¿Por qué no negociar?

Todos queremos la paz, y por supuesto que es necesaria una negociación para lograr la terminación del conflicto. Sin embargo, conviene precisar algunos aspectos que en medio de la euforia que nos causa la palabra PAZ, están distorsionándose. Sea lo primero distinguir la paz del fin del conflicto. Lo que negociamos con los narcoterroristas no es la paz. Es decir, negociamos que ellos y el fragmento del grupo que les obedezca, cesen las hostilidades y dejen las armas. Aquello no significa automáticamente la paz. Colombia tiene otros focos de violencia y aún los procesos de postconflicto son violentos y largos. Sin embargo, puede ser el inicio de ese sendero, y en esa medida es valioso. Sobreviene la cuestión de qué se negocia. La sociedad puede y debe ser generosa para conseguir la reconciliación de las fuerzas que la integran; pero las concesiones han de ser limitadas. Los Estados latinoamericanos tienen entre sus más dolorosos problemas, su falta de legitimidad. En Colombia el fenómeno se amplía pues el Estado no es capaz de cumplir con sus dos funciones esenciales: la seguridad y la justicia. En ese contexto, las cesiones no pueden ser tales que quebranten las endebles instituciones y la frágil percepción de justicia que hemos logrado construir. ¿Con cuál legitimidad se les impone la ley a los ciudadanos si para otros -autores que crímenes atroces- no se aplica? Se pueden intentar justificaciones, pero evaluadas un poco más allá empiezan a mostrar sus limitaciones. Si decimos que el fin -en este caso la paz-, justifica los medios, caemos en la contradicción de que se establecerá para el largo plazo esa visión a los ojos de los colombianos. Será inevitable que otros conserven esta enseñanza con todo lo que ello implica. Hay quienes arguyen que se trata de un movimiento político. Esta es la explicación menos aceptable de todas. Ninguna ideología política legitima el narcoterrorismo. Si un colombiano mata a otro porque no comparte su manera de pensar; si lo mata para obligar a otros a que piensen como él; si lo hace por un fin altruista, porque considera que existe un mundo mejor y que sólo a través de la violencia será posible direccionar a la sociedad, no sería excusado. La condición de grupo, de colectivo, no suaviza esta interpretación, si acaso la agrava. Podría sostenerse que existen causas objetivas para la violencia; que el país requiere transformaciones en sus estructuras para que la convivencia sea posible. La primera crítica obvia es que las mayorías democráticas son las llamadas a escoger el tipo de políticas que desean implantar en la sociedad. Sin embargo, para avanzar en el debate, y aceptamos que las ideas de izquierda deben imperar en el país -aun cuando las mayorías no las privilegien-, no hay justificación a que sea una izquierda asesina y narcoterrorista la que tenga la vocería para hacer exigencias. Si de implantar esas ideas se trata sería más sensato otorgarle la vocería y la fuerza política a la izquierda que ha militado en la democracia, que ha buscado espacios políticos con la fuerza de sus palabras y sus convicciones, y no con las armas. Las concesiones que se hacen a los violentos deben ser limitadas. Deben resistir el examen del tiempo y dejar en lo posible lecciones para la sociedad futura. No se trata de perpetuar la guerra, ni la violencia; pero tampoco podemos destruirlo todo y caer vencidos ante los violentos. 28 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/por-negociar

Generosos con lo ajeno

En medio del creciente efecto que produce la cercanía de la paz, la emoción que empieza a conmovernos, las ilusiones que surgen ante la posibilidad de un mejor futuro, se hace cada vez más difícil no elevarse dentro de la euforia colectiva. En medio de semejante festividad, es interesante conservar la calma para observar que las falacias empiezan a hacerse evidentes. La primera está divulgada por una encuesta de Dinero e Invamer a los empresarios. Dicen la mayoría de los empresarios que quieren la paz, que confían en los buenos resultados. Sin embargo, no se muestran dispuestos a contribuir económicamente con el proceso. Tampoco, muestran interés en contratar a los reinsertados. La posición ilustra -creo- las contradicciones que subyacen a esta negociación. Los colombianos queremos todos vivir en paz; sin embargo pocos o ninguno están dispuestos a pagar por ella. Lo sorprendente del fenómeno es que, en cambio, los empresarios se muestran muy generosos con los bienes del sector agrario. Con amplia boca sugieren y exaltan las virtudes de la reforma agraria. Visto el asunto así, habría que reconocer esa odiosa tendencia de ser generosos con lo ajeno. No se trata de un interés real de superar las desigualdad social; pues nadie mejor que ellos saben que la gran riqueza nacional no se asienta en el campo. El PIB nacional está concentrado en el sector terciario: la minería, los bancos, las empresas de bienes y servicios, generan más recursos. Si de solventar la desigualdad se tratara habría que empezar por esos grandes capitales. La reforma agraria se ha convertido en una manera de darle contentillo a un problema nacional, trasladándoselo a un sector de la sociedad. Es injusto por la desproporción que aquello supone para un sector que ha sufrido como ningún otro la violencia; y sobretodo porque aquellas políticas de reforma agraria han probado su ineficacia. Si la experiencia de todos los países vecinos con fallidos resultados no fuera suficiente, la situación del departamento del Cauca donde se aplicó intensamente la reforma agraria y cuyos indicadores hoy son lamentables, debería ya mostrar su inutilidad. El agro es un sector difícil pues tiene todas las complejidades de los negocios, y se le agregan las vicisitudes del clima, la inestabilidad de la violencia y la amenaza permanente de que sus propiedades e inversiones sean expropiadas. Esta actitud de los empresarios no difiere mucho de la que tenemos los colombianos. Nos gusta pensar en la paz, pero son pocos los que son capaces de entregar parte de sus bienes para obtenerla. Lo que es más grave, aquella aproximación hacia los costos que puede tener la paz es austera. Quienes hicieron la encuesta suponen que las Farc se tranzarán con algunas curules en el congreso y varios trabajos de salario mínimo para sus militantes. Menosprecian a las Farc y consideran que tras casi medio siglo de lucha armada sus peticiones se limitarán a eso. Quienes se tomen en serio a las Farc fácilmente comprenderán que sus objetivos no son sólo unos puestos para dirigentes y milicianos. Para eso, el dinero del narcotráfico les basta. No es sólo más tierra, pues han obtenido por la fuerza más de 300 mil hectáreas. No es sólo la participación en política, la izquierda tiene representación -con excelentes lideres de opinión. Se tratará de imposiciones que irán mucho más allá, y seguramente sorprenderán a quienes no reflexionen con profundidad sobre el tema. 21 de septimebre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/generosos-con-ajeno

El debate del aborto

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del aborto en tres casos. Personalmente estoy de acuerdo con esa postura, sin embargo la oportunidad y la legalidad de esa decisión no es evidente. Un tribunal constitucional tiene la delicada función de interpretar la carta de manera que asuntos abiertos a la interpretación puedan resolverse y tener consecuencias prácticas sobre la sociedad. Aquello supone una tensión interna que no puede desconocerse; las decisiones a ese nivel son eminentemente políticas y por lo tanto recaen sobre temas que son sensibles para la opinión pública. En una democracia aquellas decisiones corresponden al querer de la ciudadanía; es el pueblo a través de su voto quien elige sus representantes y son ellos a través de la ley quienes deben imponernos aquellas decisiones. Una Corte Constitucional debe ser el interprete de la Constitución, el contrato fundacional del Estado emergido, también, del poder soberano del pueblo. La legitimidad de los pronunciamientos de la Corte emana precisamente de que son una extensión de ese querer popular consagrado en la Carta. Ahora bien, las interpretaciones sobre la Constitución a veces son obvias y otras veces suponen la creación de contenido que se aleja del texto original. Aquello no reviste dificultad cuando la vocación de la decisión del tribunal se ajusta con el sentir de la ciudadanía. Otro, muy distinto, es el escenario cuando la decisión de los magistrados no concuerda con el querer de la ciudadanía. A pesar de que se puede argumentar a partir de la coherencia del texto constitucional, los debates de los constituyentes, los principios generales; la ciudadanía puede no estar convencida de las decisiones de los magistrados. Parece natural que incluso se presenten síntomas de rebeldía, pues las decisiones judiciales –por sabias e ideales que sean- son alejadas del principio central de la soberanía popular. Una Corte Constitucional al fallar tiene que tener muy presente esta tensión entre sus propias convicciones y su visión sobre lo que debe ser la sociedad en el largo plazo, y el principio democrático. En EE.UU. el Congreso puede revocar, mediante mayorías calificadas, las decisiones de la Corte Suprema. La idea es preservar la legitimidad democrática y darles a los representantes de la Nación la última palabra en las decisiones sobre cómo deben ser las cosas. Los sistemas que ofrecen mayores libertades para los ciudadanos son, en mi opinión mejores, pues dejan que cada persona sea responsable por sus decisiones. Al mismo tiempo, tienen la virtud de que las diferentes ideologías pueden convivir, y cada quien puede ejercer las convicciones que tiene. Habiéndolo dicho, no necesariamente la libertad es suficiente argumento para imponerla. Se trata de un valor, como cualquier otro, y la manera de jerarquizarlos no sólo obedece a los argumentos sobre su conveniencia; o percepciones individuales. La manera de ser de una sociedad no es un asunto trivial; representa el sentido mismo de la cultura. El aborto es un tema que genera aún mucho debate entre los colombianos. La decisión de la Corte Constitucional no es argumento suficiente para entenderlo superado. Una cosa es el debate jurídico y la manera mediante la cual se toman las decisiones dentro del Estado; otro asunto es que la Corte pueda imponerle a los ciudadanos jerarquías de valores que los ciudadanos no han discutido ni aceptado. En este contexto es interesante el debate de la Corte y el Procurador; evidencia que hay tensiones sobre el tema que no puedan pasarse por alto. 14 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/debate-aborto

No hay peor ciego

Uno de los problemas más recurrentes en las negociaciones con las Farc han sido las mentiras; siempre presentes, siempre evidentes, siempre ofensivas. En los discursos son abundantes las imprecisiones y descaradas son las declaraciones. Y a pesar de que esa práctica no es nueva, duele. Y adquiere una connotación dramática cuando el presidente Santos la avala. Les preguntaron a las Farc por los secuestrados; y cínicos dijeron que no tienen ninguno. Clara Rojas, desde la Fundación País Libre, tuvo que expresar el dolor de esta nueva burla. Luego apareció el presidente Santos y sello el destino del tema: “Hay que creerles”. Que las Farc mienten ya lo sabíamos; pero es aterrador que el Gobierno -con el propósito de mantener los diálogos- niegue lo que el país sabe; las Farc tiene más de 400 secuestrados. La declaración del Presidente empieza a mostrar los costos de esta negociación. Santos hará todo por mantener este proceso. Será, nuestro Presidente, el primero en defender a las Farc de los justos reclamos de los ciudadanos. Pretenderá encubrirlo todo a través de la falacia de ‘creerles’. No será difícil para Santos hacerlo; le gusta gobernar sobre un país que no existe; imaginar realidades que no corresponden a los contextos que vivimos. El atentado contra Londoño se dio en medio de las negociaciones, entonces secretas. Era un buen momento; es una voz que se opone a la capitulación, y silenciarlo antes de que el país conociera el proceso, les daba garantías. Además, el contexto era ideal, pues habría señalamientos hacia otros grupos. Santos sin investigación ya lo sabía: no fueron las Farc, nos anunció. Debieron decírselo y él les creyó. El Fiscal, sin embargo, insiste en que todo apunta a que la Teófilo Forero fue el promotor del acto terrorista. Pareciera que el Gobierno y sus negociadores prefieren ignorar no sólo lo que ha pasado, sino lo que está pasando, para sellar el acuerdo. Concediéndoles que lo hacen por amor a la patria y la convicción insuperable de que nos acercará hacia una convivencia más armónica (y no por premios, cargos internacionales o mera vanidad) hay una equivocación fundamental: la paz no es un acuerdo firmado por un gobierno y unos narcoterroristas. La paz es un proceso mucho más amplio y complejo; implica reconciliación y reconstrucción del tejido social. Negar y limpiar a las Farc de todas sus faltas a través de mentiras es una estrategia inútil. El país sabe lo que ha vivido; lo recuerda y lo sufre aún hoy. La negociación con los violentos sólo tiene sentido cuando ellos aceptan sus faltas. Una negociación con ellos exige a simple vista, al menos, dos condiciones básicas: liberación de todos los secuestrados (no sólo los políticos) y el cese unilateral al fuego. Sin ello, puede que firmen un papel cuyo valor simbólico en nada altere la realidad del país. Todo esto acrecienta las preocupaciones en torno a la negociación. Podemos entender que la firma de un acuerdo no es equivalente a la paz, pero que puede ser un primer paso. Sin embargo, la desfiguración de la realidad, la tarea del Presidente y su gobierno como agentes defensores de los violentos, suponen una inversión de la natural representatividad de esos cargos. En este contexto, y con el dato adicional de que los garantes del acuerdo son los gobiernos de Cuba y Venezuela, sobresale una pregunta ¿Quién representará a la sociedad colombiana? 7 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hay-peor-ciego

Enemiga de la Paz

Cada vez que alguien hace críticas sobre la ‘Paz’, se lo declara enemigo de ella. Es un título duro para los críticos, más aún cuando ‘Paz’ es concepto mezclado, sin forma, misterioso, del que nadie podría dar una explicación coherente. ‘Paz’ como el ideal humano de la vida en perfecta armonía es la utopía de todos. Contra ella sería impensable la oposición, ridícula la crítica. Sin embargo, conviene distinguir el efecto retórico de este sueño, de la realidad de sus posibilidades, nadie es tan ingenuo para suponer esa PAZ posible. Descartado el exceso, nos queda algo referido al conflicto, algo que no es preciso y que se mueve entre los dos extremos que suponen la capitulación de uno de los bandos. Para nuestro caso, la capitulación de los violentos implicaría su rendición y su sometimiento a la Justicia, y por el otro lado, la capitulación de la sociedad significaría que los violentos se asen al poder y la sociedad se someta a sus designios. Hay en el medio una infinidad de posibilidades y combinaciones. En este contexto es claro que no toda paz es deseable o buena; y que estas apreciaciones corresponden en gran medida a la posición en la que uno mismo se sitúa en el conflicto. No es lo mismo ser quien capitula, que ser parte de quienes reciben y aceptan la capitulación del enemigo. La ‘paz’ no es sólo un nombre; no es sólo una ilusión; no es sólo un recurso político; proponerla tiene responsabilidades y exige significados precisos. ¿Qué tipo de paz nos ofrece este gobierno? ¿Qué y hasta dónde va a ceder la narcoguerrilla, qué la sociedad? El documento que se firmó -de espaldas al país- se parece más a una capitulación de la sociedad ante los violentos que de ellos ante nosotros. No es posible saberlo con precisión porque el proceso ha sido oscuro y excluyente. Este como ningún otro es un asunto de la Nación entera, de cada uno de sus integrantes. Sólo será posible construir el fin del conflicto con el concurso de todas las fuerzas de la Nación. Este no es el caso; Santos no representa a la mayoría de sus electores, desde hace mucho, quienes votamos por él nos sentimos ajenos y excluidos. Quienes aparecen como negociadores, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega tampoco representan en nada a la Nación colombiana. Menos aún quienes se suponen han venido negociando como Frank Pearl, Jaramillo o Enrique Santos -hermano del presidente. Aquellos que gozan de la confianza del Presidente no son los mismos que pueden representarnos como nación o que pueden darnos tranquilidad. Tampoco genera confianza un Presidente que sin ningún pudor ha mentido. Dijo en varias entrevistas que no había diálogos de paz. Lo dijo, lo repitió, lo aseguró, pidió rectificaciones a quienes se atrevieron a darle credibilidad a los rumores, nos engañó. ¿Cómo creerle ahora? El tema del narcotráfico es el gran ausente en este debate. Este es y seguirá siendo el foco fundamental de los problemas colombianos. No creo que haya una diferencia sustancial entre la situación actual, donde por posiciones políticas, algunos se sienten legitimados para matar, secuestrar, extorsionar, remplazar al Estado y traficar drogas; que una situación en la cual se den todas esas conductas bajo el rótulo de la delincuencia común. El problema no es el discurso, es su efecto sobre la sociedad. La paz no es un tema trivial, ni un tema del Gobierno. Exigimos claridad, trasparencia y respeto por los principios democráticos que inspiran a esta nación. 31 agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/enemiga-paz