Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


jueves, junio 24, 2010

Gaviria Vs. Uribe

El enfrentamiento entre el ex presidente Gaviria y el presidente Uribe tiene sentido. Es inoportuna la adhesión de Gaviria a Santos con una carta donde critica ferozmente al gobierno Uribe. El debate político se dio en la primera vuelta. Pardo, como candidato liberal, representó en la elecciones esa tendencia política –liberal antiuribista– y fue derrotado abrumadoramente, obtuvo sólo 630 mil votos.

El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.

Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.

La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.

Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.

Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.

Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.

El Pais, 19 de junio de 2010

martes, junio 15, 2010

Un sabor extraño

Las decisiones judiciales, a pesar de estar soportadas en un cuerpo normativo, tienen alma política. Las pruebas y lo que significa la justicia es impreciso. Por eso, los jueces son personas y no computadores. La condena del coronel (r) Plazas Vega deja ver ese componente político - humano con un sabor agridulce.

Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.

En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.

Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.

Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.

Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.

Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.

El País Cali, 12 de junio de 2010

martes, junio 08, 2010

Asuntos pendientes

De los resultados de la primera vuelta surgen dos temas fundamentales: la relación ejecutivo-judicial y las lecciones que esta elección deja para el Partido Conservador.

Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.

Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?

Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?

Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.

Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.

El País de Cali, 5 de junio de 2010

viernes, junio 04, 2010

Elección de electores

Este domingo enfrentamos uno de los deberes ciudadanos más significativos; nuestra decisión cobra vida: proyecta las aspiraciones de la Nación hacia el futuro y señala el líder a quien encomendamos esa misión. Es un momento crucial. En los países vecinos existe un contexto político que amenaza lo que las mayorías colombianas han decidido, y que puede actuar como combustible en el conflicto armado colombiano. Si bien las condiciones del país hoy son buenas, es sólo el inicio de una empinada cuesta que tendremos que escalar; el abismo sigue cerca, amenazante y profundo. Las mafias disminuidas, pueden resucitar; los paramilitares desarmados, iniciar nuevas olas de terror; la guerrilla replegada, colorear con sangre, otra vez, a Colombia. Seguimos necesitando un Estado que con su fuerza limite el anarquismo violento y fratricida. Sólo así la economía podrá crecer, sólo así iremos superando la pobreza y el desempleo.

Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.

Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?

El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.

Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).

El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010