La Claridad

Lo que nos jugamos con la marcha

2011-12-14T05:37:00.000-08:00

Las marchas en el país no tuvieron la afluencia que se vio en las del pasado 4 de febrero de 2008; no por ello deben pasar desapercibidas y su significación necesita un análisis. El país está harto de las Farc; no existe ningún respaldo popular para su causa y el contenido político de su mensaje está extinto. Eso lo sabemos muy bien todos los colombianos, e incluso lo saben las Farc, convertidas en un grupo narcoterrorista que trafica con la libertad y la vida de los colombianos.

Las marchas le dan al mundo este mensaje. Han sido una manera de desvirtuar la historia, según la cual la guerrilla tenía ideales románticos y enfrentaba un gobierno tiránico. En Colombia, a pesar de las fallas, la democracia es representativa. La gente vota y escoge los líderes de acuerdo a sus intereses, y sin la política no tiene los resultados que algunos consideramos deseables; no se debe a imposiciones, sino a la manera como las mayorías en el país eligen. Y podemos o no compartir los criterios de quienes votan, pero lo cierto es que lo hacen en libertad de consciencia y los resultados electorales representan el querer democrático en la mayoría de los casos. Los únicos votantes constreñidos son los que viven en zonas donde el Estado ha perdido el control y los ciudadanos quedan a merced de los violentos; para fortuna del país son cada vez menos.

Las Farc, por su parte y desde hace mucho, son una banda de narcotraficantes y terroristas, que ensucian las doctrinas de los grandes teóricos de izquierda con la coca que trafican y la sangre de tantos colombianos sacrificados por el mezquino deseo de poder y dinero. Los golpes sobre los líderes de la estructura disminuyen cada vez más su capacidad de esconderse bajo la retórica sofista de su discurso y destruye el mito de esos líderes guerrilleros que morían de viejos. Van quedando solas las hordas escondidas en la selva sometidas sólo a la doctrina de la brutalidad y la codicia.

El mensaje que dan las marchas es especialmente importante para nuestros vecinos; los gobiernos de Ecuador y Venezuela se han mostrado tolerantes con las Farc. Hace poco el presidente Correa se atrevió a comparar el Estado colombiano con las Farc, e insistió en que las Farc no son terroristas. Las marchas vuelven a recordarles que en Colombia aquello no tiene cabida; que aquí donde actúan todos sabemos lo que son.

El mensaje también era para el presidente Santos que ha sido tan ambiguo en el tema de las Farc. Por una parte, celebra -con el país entero- la baja de ‘Cano’ y anuncia la persecución hacia ‘Timochenko’ y cualquier otro que llegue a ser el jefe de la organización; pero al mismo tiempo el Gobierno apoya una iniciativa que pretendía darle derechos políticos a esos personajes y anunciaba un inminente diálogo. Hay una serie de ambivalencias en sus pronunciamientos que impiden cualquier precisión sobre el asunto, así que la marcha tenía también un mensaje para el gobierno.

Es una lástima la pobre afluencia, pero aquello no desvirtúa el mensaje, aunque le daría más fuerza si fueran multitudinarias. La participación rala se debe a que el país está entrando -otra vez- en una especie de apatía, caracterizada por la falta de emoción política. La democracia se fortalece en la dinámica gobierno oposición, pero este Gobierno ha sido efectivo en la integración, que la oposición está casi extinta. Aquello vulva la política silenciosa y poco interesante, y por eso la gente no se siente comprometida en el debate.

9 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/nos-jugamos-con-marcha

Víctimas estrato 6

2011-12-04T05:38:00.000-08:00

En Colombia ha habido víctimas de todos los estratos, por supuesto la atención del Estado y de las organizaciones internacionales está puesta sobre las más vulnerables. Así debe ser, es prioritario que el Estado los atienda y restablezca sus derechos. Aquello no significa que se puedan desconocer los atropellos de que han sido víctimas, también, las personas con más recursos, aunque no hayan recibido atención estatal.

Este parece ser el caso de Las Pavas. La Fiscalía de Cartagena denunció la existencia de falsos desplazados asesorados por ONG para intentar sacar ventajas que no les corresponden, y defraudar, no sólo al Estado, sino y sobretodo, al legítimo propietario de la finca. Se trata del caso de un ganadero que obtuvo la propiedad de su tierra durante los años 60 y 70. Por amenazas, robos y extorsiones de la guerrilla se vio obligado a dejar de ir a su hacienda, pues tuvo que dejarla en manos de sus administradores. Aprovechando su ausencia -y el descuido que de ella se derivaba- algunos habitantes de la zona decidieron invadir la finca.

Iniciaron, entonces, trámites ante el Incoder para que la adquiriera para la asociación Asocab. Al parecer el propietario estuvo interesado, pero aquellas negociaciones no se concretaron. Según una declaración ante notaría, que recoge la Fiscalía, uno de los líderes de la asociación, Pedro Moreno, reconoce cómo lo que siguió fue un gran fraude. Por asesoría de una ONG -dirigida por el padre javeriano De Roux- las familias de la asociación se hacen pasar por desplazados y acusan al dueño de estar vinculado con narcotráfico.

Las ONG hablan de la ocurrencia de un desplazamiento de esas 131 familias que conformaban entonces Asocab. Dice la Fiscalía que no hubo desplazamiento, no hay denuncias excepto aquella de la que se retracta Pedro Moreno y sostiene, la Fiscalía, que tampoco hay evidencia sobre la presencia de paras en al área. Los vecinos lo niegan y no hay confesiones o testimonios en Justicia y Paz sobre el asunto.

Visto el asunto, parece que el primer desplazado fue el propietario y que los vecinos invadieron aprovechándose de esa circunstancia. La cuestión que llama la atención es que todo el mundo esté presto a proteger los derechos de los campesinos; pero no se dice nada sobre el propietario que casi pierde su finca a causa de las amenazas guerrilleras. Este caso no es único, hay muchos terrenos invadidos a causa de que sus dueños no pudieron volver a sus fincas por causa de los grupos violentos. Este será un serio reto de la Ley de Tierras. Cómo manejar esos predios que el propietario descuidó por el miedo a los grupos armados y que aprovechando la circunstancias fueron invadidos. No podemos llegar a la aberrante situación de que el derecho a la protección estatal depende de la riqueza. La naturaleza de un derecho es precisamente la de ser universal; sin distingos de clase, raza o credo.

El despojo de tierras tiene varios escenarios y todos merecen la misma protección por parte del Estado, pues de lo que se trata es de impedir que por la violencia unos tomen ventajas y provechos que en circunstancias normales no habrían tenido.

Tampoco es aceptable que siendo previsible que muchos inescrupulosos intenten hacerse pasar por víctimas, el Estado no haga esfuerzos por impedir esos falsos. Se hace un gran daño, pues los recursos se invierten en quien no los merece y se limitan para las verdaderas víctimas. Además cada escándalo de falsas víctimas y ONG tramposas crean un viso de duda sobre los demás procesos.

2 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/victimas-estrato-6

El invierno que no para

2011-11-27T05:45:00.000-08:00

Lo que está pasando con el invierno en Colombia era previsible. Desde hace años, cuando el Ideam empezó a hacer estudios sobre el fenómeno de calentamiento global, se dijo que el cambio climático aumentaría la frecuencia de los fenómenos del Niño y la Niña. Los informes globales señalaban la alteración de los patrones de lluvias en los países tropicales; la inminencia de las inundaciones y deslizamientos. Además no era difícil saber dónde se iban a producir los mayores daños. Hace menos de un año tuvimos un fenómeno similar y sucedió casi lo mismo que pasa ahora y que pasa siempre. Colombia no puede seguir a merced del invierno -como lo sugiere uno de los funcionarios de la CAR -Cundinamarca-; los inviernos y sus efectos son previsibles y el país tiene que ajustar su infraestructura y capacidad de reacción a estas realidades.

El Gobierno Nacional está fallando; no hay planificación. El cierre de las vías es inaceptable. Sabemos de tiempo atrás la vulnerabilidad de vías fundamentales para el país. El caso de La Línea es emblemático; conocemos su fragilidad y la importancia que tiene para la comunicación del país. Lo lógico era habilitar -y de tiempo atrás- las vías alternas. La ruta por el Páramo de Letras no se adecuó para las necesidades y tiene entonces 8 sectores de alto riesgo; la otra alternativa, Isnos-Paletará que conecta al Huila con el Cauca, está en un estado lamentable, sólo ahora se inició la pavimentación parcial y fue necesario militarizar la zona por los graves problemas de seguridad.

Pero no es sólo culpa del Gobierno, hay una gran responsabilidad que recae sobre las firmas de ingeniería comisionadas de la construcción de la infraestructura. Las dilaciones y los sobrecostos -unos justificados y otros producto de la corrupción que se le enquistó- se han convertido en este sector en un dolor de cabeza. Las obras no sólo nos cuesta muchísimo, sino que se entregan con pésima calidad o tan retrasadas que una vez recibidas ya son insuficientes. Y luego vienen las demandas de los contratistas reclamando equilibrios financieros que son verdaderos saqueos al erario.

Hay que repensar la infraestructura y construir obras modernas que respondan a las realidades del siglo en que vivimos. No podemos mantener al país con obras, cuyo trazado y calidades son para otros tiempos, diseñados para las exigencias mucho menores. Está bien que el Ministro de Trasporte diga que no habrá obras sin estudios serios, pero que se hagan acordes a nuestras realidades y a la capacidad técnica de este tiempo.

La responsabilidad por las calamidades recae también sobre las autoridades regionales, alcaldías y gobernaciones que tampoco enfrentaron el reto como debían. Las obras iniciadas fueron insuficientes; los daños así lo demuestran. La falta de compromiso con las regiones coincide con el final del mandato, así que se desentienden sin mayores costos políticos.

Las CAR son tal vez uno de los estamentos más inútiles de la estructura estatal. Su pobre diseño institucional dio para que estén politizadas y no responden a las necesidades del ambiente, y que mucho menos están preocupadas por planificar los ajustes que supone el cambio climático. Y se habla de su reforma desde hace años, pero eso también se dilata.

Es cierto que las sociedades deben ser capaces de enfrentar sus retos y no depender por completo del Estado, pero en el caso de las tragedias invernales la planificación centralizada es necesaria e ineludible.

26 de noviembre de 2011
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El debate con los ecuatorianos

2011-11-23T05:01:00.000-08:00

Lo primero que hay que puntualizar es que las acciones de un Presidente y su gobierno comprometen al país que lo eligió. Esa es la primera consecuencia de una democracia; al votar y elegir se otorga un mandato para que se actúe en representación de toda la Nación. Entonces, las decisiones del Jefe de Estado nos afectan a todos y nos comprometen a todos. Así las cosas, la decisión del expresidente Uribe de aprobar el bombardeo sobre territorio ecuatoriano para dar de baja a ‘Raúl Reyes’ comprometió a la Nación completa.

No es aceptable que Correa pretenda personalizar e individualizar en cabeza de el expresidente Uribe la decisión, o exigirles -como lo pretende el juez de Sucumbíos- a las personas que participaron en la operación Fenix responsabilidad por los hechos. Se trata de un tema nacional y así debe ser tratado; si los ecuatorianos tienen molestias sobre el asunto deben llevar a la Nación colombiana a los estrados internacionales. Los colombianos nos defenderemos; lo cierto es que ‘Raúl Reyes’ -uno de los líderes más importantes de la organización terrorista de las Farc- estaba en Ecuador como quedó demostrado en el operativo. Pese a las denuncias que había hecho nuestro país sobre su presencia, sobre los ataques que se hacían desde la frontera que servía de refugio a ese grupo de terrorismo, no hubo acciones de efectivas del Ecuador. Colombia no podía seguir siendo víctima de la incapacidad de control del Estado ecuatoriano sobre su territorio. Mas aún, en los computadores que se incautaron en esa operación surgieron muchas dudas sobre si esa inacción de la autoridad ecuatoriana era intencional, pues aparecieron evidencias que señalan donaciones de las Farc a la campaña de Correa y amistades cercanas con miembros de su gobierno. Eso también quedó descubierto con el operativo Fénix.

Las impertinencias de Correa y de su Canciller con Uribe son un insulto para Colombia, para su democracia; por eso nuestra Canciller tuvo que exigirles respeto. No debe olvidar Colombia su dignidad y lo que ha significado para este país la muerte de Reyes.

Sobre el problema de los camioneros hay también que hacer algunas precisiones. Ecuador ha amenazado con dejar la CAN por los ataques de los que han sido víctimas los transportadores del vecino país. Por supuesto que son absolutamente inaceptables que se dañen los vehículos y se ataque a sus conductores; las autoridades colombianas tienen que actuar y evitar atropellos. Esa violencia ha desfigurado el problema de fondo. La Canciller colombiana tiene que tener en cuenta lo que está pasando con los transportadores colombianos; tienen razón al estar molestos por la falta de competencia frente a sus colegas ecuatorianos y venezolanos; estos utilizan gasolina subsidiada y pueden ofrecer tarifas menores que les quitan las posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Lo que es más, cuando los transportadores colombianos van al Ecuador o a Venezuela no les venden gasolina y sus viajes no pueden completarse. Además, hay denuncias sobre ataques contra los vehículos colombianos, incluso encarcelamientos de conductores y detención de vehículos colombianos sin razones en los vecinos países.

Las relaciones con los ecuatorianos se están complicando, hacemos votos para que el gobierno no deponga la dignidad y los intereses colombianos sólo para mantener relaciones amistosas con los vecinos. Las relaciones son buenas en la medida en que sean recíprocas y respetuosas; ser amigo para que nos abusen e irrespeten carece de sentido.

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18 de nov de 2011

La reforma a la educación

2011-11-11T05:03:00.000-08:00

La educación superior en Colombia requiere una reforma de fondo; pero no hablamos con seriedad sobre el tema. La reforma del gobierno era inocua; se trataba de un sistema de financiación, con buenas intensiones. La única novedad eran las universidades con ánimo de lucro; todas las críticas que se les hacen son ciertas, con el agravante de que en Colombia desde hace mucho existen universidades de pésima calidad que a pesar de su calificación formal, son empresas que dan réditos a sus dueños.

El informe de Desarrollo Humano del Pnud dice que Colombia es el tercer país más desigual entre los 129 países que se miden; sólo Angola y Haití nos superan. Una manera de solucionar el asunto es implementar mayores programas de asistencia social; aquello da resultados inmediatos pero no es sostenible en el largo plazo. La verdadera solución a la desigualdad es impulsar la movilidad social y mejorar los ingresos de los colombianos, para ello se vuelve imprescindible tener una excelente educación. No sólo profesionales universitarios, sino técnicos de gran nivel con buenos ingresos.

No deben existir farsas en la educación superior. Se supone que miles de estudiantes reciben una formación profesional, pero la calidad es tan baja que al salir al mercado laboral continúan en el desempleo o encuentran cargos con salarios comparables a los de quienes no estudiaron. Hay universidades públicas de altísimo nivel como la Nacional, Valle, Antioquia entre otras; pero a su lado hay otras que son tristes intentos. Las universidades en muchas regiones están politizadas; hay estudiantes que se quedan por años ocupando el cupo de otros jóvenes; unos pocos revoltosos que le alargan las carreras a través de paros a quienes quieren terminar; burocracias ineficientes. El sector privado no se queda atrás, títulos tras una formación deficiente.

El nivel de los profesores podría ser mejor. Hay 111.253 profesores de educación superior en Colombia, de ellos sólo 4.065 tienen doctorado, a pesar de que tenemos el puesto 14 entre los países que más estudiantes de doctorado tienen en Estados Unidos, en una lista liderada por China e India. En número de estudiantes de postgrado colombianos en EE.UU., es el más alto en América Latina. Así las cosas, el país a través de iniciativas como el Icetex y Colfuturo es capaz de formar muchos doctores; lo lógico es que ellos llegaran a ocupar los cargos de docentes en las universidades públicas y privadas, de manera que se viera la inversión que hace el Estado en su formación internamente, pero las universidades no abren espacio para estos jóvenes. Es necesario imprimirle flexibilidad y concursos de méritos a la academia colombiana para mejorar las nóminas y abrir espacios para los estudiosos.

Las marchas fueron, en general, pacíficas y eso hay que celebrarlo. Los estudiantes y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, expresar sus ideas y salir a compartirlas con la comunidad; pero nunca puede aquello degenerar en actos violentos y de destrucción que atenten contra los derechos de los demás ciudadanos. Hubo intentos como el de Piedad Córdoba de tomar vocerías que no le corresponden, y en esto también salieron bien librados los estudiantes que la abuchearon. Ahora bien, el balance para el gobierno no es tan positivo; retiró las universidades con animo de lucro a la primera crítica, y cuando las marchas aumentaron, retiró el proyecto. El gobierno debe presentar sólo reformas por la que esté dispuesto a jugársela, lo contrario denota poca seriedad en la formulación.

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11 de nov de 2011

La oposición de Uribe

2011-11-08T16:11:00.000-08:00

Las declaraciones del expresidente Uribe muestran lo que ya muchos sabían; el uribismo no se siente representado en el gobierno Santos, a pesar de que se suponía -y así lo entendieron las mayorías- que Santos sería el heredero de Uribe.

La lista de los alejamientos es larga: primero, vino el llamado que hiciera el entonces candidato Santos para que los liberales lo acompañaran en la segunda vuelta, ofreciéndole en triunfo a un partido que hasta entonces era de oposición. Siguió la metamorfosis de Santos, que pasó de ser un ministro al que el Presidente le pedía prudencia en sus comentarios sobre Chávez a ser el nuevo mejor amigo. Eso, sin importarle las frescas denuncias sobre los campamentos guerrilleros en Venezuela y, menos aún, las continuas evidencias que al respecto han mostrado los estadounidenses.

Hay, todavía cosas más de fondo; a pesar de la voluntad del gobierno Santos de mantener la política de seguridad democrática, los resultados no son alentadores. Se esperaba una reforma a la Justicia que atendiera el problema de los militares. Sin embargo, el proyecto que cursa en el Congreso no lo soluciona. Por el contrario, los agrava y contribuye a alejar más todavía la justicia del querer democrático. Propende por Cortes que se juzgan entre ellas, que se eligen por cooptación y con poderes para seguir desarrollando un aparato que rompe los sistemas de frenos y contrapesos propios de una democracia.

Lo que es más grave; el gobierno anterior fue enfático en establecer límites para aquellos que habían optado por la violencia como mecanismo político. Con generosidad se les ofrecieron garantías y prebendas que los sacaran del conflicto; pero el gobierno fue enérgico en la necesidad de que perdieran sus derechos políticos y en que hubiera verdad, justicia y reparación. Al contrario, el gobierno Santos custodia una reforma constitucional, donde las guerrillas ya no serán tratadas como los narcoterroristas que son, sino que podrán ser amnistiados y seguir una carrera política.

La reforma recién aprobada por Santos hace crecer al Estado; nuevas agencias, ministerios y más burocracia. Aquello tampoco se compadece con los esfuerzos de Uribe por reducirlo en tamaño y ajustar el aparato burocrático. La expansión estatal significará un detrimento en la salud fiscal nacional, ya amenazada por la difícilmente cuantificable Ley de Víctimas.

A pesar de que hay varios temas adicionales, y de que las diferencias son poderosas, pocos parlamentarios acompañarán al exmandatario. Infortunadamente para Colombia muchos congresistas están comprometidos con el poder, más que con las ideas; más preocupados por garantizar su reelección mediante las vías de la politiquería, que por la reflexión sobre los proyectos que aprueban; prefieren comercializar con sufragios, aunque así acaben con la democracia que usufructúan.

La oposición que puede liderar el expresidente desde la tribuna de su prestigio, se perfila como una buena noticia para el país. Las democracias se fortalecen cuando hay sectores que no comulgan con los mandatarios. El debate de las ideas es necesario para robustecer el análisis y mejorar las propuestas. Este Gobierno lleva un año prácticamente sin oposición, pues los esfuerzos del Polo para cumplir con esta tarea han sido contrarrestados por los escándalos de corrupción que enlodan al partido de izquierda. La llegada de Uribe -si se da- al debate público es saludable para la democracia y puede ayudar a reavivar el debate sobre los temas de la agenda pública.

4 de noviembre de 2011
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Falsos positivos del terrorismo

2011-10-28T16:09:00.000-07:00

La noticia de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo está defraudando el Estado, utilizando los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tan grave, que aún en vísperas electorales he preferido referirme a este asunto.

Dicen los del Colectivo que devolverán el dinero que recibieron; claro que tiene que devolverlo indexado al valor presente; pero no sólo eso, debe haber cárcel para los responsables, incluso retiro de las tarjetas profesionales. La gravedad del hecho no admite nada distinto; las sanciones tienen que ser ejemplarizantes y definitivas; que desalienten cualquier conducta similar, ahora que estamos próximos a la aplicación de la Ley de Víctimas.

La investigación tiene que recaer sobre los miembros del Colectivo de Abogados; pues son ellos los que constituyen los paquetes probatorios, los que deben realizar la investigación y presentar el caso. No pueden hacerle creer a la opinión que ellos son víctimas de gente sencilla, campesinos atormentados por la violencia; y que fueron esos campesinos quienes planearon una defraudación de esa magnitud. Los representantes legales, que elevan los asuntos hasta las causas internacionales no pueden excusarse en que les dijeron mentiras; ¿acaso no investigan?

Es un hecho previsible que en un país pobre sean muchos los que intentan obtener beneficios que no les corresponden. Pasa en las catástrofes naturales; luego de un terremoto, por ejemplo, la gente sin vivienda, se desplaza hasta los sitios afectados para recibir auxilios; así también en el tema de desplazados. Todos lo sabemos, una oficina de abogados dedicada a reclamar también lo sabe. La responsabilidad de los abogados no se limita a la rigidez en la presentación de los casos; en la elaboración de un proceso hay investigación, búsqueda de pruebas, corroboración de hechos, en fin, un trabajo profesional. Al presentarlo frente a la Corte el abogado debe saber más del caso que la víctima. Lo contrario es aceptar que los abogados son sólo una herramienta para escribir cualquier cosa y presentarla sin responsabilidad. Los abogados son estudiados, son quienes conocen, quienes dirigen. ¿Cómo una masacre de 10 personas se vuelve de 50 en manos de los abogados? ¿Cómo, si la Fiscalía colombiana en la misma investigación puede establecer la verdad?

Más aún, la señora Mariela Contreras, que fue indemnizada por la masacre de Mapiripán, perdió a su esposo a manos de los Paras -en otro acto violento- y sus hijos desaparecieron en un municipio cercano, sostiene que son los abogados quienes negociaron con la masacre, y que fueron ellos quienes abusaron de su ignorancia. Es un testimonio desgarrador y triste, donde queda constancia de que el Colectivo de Abogados puede ser la cabeza de el un nuevo carrusel: el de las víctimas.

Este Colectivo de Abogados ha sido señalado muchas veces por su cercanía con el terrorismo; como aliados de las Farc y del ELN. Este mismo Colectivo ha sido vehemente en la persecución de los militares colombianos; los trata de asesinos y delincuentes; son abanderados en la búsqueda de falsos positivos, masacres o hechos de los cuales sea posible deducir responsabilidad para los militares; ¿será todo aquello la estrategia para cerrar ese negocio del que se lucran?

Ya se habla de las defraudaciones en otras masacres y casos. ¿Son estos los falsos positivos del terrorismo, que encierran en la cárcel a los militares colombianos para llenarse los bolsillos de billetes con le roban al Estado?

28 octubre de 2011
http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/falsos-positivos-del-terrorismo

Garzón importado es mejor

2011-10-21T16:06:00.000-07:00

La OEA presentó un informe sobre Justicia y Paz liderado por Baltasar Garzón. El informe no dice nada relevante; está el recordatorio de que en el 2014 quedarán libres la mayoría de los miembros de las AUC, entre ellos los jefes. Eso ya se sabía. Lo novedoso, si algo, es sugerir el cambio de la forma de investigación para buscar la macroestructura del paramilitarismo, donde se le ofrecería principio de oportunidad a políticos y militares que confiesen sus vínculos con esa estructura criminal.

Los beneficios para quienes implican a otros se ha convertido en un fenómeno que desdibuja aún más la Justicia colombiana. Aquello sólo serviría para que la verdad fuera más difusa, pues estas confesiones pagadas con beneficios son, a lo menos, dudosas. Entre otras cosas porque no resulta sorprendente que un delincuente -que se atreve a matar-, mienta para obtener beneficios. Además la Justicia colombiana -invirtiendo los principios del derecho- presume la culpa, y cualquier declaración se convierte en prueba contra los ciudadanos.

El informe es lo que se esperaba: un enfoque externo que desconoce las realidades del país, y que se valora por ese vicio colombiano de apreciar todo lo que es externo. Lo cierto es que tenemos expertos que han estado vinculados a los procesos, que conocen las realidades colombianas y las dificultades intrínsecas a ella, pero los trabajos nacionales son eclipsados por este importado, que tiene además, una falsa vedette.

Garzón no es el gran juez que se le presenta al país. Está suspendido de su cargo por la jurisdicción española, tras haber intentado iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes del franquismo, a pesar de que existe normativa precisa que no lo permite. Pese a toda la polémica en el caso, donde se discute la pertinencia de las normas que impiden estas investigaciones, Garzón quiso violentar los acuerdos que surgieron como parte de una negociación de transición entre los gobiernos; equivaldría a abrir investigaciones contra el M-19 a pesar de que el Estado ya otorgó indulto. En el complejo caso han sido recusados y retirados los magistrados que se encargaban de juzgarlo y hay protestas de varios segmentos de la población, unos en contra y otros a favor.

Garzón está involucrado en un escándalo por la inapropiada cacería que compartiera con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando estaba investigando el ‘caso Gürtel’, una supuesta corrupción del Partido Popular. Tiene además otras dos causas en el Tribunal Superior en su contra; una por el mismo ‘caso Gürtel’, donde el Juez Garzón ordenó interceptaciones de conversaciones ilegales, las cuales fueron anuladas por la Sala Penal, y por lo tanto las pruebas fueron eliminadas del sumario. Aquella ilegalidad en las medidas dio lugar a la segunda suspensión de Garzón. La otra causa en su contra es por prevaricato y cohecho originadas en el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, luego de que el mismo Garzón le enviara una carta a Botín solicitándole los recursos para financiar unos seminarios suyos en la Universidad de Nueva York y el banco se los otorgara. Botín sostiene que aquellos recursos eran para la universidad y no para Garzón.

En este estado de cosas, pontifica Garzón en Colombia, para recordarnos que los colonizadores son siempre más sabios y mejores. Sin importar qué tan investigados o cuestionados estén, les otorgamos el título de infalibles. Con ellos nos sentimos importantes, pues nos dan una falsa idea de aprobación internacional.

21 de octubre de 2011http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/garzon-importado-mejor

A prepararse para el TLC

2011-10-19T04:41:00.000-07:00

La aprobación del TLC con Estados Unidos da un buen prospecto para Colombia. Abre oportunidades de negocios como los biocombustibles, frutas y verduras, cueros, carnes, en fin. Por otro lado, llegarán muchos productos sin arancel que darán nuevas posibilidades a los consumidores. Este nuevo mercado implica retos para los productores colombianos y para los consumidores. Por ejemplo, los cuartos traseros de pollo a precios accesibles son una buena noticia para quienes hoy no tienen el dinero para comprarlos; el número de personas que podrán comer pollo aumentará y eso es positivo. La otra cara de la moneda es el peligro que ello representa para la industria colombiana, que puede sufrir una baja sustantiva en sus ventas y llegar a la quiebra, lo que significaría la perdida de empleos directos e indirectos. Para evitar semejante escenario los consumidores deben tener conciencia nacional y responsabilidad a la hora de comprar.

Cuando un consumidor enfrenta la decisión de compra, no sólo debe atender las razones de precio; cuando puede hacerlo las consideraciones de calidad y en este caso de nacionalidad deben ser evaluadas. Estará en manos de los consumidores colombianos la posibilidad de privilegiar en sus compras los productos del país. Para ello será necesario que los productores distingan sus productos con un sello de nacionalidad, que debe ser un programa abanderado por el Gobierno, que le dé a lo nuestro un valor adicional ante los ojos de los consumidores colombianos, y nos invite a proteger la industria nacional de acuerdo a nuestras posibilidades monetarias. La actitud de los consumidores, de cada uno de nosotros, será una pieza que definirá en gran medida en futuro de muchas de las industrias nacionales.

Por otro lado, están los retos de infraestructura. El agro necesita apoyos decididos, y no amenazas. Las posiciones duales del gobierno sobre la reforma agraria están alejando la inversión del sector, y para poder competir se necesitará mucha. La estabilidad jurídica, junto a los incentivos, es pieza clave. El país tampoco podrá competir si no tiene los mecanismos necesarios para transportar los productos. La llegada y salida de los puertos sigue siendo difícil y costosa. A pesar de las gigantescas inversiones realizadas en el mejoramiento de la vía a Buenaventura su estado es lamentable y empeora con cada invierno. La ruta a los puertos del Caribe también está en malas condiciones y las obras de la Ruta del Sol son lentas. A pesar de los esfuerzos de mejorar las vías, el país tiene un retraso inaceptable. El túnel de La Línea soluciona en parte el asunto, pero deja la vía en el otro sentido sin solución. La ruta por el Huila y el Cauca es fundamental y los reparos regionalistas que se le oponen no pueden afectar el desarrollo nacional. Además conviene incentivar otros tipos de transporte como el ferroviario y el fluvial que le darían al país nuevas alternativas, y abaratan los costos de transporte y los tiempos de entrega.

Ahora bien, hay que considerar de manera prioritaria el cambio de ubicación de la capital administrativa de Colombia. La situación geográfica de Bogotá no favorece el comercio. Hay que subir una cordillera y media para llegar a ella y eso encarece los costos y no facilita los trámites. Colombia necesita una capital administrativa que esté sobre las costas, Caribe o Pacífica, con un gran puerto y todas las autoridades del gobierno ubicadas ahí. Entre otras cosas, eso ayudaría a solventar los problemas de la capital, que está colapsada y cuya expansión amenaza la sostenibilidad de la Sabana.

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prepararse-para-tlc
14 de octubre de 2011

¿Privilegios para los violentos?

2011-10-07T04:43:00.000-07:00

La niña Nohora Valentina fue secuestrada. El país se debate entre la indiferencia surgida de soportar este fenómeno por ya muchos años, y el desconcierto de que se reviva una de las practicas más ruines que haya conocido el terrorismo. Secuestrar es traficar con personas; es venderle a la familia o a la sociedad uno de sus miembros.

Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.

Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.

La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.

Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.

Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.

Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.

La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.

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7 de octubre de 2011

Despojo de tierras

2011-09-30T04:46:00.000-07:00

El despojo de tierras de los campesinos y propietarios agrícolas por parte de grupos violentos es un drama. La gente que vive del campo lo pierde todo; quedan sin casa y sin trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por recobrar el orden y evitar así que los violentos abusen de su poder y roben, saqueen y destruyan las estructuras de la sociedad.

Dicho esto, no parece sensato que las políticas agrarias del país estén contemplando una reforma agraria similar a la que iniciara Carlos Lleras. Se trata de un despojo con características similares: los propietarios que vivían de sus fincas y se dedicaban a ellas fueron presionados para vender. El poder desproporcionado del Estado ejerció de por sí una amenaza. Los funcionarios armados con el discurso de la redistribución trataron a los propietarios como si fueran criminales. Se les puso el despectivo título de ‘terratenientes’ y se los satanizó como si ellos fueran los causantes de los retrasos en el desarrollo y los culpables de la pobreza. Con este argumento de pretendida superioridad moral, esos llamados terratenientes fueron víctimas de una de las gestiones más terribles que ha ejercido el Estado contra los particulares: se les cancelaron sus derechos y prácticamente se les expropió la tierra. Vale recordar que durante el imperio del Incora las tierras fueron pagadas en sumas irrisorias, en bonos que se redimían en cinco años, donde la inflación era tan alta que las últimas cuotas ya no valían nada.

No siendo esto suficiente, algunos beneficiarios de las tierras, muchos de ellos reinsertados y comunidades indígenas decidieron tomar parte activa en la redistribución. Se impuso así la invasión, donde unos pocos iban hasta los potreros, abrían un par de huecos y se aposentaban ahí. La tierra tenía que ser vendida para que su propietario recuperara algo al menos. Los que integraban grupos ilegales -amparados por el discurso estatal de la maldad de los terratenientes- presionaron las ventas con amenazas y asesinatos. Se volvió común oír decir que las viudas venden más barato. Todo eso sólo sirvió para deprimir el agro y destruir las comunidades. Los nuevos propietarios tampoco se volvieron ricos, en muchos casos ni siquiera salieron de la pobreza.

Los propietarios rurales no son monstruos ni tienen la culpa de la pobreza en ninguna medida mayor que la tenemos todos en este país. Hubo finqueros que se vincularon con los grupos ilegales para robar y matar, pero son una minoría. En general, son gente que produce con dedicación y honradez. La tierra en manos de los violentos, los narcotraficantes y los ladrones debe ser recuperada y entregada a sus dueños y a quienes la necesitan; pero los propietarios decentes que trabajan sus predios -sin importar el tamaño- deben ser protegidos y respetados. Tal y como lo son los industriales urbanos, donde la redistribución se limita a impuestos, ninguna empresa urbana, ninguna fortuna urbana ha sido expropiada.

El sector agrario además no es el más productivo del país. Producir en el campo es difícil por la violencia y el clima, y es un sector muy competido, pues es subsidiado en casi todos los países desarrollados, y a veces es más barato importar los productos que producirlos acá. La desigualdad en Colombia no se produce por la distribución de la tierra, sino de la riqueza. Los grandes capitales son industriales y financieros, así que si de redistribuir y superar la desigualdad se trata, habría que poner los ojos sobre las ciudades y sus grandes capitales.

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30 de septiembre de 2011

Galán murió en vano

2011-09-23T04:49:00.000-07:00

“La política es mejor negocio que el narcotráfico”, dijo el detenido Juan Carlos Martínez para explicar que él ya no es narcotraficante.

Es un comentario desolador. Luego de que Pablo Escobar incursionara en la política y fuera inmolado Galán por denunciarlo, y tratar de evitar que la mafia dominara la política, Colombia inició un proceso, que si no se detiene, acabará con la democracia.

No hubo consecuencias significativas del proceso 8.000, y hoy ya abiertamente el hampa pasó de traficar con drogas, asesinar y extorsionar a convertir la política en su nuevo negocio. Llegaron a la política con sus vicios, su mentalidad mafiosa y su estilo de amedrentar, saquear y destruir. Es evidente que la política colombiana está a punto de fenecer bajo la sombra de una nueva calaña de politiqueros que han convertido el Estado en una fuente de recursos para ellos y sus amigos.

La política se transfiguró en un negocio de unos cuantos que invierten gigantescas sumas de dinero en las campañas, y luego exprimen los cargos con maniobras truculentas y tramposas, y no sólo recuperan la inversión, sino que obtienen réditos superlativos. Se sabe cuánto invertir en cada cargo, de acuerdo con lo que se le puede ‘sacar’.

Y es aún más grave que las reformas políticas para fortalecer los partidos se han convertido en mecanismos muy eficientes, para que sólo las grupúsculos ya entronizados puedan acceder a la política. Los ciudadanos que inspirados por una genuina vocación de servicio público, intentan penetrar a la política, son excluidos; quien no hace parte de las estructuras y no va a cumplir con los designios de esas mafias, difícilmente puede llegar a la política, y si lo logra es sólo para hacer parte de un cuerpo, cuya podredumbre lo inutiliza y disuelve.

La descentralización fracasa, no porque la provincia carezca de liderazgos y capacidades, sino porque la mafia se apoderó del quehacer político. La legitimidad democrática se agota. El futuro está amenazado. Es el momento para detener semejante fiesta de perdición. Hay que fortalecer a los partidos para que puedan retirar avales y echar de sus cuerpos a los indeseables. La responsabilidad política debe ser más estricta y severa que la de la ley, y así deben exigirlo los partidos. El que aspire a ejercer funciones públicas no debe estar investigado, menos haber sido sancionado, y más aún, debe estar libre de toda sospecha.

La otra parte del control político deben ejercerla los electores: ser responsables con su derecho al voto. La democracia es el mejor sistema, porque le da a cada ciudadano el mismo valor y le otorga a cada uno el poder de elegir. Pero esa virtud es, al mismo tiempo, su debilidad. Cada uno resuelve cómo o por qué vota. Muchos colombianos han convertido ese derecho en una transacción: reciben desde puestos, promesas de contratos, cemento, dinero, mercados a cambio de su voto y la institucionalidad colombiana está impávida frente al asunto.

No es aceptable que quien vota lo haga por razones mezquinas. No todas las motivaciones para votar son aceptables. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo regular que los votantes no voten por las razones equivocadas? ¿Conviene sancionar con la suspensión del derecho al voto a quienes lo venden?

Tenemos que perseguir a quienes compran votos, pero al mismo tiempo a quienes los venden. Tenemos que extirpar a los corruptos, para lo cual la ley ya se ha probado ineficiente. Hay cosas que las comunidades saben sobre la corrupción y que aún así no se pueden probar. Como ciudadanos tenemos que atender esas señales. No podemos seguir tolerando las trampas que por estar bien hechas, quedan como si no hubiesen ocurrido.

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23 de septiembre de 2011

Majaderías del Congreso

2011-09-16T17:51:00.000-07:00

El Congreso es una de las instituciones más importantes en una democracia. Se trata de una corporación donde están representados, por elección directa, los diferentes intereses, sectores y áreas de la Nación.

Un buen Congreso debería incluir tantos y tan variados aspectos de la vida nacional como fuera posible, para que en las discusiones en torno a cómo debe ser el país, la pluralidad de voces se manifieste y las diversas tendencias puedan dialogar en torno a sus diferencias. Así se pueden generar leyes con alto grado de legitimidad y aceptación, y además, cada sector del país se puede sentir representado y tener la certeza de que su manera de entender el mundo estuvo presente en las discusiones que dan lugar a las normas.

Este sería el ideal: un Congreso representativo y comprometido con los intereses de cada sector que el congresista representa. La realidad colombiana es menos benévola. El Congreso se ha convertido en un mercado de politiqueros, muchos de ellos corruptos, escasos de ideas y pobres de obligaciones. La mayoría de los proyectos legales de alguna envergadura no vienen del seno del legislativo, sino que son presentados por el ejecutivo.

Las causas son evidentes: pocos congresistas cuentan con un cuerpo de asesores con la capacidad de producir reformas legales de alguna valía. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) se han convertido en corbatas para que los congresistas nombren a los proveedores de votos, muchos de los cuales ni siquiera pisan la institución.

Además, los congresistas que leen los proyectos y discuten la pertinencia de las normas son pocos. La mayoría se limita a una negociación burda: votan por un proyecto, para obtener apoyo para otro en el que tienen algún interés, y los peores buscan prebendas con el Ejecutivo. Hace unos años era una manera de obtener puestos para los militantes de los movimientos políticos que aspiraban hacer parte de la burocracia. Hoy en día algunos congresistas tienen testaferros o hacen de esos cargos un negocio personal: reciben ingresos de esos nombramientos, reparten contratos y obtienen nuevos puestos.

Por eso no sorprende que las grandes propuestas del Congreso sean las que son. Juan Manuel Corzo revivió un subsidio para la gasolina, porque según él, los $16 millones que se gana no le alcanzan para tanquear dos carros.

Es vergonzoso que un presidente del Congreso esté preocupado por esas nimiedades en un país con tantas necesidades insatisfechas, en un país que adolece de problemas tan serios como los que tiene Colombia. Eso muestra una desconexión entre los congresistas y el pueblo colombiano. No están vinculados a él, ni representan sus carencias y deseos. Son agentes particulares que utilizan la democracia para obtener poder en su propio beneficio. Por eso la política se convirtió en un negocio, ya que se invierten gigantescas sumas de dinero que sólo son explicables si se llega a la corporación para recuperarlas.

Colombia tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el Congreso. No se trata de nuevas leyes, ni de modificaciones sustanciales a las existentes. El cambio debe producirse en el electorado. No es aceptable que los colombianos sigan votando por bultos de cemento, mercados, ventiladores o dinero en efectivo. No es aceptable que las mafias de la “política como inversión” se apoderen de la democracia. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar el electorado, castigar a los vendedores de votos, a los que votan sin darle a ese derecho la significación que se merece. Tal vez así, podamos mejorar el Congreso que es un producto de la falta de responsabilidad de los electores.

Septiembre 16 de 2011 - 18:18
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Ballenas, ¿están protegidas?

2011-09-09T17:48:00.000-07:00

Colombia acaba de unirse a la Comisión Internacional de Ballenas, IWC. La organización fundada en 1946 pretende conservar las ballenas para las generaciones futuras, y para mantener las poblaciones regula su caza y comercio.

Fue una medida necesaria. Para finales de 1930 cerca de 50 mil ballenas eran asesinadas anualmente, y se prevía entonces la extinción de los grandes mamíferos. La vinculación de nuestro país a este organismo es resultado, seguramente, de que las visitas de las jorobadas al Pacifico colombiano nos han ido mostrando su significación y se han convertido en un importante atractivo turístico.

Sin la IWC seguramente no tendríamos estas visitas. En el Siglo XX más de 200 mil jorobadas fueron cazadas y la población se redujo al 10%; desde 1966 está prohibida su caza. Pero no sólo las jorobadas son protegidas; en 1982 se decretó una pausa en la caza comercial de ballenas para prevenir su desaparición. La prohibición sigue vigente, pero existen países con arraigadas tradiciones culturales y alimenticias que siguen cazando y consumiendo las ballenas y presionan cada vez más para que la cacería regulada sea permitida; entre ellos Japón, Islandia y Noruega. Las mayorías en la organización han impedido que el veto se levante, pero el escenario es cada vez más complejo.

El Sunday Times de Londres reveló que Japón compra los votos de delegados de países pequeños -caribeños y africanos. En la reunión de julio de este año, la IWC impuso una norma según la cual los gobierno sólo podrán pagar aportes a la organización mediante transferencias que provengan de cuentas del propio gobierno, esto para evitar una práctica mediante la cual Japón pagaba en efectivo las sumas que esos países debían para garantizar que pudieran votar de acuerdo a los lineamientos japoneses. Además, hoy en día Japón mata unas 1.000 ballenas al año con un permiso de investigación científica que la misma IWC le otorgó. Para muchos se trata de un disfraz para mantener la caza de ballenas, pues la carne de los animales termina en los restaurantes japoneses –y eso que la carne no es apta para el consumo humano por sus altas concentraciones mercurio. Los investigadores orientales sostienen que una vez dado de baja el animal -con propósitos científicos- no vale la pena desperdiciar la carne; cuya venta ayuda a financiar las investigaciones.

Islandia, por su parte, simplemente rompió los límites, desde el 2006 ha matado casi 500 -tres veces más de lo permitido- y más de la mitad son de la amenazada especie de ballenas de aleta, las segundas más grandes del mundo: 80 toneladas cada una. Se trata de un negocio muy lucrativo; la empresa Hvalur que vende la carne al Japón tuvo ingresos por 17 millones de dólares en dos años. La Secretaria de Comercio estadounidense pidió sanciones comerciales para Islandia por desobedecer las restricciones de la IWC, el plazo para que se conozca la decisión de Obama está terminando.

EE.UU. ha sido firme en sancionar el cumplimiento de los pactos; la veda de 1982 fue aceptada por Japón y Perú gracias a las presiones norteamericanas. Pero la situación de los aborígenes esquimales de Alaska puede estar cambiando la postura de los gringos. La IWC fue respetuosa de las tradiciones aborígenes de subsistencia; así los esquimales tienen una cuota para cazar ballenas que su gobierno ha señalado como insuficiente, pues las poblaciones no tienen otras fuentes de alimentación. La IWC se ha negado a aumentarla comprometiendo significativamente la capacidad de subsistencia de esas poblaciones aborígenes. Así las cosas, los balances de la ecuación siguen sin definirse.

Septiembre 09 de 2011 - 18:33
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El nuevo Ministro de Defensa

2011-09-02T17:46:00.000-07:00

El nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo Ministro de Defensa cayó bien. Se trata de un funcionario probo e inteligente.
Conoce las fuerzas militares, pues como viceministro de Defensa de Santos destacó en varia áreas. Fue Pinzón quien terminó de unificar la central de compras de las Fuerzas Armadas, y fue efectivo en la planeación del recurso extraordinario. Consolidó el grupo empresarial de seguridad y defensa –Gesd- donde se agruparon las 18 empresas del sector en un holding -tal vez de los más grandes del país- para ser administradas con criterios empresariales.

El nuevo Ministro viene de padre militar que llegó a ser Coronel de la República, y está casado con una hija de militar. Ello le da una honda comprensión de las Fuerzas, y a los militares la certeza de que se trata de un hombre con las cualidades para ocupar este cargo, pues empatiza con su función y estructura.

Los desafíos que enfrenta son variados y difíciles. Debe restablecer una línea de mando, diluida la existencia en la Presidencia de la República de los Altos Consejeros. En casi todos los sectores, la interacción entre Ministros y los Altos Consejeros ha causado enfrentamientos y desbalances. El aparato institucional sigue sin saber cómo integrar las dos figuras en la estructura jerárquica. Se dice que el saliente ministro Rivera no logró solucionar las tensiones con el alto consejero Jaramillo y eso afectó su liderazgo; las órdenes salían de dos cabezas y a veces eran contradictorias. Esto no será un problema para Pinzón quien goza de confianza con el presidente Santos.

Tiene además que atender la llamada guerra jurídica. Muchos militares sienten que hay una persecución por parte de entidades que se hacen pasar como defensoras de los derechos humanos, pero que en realidad son una línea de acción más de la guerra que enfrenta el país. La moral de las Fuerzas parece afectada; para muchos se ha vuelto más seguro cesar las acciones, pues aquel que las emprende termina ‘empapelado’. La depuración del Ejército es fundamental, pero paralelamente debe haber un fortalecimiento de la justicia penal militar y la organización de la defensa de los militares, pues tampoco es admisible que la Justicia arrincone a los hombres que cumplen con su deber.

El negocio de las drogas sigue siendo el motor que financia la guerra; esa guerra por las zonas inhóspitas donde se cultiva no da tregua. Pinzón tendrá que seguir trabajando para que la sociedad civil entienda que el Ejército es de Colombia, de todos los colombianos. La sociedad civil no es un actor neutro en el conflicto. La guerra se da contra el orden democrático que representamos y el Ejército combate en la defensa de esa sociedad civil que somos. Sobreviene un esfuerzo de socialización con aquellos que hoy sienten al Ejército como un agente más del conflicto, en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades indígenas que aún se resienten con la presencia estatal.

Los esfuerzos del gobierno anterior se concentraron en restablecer el orden y la falla de este gobierno en esa materia ha sido notoria. El orden y el control del territorio por parte del Estado son el primer paso para que el monopolio de la fuerza resida sólo en manos del Estado. Sólo así las otras funciones estatales se pueden llevar a cabo y tienen sentido. Este país florecerá si sus ciudadanos garantizan su vida y su tranquilidad. La seguridad permite el crecimiento económico, el aumento del empleo, mejora la calidad de vida. Sólo hay progreso en las regiones cuando profesores, médicos, empresas y ciudadanos no tienen que dejarlas para proteger sus vidas.

Septiembre 02 de 2011 - 18:36
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¿Qué es ser pobre?

2011-08-26T17:44:00.000-07:00

“Si no me lo preguntan, lo sé; pero si me lo preguntan, no sé explicarlo”, decía San Agustín sobre el tiempo, y tal vez el comentario es útil para referirse a la pobreza. Todos sabemos qué es ser pobre, pero si hay que explicarlo las respuestas se limitan, se complican y no coinciden. Para elaborar políticas públicas que pretenden erradicar la pobreza, lo primero es tener una noción sobre qué es ser pobre. Sin eso la acción estatal es inconducente. La nueva metodología que presentó el Gobierno Nacional sobre la pobreza está dando pautas; fueron elegidas cinco dimensiones que cobijan 15 variables que definen lo que es ser pobre en Colombia; entre otras: informalidad, desempleo de larga duración, no aseguramiento en salud, no acceso a agua mejorada, bajo nivel educativo…

Si entendemos ‘pobre’ como aquel que le faltan al menos 5 de los 15 parámetros, tenemos que en Colombia la pobreza está en el 30,7%; una cifra que ha venido disminuyendo, pues en 1997 era de 59,9% y en el 2003, de 48,8%. Aún así, seguimos rezagados en la eliminación de la pobreza rural. El hecho se explica porque la mayor parte de la población está en las ciudades y las políticas públicas han sido diseñadas para atender esas necesidades. El campo colombiano permanece desatendido, las políticas para ese sector han sido escasas y no hay estudios suficientes para entender la situación de los habitantes rurales pobres y responder adecuadamente a sus requerimientos.

Observando el mapa de la incidencia de la pobreza rural que diseñó el DNP lo que resulta más interesante es el dibujo del modelo centralista que caracteriza al país. La pobreza es menor en la medida en que se esté cerca de Bogotá; con contadas excepciones, la pobreza aumenta a medida que se expande el mapa del centro hacia fuera. Es sorprende que el centralismo sea evidente -en colores- hasta en un mapa. Aquello pone de presente la necesidad de profundizar la descentralización y atender a las regiones apartadas. Muchas de estas zonas, como los Llanos, el Pacífico y la Amazonia, tienen poca población. Ello explica que el Estado no les haya dado prioridad. Hay también departamentos muy habitados en el sur occidente como Nariño y Cauca. Es necesario que el país torne su mirada hacia las periferias, y atienda esos ciudadanos que -muchos o pocos- también son colombianos.

La otra aproximación a la pobreza es la que analiza a los hogares por ingresos. Se considera que alguien es pobre cuando tiene menos de $177 mil pesos para vivir al mes en el sector urbano y $106 mil en el sector rural. Así las cosas, en la ciudad un salario mínimo alcanza para una familia de tres miembros; mientras que en el campo da para cinco personas. Vista la pobreza desde el aspecto monetario -que hoy es de 37,2%- vemos que para el período 2002-2010 la pobreza se redujo en 12 puntos y la pobreza extrema en 5,2 puntos. Es evidente que aún nos falta, pero que se está cumpliendo la tarea. Venezuela, que en los últimos 12 años invirtió las gigantescas rentas petroleras –que Colombia no tiene-, se configuró con un sistema socialista y tiene una población pequeña (28 millones, mientras que Colombia tiene 45 millones). Allá se redujo la pobreza tan sólo 5 puntos más que en nuestro país.

El camino es largo. Persiste una desigualdad que aún en el contexto latinoamericano es alta. Es aún más difícil diseñar estrategias para combatir la pobreza. El mejor antídoto es el empleo formal, pero no es fácil generarlo. Mientras tanto los programas de asistencia social se convierten en una herramienta poderosa. El establecimiento de estos 15 parámetros plantea retos concretos para cada uno de los ministerios y enfoca inequívocamente las acciones estatales. La meta propuesta por el gobierno es que tengamos la pobreza en 22% hacia 2014.

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Agosto 26 de 2011 - 20:15

La versión de Uribe

2011-08-19T15:34:00.000-07:00

Finalmente Uribe rindió su versión libre, diligencia fundamental para demostrar su inocencia en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Como es característico en el expresidente, habló de manera clara y enfática, sin dejar sombras ni sospechas. La versión libre fue lo que debe ser: un momento para que quien ha sido señalado pueda presentar él solo y de manera espontánea los hechos. No es un interrogatorio de parte, ni es una indagatoria.

Pero, las ‘víctimas’ sostienen que se violentan sus derechos al no permitirles interrogar a Uribe. Vale recordar que en la audiencia pasada fue Uribe quien estuvo privado de la palabra y el ejercicio consistió en una serie de agravios y acusaciones contra él que no pudieron ser siquiera respondidos.

Las víctimas han impetrado una tutela ante la Corte Suprema para pedir la anulación de la diligencia y hacer otra en la que ellos estén facultados a la interpelación. El asunto nos devuelve al debate sobre la pertinencia de las tutelas y el órgano que debiera ser competente para conocerlas.

La tutela, a pesar de ser un mecanismo que ha causado muchos traumatismos en la estructura judicial -rompió las jerarquías y revolvió el aparato institucional-, ha mostrado resultados efectivos ante la necesidad de justicia.
En medio de la estructura, los trámites, las leyes, los procedimientos; la rama jurisdiccional colombiana parecía haber dejado de lado la consideración elemental por los derechos de los ciudadanos y la obligación de que en medio de los procesos de formas kafkianas prevalezcan los principios. La tutela envió el mensaje de que lo importante es la justicia y no la forma; jerarquía necesaria para que los ciudadanos se integren al Estado de Derecho.

A pesar de las virtudes del mecanismo, muchos han sido sus defectos. Basta recordar que en el sistema de salud impetrar una tutela para ciertos tratamientos se convirtió en un obligación de los pacientes, congestionó el sistema y demeritó el instrumento. Así mismo, la tutela ante jueces de menor jerarquía para impedir las decisiones de aquellos de mayor, dio para todo tipo de atropellos. La corrupción tuvo cabida y muchas tutelas fueron vendidas para evitar sanciones y condenas ajustadas a la Ley. Tal vez el tema más controvertido es el de las tutelas contra las providencias de las altas cortes. Aquello desdibujó la última instancia.

La reforma que propone el Consejo de Estado según la cual cada una de las altas cortes debe ser la última instancia en materia constitucional, en cada área, es equivalente a decir que no habrá supremacía constitucional. La idea de una Corte Constitucional es precisamente que exista una voz que dé una sola y coherente lectura de la carta. Una Constitución, por su naturaleza misma, es un cuerpo abierto a la interpretación, se trata de principios generales cuyo desarrollo e implementación requieren un ejercicio hermenéutica. Si hay varios órganos interpretando habrá tantas variaciones como intérpretes.

Ahora bien, la Corte Suprema y el Consejo de Estado no quieren que la Corte Constitucional tenga la última palabra; ello debilita el poder de sus fallos. Visto el asunto desde el contexto nacional es evidente la necesidad de que sea un ente el único con facultades para fallar en términos constitucionales. El resto del aparato debe seguir esos lineamientos. Ahora bien, las tutelas contra fallos de las Cortes debe ser limitadas y bien demarcadas, pero la única instancia constitucional, debe ser la Corte a la que la Constitución le da su nombre.

Nota: ¿Puede la Corte Suprema, que ha tenido un enfrentamiento personal y directo con Uribe, que todo el país conoce, resolver asuntos sobre su proceso; o deben sus magistrados declararse impedidos?

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El negocio de la paz

2011-08-12T15:36:00.000-07:00

Al parecer el país se alista para un diálogo de paz con los grupos terroristas de las Farc y el ELN. Así lo indican dos hechos: la petición de Piedad Córdoba al solicitar la liberación de los “capturados” y la reforma constitucional que se presentará al Congreso para que el Estado y el Presidente tengan las herramientas para adelantar negociaciones de paz.

Negociar para salir de los conflictos es lo ideal. Evitar la violencia innecesaria debe ser siempre el principio. La cuestión es más de fondo, ¿qué tanto está dispuesto el país a ceder por la paz? Y ¿cuándo resulta más favorable para la sociedad la negociación y no la utilización de la fuerza contra los violentos?
No es fácil contestar las preguntas que Colombia tiene que enfrentar. No pretendo hacerlo, sólo plantearlas en una dimensión parcial, para que cada lector las evalúe.

Negociar es llegar a acuerdos y las soluciones donde ambas partes quedan satisfechas requieren cesiones. El país ha optado siempre por ceder mucho ante los violentos: programas de reinserción con ayudas en tierras, ingresos, capacitación; capitulaciones políticas, nombramientos e incluso el orden constitucional.

El Frente Nacional es el único experimento para contener la violencia política donde la idea no se limitó a cederle a los violentos. Entonces la búsqueda del poder generaba los enfrentamientos, la violencia se ejercía sin misericordia y los liberales y conservadores se mataban unos a otros. Los líderes de la época no fueron inferiores al desafío y lograron un acuerdo entre esos dos partidos para que las presidencias fueran conjuntas; un periodo para los liberales y otro para los conservadores. Muchos han malinterpretado el Frente Nacional aduciendo que era excluyente y dejaba a las demás fuerzas por fuera; eso no es cierto. Otros segmentos políticos –muy insignificantes entonces en el escenario- se podían presentar y se presentaban a las elecciones: el MRL y disidencias de ambos partidos. Se trataba de cesar la contienda violenta entre los dos partidos y eso se consiguió.

Colombia ha sido infatigable en su esfuerzo por acabar la violencia política a través de concesiones. Múltiples han sido las negociaciones con los violentos y la sociedad las ha entregado con generosidad. En la negociación con el M-19, por ejemplo, el entonces presidente Gaviria les concedió un indulto definitivo y los hizo parte de una constituyente. La Constitución de 1991 es fruto de ese acuerdo y a pesar de que fue elegida con un número minúsculo de votos, hoy nos rige. Pese a ello, con cada intento, la violencia toma nuevas formas y nombres.
La violencia política persiste. No hemos logrado extirparla.

Lo que esto muestra es que muchos colombianos siguen pensando que la violencia es un mecanismo político eficaz.
La historia sigue dándole a muchos la impresión de que el camino violento es conducente. Ello tal vez se explica porque el final de los violentos no ha sido congruente con el mal que han hecho. El M-19, después de acribillar la Rama Jurisdiccional en la toma del Palacio de Justicia, recibió premios que difícilmente sus miembros habrían alcanzado desde una carrera política. En muchos pueblos de Colombia los reinsertados reciben ayudas que no le llegan al campesinado honesto y pacífico. Ello puede tergiversar el mensaje.

La negociación con los paramilitares es la única que deja la impresión de que a los violentos les va mal. Ese es uno de los resultados más importantes que se logró. Estamos ahí, por primera vez; eso nos obliga a reflexionar sobre el largo plazo, sobre las generaciones venideras. ¿Hasta cuándo y cuánto más podemos ceder?

Ya sabemos que la violencia no tiene justificación, ¿cómo hacérselo entender a quienes persisten en ese camino?

12 de agosto 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/negocio-paz

Álvaro Pío Valencia

2011-08-08T11:05:00.000-07:00

Se conmemora el centenario del nacimiento de Álvaro Pío Valencia, personaje que merece destacarse por su trayectoria como humanista de izquierda y sobre todo por haber sido uno de los seres humanos más extraordinarios que ha dado Popayán; desprendido, generoso, sencillo y sabio. Fue pionero en el pensamiento marxista en el país, rector de la Universidad Santiago de Cali, profesor de varias universidades y gestor de muchas causas populares como cooperativas, barrios y representó a sus electores en el Consejo de Popayán.

El era un marxista convencido de que el mundo puede y debe ser mejor. Su búsqueda por la justicia social y el reconocimiento de las necesidades y los derechos de los más pobres fueron el motor de su existencia. Como maestro siempre inculcó a sus alumnos un imperioso compromiso con la lucha por la justicia, con la exigencia del cambio: “El reajuste moral de un pueblo sólo puede hacerse sobre el afianzamiento de sus altos ideales y el desenvolvimiento del sentido natural ante la vida. Es preciso eliminar el artificio de costumbres equivocadas que atan las voluntades y aprisionan a los grupos humanos produciendo fracaso y catástrofe… nada puede esperarse de pueblos acobardados por la practica de la conformidad y el renunciamiento. El hombre debe exigir a la vida cuanto ella puede dar bajo el impulso de su brazo creador”.

Pero fue un hombre de paz, un luchador del ideal que jamás confundió la necesidad del cambio con una excusa para ejercer violencia: “El ideal comunista nos impide asesinar. Defendemos la vida contra todas las fuerzas que se le oponen. Se castiga el delito y la traición pero de frente, con juicio previo y pruebas. Condenamos la anarquía… El sistema de Bakunin quedó condenado por la Internacional Comunista, desde el momento en que apareció y fue sancionado siempre por Lenin y Stalin como forma inaceptable de lucha. La anarquía no es comunista… es anticomunista y sólo sirve a los tiranos para afianzarse en el poder”.

Valencia siempre tuvo la postura del héroe que es capaz de morir por su causa, pero que fiel a sus ideales jamás aceptó la fuerza como mecanismo de persuasión: “Tengo para mí que el sentido heroico de la vida es el único capaz de hacer grandes a los pueblos. No hay que confundir el valor de matar con el valor de morir. El crimen es una demostración palpable de acercamiento a la bestia. El golpe taimado, la eliminación del adversario por la espalda, demuestran la necesidad de ideales, de heroísmo. Del duelo al asalto hay un abismo insalvable. Es necesario ser verdaderamente hombre para ser heroico”.

Las lecciones de Valencia siguen siendo valiosas, pues todavía hay quienes en esta atormentada tierra promulgan la infamia de que existen ideales que justifican la violencia como mecanismo. La fuerza es sólo de quien no tiene ideas y no es capaz de el heroísmo que los grandes cambios requieren: Gandhi y Mandela, son prueba de que la resistencia pacífica, la capacidad de sacrificio son los elementos que las transformaciones sociales atienden. La violencia es de los débiles que no entienden que los mundos mejores no los son, si no se ajustan también los mecanismos mediante los que se construyen.

Creo que no hay ninguna frase que defina a Valencia, como la suya propia sobre el Quijote: “Sólo su fe jamás abatida ni vencida lo hizo cantar el himno de la grandeza soñadora, su heroísmo estuvo en el silencio en que quiso envolver sus íntimos dolores; y su triunfo en el homenaje universal que canceló más tarde la gran deuda con el vencedor de tantas lides”.

5 de agosto de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/paloma-valencia-laserna/alvaro-pio-valencia

¿Ollanta por el centro?

2011-07-29T11:04:00.000-07:00

En su discurso de posesión Ollanta Humala habló de incluir en el desarrollo del Perú a todos los ciudadanos. A pesar del crecimiento del PIB -que en promedio ha sido de un 5% durante los últimos 10 años-, una tercera parte de los peruanos son pobres y de éstos la gran mayoría son indígenas. El nuevo mandatario expresó su deseo de acercar el Estado a las regiones; vale recordar que la violencia guerrillera de ese país fue cruenta con los más pobres y que fueron los indígena los más atormentados por la guerra. El Estado fue indiferente al principio y luego actuó sin tenerlos en cuenta.

Nadie discute la necesidad de avanzar por los senderos de la integración social y la reducción de la pobreza. Esta es una meta colectiva mundial, y el reto más evidente del desarrollo moderno. La pregunta sobre cómo superar la pobreza ocupa gran parte del debate teórico y práctico, sin embargo no hay una receta para hacerlo.

El nuevo presidente no dijo cuál será su fórmula para esta transformación, pero se mueve entre el modelo chavista (que el candidato parece haber dejado atrás desde la derrota en las elecciones anteriores) y el de los brasileños. En el discurso y durante su campaña enfatizó la necesidad de aumentar el salario mínimo; de US$215 que vale hoy, hasta US$270. Habló de pensiones para ancianos pobres, nutrición para los niños, mejora de la educación -rezagada según los promedios suramericanos- salud, créditos para el agro y los más pobres.

Ahora bien, lo que preocupó fue la mención de la Constitución de 1979, derogada y reemplazada bajo el mandato de Fujimori por la Constitución de 1993. Ambas son muy parecidas, pero se distinguen sobretodo en el capítulo económico. La vigente protege una economía más liberal, en tanto que la anterior aboga por un Estado con mayor agencia en materia económica.

Sobre los contratos de las grandes explotaciones mineras Humala dijo que los respetaría, pero que los renegociaría. Hizo un llamado para que las mineras se conviertan en un instrumento de integración social, ya que ha sido una fuente de riqueza ambigua, aumenta los ingresos del Estado y crece el PIB, pero empobrece a las regiones donde se realiza; los pobladores reciben pocos beneficios y el medio ambiente sufre daños irreparables.

El tema de la redistribución requiere una reforma impositiva, que permita extraer de los más ricos mayores ingresos con los cuales beneficiar a los más pobres. Aquello que parece sencillo, tampoco lo es. En las economías globalizadas, un exceso de impuestos puede causar la salida de los capitales y de las empresas internacionales. Eso que para muchos suena a nacionalismo, se convierte en un arma peligrosa, pues la capacidad interna puede ser insuficiente y sucede lo que en Venezuela, donde el petróleo empieza a ser subexplotado y los ingresos disminuyen.

El discurso planteó una vía de centro, que mantenga el respeto por la economía de mercado y el crecimiento económico, pero al mismo tiempo, un Estado comprometido con la descentralización, la redistribución y la inclusión. Aquello que parece la fórmula perfecta es algo vacía e implica un camino que sólo se conocerá sobre la marcha.

29 de julio de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ollanta-por-centro

Santos multicolor

2011-07-22T11:02:00.000-07:00

La llegada de los Verdes a la Unidad Nacional era de esperarse. Hace poco Lucho le envió una carta a Santos en la que ese Partido se ponía en una posición sumisa ante el primer mandatario. Me refiero al documento mediante el cual Lucho alabó las declaraciones de Santos sobre la mano negra; con las que pretenden satanizar la oposición -la única que hay- que corresponde a sectores uribistas que no se sienten representados en este gobierno. Las declaraciones de Santos comparando la oposición de derecha con los terroristas de las Farc demostró algo que ya era evidente para muchos: Santos no tolera la oposición y ha hecho todo para limitarla: absorberla, mantener un lenguaje impreciso que no es susceptible de crítica e incluso demeritar a quienes no lo siguen.

El fenómeno de Unidad Nacional ha logrado la desaparición casi total de la oposición, lo que puede ser peligroso para la democracia y costoso para el país. La idea de que la unidad es buena es falaz; la democracia funciona cuando el Gobierno tiene oposición, las instituciones están diseñadas para el debate, el control político es necesario, los contrapesos al Presidente sólo existen cuando se fortalecen quienes no lo respaldan. El silencio en la política actual no es un síntoma de que nada esté pasando: todo sucede pero calladamente; no nos damos cuenta. ¿Qué pasó con Piedad y sus intentos por las liberaciones? ¿O es que los secuestrados en este gobierno ya no son importantes? ¿Qué pasó con la beligerante izquierda que todo lo criticaba? ¿Todo se arregló de un momento a otro?

La ambigüedad de Santos donde todos caben debilitó la identidad de los partidos. Frágiles sucumben ante los beneficios que otorga el hacer parte del Gobierno. Los vicios clientelistas pueden saciarse, pues con independencia al juicio moral que se haga sobre su pertinencia, esa es la manera como se hace y se ha hecho la política. El gobierno también da prestigio, pues mientras el Presidente mantiene unos índices de popularidad altos, la cercanía da la impresión de sintonía con la opinión pública. Además, vienen las elecciones regionales y si bien el Gobierno no participa en ellas, hacer parte de él, fortalece a los candidatos pues la ciudadanía los identifica como respaldados.

Tras todo eso fueron los verdes, pues en política no hay -ni debe haber- alianzas sin estrategia. Un partido no se une a un gobierno por mera admiración; la política tiene que ser más que eso; una ideología que intenta llegar al poder. Lo que pasa es que en estos últimos meses los verdes han dejado claro que no son viables como partido. No hay una ideología definida. Los vínculos internos son tan endebles que Mockus en desacuerdo con las mayorías se fue. Lucho se plegó a Santos a pesar de que muchos miembros no comparten la decisión y se quejan de la falta de discusión al respeto. Peñalosa está sólo empecinado en su candidatura y le apuesta a lo que pueda hacerla más fuerte. Fajardo se entera de las decisiones por los medios masivos de comunicación.

Todo esto no le augura mucho futuro al Partido Verde, pero muestra que en Colombia las reformas para fortalecer los partidos han sido inútiles. Los colombianos seguimos comprometidos con los liderazgos personalistas, y esas figuras sólo necesitan partido porque la ley así lo exige. Se crean esperpentos que no tienen solidez y que sólo confunden el escenario político. Habría que volver a pensar si la Ley es capaz de transformar una nación, o si más bien la Ley debería regular los fenómenos que existen, aceptarlos y entenderlos, para hacerlos funcionales.
22 de julio de 2011

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-multicolor

Reformas

2011-07-15T11:09:00.000-07:00

El gobierno Santos ha sido extremadamente eficiente en la aprobación de normas; la mayoría versa sobre temas fundamentales de la actualidad colombiana. El ministro Vargas Lleras manejó acertadamente el Congreso y su éxito en términos de resultados es incuestionable. El Congreso fue eficiente; el bloque normativo pasó sin resistencia.

Ahora bien, el contenido de los textos -voluminosos y complejos- es poco conocido por la opinión pública; la falta de oposición dejó a la ciudadanía sin la oportunidad de conocer los detalles específicos de la nueva normativa y oír las posiciones de quienes no están de acuerdo. Salvo la ley de víctimas y restitución tierras, donde algunos críticos en los medios de comunicación -y más escasos en el Legislativo- señalaron el problema fiscal que puede acarrear esta ley.

El argumento es que es inviable financieramente; el Estado no tiene recursos de superávit, así que la implementación de la ley requiere más impuestos o el recorte presupuestal de otras áreas. A ello se le suma la imposibilidad de conocer su costo total. El articulado es ambiguo, de manera que no hay limitaciones claras. Por ejemplo, no se dijo cuántos familiares de una víctima pueden optar por la reparación; eso daría para que prácticamente todos los colombianos podamos acceder a esas ayudas. Además son víctimas -según la ley- quienes hayan sufrido menoscabo en sus derechos a partir del 1 de enero de 1985. Esta fecha arbitraria y sin razón para ser sostenida, será seguramente derogada por las Cortes, que evidenciarán que aquel parámetro no respeta la igualdad de los ciudadanos, pues no representa ningún hito o cambio en la historia de la violencia en Colombia.

La reforma política, a pesar de solventar asuntos importantes, no representa un avance significativo en la comprensión del fenómeno de la debilidad partidista colombiana. Se limita a cerrar los huecos que había dejado la ley anterior y endurecer penas para que ‘lo deseable’ ocurra. No resolvió el problema fundamental de las disidencias, que son la barrera más difícil de solventar en la política actual. Una norma que reconociera la posibilidad de avalar dos candidatos para las elecciones unipersonales (presidente, alcalde, gobernador) cuando en las consultas el candidato perdedor alcance el 40% de los votos, hubiera flexibilizado la estructura de los partidos y reconocido la representatividad de las minorías representativas. Por ejemplo, Mockus, en el Partido Verde, hubiera tenido la opción de competir contra los candidatos ganadores y abrir el debate para que se resolviera en la contienda electoral.

Viene ahora la reforma a la Justicia. Se trata del pilar fundacional del Estado; la renuncia a la justicia por mano propia, supone no sólo que el monopolio de la fuerza lo ostente el aparato institucional, sino que además éste sea capaz de resolver los conflictos entre los asociados. La percepción ciudadana sobre la Justicia no es la mejor; se habla de politización, de persecuciones, de corrupción y de ineficiencia. Es prioritario solidificar esta rama del poder, sólo así es posible consolidarnos como una nación democrática y pacífica.

La estructura de la rama requiere una transformación que la sintonice con los principios del Estado democrático: deben existir sistemas de frenos y contrapesos que la regulen, y una vinculación con el poder democrático que ostenta el pueblo. Por eso sorprende que la discusión esté limitada a temas irrelevantes como la edad de retiro forzoso de los magistrados y las exigencias de un régimen especial de pensiones.

15 de julio de 2011
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Chávez y su enfermedad

2011-07-08T20:29:00.000-07:00

Mientras Chávez estuvo desaparecido, su hermano Adán dijo que el proyecto revolucionario ha venido por caminos electorales, pero que si éstos fallasen: “No podemos olvidar como auténticos revolucionarios otros métodos de lucha”. La invitación a mantener la revolución por la fuerza o cualquier otro medio, hace eco en quienes consideran que la enfermedad del vecino es una farsa para sensibilizar a los electores y estimular su victoria en las elecciones venideras. Los medios han calificado la situación como terminal y la balanza no se define entre el cáncer de próstata y el de colon.

Todos estamos sorprendidos. La presencia permanente y omnipresente del mandatario contrastó con este fenómeno de debilidad y delgadez. El secreto en torno a la enfermedad da para pensar que Chávez no tiene un plan si él llegara a faltar. Su muerte podría generar un caos en Venezuela. No se sabe quién podría reemplazarlo y la beligerancia de sus seguidores hace pensar que la transición hacia un gobierno de oposición podría ser violenta o al menos muy difícil.

La autoridad electoral todavía no ha informado la fecha ni la modalidad de las elecciones, pero se espera que sea un gran evento para elegir presidente, alcaldes y gobernadores. Pero el asunto no es fácil. En este contexto es interesante que el mandatario haya dicho hace un par de días: “Aquí no habrá ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario”. Lo cierto es que el regreso de Chávez está marcado por la presión de las elecciones del próximo año; si gana completaría 20 años de gobierno.

La oposición venezolana no logra unificarse, pues el Gobierno ha sido efectivo en impedir que liderazgos importantes se consoliden. Alejando Pérez Esclusa fue detenido hace un año y aún así su proceso no se ha iniciado, y según las denuncias del arzobispo Pérez Morales –quien pidió casa por cárcel- tiene un cáncer de próstata que no es debidamente atendido. Otra figura clave de la oposición, Manuel Rosales, quien fuera alcalde y gobernador, salió asilado hacia Perú por lo que muchos consideraban una persecución política. Se rumora del regreso de Rosales quien sería un fuerte candidato para enfrentar a Chávez. La sensación de persecución por el régimen es creciente. En una década de gobierno de Chávez se hicieron 6.800 solicitudes de asilos afirmativos a EE.UU., un aumentó en un 152% frente a la década anterior. Los asilos defensivos fueron 7.500, es decir 15 veces más que en la década anterior, donde hubo 500. La comunidad venezolana pasó de 91 mil en el año 2000 a 215 mil en el 2010, aumentó el 135%.

Aun así, los movimientos que no siguen a Chávez crecen. En el 2008 el partido de gobierno perdió provincias importantes por ser las más pobladas y ricas, como Zulia, Miranda y Carabobo, y el Ayuntamiento de Caracas. En las parlamentarias del año pasado, la oposición obtuvo más votos que el chavismo, se consolidó con el 52% de los electores, pero accedieron a menos escaños por la redistribución de representación que el mandatario diseñó previendo la derrota.

La situación ha desprestigiado a Chávez; los grandes problemas siguen sin resolverse: vivienda, electricidad, inflación. La Gran Misión de Vivienda, el proyecto más importante con miras a las elecciones, pretende construir 350 mil nuevas unidades antes del debate electoral. Pero las proyecciones no son alentadoras: en lo que va del año sólo se ha construido el 12%. Una de las gestiones del mandatario fue inyectarle más dinero -14,600 millones de bolívares- con lo que espera superar el atraso. El déficit de 2 millones de viviendas que tenía hace 12 años no está resuelto, sólo se han construido 60 mil viviendas por año.

8 de julio de 2011
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Lecciones del socialismo

2011-07-01T20:31:00.000-07:00

Varios países de América latina y España se embarcaron en proyectos socialistas y los resultados de esos gobiernos son evidentes ahora. Vale la pena revisarlos para obtener las lecciones.

‘El milagro de Venezuela’ definido en la columna de Andrés Oppenheimer nos muestra la realidad de un país que en el corto plazo empezará a sentir los costos de las políticas en las que se embarcó. Venezuela ha tenido la mayor bonanza petrolera de su historia, pues para cuando Chávez asumió la Presidencia el barril costaba US$9 y pasó a US$100 que vale hoy en día. Esto hubiera bastado para que Venezuela construyera una infraestructura que le diera espacio al crecimiento de la industria, que potenciara el desarrollo económico, y resolviera además los problemas de vivienda y mejorara las condiciones materiales de sus ciudadanos. Pero ni lo uno ni lo otro; la economía tuvo uno de los crecimientos más bajos de la región 1,6%, cuando el promedio suramericano fue del 6%. La reducción de la pobreza fue de 17 puntos, trasladándose de 45% al 28% en 10 años; aquello no es tampoco muy significativo, pues países con menos ingresos obtuvieron resultados mucho mejores; Argentina pasó del 45% al 11% y Chile del 20% al 11% en el mismo tiempo.

El socialismo en España tuvo también resultados poco satisfactorios. Las políticas con una alta dosis de irresponsabilidad fiscal dieron como resultado el aumento de la deuda pública y un imparable crecimiento del desempleo, que llegó a dejar 5 millones de españoles en el paro. La derrota que sufrió el Psoe en las elecciones regionales no tiene precedentes, e impuso la necesidad de políticas de ajuste y disciplina fiscal. Se trata de un cambio radical, el socialismo español ha tenido que optar por la aplicación de estrategias que hasta hace pocos meses criticaban como regresivas e innecesarias.

Paralelamente ambos gobiernos se han mostrado amistosos con los terroristas. Sobre Chávez se cierne la amenaza de ser declarado como patrocinador del terrorismo, pues son múltiples los vínculos con las Farc y otras organizaciones de la misma estirpe, y peligrosos líderes del Medio Oriente como Gadafi y Ahmadinejad. Por su parte Zapatero, es criticado en España por haber destruido la política antiterrorista, y se le adjudica la llegada de Bildu a las instituciones vascas y navarras.

Habría que evaluar lo que ha vivido Bolivia, que luego de haber criticado a los EE.UU. pide ahora a las naciones europeas su colaboración para restablecer las relaciones con el país del norte y volver a participar de la economía global.

Se trata de gestos y cifras que muestran que el socialismo al principio se ufana de tener políticas muy populares, pero luego la realidad las hace pagar caras. Es evidente el atractivo de gastar más de lo que se tiene; da una ilusión de riqueza y prosperidad y por un momento las cosas parecen solventarse. Las económicas están vinculadas al mercado global, así que fenómenos como el déficit fiscal e inflación terminan destruyendo las economías internas y el ahorro interno se consume. Los Estados modernos deben tener dos brazos, con uno para proteger las contingencias y necesidades con programas sociales, y otro que debe trabajar para que la iniciativa privada se desarrolle y la sociedad sea capaz de proveer hacia el futuro. La mera dilapidación asistencialista no garantiza la sostenibilidad.

1 de julio de 2011

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Frustrados con Santos

2011-06-24T20:21:00.000-07:00

Tener posiciones claras cuando se participa en la política es una forma limpia de ganar electores. Ellos reconocen lo que se les propone y su decisión de acompañar el proyecto depende de su idea de lo que la sociedad requiere. Hay otra forma de captar electores; entretejer ideologías medias, donde las posturas no se definen, donde se juega con contenidos vacíos como el porvenir y las ilusiones, de manera que los ciudadanos rellenan el discurso de acuerdo a sus expectativas. El candidato parece decir lo que ellos piensan, aunque el discurso no dice nada. Esta maniobra para confundir la opinión pública es la forma más tradicional del quehacer político colombiano. La siguiente fase, previsiblemente, es el mero ejercicio de descubrir que aquel que ocupa el cargo no cumple con lo ofrecido; pocos notan que nunca lo dijo.

Algo por el estilo parece estar pasando con el presidente Santos. Mediante ambigüedades se mostraba comprometido con el programa uribista que tiene lineamientos precisos. Los políticos que se denominan a sí mismos como de centro creen que las ideologías no son importantes, y que existe un punto medio donde todo y todos pueden confluir. A pesar de lo llamativo de la idea, la realidad política es menos apacible. Las posturas claras son claves para que surja la oposición. Sin ella la democracia pierde su esencia. Los gobiernos funcionan cuando la dinámica gobierno-oposición se tensa y cada una de las decisiones pasa al debate público. Con ello la transparencia crece y los ciudadanos están enterados de lo que pasa. Si las resoluciones del gobernante no se ajustan a las expectativas, el triunfo lo cosecha la oposición.

Santos intenta mezclar el uribismo con el liberalismo y aquello no es posible. Antes el Partido Liberal podía tener entre sus filas a Uribe y a Piedad Córdoba sin que a nadie le pareciera raro. Podía elegir un presidente de políticas neoliberales como Gaviria y estar inscrito en la internacional socialista. Pero esa mezcla inestable estalló. Ya no podrán juntarse materiales que nunca debieron estar juntos. Santos también intenta acercar el pastranismo con el uribismo. Él y muchos otros cercanos colaboradores del gobierno Pastrana, pasaron al uribismo sin ningún aprieto. No les impresionó el cambio radical de políticas. Santos invitó a los fieles seguidores del expresidente conservador como Juan Camilo Restrepo; y lo hicieron sin comprometer su filiación política y su aversión al uribismo. Además, Santos sumó a la coalición a Vargas Lleras quien para el final del gobierno era un acérrimo enemigo de Uribe. El resultado es lo que tenemos: ni chicha, ni limonada.

Santos fracasó en la tarea de conciliación nacional pues, en su gobierno no conviven en armonía las fuerzas democráticas; el uribismo está siendo maltratado. Las masas uribistas que le dieron la victoria pues lo veían como una buena continuidad, empiezan a sentir frustración. Hay señales de recrudecimiento en la violencia, Santos contesta que es exageración de la prensa y una mano negra de la derecha que dramatiza. El Gobierno persigue a los funcionarios del uribismo, pues las posiciones de poder pertenecen a los enemigos de Uribe. La oposición política está desapareciendo y se aprueban leyes que el país no conoce. Todo el debate político se refiere al gobierno anterior, se critica al expresidente Uribe sin descanso y nadie se pregunta qué está haciendo este Gobierno escondido plácidamente detrás de esa postura.

Junio 24 de 2011
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¿Versión libre?

2011-06-17T20:23:00.000-07:00

Una versión libre consiste en la presentación de la declaración del citado, y en este caso el expresidente Uribe fue el único que no habló. ¿Por qué se empeñan sus enemigos en impedirle hablar?

Es una tendencia arraigada en personajes como Piedad Córdoba, que -bajo la capa de crítica de oposición- difunden mentiras que al ser reiteradas quedan flotando en el aire y el tiempo las dota de algún sentido. Por eso, esas declaraciones se hacen solapadamente, en contextos donde se convierten en chismes; entre quienes los siguen en la construcción de una gran teoría de la conspiración; en medio de vehementes partidarios que los aplauden y llevan a delirios. La estrategia tiene la necesidad de que todo quede sin ser refutado. El Congreso se convirtió el jueves en un recinto así; una versión libre donde acusan, mienten y quien rinde la versión no puede hacerlo.

La falta de consistencia en el Congreso no sorprende; su desprestigio ha roto su capacidad de acción y decisión. Siendo la institución donde está mejor representada la democracia colombiana, sufre de deslegitimidad y falta de aprecio por parte de la sociedad. La mala imagen empezó en el gobierno del expresidente Gaviria quien comandó una campaña de desprestigio contra la institución que terminó con el cierre y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El Congreso nunca se recuperó porque los medios se encargaron de subvalorarlo y aún hoy no hay quien diga una palabra positiva sobre los parlamentarios. Los candidatos deseables se han alejado y la institución es insegura y temerosa. No toma decisiones y está doblegada.

El peor golpe al Congreso se lo dio la Constitución de 1991; el pobre diseño institucional dejó al Parlamento a merced de las otras ramas del Estado. Los congresistas no tienen poderes reales; sólo aprueban proyectos que ni siquiera elaboran, la iniciativa de gasto la tiene el Ejecutivo; el control político es formal. Y la Corte Suprema se ha convertido en un mecanismo de presión que desconfigura el quehacer político que le corresponde a los juicios en el Congreso. La mención de la Corte Suprema genera miedo y desconcierto entre los parlamentarios. La opinión se confunde cuando se aduce que son los parlamentarios quienes juzgan a los magistrados de la Corte Suprema. Los artículos 174 y 175 dicen que el Congreso sólo juzga por delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, pero es la Corte Suprema la que adelanta el resto de los procesos, las investigaciones a magistrados por delitos comunes pasan también a la Corte Suprema. Así que los magistrados de la Corte Suprema se juzgan a sí mismos, a los congresistas, al Presidente, a los ministros, al Procurador, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, el Consejo de Estado y los Tribunales; a los directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor, a los embajadores y jefes de misión diplomática, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública. En fin, es suprema en todo el sentido de la palabra. Hay un desequilibrio en las funciones de la Corte, y que la teoría de los frenos y contrapesos no se aplicó en la Constitución. La Corte además se elige por cooptación, es decir son sus miembros quienes suplen sus vacancias. Es una institución por fuera de los poderes democráticos que tiene que ser reformada.

Es el momento para que el Congreso se reivindique y ejerza sus funciones, con el alma política y legítima que le corresponde por ser de elección popular. El expresidente Uribe es el mandatario con mayor prestigio, y la desconfiguracion institucional es tal, que el Congreso desatiende las normas e ignora la opinión pública por el inmenso poder que la Corte Suprema ejerce sobre sus miembros.

17 de junio de 2011

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Sin el pan y sin el queso

2011-06-10T20:25:00.000-07:00

El diálogo entre los verdes ocurrió en dos niveles: la necesidad de alcanzar las posiciones de poder sin involucrar votos que no se compadezcan ideológicamente con el estilo de hacer política, pues ello puede desconfigurar la acción. Por otro lado, la idea de que sólo la integración de fuerzas es capaz de solventar problemas tan hondos como los que vive la capital.

Mockus reconoce los aciertos del presidente Uribe, pero le atribuye una postura según la cual vale romper las normas para alcanzar los resultados. Mockus fue derrotado y decidió dejar el Partido. La alianza con Uribe, según el profesor, equivale a la renuncia de los principios y la aceptación de que cualquier mecanismo para ganar es válido.

Aún así habría que decir que Mockus y Uribe se parecen. Son líderes que convocan y que oyen a sus seguidores. Ambos son capaces de seguir sus principios. Tienen, sin embargo, una postura radicalmente distinta en el tema de seguridad. Mockus quisiera imponer el pacifismo como política de Estado; Uribe entiende que corresponde al aparato estatal, como función principal, defender la vida de los ciudadanos. Mockus es más restrictivo de las libertades individuales porque considera que la manera de ser de las sociedades debe cambiarse para encuadrar con unos estándares ya diseñados; Uribe es más demócrata y -de cierta manera- acepta la manera de ser de los colombianos y trata de construir con ella.

El vínculo de Uribe con Peñalosa proviene de que el exalcalde y el gobierno Uribe compartieron muchos miembros de equipo: la ministra de Educación Cecilia María Vélez, la canciller Consuelo Araujo, entre otros. Coincidencias que no son desestimables y las críticas de Mockus sobre el gobierno necesariamente le caen a los peñalosistas que hacían parte de él. Peñalosa trató de matizar el asunto y dijo que su alianza era con la U y no con Uribe. Aseguró que no negociaría cosas indebidas ni puestos.

Entre líneas despreció los gestos de Uribe y le hizo una advertencia grosera a la U. Ese maltrato no gustó en el uribismo. Más aún, los uribistas -no me refiero a los políticos- no aprecian a Peñalosa, por las diferencias abismales que existen entre el candidato y Uribe en la manera de hacer política. Uribe se caracteriza por una relación muy directa con los ciudadanos. La percepción de los Consejos Comunitarios es que el Presidente oía y atendía lo que la ciudadanía quería. Peñalosa por su lado, encarna el despotismo ilustrado, donde se hacen cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Peñalosa no oye y además es soberbio. Recordemos que la imagen desfavorable de Peñalosa es muy alta, por eso en las elecciones pasadas fue elegido Samuel Moreno, por un voto que no quería al exalcalde.

En el debate Peñalosa se quedó sin Mockus y sin uribistas.

Nota: Subyace a éste y en varios debates de la coyuntura actual el papel de las minorías dentro de los partidos. En una democracia también las minorías tienen representación. Son importantes y tenidas en cuenta para que el debate no se convierta en la tiranía de la mayoría. Pero en Colombia los partidos no tienen respeto por las minorías; la reforma política estableció una disciplina para perros, donde las minorías tienen que plegarse a la decisión mayoritaria. Aquello las aplasta y termina por desintegrar los partidos. La política es el debate de ideas, de principios y muchas veces la decisión mayoritaria no es suficiente para disuadir a los minorías. Los partidos requieren una reforma que reconozca la existencia de la disidencia y les dé herramientas para subsistir con sus diferencias en las organizaciones.

10 de junio de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/sin-pan-y-sin-queso

Marihuana, ¿nuestro problema?

2011-06-03T20:26:00.000-07:00

Las lecciones de la lucha antidrogas no son despreciables: la presión que se hace en un país, no destruye el fenómeno, simplemente lo desplaza. Así sucedió en el caso de Colombia, cuyos esfuerzos trasladaron el flagelo hacia México, sin que hubiera podido preverse o evitarse. En los países en vía de desarrollo hay muchas personas que están dispuestas a entrar en los mercados ilegales para tener un medio de subsistencia, más aún cuando ese mercado es capaz de mover gigantescas sumas de dinero que financian lujos. Los estudios de quienes están en el negocio del narcotráfico muestran que están dispuestos a morir jóvenes a cambio de obtener todo lo que ese dinero les ofrece. Los esfuerzos realizados por los países productores para acabar con los cultivos y reducir la oferta han fracasado; los costos en términos de vidas y seguridad interna no son cuantificables y muy a pesar de las multimillonarias inversiones la oferta continúa alta.

Es claro que la lucha contra las drogas no funcionó; el fenómeno debe ser atendido desde otra perspectiva. Esto, que lo sabemos hace tiempo, fue recogido por la Comisión Global de Política de Drogas. El informe tiene la virtud de que pone en el debate internacional una posición unificada de personalidades latinoamericanas, provenientes de países productores que han sido afectados por el negocio ilícito de las drogas, y por las políticas con las que se ha combatido -impuestas por los países consumidores. Aún así, las conclusiones del informe se quedan cortas y no van a los puntos más sensibles.

Sugiere la Comisión una aproximación a los consumidores como enfermos y no como criminales. Este argumento tiende a caer en el error de que todos los que consumen drogas son adictos. Hay muchos consumidores cuya vida no se afecta. Trabajan, son productivos y tienen la capacidad económica de pagar los elevadísimos precios de las drogas en EE.UU. y Europa. Quienes consumen drogas lo hacen en un acto de voluntad individual, y el daño que causan a su salud es comparable al de otros vicios: consumir alcohol, cigarrillo; incluso al de usar un celular a pesar de que ahora sabemos que nos predispone al cáncer. En fin, cómo son tratados los consumidores no soluciona el que Latinoamérica tenga que vivir en una guerra para refrenar impulsos individuales.

La legalización de la marihuana expuesta por la Comisión no es tampoco un tema novedoso, ni conducente. En el 2010 fue votada la proposición 19 en California, EE.UU., mediante la cual se buscaba legalizarla, permitiendo a los adultos cultivar hasta dos metros cuadrados de cannabis y poseer hasta 28 gramos para uso personal, pudiendo consumirla en propiedad privada y sin la presencia de niños. La proposición fue derrotada; el 54% de los votantes se opuso, en tanto que el 46% se mostró favorable. A pesar de ello, encuestas muestran que la mayoría de los californianos está de acuerdo con la legalización de la marihuana y se dice que una proposición similar será presentada en el 2012.

Si bien, la legalización de la marihuana es un paso importante, no es el problema latinoamericano de fondo. Los mercados de marihuana están siendo suplidos en general por los cultivos hidropónicos de Canadá y EE.UU. -este ultimo produce 10 mil toneladas métricas al año. La producción y participación latinoamericana en la cannabis es cada vez menor. Nuestro problema es la coca. ¿Por qué nuestros intelectuales no se concentran en plantear una respuesta a las dolencias latinoamericanas?

3 de junio de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/marihuana-nuestro-problema

La rebelión del voto

2011-05-27T20:18:00.000-07:00

Las sociedades que se rebelan contra los gobiernos se han vuelto comunes en nuestros días. Varios episodios en el Medio Oriente, como el de Egipto que concluyó con el derrocamiento del gobierno, muestran un creciente inconformismo con la manera en que los países son gobernados.

Si aquellas manifestaciones se hubieran hecho sólo en ese continente, podríamos culpar a la precariedad de la democracia, pero el problema es más profundo. Las manifestaciones de la Puerta del Sol en Madrid, son una fase más. El Psoe fue abrumadoramente derrotado -perdió en 11 provincias de las 13 que tuvieron elecciones. Aún así, los inconformes no han cedido en sus protestas, y dicen que los resultados electorales no tienen que ver con ellos.

Los españoles tienen un sistema democrático sólido, al igual que los franceses, que hace pocos meses también tuvieron multitudinarias protestas. La gente no se siente bien representada. Estamos presenciando una crisis de la democracia. El sistema requiere ajustes. La política tiene que acercarse a los hogares y empezar a plantear soluciones a las dolencias colectivas de una manera más efectiva. Pero, la crisis va más allá; a la manera como los ciudadanos se relacionan con la democracia.

Puede que el simple paso del tiempo nos haya hecho sentir que el voto no es suficiente; que ser uno entre tantos lo hace casi insignificante e insuficiente. Hay ciudadanos que sienten que los políticos no son sus representantes, sino gentes, a veces inescrupulosas, que los utilizan y engañan para extraerles el voto. Muchos hastiados optan por no votar. La democracia es un sistema espinoso, lleno de problemas, imperfecto al fin y al cabo; pero entre las alternativas que la mente humana ha diseñado y las que la historia nos heredó, tenemos que concluir que es el mejor. Pero es un sistema exigente, y requiere esfuerzo por parte de la sociedad.

No podemos quedarnos en la comodidad de ser gobernados; tenemos responsabilidades. La democracia supone un papel activo del pueblo. El abstencionismo es una forma de irresponsabilidad que deja en manos de otros las decisiones que nos conciernen a todos. Quien no vota está fallándole a la comunidad. Si toda la sociedad se expresara la democracia funcionaría mejor; las elecciones serían diferentes. Votar, claro, pero hacerlo bien; trascender el individualismo y escoger un proyecto hacia el cual encaminarnos. Y luego aportar activamente para que se realice. Los políticos no son magos, ni pueden serlo. Los cambios sociales no los produce un hombre, sino un movimiento.
Este domingo serán las consultas conservadoras. Es una oportunidad para que todos los ciudadanos -sin importar el partido- participen. La selección de los candidatos va dándole forma al debate; quiénes son los candidatos determina cómo serán las campañas.

Acompañando a mi hermano, Pedro Agustín, en su precandidatura para la Alcaldía de Popayán, he visto el malestar de las mayorías con la política tradicional: con las amenazas, el clientelismo, la corrupción… también, que algunos convencidos de que él sería el mejor Alcalde, dicen que tienen que votar por otros candidatos; por compromisos, por partido, por plata. ¿Será culpa del sistema o de los electores?

Pero, he visto, además, gentes de todos los partidos unirse en la idea precisa de un futuro y la voluntad de construirlo. Las pesadas maquinarias se enfrentan y todos los vicios conocidos y nuevos se manifiestan, pero el poder de rebelión del voto está por probarse. La democracia nos da la posibilidad.

Mayo 27 de 2011 - 19:15

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Corte a la Farcpolítica

2011-05-20T20:19:00.000-07:00

La Corte Suprema acogió los argumentos que ha venido esgrimiendo la defensa de Wilson Borja y Piedad Córdoba sobre la ilicitud de las pruebas provenientes del computador de ‘Raúl Reyes’. Se destruye así la posibilidad de aplicar sanciones a quienes han colaborado con los terroristas de las Farc. Los enjuiciamientos que surgen de la información de ese computador son fundamentales para el proceso que adelanta el país de reparación de víctimas. Justicia: castigo a los cómplices de secuestros y asesinatos; eso es lo menos que esperan quienes han sufrido.

Las pruebas de ‘Reyes’ no son válidas, según la Corte, porque no cumplieron con la normatividad que rige la evidencia en el extranjero, pues las autoridades ecuatorianas no participaron en la colecta de evidencia. No reconoce la Corte que el computador fue incautado en un operativo nacional, donde se siguieron los procedimientos que están establecidos para ello.

Olvida la Corte el principio constitucional según el cual prima el derecho sustancial sobre el procesal. El derecho sustantivo tutela un bien jurídico que el procedimiento intenta resguardar. La cadena de custodia busca que nadie pueda implantar elementos que desfiguren la veracidad de la prueba. En este caso, la evidencia fue tratada como tal y las autoridades colombianas tuvieron todo el cuidado necesario, pero el recelo sobre ella fue aún más allá: fue enviada a la Interpol para su verificación. La Interpol certificó que la información no había sido alterada y que los contenidos estaban en el aparato antes de que las autoridades colombianas los tuvieran en su poder; dijo, además, que lo encontrado en el computador podía ser considerado como plena prueba en los procesos internacionales. Es decir, el procedimiento que se siguió con esta evidencia fue incluso más riguroso que el exigido. Mal hace la Corte al desestimarla; para proteger un derecho de los acusados que no se vulneraría en el juicio, vulneró el derecho de las víctimas a la justicia y el de los colombianos a la verdad.

La decisión de la Corte no sólo afecta a Wilson Borja, sino que genera un precedente que afectará otros importantes procesos contra colaboradores de las Farc. Piedad Córdoba, usando este truco leguleyo, seguramente impetrará una tutela para liberarse de la sanción que justamente le impuso el Procurador. Tendrá la Corte Constitucional la oportunidad de evaluar el asunto y hacer prevalecer el derecho sustancial. La prueba es real, pues su autenticidad en términos de no haber sido alterada, ha sido verificada.

En las manos del intérprete constitucional está ahora el destino de una evidencia que es definitiva para comprender los lazos del terrorismo y la política. El uso de la fuerza de las Farc sobre el territorio ha derramado sangre y con ella se han teñido banderas de falsos ideales.

Sorprende que Chávez esté tan bien sintonizado con la Corte, pues hace unos días, cuando apareció la publicación del instituto inglés que analiza los correos del computador de ‘Raúl Reyes’, donde hay sendos capítulos que lo vinculan, el vecino Mandatario sostuvo que nuestra Corte había despreciado aquellas pruebas. ¿Se refería al corto pronunciamiento que hizo la Corte sobre el caso de la ex senadora Córdoba o ya tenía conocimiento sobre esta nueva decisión?

¿Dónde está el computador del ‘Mono Jojoy’? ¿Cuándo vamos a conocer su contenido?

Mayo 20 de 2011
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Amigos non-santos

2011-05-13T20:10:00.000-07:00

El presidente Santos es difícil de descifrar. Sus comentarios, siempre medidos, impiden que conozcamos sus posiciones. En el tema del manejo de las narcoguerrillas terroristas estamos ante la ambigüedad de sus palabras.

Colombia había encargado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (Iiss) el análisis del material encontrado en el computador de ‘Raúl Reyes’. Según la publicación, el gobierno venezolano apoyó fervientemente a las Farc. Las relaciones entre la organización y Chávez se muestran fluidas y amistosas: reuniones con la cúpula guerrillera y todas las personalidad del gobierno de Venezuela, incluido el Presidente; apoyo económico, además de la posibilidad de hacer negocios con el Estado venezolano mediante empresas fachadas; promesas para conseguir armas en Rusia; altos mandos del ejército bolivariano se presentan como admiradores de las Farc que, según ‘Reyes’, identifican con el ejército solidario que colaborará en el establecimiento del régimen bolivariano en Colombia. En fin…

Aparece este libro ahora, cuando sólo nos quedan las fotos de los campamentos de las Farc en Venezuela, los cascarones de los lanzacohetes venezolanos en poder de las Farc, las grabaciones y publicaciones de Chávez diciendo que las Farc no son terroristas sino “fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”. Aparece ahora, cuando Chávez es nuestro nuevo mejor amigo.

Legitimidad política, eso es lo que más le interesa a las Farc. Aquello les permite dejar de figurar como una organización terrorista y convertirse en unos rebeldes que luchan por principios políticos y representan una fracción de la sociedad colombiana, y, como también lo dijo Chávez, ocupan parte del territorio de nuestro país. A eso se comprometió Chávez; a sacarlos del estigma del terror y ponerlos en la arena política. El nuevo mejor amigo parece acercarse a sus promesas. Santos decidió darle a las Farc y los demás terroristas y sus amigos, el gusto de otorgarles el tratamiento de conflicto armado interno.

Esa discusión que para muchos es semántica, tiene repercusiones en el contexto internacional. La lucha insurgente, la lucha de los pueblos, puede dar lugar a que las naciones les den reconocimiento político y aquello da pie a la conformación de un nuevo Estado y la adjudicación de parte del territorio.

¿Qué quiere Santos? ¿Hacia dónde nos conduce? Se trata de una decisión crucial y el Presidente no puede menos que informarnos sus planes. Colombia ha sido enfática en su total rechazo a las Farc y a los demás grupos al margen de la Ley. Millones nos manifestamos en la calle en su contra. Ellos no representan a ninguna fracción de la sociedad y son sólo asesinos que usan a Marx para envolver cocaína. En caso de una negociación la Nación les ofrece la cárcel y la garantía de sus derechos; el mismo gesto generoso que tuvo con los paramilitares.

Una comparación: el presidente de Pakistán, Zardari, casi se disculpó de que el terrorista estuviera refugiado en su territorio y reconoció que no participaron en la operación que dio de baja a Bin Laden. ¿Será que Pakistán va a elevar una queja ante organismos internacionales contra EE.UU. por el ataque sobre su territorio? ¿Será que le inician un proceso penal al Secretario de la Defensa estadounidense en Islamabad? En el libro del Iiss hay un correo donde se dice que Rafael Correa recibió US$400.000 de las Farc para su campaña. ¿Será verdad?

Mayo 13 de 2011 - 19:17

2011-05-06T20:17:00.000-07:00

Con Santos vamos peor

Según la encuesta Gallup para los colombianos las cosas van empeorando. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana los colombianos estaban convencidos de que todo iba mal; pero hubo un cambio dramático durante Uribe, donde las cifras se invirtieron y las mayorías sintieron que las cosas iban mejorando. Al final del segundo periodo de Uribe hubo una ligera impresión de empeoramiento que se superó con Santos. Pero el sentimiento pesimista subió durante las últimas tres mediciones y, ahora, la mayoría considera que las cosas en el país van por mal camino. Esa impresión negativa del futuro, desincentiva el deseo de seguir sembrando para el futuro; por ello conviene analizar los comentarios de los encuestados.

La percepción sobre la seguridad empeoró mucho con la posesión de Santos y ha venido agravándose, hasta llegar a la alarmante cifra de que el 68% considera que en seguridad vamos mal. Desde 2008 los colombianos consideraban que la seguridad estaba siendo bien manejada, y ahora sólo el 33% aprueba esas gestiones. La mayoría del 65% desaprueba lo que se está haciendo. Vale recordar que en la última medición de Uribe la aprobación de su gestión en seguridad era del 71%.

En dos componentes que analiza la encuesta relacionados con el tema de seguridad, el Gobierno se raja. En el manejo de la guerrilla su gestión pierde 16 puntos, y llega al 50% que es la cifra más baja de aprobación en esta área desde la iniciación de Uribe. Y más alarmante es la desaprobación, que alcanza un 46%; la más alta desde la iniciación de la era Uribe. Otro grave retroceso de Santos se evidencia en el manejo del narcotráfico. La impresión desfavorable ha subido desde su posesión; del 21% al 38%. La favorabilidad en el manejo del narco es del 56%, y aunque la cifra parece alta, sólo es comparable a la que tuviera Samper durante su periodo.

Todo esto seguramente influencia a los colombianos hasta el punto donde el 61% -la mayoría- considera que las elecciones en el país no son confiables. Este resultado pone en duda la legitimidad de todo el aparato estatal y nos sitúa ante una democracia muy precaria. Si los colombianos no creen en las elecciones, un pilar fundamental de la representación política está roto. El otro, el ejercicio de la oposición política, también está gravemente afectado. La mayoría del 54% considera que no hay garantías para ejercerla. La desaparición del debate político que logró la Unidad Nacional parece estar actuando en contra del Gobierno. El país estaba acostumbrado a la crítica y la discusión abierta de cada uno de los actos de gobierno; y es probable que está manera callada y confiada en la que todo sucede ahora no convenza.

La aprobación de la gestión de Santos con el 70% tiene una tendencia negativa, bajó 7 puntos. Su imagen favorable, también, sigue decreciendo y llegó al 66% que se coloca por debajo de la popularidad de Uribe clavada en los alrededores del 70%. Las cifras son alentadoras y muestran un respaldo mayoritario. Sin embargo, preocupa la tendencia negativa y, sobre todo, el crecimiento de la imagen desfavorable de Santos que pasó del 17% al 26%.

La percepción de que el gobierno de Santos será peor que el de Uribe ha empezado a aumentar pasando de un 7% con el que inició, a un 19%. Pero todavía muchos, un 43%, piensan que el gobierno Santos será mejor que el de Uribe. Ojalá sea así por el bien de este país, todavía es posible atender este llamado para que se rectifiquen políticas y acciones en materia de seguridad.
Mayo 06 de 2011

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2011-04-29T08:09:00.000-07:00

La captura de Iván Moreno

Este es uno de los primeros casos de corrupción a gran escala que conoce el país, a pesar de que todos sospechamos de muchas contrataciones estatales. Que los Nule hubieran confesado sus vínculos corruptos es impresionante; los pactos de la corrupción son muy poderosos pues sólo incluyen a quienes participan del delito, así que confesar implica reconocer los propios hechos criminales. No será fácil para Iván Moreno probar su inocencia, pues no aparecen las razones por las cuales los Nule podrían querer involucrarlo sin que tales hechos se hubieran sucedido; aunque tampoco es claro por qué los Nule han decidido revelar sus propias culpas e involucrar a sus ‘socios’.

La detención del senador Moreno y el envío de copias para que la Fiscalía haga lo propio en contra de Samuel, su hermano, y otros altos funcionarios de la Alcaldía es un duro golpe para el Polo. La izquierda colombiana ha venido haciendo un ejercicio sobresaliente para desprenderse de las fuerzas revolucionarias y terroristas que a nombre de las ideologías marxistas vienen desangrando al país. La construcción de un partido de izquierda comprometido con un proyecto político definido y no violento, es notable; por ello alcanzó la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el poder Ejecutivo. Si bien, la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva. Los electores pueden tomar represalias y castigarlos con el voto. Sin embargo, cabe resaltar que las denuncias más importantes sobre estos hechos vinieron del seno del propio Polo Democrático a través de su candidato presidencial Gustavo Petro, y si Petro siguiera en ese partido, compensaría el coletazo. Aún así, se trata de un episodio sin precedentes, donde se rescató el que la defensa de los intereses del Estado y el bienestar público debe primar sobre las filiaciones políticas.

Colombia sufre de muchos males, pero la corrupción es el más generalizado. Las mayorías colombianas se han acostumbrado y toleran pequeñas trampas en sus oficios y actividades. Hemos perdido la rigidez al juzgarnos individualmente. Se roba cuando se puede, la elusión es una costumbre aceptada, se adulteran básculas, taxímetros, facturas, contabilidades, sin el menor reparo. Cada uno encuentra justificación para hacerlo: para qué pagar impuestos si se los van a robar. Me pagan muy poco. Nadie se da cuenta. Me hace más falta a mí. Y la felicidad de contar con esos pesos de más, hace que olvidemos el daño causado. Una sociedad donde todo el mundo hace trampas está condenada a la inmediatez; sus posibilidades de planear para el futuro se disuelven, y el mal se esparce.

La corrupción no se resuelve con leyes. No hay cómo regular contra los corruptos, pues no hay como prever todas las trampas posibles, son infinitas. Por eso el Estado debe ser implacable con los particulares descubiertos en actos corruptos. No se entiende por qué no se dictó medida de aseguramiento contra los Dávila y Valerie Domínguez -la ex Señorita Colombia- que fraudulentamente lograron subsidios de AIS por más de $2.100 millones.
La sociedad tiene que comprometerse a no tolerar los actos tramposos ni propios ni ajenos. En esto ya gran daño nos hizo la mafia: nos entrenó en el gusto por el dinero fácil y cambió los valores por la plata; permeó las estructuras sociales que reconocen poder e importancia en la opulencia y no en los ideales. Cambiamos el Quijote por el becerro de oro.

29 de abril de 2011
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2011-04-22T08:10:00.000-07:00

Las Fuerzas Militares

Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.

El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.

Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.

La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.

El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011

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2011-04-15T08:13:00.000-07:00

Hecha la norma…

El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.

Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.

Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.

Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.

Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.

El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.

Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28

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Embuchado de Chávez

2011-04-08T08:14:00.000-07:00

Hoy debe llegar Chávez a Colombia. Lo hace en una fecha que trae recuerdos dolorosos al país. Cabe recordar que en 1948 Fidel Castro estaba a pocos pasos del sitio donde cayó asesinado Gaitán. Chávez, anacrónico discípulo de Castro, no da puntada sin dedal; así que algo tendrá planeado al visitar Colombia justamente en un 9 de abril. Lo terrible de Chávez es que cada vez que alguien piensa en una reacción límite, casi inverosímil, sobre lo que el líder del vecino país puede hacer, resulta que no sólo la hace, sino que la excede. Una perla: reacomodar los distritos electorales para garantizar su triunfo en la Asamblea; como no logra la victoria avasallante, se arroga poderes legislativos que sepultan parte del periodo del nuevo congreso. Chávez sí sabe salirse de los límites.

Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.

Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.

Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.

Pero no todo lo que brilla es oro.

¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.

La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…

¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011

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Criminales en la universidad

2011-04-01T08:20:00.000-07:00

Las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos nunca han sido fáciles. Nuestro Estado tiende al abuso; quienes ejercen el poder, por pequeño que sea, son propensos al despotismo. Se retroalimenta con la manera como los ciudadanos lo enfrentan. En general, los colombianos recurrimos a métodos extorsivos y violentos para protestar: el paro de los transportadores, las tomas de carreteras y el vandalismo de los estudiantes.

Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.

No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.

El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.

Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.

Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.

No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011

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¿Qué pasa con la Justicia?

2011-03-25T08:19:00.000-07:00

El macabro negocio de Ecomarly liderado por Eyber Ochoa Márquez se dedicaba a engañar a las mujeres embarazadas que se acercaban por una ecografía. El médico les decía que el bebé o la madre peligraban, les inducía el parto y luego informaba sobre la muerte del feto. Él los conservaba y si sobrevivían, los vendía. Según algunas publicaciones el negocio del señor Ochoa llevaba cerca de 20 años operando. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres? No he conocido nada más atroz, ni degenerado.

El criminal fue juzgado por desaparición forzada y concierto para delinquir. Se dedicó a engañar mujeres embarazadas, extraerles y secuestrar a los bebés, a veces matarlos o venderlos; y le dan únicamente 10 años, que se reducirán con beneficios. ¿Qué pasa con el homicidio cuya pena mínima es de 25 años? ¿El secuestro? ¿Qué con el delito de lesiones al feto? ¿La estafa? ¿La trata de personas?

Este caso ofende los principios más básicos de la vida en comunidad y evidencia una de las grietas más recurrentes de la Justicia colombiana: la desproporción entre el daño causado y el castigo recibido. Cuando se comparan las penas impuestas, caso a caso, parecen proferidas bajo sistemas judiciales distintos; a Garavito, por matar más de 120 niños, le dan 60 años, que se reducen a 16. A García, por tocarle las nalgas a una mujer, le dan 4 años de prisión.

Existen fallas tanto en la Fiscalía que califica los delitos, como en la valoración de las penas que hacen jueces. La Fiscalía debe volver a calificar esos hechos y procesar a Ochoa por los delitos que no se incluyeron. Esa es una debilidad del sistema penal acusatorio ¿Quién revisa la calificación de los delitos? La exclusión de los dolientes, como partes en el proceso, deja a la deriva el control que hay sobre imputación. Además, el diseño de la ley, para que sean los jueces quienes evalúen las condiciones de cada caso, para imponer penas que impliquen un más alto sentido de justicia que el que dictamina una tarifa legal, no está funcionando. Las normas necesitan prescribir parámetros de penas mucho más rigurosos y debe revisarse a quién y por qué motivos, pueden aplicarse rebajas y beneficios.

Está, por otro lado, la cuestión sobre la indefensión de los pacientes frente a las calidades de las clínicas y médicos que frecuentan. Si bien hay un comité de ética médica y una historia penal y civil detrás de cada médico, los pacientes no tienen acceso a esa información. El cuidado de la salud y la vida exige que todos podamos tomar decisiones informadas. Deberían existir sistemas de consulta donde los usuarios puedan evaluar la hoja de vida de todos los profesionales de la salud y el historial de sanciones, si las hubiera. En estos tiempos, donde acceder a la información no es difícil, ni costoso, el Ministerio de la Protección Social debe poner a disposición esos reportes.

Hay que cerrar el albedrío tan amplio de los jueces. Los efectos no son buenos; así la tendencia a legislar desde la Justicia, cuando no tienen las facultades para regular una materia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Al haber escogido IVE y no el término médico aborto –que es la interrupción cuando el feto no es viable-, permitió que aquellas interrupciones se hagan sobre fetos que al ser extraídos continúan con vida y que con el cuidado adecuado sobrevivirían. ¿Qué subyace a la decisión de la Corte? ¿Los médicos los deben dejar morir? ¿Botarlos? ¿Matarlos?
Marzo 25 de 2011

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pasa-con-justicia

Pastrana, más conservador

2011-03-18T08:16:00.000-07:00

La prensa se equivoca al plantear un enfrentamiento entre Pastrana y los conservadores. El ex presidente Pastrana les ha pedido y con toda razón, a quienes están en la directiva azul y tienen investigaciones en contra que se aparten de las posiciones directivas. Se trata de una solicitud justa y que la mayoría de los conservadores respaldan. El Partido no quiere una directiva comprometida en causas penales y disciplinarias. Nadie pide que renuncien a sus curules o a la colectividad, simplemente que abandonen las altas jerarquías, pues aquellas suponen cierta prestancia ética y política que se enloda con sindicaciones tan graves como las que recaen sobre miembros del Dinacional.

Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.

Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.

La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.

Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pastrana-conservador

Las CAR

2011-03-11T08:17:00.000-08:00

El presidente Santos está decidido a usar su prestigio político para reformar la parte fallida de la estructura del Estado. Entre los organismos a reconfigurar está todo el aparato ambiental. La sociedad globalizada enfrenta en el dilema medioambiental, tal vez, el reto más significativo. Colombia como uno de los lugares más biodiversos del mundo, dueña de selvas tan significativas como la amazónica y el Darién, no puede ser inferior a sus responsabilidades, más aún cuando la minería parece estar avanzando tan decididamente en el país. Los recursos naturales son una riqueza inexplorada que ya se sabe valiosa, no por los afanes del dinero rápido y fácil de la minería se puede condenar nuestro mayor patrimonio.

Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.

Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.

Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.

La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.

La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
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Contra la corrupción

2011-03-04T08:18:00.000-08:00

Es de nuestra esencia tratar de solucionar todo mediante leyes, como si la sola escritura de lo deseable nos condujera hacia esos destinos. La solución legal de la corrupción no es fácil. Lo que hay en el fondo del fenómeno es una ideología difícil de desincentivar. Se trata de actos que ponen el interés individual por encima del interés general, con la arista de que hay un engaño público. El camuflaje de la corrupción es doble, el secreto entre los corruptos y el hecho de que la sumatoria de intereses generales está encarnado por todos y, al mismo tiempo, por nadie, por eso es propenso a ser atropellado.

Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.

Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.

Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.

Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.

El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011

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Menores sin opciones

2011-03-02T19:55:00.000-08:00

La norma de prohibición del trabajo de menores parecería no tener más que buenas intenciones y deberían ser excelentes sus resultados. Lo ideal es que todos los niños tengan derecho a su infancia y que durante esa época puedan estudiar para tener una adultez con mayores oportunidades. En esta visión empatan importantes programas de asistencia social, como Familias en Acción, donde las madres reciben ingresos por sus hijos escolarizados, para lo que el Estado invierte $1,5 billones.

La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.

El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.

Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.

Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.

El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
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Lecciones del paro

2011-02-22T19:57:00.000-08:00

Quince días de paro. Bloqueos que afectaron de manera grave la vida de muchos colombianos. Finalmente, el Gobierno cedió en todo lo que pedían los camioneros e incluso en más. El precedente no es el mejor.

Por recomendación del Concejo Privado de Competitividad el Gobierno derogó la tabla de fletes e impuso la libertad de negociación, vigilada. Es decir, un modelo de libre competencia que supone la intervención del Estado para los casos donde el mercado presente fallas. La libre competencia podría disminuir precios. Los gremios aspiran a que eso suceda; así los productos nacionales serían más competitivos. El temor proviene del sector transportador: el abuso de posiciones dominantes podría afectar a los camioneros, la competencia contra las grandes empresas de carga, y las exigencias de los grandes productores de carga. Lo cierto es que la tabla tenía poca utilidad, nadie la respetaba. Además la competitividad está afectada no por la tabla de fletes, sino por la precaria infraestructura; carreteras estrechas y al borde de la disolución.

Dejando de lado la conveniencia de la decisión, analicemos las lecciones.

Sobresale el tema de cómo se hace la política pública. El centralismo colombiano ha creado nichos de tecnócratas que deciden lo que es bueno y malo para el país. Aunque sus decisiones puedan ser convenientes, es claro que generar las políticas de manera vertical y cerrada no es lo ideal. A diferencia del Legislativo donde todos los sectores tienen representación, los tecnócratas están comprometidos con una sola visión del país que puede no corresponder con las aspiraciones de los nacionales.

Se refleja, también, las nefastas características de relación de los nacionales con el Estado. Las negociaciones se hicieron -a pesar de las advertencias- con vías bloqueadas. Fue una forma rebajada de extorsión. Cuando la presión fue suficiente el Gobierno cedió, los decretos fueron derogados y la nueva normatividad se hará en mesas de concertación. El Gobierno además se comprometió a eliminar las multas de tránsito que tienen más de tres años.

Aquello probó, otra vez, que nuestros gobiernos son sordos a las voces de protesta y sólo reaccionan cuando la presión sobre la colectividad es insoportable y es necesario solucionar una crisis que no se limita a un segmento.

Colombia ha perdido la solidaridad social, probablemente a causa de la violencia. Las relaciones son desconfiadas y somos poco entusiastas para respaldar causas que no nos afecten directamente. Ello explica, tal vez, que las protestas se elevan hasta causar un daño evidente a los demás particulares. Así se llama la atención de los ciudadanos y se los notifica de sus necesidades de manera obligada. Eso rompe cualquier simpatía que los ciudadanos tengan en la causa, pues los convierte en piezas de la negociación, y sólo aumenta la desconfianza social.

Esta negociación con los camioneros le da continuidad a estas malas tradiciones. El Estado debe cambiar su forma de gobernar de espaldas. Si bien las normas pueden tener buenas intenciones y diseño, no incluir a los afectados en las discusiones es una forma de menosprecio que no funciona. Además no puede esperar al caos para actuar sobre las materias que afectan a los colombianos. Tenemos que madurar las relaciones público-privadas para que el diálogo fluya y no se recurra a la presión. La solidaridad requiere de la reconstrucción del tejido social y un Estado que oiga.

El País de Cali, 18 de febrero de 2011

¿Diálogos para la paz?

2011-02-16T21:24:00.000-08:00

Se dice que las liberaciones de los secuestrados son un gesto de paz que nos acerca a una salida negociada del conflicto armado. Como ciudadanos no podemos más que celebrar jubilosos la libertad de quienes han sido convertidos en mártires de las causas democráticas. Ello no disminuye la atrocidad que ha significado haberles arrebatado su libertad y convertido en mercancías para extorsionar al Estado. Un diálogo con las Farc no puede olvidar esto; tampoco los constantes bombardeos a pueblos, desplazamientos y asesinatos de tantos colombianos.

Colombia ha vivido varias negociaciones en los últimos años y no puede desconocer las lecciones. El perdón y olvido que se le otorgó al M-19 tuvo efectos sobre la percepción de gravedad que los colombianos le dan al hecho de ejercer violencia. La Constitución de 1991 dio la triste conclusión de que la violencia puede ser un camino hacia la política. Por eso no sorprende que ‘Ernesto Báez’ en entrevista de ‘Un Pasquín’ declare que el número de reinsertados supera de lejos el número de militantes de las autodefensas. Muchos se dijeron ‘paras’ para recibir el auxilio de $354.000 que ofrecía el Gobierno y hacer parte de los programas. Ello es síntoma de una inmensa pobreza y de que hacer parte de los violentos tiene pocas connotaciones negativas en las psiquis colombianas. Por un salario mínimo somos capaces de hacernos pasar por asesinos, porque ser asesino en este país no es tan malo.

De la zona de distensión en el Caguán aprendimos que las Farc son hipócritas y dobles. Mientras negociaban con el Gobierno aprovechaban las ventajas para fortalecer su ejército, secuestrar y extorsionar. Ello no ha cambiado, mientras distraen al país y a la comunidad internacional en las liberaciones, las Farc mantienen a muchos cautivos y continúan secuestrando, extorsionando, sembrando minas y asesinando.

Las lecciones de la negociación de Justicia y Paz con los ‘paras’ son muy poderosas. Los procesos no pueden ser sólo del Estado, pues cuando la sociedad no está lista para afrontarlos es capaz de destruirlos. Pese a que el Estado logró sorpresivamente negociar con un grupo alzado en armas y militarmente victorioso la cesación de la guerra, el sometimiento a la justicia con verdad y reparación; parte de la sociedad estuvo en desacuerdo y consideró que los beneficios obtenidos eran excesivos. La presión de la oposición y la falta de que la sociedad actuara con sincronización le dieron inestabilidad al proceso; el Estado incumplió compromisos, los ‘paras’ también. La decisión de la Corte de que las audiencias no fueran transmitidas por televisión anuló el efecto de las confesiones y dejó uno de los momentos más intensos de la historia actual sin visibilidad pública.

Las creciente tendencia a encuadrar la violencia actual como un fenómeno causado principalmente por las Bandas Criminales -Bacrim- puede ser una estrategia para relajar la relación con las Farc y empezar a minimizar ante el país los costos de un diálogo con esos terroristas. Aquello recuerda las experiencias centroamericanas donde luego de los diálogos los actores de la violencia simplemente cambiaron de nombre.

El problema en Colombia es que los violentos no han comprendido la gravedad de ejercer violencia por fuera del aparato estatal, y la sociedad sigue siendo tolerante y termina siempre por exculparlos. Por eso, además del diálogo con las Farc, ya se habla de la negociación con las Bacrim.

El País, Cali. 11 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogos-para-paz

¿Se acabó el uribismo?

2011-02-13T21:26:00.001-08:00

De la lectura de diferentes columnistas de opinión, parecería que el uribismo es una fuerza condenada a muerte; que cada día se descompone y se acerca a su disolución. Aquello no tendría discusión si hubiera una íntima empatía entre esos periodistas y las impresiones de los colombianos. Lo cierto es que el sentimiento antiuribista que coloniza la gran mayoría de las columnas disuena con la aceptación que la masa le ha dado al ex mandatario. Por eso, la insistencia y permanencia del discurso antiuribista da para pensar que el uribismo está tan vivo como antes.

Los síntomas que se presentan como mortales tienen otras interpretaciones. Dicen que los godos y otros personajes no van a los talleres, pues el barco se hunde. Vale resaltar que Uribe no fue favorito de las directivas políticas; éstas llegaron a su campaña presidencial porque ya su victoria era evidente y no querían perder sus posiciones frente al gobierno. Terminado el ejercicio, es normal que se alejen, ya no hay puestos para repartir. Ello no necesariamente significa que la masa lo haga. Las directivas de los partidos ejercen control sólo sobre aquellos conectados a su maquinaria.

Se dice que las gestiones de Uribe son irrisorias, pues como ex presidente no posee el poder que tenía cuando estaba en ejercicio y por eso las reuniones son simbólicas y vacías. Esta afirmación desprecia la posibilidad de que los debates entre electores y candidatos sean constructivos y parecería abogar por una política más tradicional, donde sólo los candidatos y directivos están comprometidos en el diseño de los programas de gobierno. La metodología de Uribe tiene retos, en especial trascender los discursos huecos sobre las necesidades que todos conocemos: empleo, educación, vivienda, justicia social… para desarrollar estrategias de acción que maximicen los recursos y prioricen lo que para la comunidad es más sensible.

Las elecciones locales permitirán apreciar si el mapa de fuerzas políticas se ha transformado. Nos develarán si el uribismo pervive como fuerza política. En las elecciones, si Uribe no es candidato, su prestigio se medirá de manera residual y pondrá a prueba la existencia de una ideología uribista. Uribe se enfrenta con sus antiguos contendores -el Polo y los liberales. El Polo probará los efectos de los conflictos internos y el desprestigio de la alcaldía de Samuel. Cambio Radical, aliado con los liberales, intentará recuperar los terrenos perdidos y fortalecer la candidatura de Vargas Lleras. Santos no se juega mucho, pues si el uribismo gana, él gana; si, por el contrario, los liberales y Cambio Radical obtienen la victoria, Santos también habrá ganado. Los verdes enfrentarán la necesidad de aparecer en el resto del país y articularse como partido a pesar de las discrepancias internas. Los conservadores en busca de su agenda propia pueden fracasar de manera estruendosa y empezar el camino que tuvieron los liberales bajo el gobierno pasado.

Hay que reconocer que la política colombiana se volvió aburrida desde que Uribe dejó la Presidencia. Los partidos parecen haberse sosegado y la controversia política desapareció. Los proyectos de ley se aprueban sin discusión y los ministros no incomodan a nadie. Tal vez por eso, el retorno de Uribe a la palestra pública genera tanta controversia; tal vez por eso tenemos que seguir escribiendo sobre este hombre que le resucitó la pasión por la política a amigos y opositores.

El País, Cali. 4 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/acabo-uribismo

Uribe en el ruedo político

2011-01-30T21:27:00.000-08:00

Hoy se inician los talleres democráticos, que pretenden ser un espacio para la construcción de consensos con miras a fortalecer la democracia, mediante el diálogo directo entre electores y eventuales candidatos. Se trata de una propuesta llamativa que pretende replicar los consejos comunitarios que fueron una de las facetas más interesantes del gobierno Uribe, la discusión de los problemas locales con los actores afectados. Deberá ser un proceso de identificación de prioridades y formulación de alternativas que le dará a los candidatos locales una oportunidad de confrontar –antes de ser elegidos- los problemas que la sociedad percibe y ajustar así sus ideas y proyectos. Uribe aportará su profundo conocimiento de las realidades colombianas y ayudará a plantear planes de gobierno serios.

A pesar de que su retorno aparece en este formato cuasi técnico, aquello no será sencillo. Todos los precandidatos quieren el apoyo de Uribe, pues su prestigio político puede ser elemento definitivo de algunas victorias. Pero son pocos los que están comprometidos con el ideario y la manera de hacer política del ex presidente.

Salazar, como presidente de los conservadores, anunció que ellos no participarán en los talleres, pero asegura que existe un acuerdo según el cual Uribe apoyará los candidatos que resulten de las alianzas entre la U y los godos. La declaración no convence. Si los conservadores planean acuerdos con la U, lo lógico es que participen activamente en los talleres para en ellos encontrar alternativas para las regiones y lograr tener parámetros reales para tales acuerdos y la selección de candidatos. La posición de la directiva azul evidencia que los acuerdos serán simplemente electorales. No se trata de un compromiso ideológico, sino de la mera adición de votos. Craso error, pues semejante actitud puede comprometer el futuro del partido en las elecciones que vienen. Las alianzas entre los liberales y Cambio Radical, apoyadas por el actual gobierno, crean un escenario que amenaza al uribismo y, en especial, a los conservadores, que pueden perder lo que con tanto esfuerzo se consolidó bajo Uribe.

El caso de la Alcaldía de Bogotá tiene matices similares. La eventual candidatura de Uribe para la magistratura de la capital sería muy interesante, pero él mismo la descartó categóricamente. Peñalosa, que pertenece a otro partido ajeno al uribismo, solicita el apoyo de Uribe, pero no asume compromisos ideológicos. Se trata del ejercicio de la política electorera, según el cual por el hecho de ser un ‘buen candidato’ se excluye de la necesidad de asumir el proceso elegido por el ex Presidente para hacer concertaciones y elaborar proyectos de gobiernos concertados con la comunidad.

Cabe recordar que la victoria de Samuel Moreno se debe en parte a que el candidato opositor fue Peñalosa, quien, a pesar de sus buenas gestiones como Alcalde, no goza del aprecio de la gente. Los bogotanos lo identifican con el despotismo ilustrado (el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo). El desprestigio de Samuel en algo habrá valorizado a Peñalosa, pero es evidente que Peñalosa no ha representado ni representa el ideario uribista. Además dentro de su partido le costará derrotar a Mockus. Es difícil creer que el uribismo no tenga entre sus filas un candidato que al menos se equipare con el verde y que sí lo represente.

El País, Cali. 28 de enero de 2011
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¿Incluso del Estado?

2011-01-23T21:32:00.000-08:00

Ser trabajador independiente tiene muchas dificultades; no hay estabilidad laboral, no hay vacaciones ni cesantías y además implica entrar en un régimen de seguridad social confuso, injusto y muy costoso. Y eso que los trabajadores independientes son el 41,2% de los empleados en el país.

El 80% de los independientes están afiliados al sistema de salud, pero sólo el 6,4% aporta a pensiones y 4,6% a riesgos profesionales. Hay varias razones que pueden explicarlo, la principal es que la salud se necesita siempre, es una necesidad inminente. Hasta el 2007 no era posible cotizar sólo en salud, todos estaban obligados a aportan también a pensiones. Así que los desempleados o los estudiantes o quienes tenían ingresos insuficientes tenían que escoger entre pagar ambas o renunciar al derecho principalísimo a la salud. Era una exclusión atroz y torpe que tardó mucho en resolverse.

Pero muchas otras complicaciones persisten. El salario mínimo es la base del sistema, debe cotizar mínimo sobre un smlm para salud y pensiones y para afiliarse a riesgos profesionales debe hacerlo al menos sobre dos. Así que cada vez que el salario se alza, los independientes se ven obligados a aumentar sus aportes, sin que eso necesariamente haya sucedido con sus ingresos. Según un estudio del Banco de la República, tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo y el porcentaje disminuye cada año. El 29,9% gana menos de esa cifra. Eso significa que los pagos que tendrían que hacer para participar en la seguridad social serían el 40% de un salario mínimo.

Recordemos que tendrían que pagar el 12,5% para salud, 16,5% para pensiones, más retefuente del 10% y reteica de 1%, es decir, el 40% de sus ingresos o del salario mínimo. Es tan absurdo, que la norma permite que los independientes coticen sobre el 40% de sus ingresos. Aquello resuelve la imposibilidad mensual, pero causa un daño mayor. La pensión de jubilación será de esa pequeña fracción, sin importar que su esfuerzo económico ha sido más fuerte. Además, ante una licencia, una incapacidad o una maternidad el trabajador sólo percibirá el 40% de sus ingresos, severa disminución para una época difícil.

A pesar de que el cubrimiento de incapacidades o licencias sería posible en esa precaria forma, la realidad es que pocos independientes pueden hacer uso de ellas. Quienes trabajan por contratos de prestación de servicios, no pueden ejercer el derecho a enfermar o ser madres pues no hay posibilidad de suplir las vacancias temporales y simplemente se opta por terminar el contrato. Se contrata un servicio ininterrumpido que para nada tiene en cuenta las condiciones personales del contratista.

En detalles más simples tenemos que los formularios para inscribirse en el sistema son atroces; largos y difíciles. Así mismo, es difícil cambiar el salario que se usa como base de cotización. Es un sistema estático que no responde a las necesidades de los colombianos. Y eso que hay muchos trabajadores que además tienen que pagar IVA, contratar contadores y hacer declaraciones.

Este es un caso más donde el país que los técnicos tienen en la cabeza, no es el país real en el que vivimos. Se crea un sistema para los asalariados donde todo fluye para ellos; y un régimen complejo, incompleto, costoso y excepcional para los independientes; lo curioso es que hay casi siete millones y medio de trabajadores independientes, casi la mitad del mercado laboral.

El País, Cali. 22 de enero de 2011
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Bancos y desarrollo

2011-01-16T21:30:00.000-08:00

El problema de la falta de bancarización en Colombia tiene raíces históricas que afectan, pero hay un sistema que no responde a las necesidades ni le da a su función la mirada social que le corresponde.

En las naciones católicas tenemos una resistencia a los negocios que se nutren del manejo de capitales, basta recordar que durante la Edad Media cobrar intereses estaba prohibido y era pecado; de ahí surgieron los límites de la usura. Los bancos en Colombia tampoco cuentan con la devoción de las masas, que los consideran abusivos. La gente se queja del mal servicio, de los excesivos cobros, de la falta de créditos para el sector real y de las excesivas ganancias que obtienen en cada ejercicio que no corresponden a la calidad ni a la función que cumplen.

El Ministro de Hacienda dijo que los abusos deben ser corregidos e insistió en la necesidad de que los servicios bancarios tengan topes. La discusión en torno a cuál es el valor exacto de sus cobros no es relevante, Echeverri está muy en lo cierto; los bancos en Colombia cobran excesivamente: por servicios muy simples como pagar los servicios públicos o consultar los saldos por Internet o por teléfono. La norma establece que al menos debe haber un mecanismo para pagar y retirar dinero que sea completamente gratis; hábilmente aquella alternativa es la de ir hasta la sucursal, donde el servicio es pésimo e implica una pérdida de tiempo superior a lo que cobran. Lo cierto es que a los colombianos no les gusta el servicio que reciben: en noviembre las quejas contra los bancos crecieron el 24% y paralelamente la banca obtuvo entre enero y octubre de 2010 utilidades por $7,86 billones.

Si bien, la Superintendencia Financiera -que absorbió la Bancaria- cumple con algunas funciones, como son las de vigilar y recibir los reportes de los bancos para evaluar su comportamiento, la entidad ha sido incapaz de regular de manera seria y consistente el mercado bancario. Para muchos, éste se comporta como un oligopolio, donde hay tan pocos proveedores, que tienen el poder para abusar de su posición dominante. Es prioritario tener una regulación que tome en cuenta esta estructura y que reduzca su capacidad de extraer del mercado más de lo que corresponde. Seguimos con una taza de intermediación entre las más altas del mundo y un pésimo servicio.

Por supuesto que la banca es un negocio que debe ser manejado con cuidado pues se arriesga el ahorro de los colombianos, pero es también una necesidad de la sociedad moderna. Tan sólo el 30% de los colombianos -14 millones- tiene acceso a ella. Mientras grandes fracciones de la sociedad sigan excluidas no será posible construir una economía formal, grandes cantidades de dinero quedan por fuera del sistema. Ello recorta la posibilidad de internacionalizar muchos negocios, imposibilita el control de la tributación y deja por fuera del crédito a ese 70% de la población.

Ese ahorro de los más pobres queda a merced de estructuras ilegales como las pirámides, los préstamos de usura, los captadores ilegales que terminan por robarse el esfuerzo ya hecho. Lo peor es que la falta de crédito no contribuye a la solución del problema de vivienda y quienes más lo necesitan siguen sin acceso. Las iniciativas del banco de los pobres para los microcréditos son necesarios, pero la banca nacional tiene que mejorar servicios y tarifas sin lo cual la economía nacional no será competitiva.

El País, Cali. 14 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/bancos-y-desarrollo

Salario mínimo e inflación

2011-01-14T09:19:00.000-08:00

Es una mala noticia que la inflación esté reapareciendo en el mundo. En noviembre China tenía ya una inflación de 5,1, India de 11% y la Eurozona llegó al 2,2%. En Latinoamérica las cosas tampoco fueron buenas Brasil 5,3%, Argentina 10% y la más alta en el mundo la tuvo Venezuela con más del 28%. En Colombia la inflación también superó la meta del Banco de la República y se colocó en un 3,17%.

Este aumento de precios tiene varios efectos; el primero es que para combatir la inflación se aumentan las tasas de interés y el dinero circulante es apropiado por los bancos. Las altas tasas de interés nos hacen menos competitivos, muchos negocios dejan de ser rentables y por ello se frena el crecimiento económico. En medio de esta especie de crisis económica las consecuencias son imprevisibles, veremos lo que pasa en China que este diciembre aumentó sus tasas de interés en 25 puntos.

Otro efecto es el que experimentan las personas con bajos ingresos. Su capacidad de compra disminuye. Hay precios que crecen más que otros, así que aquellos con bajos ingresos pueden quedar excluidos de ese consumo; esto es grave cuando los bienes son básicos. Si bien el IPC fue de 3,17%, ese porcentaje es un promedio, pues según el Dane, el combustible, la energía eléctrica, el gas, las tarifas de consultas médicas, de las aseguradoras de salud y los servicios bancarios subieron entre el 6 y 11%. El precio de los alimentos es el más preocupante, la cebolla aumentó 75%, las hortalizas y legumbres el 56%, la panela el 22% y el azúcar el 21%.

En el contexto mundial el alza de precios de los alimentos fue generalizada. Naciones Unidas informó que en diciembre el índice de precios de alimentos llegó a un máximo histórico, superando el aumento que dio lugar a la crisis alimentaria en 2008. Ello está vinculado a las alzas del azúcar y cereales como el maíz y el trigo y a los aceites; alimentos básicos que se han convertido en biocombustibles y que ahora están sometidos a ese fluctuante mercado. En Colombia el invierno puede ser una de las causas. El Ministro de Agricultura insiste en que no se trata de escasez de alimentos sino de problemas en el transporte. Puede ser la estructura de oligopolio, un mercado dominado por un número pequeño de distribuidores de los alimentos, les da poder para aumentar los precios, sin que los productores se beneficien.

La capacidad adquisitiva de los más pobres está afectado, y el salario mínimo sólo aumentó en 3,43% lo que significa que el incremento real es sólo del 0,23%. Los sindicatos han solicitado que suba el 6% cifra que, para ellos, compensaría la inflación y le daría a los trabajadores mayor capacidad de consumo.

La cuestión es que incrementar el salario mínimo no soluciona el problema. La mayoría de los colombianos, más del 50%, ganan menos de un salario mínimo y trabajan en la informalidad. Desde este punto de vista el salario mínimo es un beneficio restringido a los trabajadores que están vinculados formalmente. Además un salario mínimo más costoso puede significar un alza en el costo de todo lo que producimos. Ello desdibuja el añadido de la capacidad adquisitiva de los asalariados y incluso agrava la situación de los informales.

Superar las desigualdades sociales no es un tema de subir un salario, hay que pensar en soluciones que doten a la sociedad de más oportunidades y empleos más calificados. La construcción de una clase media creciente sigue siendo el reto.
El País Cali, 7 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/salario-minimo-e-inflacion

Primero el ambiente

2011-01-01T09:30:00.000-08:00

Se hizo costumbre meditar en éste día sobre las aristas de lo que se consiguió, las causas de lo fallido y sobretodo los coloraciones de lo esperado. Semejante relato de la vida nacional sería extenso por lo que conviene concentrarse, aún dejando temas con al menos igual importancia.

Este primero de enero tiene la nostalgia de lo que termina y la emoción del nuevo decenio, que será, seguramente, el de las telecomunicaciones, la economía financiera y el medio ambiente. La sociedad avanza por las sendas de las interconexiones y el Internet ha creado un nuevo mundo cibernético que habitamos cada vez con más docilidad. Ello ha contribuido a la creación de la economía financiera que remplaza definitivamente el modelo tradicional de generación de valor, colocando el dinero como un elemento con potencia para crearlo por sí mismo. Paralelamente a los triunfos del conocimiento científico y las consecuencias de la madurez del capitalismo aparece nuestro entorno. Esa naturaleza que ha acompañado la danza humana con diferentes papeles; de madre a madrastra, de peligrosa a predecible, ahora reaparece entre vulnerable y devastadora.

La epopeya humana es responsable por la séptima gran extinción de las especies. La expansión demográfica y geográfica de los humanos redujo las posibilidades vitales de los otros seres. El calentamiento global es también por causas antrópicas. El uso de los combustibles fósiles, como petróleo y carbón, saturaron la atmósfera de gases con efecto invernadero que impiden la salida del calor, cada vez más acumulado. Ello amenaza la supervivencia de muchas especies, pero también altera la nuestra.

Ya sabíamos que el calentamiento global iba a tener un fuerte impacto en los patrones de lluvia del país y en el recrudecimiento de las sequías. El invierno nos dejó lecciones. La magnitud del fenómeno se vislumbró, pero se evidenció que no estamos preparados para mitigarlo.

El Estado no ha podido cumplir con las exigencias de tener bajo su mando los recursos naturales. El modelo de las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales se muestra fracasado después de casi 20 años de funcionamiento: aire, agua, ecosistemas en mal estado; un Ministerio incapaz de controlar los desbordados, ineficientes y politizados poderes regionales. La planeación urbana está llena de fallas. Prácticamente ninguna ciudad costera respeta los 50 metros de playa que la ley ordena conservar y hay construcciones sobre los causes de los ríos; ello no sólo afecta la estética sino que supone un enorme riesgo para las edificaciones. ¿Qué sucederá cuando todas esas construcciones populares unas, y otras lujosísimas sean afectadas por el mar? ¿qué decir de las invasiones que por falta de planeación urbana desbordan las ciudades y colocan segmentos de la población más vulnerable en zonas de alto riesgo?

Otro ejemplo, entre los múltiples; los desarrollos que se hacen en la ruta Barranquilla-Cartagena suponen millonarias inversiones y aquellas bellas playas coinciden con las zonas que, según los modelos del IDEAM y del Invemar, serán afectadas por inundaciones causadas por el calentamiento global en corto plazo. ¿las licencias de construcción será usadas entonces contra el Estado, y el erario público tendrá que socorrer estas imprudencias? ¿Qué responsabilidad le cabe a los particulares que construyen a pesar de que esa es información conocida?

No se entrevé ningún intento por mejorar.

El dilema del diálogo

2010-12-30T08:48:00.000-08:00

Es evidente que las Farc están sobreviviendo a una de las crisis más serias que hayan conocido. Han tenido bajas como nunca antes y su cúpula directiva, otrora intocable, tiene que estar refundida para no perecer. Ello no significa que estén derrotados y mucho menos decididos a desistir. Las nuevas condiciones los obligan a replantear la lucha armada y estimula el acercamiento a un diálogo que le dé rendimientos políticos al fracaso que viven.

Muchos sostienen que las Farc están intentando desesperadamente abandonar el narcotráfico buscando nuevos medio de financiación. Se trata de una movida interesante que pretende liberarlos del yugo de narcotraficantes y volver a la lucha armada subversiva. Sólo así podrían consolidar alianzas y alejarse de enemigos como los gringos que no les perdonan su vínculo con el tráfico de drogas. Es un intento para dar un paso hacia afuera de las listas de terroristas. Aquello que en el contexto internacional parecería una buena noticia no lo será para Colombia.

Muchos señalan un recrudecimiento de los delitos más odiosos y terribles contra los nacionales; la extorsión y el secuestro estarían aumentando en varias zonas. El Cauca, los Llanos y regiones que habían vivido un receso de estos vicios anuncian que han sentido la arremetida de los violentos para este final de año con vehemencia. Este fenómeno contrasta con la liberación de secuestrados que se espera para el principio de año, pues lanza a la opinión internacional el mensaje contrario.

Con esta movida las Farc están devolviéndole a Piedad Córdoba presencia e importancia estratégica justo ahora que había sido sancionada por la Procuraduría. Se trata de una medida inteligente; el Gobierno no podía oponerse a las liberaciones y al no hacerlo le ha otorgado a Córdoba una especie de indulto práctico. Sigue siendo ella la comisionada para adelantar tales negociaciones y para representar a la sociedad colombiana ante esa organización dedicada al terror. Córdoba, como quedó probado en la providencia del Procurador, aprovecha estas ocasiones no sólo para liberar a los secuestrados -misión en la que ha sido exitosa- sino que lo hace dando asesoría política a esos asesinos y delincuentes.

La pertinencia del diálogo sigue siendo muy debatida. Quienes la recomiendan sostienen que es la única manera de terminar con la organización. El diálogo es costoso. Las ofertas sociales deben ser suficientemente atractivas para convencer para que los grupos al margen de la ley abandonen las armas. Innumerables crímenes serían perdonados y portentosos asesinos, secuestradores, terroristas obtendrían beneficios. En la negociación con los paramilitares hubo quienes consideraron un exceso las rebajas de penas y eso que éstas eran de prisión.

Nuestra historia está plagada de casos donde la violencia ha sido mecanismo eficaz para obtener resultados políticos. Se trata de una costumbre macabra que tiene que ser extirpada como el peor de los cánceres. Un nuevo diálogo sería una forma más de probarle al colectivo colombiano que la violencia continúa siendo efectiva para obtener beneficios políticos. Simbólicamente debilita los cimientos de la democracia y dilata que el Estado sea el único monopolista de las armas, como lo exige un Estado nacional maduro.

No dialogar implica más violencia ahora, cuando somos nosotros los que estamos vivos; pero podría ser un sacrificio por el futuro. Es un dilema.

El Pais, Cali. 25 de diciembre de 2010

Renacer liberal

2010-12-23T08:50:00.000-08:00

Pocas veces unirse en el último momento a una campaña presidencial triunfadora genera algún beneficio, pero el Partido Liberal, luego de apoyar a Santos en la segunda vuelta, se ha convertido en el mayor ganador político de esta elección. Su posición ha ido ganando espacio y se proyecta hacia un crecimiento mayor.

La unión de los liberales con Cambio Radical parece estar a punto de concretarse. Evidentemente, se trata de un esfuerzo liderado por el ministro del Interior, Vargas Lleras, y que no ha sido desaprovechado por las directivas rojas. Con este acto los partidarios de Santos se parten en dos grupos diferenciables: antiuribistas y uribistas. Y la nueva configuración política devela que, tal y como la opinión pública lo percibía, la victoria de Santos ha favorecido más a partidos antiuribistas.

Muchos sostenían que Vargas Lleras usaría su posición para reacomodar y consolidar al Partido Liberal, necesario para su proyecto político. El desgaste de su relación con Uribe lo alejó del apoyo de la U; y los conservadores han sido siempre lejanos a sus aspiraciones. Los liberales se afilian con Vargas Lleras sin dificultad, pues no sólo fueron antes una sola fuerza, sino que el Ministro está en condiciones de acercárseles con ofertas de poder concreto y, más aún, con un proyecto con vigorosos propósitos para la carrera presidencial.

El asunto es interesante, pues plantea dos escenarios; en el primero Vargas Lleras enfrentará a Santos en las elecciones para presidente. De ser así, parece extraño que Santos permita que el ministerio del Interior actúe en contra de sus propios intereses futuros. La segunda alternativa es que Santos intentará mantener el liderazgo entre los dos grupos (liberales-Cambio y conservadores-U); lo que supone compromisos muy sólidos entre Santos y Vargas Lleras, además de un reto difícil.

Las abrumadoras cifras de respaldo al presidente Santos pueden significar dos cosas: él ha logrado atender asuntos que nos congregan a todos; o bien, no ha enfrentado aún la necesidad de mostrar favoritismo hacia ninguno de los dos sectores. Lo cierto es que existe una crisis latente en las relaciones con los conservadores y la U, que se agravará con la unión, pues el Ministro de la política estará comprometido con uno de los grupos.
Se avizoran mayores dificultades por la proximidad de las elecciones regionales. Ahí la nueva alianza tendrá su primer efecto; los liberales-Cambio irán unidos y con el respaldo del gobierno; los godos y la U -todavía sin acuerdos- irán también con apoyo gubernamental. El enfrentamiento entre los dos grupos medirá no sólo el respaldo popular, sino, y sobretodo, la posibilidad de que Santos siga ostentando esa posición suprema ante los dos bandos. Las naturales aspiraciones de poder ahondaran las diferencias y presionarán a Santos, quien pretenderá jugar un papel neutral para mantenerse sobre ambos.

Aún aceptando que Santos puede lograr la concertación entre los uribistas y antiuribistas, sobreviene la cuestión de si es deseable. El país ha perdido potencia en el debate político. Parece que estamos regresando a aquellas etapas cuando todos los partidos eran gobiernistas y lo que pasaba quedaba invisibilizado por los acuerdos entre todos.

La participación de Uribe en las elecciones regionales puede ayudar a detener este fenómeno de confusión política. Cada partido debe izar sus ideales para que el país vea en que consiste cada ideología.

El Pais, Cali. 17 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/renacer-liberal

Wikileaks

2010-12-08T21:30:00.000-08:00

El escándalo de Wikileaks develó funciones de la diplomacia que sorprendieron a muchos, sin que aquellas disten mucho de las actividades diplomáticas primigenias. Cuando los Estados desconfiaban unos de los otros y eran potenciales enemigos, la figura de un diplomático era una garantía. Se trataba de un emisario, autorizado para estar cerca del gobernante vecino y comportarse como los ojos del país que representaba en medio de un contexto extranjero. Esos ojos debían estar ahí para observar, sacar conclusiones e informar de los desarrollos políticos. Era fundamental para garantizar que todo lo que hacía un gobierno podía ser visto por los otros.

La diplomacia sigue siendo lo mismo que era: una especie de espionaje que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en la desconfianza. Eso es lo que vemos en Wikileaks, los informes sobre lo que se sabe y se observa de los gobiernos extranjeros.

Si bien los hechos revelados no sorprenden pues analistas políticos ya los pronosticaban, adquieren una certeza perturbadora. El reconocimiento tácito de Brasil sobre el refugio que da Venezuela a guerrilleros de las Farc le da la razón a Uribe y cuestiona toda la movida diplomática del gobierno Santos para recuperar la amistad con el vecino. Así mismo, se muestra que las alianzas en el continente no están dadas por la verdad, sino por ideologías políticas y conveniencias.

Las apreciaciones de Calderón, presidente de México, sobre la necesidad de que Brasil se alinee con EE.UU. en vez de con Chávez, sustentan esa idea. Calderón se refirió a la intervención en política del venezolano en toda Latinoamérica y el peligro que ello supone para nuestras democracias. Se evidenció en varios documentos el vínculo entre Chávez y Cuba, donde hay prácticamente un cogobierno. También quedó en claro que Cuba -como se sabía- recibe a los terroristas de las Farc, ETA y ELN para que se recuperen y descansen.

Más aún, varios documentos y comentarios muestran la preocupación por la cercana relación del líder venezolano con Irán -cuya influencia es creciente en nuestro continente, según la información, especialmente en Venezuela y Bolivia-. Esa situación del Medio Oriente adquiere matices tenebrosos. El programa de misiles de Irán es gigantesco. Ya se los han ofrecido a Siria y esta a Hezbolá. Hay evidencia de empresas fachadas iraníes tratando de adquirir tecnologías para misiles de largo alcance en Rusia y Alemania. Irán tiene además la Guardia Revolucionaria -muy parecida a las milicias bolivarianas- conformada por 125.000 hombres armados que cada semana hacen ejercicios militares.

Numerosos cables comprueban la creciente preocupación de los países árabes por el programa nuclear de Irán que para todos es un programa militar que conducirá a la bomba atómica. Por ello, EE.UU. ha tenido que venderles armas y servicios militares por 123.000 millones de dólares, triplicando los años anteriores; y situar baterías antimisiles en la región. Casi todos los países árabes le han solicitado la intervención a EE.UU. para detener a Irán. Si bien, Emiratos Árabes y Bahrein se muestran partidarios de una intervención militar, los otros la descartan y piden acciones de manera contundente y pronta. La amenaza de expansión del poder fundamentalista de los chiítas es evidente, al igual que el escalamiento del conflicto, pues queda en evidencia que si Irán desarrolla la bomba todos harán lo propio.

El País Cali, 3 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/wikileaks

Política judicializada

2010-12-03T21:28:00.000-08:00

La polémica que desató el comunicado del ex presidente Uribe había estado latente desde que él era Jefe de Estado. La cuestión que subyace no es menor, se trata de la relación entre la política y la justicia. Se ha vuelto costumbre en Colombia terminar los debates políticos en los estrados judiciales. Es un mal vicio que distorsiona la esencia de la confrontación pública, la toma de posiciones y la oposición a las ideas predominantes.

Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.

Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación.

La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.

Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.

El País, Cali. 26 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/paloma-valencia-laserna/politica-judicializada

Corrupción

2010-11-26T21:25:00.000-08:00

El índice de percepción de la corrupción desarrollado por Transparencia Internacional nos ubica con niveles similares a Perú, en el puesto 76. Casi en la mitad del camino hacia el puesto 178, donde se ubican los más afectados. La corrupción es una enfermedad; sus síntomas nos afectan, pero muestra problemas en los cimientos de la sociedad, laxitud en el vínculo connacional y, sobretodo, una pobre comprensión del largo plazo. Es, sin duda, el peor de los males colombianos.

La corrupción tiene que ver con poder, con su mal uso y con un beneficio personal. Tiene además la característica de que, en general, lo obtenido por el individuo corrupto es muy inferior al agregado de beneficios arrebatados. En el caso del profesor que no cumple adecuadamente con su trabajo, pero recibe su sueldo, es evidente que los recursos que apropia son inferiorísimos al daño de sus alumnos con educación usurpada. Más aún, parece irracional que aquellos encargados de las obras públicas -que nos benefician a todos, ellos incluidos- decidan arrancarle a la sociedad su progreso y relegarse a ellos mismos y sus familias a las incomodidades que supone la falta de acción gubernamental. La explicación puede estar relacionada con que un beneficio es individual, inmediato y monetario, mientras el otro es colectivo, de un plazo más amplio y, aunque siempre conlleva un daño económico, tiene además una textura no monetaria.

Los escándalos colombianos son tantos y la negligencia tan recurrente que nos hemos convencido de que el letargo de las obras públicas es necesario. Tuve la oportunidad de ver como en los EE.UU. una calle de más de 4 carriles fue pavimentada en menos de 5 días, en obras que se realizaron en las noches y sin interrumpir el tráfico durante el día. Así que sí se puede, lo demás es un desfile de excusas.

No existe una cura para la corrupción, pero habría que intentar medidas. Los teóricos de la corrupción sostienen que subir las penas cuando la capacidad de aplicarlas es baja, no funciona. Por el contrario, el valor simbólico del castigo se vuelve un incentivo para que el pacto entre los corruptos se mantenga. Ninguno dice nada pues la sanción es tan alta que no les conviene. Enfoques novedosos señalan que son mejores las normas donde quien denuncia tiene una pena muy baja, inexistente o incluso disfruta de un beneficio. Ello genera un marco de inseguridad donde hacer pactos corruptos supone un alto riesgo. A medida que se configure un marco donde cada corrupto -público o privado- sospeche del posible daño que el otro puede causarle, serán menos propensos a establecer tales acuerdos.

Las normas procedimentales han mostrado su inutilidad. Los recovecos del procedimiento se vuelven excusas para esconder la corrupción. Una normativa con principios y que exija resultados podría simplificar las cosas para los administradores, los contratistas y los órganos de control.

La visibilidad también es efectiva. En las obras y en una página pública en Internet deberían estar los valores de los contratos, los tiempos estipulados para su ejecución y los nombres de los contratistas, discriminando claramente los socios de cada persona jurídica. Así al menos sabríamos quiénes están a cargo de los desastres con que tropezamos cada día, y existiría la posibilidad de que ejerzamos presión social.

A pesar de los escándalos no podemos condenar a todo el sector público pues, a pesar de los lunares, hay un grupo significativo de servidores públicos comprometidos con el país.
El Pais, 20 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corrupcion

¿Unasur?

2010-11-17T19:27:00.000-08:00

Esta organización fue creada en 2004 para superar la CAN, el Mercosur y la OEA -que incluye a EE.UU-. Imitando el modelo de la Unión Europea, la idea es que para el 2019 Suramérica tenga una integración total, un mismo pasaporte y moneda. Ya fue elegido el Parlamento Andino, sin que los electores supieran o le dieran la debida importancia. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, y Venezuela son miembros, y faltan por ratificar el tratado Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia. Se espera que para finales de este mes de noviembre esté completamente aprobado el tratado mediante el cual Colombia se hace miembro de Unasur, esta celeridad en el asunto puede no ser una ventaja para nuestro país.

La necesidad de una organización que nos agrupe es evidente. El bloque suramericano se ha caracterizado por una pobre integración, lo que le ha costado mucho. En esta época las alianzas territoriales y comerciales otorgan ventajas económicas, así, por ejemplo, si como bloque hubiésemos negociado los tratados de libre comercio con EE.UU. y la UE seguramente hubiéramos obtenido ventajas más significativas. La sola integración regional podría potencializar nuestros mercados y hacernos un bloque económico significativo en el contexto mundial.

Los provechos y las intenciones de integración los conocemos desde tiempos de la independencia, pero nunca se materializan. Diferentes factores han influido negativamente; el caudillismo nacionalista, la corrupción, los delirios de importancia y los paralelos complejos de inferioridad que padecemos e imponemos a nuestros vecinos, pero, sobretodo, la falta de un proyecto político que logre recogernos a todos. Esto será, seguramente, lo que afectará la Unasur.

Las ideologías políticas de las naciones no siempre coinciden y si el proyecto no es lo suficientemente amplio para incluirnos a todos, termina por romperse. Aquello se evidenció en el tema del uso de las siete bases colombianas por parte de los EE.UU. Unasur apareció como una entidad con una carga política evidente en contra del gobierno del presidente Uribe. La organización no mostró reparos en las compras militares de Chávez que superan los US$15.000 millones, ni tampoco por los acuerdos militares de Brasil con los norteamericanos.

El reversazo que le dio Santos al acuerdo sobre las bases ha restablecido la amistad con estos vecinos y con la organización. Pero no por mucho que cedamos, las realidades se transforman. Recordemos que es precisamente en estas reuniones de Unasur, donde varios mandatarios latinoamericanos han cuestionado la calidad de terroristas de las Farc. Esto coincide con el deseo de esta organización de querer hablar ante sus miembros. La ideologización de Unasur podría servirle para salirse de su merecida condición de terrorista para alcanzar un estatus político. Quienes son más pesimistas en torno a las cargas de Unasur sostienen que el remplazo de Kirchner será Piedad Córdoba. Aquello sería un desafío y una afrenta a la Justicia y soberanía colombiana, y un paso más hacia los deseos de las Farc.

Precisamente por ello, la decisión del presidente Santos de integrar los mercados y las personas de nuestro país con Perú y Chile es una alternativa más viable. Con estos países compartimos más rasgos ideológicos y tenemos proyectos de desarrollo más parecidos. Ello da mejores perspectivas y podría acercarnos sin riesgos a un proceso de integración.

El País Cali, 13 de novimbre de 2010

Economía financiera

2010-11-14T19:30:00.000-08:00

La nueva era económica donde los capitales por sí mismos son capaces de generar valor supone desafíos. La teoría económica tradicional sostenía que la creación de valor surgía de la combinación de los medios de producción, el trabajo y el capital. En las interpretaciones marxistas la propiedad de los medios de producción les permitía a los capitalistas arrebatarle al proletariado la plusvalía (el aumento de valor en la mercancía que surge de la transformación de la materia prima a través del trabajo). El trabajador era explotado, pues perdía aquello que su trabajo había producido y recibía solamente un salario de subsistencia.

Hoy en día la gran generación de riqueza no se causa en las empresas o en la propiedad de los medios de producción, ahora existen los capitales financieros; colocados en una capa superior, financian y especulan sobre el sector empresarial y crean valor para sus dueños.

La venta de acciones de las empresas se inicio como un mecanismo eficiente para financiar las necesidades de capital. Los dueños del capital invierten en las empresas a través de títulos que fragmentan la propiedad, y se constituyen en dueños teóricos; que no interfieren mucho en la administración, pero participan de las utilidades que se producen. El mercado financiero ha venido cambiando las condiciones, ahora las inversiones tienen en cuenta, también, la especulación sobre el precio accionario. La oferta y demanda de acciones alteran el precio tanto o más que el comportamiento de las utilidades. El mercado además permite la transacción de bienes en el futuro, especular sobre sus precios y sus cantidades. Aquel ejercicio es capaz de alterar, incluso, el precio de los bienes reales.

Los capitales circulan y se invierten y en ese solo movimiento generan valor. Se trata de un fenómeno que cambia radicalmente el contexto de la economía. Las categorías marxistas caen en desuso, pues la propiedad de los medios de producción es mucho menos significativa que el capital y su circulación.

Se trata de una capa superior a la infraestructura y superestructura marxista. Las consecuencias que esta nueva conformación económica supone están apenas iniciándose. Los grandes capitales, además, rompen las fronteras de los Estados nacionales. Entran y salen; su desplazamiento otorga nuevas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo es capaz de distorsionar la política monetaria de economías emergentes. Esta nueva forma de generar riqueza nos exige repensar el proceso de desarrollo, pues el mundo que nos espera se aleja ya de ese paradigma. Los Estados nacionales se vuelven insuficientes para regular una economía trasnacional que rompe cualquier posibilidad de tributación incisiva e impide las políticas de redistribución de la riqueza. Es muy posible que la concentración de los capitales conduzca a mayores desigualdades sociales. Los volúmenes de la concentración del capital irán eliminando la posibilidad de que otros agentes tengan acceso.

Paralelamente, en términos de la búsqueda de la libertad que inspiraba al pensamiento marxista, aparece como una oportunidad para liberar al sujeto de aquellos trabajos alienantes, y aun así mantener las economías en plena producción. Si el mundo es capaz de comprender este nuevo fenómeno económico y direccionarlo para que su crecimiento sea benéfico para todos habremos dado un nuevo paso, que da las ventajas del comunismo y las libertades del capitalismo.

El País Cali, 6 de noviembre de 2010

La santidad de Chávez

2010-11-03T09:13:00.000-07:00

Y mientras Chávez y nuestro Presidente se reúnen y celebran el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas, pasan cosas interesantes.

El Gobierno de España le pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela por una “manifiesta cooperación gubernamental” de éste con ETA y las Farc. A través de una decisión seria y estructurada de la Procuraduría, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada por probados vínculos con las Farc. Ella es la socia más ferviente del proyecto chavista en Colombia. Siguiendo los lineamientos de Ahmadinejad, el líder iraní sancionado por la ONU por su programa de enriquecimiento de uranio que -según muchos- busca convertir a Irán en una potencia nuclear, Chávez anunció el inicio del proceso para tener energía nuclear en Venezuela.

Y no olvidemos que Chávez ha magnificado la carrera armamentística de Venezuela. En millones de dólares: US$13.000 a Rusia, US$200 a Brasil, US$2.040 a España. Y el Mandatario ha dejado muy claro el destino de muchas de ellas: la milicia bolivariana. Como su nombre lo indica es sociedad civil armada y con una clara filiación política. La milicia, según el líder, debe estar muy bien armada, pues llegará a suplantar a la Guardia Nacional en algunas funciones.

Todo coincide con la primera derrota electoral de Chávez. En las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela no obtuvo la mayoría calificada que antes tenía. Perdió ‘feo’ en Zulia, Táchira y Anzoátegui. Aunque las autoridades venezolanas no suministraron cifras totales a nivel nacional de esta votación, se sabe que la oposición obtuvo algo así como el 52% de los votos. Aún así, la nueva configuración de las circunscripciones electorales de Venezuela le dieron al Psuv, el partido chavista, un numero mayor de escaños en la Asamblea.

No hay que tener mucha malicia para saber que un ejército con filiación política es un peligro. Tampoco para sospechar de tanta coincidencia en torno a los vínculos de su gobierno con organizaciones terroristas. Ni deja duda su proyecto. Y con semejantes alianzas y compras militares no podemos suponer que Chávez está organizando una fiesta.

Mientras tanto en Colombia se pavonean orgullosos por el nuevo estadio de las relaciones con el vecino líder. El magnánimo autorizó el pago de la millonaria deuda a Colombia. La está pagando a discreción y sin afán. Felicitó al presidente Santos por la decisión de no tramitar ante el Congreso el tratado de uso de las siete bases militares colombianas por parte de los norteamericanos.

El hecho nos sorprendió a algunos. Santos como ministro de Defensa parecía convencido de la necesidad de contar con la cooperación de los gringos. Más aún, era un férreo opositor de Chávez, y fue el presidente Uribe el que debió llamarlo a la prudencia. Ahora, es Presidente.

Lo cierto es que ni los colombianos comprenden que está pasando. Todos especulamos, mientras la senadora Moreno dice que hay un cambio de 180 grados frente a la política militar de Uribe; la canciller Holguín dice que todavía no está claro el futuro del tratado.

Y hablando de cambios de la estrategia en este Gobierno, ¿por qué el coronel Juan Carlos Rico, quien diseñó y coordinó la operación Jaque, no fue llamado para el curso de General? Qué alguien nos explique.

El País, Cali. 30 de octubre de 2010

De Moreno a oscuro

2010-10-27T23:03:00.000-07:00

Vale recordar que la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá no estuvo inspirada en la convicción en su capacidades; muchos votaron por él en contra de Peñalosa. Esos votos inversos siempre resultan costosos. La administración de Bogotá por parte de Moreno ha sido una catástrofe. Colapsó la movilidad. La ciudad tiene muchas vías importantes cerradas sin que se observen obras en ejecución y en el mejor de los casos, realizaciones lentísimas; el Transmilenio ha decaído en frecuencias y no da abasto; el servicio público de buses sigue en el desorden de siempre. Nadie está contento con esa alcaldía y en este contexto aparece el escándalo de corrupción en la contratación.

La capacidad de autocrítica es escasa en política, y precisamente por ello brilla y debe ser exaltada. Da un gran ejemplo el Polo Democrático cuando muestra que por encima de las asociaciones políticas, está la lealtad hacia la Nación y los principios que valoramos. Es un ejercicio que requiere mucha solidez ideológica y exige arrojo.

Sería más fácil un debate con otro partido, pues los ataques servirían para fijar posiciones y ajustar la dinámica gobierno-oposición. La disputa interna puede fracturar la unidad y desprestigiar al partido, pero si el Polo es capaz de terminar con éxito este proceso habrá fortalecido la democracia colombiana y habrá mostrado una madurez que no tiene ningún otro partido.

Se habla mucho sobre las millonarias tajadas que pagan los contratistas al Estado; se dice de las licitaciones amañadas, se asegura que hay renegociaciones absurdas en los contratos, se alega que los ingenieros alteran diseños, materiales, tiempos para su conveniencia. Todos sabemos que hay corrupción, pero a la hora de encontrarla y extirparla se nos esconde. Permanece solapada entre la sospecha y chisme. Se mueve, como todo lo ilegal, en un mercado turbio donde sólo los implicados tienen acceso.

Este caso le da la oportunidad al país para revisar que es lo que está pasando. El conglomerado de leyes que pretende limitar la corrupción generando cada vez más procedimientos se ha convertido en una excusa para encubrirla. Los servidores públicos se excusan en la ignorancia, y prefieren ser calificados de ineptos que de corruptos. Su defensa consiste en mostrar que han cumplido con el tramite legal, aunque el resultado final sea desastroso. El sector privado que contrata con el Estado se esconde en la engañosa posición de que son víctimas de la corrupción, que sobornan porque es casi una obligación.

Hay una asociación nefasta público-privada dedicada a enriquecerse robando a la sociedad. Nos roban y quedan impunes y ricos. No sólo nos arrebatan dinero, es calidad de vida, es desarrollo, es tiempo. Retrasan los procesos colectivos, hacen inútil la tributación y las políticas sociales. Contra la corrupción es más poderosa la presión social que la ley. Es una pelea que le debemos todos a Colombia. Denunciar y perseguir.

Nota: Me sorprendió que la senadora Alexandra Moreno anunciara que el presidente Santos ha decidido no tramitar ante el Congreso el acuerdo sobre el uso de las bases colombianas por parte de los EE.UU. El tema merece que Santos le explique el país si esto es una concesión que estamos haciendo los colombianos para mantener las relaciones con Venezuela y satisfacer a Chávez. Es necesario que el país sepa lo que estamos haciendo para recuperar esos US$786 millones que nos debe Venezuela.

El País Cali 23 de octubre de 2010

El retorno de Uribe

2010-10-20T14:01:00.000-07:00

Causa curiosidad lo que va a suceder con Uribe. Es el político que con más prestigio se retira de la Casa de Nariño, así que podría dedicarse a criticar los sucesores como lo han hecho los otros. La diferencia sustancial es que él, en oposición a nuestros críticos ex presidentes, realizó una tarea frente a la cual las mayorías colombianas se sienten satisfechas. El prestigio de su gestión sería suficiente para que sus comentarios no se convirtieran en palabras inoperantes. Su liderazgo es incuestionable, y sus posturas serían capaces de afectar la opinión pública. Se encumbrarían en la posición de un patriarca. Inamovible, infalible y irrebatible.

Aquello no va con el carácter de Uribe, y tal vez por ello ha sabido ganarse la confianza de las masas. Uribe será un ex presidente tan distinto de los otros, como lo fue de presidente. Colombia no ve, desde hace mucho, uno que apenas termina su cargo permanezca en el país, asuma posiciones políticas y las confronte electoralmente. No uno que no asuma el lugar de la oposición, sino decidido a usar su prestigio en beneficio del Gobierno (entre otras porque los últimos han sido reemplazados por sus opositores). No uno que represente una fuerza política que trasciende un partido.

Uribe está asumiendo el riesgo de desgastar su vastísimo prestigio, y más aún arriesga el uribismo. Se ha especulado sobre si el uribismo es una ideología o si se trata del mero producto del poder en torno a un presidente. Sin tener una posición encumbrada -sin ser presidente, ni patriarca- es difícil mantenerse entre dos partidos. Si la U se vuelve su único bastión, los conservadores pueden apartarse y se pierde medio uribismo.

La entrevista del presidente del Directorio Nacional Conservador sobre los acercamientos de Uribe a los godos deja ver esta fisura. Araújo representa un sector conservador que valora las formas institucionales del Partido. En la elección presidencial descalificó a los conservadores que apoyaron a Santos, incluso los amenazó con las expulsiones previstas por los estatutos en aras a conservar la unidad. Pero hay otro sector que encabezan Valencia Cossio y Arias que creen que hay un proyecto político -que encarnó Uribe- que vincula a los godos con la U y que en esa medida es posible hacer alianzas estratégicas que le permitan posicionarse electoralmente.

A pesar de que en la contienda presidencial los conservadores mostraron su abrumadora predilección por el segundo sector, identificado con el uribismo, las directivas no asumieron la derrota. Araújo ya anunció que Uribe es un amigo, pero un militante de la U ajeno al Partido Conservador, y señaló su intensión de “hacer cumplir los estatutos” en las elecciones regionales. Sus declaraciones muestran que la derrota que sufrieron él y toda la directiva azul no tuvo consecuencias. El sector uribista con mayor aceptación entre los votantes, no parece tener mucha representación ni acogida en la directiva.

Buenas intrigas se irán resolviendo en telenovela de la política colombiana: ¿Podrá Uribe mantener su liderazgo sobre dos partidos a la vez? ¿Existirá un proyecto político capaz de incluirlos a ambos? ¿Será posible que los partidos tengan acuerdos estratégicos con otros sin irse deshaciendo como partidos? ¿Podrán los estatutos mantener unido un partido en contra de las convicciones personales de los líderes? No deje de ver que resolverán los votantes.

El Pais, Cali. 16 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/retorno-uribe

Despolitizar el Nobel

2010-10-18T14:03:00.000-07:00

Se había dicho mucho que Vargas Llosa no recibiría el Premio Nobel de literatura. Sostenían los entendidos que sus posiciones políticas -calificadas como de derecha- disonaban con la ideología del Nobel, destinado sólo a izquierdistas. El que se lo haya ganado parece liberar a la Academia sueca de un yugo según el cual en el proceso de selección no sólo se analizaba la obra sino, y sobretodo, la ideología de los autores.

La idea de que existe una perversa derecha y una izquierda benévola, hace mucho tiempo que se desfiguró y carece de cualquier asidero en la realidad. Las atrocidades de los regímenes autoritarios se configuran a pesar de las ideologías, los hay tanto de derecha como de izquierda. Ambas corrientes, dentro del contexto del constitucionalismo liberal que inspira los partidos en las democracias modernas, están circunscritas a reglas de respeto hacia la voluntad popular, las libertades individuales y la limitación del poder estatal. Las posturas políticas enmarcadas en este tejido son maneras de priorizar y estrategias distintas, pero que en general pretenden y aspiran a lo mismo. Todo aquello que atente contra esos principios constitucionalistas -sin importar la ideología o intensión que lo sostenga- es lo que debería ser inaceptable.

Así lo demuestran la vida y la obra de Vargas Llosa. A pesar de su ideología o con ocasión de ella, enfrentó los excesos de Fujimori en el Perú. Su obra ha sido prolija en retratar las atrocidades de la dictadura. La Fiesta del Chivo, una de las novelas más excelsas de nuestra lengua, retrata las ambigüedades de Leonidas Trujillo en República Dominicana y con ella estampó la más dura mirada contra la dinámica de las dictaduras latinoamericanas.

Se dice que fueron precisamente las tachas ideológicas del Premio las que impidieron que Jorge Luis Borges, uno de los más grandes de la literatura de los últimos tiempos, accediera al prestigioso galardón. Sin que encuentre justificada ninguna tacha sobre Borges, el hecho pone de presente una cuestión prioritaria, a saber, la importancia del artista frente a su obra.

A diferencia de la ciencia que se reputa objetiva y en esa medida políticamente neutra, la literatura ha sido apreciada como una herramienta política fundamental. La idea de que la literatura puede ser convertida en propaganda política por su autor es un tanto compleja. La literatura como cualquier actividad humana se mueve entre códigos políticos, pero nunca la obra de arte es esclava de su autor. La obra y el escritor son cosas distintas y la obra deambula y produce efectos sin el artista y aún en contra de él. Es imposible entregar un premio a la obra y por eso los premios se personalizan, sin que con ello la integridad de la obra se afecte.

Mario Vargas Llosa era aún sin el premio una de las figuras más importantes de la literatura. Este premio no lo descubre, sólo reconoce una obra dedicada al análisis de las complejidades de la turbulenta Latinoamérica. Es un orgullo para este continente y honor para nuestra lengua dar escritores con semejante potencia. La fluidez de su prosa, la construcción no artificiosa de las historias y los personajes dejan que un lector poco meticuloso las disfrute. Para el lector exigente, la obra abre dimensiones que dibujan los vericuetos de la existencia y donde se develan los más aterradores dolores humanos. Su obra capta la silueta del alma humana.

El Pais Cali. 9 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/despolitizar-nobel

Sin piedad

2010-10-04T14:10:00.000-07:00

Las pruebas contra Piedad Córdoba son poderosas, la providencia de la Procuraduría es sólida. Los correos que intercambia Córdoba con Raúl Reyes y otros email de la organización terrorista muestran una cercana amistad y un proyecto político compartido. Ella adelanta acciones y los aconseja políticamente para favorecer a la guerrilla y su proyecto.

A los congresistas de Ralito se los condenó por comprometerse a ‘refundar’ el Estado con los paras; para Córdoba, según los email, el país está esperando quién lo redima y las Farc lo harán a través de una constituyente. Un correo de Reyes dice que Piedad “considera, llegado el momento, estrechar sus relaciones con las Farc con miras a apoyar un nuevo Gobierno… donde las Farc sería parte principal” y remata: “Está comprometida con la obra bolivariana... está en la mejor disposición de lucha”. Los correos de la Senadora terminan con frases como “patria o muerte" y “venceremos”.

Realizar gestiones para la paz no puede significar volverse aliado de un proyecto terrorista. Córdoba se convirtió en una pieza más para la estrategia de las Farc contra el Estado colombiano. Por eso Iván Márquez se muestra satisfecho con su trabajo y lo califica de “sencillamente extraordinario”. Y tiene razón, como lo señala el email que refiere sobre Córdoba: “A pesar de todo ella ve que se abrió un espacio político para las Farc muy importante y que así tenía que ser evaluado... que apoya totalmente la plataforma política de las Farc. No así la lucha armada, pero no lo descarta como opción correcta”.

No sólo son sus acciones, también su asesoría, que ella misma califica como “alta política, es filigrana... es ajedrez”, la comprometen. Les da instrucciones directas sobre cómo deben manejar el tema de los secuestrados. Por ejemplo, les dice que no deben enviar videos sino mensajes de voz. Esa sugerencia -que puede parecer inocua- es perversa. Si ella estuviera representando a la sociedad colombiana hubiera pedido los videos que muestran las condiciones reales en las que está la víctima, en vez de sugerir que se oculte la verdad. El comentario es terrible; ella -al igual que las Farc- convierte a los secuestrados en medios, y los usa. Piedad va mucho más allá: otro email informa que “ella cree que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Íngrid ya que el resto les importa un carajo”.

El correo más intrigante es de octubre de 2007, en el que ‘Teodora’ le dice a Reyes que las pruebas de supervivencia tienen que se entregadas de manera que favorezcan la reforma constitucional de Venezuela y Chávez gane “sobrado”. Ese acierto puede significar que en el futuro, en vez de que los ricos colombianos se enriquezcan más vendiéndoles a los venezolanos, Venezuela podría cerrarles los mercados y “quebrará a todos esos tipejos”.

Piedad informa que tiene tres abogados trabajando para obtener la libertad de Simón Trinidad y se colige que tiene otros abogados trabajando por otros camaradas. Semejantes expresiones de ánimo, colaboración, instrucción con los peores terroristas de Colombia no pueden ser tomadas en babia.

La defensa de Piedad se ha centrado en que las pruebas encontradas en la Operación Fénix no son válidas.

El Pais Cali, 1 de octubre de 2010

La maldad

2010-09-28T14:16:00.000-07:00

¿Cómo puede convertirse una persona en un asesino y un secuestrador? ¿Cómo puede matar familias y destruir pueblos enteros? ¿Cómo puede alguien ponerle precio a la libertad?

Aún de manera teórica resulta difícil entender la maldad. La conciencia humana, en general, juzga por introspección. Parece natural, entonces, que se desplieguen grados de empatía por el otro y se comprendan sus circunstancias, sus motivos y sus dolores. En este contexto, la maldad es, más bien, una debilidad; no poder soportar ni controlar nuestras propias circunstancias. Terminamos actuando en contra de los otros apoyados en un sentido de que se hace por la necesidad individual o por condiciones que consideramos irresistibles.

La maldad es una falta de empatía por el otro que permite convertirlo en un medio para algo; es precisamente la incapacidad de entender el principio kantiano de que el hombre debe ser siempre un fin en sí mismo. Puede haber muchos constructos que le permiten al sujeto disfrazar sus conductas y no sentirse un mal ser humano. La justificación más poderosa sostiene que el mal inflingido es menor que el bien otorgado o que todo ello es producto de falta de educación o privaciones.

Por ello, desde el punto de vista externo juzgar a alguien como malo tampoco es sencillo. El derecho penal intenta tipificar cada una de las conductas que se catalogan como malas. Aún así cuando juzga, verifica el nivel de culpa individual.

Ahora bien, hay casos donde la maldad es tan abrumadora que no deja duda. Son hombres que se saben, se reconocen y se quieren malos. El ‘Mono Jojoy’ está en esta categoría. Era un ser humano incapaz de compasión, que debía disfrutar el dolor de los demás y regocijarse ciegamente entre el poder que una maldad así le otorgaba.

Categorizó a los campesinos como herramientas para demostrar su poder y destruyó pueblos enteros para poseer a esas comunidades. Convirtió a los soldados y a los políticos en monedas para el cambio, sin reconocerles la mínima dignidad humana y los maltrató hasta límites sólo vistos con los nazis. En su guerra contra el Estado, despersonalizó a los colombianos, nos convirtió en medios para algún deseo suyo. Lo suyo debía ser algo como el miedo, el poder, el mando, por eso murió con un reloj Rolex en la mano. Por eso debía morir.

La intención que se invoque para ejercer la brutalidad siempre será insuficiente. La violencia como mecanismo para renovar las estructuras sociales falla radicalmente porque convierte a la población en un medio. Ese es un error insuperable que aleja y distorsiona cualquier razón de bien. La contradicción de que se busca el bien del pueblo y a la vez se lo destruye es tan poderosa que es inaceptable.

El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y todo aquel que decide usurparlo ha de enfrentar su destrucción. El Estado es eterno y ningún hombre puede derrotarlo por la vía del terror. Eso está bien, porque las estructuras estatales –aunque insuficientes e incompletas- deben personificar y velar el querer popular. Y lo que es más importante, están diseñadas para que todos podamos influir en ellas, para que todos seamos parte de ellas.
Los procesos colectivos son mucho más complejos que la guerra. Cambiar, mejorar, construir condiciones exige mucho más que la intimidación. Las sociedades requieren que la pasión y el ímpetu se encarrilen dentro de la legalidad y persuadan hacía la transformación.

El Pais, Cali. 24 de septiembfre de 2010

La sapería internacional

2010-09-23T21:56:00.000-07:00

La senadora Piedad Córdoba está tratando de sabotear el TLC con la Unión Europea, en una gira que el país ya conoce porque lo mismo hizo con el tratado de EE.UU. Su actitud es antidemocrática, agrede la soberanía nacional y guarda mucha similitud con aquella infantil que los niños denominan ‘sapo’. Aquel que es incapaz de enfrentar y ganar un debate con reglas internas, y que entonces busca una figura externa -que se supone que tiene poder sobre todos- para que intervenga y desarregle los acuerdos a los que esas sociedad infantil ha llegado.

La oposición está inconforme con los tratados de libre comercio. Según sus visión, aquellos desmedran la economía real y privilegian un comercio que no genera empleos.

Tienen buenos argumentos que se han enfrentado en varios debates a la perspectiva contraria que sostiene que el acceso a otros mercados es pieza clave para que nuestra economía pueda crecer. El Congreso debate y decide; la oposición, minoritaria, es derrotada. Pero algunos, como la senadora Córdoba, no aceptan el resultado y entonces se confabula para romper las reglas del juego. Así, también sucede con sus ideas sobre cómo se debe manejar el conflicto con los narcoterroristas de las Farc. La oposición, y ella en particular, tienen un enfoque y las mayorías colombianas otro. Tampoco se conforman con el debate democrático, pretenden imponerse a toda costa, antidemocráticamente.

Lo que más molesta es que con la acción de la Senadora se está legitimando una especie de intervencionismo de los países desarrollados sobre Colombia. Los tratados de libre comercio son negocios entre naciones de igual jerarquía, nunca la ocasión para coaccionar y pretender una supremacía moral que no existe. Somos soberanos y ningún país, por rico que sea, puede venir a decir cómo debemos lidiar con nuestros problemas. Ese es nuestro asunto. El enfoque según el cual esas ‘democracias desarrolladas’ deben exigir de las democracias en desarrollo el cumplimiento de la ley es ofensiva, ridícula y colonialista. Si en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos no es porque el Estado lo avale, es porque hacer cumplir la ley en medio de la convulsión no es fácil. Tan es así, que aquellos ‘desarrollados’ tienen también antecedentes de terribles violaciones de derechos humanos. Me refiero a los continuos casos de xenofobia, y no olvidemos que hace poco esas naciones europeas montaron sistemas extractivos sobre otros países y vulneraron los derechos de los nacionales de esas ‘colonias’. Más aún, con las fugas de Wikileaks quedó claro que los falsos positivos y la violación de derechos humanos suceden en todas las guerras, sólo que se esconden. Nadie dice que esa sea la voluntad del Ejercito o del Gobierno gringo, sólo que pasa, como ha pasado aquí. Precisamente por eso la guerra es terrible.

Irse a buscar papás o profesores que nos exijan como si fuéramos niños es inaceptable. Colombia es de los colombianos. Los muertos, los atentados, los abusos de la guerrilla los hemos vivido nosotros y somos nosotros quienes decidimos cómo los enfrentamos. El diálogo tuvo su oportunidad durante el gobierno Pastrana y los resultados fueron nulos. Además, con los tratados con las cortes internacionales ya no es posible negociar con criminales de lesa humanidad. La guerrilla ya no puede tener opciones políticas, debe rendir las armas y pagar por todos los crímenes que ha cometido.

El País Cali. 18 de septiembre de 2010

Las mafias sólo se trasladan

2010-09-17T09:46:00.000-07:00

La polémica en torno a si México vive una situación similar a la de Colombia durante los 80 se concentra en nimiedades, dejando por fuera lo relevante del comentario. Las diferencias pueden ser tantas como se quiera y dependen en gran medida de los aspectos que se analicen. Claro que Colombia tenía un problema de narcotráfico mezclado con el de una insurgencia armada en abierto enfrentamiento con el Estado; esto último México no lo padece. Pero la comparación de las situaciones evidencia que la violencia del narcotráfico no depende de los países, de su gobierno o de la sociedad; la estructura de la mafia y su funcionamiento se reproducen con tenebrosa similaridad.

El combate contra los cultivos ilícitos ha dejado claro que si la presión en un país termina por disminuirlos sobre su territorio, éstos crecen en una proporción similar en un país cercano. Eso no significa que la nación vecina estuviera descuidada, simplemente muestra -para el caso Colombia, Bolivia y Peru- que los Estados están en una especie de competencia y que la mínima diferencia entre sus controles se vuelve un incentivo para los narcocultivadores. Ello revela que el cultivo de la droga no está ligado a parámetros nacionales, sino a un mercado global. Hay un consumo que se suple desde cualquier territorio.

Lo que sucede ahora con México es algo similar, pero más trágico. Los esfuerzos sostenidos de Colombia por combatir el narcotráfico lograron hacer de éste un negocio muy difícil en el contexto nacional y la consecuencia propia de la economía de mercado es que los comerciantes se han desplazado. México resultó un destino ideal por su cercanía con la frontera norteamericana -principales consumidores- y porque ya existían vínculos entre los mafiosos colombianos y los mexicanos, pero bien hubiera podido ser cualquier otro país. No se trata de que México no tuviera suficientes controles. Ningún país está preparado para que las mafias se instalen. Caen como una bomba, son una sorpresa y no importa el grado de desarrollo institucional, el padecimiento es similar.

Los Estados dependen de un pacto social según el cual la mayoría está dispuesta a respetar la ley. La realidad fáctica es que ningún Estado, por poderoso que sea, está en capacidad de contener la rebeldía social. Las mafias ponen a prueba la estructura institucional. Nadie puede estar preparado para sus embates, porque los alcances de su poder corruptor son desconocidos hasta que se instalan. Por supuesto, es una guerra larga que termina por ganar el Estado. No importa cuantos policías o ministros asesine la mafia, siempre habrá otros. El Estado muestra su naturaleza inagotable y termina por derrotar a los individuos. Pero es una guerra larga, sangrienta y muy costosa socialmente.

Ahora tiene el turno México y con seguridad derrotará al narcotráfico. Pero éste flagelo renacerá en algún otro país. No es aceptable que el mundo insista en estos sacrificios simbólicos de las sociedades en desarrollo. Iremos traspasándonos las mafias de frontera en frontera sin final. Debemos aceptar que esta es una guerra que no termina y ello exige pensar seriamente en la legalización.
Si con los recursos que se financia la guerra contra las drogas se implementaran campañas para reducir su consumo, los resultados serían contundentes y se evitaría la inmolación de varios países.

El País, Cali. 11 de septiembre de 2010

¿La disolución del uribismo?

2010-09-10T09:44:00.000-07:00

El uribismo es el resultado de una empatía de las mayorías colombianas con una manera de entender, priorizar y tratar de resolver los conflictos nacionales. Surgió de las bases populares y ante la abrumadora tendencia los partidos políticos tuvieron que acompañar a Uribe. El manejo político del nuevo gobierno definirá, en gran medida, la continuidad de ese uribismo político en el futuro.

Hay quienes opinan que el arraigo de Santos al Partido Liberal no ha desaparecido, es más, muchos liberales están confiados en que durante este gobierno se dará su resurgimiento. Ese movimiento político, luego de apartarse de la candidatura de Uribe -uno de los suyos- se sumió en una lenta desintegración y dejó de tener opciones de poder en el Ejecutivo. Alegando que Santos no es el uribismo, el liberalismo se subió en la segunda vuelta a la victoria inevitable del ahora presidente. Ahora, por supuesto, pretenden reclamar el triunfo y hacer parte del gobierno de manera activa. Se sienten con los mismos derechos que los conservadores en la coalición, pues ambos adhirieron tarde.

Ya la colectividad azul empieza a sentir el remezón, a pesar de que la participación de ambos partidos en la elección presidencial fue muy distinta. El abrumador triunfo de Santos es y debería ser un éxito uribista. Esta fuerza entendió al candidato como el sucesor de Uribe y eso le garantizó una masa importante. A eso se le sumó una significativa facción conservadora uribista. El gesto de unos pocos, pero representativos conservadores de apoyar a Santos antes de la primera vuelta, impulsó a que muchos azules votaran por él, por eso la candidata Sanín no alcanzó ni siquiera los votos de la consulta.

El error del directorio conservador al haber despreciado y vituperado a quienes se fueron con Santos desde el principio, deja al Partido sin la posibilidad de reclamar el lugar que de hecho tuvo. La ‘disciplina de perros’ que quisieron imponer empieza a cobrar su precio; han quedado situados a la par del liberalismo.
La situación se agrava pues el renacer del Partido Liberal estará liderado por el Ministro de Gobierno.

Vargas Llegas está en campaña y es evidente que está más cerca de los rojos que de los azules. También es claro que él no es uribista, ni pretende mantener esa fuerza democrática. Sus esfuerzos intentarán aglutinar a los liberales a su alrededor y procurará dividir la coalición uribista entre aquellos que en el futuro puedan brindarle apoyo y los que no. Los conservadores empezarán a ser marginados poco a poco, pues tienen vocación de candidato propio. La misma suerte correrán los sectores que muestren más lealtad a otros distintos a Vargas Lleras. La U como partido, será presionada. Ya se anuncian embates profundos que intentará doblegarlos y entregarlos al proyecto de Cambio Radical y tal vez enviarlos de regreso al Partido Liberal.

El destino del uribismo está por verse. Si Vargas Lleras consolida la mayoría, el uribismo estará derruido y el Partido Conservador con él. Si, por el contrario, el uribismo resiste, Vargas Lleras no será un buen ministro. Sus enfrentamientos con el Congreso irán aumentando hasta imposibilitar la acción del gobierno. Es un pulso que está planteado.

El País, Cali. 3 de septiembre de 2010

La reforma a la Justicia

2010-09-03T01:22:00.000-07:00

La consolidación del Estado Social de Derecho sólo será posible cuando la rama jurisdiccional cumpla sus funciones con mayor transparencia y eficiencia. Los males de la Justicia colombiana son múltiples y la reforma presentada por el gobierno es el inicio de un proceso mucho más complejo que será fundamental para el país.

Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.

Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.

Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.

Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.

La minería, reto para Colombia

2010-08-30T10:19:00.001-07:00

Colombia se ha embarcado en la era de la exploración minera con ahínco y entusiasmo. Seguramente la llegada de tantas empresas de reconocida prestancia internacional dará lugar a hallazgos de diferentes minerales como oro, carbón y petróleo entre otros, como ya ha empezado a suceder. La noticia sobre la proliferación de la minería tiene mucho para celebrar, pero implica una serie de retos difíciles, que si no se atienden desmedrarán cualquier beneficio.

Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.

Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.

El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.

Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.

¿Y los campamentos de las Farc?

2010-08-19T10:22:00.000-07:00

Las denuncias que hizo el Gobierno de Colombia sobre la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela son muy graves. La solicitud de que hubiera una comisión internacional para verificarlas era sensata y necesaria. Precisamente por ello, sorprende que después de la reunión entre el nuevo presidente Santos y el Mandatario venezolano, la nueva canciller Holguín anunciara que ya no era necesaria la comisión de verificación.

En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.

Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.

Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.

Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.

Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.

El Pais, Cali 14 de agosto de 2010

Adiós a mí, por siempre, Presidente

2010-08-11T13:19:00.001-07:00

Es para mi un acto de cargada emotividad despedir al presidente Uribe. La primera vez que yo lo vi estaba en la universidad y él era gobernador de Antioquia; me impactó. Era el primer político con quien yo compartía la manera cómo los problemas colombianos debían ser priorizados y los mecanismos mediante los cuales intentaría su solución. Entonces no lanzó su candidatura y me sentí desilusionada.

Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.

Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.

Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.

Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.

La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.

Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.

El País, Cali. 7 de agosto de 2010

La paradoja de la droga

2010-08-05T13:29:00.000-07:00

La situación de México es dramática. La violencia del narcotráfico ha empezado a irrumpir en la vida de ciudadanos corrientes, una historia que conocemos. La prohibición de su producción y comercialización se convierte en un imán para personas inescrupulosas, que atraídas por los volúmenes de dinero y las pocas barreras de entrada, luchan por controlar uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Las guerras entre carteles, en los carteles, por los carteles crean un clima de zozobra. Las mafias con el poder económico pervierten los sistemas institucionales; la violencia, los sobornos y las amenazas los carcomen. Esa incapacidad del Estado de controlar las acciones de los narcos debilita ante el resto de la sociedad las nociones de temor y respeto a la ley necesarias para la vida en comunidad.

Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.

Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.

Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.

Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.

El País Cali. 31 de julio de 2010

Chávez y la guerra

2010-07-31T13:20:00.000-07:00

El problema con Venezuela no es Uribe, como sostiene Chávez; el problema –real y complejo- es la actitud que tiene ese gobierno frente a las Farc y el ELN, reconocidos grupos narcoterroristas. Colombia, bajo el gobierno Uribe y con un esfuerzo titánico, ha logrado reducir esos grupos que han tenido que replegarse en las profundidades de la selva y en las fronteras. Tenemos evidencia contundente de la presencia de varios jefes guerrilleros en Venezuela, donde no sólo planean ataques contra Colombia sino que además reciben visitas y son custodiados por 1.500 hombres.

La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?

¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?

Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.

Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.

Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.

Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.

El País, Cali. 24 de julio de 2010

¿Para quién los dineros públicos?

2010-07-23T13:25:00.000-07:00

Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.

Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.

La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.

Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.

El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.

El Pais , Cali 16 de julio de 2010

¿Chávez y Correa de vuelta?

2010-07-15T13:31:00.000-07:00

Por supuesto que las relaciones internacionales requieren un contexto de respeto. Y es también claro que entre Venezuela, Ecuador y Colombia existen vínculos históricos ineludibles y que por ello nuestros destinos están ligados indefectiblemente. En consecuencia debería reinar una amistad recia entre sus pueblos, un entendimiento fluido entre los líderes y un proyecto que nos integrará como la región que fuimos bajo la Gran Colombia. Nada de esto sucede.

La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?

Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.

La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.

Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?

El País Cali, 10 de julio de 2010

La reforma migratoria

2010-07-10T13:36:00.000-07:00

Desde hace mucho se esperaba el pronunciamiento del presidente Obama sobre el tema migratorio en EE.UU. Su discurso del jueves señaló las fallas del sistema de inmigración legal que es excesivamente largo, difícil y costoso; mencionó la imposibilidad fáctica de deportar a todos los ilegales y controlar las amplísimas fronteras. Mostró las ventajas que provee la inmigración, y los abusos a los que se presta la ilegalidad. Hubo pocas propuestas concretas: castigos para los empleadores de ilegales y descartó una amnistía de los ilegales actuales; ellos tendrían que reportarse con el Gobierno, aceptar que violaron la ley, pagar impuestos y una multa y hacer la inmigración legal.

En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.

Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.

La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.

Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.

El Pais, Cali. 3 de julio de 2010

¿Unidad nacional?

2010-07-01T13:51:00.000-07:00

La abrumadora victoria de Juan Manuel Santos muestra que el país, con amplias mayorías, sigue respaldando la gestión del presidente Uribe y que ha encontrado en su Gobierno respuestas a sus aspiraciones más sensibles. Santos ha sabido liderar la carrera presidencial manteniéndose unido a los postulados uribistas.

La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.

En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.

La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.

Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.

El Pais, 26 de junio de 2010

Gaviria Vs. Uribe

2010-06-24T16:18:00.000-07:00

El enfrentamiento entre el ex presidente Gaviria y el presidente Uribe tiene sentido. Es inoportuna la adhesión de Gaviria a Santos con una carta donde critica ferozmente al gobierno Uribe. El debate político se dio en la primera vuelta. Pardo, como candidato liberal, representó en la elecciones esa tendencia política –liberal antiuribista– y fue derrotado abrumadoramente, obtuvo sólo 630 mil votos.

El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.

Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.

La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.

Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.

Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.

Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.

El Pais, 19 de junio de 2010

Un sabor extraño

2010-06-15T16:15:00.001-07:00

Las decisiones judiciales, a pesar de estar soportadas en un cuerpo normativo, tienen alma política. Las pruebas y lo que significa la justicia es impreciso. Por eso, los jueces son personas y no computadores. La condena del coronel (r) Plazas Vega deja ver ese componente político - humano con un sabor agridulce.

Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.

En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.

Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.

Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.

Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.

Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.

El País Cali, 12 de junio de 2010

Asuntos pendientes

2010-06-08T20:52:00.000-07:00

De los resultados de la primera vuelta surgen dos temas fundamentales: la relación ejecutivo-judicial y las lecciones que esta elección deja para el Partido Conservador.

Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.

Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?

Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?

Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.

Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.

El País de Cali, 5 de junio de 2010

Elección de electores

2010-06-04T21:29:00.000-07:00

Este domingo enfrentamos uno de los deberes ciudadanos más significativos; nuestra decisión cobra vida: proyecta las aspiraciones de la Nación hacia el futuro y señala el líder a quien encomendamos esa misión. Es un momento crucial. En los países vecinos existe un contexto político que amenaza lo que las mayorías colombianas han decidido, y que puede actuar como combustible en el conflicto armado colombiano. Si bien las condiciones del país hoy son buenas, es sólo el inicio de una empinada cuesta que tendremos que escalar; el abismo sigue cerca, amenazante y profundo. Las mafias disminuidas, pueden resucitar; los paramilitares desarmados, iniciar nuevas olas de terror; la guerrilla replegada, colorear con sangre, otra vez, a Colombia. Seguimos necesitando un Estado que con su fuerza limite el anarquismo violento y fratricida. Sólo así la economía podrá crecer, sólo así iremos superando la pobreza y el desempleo.

Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.

Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?

El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.

Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).

El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010

Universidad pública y Estado

2010-05-25T22:43:00.000-07:00

Las universidades públicas en el mundo son centros de potente pensamiento, donde los jóvenes sin importar su capacidad económica son seleccionados por sus méritos y posibilidades académicas. Se funda con ellos uno de los pilares sobre los cuales confiamos la movilidad y el progreso de las sociedades. Por supuesto, en los centros académicos debe haber libertad para que todos los pensamientos se desarrollen y se expresen, pues si algo caracteriza nuestro tiempo es la premisa de que no sabemos si hay verdades y, por lo tanto, todas las tendencias tienen cabida. Pero hay límites.

No todas las ideologías y manifestaciones son aceptables; los fanatismos que incluyen la destrucción de las ideas no afines, la violencia como mecanismo de presión o el terrorismo como herramienta están proscritos. Atentan contra derechos de superior naturaleza como la pluralidad, la paz, la vida, el orden público y el derecho de los alumnos de terminar sus estudios en el tiempo mínimo requerido. Aún así, en Colombia ideologías de este tipo se han apoderado de los centros educativos públicos y cobijadas bajo las consignas de la libertad han abusado y arrasado con esos derechos.

El dominio de la ideología de izquierda en claustros académicos públicos ha sido mal interpretado y excedido por sectores fanáticos de esa línea; que con excesos a veces violentos intentan implantarla como hegemónica y total. ¿Dónde queda el espacio para ideologías que creen en interpretaciones distintas del mundo?

La manifestación de 60 personas con apariencia de guerrilleros del ELN, armados dentro de la Universidad Nacional es una nueva muestra de lo que está sucediendo. Y no olvidemos la gasolina que se roció sobre agentes de la Fuerza Pública que fueron incinerados, protestas violentas que alteran el orden público y la paz de estudiantes y vecinos; paros que dilatan los grados de universitarios consagrados que ansiosos aspiran llegar al mercado laboral, muchos de ellos con créditos que crecen en esas esperas injustificadas. Todo ello no corresponde a lo deseado y no aporta el crecimiento intelectual de los estudiantes, de la universidad ni de la Nación.

Tiene que terminar la inclinación de tolerar lo que no es justificable. Hay una serie de concesiones que han dado lugar a que agentes subversivos armados sientan la tranquilidad de poder entrar a las universidades y con la libertad de amedrentar a la comunidad. Entre ellas esa rarísima costumbre de permitir que estudiantes que han perdido muchos semestres permanezcan en las universidades malgastando recursos que podrían ser asignados a otros jóvenes que aprovecharían la oportunidad. Ese otro hábito según el cual las fuerzas del orden nacional no pueden entrar a las universidades públicas, ese sentimiento de que el Estado es enemigo tiene que superarse. El Estado y la universidad pública tienen que acercarse, pues son un solo ente, vinculados por un destino común.

El Estado colombiano tiene que avanzar sobre la senda de la legitimidad. Mientras éste siga siendo percibido como un ente externo al que unos temen, los otros usan para sus propósitos extractivos, aquellos otros esperan de él lo que nunca llega y otros pretenden destruir, estamos condenados a fracasar. La sociedad civil debe llegar a un grado de empatía y vínculo con el Estado de manera que realmente podamos percibirlo como la fusión de nuestra Nación. Todos somos el Estado.

El País Cali, Mayo 22 de 2010

¿Habemus Fiscal?

2010-05-22T22:46:00.001-07:00

Un año, 365 días, llevaba Camilo Ospina como parte de la terna de candidatos presentada a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. El proceso en la Corte lleva nueve meses sin resolución; una vergüenza para la Corte y un insulto a la Nación.

En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.

El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.

Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.

Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?

Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.

El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.

El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010

Al borde de la ley

2010-05-14T23:00:00.001-07:00

Una pregunta difícil para Colombia es la de la futuridad. A veces aparecemos copiando modelos que vienen de los países desarrollados y que en muchos casos no representan nuestros propios anhelos, ni aún nuestra visión sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro que Colombia espera para sí misma?

El tema no tiene una respuesta unívoca. Existe, sí, el malestar con las condiciones materiales en las que vivimos, que resultan siempre inferiores a las expectativas de lo que podríamos tener o ser. Este inconformismo ha dado lugar a reacciones de diversa naturaleza: guerrillas revolucionarias, líderes mesiánicos, proyectos políticos de aspiraciones modificadoras y otros varios fenómenos que finalmente comparten el desprecio del statu quo.

Entre aquello que debe ser renovado está el Estado y todo el aparato institucional y legal que lo acompaña. La ‘institucionalidad’ no surgió naturalmente de la interacción social. Fue algo que se importó para tratar de establecer un orden. Las poblaciones indígenas y negras sometidas la interpretaban como otra forma de dominio, ni siquiera los colonizadores españoles la respetaban y frente a los edictos del rey dijeron: “Se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas; pues todos los pobladores las han interpretado como algo externo que no responde a sus intereses, ni a sus aspiraciones. El Estado es una realidad ajena y opresora.

Las actividades que se realizan en marginalidad de la ‘institucionalidad’ han ido aumentando y constituyen una forma de vida en Colombia. Refugian una gama amplia que va desde los trabajos informales (donde no se aplican los presupuestos de la reglamentación laboral y el sistema de seguridad social), pasando por toda suerte de conductas en los bordes de la ley hasta las actividades delictivas. Todas pueden ser interpretadas como una rebeldía ante lo establecido y un esfuerzo por encontrar eso ‘otro’ que se anhela. Al mismo tiempo, la tolerancia o la incapacidad del Estado para controlar las conductas fuera de la ley puede explicarse como un resultado de la carencia de legitimidad.

En este contexto, una propuesta para implementar la ley en Colombia es interesante, pero tiene muchas más dificultades que aquellas evidentes. Hay en la desobediencia de la ley un factor de rebeldía, una expresión de inconformismo. Cada vez que el Estado intenta aplicar la ley, el ciudadano reacciona ofendido. Además la aplicación de la ley de manera esporádica da la sensación de injusticia y la aplicación total es imposible. El Estado aún ejerciendo toda su fuerza coercitiva no puede contener una sociedad rebelde. Y los grupos tienen diversos niveles de resistencia.

Aplicarle, por ejemplo, la ley a ‘la burguesía’, es sencillo. Basta una multa, un mimo, un estímulo. Y pueden buscarse formas para anhelada interiorización de la ley sin premura. Ahora, cuando la desobediencia está afectando el derecho a la vida y la libertad, como los grupos alzados en armas, hacer cumplir la ley tiene un costo político: o bien, se entiende como una necesidad inminente que requiere el ejercicio de la fuerza y que conlleva una reacción violenta; o bien, se buscan formas alternas que permitan la interiorización y mientras tanto se deja gotear la sangre de los inocentes. Son decisiones que alteran y definen el futuro. Decisiones que nos competen a todos.
El País de Cali, 8 de mayo de 2010

Algo que perder

2010-05-14T22:59:00.000-07:00

Mockus es un candidato interesante. Inteligente y creativo, tiene formas de entender la realidad que a veces logran transformarla. Tiene una fuerte noción de autoridad, fue él quien limitó las horas de la fiesta en Bogotá. Él quien impuso los mimos en las cebras, la pedagogía para las alcaldías menores. Él quien le mostro sus nalgas a los estudiantes y le echó un vaso de agua a Serpa. Pero pensarlo como Presidente no deja de causarme cierta inquietud. No me siento en capacidad de predecir cómo será su gobierno.

No tengo dudas sobre sus cualidades personales, pero de que un hombre sea bueno no se puede concluir que su gobierno también lo será. Y como dirigente no logro descifrarlo. Políticamente no hay mucho que decir sobre Mockus; ha sido tan ambiguo que no es posible concretarlo en ninguna posición. Por ejemplo: le preguntan si extraditaría a Santos y a Uribe responde con la frase retórica de que cumplirá la Constitución. ¿Es que no la ha leído aún? ¿Estará esperando ganar la Presidencia para leerla? No. Él sabe que no dice nada concreto al respecto y que exige un ejercicio interpretativo que en mucho depende de una posición política.

No está dispuesto a exponerse. Sucede muchas veces que un candidato es capaz de transmitir su discurso de manera tan amplia que cada elector logra interpretar lo que está esperando. Un arte retórico sin mucha sofisticación, y es simplemente situarse en la ambigüedad de “todo lo demás”. Es como el suspiro de la añoranza, la ilusión de la esperanza, pero las naciones que votan así sufren una desilusión muy pronto y la gobernabilidad colapsa. Esa manera de dar declaraciones y luego rectificarlas hace de la política una esfera casi mística.

Mi inquietud por mi incapacidad de predecirlo políticamente se acrecienta cuando veo que el candidato congregó tanto la oposición como un amplio sector uribista. Dos grupos muy distintos y con valores políticos divergentes. ¿Existe acaso un proyecto político que es compartido por ambos grupos o hay tal confusión sobre el proyecto de Mockus que los electores no logran distinguir sus preferencias?

Votar por Mockus, como por cualquier candidato, conlleva la responsabilidad de hacer una evaluación del presente concreto y de lo que espera en los próximos años del gobierno. Si la evaluación del presente resulta favorable, sobreviene la cuestión de si Mockus logrará mantenerlo, y con cuáles acciones concretas. Si, por el contrario, el escenario actual es desfavorable, hay que cuestionar si Mockus es un camino al cambio, y de qué forma.

Colombia, como muchos países latinoamericanos, se ha acostumbrado a votar como quien juega a la ruleta rusa; sin que se sepa si vamos a vivir o no. En muchos sentidos tenemos que votar así porque los políticos y los líderes siempre son impredecibles y el futuro siempre incierto. Así que un buen candidato parece suficiente. El caso de Colombia tiene hoy una variante. Por primera vez, desde hace mucho, tenemos algo que merece ser conservado: el proyecto del presidente Uribe que transformó la Nación. Fue un esfuerzo titánico y los resultados están ahí. Después de ocho años tenemos un grado de estabilidad que la mayoría de los colombianos reconoce como un avance sobre las situaciones pasadas. Yo entre ellos, y para mí sí hay algo que perder, y aún no veo si Mockus va a protegerlo. No me sorprendería que lo haga, pero tampoco que no lo hiciera.
El Pais, Cali. 1 de mayo de 2010

De mesías a superhombre

2010-05-01T10:50:00.000-07:00

Las nuevas encuestas muestran lo que se siente en el ambiente político: la segunda vuelta será entre Santos y Mockus. Los candidatos están casi empatados, aún en la segunda vuelta.

La caída vertiginosa de Noemí tiene una explicación. Su gran reto era mantener bajo su liderazgo al Partido Conservador y no pudo. Algunos detalles: no logró reconciliarse con Arias, el otro precandidato conservador. Por el contrario, lo mantuvo a la distancia y lo maltrató. Sus seguidores, en una reacción natural, se sienten más cercanos a Santos. Pero lo más grave es que ante la petición de varios parlamentarios de acercarse a la campaña de Santos, Noemí dijo “a mí no me amenazan ni me chantajean ni me amedrentan” y eso es precisamente lo que han intentado ella y las directivas conservadoras frente a los conservadores que quieren acompañar a Santos. Amenazarlos con expulsiones, amedrentarlos diciéndoles que “se atengan al peor castigo”. Esa no es una buena estrategia política. El liderazgo es una delicada síntesis entre interpretar los deseos e inspirar la convicción de que serán realizados por el dirigente.

Y el crecimiento de Mockus también es explicable. Santos como sucesor de Uribe se equivocó en el vicepresidente, y son cada vez más las decisiones que tomó como tecnócrata las que lo apartan de Uribe. Mockus no es una reacción al gobierno Uribe. Se equivocan quienes así lo interpretan. Si el pPresidente Uribe fuera candidato las masas abrumadoramente lo elegirían otra vez. Mockus es producto de la incapacidad de cumplir con ese deseo de la mayoría uribista. El Polo ha señalado acertadamente que Mockus no hizo críticas al gobierno, ni se ha caracterizado por su oposición.

Carlos Gaviria dice que se está tejiendo un mito entorno a Mockus y tiene razón. Los votantes no saben qué esperar y reconocen no tener capacidad para predecir cómo será su gobierno, pero aspiran a que sea bueno; porque les gusta Mockus. Es la prueba de que al país le siguen gustando los liderazgos personalistas. Si Uribe es mesiánico, Mockus es el superhombre de Nietzsche. Es evidente que el candidato se siente el redentor de Colombia, escogido de una casta ‘santa’, conocedor de la ‘verdad’ y que su gobierno -sobre el que no se espera nada concreto- será la realización de su proyecto personal.

De Mockus se dicen muchas cosas: que es neoliberal; que apoya y rechaza el bombardeo al campamento de Reyes; que quiere acabar el Ejército pero no ahora, que le echará agua a Chávez. Todo es un misterio. Él no se deja concretar, se camufla, para no perder ningún voto.

Será el uribismo no afiliado a la U el que decida. Muchos conservadores quisieran apoyar a Santos, pero la candidata da señales de un acuerdo con Antanas. Inició una guerra personal contra Santos y los conservadores que lo acompañan acusándolos de dar y recibir “dádivas y politiquería”. Dice además que su ideario se lo apropió Mockus.

Pero vale la pena la siguiente reflexión que surge del atinado comentario de Carlos Gaviria: “No hay que evaluar sólo el medio, sino el fin”. ¿Qué esperamos concretamente de cada candidato? De Santos se espera la continuación de las políticas de Uribe y de Uribe había expectativas concretas sobre la seguridad que el Presidente cumplió. La cuestión es fundamental ¿para qué Mockus? ¿Cuáles son las acciones específicas que se esperan de él? Sin esto es un voto ingenuo y necio. Una apuesta por una persona.

El Pais, Cali 24 de abril de 2010

¿Reforma a la Justicia?

2010-04-23T10:14:00.000-07:00

Todos estamos de acuerdo en la necesidad inminente de reformar la Justicia, acabar con la corrupción, hacerla eficiente y justa. Una justicia que se aplica esporádicamente y con visos personalistas es una aberración que desdice todo el sistema.

Son oportunas las observaciones de las Cortes, que conocen el sistema internamente. Pero la actitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (Cirm), según la cual solamente ésta estará facultada para presentar proyectos de ley sobre las reformas a la administración de Justicia, es una abominación. Una comisión de expertos que debata los temas jurídicos, tiene una tradición exitosa en la historia, basta recordar la comisión de eminencias en los tiempos de la Francia napoleónica.

Más aún, las reformas legales corresponden al Congreso. Es este órgano investido por la legitimidad democrática el llamado a diseñar y discutir la estructura de la rama. Así lo dispone la Constitución. El desprestigio del Legislativo no puede dar lugar a que la rama judicial se apropie de funciones que no le corresponden. El país debe respetar su estructura tripartita donde el Congreso legisla, pues las reformas del diseño institucional involucran muchas decisiones políticas. La rama puede tener iniciativa y es insumo básico para la discusión; pero no puede pretender que un tema tan delicado -que nos afecta a todos- esté en manos de quienes ejercen esas funciones de manera transitoria y coyuntural.

La división de las ramas del poder no implica independencia absoluta. Las interacciones, los frenos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento de los poderes; en especial el judicial cuyo poder intimida a cualquiera.

Es una vergüenza a la mala actitud de la Cirm de pretenderse una rueda aparte en el aparato estatal, y descalificar la comisión de expertos sin ver lo que iba a decir. Pero más triste aún es la decisión de esa comisión de excluir “lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” con el propósito de que “las conclusiones aquí consignadas se mantengan”. Un mal trueque.

Y eso mismo pasa en el resto del documento; problemas cruciales se obviaron al parecer para congraciarse con las Cortes. Si bien hay aciertos significativos, se discuten hechos coyunturales y más que todo administrativos; Crear cargos, suprimir cargos.

¿Cómo no abordar el problema de que mediante sentencia se haya extendido el sistema pensional del Congreso a toda la rama judicial? ¿Cómo se deja por fuera la necesidad de rediseñar el sistema de juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema que hoy en día se juzgan a sí mismos?

¿Cómo no enfrentar los escándalos de los que el país supo, pero que no tuvieron consecuencias, tales como las relaciones con Giorgio Sale, enriquecimientos sin causa, acaso ilícitos, de altos miembros de la rama? ¿Cómo no discutir los efectos nefastos de la cooptación (elección de los magistrados por ellos mismos)? ¿Cómo es posible que no se atienda el tema de la doble instancia de los congresistas que es una violación de los derechos humanos?

Las buenas reformas no surgen de tranzar males por males. Hay que buscar los epicentros de los problemas y atacarlos. Aprovechemos la invitación de la Comisión para comentar sobre las necesidades de la Justicia, en un debate a la luz pública, abierto, libre y juicioso.

El País Cali. 17 de abril de 2010

Enlaces y desenlaces

2010-04-13T21:19:00.000-07:00

El desarrollo de las campañas para la elección del Presidente de Colombia evidencia una sola cosa: las mayorías colombianas querían reelegir a Uribe; sin él como candidato hay mucha fluctuación de la intención de voto.

Si los candidatos se analizan desde el punto de vista individual aparecen resquemores. Han salido a relucir –como se esperaba– las acciones de Santos como ministro de otros gobiernos que en nada se parecen al de Uribe. Sus gestiones –adecuadas como tecnócrata– se contradicen con la visión certera y clara del presidente Uribe.

El debate sobre si el Partido Conservador debe acompañar a Sanín ha dañado las perspectivas de la candidata. Ella ha sido la más uribista en su discurso, pero los uribistas no la reconocen así, por su comportamiento al volver al país y porque su campaña está dirigida por el sector conservador antiuribista. Los enfrentados consideran que al haberse hecho una consulta abierta muchos colombianos sin ser conservadores –y sin la intención de posteriormente votar por esa candidata– votaron por Noemí para frustrar las aspiraciones de Arias, más cercano a Uribe. La salida de conservadores con alto renombre dentro de las filas del Partido es un boquete por el que podrá salirse mucha agua. La actitud de la directiva de obligar a permanecer a través de sanciones ha hecho mucho daño. Ha mostrado una debilidad que se ha interpretado como el anuncio de un barco que se hunde. Ya empiezan los primeros a dejarlo.

Hay confusión. Hay dificultades a la hora de elegir lo que más se le parece, porque al fin y al cabo Uribe es sólo Uribe.

El crecimiento de Mockus responde precisamente a esto. Mockus representa una alternativa que suspende el debate sobre quién es más cercano a Uribe, y nos coloca frente a una propuesta diferente que encarna él mismo. La unión con Fajardo le da a los independientes una propuesta concreta con coherencia ideológica.

El gran problema que genera Mockus es la imposibilidad de predecir cómo será su gobierno. Si bien los colombianos estamos acostumbrados a que votar es un acto de valentía, pues con independencia a lo que se analice del candidato podemos tener sorpresas que desilusionan y frustran; el voto por Mockus es misterioso. Evidentemente él cree en la pedagogía; pero lo que ello pueda significar en el plano del manejo de la Nación no es claro. ¿Cuál será su postura frente a la guerrilla? ¿Frente a Chávez? ¿Frente los pretendidos juicios en Ecuador a la cúpula del Ejercito Nacional por el caso ‘Raúl Reyes’? ¿Frente al TLC? Y sobre todo, ¿cuál su actitud frente a la defensa de los ciudadanos?

Recuerdo haberlo oído decir que el derecho a la defensa era de segunda categoría; abogar por el desarme y usar un chaleco antibalas con un corazón. Era un acto simbólico; también llegaba al recinto rodeado de escoltas y en carro blindado. Si Mockus establece unas líneas básicas sobre las cuales podamos entender su proyecto, es probable que siga creciendo.

Santos pasará a la segunda vuelta, el duelo Noemí-Mockus aún está por resolverse.

***

¿Hasta qué punto es constitucional que una Corte conformada por magistrados sin representación política y sin ninguna legitimidad democrática imposibiliten el ejercicio del poder soberano del pueblo en su capacidad de modificar la Constitución? Es una pregunta que le queda a la historia, y una responsabilidad que cae directamente sobre esos magistrados, aunque no les conozcamos ni el nombre.

El País de Cali, sábado 10 de abril de 2010

Justo y necesario

2010-04-08T21:05:00.000-07:00

La aparición de numerosos casos de abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica ha sido dolorosa, triste y terrible.

Por una parte, ha lesionado la confianza de los fieles. En general, son aquellas familias con enorme convicción y mucha cercanía quienes encomiendan sus hijos a los sacerdotes. Las víctimas son los hijos de los más cercanos practicantes, por lo que a su dolor se ha sumado la traición de quien debía ser una figura confiable. Además, esos niños fueron colocados en una situación donde hablar sobre lo que sucedía era disputar con la figura de admiración de sus propios padres. Y la falta de acción de la Iglesia había causado desolación.

Ahora que celebramos la Semana Santa donde se rememora la Pasión de Cristo han aparecido nuevos casos y nuevas reacciones de la Iglesia que muestran un cambio fundamental en la manera como se ha venido enfrentando este drama.

La noticia presentada por el New York Times, según la cual el Vaticano encubrió un caso de múltiples actos abusivos por parte de un cura en EE.UU., tiene una interpretación de los hechos que no se ajusta del todo a lo que dicen los documentos que la soportan. Si bien la Iglesia no procedió a hacer público el asunto, tampoco hay instrucciones de esconderlo.

Existían acusaciones en contra del padre Murphy por conductas sexuales abusivas con niños sordos menores de edad; y hubo una investigación civil sin resultados. La correspondencia sobre el caso con La Congregación para la Doctrina de la Fe -que presidía el ahora Papa Ratzinger- no se trató sobre la conveniencia o inconveniencia de los juicios, sino sobre la prescripción de las faltas y los procedimientos de la ley canónica. Las acusaciones que se presentaban contra Murphy tenían más de 25 años -aún en materia penal los delitos prescriben- por ello se dio un permiso especial para iniciar un proceso secreto por “solicitar durante la confesión”. Era el mecanismo para poder procesar al acusado, pues el otro estaba prescrito. Existían, además, problemas de competencia, pues la Diócesis de Milwaukee no tenía jurisdicción sobre el caso. El proceso se dificultó por la avanzada edad del acusado y su estado de salud, y termino por la muerte de Murphy.

Paralelamente, apareció una carta de los Legionarios de Cristo donde reconocen las faltas del padre Maciel, y piden perdón a sus víctimas y a todos los afectados. Así mismo, la Iglesia confirmó que se ha iniciado un proceso contra un cura en Francia por abuso sexual. Es un cambio. La Iglesia ha replanteado la manera como enfrentará este penoso asunto.

Los contextos históricos se transforman y la interpretación de las conveniencias se afecta. Seguramente antes, la Iglesia consideraba que aceptar y hacer públicos tales casos, menoscababa la credibilidad de la institución. Ante el bien mayor que suponía para la comunidad poder confiar en su religión, se sacrificó lo que entonces se entendía como un bien menor, que era el escarmiento público del agresor.

Años antes los menores eran casi invisibles; eran víctimas de abusos físicos por parte de sus propios padres y maltratos de los profesores dentro de lo que se consideraba una educación ‘normal’. Los tiempos cambian, y en el contexto actual los crímenes contra los niños son inaceptables para la sociedad. Por ello, celebramos estos primeros pasos de reconocimiento. Son una luz que ilumina un camino justo y necesario.

El País de Cali. 3 de abril de 2010.

El botín conservador

2010-03-30T18:05:00.000-07:00

El prestigio y la gestión del actual gobierno son la fuerza prioritaria de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín. Ambos están respaldados por el deseo de prolongar las políticas y el estilo del gobierno de Uribe -así lo corrobora la encuesta de Datexco-. El uribismo es una abrumadora mayoría por lo que es probable que los dos candidatos uribistas pasen a la segunda vuelta.

Sanín como candidata del Partido Conservador se acerca a convertirse en la primera Presidenta de la República. En aquella hipotética segunda vuelta, Noemí tiene mayores probabilidades de atraer el voto no-uribista, pero su debilidad -que es una ventaja para Santos- es la dificultad de mantener a la colectividad conservadora bajo su liderazgo.

Los godos están divididos. El sector no-uribista hace parte de la campaña de Sanín; pero del sector uribista sólo una fracción la acompaña. Las actitudes ambivalentes de Noemí frente a Uribe no fueron del agrado de muchos fieles uribistas y los roces con Arias resquebrajaron la unión. Sienten a Santos más cercano a Uribe, y son un botín muy importante.

Por ello, la estrategia de Santos debe ser la de consolidar el uribismo. No debe dejarse tentar -como ya lo hizo al elegir vice- por buscar votos no-uribistas. Debe atraer el mayor número de uribistas de las filas conservadoras. No es fácil. Los militantes conservadores tendrán resquemores de abandonar la causa, pues el partido no tiene presidente desde la elección de Belisario Betancur (el ex presidente Pastrana, de origen conservador, fue elegido por otro partido). Pero, si algo caracteriza a esta colectividad es que siempre ha sabido poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de la Nación. Así que si un buen conservador considera que Santos representa mucho mejor proyecto para el país, se acercará a él con la convicción de actuar de acuerdo con las máximas conservadoras.

El nuevo Presidente será quien tenga más calma. Si Noemí en la búsqueda de los no-uribistas descuida su uribismo, el presidente será Santos. Si éste hace lo mismo o no logra cautivar a los conservadores, la presidenta será Noemí.

Es evidente entonces el esfuerzo que deberá emprender Noemí para mantener la batuta azul. Pero la dirigencia conservadora envía malas señales al intentar imponer por la fuerza el liderazgo. El Partido no puede ser una organización que acabe con la libertad. Claro que debe haber disciplina de partido, pero en ningún caso ello significa la necesidad de actuar en contra de las convicciones. Esos gestos nos recuerdan a los partidos comunistas donde la dirigencia anula la libertad individual, o al Partido Liberal que cuando apareció Uribe amenazó con expulsión a sus miembros y los perdió.

Los militantes pueden interpretar la doctrina conservadora e ir en contra de la dirigencia sin que ello desmedre su condición de conservadores. La filiación conservadora no se otorga ni se arrebata, se trata de un compromiso ideológico con una manera de entender a Colombia e interpretar sus posibilidades.

Los partidos son organizaciones políticas donde no hay respuestas absolutas, son foros abiertos de reflexión y debate. La dirigencia debe estar sintonizada con las huestes, y no tratar de imponerse sobre ellas. Las amenazas empobrecen; muestran un partido asustado, devalúan las virtudes reales del candidato y alejan más a quienes disienten. Noemí tiene cómo persuadir; debe convencer, sólo así podrá triunfar.

El País, Marzo 27 de 2010

Aventurando predicciones

2010-03-20T18:09:00.000-07:00

La actuación nefasta y con visos de corrupción de la Registraduría es una vergüenza para el país que ya había consolidado un sistema confiable de escrutinio. Es inaceptable que por la ‘contratitis’ que aqueja a algunos servidores públicos se haya cambiado un procedimiento que funcionaba. Esperamos sanciones y el restablecimiento de la legalidad para la contienda presidencial.

Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.

Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.

La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.

Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.

No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.

El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.

El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.

Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.

El Pais, Cali
Marzo 20 de 2010

Garzón, el vice

2010-03-13T18:10:00.000-08:00

La selección de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, podría interpretarse como una jugada que amplía horizontes políticos, pero en términos de potenciales electores quita más de lo que pone.

Para muchos, Santos ya tiene consolidada la imagen de la seguridad democrática pues ejerció -con éxito- las funciones de ministro de Defensa en el período más productivo de ese campo (‘Raúl Reyes’ fue dado de baja y se realizó la ‘Operación Jaque’). Por ello, sostienen, debía buscar un vicepresidente que le diera a su campaña un contexto social. Garzón con amplió recorrido como sindicalista, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle representa una izquierda moderada. Esto -en teoría- disminuye la percepción de Santos como parte de la oligarquía bogotana y un proyecto de derecha, y lo convierte en un candidato con una oferta social atractiva.

Aún así su selección no pone votos. Ningún elector de filiación izquierdista que no fuera a votar por Santos lo haría por la presencia de Garzón; buscará opciones más concretas en el Polo o en el Partido Liberal que también ofrecer alternativas de ese corte. La izquierda está bien representada en el Polo. Clara López Obregón promete ampliar el espectro de la participación femenina por sus preclaras condiciones intelectuales, tecnócrata eficiente y política versada. Así que voto de esa tendencia no será atraído.

Si bien Garzón ha tenido cercanía con el presidente Uribe, su vinculación con el gobierno Pastrana es más notable. Así, la selección de Santos, compañero de aquel gobierno, puede ser un intento por acercar la masa conservadora y enfrentar el proyecto de Noemí -al que el ex presidente Pastrana parece vinculado-. No lo logra. Noemí mantendrá a los pastranistas, pues la aversión a Uribe es más persistente, y, además, los conservadores no se sienten representados en Garzón.

En el contexto uribista el panorama tampoco es alentador. No le conviene a Santos explotar sus vínculos pastranistas pues muchos uribistas son reaccionarios a las políticas de aquel gobierno. Uno de los defectos de Santos -como político y no como tecnócrata- es precisamente que ha pasado por gobiernos de contexturas políticas muy distintas. Esta pertenencia falta de identidad definida causa inquietud en el electorado fiel al presidente Uribe. El uribismo hubiera preferido un vicepresidente más enérgico y comprometido con Uribe.

Garzón no arrastrará ningún voto, pero si apartará muchos, pues aleja a Santos de lo que más votos significa para él: su conexión con el Presidente.

***

Los medios de comunicación han radicado el origen de todos los males en el Congreso, pero es una de las instituciones más importantes de la democracia. Todos deberíamos votar por un candidato que tenga una estructura política similar a la propia, para que todas las corrientes de pensamiento estén representadas.

El Congreso no necesita técnicos, para eso están los ministerios. El político debe conocer los intereses de su región, haberla recorrido y sentido -sin que esto excluya las capacidades-. El compromiso político está ligando al sentido de comunidad y no a la vanidad personal.

No debemos confundir un buen político con una imagen publicitaria construida a base de derrochar fortunas. Hay razones sospechosas bajo esa campañas, pues el salario de congresista no compensa la inversión.

El País, Cali. Marzo 13 de 2010

Elecciones de Congreso

2010-03-08T18:56:00.000-08:00

Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien, el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incuso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un Congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista –de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil, y al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los Ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.

Los candidatos

2010-03-06T18:13:00.000-08:00

Los argumentos jurídicos que esgrime el comunicado de prensa que declaró inexequible la ley que aprobó el referendo reeleccionista son de dos tipos. Por una parte, aparecen aquellos que se refieren a los trámites de la iniciativa y la aprobación de la ley. La Corte encontró defectos que para ella vulneran el sistema y desconocen los límites legales. Sobre ellos cabría la discusión sobre si se trata de vicios subsanables y si aquellos bienes jurídicos agredidos resultan de igual jerarquía que la participación ciudadana, pero alea jacta est. El segundo argumento, según el cual existe un límite sobre el poder de modificar la Constitución, es en cambio interesante y merece un análisis.

La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.

Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.

Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.

Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.

El Pais, Cali, 6 de marzo de 2010

Salario Mínimo

2010-03-01T19:54:00.000-08:00

Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el salario mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?

Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentajes de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.

Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario minino y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: No contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2'830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?

Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías, ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.

La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que si es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.

Elecciones de Congreso

2010-02-27T18:17:00.000-08:00

Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el Legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.

Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incluso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del Legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.

¿Para qué es un congresista?

Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿Para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que, en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.

Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista -de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil y, al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.

El Congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.

Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.

El País, Cali. Febrero 27 de 2010

Sin el referendo

2010-02-15T20:00:00.000-08:00

Los liberales, el Polo, Cambio Radical, Fajardo, los tres tenores, el conservatismo, la U configuran las fuerzas vivas de la política para encarar el debate presidencial, y de ellas sólo las dos ultimas tienen un compromiso uribista. Si el Presidente Uribe va a las elecciones las masas confirmarán su respaldo. Pero, si el referendo no llegase a ser aprobado, las opciones del uribismo deben ser analizadas con cuidado; la multiplicidad de fracciones podría comprometer la continuidad de las políticas que han dado los resultados que hoy le dan esa inmensa popularidad al Presidente Uribe.

Dentro del Partido Conservador las cosas no son fáciles. Entre los dos precandidatos más fuertes, Noemí y Arias el enfrentamiento es muy poderoso. Para nadie es un secreto que el Ex Presidente Pastrana no apoya el proyecto uribista y que existen sectores en la dirigencia de la colectividad que siguen su línea. Ese sector se ha unido a la campaña de Noemí, que hoy lidera Juan Gabriel Uribe conservador y antiuribista. Así las cosas, en la consulta no sólo resolverá el nombre del candidato; sino y sobretodo, la postura frente al uribismo. Si Noemí gana la consulta no tenemos la seguridad de que se lleguen a acuerdos con la U, las declaraciones del Ex Presidente Pastrana apuntarían a que no se habrían. Si, en cambio, el candidato es Arias se vislumbra, sobretodo después de la reunión en Palacio, la posibilidad de que los haya.

La fragmentación para la primera vuelta puede dar lugar a que los candidatos uribistas no pasen a la segunda vuelta, dejando así por fuera las preferencias de las mayorías colombinas. La masa uribista conformada por ciudadanos de diversas corrientes ideológicas se disgregaría y la segunda vuelta sería imprevisible.

El Partido Liberal le está apostando, precisamente, a esa estrategia. Si se diera la coyuntura de que no pasara un candidato uribista, los liberales interpretan que el uribismo se irá con ellos pues buena parte está conformado por antiguos liberales. Para que eso suceda será necesaria exige la alianza con Cambio Radical y no con el Polo, pues el uribismo no avanzaría hacia allá.

Quedarían entonces las candidaturas independientes. De las mezcla de los tres tenores sobresale la confusión política, sólo están conectados por el deseo presidencial. Peñalosa es un ejecutor de la infraestructura probado con pobre ejecución en las demás áreas. Mockus un gran alcalde pero, pésimo en la política nacional. Lucho mucho carisma pero, poco de lo otro.

Fajardo plantea el interrogante sobre lo que propone. Nos devuelve al tiempo donde los colombianos ejercíamos nuestro derecho al voto como los sacerdotes de los tiempos lejanos abrían las entrañas de animales para conocer el futuro. Es un personaje que nada propone; la ambigüedad de sus respuestas contrasta con su popularidad. Nada sabemos ni podemos saber sobre cómo sería su gobierno, pues no sale de las platitudes que caracterizan los deseos de “estar mejor” y “cambiar”. A veces da la impresión de que iría solucionando las cuestiones según se presentaran y que carece de un plan ejecutable. Sería otra vez un gobierno de administrar la coyuntura, en lugar de enfrentarla y transformarla.

Por ello parece fundamental que sí el referendo no llegase ser aprobado por la Corte, el uribismo no se disgregue de manera que la línea del gobierno Uribe se mantenga.

La reelección

2010-02-12T11:43:00.001-08:00

Muchos consideran que el gobierno de Uribe desdibujó la institucionalidad del país. Disiento de esa observación. La “institucionalidad” tan referida en el debate actual es un concepto difícil que una vez analizado a profundidad se evidencia como engañoso y vacío.

Las repúblicas latinoamericanas se forjaron sobre muy pobres cimientos: colonos españoles que pretendían servir al rey y que al mismo tiempo lo traicionaban, pueblos indígenas sometidos y poblaciones esclavizadas venidas del África. La “institucionalidad” fue ese conjunto de normas y formas de gobierno que se importó para tratar de establecer un orden en ese caos. Ni siquiera los españoles respetaban esa imposición, vale rememorar el pronunciamiento de Gonzalo Jiménez de Quezada ante los edictos del rey; “se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas.

Esta falla de legitimidad es tan seria que todos los grandes problemas que perviven en Colombia pueden ser explicados a partir de ella. Eso alegan las guerrillas, en ciertos sentidos los paramilitares, eso explica los corruptos que toman el erario público como si fuera dinero de nadie, también sirve de excusa a los evasores de impuestos, a los infractores de la ley y a todos aquellos que ven al Estado como una realidad ajena y opresora.

Creer que esa construcción institucional es lo más valioso que tiene nuestra democracia es una observación superficial. Su valor depende del grado de legitimidad que ostenta, es decir de la convicción de los nacionales de reconocer, acatar y cumplir con ese orden. Sin ello se trata de un aparato cuyo poder es figurativo y su capacidad de acción limitada.

Legitimar el Estado no es fácil. Mi teoría es que la incorporación de un caudillo dentro de las estructuras del poder formal puede transmitirles a estas la legitimidad que le sobra al caudillo. En las sociedades sin problemas de legitimidad el caudillo es un despropósito, pues la usurpa; pero en sociedades como la nuestra este riesgo no existe. Si el caudillo utiliza y respeta el esqueleto institucional, le da vida.

Uribe es un caudillo en el que las masas han depositado su confianza; tiene liderazgo y legitimidad por eso cambió la política en Colombia. Acercó el Estado a los ciudadanos, generó una dinámica de gobierno-oposición definida y el Estado ahora parece -por primera vez en muchos años- capaz de contener la avalancha de quienes no se alineen con la hegemonía del poder que debería ser legítimo.

En este contexto reelección parece deseable para terminar el proceso de legitimación. Además no afectará tampoco la institucionalidad en el sentido formal. El querer de los pueblos es siempre intempestivo y a veces vehemente; si las constituciones no dieran cabida a los cambios que el pueblo exige, estarían en grave peligro y podrían ser derrocadas. Así que para persistir en el tiempo, nuestra Constitución establece reglas mediante la cuales sus propias reglas pueden ser modificadas. No puede decirse, pues, que usar unas reglas es justo y usar otras es un abuso de poder. Todas las reglas, incluso aquellas que permiten la modificación de las mismas, ostentan un mismo valor. Si Colombia está decidida a concretar el Estado democrático como forma de gobierno, Uribe es una alternativa viable que nos puede ayudar a dejar el caos que provocan los estados débiles e ilegítimos.

El País

Los informantes

2010-02-09T11:44:00.000-08:00

La propuesta del Presidente según la cual se tratará de configurar una red de mil estudiantes que actuarán como informantes de la fuerza pública en Medellín ha generado todo tipo de reacciones, precisamente por ello es menester analizar las críticas y observaciones.

Nadie se sorprendería si le dijeran que en la universidades colombianas hay infiltrados miembros de grupos narcoterroristas, de la mafia y de agentes al margen de la ley. Desde hace mucho tiempo la universidad está penetrada por el conflicto en el que se sacude el país. Lo contrarió sería pretender que existiera tal separación de los claustros educativos de la realidad que estaríamos en un país esquizofrénico. Las consecuencias de la infiltración se manifiestan en actos de violencia en las universidades y contra sus propios miembros, pero al mismo tiempo han tomado formas espeluznantes como aquella donde prendieron con gasolina a un policía. La guerra está en las universidades, así que con los informantes no se rompe el ambiente estudiantil ni crearan elementos de confrontación. Se trata de que la sociedad, la gente de bien, tome control sobre los escenarios donde se mueve y no siga a merced de los ilegales.

Algunos críticos han apelado al peligro que supone para el informante y su familia esa pertenencia, dejando por fuera que la sola existencia de la delincuencia ya es un peligro. La comunidad no puede tener un papel pasivo en la protección de su propia vida y suponer que mediante la vida común no provoca a los violentos. La violencia no necesita provocadores, requiere contención. La mejor arma contra el crimen no es la fuerza del Estado es la decisión de la sociedad de no tolerarlo. Se trata de conformar herramientas no violentas de protección.

Otros sostienen que sería mejor establecer un sistema de recompensas y no un grupo de informantes a sueldo. Y esta crítica colisiona con quienes señalan que el nuevo sistema podría dar lugar a casos como los falsos positivos, donde el sistema de recompensas sobre resultados incentivó malas prácticas. La estabilidad de los sueldos rompe la necesidad de crear información para tener resultados y da la posibilidad de hacer una buena selección de los informantes, de tener un vínculo real con ellos; darles entrenamiento y tener un seguimiento sobre sus acciones.

Se ha sugerido que la existencia de informantes en las universidades es un intento por perseguir y acabar la rebeldía juvenil. Hay algo retórico en la frase, sobretodo cuando esa rebeldía es violencia que provoca la muerte de muchos otros jóvenes. Hay, además, un temor ante lo que se ha denominado la satanización de profesores y compañeros, ahí hay que distinguir la acción de proveer la información y la manera como las autoridades públicas van a utilizarla. Será necesario tener procedimientos para recibir y verificar la información, pues la recepción no significa la inmediata corroboración de la misma.

No es tampoco de una delegación de una responsabilidad del Estado; todo lo contrario genera las herramientas mediante las cuales el Estado pueda cumplirlas. Una opción sería infiltrar agentes encubiertos de las fuerzas publicas en las universidades. Pero de lo que se trata es de tender puentes entre la comunidad y el Estado. El país no puede seguir considerando que la sociedad civil es un cuerpo distinto al Estado, este es una formación teórica que debería encarnar a la sociedad misma.

La nueva Venezuela

2010-02-09T08:44:00.001-08:00

La viabilidad de la Venezuela que está configurando Hugo Chávez es discutible. Por una parte, ser una excepción en el capitalismo –que engrana al mundo- es un desafió y, sobretodo, no parece posible imponer un sistema sin al mismo tiempo arrasar la libertad y la autonomía de las personas.

Es evidente que el capitalismo es un sistema defectuoso. La distribución de recursos no es siempre las adecuada y las fallas de los mercados llevan a equilibrios que no son óptimos. Aún así, los supuestos del sistema sólo requieren de un individuo que persigue su interés individual y la interacción de todos ellos -en unas condiciones determinadas- da lugar al bienestar social. Lo que es más importante, el capitalismo no fue impuesto, se creó como organización social. Fue, por así decirlo, un resultado natural y se ha extendido de la misma manera.

El proyecto chavista debe ser impuesto. Está respaldado en los pretrodólares sin los cuales todo sería imposible. A diferencia de la antigua URSS donde el Estado logró industrializar la sociedad y hacer de Rusia y los otras naciones premodernas y campesinas una gran nación volcada a la producción y al crecimiento económico; el gobierno de Chávez esta fracasando el la mera administración de los recursos existentes. Pedevesa tiene las producciones más bajas de su reciente historia. Al parecer el Estado venezolano se está quedando sin recursos, muchos nacionales no pueden renovar su pasaporte en el exterior pues no hay papel de seguridad en las embajadas –al menos eso se les dice. La luz se va en las ciudades intermedias sin aviso y los bancos tienen que cerrar indefinidamente, los aeropuertos dejan de funcionar y el comercio sufre.

Las dificultades de la imposición en sistema no se han hecho esperar. La idea de que se pueden controlar los precios con unas medidas diferentes a la oferta y la demanda es muy parecida a aquella que todos tenemos durante nuestra niñez para acabar la pobreza: imprimir billetes. Ya ha empezado con las expropiaciones y las medidas de coerción que terminarán por alejar la iniciativa privada. Todos son mecanismos de coacción. La polémica ley de educación es una de las cosas más complejas que enfrentarán los venezolanos en los tiempos que se les vienen. La idea de que la patria potestad de los niños sea del Estado hunde sus raíces en el más puro pensamiento comunista que pretende destruir la familia como célula que reproduce el sistema capitalista. Y los resultados de los cambios no son fiables; son múltiples las quejas sobre el hecho de que ahora los negocios y la riqueza se queda en manos de un grupo de chavistas.

El problema del modelo socialista es que se impone de manera arbitraria, es decir no surge de la interacción de los individuos. Nadie discute sus propósitos de bienestar social, la dificultad radica en que recarga al Estado de funciones de control tendientes a que la idea se desarrolle en la práctica. Negocios e individuos deben empezar a temer al Estado. Termina obligando a los individuos a actuar como altruistas, y aunque sea deseable, es el mandato lo que desagrada. En el capitalismo se puede ser y actuar como se quiera, y es la libertad y autonomía del individuo la que determina, en ultima instancia, cómo actúa o qué consume.

¿Son las condiciones materiales lo único que cuenta en el bienestar social?