Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


sábado, febrero 27, 2010

Elecciones de Congreso

Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el Legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.

Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incluso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del Legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.

¿Para qué es un congresista?

Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿Para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que, en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.

Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista -de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil y, al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.

El Congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.

Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.

El País, Cali. Febrero 27 de 2010

lunes, febrero 15, 2010

Sin el referendo

Los liberales, el Polo, Cambio Radical, Fajardo, los tres tenores, el conservatismo, la U configuran las fuerzas vivas de la política para encarar el debate presidencial, y de ellas sólo las dos ultimas tienen un compromiso uribista. Si el Presidente Uribe va a las elecciones las masas confirmarán su respaldo. Pero, si el referendo no llegase a ser aprobado, las opciones del uribismo deben ser analizadas con cuidado; la multiplicidad de fracciones podría comprometer la continuidad de las políticas que han dado los resultados que hoy le dan esa inmensa popularidad al Presidente Uribe.

Dentro del Partido Conservador las cosas no son fáciles. Entre los dos precandidatos más fuertes, Noemí y Arias el enfrentamiento es muy poderoso. Para nadie es un secreto que el Ex Presidente Pastrana no apoya el proyecto uribista y que existen sectores en la dirigencia de la colectividad que siguen su línea. Ese sector se ha unido a la campaña de Noemí, que hoy lidera Juan Gabriel Uribe conservador y antiuribista. Así las cosas, en la consulta no sólo resolverá el nombre del candidato; sino y sobretodo, la postura frente al uribismo. Si Noemí gana la consulta no tenemos la seguridad de que se lleguen a acuerdos con la U, las declaraciones del Ex Presidente Pastrana apuntarían a que no se habrían. Si, en cambio, el candidato es Arias se vislumbra, sobretodo después de la reunión en Palacio, la posibilidad de que los haya.

La fragmentación para la primera vuelta puede dar lugar a que los candidatos uribistas no pasen a la segunda vuelta, dejando así por fuera las preferencias de las mayorías colombinas. La masa uribista conformada por ciudadanos de diversas corrientes ideológicas se disgregaría y la segunda vuelta sería imprevisible.

El Partido Liberal le está apostando, precisamente, a esa estrategia. Si se diera la coyuntura de que no pasara un candidato uribista, los liberales interpretan que el uribismo se irá con ellos pues buena parte está conformado por antiguos liberales. Para que eso suceda será necesaria exige la alianza con Cambio Radical y no con el Polo, pues el uribismo no avanzaría hacia allá.

Quedarían entonces las candidaturas independientes. De las mezcla de los tres tenores sobresale la confusión política, sólo están conectados por el deseo presidencial. Peñalosa es un ejecutor de la infraestructura probado con pobre ejecución en las demás áreas. Mockus un gran alcalde pero, pésimo en la política nacional. Lucho mucho carisma pero, poco de lo otro.

Fajardo plantea el interrogante sobre lo que propone. Nos devuelve al tiempo donde los colombianos ejercíamos nuestro derecho al voto como los sacerdotes de los tiempos lejanos abrían las entrañas de animales para conocer el futuro. Es un personaje que nada propone; la ambigüedad de sus respuestas contrasta con su popularidad. Nada sabemos ni podemos saber sobre cómo sería su gobierno, pues no sale de las platitudes que caracterizan los deseos de “estar mejor” y “cambiar”. A veces da la impresión de que iría solucionando las cuestiones según se presentaran y que carece de un plan ejecutable. Sería otra vez un gobierno de administrar la coyuntura, en lugar de enfrentarla y transformarla.

Por ello parece fundamental que sí el referendo no llegase ser aprobado por la Corte, el uribismo no se disgregue de manera que la línea del gobierno Uribe se mantenga.

viernes, febrero 12, 2010

La reelección

Muchos consideran que el gobierno de Uribe desdibujó la institucionalidad del país. Disiento de esa observación. La “institucionalidad” tan referida en el debate actual es un concepto difícil que una vez analizado a profundidad se evidencia como engañoso y vacío.

Las repúblicas latinoamericanas se forjaron sobre muy pobres cimientos: colonos españoles que pretendían servir al rey y que al mismo tiempo lo traicionaban, pueblos indígenas sometidos y poblaciones esclavizadas venidas del África. La “institucionalidad” fue ese conjunto de normas y formas de gobierno que se importó para tratar de establecer un orden en ese caos. Ni siquiera los españoles respetaban esa imposición, vale rememorar el pronunciamiento de Gonzalo Jiménez de Quezada ante los edictos del rey; “se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas.

Esta falla de legitimidad es tan seria que todos los grandes problemas que perviven en Colombia pueden ser explicados a partir de ella. Eso alegan las guerrillas, en ciertos sentidos los paramilitares, eso explica los corruptos que toman el erario público como si fuera dinero de nadie, también sirve de excusa a los evasores de impuestos, a los infractores de la ley y a todos aquellos que ven al Estado como una realidad ajena y opresora.

Creer que esa construcción institucional es lo más valioso que tiene nuestra democracia es una observación superficial. Su valor depende del grado de legitimidad que ostenta, es decir de la convicción de los nacionales de reconocer, acatar y cumplir con ese orden. Sin ello se trata de un aparato cuyo poder es figurativo y su capacidad de acción limitada.

Legitimar el Estado no es fácil. Mi teoría es que la incorporación de un caudillo dentro de las estructuras del poder formal puede transmitirles a estas la legitimidad que le sobra al caudillo. En las sociedades sin problemas de legitimidad el caudillo es un despropósito, pues la usurpa; pero en sociedades como la nuestra este riesgo no existe. Si el caudillo utiliza y respeta el esqueleto institucional, le da vida.

Uribe es un caudillo en el que las masas han depositado su confianza; tiene liderazgo y legitimidad por eso cambió la política en Colombia. Acercó el Estado a los ciudadanos, generó una dinámica de gobierno-oposición definida y el Estado ahora parece -por primera vez en muchos años- capaz de contener la avalancha de quienes no se alineen con la hegemonía del poder que debería ser legítimo.

En este contexto reelección parece deseable para terminar el proceso de legitimación. Además no afectará tampoco la institucionalidad en el sentido formal. El querer de los pueblos es siempre intempestivo y a veces vehemente; si las constituciones no dieran cabida a los cambios que el pueblo exige, estarían en grave peligro y podrían ser derrocadas. Así que para persistir en el tiempo, nuestra Constitución establece reglas mediante la cuales sus propias reglas pueden ser modificadas. No puede decirse, pues, que usar unas reglas es justo y usar otras es un abuso de poder. Todas las reglas, incluso aquellas que permiten la modificación de las mismas, ostentan un mismo valor. Si Colombia está decidida a concretar el Estado democrático como forma de gobierno, Uribe es una alternativa viable que nos puede ayudar a dejar el caos que provocan los estados débiles e ilegítimos.

El País

martes, febrero 09, 2010

Los informantes

La propuesta del Presidente según la cual se tratará de configurar una red de mil estudiantes que actuarán como informantes de la fuerza pública en Medellín ha generado todo tipo de reacciones, precisamente por ello es menester analizar las críticas y observaciones.

Nadie se sorprendería si le dijeran que en la universidades colombianas hay infiltrados miembros de grupos narcoterroristas, de la mafia y de agentes al margen de la ley. Desde hace mucho tiempo la universidad está penetrada por el conflicto en el que se sacude el país. Lo contrarió sería pretender que existiera tal separación de los claustros educativos de la realidad que estaríamos en un país esquizofrénico. Las consecuencias de la infiltración se manifiestan en actos de violencia en las universidades y contra sus propios miembros, pero al mismo tiempo han tomado formas espeluznantes como aquella donde prendieron con gasolina a un policía. La guerra está en las universidades, así que con los informantes no se rompe el ambiente estudiantil ni crearan elementos de confrontación. Se trata de que la sociedad, la gente de bien, tome control sobre los escenarios donde se mueve y no siga a merced de los ilegales.

Algunos críticos han apelado al peligro que supone para el informante y su familia esa pertenencia, dejando por fuera que la sola existencia de la delincuencia ya es un peligro. La comunidad no puede tener un papel pasivo en la protección de su propia vida y suponer que mediante la vida común no provoca a los violentos. La violencia no necesita provocadores, requiere contención. La mejor arma contra el crimen no es la fuerza del Estado es la decisión de la sociedad de no tolerarlo. Se trata de conformar herramientas no violentas de protección.

Otros sostienen que sería mejor establecer un sistema de recompensas y no un grupo de informantes a sueldo. Y esta crítica colisiona con quienes señalan que el nuevo sistema podría dar lugar a casos como los falsos positivos, donde el sistema de recompensas sobre resultados incentivó malas prácticas. La estabilidad de los sueldos rompe la necesidad de crear información para tener resultados y da la posibilidad de hacer una buena selección de los informantes, de tener un vínculo real con ellos; darles entrenamiento y tener un seguimiento sobre sus acciones.

Se ha sugerido que la existencia de informantes en las universidades es un intento por perseguir y acabar la rebeldía juvenil. Hay algo retórico en la frase, sobretodo cuando esa rebeldía es violencia que provoca la muerte de muchos otros jóvenes. Hay, además, un temor ante lo que se ha denominado la satanización de profesores y compañeros, ahí hay que distinguir la acción de proveer la información y la manera como las autoridades públicas van a utilizarla. Será necesario tener procedimientos para recibir y verificar la información, pues la recepción no significa la inmediata corroboración de la misma.

No es tampoco de una delegación de una responsabilidad del Estado; todo lo contrario genera las herramientas mediante las cuales el Estado pueda cumplirlas. Una opción sería infiltrar agentes encubiertos de las fuerzas publicas en las universidades. Pero de lo que se trata es de tender puentes entre la comunidad y el Estado. El país no puede seguir considerando que la sociedad civil es un cuerpo distinto al Estado, este es una formación teórica que debería encarnar a la sociedad misma.

La nueva Venezuela

La viabilidad de la Venezuela que está configurando Hugo Chávez es discutible. Por una parte, ser una excepción en el capitalismo –que engrana al mundo- es un desafió y, sobretodo, no parece posible imponer un sistema sin al mismo tiempo arrasar la libertad y la autonomía de las personas.

Es evidente que el capitalismo es un sistema defectuoso. La distribución de recursos no es siempre las adecuada y las fallas de los mercados llevan a equilibrios que no son óptimos. Aún así, los supuestos del sistema sólo requieren de un individuo que persigue su interés individual y la interacción de todos ellos -en unas condiciones determinadas- da lugar al bienestar social. Lo que es más importante, el capitalismo no fue impuesto, se creó como organización social. Fue, por así decirlo, un resultado natural y se ha extendido de la misma manera.

El proyecto chavista debe ser impuesto. Está respaldado en los pretrodólares sin los cuales todo sería imposible. A diferencia de la antigua URSS donde el Estado logró industrializar la sociedad y hacer de Rusia y los otras naciones premodernas y campesinas una gran nación volcada a la producción y al crecimiento económico; el gobierno de Chávez esta fracasando el la mera administración de los recursos existentes. Pedevesa tiene las producciones más bajas de su reciente historia. Al parecer el Estado venezolano se está quedando sin recursos, muchos nacionales no pueden renovar su pasaporte en el exterior pues no hay papel de seguridad en las embajadas –al menos eso se les dice. La luz se va en las ciudades intermedias sin aviso y los bancos tienen que cerrar indefinidamente, los aeropuertos dejan de funcionar y el comercio sufre.

Las dificultades de la imposición en sistema no se han hecho esperar. La idea de que se pueden controlar los precios con unas medidas diferentes a la oferta y la demanda es muy parecida a aquella que todos tenemos durante nuestra niñez para acabar la pobreza: imprimir billetes. Ya ha empezado con las expropiaciones y las medidas de coerción que terminarán por alejar la iniciativa privada. Todos son mecanismos de coacción. La polémica ley de educación es una de las cosas más complejas que enfrentarán los venezolanos en los tiempos que se les vienen. La idea de que la patria potestad de los niños sea del Estado hunde sus raíces en el más puro pensamiento comunista que pretende destruir la familia como célula que reproduce el sistema capitalista. Y los resultados de los cambios no son fiables; son múltiples las quejas sobre el hecho de que ahora los negocios y la riqueza se queda en manos de un grupo de chavistas.



El problema del modelo socialista es que se impone de manera arbitraria, es decir no surge de la interacción de los individuos. Nadie discute sus propósitos de bienestar social, la dificultad radica en que recarga al Estado de funciones de control tendientes a que la idea se desarrolle en la práctica. Negocios e individuos deben empezar a temer al Estado. Termina obligando a los individuos a actuar como altruistas, y aunque sea deseable, es el mandato lo que desagrada. En el capitalismo se puede ser y actuar como se quiera, y es la libertad y autonomía del individuo la que determina, en ultima instancia, cómo actúa o qué consume.

¿Son las condiciones materiales lo único que cuenta en el bienestar social?