¡Santos se liberó!

Este gobierno va mal; esa es una opinión generalizada entre los colombianos, como muestran las encuestas. La consecuencia natural es cambiar el gabinete. Los ministros son como fusibles, sirven para proteger la imagen de los presidentes. Es un mecanismo para reconfigurar las políticas públicas, virar cuando las decisiones no han sido adecuadas; en fin, dar a los ciudadanos un aire, la impresión, la ilusión de que todo cambiará. No sabemos aún cómo va que quedar el gabinete del Presidente; lo que se evidencia es que el liberal que hay en Santos floreció; volvió por sus huestes y por eso suenan como nuevos ministros Serpa y Gómez Méndez. Además se habla de Lucho Garzón y Fernando Carrillo (el ministro de la suit-cárcel La Catedral de Pablo Escobar). Dicen los medios que tratará de configurar un gabinete para la paz y la prosperidad social. Si estas apuestas resultan ciertas, le pronostico a Santos una segunda etapa peor que la primera. Esos nombres nos dan elementos para comprender hacia donde van a dirigirse los esfuerzos del gobierno. Volvemos a las nefandas épocas del proceso 8000. Serpa recorrió el país repartiendo el presupuesto nacional para mantener a Samper en el poder. Dejó deudas, compromisos de miles y millones de pesos, y cuando el país exigía que Samper dejara el poder nos gritó: ¡Mamola! ¿El presidente Santos estará pensando que necesita una estrategia similar para doblegar la voluntad popular? Santos está encantado con volver al liberalismo y reunificarlo. Tal vez el Presidente no se ha dado cuenta de que la salida de Uribe del Partido Liberal dejó esa colectividad con sólo dos facciones el Serpo-samperismo y el Gavirismo; y que ambas tienen poca acogida en la opinión pública. La apuesta de Santos por el Partido Liberal será fallida; poco queda para reunificar y lo que queda no lee. Se dice que Lucho Garzón estaría a cargo de la cartera de agricultura. Es una noticia muy preocupante; Lucho no dejó una buena estela como alcalde; y no conoce la dinámica ni los conflictos del agro en Colombia. Sería un error seguir golpeando un sector que ya está afectado y requiere atención de personas que conozcan ese renglón económico. La tierra no es para el discurso demagógico; es un negocio del que depende la calidad de vida de nuestra población rural. El éxito del campo, es un avance hacia la paz. Si el nuevo gabinete se establece con el propósito de obtener la paz, también tenemos señales sobre que tipo de paz se va a negociar. Santos ha asegurado por todos los medios que no hay procesos de paz en marcha; y todo indica lo contrario. Este sería su segundo engaño a la democracia colombiana. El Presidente Santos tiene que comprender que el ejercicio de Gobernar no es el proceso de decidir lo que es bueno para la sociedad, porque así lo considera el mandatario. Hay un frágil equilibrio donde el gobernante propone y la sociedad decide. Lo contrario es el despotismo ilustrado, que decidido para y por el pueblo, pero sin incluirlo en las decisiones. Gobernar se parece más que Saint-Exupéry dice de su Rey; “si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía” y agrega “la autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”. 24 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-libero

Embutidos Políticos

Los sucesos del Polo Democrático, donde fueron expulsados por doble militancia los miembros del Progresismo y el Partido Comunista plantean un debate muy interesante. La norma sobre la doble militancia es muy estricta y más aún la sentencia de la Corte Constitucional. La tensión subyacente es clara; por un lado está la necesidad democrática de que los ciudadanos al votar por un partido, sepan por qué están votando. Por el otro, la legitima pluralidad de pensamientos y discrepancias que puede haber en el seno de una sola organización política. Colombia es un país de lideres carismáticos; votamos inspirados en la persona y no en los partidos. Aquello se ha reconocido como poco deseable; por tanto el legislador ha hecho esfuerzos para aumentar el poder de los partidos. La idea es que las ideologías políticas –que no son tantas– se agrupen de manera que el poder carismático de nuestros lideres, se traslade hacia organizaciones con ideas y propuestas claras. Es un modelo que ofrece virtudes, pues hace las ideas más importantes que las personas; los servidores públicos se convierten en tales y los políticos en representantes de una ideología. Sin embargo, aquello es distante de la política colombiana. Pocos partidos son coherentes o tienen la capacidad de serlo. El Partido Liberal, por ejemplo, es el típico embutido político. Hace unos años militaban en el mismo partido Uribe y Piedad Córdoba. Desde la elección y el gobierno de Uribe la política colombiana se empezó a aclarar. Los partidos sufrieron una reconfiguración que hizo más definidas las ideas que caracterizan a cada organización política. Frente a la U, el Polo asumió su papel con gran éxito, pues es fácil combatir ideas claras y posturas precisas como las que tenía Uribe. El Mira tiene sus seguidores y posturas evidentes, los Verdes se configuraron como una alternativa menos definida pero identificable; los liberales, son el único partido importante, que no ha podido definir su espectro político. La legislación no resolvió el asunto de las disidencias. Una cosa es la unidad partidista y otra distinta la homogeneidad. No hay una línea natural para diferenciar ambos fenómenos, y sin embargo es menester hacerlo. La política es discusión de ideas, posturas, matices y por lo tanto siempre habrá divergencia. Hoy, esas disidencias son aplastadas por la mayoría, pues equivocadamente se considera que atentan contra la unidad. El caso del Polo nos sirve para ilustrar el asunto. La doble militancia rompe la integridad misma del partido; el Partido Comunista utilizaba las reuniones del Polo para promover la integración de la Marcha Patriótica; un movimiento político diferente. La Marcha Patriótica es otra organización; y si no es partido es sólo porque no hay aún elecciones para obtener la personería jurídica. La ley lo recoge de manera acertada: quien hace parte de un partido, no puede hacer parte de otro. La disidencia, en un principio, no atenta contra la pervivencia del partido. Se trata de una minoría que no se conforma con las decisiones de la mayoría o de las directivas. Aquella forma de pensar diferente es fundamental; se parece un poco a la varianza que existe dentro de una misma especie natural. Es una manera de prevenir la extinción; cuando las circunstancias cambian, esas pequeñas diferencias de unos individuos pueden garantizar la continuidad de la especie. Las minorías son parte de un partido, pero tienen interpretaciones disímiles; aquellas son una reserva para los cambios siempre presentes en la política; son la posibilidad de adaptación y continuidad. 17 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embutidos-politicos

Los resultados

El presidente Santos insiste en que todo va bien y en que los colombianos somos incapaces de comprender lo que estamos viviendo. Sus discursos sostienen que todos los problemas son percepciones y que a su gobierno sólo se le podría señalar un defecto: la falta de comunicación de sus logros. Es un diagnostico extraño, pero más desconcertante aún es el responsable: “El problema del Ministerio de Comunicaciones es que no comunica”; dijo el Presidente. Será tal vez una nueva función que pretende asignarle al MinTics. La propaganda estatal ha sido propia de los regímenes totalitarios que buscan confundir a la opinión para alterar la manera como se interpretan los hechos o incluso, en casos más severos, tergiversarlos. En las épocas donde tuvo apogeo su efectividad fue deficiente: la ciudadanía fue capaz de evaluar adecuadamente lo que hace un gobierno. La propaganda terminó siendo útil sólo hacia fuera; por eso los regímenes tenían que tener entradas y salidas restringidas, información controlada y muchos secretos. Es un engaño muy difícil de ejecutar en estos tiempos; hoy la información circula sin control ni restricciones por medios diversos; las comunidades reaccionan, protestan, se indignan. El ejercicio de mera comunicación que es, seguramente, lo que reclama el Presidente tampoco es función del Estado y es también inútil. Los resultados de un gobierno no necesitan propaganda: no necesitan editoriales, ni noticieros, ni estrategias; la naturaleza de la acción estatal permite que los ciudadanos vivan esos resultados. El Estado es un agente económico evidente, sus obras son visibles, sus acciones todas tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, y si esa mejora no se da, si los resultados estatales no son palmarios, es porque son inexistentes. El Presidente debería saberlo; ha sido un especialista en manejo de medios –los cuales casi todos insisten con él en que todo está bien- y pese a ello, la opinión pública se aleja del mensaje enviado. De poco sirve que se diga que algo es de determinada manera cuando el ciudadano con sólo salir a la calle puede corroborar que no es cierto. Merece atención la tendencia de este gobierno a manipular y presionar la opinión de los medios de comunicación para evitar cualquier divergencia. Mucho se ha dicho de la gravedad que supone la estigmatización que hace el Presidente de los opositores a quienes ha llamado “mano negra”, “idiotas útiles” o “aliados del terrorismo”; no hace falta profundizar más en el asunto. Se habla de los “razoneros” del Presidente, de las llamas a los diversos medios de comunicación, de la excesiva pauta estatal; a ello se suman las declaraciones de Ana Mercedes Gómez, exdirectora de El Colombiano: “Durante mis 22 años como Directora, me tocaron seis presidentes. Con todos tuve diferencias y afinidades. Pero con el único que tuve que enfrentar presiones, directa e indirectamente, fue con el actual. En tres ocasiones y en momentos distintos, Santos envió a emisarios para decir que les bajáramos el tono a los editoriales. Les dije que iba a reflexionar y a mirar si habíamos sido injustos, pero comprobé que no. Y por eso me mantuve en la misma línea. Eso tuvo un alto costo para mí”. No es un asunto menor. El Presidente no puede convertirse en un factor adicional de presión a la libertad de opinión asediada y amenazada por los violentos. 10 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/resultados

La Corte se equivoca

La Corte Constitucional profirió un auto, que no conocemos porque ahora notifica sus decisiones por comunicados de prensa, y del que se dice que ordena al Ministerio de Defensa reintegrar seis hectáreas a los indígenas del Guaviare y por lo tanto, retirar algunas instalaciones que hacen parte de la Base Militar de Barrancos, Guaviare. Es un grave precedente. La base está sobre un terreno que el Incoder le asignó a la Fuerza Pública, pero se ha extendido sobre territorio del resguardo. Sin embargo, el problema no es de linderos. La difícil situación que enfrenta el país, cuando las Farc y los demás grupos narcoterroristas están retomando control sobre amplias zonas, donde además algunos ciudadanos –alegando la autonomía- han pedido el retiro de la Fuerza Pública de su territorio, le da al asunto un trasfondo que no puede ignorarse. Una cosa es el litigio sobre un lindero (que en cualquier otro contexto se resolvería a través de una expropiación a favor del Estado); y otra muy distinta impedir a la Fuerza Pública tener bases sobre territorios indígenas. La seguridad es un derecho principalísimo de los ciudadanos; es un deber del Estado garantizarla. La Fuerza Pública defiende a los ciudadanos, sin embargo no siempre es efectiva por la naturaleza misma del terrorismo. Es una tarea compleja y difícil de conseguir. Si el Ejército no estuviera habría una paz aparente; pues los ciudadanos inermes estarían a merced de los violentos; limitados en derechos y sometidos a la fuerza de las armas. La Fuerza Pública no es un actor del conflicto –como lo supone la Corte– eso equipara los narcoterroristas con el Ejercito, los hace responsables y son los causantes de la violencia. Una interpretación así nos llevaría a la conclusión de que eliminar la Fuerza Pública nos conduciría a la paz. Nada más mentiroso. El control del territorio por el Estado hace parte de sus funciones. Hubo en Popayán una manifestación de miles de indígenas, más de 7.000, que expresaron su respaldo a la Fuerza Pública y reclamaron por lo que consideran el mal manejo que dan algunas autoridades indígenas a los millonarios recursos que reciben del Estado y de organizaciones internacionales. Eso demuestra que hay un grupo de indígenas que confía en la institucionalidad colombiana, que creen en la construcción de un país y de una nación donde cabe la diversidad. La manifestación en el Cauca transformó el problema; hizo evidente que existe una fracción –al menos– de indígenas que no está de acuerdo con las peticiones de despeje. Surgen preguntas sobre la representatividad de las autoridades que están tomando la vocería indígena. Aquellas no son elegidas por la democracia y cabe cuestionar si sus peticiones representan a todos los miembros de la comunidad. Aún si quienes se manifestaron a favor de las Fuerzas Armadas son una minoría, surge la cuestión del respeto que merecen. Así como los indígenas tienen derechos por ser, precisamente, una minoría; las minorías dentro de las comunidades indígenas merecen ese mismo reconocimiento. Colombia no puede seguir por una senda donde las identidades son factores de disociación y rompimiento; el modelo multicultural supone la pervivencia de las diferencias, pero en un gran crisol que los contiene a todos. Un país donde todos respetan un Estado y unas mismas instituciones que deben dar garantías para la vida en común. 3 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corte-equivoca