Una pregunta que se hacen muchos colombianos es por qué el presidente Uribe no ha dado una respuesta definitiva sobre si aspira a la reelección. La razón, por supuesto, sólo la conoce él mismo, pero hay algunas observaciones sobre la realidad y la política colombiana que ayudan a interpretarla. Lo que acaba de suceder en el Congreso, donde la coalición uribista traicionó lo pactado acertando un duro golpe a la gobernabilidad, es un claro ejemplo de ello.
En una democracia ideal los partidos tienen sólidos compromisos con programas políticos y su respaldo a las iniciativas gubernamentales atiende a que ellas se plieguen a esa visión sobre la realidad. El caso colombiano dista mucho de aquel ensueño. La mayoría de los congresistas están unidos en partidos por mera casualidad y el abanico ideológico es tan amplio como inconsistente. Ello implica que cada congresista es una microempresa electoral; ha de buscar todos los medios que garanticen su futura reelección como cuota individual e irremplazable y atender cada requerimiento gubernamental de acuerdo a su peculiar percepción de lo conveniente.
Esa tensión entre garantizar la reelección y evaluar las iniciativas de acuerdo a su propia noción de lo que el país necesita termina por premiar el interés en la continuidad personal. Las convicciones individuales rara vez son lo suficientemente fuertes y completas para resistir ante el embate de la vanidad. Es así como los congresistas terminan negociando cada iniciativa de acuerdo a su conveniencia particular. Esto no necesariamente implica corrupción. Se refiere, más bien, a buscar posicionarse ante los electores de acuerdo con las expectativas que ellos tienen.
¿Qué espera usted del congresista por el que votó? Los electores colombianos aspiran a diferentes cosas. Algunos quieren oposición, los otros respaldo para el Presidente. Hay quienes desean carreteras, luz, acueducto y obras para su comunidad. Otros buscan beneficios personales o beneficios legales para su sector económico.
Así el Gobierno colombiano tiene que negociar prácticamente con cada congresista para recaudar su apoyo, ofreciendo o comprometiéndose a saciar las aspiraciones del congresista, encaminadas a darse continuidad (que son las aspiraciones de sus electores).
La reelección se convirtió en un mecanismo formidable para mantener la gobernabilidad y presionar el cumplimiento de los pactos partidistas sin negociación individual. Aunque la reelección sea sólo una idea, un presidente con un amplio respaldo popular, como Uribe, puede convertir ese respaldo en una razón suficiente para que los congresistas apoyen su proyecto. Cada congresista presiente que puede obtener réditos electorales al estar cerca del Presidente. La mayoría respeta los pactos de los partidos, no por fidelidad a los compromisos ideológicos sino como un mecanismo para obtener impulso en su propia campaña electoral.
Entre más convencidos están los congresistas de que el Presidente se va a reelegir, más respetan los pactos partidistas y ello da continuidad a los proyectos del Gobierno. La incertidumbre sobre la reelección había mantenido la gobernabilidad. El hecho de que la coalición se haya roto sólo muestra la creciente impresión de que Uribe no será reelegido. Cada congresista vuelve a buscar el impulso para su propia reelección individualmente.
Julio 25 de 2009
sábado, julio 25, 2009
sábado, julio 18, 2009
Izquierda y soberania
Muchos colombianos están preocupados porque el Gobierno está negociando con Estados Unidos la posibilidad de que operaciones militares de ese país se adelanten en bases colombianas. No se trata de una ampliación de nuestros acuerdos militares con EE.UU. sino de utilizar el Plan Colombia, que permite 800 militares y 600 contratistas en actividades de asistencia en Colombia. Además, tendremos colaboración e información para la defensa de nuestra soberanía.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
sábado, julio 11, 2009
La reforma tributaria
Colombia ha hecho un esfuerzo significativo para enfrentar a la narcoguerrilla de las Farc, los nuevos brotes de paramilitarismo y las mafias. Nos ha costado la vida de muchos hombres de las Fuerzas Armadas, el tiempo de la reorganización del Ejército y la Policía y muchos recursos económicos. Pero los resultados son significativos. Los municipios, abandonados desde hacía mucho por las fuerzas del orden, volvieron a tener Policía, se recuperó la movilidad en las vías, los campesinos y los industriales del agro pudieron volver al campo a producir, los empresarios sintieron la seguridad para generar y ampliar sus negocios y los jóvenes no tuvieron que seguir en ese proceso sórdido de expatriación.
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
sábado, julio 04, 2009
¿Ecuador no entiende?
La orden de captura que expidió Ecuador contra el ex ministro Juan Manuel Santos es, efectivamente, una afrenta contra nuestra Nación. Colombia ha sido muy respetuosa en las relaciones internacionales y el bombardeo que se hizo en la frontera con Ecuador no puede considerarse un ataque a ese país. Todo lo contrario, es una defensa ante la agresión permanente, terrorífica y depredadora de las Farc. Se trata de un acto justo, que no afecta al vecino país y que, incluso, lo protege de que los tentáculos de esa organización se asienten allá.
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
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