frente a la debilidad del trabajador. Cuando esa imperfección desaparece -porque el patrón pierde poder o el trabajador lo gana-, lo que fue un bálsamo portador de paz y progreso se convierte en perverso agente de la injusticia. Todos los ciudadanos somos afectados por los excesos del sindicalismo de Estado, que no sólo recorta los escasos recursos de éste sino que en la mayoría de los casos debemos pagar más impuestos para cumplir exigencias excesivas.
El País, 10 de enero de 2009
sábado, enero 03, 2009
México, el nuevo malo
Uno de los problemas más serios de nuestro país es el narcotráfico. La inmensa cantidad de recursos que produce ha contaminado hasta las más altas esferas de la institucionalidad, corrompido funcionarios y burlando la ley. Ha cambiado la estructura moral de los colombianos inculcando una cultura devota la dinero fácil sin mayores consideraciones frente a los riesgos. Sirven además para alimentar los conflictos sociales porque los grupos al margen de la ley encontraron en ellos financiación para resistir la presión legítima de las fuerzas del orden. Todo lo corrompen y nos mantienen sometidos a problemas que seguramente habríamos podido superar si los capitales mafiosos no existieran.
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
El narcotráfico causa, también, innumerables tensiones internacionales. El Estado colombiano aparece como responsable ante la comunidad internacional por su incapacidad de contener el delito y por permitir que se convierta en un ilícito transnacional. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho configurar una co-responsabilidad con los países consumidores, Colombia ha tenido que asumir el papel de narcopotencia y, en el mejor de los casos, conformarse con recibir contados recursos financieros.
En cambio, desde la perspectiva de sus propios intereses, la política de EE.UU. ha sido exitosa. Ese país logró desplazar la responsabilidad hacia otros países. Si bien el consumo –cuando se convierte en un vicio que destruye a la persona- representa un problema para EE.UU, la comunidad no responsabiliza a los gobernantes sino a los países que cultivan o comercializan las drogas. Ello implica que la lucha contra las drogas no tiene que darse dentro del territorio norteamericano sino en esos países “causantes”. La represión dentro de sus fronteras ha sido tan débil que la mafia no ha producido los efectos colaterales que debemos soportar los países productores y comercializadores; somos nosotros quienes debemos enfrentar el grupo criminal: tenemos que poner los muertos y resistir la corrupción, violencia y el terrorismo que utiliza la mafia para desestabilizar los gobiernos comprometidos con su extinción. Mientras que EE.UU. en desarrollo de la co-responsabilidad se limita a contribuir con recursos económicos para que el problema sea enfrentado sin que su territorio se afecte con esta guerra.
Ahora aparece México como nuevo ¨malo¨. Escándalos de corrupción, ministros posiblemente asesinados, centenares de policías degollados y se evidencia de que cualquiera sea la magnitud de los esfuerzos que realice el Estado para combatir el narcotráfico son insuficientes. El modelo mediante el cual hemos y seguimos enfrentando esta cuestión no funciona.
La importancia de ese país para los estadounidenses impedirá que persista la aproximación simplista al problema que tanto daño nos ha hecho y brindará una oportunidad para replantearlo. Los nuevos modelos deben asignar responsabilidades proporcionales a todos los agentes comprometidos: productores, comercializadores y consumidores. Pero más aún, deben considerar por primera vez, de una manera sería, la legalización, reconocer que se trata de un problema de salud pública similar al alcohol y al tabaco y aplicar correctivos que han sido exitosos en esos campos. Es más fácil controlar un mercado que es visible, que puede ser reglamentado y medido; a tener que atacar un fantasma que tiene los recursos para corromper a quien lo combata.
El Pais, 3 de enero de 2009
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