Deseos de final del año

Al escribir está columna, que es una más de varias sobre el mismo tema, me doy cuenta de que mis deseos para ésta Patria siguen siendo los mismos: Paz y honradez. “Paz” es una palabra casi hueca; el uso y el abuso la han ido vaciando de contenido. Al oírla es difícil encontrar su sentido, y sólo luego de dejar en libertad la fantasía es posible evocar un estado de armonía entre los ciudadanos; relaciones basadas en el respeto por el otro, la consideración y la solidaridad. Imaginar que los problemas –todos- son susceptibles de soluciones asentadas en el dialogo, la negociación e incluso en la Justicia. Una sociedad donde el monopolio de la fuerza reside de manera exclusiva en el Estado, y que casi nunca debe usarlo porque los ciudadanos tienen pactos de convivencia bien fundamentados; donde se comprende la necesidad de la norma como mecanismo para garantizarla. Se me ocurre también soñar con personas que respetan la diferencia y que pueden construir junto a los que no son ni aspiran a ser iguales. Gente que es capaz de dar las luchas por los ideales que les dan vida, con la fuerza de la palabra y la persistencia de la acción. Esas son las ilusiones de un soñador. En la vida que llevamos los colombianos sería gran avance que la violencia cesara; con sólo eso ya seríamos un país diferente. Ojala, aquellos que han encontrado causas por las que consideran que matar y secuestrar es aceptable, comprendan que no existe justificación para lo que hacen. Ojala, aquellos que utilizan la fuerza y el miedo ajeno para validar sus intereses; reconozcan en ese otro a una persona. Ojala, quienes han convertido a los colombianos en medios de negociación y presión, descubran que ningún ser humano es algo distinto a un fin en sí mismo. Con esta limitada noción de “paz” el país iniciaría un camino diferente; este sería un inicio promisorio. La corrupción es un mal atroz. Desdibuja la acción estatal; las obras que deberían hacerse no se hacen, o se hacen mal; los servicios que deberían prestarse, no se prestan o se prestan de manera deficiente. El Estado se convierte en un aparato inútil. Aquello da para que los unos se sientan autorizados a evadir y eludir impuestos; los otros llamados a robar -porque si no son ellos otros también lo harían; unos incluso se sienten obligados a enfrentar con las armas al Estado y a la clase ladrona; algunos más se enceguecen en una danza de dinero que les permite tener y tener y tener; sin reflexionar siquiera sobre los otros, sobre la sociedad en la que viven. En fin la sociedad pierde el respeto por sí misma y por el Estado. La honradez tiene que ver con el reconocimiento del otro; tiene que ver con la capacidad de entender nuestros intereses están relacionados y son dependientes de la sociedad en la que vivimos. La honradez viene de adentro; de la convicción de que el bienestar individual no autoriza el irrespeto a la normas de convivencia ni de la ética. Se trata de una organización jerárquica de valores donde se respetan las normas, no por el beneficio que de ellas podamos derivar individualmente, sino simplemente por su condición de normas; porque son el pacto social que nos permite vivir en comunidad. Estos dos puntales nos permitirían avanzar en la construcción de un país para todos y de todos. Quiera Dios darnos la fuerza para hacer esos pequeños cambios en nosotros mismos; pues será el agregado lo que transformará a Colombia.

Ahí está, su cabeza en un plato

Aunque en Colombia hemos tenido fiscales tan extraños como Iguarán -que contrató un brujo que le indicara quién era culpable-; la aparición de una Fiscal casada con un personaje con tantos vínculos oscuros, como Lucio, es un exabrupto. Desdibuja completamente la necesidad de neutralidad de este ente investigativo. Viviane Morales ha tenido aciertos incuestionables en su gestión; pero aquello no la exime de la serie de dudas que empiezan a aparecer en torno a sus decisiones y la relación con su esposo. No se trata de evaluar si lo ha hecho bien o no; lo determinante es que le aparecieron tantos conflictos de intereses, que su gestión se hizo inviable. Su familia está vinculada en demasía con todos los agentes delictivos notorios del país: guerrilla, paramilitares, narcotráfico, en fin, que su neutralidad sobre los asuntos está más que cuestionada. En eso coincidíamos todos; la Fiscal debería apartarse de su cargo y poner por encima de sus intereses personales, la estabilidad jurídica del país. Esos actos de generosidad y decencia no se ven en el país desde hace mucho, y la tradición política a la que pertenece la Fiscal tiene tradición en aferrarse a los cargos aún contra lo que conviene al país. Así que esa aspiración era sólo un clamor ilusionado. Lo sorprendente del caso, es que muchos de quienes pidieron su renuncia, ahora parecen casi defendiendo la Fiscal. Dicho en términos claros; ella está siendo dura con el uribismo y los antiuribistas prefieren tragarse el sapo de Lucio, con tal de mantener una Fiscal que ataque al gobierno pasado. Es una triste postura la de estos analistas, que además se atreven a sostener que la justicia no está politizada. Fue una gestión muy hábil la de acusar al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, para calmar parte de las voces que exigían por su renuncia. Entrega a Restrepo para salvar su cargo. Y sabemos que se trata de una entrega injustificada e injustificable, no sólo por la intachable carrera académica de Restrepo, sino porque cualquiera que lea la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz encuentra el artículo 3 del decreto 4760 de 2005 que establece que “la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado”. Acusar a Restrepo por las declaraciones de Mancuso o cualquier otro paramilitar es una afrenta para el investigado; es evidente que aquellos paras y sus amigos hoy en la cárcel y presos en EE.UU. tienen muchas razones para estar molestos con Restrepo. ¿Qué móvil tendría, en cambio, Restrepo para ayudar a falsos guerrilleros a desmovilizarse? ¿Para traficar con armas? En desarrollo de una avispamiento del que nos enorgullecemos, los colombianos hacemos trampa cada vez que haya oportunidad. Eso no es ninguna sorpresa, lo raro es que Restrepo sea el único llamado a responder por las falsedades cuando esa ni siquiera es su función. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ahi-esta-su-cabeza-en-plato

Zapatero a tus zapatos

La Reforma a la Justicia que adelanta el Congreso puede tener fallas, pero lo cierto es que ésta es la institución facultada para hacerla. Así las cosas, las opiniones que al respecto tengan los magistrados de las Cortes, el Procurador y la Fiscal, son interesantes; pero tienen la misma validez que los pronunciamientos que hace el Congreso sobre los fallos de las Cortes. De eso se trata la división de poderes; cada rama tiene sus funciones y el poder constituyente derivado está en cabeza del legislativo y sólo ésta rama es la llamada a reformar la Constitución. Se extralimitan los magistrados, el Procurador y la Fiscal al solicitarle intervención al Presidente, que tampoco es competente para tomar las decisiones que le corresponden enteramente al Parlamento. Parece, además, desmedido que clamen por la atención de la comunidad internacional; se trata de un proceso que cumple las normas democráticas -pues la Constitución prevé su reforma por el Congreso- y se hace con base a la legitimidad que ostentan los representantes elegidos por voto directo del pueblo. Además se trata de un asunuto eminentemente nacional, donde para nada es deseable o aconsejable que extranjeros opinen. Conviene, por supuesto, analizar las críticas que esgrime la rama a reformarse, pues el debate siempre es capaz de enriquecer los proyectos y da luces sobre la dimensión que los cambios pueden tener; más aún cuando faltan todavía cuatro debates. Dicen los magistrados que esta reforma atenta contra la Constitución; el comentario parece redundante, pues es evidente que una reforma pretende precisamente aquello. Sobre el desequilibrio de los poderes que -dicen- ocasionaría la conformación de una Supercorte que se encargue de juzgar a todos los funcionarios con aforo, más bien parece que esta alternativa viene a superar el error fundamental que cometió el constituyente del 91 que le otorgó poderes en demasía a la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día esa Corte juzga a casi todos los funcionarios, lo que ha ocasionado un desequilibrio evidente, perjudicando el sistema de frenos y contrapesos. La Supercorte integrada de forma paritaria por magistrados elegidos por el Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial otorga un estamento de juicio neutral, superior y con representación de todas las ramas del poder. Además, esa Corte participa en la elección de demasiados poderes. En el caso de la Fiscalía se rompe el principio del derecho de que la función investigativa debe estar completamente escindida del juzgamiento. Sería sano que la Fiscalía tenga algún tipo de vínculo que le dé legitimidad democrática, de manera que se atiendan aquellos casos que son prioritarios para la ciudadanía. La elección del Procurador y el Contralor que a su vez son dueños de un inmenso poder nominador tiene que ser bien diseñada. No podemos seguir en ese carrusel de nombramientos -que el país conoce- donde muchos puestos en estas entidades son proveídos por componendas de quien tiene injerencia en el nombramiento de su cabeza. El poder nominador de las Cortes no es pertinente, pero tampoco soluciona el problema de fondo, el cambio hacia otra rama del poder. La reflexión sobre ese asunto requiere más profundidad y un análisis sobre los poderes y su equilibrio. Han señalado también preocupación sobre el hecho de que la Corte Constitucional se erija como órgano de cierre. La sugerencia era que cada Corte fuera superior en su área, aquello equivalía a decir que íbamos a tener tres constituciones; la unidad constitucional debe ser una sola, y es fundamental para ello que haya una sola Corte Constitucional, que determine los lineamientos a seguir. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/zapatero-tus-zapatos

Lo que nos jugamos con la marcha

Las marchas en el país no tuvieron la afluencia que se vio en las del pasado 4 de febrero de 2008; no por ello deben pasar desapercibidas y su significación necesita un análisis. El país está harto de las Farc; no existe ningún respaldo popular para su causa y el contenido político de su mensaje está extinto. Eso lo sabemos muy bien todos los colombianos, e incluso lo saben las Farc, convertidas en un grupo narcoterrorista que trafica con la libertad y la vida de los colombianos.

Las marchas le dan al mundo este mensaje. Han sido una manera de desvirtuar la historia, según la cual la guerrilla tenía ideales románticos y enfrentaba un gobierno tiránico. En Colombia, a pesar de las fallas, la democracia es representativa. La gente vota y escoge los líderes de acuerdo a sus intereses, y sin la política no tiene los resultados que algunos consideramos deseables; no se debe a imposiciones, sino a la manera como las mayorías en el país eligen. Y podemos o no compartir los criterios de quienes votan, pero lo cierto es que lo hacen en libertad de consciencia y los resultados electorales representan el querer democrático en la mayoría de los casos. Los únicos votantes constreñidos son los que viven en zonas donde el Estado ha perdido el control y los ciudadanos quedan a merced de los violentos; para fortuna del país son cada vez menos.

Las Farc, por su parte y desde hace mucho, son una banda de narcotraficantes y terroristas, que ensucian las doctrinas de los grandes teóricos de izquierda con la coca que trafican y la sangre de tantos colombianos sacrificados por el mezquino deseo de poder y dinero. Los golpes sobre los líderes de la estructura disminuyen cada vez más su capacidad de esconderse bajo la retórica sofista de su discurso y destruye el mito de esos líderes guerrilleros que morían de viejos. Van quedando solas las hordas escondidas en la selva sometidas sólo a la doctrina de la brutalidad y la codicia.

El mensaje que dan las marchas es especialmente importante para nuestros vecinos; los gobiernos de Ecuador y Venezuela se han mostrado tolerantes con las Farc. Hace poco el presidente Correa se atrevió a comparar el Estado colombiano con las Farc, e insistió en que las Farc no son terroristas. Las marchas vuelven a recordarles que en Colombia aquello no tiene cabida; que aquí donde actúan todos sabemos lo que son.

El mensaje también era para el presidente Santos que ha sido tan ambiguo en el tema de las Farc. Por una parte, celebra -con el país entero- la baja de ‘Cano’ y anuncia la persecución hacia ‘Timochenko’ y cualquier otro que llegue a ser el jefe de la organización; pero al mismo tiempo el Gobierno apoya una iniciativa que pretendía darle derechos políticos a esos personajes y anunciaba un inminente diálogo. Hay una serie de ambivalencias en sus pronunciamientos que impiden cualquier precisión sobre el asunto, así que la marcha tenía también un mensaje para el gobierno.

Es una lástima la pobre afluencia, pero aquello no desvirtúa el mensaje, aunque le daría más fuerza si fueran multitudinarias. La participación rala se debe a que el país está entrando -otra vez- en una especie de apatía, caracterizada por la falta de emoción política. La democracia se fortalece en la dinámica gobierno oposición, pero este Gobierno ha sido efectivo en la integración, que la oposición está casi extinta. Aquello vulva la política silenciosa y poco interesante, y por eso la gente no se siente comprometida en el debate.

9 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/nos-jugamos-con-marcha

Víctimas estrato 6

En Colombia ha habido víctimas de todos los estratos, por supuesto la atención del Estado y de las organizaciones internacionales está puesta sobre las más vulnerables. Así debe ser, es prioritario que el Estado los atienda y restablezca sus derechos. Aquello no significa que se puedan desconocer los atropellos de que han sido víctimas, también, las personas con más recursos, aunque no hayan recibido atención estatal.

Este parece ser el caso de Las Pavas. La Fiscalía de Cartagena denunció la existencia de falsos desplazados asesorados por ONG para intentar sacar ventajas que no les corresponden, y defraudar, no sólo al Estado, sino y sobretodo, al legítimo propietario de la finca. Se trata del caso de un ganadero que obtuvo la propiedad de su tierra durante los años 60 y 70. Por amenazas, robos y extorsiones de la guerrilla se vio obligado a dejar de ir a su hacienda, pues tuvo que dejarla en manos de sus administradores. Aprovechando su ausencia -y el descuido que de ella se derivaba- algunos habitantes de la zona decidieron invadir la finca.

Iniciaron, entonces, trámites ante el Incoder para que la adquiriera para la asociación Asocab. Al parecer el propietario estuvo interesado, pero aquellas negociaciones no se concretaron. Según una declaración ante notaría, que recoge la Fiscalía, uno de los líderes de la asociación, Pedro Moreno, reconoce cómo lo que siguió fue un gran fraude. Por asesoría de una ONG -dirigida por el padre javeriano De Roux- las familias de la asociación se hacen pasar por desplazados y acusan al dueño de estar vinculado con narcotráfico.

Las ONG hablan de la ocurrencia de un desplazamiento de esas 131 familias que conformaban entonces Asocab. Dice la Fiscalía que no hubo desplazamiento, no hay denuncias excepto aquella de la que se retracta Pedro Moreno y sostiene, la Fiscalía, que tampoco hay evidencia sobre la presencia de paras en al área. Los vecinos lo niegan y no hay confesiones o testimonios en Justicia y Paz sobre el asunto.

Visto el asunto, parece que el primer desplazado fue el propietario y que los vecinos invadieron aprovechándose de esa circunstancia. La cuestión que llama la atención es que todo el mundo esté presto a proteger los derechos de los campesinos; pero no se dice nada sobre el propietario que casi pierde su finca a causa de las amenazas guerrilleras. Este caso no es único, hay muchos terrenos invadidos a causa de que sus dueños no pudieron volver a sus fincas por causa de los grupos violentos. Este será un serio reto de la Ley de Tierras. Cómo manejar esos predios que el propietario descuidó por el miedo a los grupos armados y que aprovechando la circunstancias fueron invadidos. No podemos llegar a la aberrante situación de que el derecho a la protección estatal depende de la riqueza. La naturaleza de un derecho es precisamente la de ser universal; sin distingos de clase, raza o credo.

El despojo de tierras tiene varios escenarios y todos merecen la misma protección por parte del Estado, pues de lo que se trata es de impedir que por la violencia unos tomen ventajas y provechos que en circunstancias normales no habrían tenido.

Tampoco es aceptable que siendo previsible que muchos inescrupulosos intenten hacerse pasar por víctimas, el Estado no haga esfuerzos por impedir esos falsos. Se hace un gran daño, pues los recursos se invierten en quien no los merece y se limitan para las verdaderas víctimas. Además cada escándalo de falsas víctimas y ONG tramposas crean un viso de duda sobre los demás procesos.

2 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/victimas-estrato-6