La lucha antinarcóticos de EE.UU. se libra, sobre todo, por fuera de su territorio. Son los países productores quienes deben enfrentar a las mafias. La ventaja para los americanos es clara, se libran de soportar la alteración del orden social que causa la guerra contra los narcos y limitan su participación a aportes monetarios.
Nosotros, los productores, no podemos hacer nada distinto a aceptar esos recursos y dar el combate. No sólo batallamos contra la droga porque ese sea el objetivo americano –que apremia- sino porque la ilegalidad del negocio pervierte la sociedad. Ese ‘dinero fácil’ es una terrible enfermedad; generalizado ese deseo se pierden los estímulos para el trabajo, el esfuerzo y la legalidad. Perseguir la droga es una estrategia para subir el costo del narcotráfico: hacer ese dinero tan caro como sea posible, para que no sea sencillo ganarse esa plata y evitar que todos los habitantes pretendan hacerse narcos. Además, quienes están en los negocios ilícitos utilizan sus gigantescos recursos para protegerse y en el ejercicio corrompen la justicia, la política y quebrantan la obligatoriedad de la ley. Y no podemos legalizarla unilateralmente, pues los bloqueos económicos nos pondrían en condiciones de pobreza inaguantables.
Pero esa lucha también tiene costos. Es un negocio inacabable, mientras haya consumo capaz de pagar habrá producto. Así que las estrategias más virtuosas sólo lograrán exterminar los cultivos sobre el territorio nacional y desplazarlos a otras zonas. El ataque frontal a las mafias que responden con violencia a la persecución del Estado deja víctimas. Y presiona los cultivos hacía las selvas, destruyendo nuestro más valioso recurso natural.
El tema de la influencia americana no puede desconocerse. Como la guerra ha de hacerse en estos, nuestros países, nos dan dos estímulos: la ‘contribución económica’ y la ‘lista negra’ o descertificación, que prevé sanciones económicas para quienes fallen en la estrategia. Esta última es muy poderosa, pues el 45% de las exportaciones andinas son adquiridas por ese país.
En la nueva lista negra –de la que Colombia nunca sale- se dice que Venezuela y Bolivia fracasaron “de manera evidente” en la lucha. Precisamente los países que desafían y consideran enemigos a los gringos. Entonces el Gobierno americano, por razones de interés nacional, no les aplicará sanciones. EE.UU. no quiere acrecentar el enfrentamiento con esas naciones y por eso les da un trato preferencial. Su beligerancia contra la nación americana rinde sus primeros frutos.
Pero eso no será suficiente. Bolivia reconoció “debilidades”, pero señaló que era una decisión política e injustificada y dijo “Estados Unidos no nos permite comprar aviones con radares y tampoco aporta plata como antes, por tanto, no tiene autoridad para cuestionar" y que planeó acuerdos con Rusia para controlar la droga en su territorio. Chávez, por su parte, planteó la posibilidad de derribar aviones de la mafia y ya son claros los acercamientos con Irán y Rusia.
Colombia, en cambio, está en el grupo de los aliados y por lo tanto se cree que no hay porque conquistarnos; ni siquiera se nos aprueba el TLC. A nosotros, Clinton nos aplicó aquellas sanciones para ‘incentivar’ nuestro compromiso.
Si EE.UU. no replantea sus relaciones con Suramérica se puede quedar sin aliados y quienes pueden ser sus verdaderos enemigos se asentarán en este territorio.
El País, Septiembre 19 de 2009
martes, septiembre 22, 2009
viernes, septiembre 18, 2009
El Dorado atasco
La historia del aeropuerto Eldorado de Bogotá caracteriza la administración pública colombiana. Sin muchos comentarios adicionales, el lector reconocerá esos patrones.
En el 2007 el aeropuerto movilizó 12,7 millones de pasajeros y se apuntaló en el cuarto lugar en Latinoamérica. Fue, además, el primero del área en movilización de carga, pues transportó 585.598 toneladas en el año. Estas cifras han mostrado una tendencia creciente en los años siguientes. Si bien el trafico aéreo nacional representa una proporción importante del movimiento, la localización estratégica de nuestro país le da al aeropuerto la posibilidad de consolidarse como una puerta de acceso hacia y desde el continente suramericano. A esa ventaja estratégica se oponen innumerables descalabros en sus instalaciones y su operación.
Su construcción se inició bajo el gobierno del general Rojas, la infraestructura lo hacía el más moderno de Latinoamérica, capaz de atender un tráfico de dos millones de pasajeros. Fue inaugurado en 1959 por el presidente Alberto Lleras, quien en su discurso lo consideró sobredimensionado, y eso que la segunda pista de los diseños no se hizo. Ya para 1973 el aeropuerto había superado los tres millones de pasajeros al año y la segunda pista era una necesidad inminente. Ésta sólo sería inaugurada 25 años después.
La imposibilidad de seguir operando en las ahora estrechas instalaciones, que han crecido mediante agregados, dio lugar a una licitación para su modernización y ampliación que costará US$600 millones. El concesionario desde el 2007 y durante los siguientes 20 años es Opain, una firma de empresarios colombianos y suizos. La idea es que el aeropuerto quede habilitado para tener un trafico de 16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año.
Y han sido invertidos US$130 millones, pero hay una nueva encrucijada: debe o no ser demolido el terminal de pajareros actual para dar lugar a uno nuevo, más moderno, capaz de integrarse a las nuevas obras y crecer al ritmo que el país puede requerir o, como lo estableció el contrato de concesión, debe conservarse y ser adaptado. La cuestión no se limita a la conveniencia, pues para todos resulta evidente que lo lógico es hacer un nuevo terminal y no seguir estirando una edificación que ya cumplió su ciclo.
El problema se retrotrae al contrato. Para la Procuraduría esa reforma del objeto contractual es ilegal. Se trata de una protección. Luego de un arduo proceso de licitación, donde ha sido seleccionado un contratista dejando por fuera otros, es pensable que con ese nuevo objeto contractual la licitación hubiera sido diferente y otras firmas hubiera podido ganar, pues el tiempo concesionado aumentará.
Mientras el Consejo de Estado estudia cuál de los males es mejor, las obras de la fase tres no inician y la incomodidad para los usuarios crece. Hoy en día para salir del país, por poner un ejemplo, hay que hacer una fila infinita, subdividida. La primera eterna y desordenada de la aerolínea, incomodando otros viajeros, luego una para saber si el pasabordo corresponde al tenedor, luego fila para una revisión de seguridad y luego fila en el DAS. Después, una que se extiende sobre más de la mitad del ‘duty free’ para otra revisión de seguridad. Luego otra de seguridad a la entrada de las salas. Y finalmente, si logró hacerlo entre las escasas tres horas, podrá empatar en la fila para entrar al avión.
El Pais, 12 de septiembre
En el 2007 el aeropuerto movilizó 12,7 millones de pasajeros y se apuntaló en el cuarto lugar en Latinoamérica. Fue, además, el primero del área en movilización de carga, pues transportó 585.598 toneladas en el año. Estas cifras han mostrado una tendencia creciente en los años siguientes. Si bien el trafico aéreo nacional representa una proporción importante del movimiento, la localización estratégica de nuestro país le da al aeropuerto la posibilidad de consolidarse como una puerta de acceso hacia y desde el continente suramericano. A esa ventaja estratégica se oponen innumerables descalabros en sus instalaciones y su operación.
Su construcción se inició bajo el gobierno del general Rojas, la infraestructura lo hacía el más moderno de Latinoamérica, capaz de atender un tráfico de dos millones de pasajeros. Fue inaugurado en 1959 por el presidente Alberto Lleras, quien en su discurso lo consideró sobredimensionado, y eso que la segunda pista de los diseños no se hizo. Ya para 1973 el aeropuerto había superado los tres millones de pasajeros al año y la segunda pista era una necesidad inminente. Ésta sólo sería inaugurada 25 años después.
La imposibilidad de seguir operando en las ahora estrechas instalaciones, que han crecido mediante agregados, dio lugar a una licitación para su modernización y ampliación que costará US$600 millones. El concesionario desde el 2007 y durante los siguientes 20 años es Opain, una firma de empresarios colombianos y suizos. La idea es que el aeropuerto quede habilitado para tener un trafico de 16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año.
Y han sido invertidos US$130 millones, pero hay una nueva encrucijada: debe o no ser demolido el terminal de pajareros actual para dar lugar a uno nuevo, más moderno, capaz de integrarse a las nuevas obras y crecer al ritmo que el país puede requerir o, como lo estableció el contrato de concesión, debe conservarse y ser adaptado. La cuestión no se limita a la conveniencia, pues para todos resulta evidente que lo lógico es hacer un nuevo terminal y no seguir estirando una edificación que ya cumplió su ciclo.
El problema se retrotrae al contrato. Para la Procuraduría esa reforma del objeto contractual es ilegal. Se trata de una protección. Luego de un arduo proceso de licitación, donde ha sido seleccionado un contratista dejando por fuera otros, es pensable que con ese nuevo objeto contractual la licitación hubiera sido diferente y otras firmas hubiera podido ganar, pues el tiempo concesionado aumentará.
Mientras el Consejo de Estado estudia cuál de los males es mejor, las obras de la fase tres no inician y la incomodidad para los usuarios crece. Hoy en día para salir del país, por poner un ejemplo, hay que hacer una fila infinita, subdividida. La primera eterna y desordenada de la aerolínea, incomodando otros viajeros, luego una para saber si el pasabordo corresponde al tenedor, luego fila para una revisión de seguridad y luego fila en el DAS. Después, una que se extiende sobre más de la mitad del ‘duty free’ para otra revisión de seguridad. Luego otra de seguridad a la entrada de las salas. Y finalmente, si logró hacerlo entre las escasas tres horas, podrá empatar en la fila para entrar al avión.
El Pais, 12 de septiembre
sábado, septiembre 12, 2009
Dialéctica de las decisiones
Cuando las decisiones colisionan unas con otras, sólo vistas como una unidad donde se funden es posible comprenderlas y reflexionar sobre nuestro contexto o el futuro desenlace.
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
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