El despojo de tierras de los campesinos y propietarios agrícolas por parte de grupos violentos es un drama. La gente que vive del campo lo pierde todo; quedan sin casa y sin trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por recobrar el orden y evitar así que los violentos abusen de su poder y roben, saqueen y destruyan las estructuras de la sociedad.
Dicho esto, no parece sensato que las políticas agrarias del país estén contemplando una reforma agraria similar a la que iniciara Carlos Lleras. Se trata de un despojo con características similares: los propietarios que vivían de sus fincas y se dedicaban a ellas fueron presionados para vender. El poder desproporcionado del Estado ejerció de por sí una amenaza. Los funcionarios armados con el discurso de la redistribución trataron a los propietarios como si fueran criminales. Se les puso el despectivo título de ‘terratenientes’ y se los satanizó como si ellos fueran los causantes de los retrasos en el desarrollo y los culpables de la pobreza. Con este argumento de pretendida superioridad moral, esos llamados terratenientes fueron víctimas de una de las gestiones más terribles que ha ejercido el Estado contra los particulares: se les cancelaron sus derechos y prácticamente se les expropió la tierra. Vale recordar que durante el imperio del Incora las tierras fueron pagadas en sumas irrisorias, en bonos que se redimían en cinco años, donde la inflación era tan alta que las últimas cuotas ya no valían nada.
No siendo esto suficiente, algunos beneficiarios de las tierras, muchos de ellos reinsertados y comunidades indígenas decidieron tomar parte activa en la redistribución. Se impuso así la invasión, donde unos pocos iban hasta los potreros, abrían un par de huecos y se aposentaban ahí. La tierra tenía que ser vendida para que su propietario recuperara algo al menos. Los que integraban grupos ilegales -amparados por el discurso estatal de la maldad de los terratenientes- presionaron las ventas con amenazas y asesinatos. Se volvió común oír decir que las viudas venden más barato. Todo eso sólo sirvió para deprimir el agro y destruir las comunidades. Los nuevos propietarios tampoco se volvieron ricos, en muchos casos ni siquiera salieron de la pobreza.
Los propietarios rurales no son monstruos ni tienen la culpa de la pobreza en ninguna medida mayor que la tenemos todos en este país. Hubo finqueros que se vincularon con los grupos ilegales para robar y matar, pero son una minoría. En general, son gente que produce con dedicación y honradez. La tierra en manos de los violentos, los narcotraficantes y los ladrones debe ser recuperada y entregada a sus dueños y a quienes la necesitan; pero los propietarios decentes que trabajan sus predios -sin importar el tamaño- deben ser protegidos y respetados. Tal y como lo son los industriales urbanos, donde la redistribución se limita a impuestos, ninguna empresa urbana, ninguna fortuna urbana ha sido expropiada.
El sector agrario además no es el más productivo del país. Producir en el campo es difícil por la violencia y el clima, y es un sector muy competido, pues es subsidiado en casi todos los países desarrollados, y a veces es más barato importar los productos que producirlos acá. La desigualdad en Colombia no se produce por la distribución de la tierra, sino de la riqueza. Los grandes capitales son industriales y financieros, así que si de redistribuir y superar la desigualdad se trata, habría que poner los ojos sobre las ciudades y sus grandes capitales.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/despojo-tierras
30 de septiembre de 2011
viernes, septiembre 30, 2011
viernes, septiembre 23, 2011
Galán murió en vano
“La política es mejor negocio que el narcotráfico”, dijo el detenido Juan Carlos Martínez para explicar que él ya no es narcotraficante.
Es un comentario desolador. Luego de que Pablo Escobar incursionara en la política y fuera inmolado Galán por denunciarlo, y tratar de evitar que la mafia dominara la política, Colombia inició un proceso, que si no se detiene, acabará con la democracia.
No hubo consecuencias significativas del proceso 8.000, y hoy ya abiertamente el hampa pasó de traficar con drogas, asesinar y extorsionar a convertir la política en su nuevo negocio. Llegaron a la política con sus vicios, su mentalidad mafiosa y su estilo de amedrentar, saquear y destruir. Es evidente que la política colombiana está a punto de fenecer bajo la sombra de una nueva calaña de politiqueros que han convertido el Estado en una fuente de recursos para ellos y sus amigos.
La política se transfiguró en un negocio de unos cuantos que invierten gigantescas sumas de dinero en las campañas, y luego exprimen los cargos con maniobras truculentas y tramposas, y no sólo recuperan la inversión, sino que obtienen réditos superlativos. Se sabe cuánto invertir en cada cargo, de acuerdo con lo que se le puede ‘sacar’.
Y es aún más grave que las reformas políticas para fortalecer los partidos se han convertido en mecanismos muy eficientes, para que sólo las grupúsculos ya entronizados puedan acceder a la política. Los ciudadanos que inspirados por una genuina vocación de servicio público, intentan penetrar a la política, son excluidos; quien no hace parte de las estructuras y no va a cumplir con los designios de esas mafias, difícilmente puede llegar a la política, y si lo logra es sólo para hacer parte de un cuerpo, cuya podredumbre lo inutiliza y disuelve.
La descentralización fracasa, no porque la provincia carezca de liderazgos y capacidades, sino porque la mafia se apoderó del quehacer político. La legitimidad democrática se agota. El futuro está amenazado. Es el momento para detener semejante fiesta de perdición. Hay que fortalecer a los partidos para que puedan retirar avales y echar de sus cuerpos a los indeseables. La responsabilidad política debe ser más estricta y severa que la de la ley, y así deben exigirlo los partidos. El que aspire a ejercer funciones públicas no debe estar investigado, menos haber sido sancionado, y más aún, debe estar libre de toda sospecha.
La otra parte del control político deben ejercerla los electores: ser responsables con su derecho al voto. La democracia es el mejor sistema, porque le da a cada ciudadano el mismo valor y le otorga a cada uno el poder de elegir. Pero esa virtud es, al mismo tiempo, su debilidad. Cada uno resuelve cómo o por qué vota. Muchos colombianos han convertido ese derecho en una transacción: reciben desde puestos, promesas de contratos, cemento, dinero, mercados a cambio de su voto y la institucionalidad colombiana está impávida frente al asunto.
No es aceptable que quien vota lo haga por razones mezquinas. No todas las motivaciones para votar son aceptables. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo regular que los votantes no voten por las razones equivocadas? ¿Conviene sancionar con la suspensión del derecho al voto a quienes lo venden?
Tenemos que perseguir a quienes compran votos, pero al mismo tiempo a quienes los venden. Tenemos que extirpar a los corruptos, para lo cual la ley ya se ha probado ineficiente. Hay cosas que las comunidades saben sobre la corrupción y que aún así no se pueden probar. Como ciudadanos tenemos que atender esas señales. No podemos seguir tolerando las trampas que por estar bien hechas, quedan como si no hubiesen ocurrido.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/galan-murio-en-vano
23 de septiembre de 2011
Es un comentario desolador. Luego de que Pablo Escobar incursionara en la política y fuera inmolado Galán por denunciarlo, y tratar de evitar que la mafia dominara la política, Colombia inició un proceso, que si no se detiene, acabará con la democracia.
No hubo consecuencias significativas del proceso 8.000, y hoy ya abiertamente el hampa pasó de traficar con drogas, asesinar y extorsionar a convertir la política en su nuevo negocio. Llegaron a la política con sus vicios, su mentalidad mafiosa y su estilo de amedrentar, saquear y destruir. Es evidente que la política colombiana está a punto de fenecer bajo la sombra de una nueva calaña de politiqueros que han convertido el Estado en una fuente de recursos para ellos y sus amigos.
La política se transfiguró en un negocio de unos cuantos que invierten gigantescas sumas de dinero en las campañas, y luego exprimen los cargos con maniobras truculentas y tramposas, y no sólo recuperan la inversión, sino que obtienen réditos superlativos. Se sabe cuánto invertir en cada cargo, de acuerdo con lo que se le puede ‘sacar’.
Y es aún más grave que las reformas políticas para fortalecer los partidos se han convertido en mecanismos muy eficientes, para que sólo las grupúsculos ya entronizados puedan acceder a la política. Los ciudadanos que inspirados por una genuina vocación de servicio público, intentan penetrar a la política, son excluidos; quien no hace parte de las estructuras y no va a cumplir con los designios de esas mafias, difícilmente puede llegar a la política, y si lo logra es sólo para hacer parte de un cuerpo, cuya podredumbre lo inutiliza y disuelve.
La descentralización fracasa, no porque la provincia carezca de liderazgos y capacidades, sino porque la mafia se apoderó del quehacer político. La legitimidad democrática se agota. El futuro está amenazado. Es el momento para detener semejante fiesta de perdición. Hay que fortalecer a los partidos para que puedan retirar avales y echar de sus cuerpos a los indeseables. La responsabilidad política debe ser más estricta y severa que la de la ley, y así deben exigirlo los partidos. El que aspire a ejercer funciones públicas no debe estar investigado, menos haber sido sancionado, y más aún, debe estar libre de toda sospecha.
La otra parte del control político deben ejercerla los electores: ser responsables con su derecho al voto. La democracia es el mejor sistema, porque le da a cada ciudadano el mismo valor y le otorga a cada uno el poder de elegir. Pero esa virtud es, al mismo tiempo, su debilidad. Cada uno resuelve cómo o por qué vota. Muchos colombianos han convertido ese derecho en una transacción: reciben desde puestos, promesas de contratos, cemento, dinero, mercados a cambio de su voto y la institucionalidad colombiana está impávida frente al asunto.
No es aceptable que quien vota lo haga por razones mezquinas. No todas las motivaciones para votar son aceptables. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo regular que los votantes no voten por las razones equivocadas? ¿Conviene sancionar con la suspensión del derecho al voto a quienes lo venden?
Tenemos que perseguir a quienes compran votos, pero al mismo tiempo a quienes los venden. Tenemos que extirpar a los corruptos, para lo cual la ley ya se ha probado ineficiente. Hay cosas que las comunidades saben sobre la corrupción y que aún así no se pueden probar. Como ciudadanos tenemos que atender esas señales. No podemos seguir tolerando las trampas que por estar bien hechas, quedan como si no hubiesen ocurrido.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/galan-murio-en-vano
23 de septiembre de 2011
viernes, septiembre 16, 2011
Majaderías del Congreso
El Congreso es una de las instituciones más importantes en una democracia. Se trata de una corporación donde están representados, por elección directa, los diferentes intereses, sectores y áreas de la Nación.
Un buen Congreso debería incluir tantos y tan variados aspectos de la vida nacional como fuera posible, para que en las discusiones en torno a cómo debe ser el país, la pluralidad de voces se manifieste y las diversas tendencias puedan dialogar en torno a sus diferencias. Así se pueden generar leyes con alto grado de legitimidad y aceptación, y además, cada sector del país se puede sentir representado y tener la certeza de que su manera de entender el mundo estuvo presente en las discusiones que dan lugar a las normas.
Este sería el ideal: un Congreso representativo y comprometido con los intereses de cada sector que el congresista representa. La realidad colombiana es menos benévola. El Congreso se ha convertido en un mercado de politiqueros, muchos de ellos corruptos, escasos de ideas y pobres de obligaciones. La mayoría de los proyectos legales de alguna envergadura no vienen del seno del legislativo, sino que son presentados por el ejecutivo.
Las causas son evidentes: pocos congresistas cuentan con un cuerpo de asesores con la capacidad de producir reformas legales de alguna valía. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) se han convertido en corbatas para que los congresistas nombren a los proveedores de votos, muchos de los cuales ni siquiera pisan la institución.
Además, los congresistas que leen los proyectos y discuten la pertinencia de las normas son pocos. La mayoría se limita a una negociación burda: votan por un proyecto, para obtener apoyo para otro en el que tienen algún interés, y los peores buscan prebendas con el Ejecutivo. Hace unos años era una manera de obtener puestos para los militantes de los movimientos políticos que aspiraban hacer parte de la burocracia. Hoy en día algunos congresistas tienen testaferros o hacen de esos cargos un negocio personal: reciben ingresos de esos nombramientos, reparten contratos y obtienen nuevos puestos.
Por eso no sorprende que las grandes propuestas del Congreso sean las que son. Juan Manuel Corzo revivió un subsidio para la gasolina, porque según él, los $16 millones que se gana no le alcanzan para tanquear dos carros.
Es vergonzoso que un presidente del Congreso esté preocupado por esas nimiedades en un país con tantas necesidades insatisfechas, en un país que adolece de problemas tan serios como los que tiene Colombia. Eso muestra una desconexión entre los congresistas y el pueblo colombiano. No están vinculados a él, ni representan sus carencias y deseos. Son agentes particulares que utilizan la democracia para obtener poder en su propio beneficio. Por eso la política se convirtió en un negocio, ya que se invierten gigantescas sumas de dinero que sólo son explicables si se llega a la corporación para recuperarlas.
Colombia tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el Congreso. No se trata de nuevas leyes, ni de modificaciones sustanciales a las existentes. El cambio debe producirse en el electorado. No es aceptable que los colombianos sigan votando por bultos de cemento, mercados, ventiladores o dinero en efectivo. No es aceptable que las mafias de la “política como inversión” se apoderen de la democracia. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar el electorado, castigar a los vendedores de votos, a los que votan sin darle a ese derecho la significación que se merece. Tal vez así, podamos mejorar el Congreso que es un producto de la falta de responsabilidad de los electores.
Septiembre 16 de 2011 - 18:18
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/majaderias-del-congreso
Un buen Congreso debería incluir tantos y tan variados aspectos de la vida nacional como fuera posible, para que en las discusiones en torno a cómo debe ser el país, la pluralidad de voces se manifieste y las diversas tendencias puedan dialogar en torno a sus diferencias. Así se pueden generar leyes con alto grado de legitimidad y aceptación, y además, cada sector del país se puede sentir representado y tener la certeza de que su manera de entender el mundo estuvo presente en las discusiones que dan lugar a las normas.
Este sería el ideal: un Congreso representativo y comprometido con los intereses de cada sector que el congresista representa. La realidad colombiana es menos benévola. El Congreso se ha convertido en un mercado de politiqueros, muchos de ellos corruptos, escasos de ideas y pobres de obligaciones. La mayoría de los proyectos legales de alguna envergadura no vienen del seno del legislativo, sino que son presentados por el ejecutivo.
Las causas son evidentes: pocos congresistas cuentan con un cuerpo de asesores con la capacidad de producir reformas legales de alguna valía. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) se han convertido en corbatas para que los congresistas nombren a los proveedores de votos, muchos de los cuales ni siquiera pisan la institución.
Además, los congresistas que leen los proyectos y discuten la pertinencia de las normas son pocos. La mayoría se limita a una negociación burda: votan por un proyecto, para obtener apoyo para otro en el que tienen algún interés, y los peores buscan prebendas con el Ejecutivo. Hace unos años era una manera de obtener puestos para los militantes de los movimientos políticos que aspiraban hacer parte de la burocracia. Hoy en día algunos congresistas tienen testaferros o hacen de esos cargos un negocio personal: reciben ingresos de esos nombramientos, reparten contratos y obtienen nuevos puestos.
Por eso no sorprende que las grandes propuestas del Congreso sean las que son. Juan Manuel Corzo revivió un subsidio para la gasolina, porque según él, los $16 millones que se gana no le alcanzan para tanquear dos carros.
Es vergonzoso que un presidente del Congreso esté preocupado por esas nimiedades en un país con tantas necesidades insatisfechas, en un país que adolece de problemas tan serios como los que tiene Colombia. Eso muestra una desconexión entre los congresistas y el pueblo colombiano. No están vinculados a él, ni representan sus carencias y deseos. Son agentes particulares que utilizan la democracia para obtener poder en su propio beneficio. Por eso la política se convirtió en un negocio, ya que se invierten gigantescas sumas de dinero que sólo son explicables si se llega a la corporación para recuperarlas.
Colombia tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el Congreso. No se trata de nuevas leyes, ni de modificaciones sustanciales a las existentes. El cambio debe producirse en el electorado. No es aceptable que los colombianos sigan votando por bultos de cemento, mercados, ventiladores o dinero en efectivo. No es aceptable que las mafias de la “política como inversión” se apoderen de la democracia. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar el electorado, castigar a los vendedores de votos, a los que votan sin darle a ese derecho la significación que se merece. Tal vez así, podamos mejorar el Congreso que es un producto de la falta de responsabilidad de los electores.
Septiembre 16 de 2011 - 18:18
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/majaderias-del-congreso
viernes, septiembre 09, 2011
Ballenas, ¿están protegidas?
Colombia acaba de unirse a la Comisión Internacional de Ballenas, IWC. La organización fundada en 1946 pretende conservar las ballenas para las generaciones futuras, y para mantener las poblaciones regula su caza y comercio.
Fue una medida necesaria. Para finales de 1930 cerca de 50 mil ballenas eran asesinadas anualmente, y se prevía entonces la extinción de los grandes mamíferos. La vinculación de nuestro país a este organismo es resultado, seguramente, de que las visitas de las jorobadas al Pacifico colombiano nos han ido mostrando su significación y se han convertido en un importante atractivo turístico.
Sin la IWC seguramente no tendríamos estas visitas. En el Siglo XX más de 200 mil jorobadas fueron cazadas y la población se redujo al 10%; desde 1966 está prohibida su caza. Pero no sólo las jorobadas son protegidas; en 1982 se decretó una pausa en la caza comercial de ballenas para prevenir su desaparición. La prohibición sigue vigente, pero existen países con arraigadas tradiciones culturales y alimenticias que siguen cazando y consumiendo las ballenas y presionan cada vez más para que la cacería regulada sea permitida; entre ellos Japón, Islandia y Noruega. Las mayorías en la organización han impedido que el veto se levante, pero el escenario es cada vez más complejo.
El Sunday Times de Londres reveló que Japón compra los votos de delegados de países pequeños -caribeños y africanos. En la reunión de julio de este año, la IWC impuso una norma según la cual los gobierno sólo podrán pagar aportes a la organización mediante transferencias que provengan de cuentas del propio gobierno, esto para evitar una práctica mediante la cual Japón pagaba en efectivo las sumas que esos países debían para garantizar que pudieran votar de acuerdo a los lineamientos japoneses. Además, hoy en día Japón mata unas 1.000 ballenas al año con un permiso de investigación científica que la misma IWC le otorgó. Para muchos se trata de un disfraz para mantener la caza de ballenas, pues la carne de los animales termina en los restaurantes japoneses –y eso que la carne no es apta para el consumo humano por sus altas concentraciones mercurio. Los investigadores orientales sostienen que una vez dado de baja el animal -con propósitos científicos- no vale la pena desperdiciar la carne; cuya venta ayuda a financiar las investigaciones.
Islandia, por su parte, simplemente rompió los límites, desde el 2006 ha matado casi 500 -tres veces más de lo permitido- y más de la mitad son de la amenazada especie de ballenas de aleta, las segundas más grandes del mundo: 80 toneladas cada una. Se trata de un negocio muy lucrativo; la empresa Hvalur que vende la carne al Japón tuvo ingresos por 17 millones de dólares en dos años. La Secretaria de Comercio estadounidense pidió sanciones comerciales para Islandia por desobedecer las restricciones de la IWC, el plazo para que se conozca la decisión de Obama está terminando.
EE.UU. ha sido firme en sancionar el cumplimiento de los pactos; la veda de 1982 fue aceptada por Japón y Perú gracias a las presiones norteamericanas. Pero la situación de los aborígenes esquimales de Alaska puede estar cambiando la postura de los gringos. La IWC fue respetuosa de las tradiciones aborígenes de subsistencia; así los esquimales tienen una cuota para cazar ballenas que su gobierno ha señalado como insuficiente, pues las poblaciones no tienen otras fuentes de alimentación. La IWC se ha negado a aumentarla comprometiendo significativamente la capacidad de subsistencia de esas poblaciones aborígenes. Así las cosas, los balances de la ecuación siguen sin definirse.
Septiembre 09 de 2011 - 18:33
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ballenas-estan-protegidas
Fue una medida necesaria. Para finales de 1930 cerca de 50 mil ballenas eran asesinadas anualmente, y se prevía entonces la extinción de los grandes mamíferos. La vinculación de nuestro país a este organismo es resultado, seguramente, de que las visitas de las jorobadas al Pacifico colombiano nos han ido mostrando su significación y se han convertido en un importante atractivo turístico.
Sin la IWC seguramente no tendríamos estas visitas. En el Siglo XX más de 200 mil jorobadas fueron cazadas y la población se redujo al 10%; desde 1966 está prohibida su caza. Pero no sólo las jorobadas son protegidas; en 1982 se decretó una pausa en la caza comercial de ballenas para prevenir su desaparición. La prohibición sigue vigente, pero existen países con arraigadas tradiciones culturales y alimenticias que siguen cazando y consumiendo las ballenas y presionan cada vez más para que la cacería regulada sea permitida; entre ellos Japón, Islandia y Noruega. Las mayorías en la organización han impedido que el veto se levante, pero el escenario es cada vez más complejo.
El Sunday Times de Londres reveló que Japón compra los votos de delegados de países pequeños -caribeños y africanos. En la reunión de julio de este año, la IWC impuso una norma según la cual los gobierno sólo podrán pagar aportes a la organización mediante transferencias que provengan de cuentas del propio gobierno, esto para evitar una práctica mediante la cual Japón pagaba en efectivo las sumas que esos países debían para garantizar que pudieran votar de acuerdo a los lineamientos japoneses. Además, hoy en día Japón mata unas 1.000 ballenas al año con un permiso de investigación científica que la misma IWC le otorgó. Para muchos se trata de un disfraz para mantener la caza de ballenas, pues la carne de los animales termina en los restaurantes japoneses –y eso que la carne no es apta para el consumo humano por sus altas concentraciones mercurio. Los investigadores orientales sostienen que una vez dado de baja el animal -con propósitos científicos- no vale la pena desperdiciar la carne; cuya venta ayuda a financiar las investigaciones.
Islandia, por su parte, simplemente rompió los límites, desde el 2006 ha matado casi 500 -tres veces más de lo permitido- y más de la mitad son de la amenazada especie de ballenas de aleta, las segundas más grandes del mundo: 80 toneladas cada una. Se trata de un negocio muy lucrativo; la empresa Hvalur que vende la carne al Japón tuvo ingresos por 17 millones de dólares en dos años. La Secretaria de Comercio estadounidense pidió sanciones comerciales para Islandia por desobedecer las restricciones de la IWC, el plazo para que se conozca la decisión de Obama está terminando.
EE.UU. ha sido firme en sancionar el cumplimiento de los pactos; la veda de 1982 fue aceptada por Japón y Perú gracias a las presiones norteamericanas. Pero la situación de los aborígenes esquimales de Alaska puede estar cambiando la postura de los gringos. La IWC fue respetuosa de las tradiciones aborígenes de subsistencia; así los esquimales tienen una cuota para cazar ballenas que su gobierno ha señalado como insuficiente, pues las poblaciones no tienen otras fuentes de alimentación. La IWC se ha negado a aumentarla comprometiendo significativamente la capacidad de subsistencia de esas poblaciones aborígenes. Así las cosas, los balances de la ecuación siguen sin definirse.
Septiembre 09 de 2011 - 18:33
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ballenas-estan-protegidas
viernes, septiembre 02, 2011
El nuevo Ministro de Defensa
El nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo Ministro de Defensa cayó bien. Se trata de un funcionario probo e inteligente.
Conoce las fuerzas militares, pues como viceministro de Defensa de Santos destacó en varia áreas. Fue Pinzón quien terminó de unificar la central de compras de las Fuerzas Armadas, y fue efectivo en la planeación del recurso extraordinario. Consolidó el grupo empresarial de seguridad y defensa –Gesd- donde se agruparon las 18 empresas del sector en un holding -tal vez de los más grandes del país- para ser administradas con criterios empresariales.
El nuevo Ministro viene de padre militar que llegó a ser Coronel de la República, y está casado con una hija de militar. Ello le da una honda comprensión de las Fuerzas, y a los militares la certeza de que se trata de un hombre con las cualidades para ocupar este cargo, pues empatiza con su función y estructura.
Los desafíos que enfrenta son variados y difíciles. Debe restablecer una línea de mando, diluida la existencia en la Presidencia de la República de los Altos Consejeros. En casi todos los sectores, la interacción entre Ministros y los Altos Consejeros ha causado enfrentamientos y desbalances. El aparato institucional sigue sin saber cómo integrar las dos figuras en la estructura jerárquica. Se dice que el saliente ministro Rivera no logró solucionar las tensiones con el alto consejero Jaramillo y eso afectó su liderazgo; las órdenes salían de dos cabezas y a veces eran contradictorias. Esto no será un problema para Pinzón quien goza de confianza con el presidente Santos.
Tiene además que atender la llamada guerra jurídica. Muchos militares sienten que hay una persecución por parte de entidades que se hacen pasar como defensoras de los derechos humanos, pero que en realidad son una línea de acción más de la guerra que enfrenta el país. La moral de las Fuerzas parece afectada; para muchos se ha vuelto más seguro cesar las acciones, pues aquel que las emprende termina ‘empapelado’. La depuración del Ejército es fundamental, pero paralelamente debe haber un fortalecimiento de la justicia penal militar y la organización de la defensa de los militares, pues tampoco es admisible que la Justicia arrincone a los hombres que cumplen con su deber.
El negocio de las drogas sigue siendo el motor que financia la guerra; esa guerra por las zonas inhóspitas donde se cultiva no da tregua. Pinzón tendrá que seguir trabajando para que la sociedad civil entienda que el Ejército es de Colombia, de todos los colombianos. La sociedad civil no es un actor neutro en el conflicto. La guerra se da contra el orden democrático que representamos y el Ejército combate en la defensa de esa sociedad civil que somos. Sobreviene un esfuerzo de socialización con aquellos que hoy sienten al Ejército como un agente más del conflicto, en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades indígenas que aún se resienten con la presencia estatal.
Los esfuerzos del gobierno anterior se concentraron en restablecer el orden y la falla de este gobierno en esa materia ha sido notoria. El orden y el control del territorio por parte del Estado son el primer paso para que el monopolio de la fuerza resida sólo en manos del Estado. Sólo así las otras funciones estatales se pueden llevar a cabo y tienen sentido. Este país florecerá si sus ciudadanos garantizan su vida y su tranquilidad. La seguridad permite el crecimiento económico, el aumento del empleo, mejora la calidad de vida. Sólo hay progreso en las regiones cuando profesores, médicos, empresas y ciudadanos no tienen que dejarlas para proteger sus vidas.
Septiembre 02 de 2011 - 18:36
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/nuevo-ministro-defensa
Conoce las fuerzas militares, pues como viceministro de Defensa de Santos destacó en varia áreas. Fue Pinzón quien terminó de unificar la central de compras de las Fuerzas Armadas, y fue efectivo en la planeación del recurso extraordinario. Consolidó el grupo empresarial de seguridad y defensa –Gesd- donde se agruparon las 18 empresas del sector en un holding -tal vez de los más grandes del país- para ser administradas con criterios empresariales.
El nuevo Ministro viene de padre militar que llegó a ser Coronel de la República, y está casado con una hija de militar. Ello le da una honda comprensión de las Fuerzas, y a los militares la certeza de que se trata de un hombre con las cualidades para ocupar este cargo, pues empatiza con su función y estructura.
Los desafíos que enfrenta son variados y difíciles. Debe restablecer una línea de mando, diluida la existencia en la Presidencia de la República de los Altos Consejeros. En casi todos los sectores, la interacción entre Ministros y los Altos Consejeros ha causado enfrentamientos y desbalances. El aparato institucional sigue sin saber cómo integrar las dos figuras en la estructura jerárquica. Se dice que el saliente ministro Rivera no logró solucionar las tensiones con el alto consejero Jaramillo y eso afectó su liderazgo; las órdenes salían de dos cabezas y a veces eran contradictorias. Esto no será un problema para Pinzón quien goza de confianza con el presidente Santos.
Tiene además que atender la llamada guerra jurídica. Muchos militares sienten que hay una persecución por parte de entidades que se hacen pasar como defensoras de los derechos humanos, pero que en realidad son una línea de acción más de la guerra que enfrenta el país. La moral de las Fuerzas parece afectada; para muchos se ha vuelto más seguro cesar las acciones, pues aquel que las emprende termina ‘empapelado’. La depuración del Ejército es fundamental, pero paralelamente debe haber un fortalecimiento de la justicia penal militar y la organización de la defensa de los militares, pues tampoco es admisible que la Justicia arrincone a los hombres que cumplen con su deber.
El negocio de las drogas sigue siendo el motor que financia la guerra; esa guerra por las zonas inhóspitas donde se cultiva no da tregua. Pinzón tendrá que seguir trabajando para que la sociedad civil entienda que el Ejército es de Colombia, de todos los colombianos. La sociedad civil no es un actor neutro en el conflicto. La guerra se da contra el orden democrático que representamos y el Ejército combate en la defensa de esa sociedad civil que somos. Sobreviene un esfuerzo de socialización con aquellos que hoy sienten al Ejército como un agente más del conflicto, en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades indígenas que aún se resienten con la presencia estatal.
Los esfuerzos del gobierno anterior se concentraron en restablecer el orden y la falla de este gobierno en esa materia ha sido notoria. El orden y el control del territorio por parte del Estado son el primer paso para que el monopolio de la fuerza resida sólo en manos del Estado. Sólo así las otras funciones estatales se pueden llevar a cabo y tienen sentido. Este país florecerá si sus ciudadanos garantizan su vida y su tranquilidad. La seguridad permite el crecimiento económico, el aumento del empleo, mejora la calidad de vida. Sólo hay progreso en las regiones cuando profesores, médicos, empresas y ciudadanos no tienen que dejarlas para proteger sus vidas.
Septiembre 02 de 2011 - 18:36
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