Los resultados de la Seguridad Democrática han sido tan contundentes que el secuestro y asesinato del Gobernador del Caquetá nos sorprendieron. Desde la posesión del presidente Uribe en el 2002 ningún político de alto nivel había sido secuestrado. Se pone de manifiesto la historia de infamia a la que nos han sometido las Farc durante más de medio siglo y llama la atención sobre la nueva etapa del conflicto.
Quienes atribuyen el trágico hecho a fallas en la Seguridad Democrática desconocen la estructura de la guerra de guerrillas. Al principio, cuando las Farc habían tomado bastas áreas del territorio, de donde había salido la Policía e incluso muchos alcaldes ejercían su cargo desde la distancia, la tarea era recobrar el espacio para la institucionalidad. Los enfrentamientos fueron duros e exigieron sacrificio y esfuerzo. Alcanzada la primera derrota de los terroristas y el asentamiento de las fuerzas del orden, la guerrilla se replegó. Pero, la guerra contra las Farc no ha terminado, estamos en la segunda etapa, con otras aristas.
El repliegue estratégico impide propiciar los enfrentamientos. El ejercicio consiste en esperar una manifestación, una pista para poder seguir a los criminales solapados tras las sombras; son hienas esperando el menor descuido para atacar. Es una fase espinosa porque la tranquilidad invita a la confianza y la capacidad de los terroristas para sorprender es desconcertante. Mucho se ha dicho sobre el esquema de seguridad del inmolado Gobernador, que evidentemente era insuficiente. Como es insuficiente para esta guerra cualquier número de policías y militares, pues nunca será posible tener un esquema de seguridad para todos los ciudadanos. Este tipo de guerra requiere inteligencia para eliminar a los cabecillas, sin los cuales la jauría de fieras se dispersa.
Un efecto colateral de la efectividad de la Seguridad Democrática es que permitió que empecemos a olvidar ese pasado de desdicha y algunos han aprovechado para cuestionar la calidad de terroristas de las Farc, sumiendo a la Nación en diálogos que ya hemos probado inútiles, esfuerzos e ilusiones siempre frustradas. Colombia ha sufrido mucho y llegará el tiempo para sanar las heridas, pero no podemos olvidar que seguimos sobre un abismo.
Lo más aberrante es que el grupo de narcoterroristas se atreva a decir que no hay pruebas sobre la autoría de lo sucedido. Es la vieja estrategia que pretende anular su responsabilidad culpabilizando al Gobierno. Dicen ser acusados sin pruebas; dicen que ese es sólo el resultado de los rescates. Lo dicen como quien explica una ley física; como si hubiera razones que justifiquen el secuestro y rescates que disculpen el asesinato. Y rematan en un adagio para decir que el Gobernador tenía compromiso contrainsurgente y merecía la muerte. De sus declaraciones sabemos que no tienen capacidad de comunicación; es probable que la cúpula ni siquiera sepa si se trata de un golpe de sus cómplices, por eso no se atreven a negarlo.
Puede la tristeza imaginar a Luis Francisco Cuéllar después de celebrar su cumpleaños 69, secuestrado por quinta vez, convertido en una mercancía mediante la cual se pretendía extorsionar a quienes lo amaban, bien por vínculos familiares o por aquellos que impone la estructura democrática; por esos que asesinaron a su hijo. Y al policía Javier García, que ofrendó su vida como símbolo de que existe una Colombia mejor.
El PAIS Cali, 26 de diciembre de 2009
martes, diciembre 29, 2009
domingo, diciembre 27, 2009
Calentamiento Global
Lo que se juega el mundo en las negociaciones del cambio climático no es despreciable. Es un fenómeno que, con independencia a lo que suceda, alterará de manera definitiva el planeta.
Si los líderes mundiales se ponen de acuerdo impondrán límites a los impulsos de desarrollo y crecimiento económico y estaremos entrando en una nueva fase histórica. La revolución científica, la revolución industrial y el desarrollismo serán transformados. Aquellas épocas que convirtieron la naturaleza en un objeto que utilizamos terminarán para dar paso a una naturaleza con consideraciones similares a las que se tienen con otro sujeto. Los esfuerzos por descifrarla ya no serán para controlarla, sino para atender su vulnerabilidad y fragilidad.
Si los líderes no alcanzan el consenso, el planeta vivirá una transformación física. Hoy en día todos los científicos coinciden en la inminencia del proceso de calentamiento global. La atmósfera se ha ido llenando de gases con efecto invernadero que impiden la salida de la radiación infrarroja (energía solar que el globo ha absorbido). Se trata de un fenómeno causado por el hombre, especialmente por la utilización de combustibles fósiles (como el petróleo) que produce CO2. La discusión científica a estas alturas se limita a la velocidad con la que ocurrirán los cambios, la magnitud de los mismos y los mecanismos para adaptarnos. Si los científicos más fatalistas tienen razón, seremos nosotros mismos quienes los presenciaremos y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos.
En este contexto, la discusión de Copenhague no es fácil, pero además el tema tiene una serie de injusticias intrínsecas que lo complican aún más. Como lo hemos dicho, la causa fundamental del calentamiento global fue y es el desarrollo de las naciones -el proceso de industrialización-, pero las consecuencias no se limitan a aquellos países ‘responsables’. Por el contrario, los efectos cobijarán a todo el globo y en muchos casos se prevén más críticos para las naciones en vía de desarrollo. La capacidad de resiliencia está íntimamente relacionada con los recursos económicos, de manera que la adaptación y el bienestar de las naciones más pobres serán dramáticamente afectados por las acciones de las ricas.
Desde la perspectiva de cualquier sistema de responsabilidad es evidente que aquellas naciones deberían resarcir el daño causado. No se trata entonces de una contribución sujeta a condiciones ni de ‘una ayuda’, sino al reconocimiento de una obligación. Por eso, a pesar de que EE.UU. ofreció US$100 billones, no parecen aceptables los términos en que lo han hecho. Tampoco son claros los mecanismos mediante los cuales esos recursos serían entregados ni cómo serán administrados.
Otro tema que amplía el debate es la reducción de emisiones de los ‘nuevos’ grandes contaminadores. China e India, a pesar de estar en vía de desarrollo, ya tienen unas emisiones muy significativas. Es prioritario implementar mecanismos de producción limpia y, otra vez, estas tecnologías pertenecen a las naciones desarrolladas. Si bien parece injusto imponerles reducciones, el derecho al desarrollo no puede ir en detrimento del bienestar mundial; y al mismo tiempo la transferencia de tecnología -acordada desde las primeras convenciones- ha sido parca y poco efectiva.
Como consumidores tenemos que premiar con nuestra preferencia productos con consideraciones ambientales.
El Pais, Cali 19 de diciembre de 2009
Si los líderes mundiales se ponen de acuerdo impondrán límites a los impulsos de desarrollo y crecimiento económico y estaremos entrando en una nueva fase histórica. La revolución científica, la revolución industrial y el desarrollismo serán transformados. Aquellas épocas que convirtieron la naturaleza en un objeto que utilizamos terminarán para dar paso a una naturaleza con consideraciones similares a las que se tienen con otro sujeto. Los esfuerzos por descifrarla ya no serán para controlarla, sino para atender su vulnerabilidad y fragilidad.
Si los líderes no alcanzan el consenso, el planeta vivirá una transformación física. Hoy en día todos los científicos coinciden en la inminencia del proceso de calentamiento global. La atmósfera se ha ido llenando de gases con efecto invernadero que impiden la salida de la radiación infrarroja (energía solar que el globo ha absorbido). Se trata de un fenómeno causado por el hombre, especialmente por la utilización de combustibles fósiles (como el petróleo) que produce CO2. La discusión científica a estas alturas se limita a la velocidad con la que ocurrirán los cambios, la magnitud de los mismos y los mecanismos para adaptarnos. Si los científicos más fatalistas tienen razón, seremos nosotros mismos quienes los presenciaremos y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos.
En este contexto, la discusión de Copenhague no es fácil, pero además el tema tiene una serie de injusticias intrínsecas que lo complican aún más. Como lo hemos dicho, la causa fundamental del calentamiento global fue y es el desarrollo de las naciones -el proceso de industrialización-, pero las consecuencias no se limitan a aquellos países ‘responsables’. Por el contrario, los efectos cobijarán a todo el globo y en muchos casos se prevén más críticos para las naciones en vía de desarrollo. La capacidad de resiliencia está íntimamente relacionada con los recursos económicos, de manera que la adaptación y el bienestar de las naciones más pobres serán dramáticamente afectados por las acciones de las ricas.
Desde la perspectiva de cualquier sistema de responsabilidad es evidente que aquellas naciones deberían resarcir el daño causado. No se trata entonces de una contribución sujeta a condiciones ni de ‘una ayuda’, sino al reconocimiento de una obligación. Por eso, a pesar de que EE.UU. ofreció US$100 billones, no parecen aceptables los términos en que lo han hecho. Tampoco son claros los mecanismos mediante los cuales esos recursos serían entregados ni cómo serán administrados.
Otro tema que amplía el debate es la reducción de emisiones de los ‘nuevos’ grandes contaminadores. China e India, a pesar de estar en vía de desarrollo, ya tienen unas emisiones muy significativas. Es prioritario implementar mecanismos de producción limpia y, otra vez, estas tecnologías pertenecen a las naciones desarrolladas. Si bien parece injusto imponerles reducciones, el derecho al desarrollo no puede ir en detrimento del bienestar mundial; y al mismo tiempo la transferencia de tecnología -acordada desde las primeras convenciones- ha sido parca y poco efectiva.
Como consumidores tenemos que premiar con nuestra preferencia productos con consideraciones ambientales.
El Pais, Cali 19 de diciembre de 2009
martes, diciembre 15, 2009
La decisión de los liberales
El Partido Liberal se reúne para discutir mucho más que la estrategia que aplicará para las próximas elecciones. Se trata de un momento decisivo para esa colectividad. La situación del liberalismo se ha complicado en los últimos años. No hace mucho ese partido recogía un enorme grupo de ciudadanos que ideológicamente irradiaban desde el liberalismo -en el sentido tradicional de la palabra- hasta un socialismo pujante. La manifestación de esa incoherencia política fue el gobierno Gaviria: avalado por la teoría del libre mercado se privatizaron muchas empresas estatales y la apertura enfrentó la industria nacional con la internacional y paralelamente se incrementó el gasto estatal a niveles exorbitantes.
La contradicción de las posturas entre sus integrantes era evidente. Ello favorecía al liberalismo, que siempre encontraba entre sus huestes un candidato que se ajustara a las modas políticas. Para la democracia, en cambio, no era conveniente. La dinámica política se beneficia con partidos ideológicamente definidos y coherentes; los ciudadanos tienen claridad sobre lo que significa votar por cada uno, pues comprenden las consecuencia políticas de cada postura.
El país maduró políticamente y hoy tenemos propuestas concretas y serias de izquierda y derecha, pero ello fue en detrimento de los liberales. Cabe recordar que el presidente Uribe hacía parte de ese partido y éste no lo quiso acompañar en su campaña. Ese fue un error político, pero un acierto para la clarificación de la política. Surgió un espacio para concentrar junto a la figura de Uribe un proyecto de derecha. Al mismo tiempo, se consolidó el Polo Democrático con un proyecto de izquierda bien definido. Ambos se fortalecieron en la dinámica Gobierno-oposición. En medio de la indecisión, la base liberal se ha ido fragmentando: algunos hacia el Polo y otros hacia el uribismo. Es prioritario resolver su divagación.
Pueden intentar una corriente liberal -como en Inglaterra- donde ese partido sea una alternativa a aquellas dos tendencias; pero se trataría de un partido minoritario. Una opción de centro fue catalogada por el ex presidente Samper como un suicidio político, pues los extremos estarán siempre comiéndoselo. Él sugiere una sintonización con la conmoción ideológica que vive América Latina para la configuración de un proyecto de izquierda. Parece entonces que los liberales podrían estar pensando unirse a los movimientos bolivarianos. El éxito de una ultraizquierda está por verse, pues las modas del continente casi nunca coinciden con las nacionales.
Si el partido se une a Vargas Lleras estará ubicándose en una corriente de derecha y si lo hace con Pardo dará un viraje a la izquierda y se anuncia una unión con el Polo (aunque Pardo es fiel a la confusión liberal y fue hasta uribista). La cuestión es si el Polo va a permitir que después de tanto trabajo el liberalismo se alce con su lugar político.
Definirse será difícil, sobre todo porque hoy en día lo que es derecha e izquierda es confuso. Entre la derecha -cercana con los sistemas de mercado, un estado pequeño y visión de largo plazo- y la izquierda -abanderada de la intervención, el ente estatal como agente económico y atención en el corto plazo- hay un espectro de opciones infinitas. Pero los electores colombianos son cada vez más perspicaces y quieren posturas concretas y ya no paradojas que resultan en gobiernos impredecibles.
El País Cali, 12 de diciembre de 2009
La contradicción de las posturas entre sus integrantes era evidente. Ello favorecía al liberalismo, que siempre encontraba entre sus huestes un candidato que se ajustara a las modas políticas. Para la democracia, en cambio, no era conveniente. La dinámica política se beneficia con partidos ideológicamente definidos y coherentes; los ciudadanos tienen claridad sobre lo que significa votar por cada uno, pues comprenden las consecuencia políticas de cada postura.
El país maduró políticamente y hoy tenemos propuestas concretas y serias de izquierda y derecha, pero ello fue en detrimento de los liberales. Cabe recordar que el presidente Uribe hacía parte de ese partido y éste no lo quiso acompañar en su campaña. Ese fue un error político, pero un acierto para la clarificación de la política. Surgió un espacio para concentrar junto a la figura de Uribe un proyecto de derecha. Al mismo tiempo, se consolidó el Polo Democrático con un proyecto de izquierda bien definido. Ambos se fortalecieron en la dinámica Gobierno-oposición. En medio de la indecisión, la base liberal se ha ido fragmentando: algunos hacia el Polo y otros hacia el uribismo. Es prioritario resolver su divagación.
Pueden intentar una corriente liberal -como en Inglaterra- donde ese partido sea una alternativa a aquellas dos tendencias; pero se trataría de un partido minoritario. Una opción de centro fue catalogada por el ex presidente Samper como un suicidio político, pues los extremos estarán siempre comiéndoselo. Él sugiere una sintonización con la conmoción ideológica que vive América Latina para la configuración de un proyecto de izquierda. Parece entonces que los liberales podrían estar pensando unirse a los movimientos bolivarianos. El éxito de una ultraizquierda está por verse, pues las modas del continente casi nunca coinciden con las nacionales.
Si el partido se une a Vargas Lleras estará ubicándose en una corriente de derecha y si lo hace con Pardo dará un viraje a la izquierda y se anuncia una unión con el Polo (aunque Pardo es fiel a la confusión liberal y fue hasta uribista). La cuestión es si el Polo va a permitir que después de tanto trabajo el liberalismo se alce con su lugar político.
Definirse será difícil, sobre todo porque hoy en día lo que es derecha e izquierda es confuso. Entre la derecha -cercana con los sistemas de mercado, un estado pequeño y visión de largo plazo- y la izquierda -abanderada de la intervención, el ente estatal como agente económico y atención en el corto plazo- hay un espectro de opciones infinitas. Pero los electores colombianos son cada vez más perspicaces y quieren posturas concretas y ya no paradojas que resultan en gobiernos impredecibles.
El País Cali, 12 de diciembre de 2009
martes, diciembre 08, 2009
¿Delitos en la red?
La captura del presunto organizador del grupo de Facebook denominado ‘Me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe’ plantea cuestiones de fondo: la capacidad de daño y el peligro de los medios electrónicos y la aplicación de la ley en un contexto de impunidad.
Podemos estar enfrentados a una nueva modalidad delictiva. Uno de los casos más sonados en EE.UU. es el de una madre que, buscando vengar los abusos que una adolescente había cometido contra su hija, se hizo pasar por un joven adolescente en la red. Enamoró a la niña y luego de romper con ella, la chica se suicidó. La red da a los usuarios la sensación de estar protegidos por el anonimato. La responsabilidad, que en mucho se refiere a predecir las consecuencias de nuestros actos, es difusa, pues la interacción con quien recibe nuestras ‘acciones’ es lejana. No la vemos ni sabemos cómo y hasta dónde circula. Esa sensación de irresponsabilidad que otorga la red debe tener límites, pues hay consecuencias, aunque no se hayan previsto.
En nuestro caso, al muchacho de 23 años se le atribuyen acciones que dibujan una personalidad desequilibrada: había hecho consultas sobre la familia Uribe en más de 1.400 oportunidades, coqueteaba con páginas de organizaciones terroristas como Al Qaeda y escribió mensajes en los que anunciaba su deseo de regalarse a las Farc y otro donde sostiene que en verdad quisiera que se materializara la amenaza contra los Uribe.
Muchos han criticado la captura, convencidos de que la aplicación de la ley en este caso tiene matices injustos. Sostienen que la amenaza no era real, sino un intento de protesta y chanza. Se supone que el hecho de que amenace a los hijos del Presidente, cuando él es sólo un estudiante de bellas artes, muestra su evidente debilidad. La mascarada de la insignificancia de los peligros se rompió el 11 de septiembre, cuando el mundo comprendió que aun objetos inesperados tienen capacidad destructora.
Vivir en Colombia nos hace tolerantes a sucesos y palabras que disuenan en las sociedades pacíficas. Se ha vuelto común para los connacionales decir “ojalá lo maten”; pero cabe recordar que precisamente en este contexto esas palabras tienen un valor más poderoso: pedir que maten a alguien es una semilla que en nuestra tierra retoña. Más aún, en este caso no sólo se dice sino que se hace un portal para que los adeptos a esa idea criminal interactúen y se apoyen. Lo que puede pasar hace parte de esa gelatina impredecible que se genera en la red, pero la peligrosidad de la conducta no se desdibuja.
Otro de los argumentos que convoca seguidores es la idea de que la injusticia radica en el hecho de que las penas no alcanzan sino a algunos de los criminales. Por supuesto que es algo incómodo que la justicia tenga una aplicación parcial, que parece selectiva en algunos casos, pero ello no desconfigura los hechos criminales. La falta de investigación de los casos de ‘Farcpolítica’ no excusa la ‘parapolítica’. Es menester ampliar, pero en ningún caso es posible pensar que la ineficiencia de la justicia pueda dar lugar a la impunidad total.
No sé si la conducta alcanza a configurar un delito; se trata de un mundo nuevo, donde la responsabilidad tiene otros matices. Pero el deseo de que los Uribe sean asesinados evidencia un proceso de interiorización de la violencia espeluznante; seguimos produciendo sujetos que se pretenden héroes vengadores a través del crimen.
El País - Cali, Diciembre 05 de 2009
Podemos estar enfrentados a una nueva modalidad delictiva. Uno de los casos más sonados en EE.UU. es el de una madre que, buscando vengar los abusos que una adolescente había cometido contra su hija, se hizo pasar por un joven adolescente en la red. Enamoró a la niña y luego de romper con ella, la chica se suicidó. La red da a los usuarios la sensación de estar protegidos por el anonimato. La responsabilidad, que en mucho se refiere a predecir las consecuencias de nuestros actos, es difusa, pues la interacción con quien recibe nuestras ‘acciones’ es lejana. No la vemos ni sabemos cómo y hasta dónde circula. Esa sensación de irresponsabilidad que otorga la red debe tener límites, pues hay consecuencias, aunque no se hayan previsto.
En nuestro caso, al muchacho de 23 años se le atribuyen acciones que dibujan una personalidad desequilibrada: había hecho consultas sobre la familia Uribe en más de 1.400 oportunidades, coqueteaba con páginas de organizaciones terroristas como Al Qaeda y escribió mensajes en los que anunciaba su deseo de regalarse a las Farc y otro donde sostiene que en verdad quisiera que se materializara la amenaza contra los Uribe.
Muchos han criticado la captura, convencidos de que la aplicación de la ley en este caso tiene matices injustos. Sostienen que la amenaza no era real, sino un intento de protesta y chanza. Se supone que el hecho de que amenace a los hijos del Presidente, cuando él es sólo un estudiante de bellas artes, muestra su evidente debilidad. La mascarada de la insignificancia de los peligros se rompió el 11 de septiembre, cuando el mundo comprendió que aun objetos inesperados tienen capacidad destructora.
Vivir en Colombia nos hace tolerantes a sucesos y palabras que disuenan en las sociedades pacíficas. Se ha vuelto común para los connacionales decir “ojalá lo maten”; pero cabe recordar que precisamente en este contexto esas palabras tienen un valor más poderoso: pedir que maten a alguien es una semilla que en nuestra tierra retoña. Más aún, en este caso no sólo se dice sino que se hace un portal para que los adeptos a esa idea criminal interactúen y se apoyen. Lo que puede pasar hace parte de esa gelatina impredecible que se genera en la red, pero la peligrosidad de la conducta no se desdibuja.
Otro de los argumentos que convoca seguidores es la idea de que la injusticia radica en el hecho de que las penas no alcanzan sino a algunos de los criminales. Por supuesto que es algo incómodo que la justicia tenga una aplicación parcial, que parece selectiva en algunos casos, pero ello no desconfigura los hechos criminales. La falta de investigación de los casos de ‘Farcpolítica’ no excusa la ‘parapolítica’. Es menester ampliar, pero en ningún caso es posible pensar que la ineficiencia de la justicia pueda dar lugar a la impunidad total.
No sé si la conducta alcanza a configurar un delito; se trata de un mundo nuevo, donde la responsabilidad tiene otros matices. Pero el deseo de que los Uribe sean asesinados evidencia un proceso de interiorización de la violencia espeluznante; seguimos produciendo sujetos que se pretenden héroes vengadores a través del crimen.
El País - Cali, Diciembre 05 de 2009
jueves, diciembre 03, 2009
Superhéroes contra el Imperio
El Presidente venezolano se mueve entre unas paradojas imaginarias donde el mundo se ve en la simplísima dualidad malo-bueno. Él, por supuesto, ha de hacer parte del bando ‘bueno’, perseguido -como en un delirio paranoide- por monstruosos enemigos: el Imperio, Estados Unidos y cualquiera de sus aliados. La causa de los ‘buenos’ termina estando compuesta por quienes se pretenden enemigos del Imperio. Resulta en una alianza interesante, encabezada por Bolivia, Irán, Cuba, Rusia, Venezuela… fusionados en una identidad trasnacional definida contra EE.UU.
La confrontación tiene tintes que la caricaturizan. Por una parte, Chávez le vende su petróleo a Estados Unidos -su primer socio comercial-. No sólo resulta perturbadora la idea de que Superman tenga negocios con Lex Luthor, sino que Luthor decida financiarlo. EE.UU. no se da por aludido ante los embates. Vale recordar que desde el inicio de las confrontaciones ese país ha sido casi sordo a los gruñidos de Chávez. La imagen de un perro pincher ladrándole a un gran danés que duerme plácido es inevitable. La somnolencia americana es supina; incluso se ofreció como mediador entre Colombia y Venezuela sobre el asunto de las bases militares. El acto tiene matices ridículos, pues simula que el problema le es ajeno y finge que se trata de un lío entre niños. La guerra entre estos superhéroes contra el Imperio se desdibuja más bajo el mandato de Obama, que simboliza el Imperio que se transforma para incluir a los marginados.
Nosotros, los de la otra banda, sonreímos con las aventuras de los Superamigos, pero es hora de dar contexto a las cosas. Las andanzas serían divertidas si no estuvieran de por medio las insaciables compras de armas de Chávez -por una cifra desconocida que va desde US$2,2 a US$4,4 billones-, la configuración de milicias armadas de civiles que dependen directamente de él y la conformación de bases venezolanas en Bolivia para cumplir el olvidado propósito del ‘Che’ de desestabilizar Suramérica desde ese punto geográfico. Para mayor terror, la amistad con Ahmadinejad, el líder de un país extremadamente poderoso por su fortuna petrolera y su disciplina religiosa y que emprendió la búsqueda para desarrollar el poder nuclear, capaz de destruir el planeta entero.
Este elemento que también parece de tira cómica es una cuestión nada despreciable. Se trata de una realidad que atormentó las relaciones internacionales durante una época basta, pero que llegó a un estado de equilibrio. El nuevo poderío nuclear en manos de quienes tienen tan clara una guerra no es un juego. Los líderes de esas naciones están aunando fuerzas en un proyecto de largo plazo, donde el tiempo sólo los favorece. Las organizaciones multilaterales han mostrado la imposibilidad de contener los arrebatos soberanos. La desgastada diplomacia está convertida en un mecanismo inoficioso de escribir declaraciones que ni obligan ni dicen nada.
Colombia ya percibe la solidez de un aspiración expansionista y violenta. Para nuestra fortuna, Chávez avanza contra otras amistades del Imperio y amenazó a los israelíes. Y, por fin, hay un comunicado de EE.UU. que respalda a Colombia y critica a Chávez.
Menospreciar el enemigo es la falla más común de los derrotados.
El País, Cali Noviembre 28 de 2009
La confrontación tiene tintes que la caricaturizan. Por una parte, Chávez le vende su petróleo a Estados Unidos -su primer socio comercial-. No sólo resulta perturbadora la idea de que Superman tenga negocios con Lex Luthor, sino que Luthor decida financiarlo. EE.UU. no se da por aludido ante los embates. Vale recordar que desde el inicio de las confrontaciones ese país ha sido casi sordo a los gruñidos de Chávez. La imagen de un perro pincher ladrándole a un gran danés que duerme plácido es inevitable. La somnolencia americana es supina; incluso se ofreció como mediador entre Colombia y Venezuela sobre el asunto de las bases militares. El acto tiene matices ridículos, pues simula que el problema le es ajeno y finge que se trata de un lío entre niños. La guerra entre estos superhéroes contra el Imperio se desdibuja más bajo el mandato de Obama, que simboliza el Imperio que se transforma para incluir a los marginados.
Nosotros, los de la otra banda, sonreímos con las aventuras de los Superamigos, pero es hora de dar contexto a las cosas. Las andanzas serían divertidas si no estuvieran de por medio las insaciables compras de armas de Chávez -por una cifra desconocida que va desde US$2,2 a US$4,4 billones-, la configuración de milicias armadas de civiles que dependen directamente de él y la conformación de bases venezolanas en Bolivia para cumplir el olvidado propósito del ‘Che’ de desestabilizar Suramérica desde ese punto geográfico. Para mayor terror, la amistad con Ahmadinejad, el líder de un país extremadamente poderoso por su fortuna petrolera y su disciplina religiosa y que emprendió la búsqueda para desarrollar el poder nuclear, capaz de destruir el planeta entero.
Este elemento que también parece de tira cómica es una cuestión nada despreciable. Se trata de una realidad que atormentó las relaciones internacionales durante una época basta, pero que llegó a un estado de equilibrio. El nuevo poderío nuclear en manos de quienes tienen tan clara una guerra no es un juego. Los líderes de esas naciones están aunando fuerzas en un proyecto de largo plazo, donde el tiempo sólo los favorece. Las organizaciones multilaterales han mostrado la imposibilidad de contener los arrebatos soberanos. La desgastada diplomacia está convertida en un mecanismo inoficioso de escribir declaraciones que ni obligan ni dicen nada.
Colombia ya percibe la solidez de un aspiración expansionista y violenta. Para nuestra fortuna, Chávez avanza contra otras amistades del Imperio y amenazó a los israelíes. Y, por fin, hay un comunicado de EE.UU. que respalda a Colombia y critica a Chávez.
Menospreciar el enemigo es la falla más común de los derrotados.
El País, Cali Noviembre 28 de 2009
martes, diciembre 01, 2009
Inteligencia a la inteligencia
La inteligencia es una función del Estado, cuyo objetivo es proveer información útil y veraz para la adecuada protección de la Nación. Los enemigos internos de nuestro país -el narcotráfico y la guerrilla- son poderosos y han hecho del terrorismo un arma para buscar la inestabilidad social. Este conflicto implica golpes aislados y eventuales y no combates militares continuos. En este contexto, la capacidad de anticipación de sus acciones es prioritaria.
Al mismo tiempo, el confuso escenario internacional deja claro que las amenazas pueden ser también externas. Es un caso complejo; la soberanía de los estados vecinos representa un coto. Será inevitable definir una posición sobre el espionaje internacional. Si no lo consideramos aceptable, es necesario mantener actualizada información que -sin ser secreta- es útil y contextualiza nuestras relaciones; por ejemplo: las compras militares y la capacidad de combate de los vecinos y el seguimiento del contexto político y las declaraciones públicas de los líderes.
El diseño de una nueva agencia de inteligencia constituye un reto para la Nación, no sólo por la necesidad imperiosa que imponen nuestras circunstancias, sino porque deben evitarse los vicios que las entidades de este tipo tienden a generar.
Las actividades de las centrales de inteligencia se balancean en la tensión entre la necesidad de información y los mecanismos legítimos para obtenerla. La limitación -necesaria en todo ente democrático- no puede imposibilitar el acceso a los datos, pero éstos tampoco pueden justificar todas las acciones. Es posible distinguir varios niveles en los cuales los linderos merecen un análisis.
La inteligencia en muchos casos implica su trasgresión al derecho de intimidad de los ciudadanos. Más aún, la información -al ser secreta- imposibilita la posibilidad de controvertirla. La protección del colectivo debe ser moderada frente a los derechos individuales y viceversa.
Ahora bien, el Estado, como estructura de la que hace parte, también involucra cuestiones significativas. La función reglada de la administración pública -sólo puede hacerse lo que está permitido- encuentra muchos obstáculos en la reserva y la imposibilidad de predecir los escenarios del crimen. Pero será necesario diseñar procedimientos provistos de términos y controles internos muy severos para que se reduzca la injerencia del arbitrio del funcionario. Lo importante no es sólo que lo que se reporte debe ser fiable, sino que haya seguido conductos regulares.
El control plantea desafíos, pues el carácter confidencial de la información aleja la actuación de entes externos de vigilancia. Además de controles internos, debe haber una adecuada división de funciones.
La nueva agencia debe estar limitada a la consecución y reporte de información, que ha de ser previamente definida por otras instancias estatales y destinada a unas distintas. Esta división supone tener un plan de inteligencia que priorice objetivos y una última instancia de toma de decisiones en cuerpos distintos.
Equívocos o falsedades en lo reportado pueden tener graves efectos sobre la estabilidad social, por eso será ineludible vestir a la entidad con funcionarios del más alto nivel académico y seleccionados para que tengan estándares morales muy definidos. No debemos olvidar que la corrupción no es un mal abstracto, se trata de la conducta específica de un funcionario.
El País, Cali. Noviembre 21 de 2009
Al mismo tiempo, el confuso escenario internacional deja claro que las amenazas pueden ser también externas. Es un caso complejo; la soberanía de los estados vecinos representa un coto. Será inevitable definir una posición sobre el espionaje internacional. Si no lo consideramos aceptable, es necesario mantener actualizada información que -sin ser secreta- es útil y contextualiza nuestras relaciones; por ejemplo: las compras militares y la capacidad de combate de los vecinos y el seguimiento del contexto político y las declaraciones públicas de los líderes.
El diseño de una nueva agencia de inteligencia constituye un reto para la Nación, no sólo por la necesidad imperiosa que imponen nuestras circunstancias, sino porque deben evitarse los vicios que las entidades de este tipo tienden a generar.
Las actividades de las centrales de inteligencia se balancean en la tensión entre la necesidad de información y los mecanismos legítimos para obtenerla. La limitación -necesaria en todo ente democrático- no puede imposibilitar el acceso a los datos, pero éstos tampoco pueden justificar todas las acciones. Es posible distinguir varios niveles en los cuales los linderos merecen un análisis.
La inteligencia en muchos casos implica su trasgresión al derecho de intimidad de los ciudadanos. Más aún, la información -al ser secreta- imposibilita la posibilidad de controvertirla. La protección del colectivo debe ser moderada frente a los derechos individuales y viceversa.
Ahora bien, el Estado, como estructura de la que hace parte, también involucra cuestiones significativas. La función reglada de la administración pública -sólo puede hacerse lo que está permitido- encuentra muchos obstáculos en la reserva y la imposibilidad de predecir los escenarios del crimen. Pero será necesario diseñar procedimientos provistos de términos y controles internos muy severos para que se reduzca la injerencia del arbitrio del funcionario. Lo importante no es sólo que lo que se reporte debe ser fiable, sino que haya seguido conductos regulares.
El control plantea desafíos, pues el carácter confidencial de la información aleja la actuación de entes externos de vigilancia. Además de controles internos, debe haber una adecuada división de funciones.
La nueva agencia debe estar limitada a la consecución y reporte de información, que ha de ser previamente definida por otras instancias estatales y destinada a unas distintas. Esta división supone tener un plan de inteligencia que priorice objetivos y una última instancia de toma de decisiones en cuerpos distintos.
Equívocos o falsedades en lo reportado pueden tener graves efectos sobre la estabilidad social, por eso será ineludible vestir a la entidad con funcionarios del más alto nivel académico y seleccionados para que tengan estándares morales muy definidos. No debemos olvidar que la corrupción no es un mal abstracto, se trata de la conducta específica de un funcionario.
El País, Cali. Noviembre 21 de 2009
martes, noviembre 17, 2009
La reforma a la salud en EE.UU.
Esta reforma es de inmensas proporciones. El sector representa un sexto de la economía de ese país, que siendo sólo el 4% de la población mundial consume el 52% de las drogas de prescripción del mundo. El sistema actual es altamente costoso y así como los seguros médicos. Muchos americanos -que no tienen seguro- buscan acceso en “emergencias” saturando la capacidad de respuesta y quedan con deudas astronómicas.
Se pretende otorgar una cobertura para el 96% de los estadounidenses, sin distingos de ingreso o salud. Las preexitencias, por ejemplo, será eliminadas y no podrán cobrarse primas más altas a partir de las historias clínicas de los pacientes. Así mismo, la industria de la salud perderá la dispensa según la cual las leyes antimonopolio referidas a especulación de precios, manipulación fraudulenta de licitación y asignación de mercados no le eran aplicables. Aquellos que no tomen el seguro de salud de acuerdo a los requerimientos estatales estarán obligados a pagar un impuesto.
Según muchos analistas la reforma tendrá un costo de 1,2 billones de dólares en una década. El mandatario estadounidense sostiene que la reforma es prioritaria en el contexto de la crisis económica, pues son cada vez más los americanos que pierden su empleo y su casa y que no tienen acceso a salud. Los detractores señalan que la situación fiscal de EE.UU. al igual que la crisis no son un buen contexto para la reforma, pues puede afectar las ya restadas arcas y producir impactos económicos depresivos. El Presidente insiste en que no crecerá el déficit ni afectará la economía.
Uno de los grandes temores en la reforma es si la oferta medica ser verá desmejorada en el largo plazo. En ese país hay aproximadamente 760,000 médicos, con una formación promedio de 10 años. Hay encuestas que afirman que muchos doctores considerarían abandonar la practica en caso de que la reforma fuera aprobada. La cuestión es si la reforma desincentivará la medicina y muchos jóvenes optaran por profesiones más rentables.
Otro de los temas en debate es la creación de una aseguradora de salud que pertenezca al Estado. Los partidarios esgrimen que el mal servicio de las privadas será mejorado a través de la competencia; como la función de esta nueva entidad no será el lucro, proveerá un mejor servicio al cual tendrán que ajustarse las privadas.
Existe una prohibición según la cual los recursos federales no pueden usarse en la financiación del aborto. La inclusión, en la reforma, de los subsidios para aseguradoras que hoy en día lo incluyen generó un acalorado debate. Finalmente, se prohibió la financiación excepto para los casos de violación, incesto o donde corra peligro la vida de la madre; aunque no es muy significativo pues en el 2001 solo el 13% de los abortos realizados en el país fueron cubiertos con seguros médicos. Fue esta decisión la que permitió que muchos demócratas que no están de acuerdo con el aborto votaran a favor de la reforma, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación estrecha de 220-215. El debate pasa al Senado.
Estos temas llaman a la reflexión sobre nuestro sistema donde las preexistencias aparecen incluso en el cambio de seguro y se dice que el 60% de las EPS del país dejarían de prestar sus servicios por falta de recursos, por una deuda de 500 mil millones de pesos que tendría el Estado con las EPS por el plan obligatorio de salud.
El País-Cali, 14 de noviembre de 2009
Se pretende otorgar una cobertura para el 96% de los estadounidenses, sin distingos de ingreso o salud. Las preexitencias, por ejemplo, será eliminadas y no podrán cobrarse primas más altas a partir de las historias clínicas de los pacientes. Así mismo, la industria de la salud perderá la dispensa según la cual las leyes antimonopolio referidas a especulación de precios, manipulación fraudulenta de licitación y asignación de mercados no le eran aplicables. Aquellos que no tomen el seguro de salud de acuerdo a los requerimientos estatales estarán obligados a pagar un impuesto.
Según muchos analistas la reforma tendrá un costo de 1,2 billones de dólares en una década. El mandatario estadounidense sostiene que la reforma es prioritaria en el contexto de la crisis económica, pues son cada vez más los americanos que pierden su empleo y su casa y que no tienen acceso a salud. Los detractores señalan que la situación fiscal de EE.UU. al igual que la crisis no son un buen contexto para la reforma, pues puede afectar las ya restadas arcas y producir impactos económicos depresivos. El Presidente insiste en que no crecerá el déficit ni afectará la economía.
Uno de los grandes temores en la reforma es si la oferta medica ser verá desmejorada en el largo plazo. En ese país hay aproximadamente 760,000 médicos, con una formación promedio de 10 años. Hay encuestas que afirman que muchos doctores considerarían abandonar la practica en caso de que la reforma fuera aprobada. La cuestión es si la reforma desincentivará la medicina y muchos jóvenes optaran por profesiones más rentables.
Otro de los temas en debate es la creación de una aseguradora de salud que pertenezca al Estado. Los partidarios esgrimen que el mal servicio de las privadas será mejorado a través de la competencia; como la función de esta nueva entidad no será el lucro, proveerá un mejor servicio al cual tendrán que ajustarse las privadas.
Existe una prohibición según la cual los recursos federales no pueden usarse en la financiación del aborto. La inclusión, en la reforma, de los subsidios para aseguradoras que hoy en día lo incluyen generó un acalorado debate. Finalmente, se prohibió la financiación excepto para los casos de violación, incesto o donde corra peligro la vida de la madre; aunque no es muy significativo pues en el 2001 solo el 13% de los abortos realizados en el país fueron cubiertos con seguros médicos. Fue esta decisión la que permitió que muchos demócratas que no están de acuerdo con el aborto votaran a favor de la reforma, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación estrecha de 220-215. El debate pasa al Senado.
Estos temas llaman a la reflexión sobre nuestro sistema donde las preexistencias aparecen incluso en el cambio de seguro y se dice que el 60% de las EPS del país dejarían de prestar sus servicios por falta de recursos, por una deuda de 500 mil millones de pesos que tendría el Estado con las EPS por el plan obligatorio de salud.
El País-Cali, 14 de noviembre de 2009
miércoles, noviembre 11, 2009
El miedo del Congreso
El miedo del Congreso
La renuncia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede interpretarse como el efecto final de una larga cadena de hechos mediante la cual la Corte Suprema de Justicia ha atemorizado el Congreso. Se trata, pues, de un triste final para una democracia, pues muestra que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones y que su accionar ha debilitado a la Rama Legislativa de forma grave.
Las razones por las cuales el Congreso teme a la Corte son variadas, pero claras. Primeramente, el número de congresistas en la cárcel es un indicio del sentimiento de inseguridad que ha de embargar a los restantes. Así también, el número de investigados y las denuncias sobre manera como la Corte conduce sus investigaciones sobre los congresistas: expedientes sin numerar, un magistrado auxiliar destituido que se queja de no poder dormir tranquilo por el peso de su conciencia y testigos de dudosa reputación que reciben ventajas judiciales por increpar políticos.
Más aún, cada vez con mayor fuerza en las actuaciones de la Corte se dibuja una persecución que parece tener tintes políticos. Los procesos contra la bancada uribista avanzan, pero con graves señalamientos sobre violación del debido proceso. Al mismo tiempo, los de la Farcpolítica no se inician y si lo hacen precluyen (a pesar de que hay evidencias concretas como las halladas en el computador de ‘Raúl Reyes’).
¿Dónde están las investigaciones de los vínculos de los magistrados con Giorgio Sale y otros personajes macabros? ¿Dónde aquellas que los vinculan con operaciones financieras anormales? ¿Dónde la revisión de sus procedimientos ya varias veces denunciados como arbitrarios o al menos oscuros? ¿Dónde las reformas para acabar con la enviciada cooptación? ¿Cuándo se creará la segunda instancia para evitar la violación de los derechos del hombre?
Sólo la sumisión y la impotencia que se han apoderado del Congreso en todo lo que se refiere a la Corte puede explicar la ausencia de todo esto. El miedo que le tiene el Congreso a la Corte es el síntoma de una gravísima enfermedad institucional que afecta la tridivisión de los poderes. El Judicial es un poder desbordado que nos retrotrae a las épocas de los tiranos, imposibles de juzgar y con el poder al servicio de sus deseos. Como consecuencia tenemos que las acusaciones y los escándalos sobre el accionar de los magistrados de la Corte permanecen sin la investigación rigurosa que exigirían, pues su juez natural les teme.
Así que estamos en la más olímpica tiranía de los jueces. Es, por lo demás, la más antidemocrática y antipática de todas las posibles. La Corte es una corporación elegida por sus propios miembros sin que medie la voluntad popular y por lo tanto con muy escasa legitimidad.
Es prioritario que la Nación respalde al Congreso para preservar la estructura del Estado. Este órgano encarna la más diversa fuerza democrática. La solidaridad nacional puede impulsar y revivir el natural liderazgo que debería caracterizar al Legislativo para que ¡se investigue todo lo denunciado sobre los magistrados!, ¡se los acuse si hay méritos! ¡cumpla, en fin, el Congreso con sus funciones constitucionales!
***
Atención: la difícil situación con Venezuela exige que las instancias diplomáticas actúen y establezcan contacto con los detenidos y con el sobreviviente de la masacre, de manera que podamos tener información sobre lo que está pasando.
El País -Cali Noviembre 07 de 2009
La renuncia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede interpretarse como el efecto final de una larga cadena de hechos mediante la cual la Corte Suprema de Justicia ha atemorizado el Congreso. Se trata, pues, de un triste final para una democracia, pues muestra que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones y que su accionar ha debilitado a la Rama Legislativa de forma grave.
Las razones por las cuales el Congreso teme a la Corte son variadas, pero claras. Primeramente, el número de congresistas en la cárcel es un indicio del sentimiento de inseguridad que ha de embargar a los restantes. Así también, el número de investigados y las denuncias sobre manera como la Corte conduce sus investigaciones sobre los congresistas: expedientes sin numerar, un magistrado auxiliar destituido que se queja de no poder dormir tranquilo por el peso de su conciencia y testigos de dudosa reputación que reciben ventajas judiciales por increpar políticos.
Más aún, cada vez con mayor fuerza en las actuaciones de la Corte se dibuja una persecución que parece tener tintes políticos. Los procesos contra la bancada uribista avanzan, pero con graves señalamientos sobre violación del debido proceso. Al mismo tiempo, los de la Farcpolítica no se inician y si lo hacen precluyen (a pesar de que hay evidencias concretas como las halladas en el computador de ‘Raúl Reyes’).
¿Dónde están las investigaciones de los vínculos de los magistrados con Giorgio Sale y otros personajes macabros? ¿Dónde aquellas que los vinculan con operaciones financieras anormales? ¿Dónde la revisión de sus procedimientos ya varias veces denunciados como arbitrarios o al menos oscuros? ¿Dónde las reformas para acabar con la enviciada cooptación? ¿Cuándo se creará la segunda instancia para evitar la violación de los derechos del hombre?
Sólo la sumisión y la impotencia que se han apoderado del Congreso en todo lo que se refiere a la Corte puede explicar la ausencia de todo esto. El miedo que le tiene el Congreso a la Corte es el síntoma de una gravísima enfermedad institucional que afecta la tridivisión de los poderes. El Judicial es un poder desbordado que nos retrotrae a las épocas de los tiranos, imposibles de juzgar y con el poder al servicio de sus deseos. Como consecuencia tenemos que las acusaciones y los escándalos sobre el accionar de los magistrados de la Corte permanecen sin la investigación rigurosa que exigirían, pues su juez natural les teme.
Así que estamos en la más olímpica tiranía de los jueces. Es, por lo demás, la más antidemocrática y antipática de todas las posibles. La Corte es una corporación elegida por sus propios miembros sin que medie la voluntad popular y por lo tanto con muy escasa legitimidad.
Es prioritario que la Nación respalde al Congreso para preservar la estructura del Estado. Este órgano encarna la más diversa fuerza democrática. La solidaridad nacional puede impulsar y revivir el natural liderazgo que debería caracterizar al Legislativo para que ¡se investigue todo lo denunciado sobre los magistrados!, ¡se los acuse si hay méritos! ¡cumpla, en fin, el Congreso con sus funciones constitucionales!
***
Atención: la difícil situación con Venezuela exige que las instancias diplomáticas actúen y establezcan contacto con los detenidos y con el sobreviviente de la masacre, de manera que podamos tener información sobre lo que está pasando.
El País -Cali Noviembre 07 de 2009
sábado, noviembre 07, 2009
El dúo Chávez - García
La firma del acuerdo militar con Estados Unidos se produce en un momento apropiado. La colaboración norteamericana es fundamental para la contención del narcotráfico y los grupos al margen de la ley, pero tiene, sobre todo, un efecto disuasor muy importante ante las crecientes tensiones con Venezuela. Si bien no parece racional suponer que Chávez quiera un enfrentamiento militar con Colombia, la presencia de EE.UU. elimina de tajo semejante idea. Y no porque el ‘socio‘ norteamericano nos vaya a proteger, pues es poco probable que lo haga, sino porque en la creciente paranoia del Mandatario venezolano esa defensa está dada.
Las situación con Venezuela se hace cada vez más tirante. Chávez, como mecanismo de presión y chantaje, está decidido a suprimir el comercio con Colombia (en una atribución que no debería corresponder al Gobierno, pero que ejerce, luego de haber controlado la venta y compra de divisas). Además, aparecen las extrañas matanzas de colombianos en ese país, con la curiosidad de que el único sobreviviente está incomunicado. Y, para rematar el cuadro, están las acusaciones de espionaje y complot en contra del DAS. Dicen nuestras autoridades que ya hay colombianos detenidos; por supuesto, deben estar también incomunicados. Así que sólo ese gobierno tiene acceso a las versiones de lo que está pasando, nosotros no sabemos nada y no podemos sino especular.
Lo cierto es que el Gobierno venezolano necesita tener un enemigo frente al cual sea fácil agitar los ánimos y aglutinar la masa. La identidad y la cohesión se construyen de manera más sencilla cuando hay un otro que es una amenaza. Con Bush, el rival venezolano era el imperio y Colombia no aparecía sino como el perro del diablo. Pero la presidencia de Obama complica la estrategia. Él no ha sido claro en sus políticas, lo que deja a la dirigencia latinoamericana en un estado de ambivalencia y expectativa; si Obama es buen político, sabrá mantenerlo. Por otro lado, enfrentarse al premio Nobel -que tiene una abrumadora popularidad mundial- puede significar la caída al poso de los ‘tiranos mundiales’, abismo sobre el cual se balancea exitosamente Chávez.
Colombia fue elegida para remplazar a Bush en el discurso. Chávez aprovecha un malestar ancestral que existe entre ambas naciones, aun siendo hermanas. Pero debe generar un peligro para Venezuela que provenga de Colombia… Para estos propósitos cae divinamente Rafael García.
García, condenado a once años de cárcel por sus múltiples delitos, está en Venezuela, aprovechando la libertad que le concedió la justicia colombiana por declarar en contra de muchos sindicados, algunos que ni conocía. Es un mentiroso patológico a quien la justicia convirtió en personaje. Este error ya trasciende las injusticias personales, cometidas contra sus víctimas, para transportarse al escenario internacional. ¿Cómo vamos a decir ahora que García es mentiroso, si en nuestro país muchas de sus declaraciones fueron tenidas en cuenta?
Es un problema que no tiene solución. La mala relación con Colombia hace parte de una necesidad chavista y tiene como aliado un colombiano que hace de la mentira una profesión.
Nota: Ahora que fue dado de baja ‘Patemala’ esperamos que la Corte investigue los móviles y los beneficiarios políticos del siniestro crimen contra los Turbay Cote.
El País-Cali 31 de octubre de 2009
Las situación con Venezuela se hace cada vez más tirante. Chávez, como mecanismo de presión y chantaje, está decidido a suprimir el comercio con Colombia (en una atribución que no debería corresponder al Gobierno, pero que ejerce, luego de haber controlado la venta y compra de divisas). Además, aparecen las extrañas matanzas de colombianos en ese país, con la curiosidad de que el único sobreviviente está incomunicado. Y, para rematar el cuadro, están las acusaciones de espionaje y complot en contra del DAS. Dicen nuestras autoridades que ya hay colombianos detenidos; por supuesto, deben estar también incomunicados. Así que sólo ese gobierno tiene acceso a las versiones de lo que está pasando, nosotros no sabemos nada y no podemos sino especular.
Lo cierto es que el Gobierno venezolano necesita tener un enemigo frente al cual sea fácil agitar los ánimos y aglutinar la masa. La identidad y la cohesión se construyen de manera más sencilla cuando hay un otro que es una amenaza. Con Bush, el rival venezolano era el imperio y Colombia no aparecía sino como el perro del diablo. Pero la presidencia de Obama complica la estrategia. Él no ha sido claro en sus políticas, lo que deja a la dirigencia latinoamericana en un estado de ambivalencia y expectativa; si Obama es buen político, sabrá mantenerlo. Por otro lado, enfrentarse al premio Nobel -que tiene una abrumadora popularidad mundial- puede significar la caída al poso de los ‘tiranos mundiales’, abismo sobre el cual se balancea exitosamente Chávez.
Colombia fue elegida para remplazar a Bush en el discurso. Chávez aprovecha un malestar ancestral que existe entre ambas naciones, aun siendo hermanas. Pero debe generar un peligro para Venezuela que provenga de Colombia… Para estos propósitos cae divinamente Rafael García.
García, condenado a once años de cárcel por sus múltiples delitos, está en Venezuela, aprovechando la libertad que le concedió la justicia colombiana por declarar en contra de muchos sindicados, algunos que ni conocía. Es un mentiroso patológico a quien la justicia convirtió en personaje. Este error ya trasciende las injusticias personales, cometidas contra sus víctimas, para transportarse al escenario internacional. ¿Cómo vamos a decir ahora que García es mentiroso, si en nuestro país muchas de sus declaraciones fueron tenidas en cuenta?
Es un problema que no tiene solución. La mala relación con Colombia hace parte de una necesidad chavista y tiene como aliado un colombiano que hace de la mentira una profesión.
Nota: Ahora que fue dado de baja ‘Patemala’ esperamos que la Corte investigue los móviles y los beneficiarios políticos del siniestro crimen contra los Turbay Cote.
El País-Cali 31 de octubre de 2009
jueves, octubre 29, 2009
Medios e ideologías
Las noticias sobre la libertad ideológica en los medios han sido muy intensas últimamente. Por una parte, los asesores de Obama dijeron que ‘Fox News Channel’ era un programa de opinión disfrazado de programa de noticias y un apéndice del Partido Republicano. Hace pocos días, el presidente Obama lo comparó con un programa de comentarios de radio. Así que Fox está siendo excluido de las entrevistas del Presidente y su gobierno; Obama visitó todos los programas de domingo, excepto el de Fox. El argumento es que Fox hace parte de la oposición y debe ser tratado como oposición y no tiene, pues, legitimidad como cadena de noticias.
Los comentaristas de ese canal critican sin piedad al Gobierno, por ejemplo uno de los comentaristas dijo sobre el Premio Nobel de Paz que era una “farsa” y una “vergüenza nacional”. Pero sostiene Fox que es necesario distinguir las noticias, que son equilibradas, de los comentaristas, cuyos programas construyen opiniones. Para ellos, la estrategia de la Casa Blanca es un mecanismo para aislar la crítica y desacreditarla.
Por supuesto que es incómodo para un gobierno un canal que sólo realza lo que no funciona y hace de sus éxitos, fracasos. Pero hay cuestiones que subyacen al debate y lo transforman. El Gobierno puede usar mecanismos válidos -negar entrevistas- para ‘castigar’ a ciertos medios, pero recordemos que en Colombia hubo gobiernos que, para controlar la crítica, cortaron la pauta estatal -válidamente- y causaron el cierre de tales medios. Además, si en este caso que el Gobierno decida qué es noticia y qué no no tiene repercusiones significativas -el canal sigue y seguirá operando-, sí puede legitimar gobiernos que con criterios semejantes cierran medios.
La diferencia entre la libertad de expresión y la libertad ideológica es pequeña. Aquella se refiere al derecho de expresar opiniones, en tanto ésta se refiere a cómo se interpretan los contenidos y la decisión de un medio de tener una línea política.
El tema nos acerca al debate sobre la salida de la columnista Claudia López de El Tiempo por un escrito donde acusaba al periódico de no ser objetivo en el tratamiento de Arias y de estar comprometido con la campaña de Juan Manuel Santos. El despido de López parecería muy extraño si el medio se pretende libre de línea política, pues tendría que aceptar la libertad ideológica, incluso cuando vaya en su contra. Si, en cambio, el periódico tiene una línea ideológica a la que ella no se ajusta, es necesario preguntarnos:
¿Pueden o deben los medios tener una línea ideológica?
La cuestión es difícil. Determinar si una ideología definida está violando el derecho de la audiencia a ser bien informada depende de muchos factores: si existen otros medios con líneas ideológicas distintas, si el lector es capaz de discernir entre la noticia y la opinión, si el medio miente o no. Al mismo tiempo, parece ingenuo -a lo menos- pretender objetividad total. La objetividad, el periodista blanco, es imposible. Todos, como seres humanos, tenemos sesgos e inclinaciones y lo fundamental no es eliminarlas, sino hacerlas explícitas. En esa medida, sería preferible un medio con una ideología definida y poderosa, a uno que se pretenda neutro y, con subterfugios y mañas, inserte sus ideas, sin que sean fácilmente distinguibles de la noticia. Es un debate que apenas se inicia y se requiere profundizarlo mucho más.
El País- Cali 24 de octubre de 2009
Los comentaristas de ese canal critican sin piedad al Gobierno, por ejemplo uno de los comentaristas dijo sobre el Premio Nobel de Paz que era una “farsa” y una “vergüenza nacional”. Pero sostiene Fox que es necesario distinguir las noticias, que son equilibradas, de los comentaristas, cuyos programas construyen opiniones. Para ellos, la estrategia de la Casa Blanca es un mecanismo para aislar la crítica y desacreditarla.
Por supuesto que es incómodo para un gobierno un canal que sólo realza lo que no funciona y hace de sus éxitos, fracasos. Pero hay cuestiones que subyacen al debate y lo transforman. El Gobierno puede usar mecanismos válidos -negar entrevistas- para ‘castigar’ a ciertos medios, pero recordemos que en Colombia hubo gobiernos que, para controlar la crítica, cortaron la pauta estatal -válidamente- y causaron el cierre de tales medios. Además, si en este caso que el Gobierno decida qué es noticia y qué no no tiene repercusiones significativas -el canal sigue y seguirá operando-, sí puede legitimar gobiernos que con criterios semejantes cierran medios.
La diferencia entre la libertad de expresión y la libertad ideológica es pequeña. Aquella se refiere al derecho de expresar opiniones, en tanto ésta se refiere a cómo se interpretan los contenidos y la decisión de un medio de tener una línea política.
El tema nos acerca al debate sobre la salida de la columnista Claudia López de El Tiempo por un escrito donde acusaba al periódico de no ser objetivo en el tratamiento de Arias y de estar comprometido con la campaña de Juan Manuel Santos. El despido de López parecería muy extraño si el medio se pretende libre de línea política, pues tendría que aceptar la libertad ideológica, incluso cuando vaya en su contra. Si, en cambio, el periódico tiene una línea ideológica a la que ella no se ajusta, es necesario preguntarnos:
¿Pueden o deben los medios tener una línea ideológica?
La cuestión es difícil. Determinar si una ideología definida está violando el derecho de la audiencia a ser bien informada depende de muchos factores: si existen otros medios con líneas ideológicas distintas, si el lector es capaz de discernir entre la noticia y la opinión, si el medio miente o no. Al mismo tiempo, parece ingenuo -a lo menos- pretender objetividad total. La objetividad, el periodista blanco, es imposible. Todos, como seres humanos, tenemos sesgos e inclinaciones y lo fundamental no es eliminarlas, sino hacerlas explícitas. En esa medida, sería preferible un medio con una ideología definida y poderosa, a uno que se pretenda neutro y, con subterfugios y mañas, inserte sus ideas, sin que sean fácilmente distinguibles de la noticia. Es un debate que apenas se inicia y se requiere profundizarlo mucho más.
El País- Cali 24 de octubre de 2009
miércoles, octubre 21, 2009
Corrupción
La corrupción se le atribuye a los políticos. Esta afirmación, sin ser necesariamente falsa, es bastante incompleta. Cuando estamos hablando de la malversación de los fondos públicos, la banda criminal es mucho más amplia que el político de turno. Los cómplices más importantes, aquellos que se benefician y que contribuyen a la proliferación de las conductas corruptas, están en el sector privado.
Cuando los fondos se pierden en el Estado siempre hay un particular beneficiario del contrato que ayuda a que el plan se lleve a cabo. Cuando las administraciones públicas reciben ‘mordidas’ de los contratistas, otra vez, está el sector privado participando del ilícito. Cuando los puentes y las carreteras quedan mal hechas, duran poco o simplemente no se hacen también hay una firma del sector privado beneficiándose.
Ese provecho que obtienen va en contra de la sociedad. En el país, cualquier cantidad de fondos es insuficiente. Los programas no alcanzan para solucionar, las obras no son comparables con las de países desarrollados y no porque nos cuesten menos, sino porque los propios connacionales nos roban. La mentalidad de la corrupción es, además, ilógica. Esos que dañan las posibilidades de progreso social hacen parte de la sociedad afectada. ¿Planearán dejar el país en el futuro?
La pregunta sobre por qué se consolidó en nuestra tierra un sistema corrupto puede tener tantas respuestas como posibilidades se le ocurran al lector. Por una parte, venimos con una larga tradición de irrespeto a la ley. Los colonizadores españoles la incumplieron, no sólo evadían impuestos para aumentar sus arcas, sino que los mandatos del Rey referentes al trato de las poblaciones indígenas eran abiertamente desconocidos. Como lo dijo Jiménez de Quesada, “se acata, pero no se cumple”. Luego, los habitantes se excusaban en que las normas no les pertenecían, pues venían dadas del exterior. Apareció la lucha de clases, después, y las normas eran rechazadas como mecanismo de poder. En fin, siempre hemos tenido una disculpa muy buena para burlar la norma y mantenernos moralmente incólumes.
El tránsito hacia la corrupción no es difícil; el daño del corrupto no es visible. No se trata de un asesinato donde el cadáver podría impresionar la conciencia o donde la víctima pueda individualizarse. El daño es etéreo: de no tener carretera a tener una carretera mala, de no tener subsidio a seguir sin él o de tener una fracción de la población desprotegida y desatendida a tener una proporción más grande en esas condiciones. Como la relación de causalidad no es inmediata ni exacta y, víctima y victimario no se ven frente a frente, es posible inventar excusas: alguien más se la robaría, el puente –por malo que sea- es mejor que no tenerlo…
Y luchar contra la corrupción es difícil. Hacer leyes para evitarla es un absurdo; la letra es y será susceptible a tener interpretaciones amañadas y el más versado legislador no tiene la capacidad de prever todas las trampas posibles. Sólo el repudio social, la exclusión y la determinación cultural de no tolerar a los corruptos podría dar lugar a una presión que desincentive la conducta, pero somos tolerantes. Tal vez hay tantos corruptos que el esfuerzo parece infinito; tal vez es más fácil culpar la clase política y mantener la idea de que la sociedad en que vivimos es mejor de lo que es o tal vez así nos sentimos mejor con nuestros propios pecados.
Cuando los fondos se pierden en el Estado siempre hay un particular beneficiario del contrato que ayuda a que el plan se lleve a cabo. Cuando las administraciones públicas reciben ‘mordidas’ de los contratistas, otra vez, está el sector privado participando del ilícito. Cuando los puentes y las carreteras quedan mal hechas, duran poco o simplemente no se hacen también hay una firma del sector privado beneficiándose.
Ese provecho que obtienen va en contra de la sociedad. En el país, cualquier cantidad de fondos es insuficiente. Los programas no alcanzan para solucionar, las obras no son comparables con las de países desarrollados y no porque nos cuesten menos, sino porque los propios connacionales nos roban. La mentalidad de la corrupción es, además, ilógica. Esos que dañan las posibilidades de progreso social hacen parte de la sociedad afectada. ¿Planearán dejar el país en el futuro?
La pregunta sobre por qué se consolidó en nuestra tierra un sistema corrupto puede tener tantas respuestas como posibilidades se le ocurran al lector. Por una parte, venimos con una larga tradición de irrespeto a la ley. Los colonizadores españoles la incumplieron, no sólo evadían impuestos para aumentar sus arcas, sino que los mandatos del Rey referentes al trato de las poblaciones indígenas eran abiertamente desconocidos. Como lo dijo Jiménez de Quesada, “se acata, pero no se cumple”. Luego, los habitantes se excusaban en que las normas no les pertenecían, pues venían dadas del exterior. Apareció la lucha de clases, después, y las normas eran rechazadas como mecanismo de poder. En fin, siempre hemos tenido una disculpa muy buena para burlar la norma y mantenernos moralmente incólumes.
El tránsito hacia la corrupción no es difícil; el daño del corrupto no es visible. No se trata de un asesinato donde el cadáver podría impresionar la conciencia o donde la víctima pueda individualizarse. El daño es etéreo: de no tener carretera a tener una carretera mala, de no tener subsidio a seguir sin él o de tener una fracción de la población desprotegida y desatendida a tener una proporción más grande en esas condiciones. Como la relación de causalidad no es inmediata ni exacta y, víctima y victimario no se ven frente a frente, es posible inventar excusas: alguien más se la robaría, el puente –por malo que sea- es mejor que no tenerlo…
Y luchar contra la corrupción es difícil. Hacer leyes para evitarla es un absurdo; la letra es y será susceptible a tener interpretaciones amañadas y el más versado legislador no tiene la capacidad de prever todas las trampas posibles. Sólo el repudio social, la exclusión y la determinación cultural de no tolerar a los corruptos podría dar lugar a una presión que desincentive la conducta, pero somos tolerantes. Tal vez hay tantos corruptos que el esfuerzo parece infinito; tal vez es más fácil culpar la clase política y mantener la idea de que la sociedad en que vivimos es mejor de lo que es o tal vez así nos sentimos mejor con nuestros propios pecados.
martes, octubre 13, 2009
Colombia y Uribe
El liderazgo de Uribe parece no venir de los líderes, todo lo contrario, Uribe es producto de un sentimiento nacional que en mucho desborda el querer y la comprensión de los políticos, los dirigentes gremiales, la academia y las demás organizaciones sociales. Así lo revela la encuesta que le realizó a 157 líderes y dirigentes la Misión de Observación Electoral, MOE. El 85,3% de los encuestados no está de acuerdo con la reelección; en tanto que en la última encuesta de ciudadanos comunes realizada por Ipsos-Napoleón Franco, el 66% está a favor del referendo.
Esta distancia entre la clase directiva y el querer general ha existido desde el principio. Cuando Uribe postuló su candidatura tuvo que hacerlo por fuera del Partido Liberal -que era el suyo- porque la dirigencia no lo respaldó. Su nombre creció a pesar de que el establecimiento no estaba a su lado ni contaba con el respaldo de muchos congresistas ni gremios. Cuando las masas empezaron a mostrar su predilección, las clases directivas tuvieron que salir tras él. El liderazgo -como lo dijo Saint-Exupéry- tiene más que ver con la capacidad de predicción de lo que los súbditos quieren hacer que con la actividad de mandar.
Habría que reconocer que Uribe gobierna como la mayoría de los colombianos esperaría que se hiciera, por eso el 78% tiene una imagen favorable y si las elecciones fueran hoy el 63% de los encuestados votaría por él. Aunque no es fácil conocer qué diferencia lo que los colombianos esperan de un mandatario frente a lo que esperan los dirigentes, la sola existencia de esta brecha abre un campo interesante para la especulación.
El argumento más simplista diría que los dirigentes tienen una idea más ‘formada’ y que, por lo tanto, aquella opinión difiere de la general, pues tiene un conocimiento más profundo de las consecuencias de largo plazo sobre la Nación. Semejante argumentación tiene el riesgo de desacreditar la democracia y el voto universal y nos devuelve a los precarios principios que inspiraron el despotismo ilustrado: el gobierno por y para el pueblo, pero sin el pueblo.
Avanzando en el campo especulativo, había que preguntarse si tiene que ver con la proyección a largo plazo del conflicto. Los dirigentes desaprueban las bases americanas en nuestro territorio en un 62%; mientras que la proporción es inversa en el ámbito general, donde el 58% está a favor y el 30% en contra.
Para la mayoría de los colombianos -62%- ya se ha hecho suficiente para disculparse con Ecuador por la incursión que diera de baja a ‘Raúl Reyes’. Esta cifra contrasta con el 66,4% de los dirigentes que desaprueba atacar objetivos militares en países vecinos con el argumento de la legítima defensa. Se puede entrever -porque no tenemos las cifras precisas- que el pueblo colombiano tiene mejor medido el impacto y las consecuentes del conflicto armado, en tanto que los líderes parecen menos aguerridos. Puede tener que ver con que el 69,8% de los dirigentes espera una solución negociada del conflicto.
Es innegable que los colombianos están enterados de cómo es Uribe y les gusta. A tal extremo que en ausencia de su candidatura el 19% de los colombianos no sabría por quién votar. Y aquellos definidos están empatados: Arias, Santos y Petro con un 11%, seguidos de cerca por el bloque Fajardo, Sanín y Pardo con el 7% y en ese mismo orden perciben la posibilidad de victoria de cada uno.
El País Cali, 10 de octubre de 2009
Esta distancia entre la clase directiva y el querer general ha existido desde el principio. Cuando Uribe postuló su candidatura tuvo que hacerlo por fuera del Partido Liberal -que era el suyo- porque la dirigencia no lo respaldó. Su nombre creció a pesar de que el establecimiento no estaba a su lado ni contaba con el respaldo de muchos congresistas ni gremios. Cuando las masas empezaron a mostrar su predilección, las clases directivas tuvieron que salir tras él. El liderazgo -como lo dijo Saint-Exupéry- tiene más que ver con la capacidad de predicción de lo que los súbditos quieren hacer que con la actividad de mandar.
Habría que reconocer que Uribe gobierna como la mayoría de los colombianos esperaría que se hiciera, por eso el 78% tiene una imagen favorable y si las elecciones fueran hoy el 63% de los encuestados votaría por él. Aunque no es fácil conocer qué diferencia lo que los colombianos esperan de un mandatario frente a lo que esperan los dirigentes, la sola existencia de esta brecha abre un campo interesante para la especulación.
El argumento más simplista diría que los dirigentes tienen una idea más ‘formada’ y que, por lo tanto, aquella opinión difiere de la general, pues tiene un conocimiento más profundo de las consecuencias de largo plazo sobre la Nación. Semejante argumentación tiene el riesgo de desacreditar la democracia y el voto universal y nos devuelve a los precarios principios que inspiraron el despotismo ilustrado: el gobierno por y para el pueblo, pero sin el pueblo.
Avanzando en el campo especulativo, había que preguntarse si tiene que ver con la proyección a largo plazo del conflicto. Los dirigentes desaprueban las bases americanas en nuestro territorio en un 62%; mientras que la proporción es inversa en el ámbito general, donde el 58% está a favor y el 30% en contra.
Para la mayoría de los colombianos -62%- ya se ha hecho suficiente para disculparse con Ecuador por la incursión que diera de baja a ‘Raúl Reyes’. Esta cifra contrasta con el 66,4% de los dirigentes que desaprueba atacar objetivos militares en países vecinos con el argumento de la legítima defensa. Se puede entrever -porque no tenemos las cifras precisas- que el pueblo colombiano tiene mejor medido el impacto y las consecuentes del conflicto armado, en tanto que los líderes parecen menos aguerridos. Puede tener que ver con que el 69,8% de los dirigentes espera una solución negociada del conflicto.
Es innegable que los colombianos están enterados de cómo es Uribe y les gusta. A tal extremo que en ausencia de su candidatura el 19% de los colombianos no sabría por quién votar. Y aquellos definidos están empatados: Arias, Santos y Petro con un 11%, seguidos de cerca por el bloque Fajardo, Sanín y Pardo con el 7% y en ese mismo orden perciben la posibilidad de victoria de cada uno.
El País Cali, 10 de octubre de 2009
miércoles, octubre 07, 2009
Crisis de la Justicia
Esta columna ha denunciado una serie de males que crecen y se multiplican dentro del sistema de Justicia. Con una justicia enferma, está herida la democracia. De aquella depende –en parte- la credibilidad en la ley y las instituciones.
Tenemos un sistema acusatorio que utiliza sus herramientas para pervertir sus principios. Las recompensas para los testigos –en su mayoría delincuentes- han dado un ambiente enrarecido donde la verdad y la mentira se confunden. Sin saber el número de procesos por falso testimonio –imposible de localizar- y con la seguridad de no equivocarme, sostengo que son muchos menos de los que debería haber. Además, una acusación de la Fiscalía se ha vuelto una condena, sin que medie un juicio.
Y las capturas ahora son mecanismos de tortura. ¿Cuál aparte de causar sufrimiento es la intención de capturar a alguien que está asustado, enfermo de los nervios, recluido en una clínica a altas horas de la noche y utilizando una inyección de tranquilizantes, como se hizo con Plazas Vega? ¿Dónde está la investigación contra quienes ejecutaron esa acción y contra quienes la autorizaron?
Tenemos una Corte Suprema de Justicia con una marcada tendencia política, que ahora, además de elegir a sus propios miembros por cooptación, pretende elegir y dominar a las otras Ramas del Poder, en contravía de la Constitución y la ley.
El Procurador pidió que las ‘reuniones’ que realizan los magistrados auxiliares de la Corte con los paramilitares detenidos en EE.UU. fueran realizadas con el lleno de los requisitos legales de las audiencias preliminares. Se trata de una apreciación necesaria, la Justicia no puede estar de reunión en reunión haciendo ofertas y proponiendo arreglos sobre los cuales no queda una evidencia formal. Aunque lo haga inspirada en las más ‘nobles ideas’, la violación de las formas no sólo es ilegal, sino que destruye lo que la Justicia debe ser: transparente. La reacción de la Corte Suprema fue abrirle investigación al Procurador, aprovechando una decisión que no comparten: que el Ministerio Público hubiera absuelto a los funcionarios por el caso de la ‘yidispolítica’.
La Corte, además, decidió no elegir al Fiscal. Alegan que la terna enviada por el Gobierno no es idónea. Parecería más bien que desean tener un candidato que se ajuste a su gusto y no al del Gobierno. Querrían un penalista y, aunque suene razonable, es la Constitución la que establece el mecanismo y los requisitos y ésta no prevé esa condición; mal hace la Corte en exigirla. El sistema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución indica que el Presidente electo democráticamente postula una terna y ellos escogen de esa terna. Es la Constitución la que establece que el Fiscal debe provenir de la escogencia presidencial.
Hasta hace poco la Corte extraditaba muchos colombianos por el delito de narcotráfico –narcos, ‘paras’ y guerrilleros-. Ahora considera que los guerrilleros no son narcotraficantes o busca argumentos para negar las extradiciones. Negaron la de los secuestradores de los norteamericanos alegando la primacía de la jurisdicción nacional. Ojalá no lo hagan para hacerse valer ante los EE.UU. y usar ese poder en su enfrentamiento contra el Gobierno. Ese país ya los invitó, así que debemos observar que dicen allá, para comprobar si sus decisiones sobre la extradición son otra pieza del plan para dominar al Gobierno.
El Pais, Cali. 3 de ocubre de 2009
Tenemos un sistema acusatorio que utiliza sus herramientas para pervertir sus principios. Las recompensas para los testigos –en su mayoría delincuentes- han dado un ambiente enrarecido donde la verdad y la mentira se confunden. Sin saber el número de procesos por falso testimonio –imposible de localizar- y con la seguridad de no equivocarme, sostengo que son muchos menos de los que debería haber. Además, una acusación de la Fiscalía se ha vuelto una condena, sin que medie un juicio.
Y las capturas ahora son mecanismos de tortura. ¿Cuál aparte de causar sufrimiento es la intención de capturar a alguien que está asustado, enfermo de los nervios, recluido en una clínica a altas horas de la noche y utilizando una inyección de tranquilizantes, como se hizo con Plazas Vega? ¿Dónde está la investigación contra quienes ejecutaron esa acción y contra quienes la autorizaron?
Tenemos una Corte Suprema de Justicia con una marcada tendencia política, que ahora, además de elegir a sus propios miembros por cooptación, pretende elegir y dominar a las otras Ramas del Poder, en contravía de la Constitución y la ley.
El Procurador pidió que las ‘reuniones’ que realizan los magistrados auxiliares de la Corte con los paramilitares detenidos en EE.UU. fueran realizadas con el lleno de los requisitos legales de las audiencias preliminares. Se trata de una apreciación necesaria, la Justicia no puede estar de reunión en reunión haciendo ofertas y proponiendo arreglos sobre los cuales no queda una evidencia formal. Aunque lo haga inspirada en las más ‘nobles ideas’, la violación de las formas no sólo es ilegal, sino que destruye lo que la Justicia debe ser: transparente. La reacción de la Corte Suprema fue abrirle investigación al Procurador, aprovechando una decisión que no comparten: que el Ministerio Público hubiera absuelto a los funcionarios por el caso de la ‘yidispolítica’.
La Corte, además, decidió no elegir al Fiscal. Alegan que la terna enviada por el Gobierno no es idónea. Parecería más bien que desean tener un candidato que se ajuste a su gusto y no al del Gobierno. Querrían un penalista y, aunque suene razonable, es la Constitución la que establece el mecanismo y los requisitos y ésta no prevé esa condición; mal hace la Corte en exigirla. El sistema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución indica que el Presidente electo democráticamente postula una terna y ellos escogen de esa terna. Es la Constitución la que establece que el Fiscal debe provenir de la escogencia presidencial.
Hasta hace poco la Corte extraditaba muchos colombianos por el delito de narcotráfico –narcos, ‘paras’ y guerrilleros-. Ahora considera que los guerrilleros no son narcotraficantes o busca argumentos para negar las extradiciones. Negaron la de los secuestradores de los norteamericanos alegando la primacía de la jurisdicción nacional. Ojalá no lo hagan para hacerse valer ante los EE.UU. y usar ese poder en su enfrentamiento contra el Gobierno. Ese país ya los invitó, así que debemos observar que dicen allá, para comprobar si sus decisiones sobre la extradición son otra pieza del plan para dominar al Gobierno.
El Pais, Cali. 3 de ocubre de 2009
jueves, octubre 01, 2009
La consulta del Polo
Tenía la impresión de que Petro se perfilaba como mejor opción para el Polo que Gaviria –a quien admiro y aprecio-. Luego de sondear sus declaraciones y entrevistas, esta idea se desconfiguró.
Una de las principales diferencias entre ellos es su posición sobre la permanencia de la candidatura del Polo hacia la Presidencia. Para Petro lo fundamental es derrotar a Uribe y ha dicho que está dispuesto a celebrar alianzas con otros partidos aunque ellas impliquen la deposición de su propia candidatura. Gaviria, por su parte, no ha sido tan claro: “No podemos, con el pretexto de que hay que derrotar a Uribe, disolvernos en otros partidos a cambio de cuotas burocráticas”, pero remató diciendo que aceptaría alianzas programáticas.
Sobre este punto la opinión piensa que la postura de Petro podría darle al Polo más juego en el poder, a mí me pareció más asertivo. Ahora, por el contrario, me parece más sensata para el Polo y para el país la consolidación del partido de izquierda. Mantener la fortaleza de su ideología sin sucumbir a los pactos a cambio de cuotas de poder es prioritario para la consolidación de la democracia. La dinámica Gobierno-oposición es pieza clave para el éxito de los países. Los partidos deben tener diferencias marcadas y las ideologías deben ser consistentes y resistir por fuera del poder. Así, cuando falla o se fatiga la ideología vencedora, aquella representa una verdadera alternativa. Sólo así el Polo pude crecer como partido.
Lo contrario, esas alianzas en contra o a favor de los caudillos en busca de acuerdos que no son nunca suficientes son lo que Gaviria definió tan bien, un unipartidismo con apariencia de pluripartidismo. Deterioran la importancia de los partidos y nos devuelve a políticas personalistas.
Percibía, además, que Petro era más coherente con su rechazo a la violencia y a las Farc. Me sorprendió oír que en una entrevista en la que le preguntaban si se arrepentía de su pasado guerrillero, dijo que no. La lección más importante que debería tener un hombre como él es la conciencia de que la violencia no debe ser un arma política. Colombia no resiste más hombres que en busca de nobles ideales desangran la Patria. A estas alturas un ideal que necesita cuotas de sangre fratricidas es sólo tiranía. Me entristeció que no lo viera así.
Además, sostiene que le gustaría una negociación política con las guerrillas de izquierda, de repartición del poder, en sus propios términos, a cambio de la paz. Este mismo senador consideró que los paramilitares no eran delincuentes políticos sino simples narcotraficantes. Descartó de manera absoluta una negociación política con ellos, más aún se opuso a la Ley de Justicia y Paz, pero la consideraría para las guerrillas de izquierda.
Gaviria no ha sido contundente tampoco en estas materias, pero siempre ha sido un hombre de debate, de ideas -inteligente y elocuente- y nunca ha empuñado las armas para imponerlas.
Fue Petro quien le ofreció refugio a Chávez durante el golpe de 1992 y sobre la cooperación militar de EE.UU. se manifestó tal como lo hizo el vecino. Por eso fueron muy significativas las declaraciones exigiéndole respeto por el presidente Uribe. Sostuvo muy acertadamente que insultarlo a él es agredir a toda la Nación. Existe, sin embargo, la impresión de que tal postura es oportunista y que lo hizo para cautivar la gigantesca masa de electores antichavistas.
Amanecerá y veremos.
El País, 26 de septiembre de 2009
Una de las principales diferencias entre ellos es su posición sobre la permanencia de la candidatura del Polo hacia la Presidencia. Para Petro lo fundamental es derrotar a Uribe y ha dicho que está dispuesto a celebrar alianzas con otros partidos aunque ellas impliquen la deposición de su propia candidatura. Gaviria, por su parte, no ha sido tan claro: “No podemos, con el pretexto de que hay que derrotar a Uribe, disolvernos en otros partidos a cambio de cuotas burocráticas”, pero remató diciendo que aceptaría alianzas programáticas.
Sobre este punto la opinión piensa que la postura de Petro podría darle al Polo más juego en el poder, a mí me pareció más asertivo. Ahora, por el contrario, me parece más sensata para el Polo y para el país la consolidación del partido de izquierda. Mantener la fortaleza de su ideología sin sucumbir a los pactos a cambio de cuotas de poder es prioritario para la consolidación de la democracia. La dinámica Gobierno-oposición es pieza clave para el éxito de los países. Los partidos deben tener diferencias marcadas y las ideologías deben ser consistentes y resistir por fuera del poder. Así, cuando falla o se fatiga la ideología vencedora, aquella representa una verdadera alternativa. Sólo así el Polo pude crecer como partido.
Lo contrario, esas alianzas en contra o a favor de los caudillos en busca de acuerdos que no son nunca suficientes son lo que Gaviria definió tan bien, un unipartidismo con apariencia de pluripartidismo. Deterioran la importancia de los partidos y nos devuelve a políticas personalistas.
Percibía, además, que Petro era más coherente con su rechazo a la violencia y a las Farc. Me sorprendió oír que en una entrevista en la que le preguntaban si se arrepentía de su pasado guerrillero, dijo que no. La lección más importante que debería tener un hombre como él es la conciencia de que la violencia no debe ser un arma política. Colombia no resiste más hombres que en busca de nobles ideales desangran la Patria. A estas alturas un ideal que necesita cuotas de sangre fratricidas es sólo tiranía. Me entristeció que no lo viera así.
Además, sostiene que le gustaría una negociación política con las guerrillas de izquierda, de repartición del poder, en sus propios términos, a cambio de la paz. Este mismo senador consideró que los paramilitares no eran delincuentes políticos sino simples narcotraficantes. Descartó de manera absoluta una negociación política con ellos, más aún se opuso a la Ley de Justicia y Paz, pero la consideraría para las guerrillas de izquierda.
Gaviria no ha sido contundente tampoco en estas materias, pero siempre ha sido un hombre de debate, de ideas -inteligente y elocuente- y nunca ha empuñado las armas para imponerlas.
Fue Petro quien le ofreció refugio a Chávez durante el golpe de 1992 y sobre la cooperación militar de EE.UU. se manifestó tal como lo hizo el vecino. Por eso fueron muy significativas las declaraciones exigiéndole respeto por el presidente Uribe. Sostuvo muy acertadamente que insultarlo a él es agredir a toda la Nación. Existe, sin embargo, la impresión de que tal postura es oportunista y que lo hizo para cautivar la gigantesca masa de electores antichavistas.
Amanecerá y veremos.
El País, 26 de septiembre de 2009
martes, septiembre 22, 2009
EE.UU. y Suramérica
La lucha antinarcóticos de EE.UU. se libra, sobre todo, por fuera de su territorio. Son los países productores quienes deben enfrentar a las mafias. La ventaja para los americanos es clara, se libran de soportar la alteración del orden social que causa la guerra contra los narcos y limitan su participación a aportes monetarios.
Nosotros, los productores, no podemos hacer nada distinto a aceptar esos recursos y dar el combate. No sólo batallamos contra la droga porque ese sea el objetivo americano –que apremia- sino porque la ilegalidad del negocio pervierte la sociedad. Ese ‘dinero fácil’ es una terrible enfermedad; generalizado ese deseo se pierden los estímulos para el trabajo, el esfuerzo y la legalidad. Perseguir la droga es una estrategia para subir el costo del narcotráfico: hacer ese dinero tan caro como sea posible, para que no sea sencillo ganarse esa plata y evitar que todos los habitantes pretendan hacerse narcos. Además, quienes están en los negocios ilícitos utilizan sus gigantescos recursos para protegerse y en el ejercicio corrompen la justicia, la política y quebrantan la obligatoriedad de la ley. Y no podemos legalizarla unilateralmente, pues los bloqueos económicos nos pondrían en condiciones de pobreza inaguantables.
Pero esa lucha también tiene costos. Es un negocio inacabable, mientras haya consumo capaz de pagar habrá producto. Así que las estrategias más virtuosas sólo lograrán exterminar los cultivos sobre el territorio nacional y desplazarlos a otras zonas. El ataque frontal a las mafias que responden con violencia a la persecución del Estado deja víctimas. Y presiona los cultivos hacía las selvas, destruyendo nuestro más valioso recurso natural.
El tema de la influencia americana no puede desconocerse. Como la guerra ha de hacerse en estos, nuestros países, nos dan dos estímulos: la ‘contribución económica’ y la ‘lista negra’ o descertificación, que prevé sanciones económicas para quienes fallen en la estrategia. Esta última es muy poderosa, pues el 45% de las exportaciones andinas son adquiridas por ese país.
En la nueva lista negra –de la que Colombia nunca sale- se dice que Venezuela y Bolivia fracasaron “de manera evidente” en la lucha. Precisamente los países que desafían y consideran enemigos a los gringos. Entonces el Gobierno americano, por razones de interés nacional, no les aplicará sanciones. EE.UU. no quiere acrecentar el enfrentamiento con esas naciones y por eso les da un trato preferencial. Su beligerancia contra la nación americana rinde sus primeros frutos.
Pero eso no será suficiente. Bolivia reconoció “debilidades”, pero señaló que era una decisión política e injustificada y dijo “Estados Unidos no nos permite comprar aviones con radares y tampoco aporta plata como antes, por tanto, no tiene autoridad para cuestionar" y que planeó acuerdos con Rusia para controlar la droga en su territorio. Chávez, por su parte, planteó la posibilidad de derribar aviones de la mafia y ya son claros los acercamientos con Irán y Rusia.
Colombia, en cambio, está en el grupo de los aliados y por lo tanto se cree que no hay porque conquistarnos; ni siquiera se nos aprueba el TLC. A nosotros, Clinton nos aplicó aquellas sanciones para ‘incentivar’ nuestro compromiso.
Si EE.UU. no replantea sus relaciones con Suramérica se puede quedar sin aliados y quienes pueden ser sus verdaderos enemigos se asentarán en este territorio.
El País, Septiembre 19 de 2009
Nosotros, los productores, no podemos hacer nada distinto a aceptar esos recursos y dar el combate. No sólo batallamos contra la droga porque ese sea el objetivo americano –que apremia- sino porque la ilegalidad del negocio pervierte la sociedad. Ese ‘dinero fácil’ es una terrible enfermedad; generalizado ese deseo se pierden los estímulos para el trabajo, el esfuerzo y la legalidad. Perseguir la droga es una estrategia para subir el costo del narcotráfico: hacer ese dinero tan caro como sea posible, para que no sea sencillo ganarse esa plata y evitar que todos los habitantes pretendan hacerse narcos. Además, quienes están en los negocios ilícitos utilizan sus gigantescos recursos para protegerse y en el ejercicio corrompen la justicia, la política y quebrantan la obligatoriedad de la ley. Y no podemos legalizarla unilateralmente, pues los bloqueos económicos nos pondrían en condiciones de pobreza inaguantables.
Pero esa lucha también tiene costos. Es un negocio inacabable, mientras haya consumo capaz de pagar habrá producto. Así que las estrategias más virtuosas sólo lograrán exterminar los cultivos sobre el territorio nacional y desplazarlos a otras zonas. El ataque frontal a las mafias que responden con violencia a la persecución del Estado deja víctimas. Y presiona los cultivos hacía las selvas, destruyendo nuestro más valioso recurso natural.
El tema de la influencia americana no puede desconocerse. Como la guerra ha de hacerse en estos, nuestros países, nos dan dos estímulos: la ‘contribución económica’ y la ‘lista negra’ o descertificación, que prevé sanciones económicas para quienes fallen en la estrategia. Esta última es muy poderosa, pues el 45% de las exportaciones andinas son adquiridas por ese país.
En la nueva lista negra –de la que Colombia nunca sale- se dice que Venezuela y Bolivia fracasaron “de manera evidente” en la lucha. Precisamente los países que desafían y consideran enemigos a los gringos. Entonces el Gobierno americano, por razones de interés nacional, no les aplicará sanciones. EE.UU. no quiere acrecentar el enfrentamiento con esas naciones y por eso les da un trato preferencial. Su beligerancia contra la nación americana rinde sus primeros frutos.
Pero eso no será suficiente. Bolivia reconoció “debilidades”, pero señaló que era una decisión política e injustificada y dijo “Estados Unidos no nos permite comprar aviones con radares y tampoco aporta plata como antes, por tanto, no tiene autoridad para cuestionar" y que planeó acuerdos con Rusia para controlar la droga en su territorio. Chávez, por su parte, planteó la posibilidad de derribar aviones de la mafia y ya son claros los acercamientos con Irán y Rusia.
Colombia, en cambio, está en el grupo de los aliados y por lo tanto se cree que no hay porque conquistarnos; ni siquiera se nos aprueba el TLC. A nosotros, Clinton nos aplicó aquellas sanciones para ‘incentivar’ nuestro compromiso.
Si EE.UU. no replantea sus relaciones con Suramérica se puede quedar sin aliados y quienes pueden ser sus verdaderos enemigos se asentarán en este territorio.
El País, Septiembre 19 de 2009
viernes, septiembre 18, 2009
El Dorado atasco
La historia del aeropuerto Eldorado de Bogotá caracteriza la administración pública colombiana. Sin muchos comentarios adicionales, el lector reconocerá esos patrones.
En el 2007 el aeropuerto movilizó 12,7 millones de pasajeros y se apuntaló en el cuarto lugar en Latinoamérica. Fue, además, el primero del área en movilización de carga, pues transportó 585.598 toneladas en el año. Estas cifras han mostrado una tendencia creciente en los años siguientes. Si bien el trafico aéreo nacional representa una proporción importante del movimiento, la localización estratégica de nuestro país le da al aeropuerto la posibilidad de consolidarse como una puerta de acceso hacia y desde el continente suramericano. A esa ventaja estratégica se oponen innumerables descalabros en sus instalaciones y su operación.
Su construcción se inició bajo el gobierno del general Rojas, la infraestructura lo hacía el más moderno de Latinoamérica, capaz de atender un tráfico de dos millones de pasajeros. Fue inaugurado en 1959 por el presidente Alberto Lleras, quien en su discurso lo consideró sobredimensionado, y eso que la segunda pista de los diseños no se hizo. Ya para 1973 el aeropuerto había superado los tres millones de pasajeros al año y la segunda pista era una necesidad inminente. Ésta sólo sería inaugurada 25 años después.
La imposibilidad de seguir operando en las ahora estrechas instalaciones, que han crecido mediante agregados, dio lugar a una licitación para su modernización y ampliación que costará US$600 millones. El concesionario desde el 2007 y durante los siguientes 20 años es Opain, una firma de empresarios colombianos y suizos. La idea es que el aeropuerto quede habilitado para tener un trafico de 16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año.
Y han sido invertidos US$130 millones, pero hay una nueva encrucijada: debe o no ser demolido el terminal de pajareros actual para dar lugar a uno nuevo, más moderno, capaz de integrarse a las nuevas obras y crecer al ritmo que el país puede requerir o, como lo estableció el contrato de concesión, debe conservarse y ser adaptado. La cuestión no se limita a la conveniencia, pues para todos resulta evidente que lo lógico es hacer un nuevo terminal y no seguir estirando una edificación que ya cumplió su ciclo.
El problema se retrotrae al contrato. Para la Procuraduría esa reforma del objeto contractual es ilegal. Se trata de una protección. Luego de un arduo proceso de licitación, donde ha sido seleccionado un contratista dejando por fuera otros, es pensable que con ese nuevo objeto contractual la licitación hubiera sido diferente y otras firmas hubiera podido ganar, pues el tiempo concesionado aumentará.
Mientras el Consejo de Estado estudia cuál de los males es mejor, las obras de la fase tres no inician y la incomodidad para los usuarios crece. Hoy en día para salir del país, por poner un ejemplo, hay que hacer una fila infinita, subdividida. La primera eterna y desordenada de la aerolínea, incomodando otros viajeros, luego una para saber si el pasabordo corresponde al tenedor, luego fila para una revisión de seguridad y luego fila en el DAS. Después, una que se extiende sobre más de la mitad del ‘duty free’ para otra revisión de seguridad. Luego otra de seguridad a la entrada de las salas. Y finalmente, si logró hacerlo entre las escasas tres horas, podrá empatar en la fila para entrar al avión.
El Pais, 12 de septiembre
En el 2007 el aeropuerto movilizó 12,7 millones de pasajeros y se apuntaló en el cuarto lugar en Latinoamérica. Fue, además, el primero del área en movilización de carga, pues transportó 585.598 toneladas en el año. Estas cifras han mostrado una tendencia creciente en los años siguientes. Si bien el trafico aéreo nacional representa una proporción importante del movimiento, la localización estratégica de nuestro país le da al aeropuerto la posibilidad de consolidarse como una puerta de acceso hacia y desde el continente suramericano. A esa ventaja estratégica se oponen innumerables descalabros en sus instalaciones y su operación.
Su construcción se inició bajo el gobierno del general Rojas, la infraestructura lo hacía el más moderno de Latinoamérica, capaz de atender un tráfico de dos millones de pasajeros. Fue inaugurado en 1959 por el presidente Alberto Lleras, quien en su discurso lo consideró sobredimensionado, y eso que la segunda pista de los diseños no se hizo. Ya para 1973 el aeropuerto había superado los tres millones de pasajeros al año y la segunda pista era una necesidad inminente. Ésta sólo sería inaugurada 25 años después.
La imposibilidad de seguir operando en las ahora estrechas instalaciones, que han crecido mediante agregados, dio lugar a una licitación para su modernización y ampliación que costará US$600 millones. El concesionario desde el 2007 y durante los siguientes 20 años es Opain, una firma de empresarios colombianos y suizos. La idea es que el aeropuerto quede habilitado para tener un trafico de 16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año.
Y han sido invertidos US$130 millones, pero hay una nueva encrucijada: debe o no ser demolido el terminal de pajareros actual para dar lugar a uno nuevo, más moderno, capaz de integrarse a las nuevas obras y crecer al ritmo que el país puede requerir o, como lo estableció el contrato de concesión, debe conservarse y ser adaptado. La cuestión no se limita a la conveniencia, pues para todos resulta evidente que lo lógico es hacer un nuevo terminal y no seguir estirando una edificación que ya cumplió su ciclo.
El problema se retrotrae al contrato. Para la Procuraduría esa reforma del objeto contractual es ilegal. Se trata de una protección. Luego de un arduo proceso de licitación, donde ha sido seleccionado un contratista dejando por fuera otros, es pensable que con ese nuevo objeto contractual la licitación hubiera sido diferente y otras firmas hubiera podido ganar, pues el tiempo concesionado aumentará.
Mientras el Consejo de Estado estudia cuál de los males es mejor, las obras de la fase tres no inician y la incomodidad para los usuarios crece. Hoy en día para salir del país, por poner un ejemplo, hay que hacer una fila infinita, subdividida. La primera eterna y desordenada de la aerolínea, incomodando otros viajeros, luego una para saber si el pasabordo corresponde al tenedor, luego fila para una revisión de seguridad y luego fila en el DAS. Después, una que se extiende sobre más de la mitad del ‘duty free’ para otra revisión de seguridad. Luego otra de seguridad a la entrada de las salas. Y finalmente, si logró hacerlo entre las escasas tres horas, podrá empatar en la fila para entrar al avión.
El Pais, 12 de septiembre
sábado, septiembre 12, 2009
Dialéctica de las decisiones
Cuando las decisiones colisionan unas con otras, sólo vistas como una unidad donde se funden es posible comprenderlas y reflexionar sobre nuestro contexto o el futuro desenlace.
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
lunes, agosto 31, 2009
La consulta conservadora
El Partido Conservador aplazó o canceló la consulta para elegir candidato. La decisión parece acertada. Esa doble postura según la cual apoyaba la reelección de Uribe, y al mismo tiempo buscaba definir el candidato para la contingencia de que no hubiera reelección tenía peligros inmanentes.
De haberse llevado a cabo la consulta y haber seleccionado un candidato con una votación significativa -como las que ha venido mostrando el partido- habría sido difícil mantener la unidad y la adhesión a Uribe. La cercanía del poder y el presentimiento de una candidatura exitosa habrían podido actuar en contra de los intereses nacionales que deben inspirar a los conservadores en este momento.
La cuestión del referendo es prioritaria, pues no se trata de la reelección de Uribe, sino de convocar al pueblo, poder soberano, para que decida si quiere o no que haya reelección. El partido no puede fallar en ese propósito, pues la popularidad de Uribe es justificada. Representa uno de los liderazgos políticos más interesantes de nuestra historia. Le devolvió a la nación la esperanza de que podemos construir un país mejor y de que lograremos derrotar a los violentos. Su fuerza, su capacidad de trabajo, mostraron que el Estado puede actuar, que es posible establecer metas y alcanzarlas. Su huella ha sido profunda, transformó nuestra concepción reciente del poder público. La posición consistente del Gobierno ha permitido que la dinámica gobierno-oposición opere de manera que los partidos se han ajustado a sus posiciones y aferrado a sus ideas. En el contexto latinoamericano tener un Presidente de sólidos principios, con credibilidad y gran capacidad analítica nos ha protegido de la ola de demagogos que nos invade.
Sobre los precandidatos debemos anotar lo siguiente. El ex ministro Arias ha mostrado un decidido compromiso con el Presidente. Ha sido enfático en su decisión de apoyar la tercera reelección de Uribe (aunque él era quien más esperaba la consulta). La estrategia de plegarse a Uribe como su más leal seguidor puede consolidar su nombre si no para esta elección, para la siguiente. Aún le falta demostrar carácter, fortaleza y sobretodo sencillez y capacidad de oír a quienes no piensan como él.
Noemí Sanín ha elegido opciones que pueden comprometer su candidatura. Aquella visita que hizo al país como embajadora para reunirse con el ex presidente Gaviria no cayó bien; en las huestes uribista se sintió como una traición. Su decisión de presentar su candidatura aún si Uribe se lanza tiene doble filo; por una parte le da solidez al trabajo que está iniciando y la acerca a los sectores que no quieren la reelección. Si Uribe no se lanza su estrategia puede tener costos, los uribistas podrían cobrarle su falta de apoyo, pero habría avanzado mucho su trabajo político. Pero si Uribe se lanza, será derrotada y su figura no tendrá vigencia futura.
Marta Lucía Ramírez salió dentro de dudosas condiciones del Ministerio de Defensa y del partido de la U. Pasó de pastranista a uribista sin solución de continuidad y ahora, como en feria, pretende hacerse conservadora. La política exige coherencia. Los partidos no pueden convertirse en pasarelas para candidatos de moda, ellos han de haberse forjado en sus filas y representar una ideología.
A Holguín se le debe la gesta de la consolidación del partido. Su lealtad a Uribe y al partido son admirables, pero ha desaparecido del escenario.
29 de agosto
El Pais
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago292009/PRI
De haberse llevado a cabo la consulta y haber seleccionado un candidato con una votación significativa -como las que ha venido mostrando el partido- habría sido difícil mantener la unidad y la adhesión a Uribe. La cercanía del poder y el presentimiento de una candidatura exitosa habrían podido actuar en contra de los intereses nacionales que deben inspirar a los conservadores en este momento.
La cuestión del referendo es prioritaria, pues no se trata de la reelección de Uribe, sino de convocar al pueblo, poder soberano, para que decida si quiere o no que haya reelección. El partido no puede fallar en ese propósito, pues la popularidad de Uribe es justificada. Representa uno de los liderazgos políticos más interesantes de nuestra historia. Le devolvió a la nación la esperanza de que podemos construir un país mejor y de que lograremos derrotar a los violentos. Su fuerza, su capacidad de trabajo, mostraron que el Estado puede actuar, que es posible establecer metas y alcanzarlas. Su huella ha sido profunda, transformó nuestra concepción reciente del poder público. La posición consistente del Gobierno ha permitido que la dinámica gobierno-oposición opere de manera que los partidos se han ajustado a sus posiciones y aferrado a sus ideas. En el contexto latinoamericano tener un Presidente de sólidos principios, con credibilidad y gran capacidad analítica nos ha protegido de la ola de demagogos que nos invade.
Sobre los precandidatos debemos anotar lo siguiente. El ex ministro Arias ha mostrado un decidido compromiso con el Presidente. Ha sido enfático en su decisión de apoyar la tercera reelección de Uribe (aunque él era quien más esperaba la consulta). La estrategia de plegarse a Uribe como su más leal seguidor puede consolidar su nombre si no para esta elección, para la siguiente. Aún le falta demostrar carácter, fortaleza y sobretodo sencillez y capacidad de oír a quienes no piensan como él.
Noemí Sanín ha elegido opciones que pueden comprometer su candidatura. Aquella visita que hizo al país como embajadora para reunirse con el ex presidente Gaviria no cayó bien; en las huestes uribista se sintió como una traición. Su decisión de presentar su candidatura aún si Uribe se lanza tiene doble filo; por una parte le da solidez al trabajo que está iniciando y la acerca a los sectores que no quieren la reelección. Si Uribe no se lanza su estrategia puede tener costos, los uribistas podrían cobrarle su falta de apoyo, pero habría avanzado mucho su trabajo político. Pero si Uribe se lanza, será derrotada y su figura no tendrá vigencia futura.
Marta Lucía Ramírez salió dentro de dudosas condiciones del Ministerio de Defensa y del partido de la U. Pasó de pastranista a uribista sin solución de continuidad y ahora, como en feria, pretende hacerse conservadora. La política exige coherencia. Los partidos no pueden convertirse en pasarelas para candidatos de moda, ellos han de haberse forjado en sus filas y representar una ideología.
A Holguín se le debe la gesta de la consolidación del partido. Su lealtad a Uribe y al partido son admirables, pero ha desaparecido del escenario.
29 de agosto
El Pais
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago292009/PRI
lunes, agosto 24, 2009
El agua moja
La investigación sobre la entrega de notarías para la aprobación de la reelección presidencial ha tomado un rumbo confuso. Es necesario aclarar algunas ideas para contextualizar la significación del asunto.
Por una parte, conceder notarías, puestos, favores entre los parlamentarios, no es una práctica nueva en el Estado colombiano. Desde que el Congreso perdió la iniciativa de gasto -esto es la capacidad de decidir cómo y en qué se invierte el presupuesto nacional- la función del congresista frente a los electores se ha desdibujado. Volvemos a una cuestión fundamental sobre la estructura de la democracia: ¿Para qué es el Congreso? ¿Qué esperan los electores del congresista por el que votaron?
Sin la iniciativa de gasto, son muy pocas las obras que el congresista puede apoyar para su región, y muy escasas las maneras como puede responder ante sus electores. Así su gestión ha venido decayendo y el diseño de las instituciones los ha convertido –a muchos- en simples agencias de empleos y agilizadores de trámites burocraticos –que son casi imposibles para un ciudadano de a pie. En ministerios y entidades públicas buscan puestos para sus líderes políticos, gestionan traslados, trámites, en fin, tratan de mover el paquidermo Estado en pro de sus electores. Eso no es delito. Se trata de una gestión legal para sus seguidores, pero es un triste destino para un Congreso tramitar leyes a cambio de favores. Esta situación es consecuencia, además, de la debilidad de los partidos. Si fuera posible que el Gobierno negociara con las bancadas, en lugar de individualmente, estas gestiones serían más escasas o al menos tendrían poca significación.
Pero eso es lo que tenemos: Un Congreso sin mucha forma y unos partidos sin cohesión.
Pretender satanizar la aprobación de la reelección presidencial como un episodio único donde se dieron todo tipo de trucos para aprobar la ley es ridículo. Probablemente, sucedió lo que con todas las leyes: se negoció con el legislativo. Dirán algunos que el hecho de que así se haga siempre no significa que esté bien, y en eso tienen razón; pero atender los requerimientos de los congresistas no puede interpretarse negativamente. Siempre y cuando se trate de gestiones legales, usar la influencia política como medio de unión con los electores es lamentable, pero no ilegal.
Por eso el escándalo de la Corte sobre la reelección es majadero. El gobierno Uribe avanzó el proceso de concurso de las notarías, y ha impulsado los concursos en otros sectores públicos para acabar con esas prácticas ancestrales, que ningún otro gobierno había hecho. ¿Es que sólo ahora la Corte descubrió que así se tramitan las leyes en este país o es que sabiendo que es así, escogió un tema sensible para difamar al Gobierno?
Ahora bien, los allanamientos a las casas de los congresistas sorprendieron al país, como sorprendió el hallazgo de sumas importantes de dinero en la casa de Villamizar. Tener dinero en efectivo no es un delito, falta saber si el congresista puede justificarlo y ello no tendría nada sospechoso. Pero puede que haya congresistas cobrando dádivas a aquellos ‘amigos’ a quienes ayudan, y resulta muy importante descubrirlos y sancionarlos. Una cosa es la gestión para que el Gobierno otorgue un cargo de libre nombramiento a un ‘amigo’, o agilice un trámite, y otra muy distinta es cobrar réditos económicos por el uso de la influencia política.
Publicado en El Pais de Cali -22 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
Por una parte, conceder notarías, puestos, favores entre los parlamentarios, no es una práctica nueva en el Estado colombiano. Desde que el Congreso perdió la iniciativa de gasto -esto es la capacidad de decidir cómo y en qué se invierte el presupuesto nacional- la función del congresista frente a los electores se ha desdibujado. Volvemos a una cuestión fundamental sobre la estructura de la democracia: ¿Para qué es el Congreso? ¿Qué esperan los electores del congresista por el que votaron?
Sin la iniciativa de gasto, son muy pocas las obras que el congresista puede apoyar para su región, y muy escasas las maneras como puede responder ante sus electores. Así su gestión ha venido decayendo y el diseño de las instituciones los ha convertido –a muchos- en simples agencias de empleos y agilizadores de trámites burocraticos –que son casi imposibles para un ciudadano de a pie. En ministerios y entidades públicas buscan puestos para sus líderes políticos, gestionan traslados, trámites, en fin, tratan de mover el paquidermo Estado en pro de sus electores. Eso no es delito. Se trata de una gestión legal para sus seguidores, pero es un triste destino para un Congreso tramitar leyes a cambio de favores. Esta situación es consecuencia, además, de la debilidad de los partidos. Si fuera posible que el Gobierno negociara con las bancadas, en lugar de individualmente, estas gestiones serían más escasas o al menos tendrían poca significación.
Pero eso es lo que tenemos: Un Congreso sin mucha forma y unos partidos sin cohesión.
Pretender satanizar la aprobación de la reelección presidencial como un episodio único donde se dieron todo tipo de trucos para aprobar la ley es ridículo. Probablemente, sucedió lo que con todas las leyes: se negoció con el legislativo. Dirán algunos que el hecho de que así se haga siempre no significa que esté bien, y en eso tienen razón; pero atender los requerimientos de los congresistas no puede interpretarse negativamente. Siempre y cuando se trate de gestiones legales, usar la influencia política como medio de unión con los electores es lamentable, pero no ilegal.
Por eso el escándalo de la Corte sobre la reelección es majadero. El gobierno Uribe avanzó el proceso de concurso de las notarías, y ha impulsado los concursos en otros sectores públicos para acabar con esas prácticas ancestrales, que ningún otro gobierno había hecho. ¿Es que sólo ahora la Corte descubrió que así se tramitan las leyes en este país o es que sabiendo que es así, escogió un tema sensible para difamar al Gobierno?
Ahora bien, los allanamientos a las casas de los congresistas sorprendieron al país, como sorprendió el hallazgo de sumas importantes de dinero en la casa de Villamizar. Tener dinero en efectivo no es un delito, falta saber si el congresista puede justificarlo y ello no tendría nada sospechoso. Pero puede que haya congresistas cobrando dádivas a aquellos ‘amigos’ a quienes ayudan, y resulta muy importante descubrirlos y sancionarlos. Una cosa es la gestión para que el Gobierno otorgue un cargo de libre nombramiento a un ‘amigo’, o agilice un trámite, y otra muy distinta es cobrar réditos económicos por el uso de la influencia política.
Publicado en El Pais de Cali -22 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
sábado, agosto 15, 2009
Las declaraciones de "Cano"
Hay quienes se han mostrado optimistas sobre las declaraciones de ‘Cano’ sobre la voluntad de las Farc para buscar el acuerdo humanitario “si hay garantías de modo, tiempo y lugar”, pues lo consideran el inicio de un proceso que nos acerca a acuerdos de paz. No hay razón para ese entusiasmo, se trata de una retórica ladina que ya conocemos. Muestra, eso sí, la necesidad creciente de las Farc de lograr algún avance político, cuando los cercos de las fuerzas armadas los tienen acorralados y su capacidad de incidir en la comunidad internacional está en decadencia.
Sorprende, sin embargo, la soberbia de ‘Cano’ al ponerse en la misma jerarquía del Jefe de Estado, y sugerir que está dispuesto a hablar con el Presidente sobre “la concepción y práctica del terrorismo del Estado en Colombia”. Baste decir que el Estado colombiano es una organización legítima, respaldada por la democracia y las instituciones que desde inicios de la República venimos construyendo. Por eso hay que resaltar las declaraciones del Presidente: “El país no puede convertir a los criminales en legítimos contradictores del Gobierno”.
Esta es una de las posturas del Presidente que le ha valido su prestigio. Colombia venía arrodillada frente a los criminales que, investidos con el poder de las armas y abusando del temor de la población civil, se habían convencido que tienen alguna entidad política. El país tiene que ser irreductible en su posición de que quienes han cometido crímenes deben pagar por ellos. Si en un acto generoso la sociedad decide abrirles caminos para la reinserción, ello se hará sobre la base del reconocimiento de su condición de delincuentes y el acatamiento de una sanción -aunque sólo sea simbólica-.
Las declaraciones de ‘Cano’ sobre el computador de ‘Raúl Reyes’ son igualmente taimadas y embusteras; por supuesto niega todo. Sobreviene la cuestión de ¿por qué habría ‘Raúl Reyes’ de mentir en correos que intercambia con el secretariado de las Farc? Más aún, ¿por qué ahora las Farc habría de confesar quiénes son sus aliados?
Las consecuencias para las Farc de reconocer sus vínculos activos con vecinos son negativas. Una declaración en ese sentido pondría bajo serios cuestionamientos a cualquiera que resultara señalado, y lejos de contribuir a los intereses de las Farc, simplemente crea problemas a sus socios. No existe ninguna razón para que las Farc reconozcan las ayudas que han podido recibir; hacerlo sería ir en contra de sus propios intereses. Lo que digan sobre el asunto de los lanzacohetes de Venezuela o la financiación de la campaña del presidente Correa estará cubierto por un halo de justificada desconfianza. Es lógico que de ser cierto lo nieguen, pero es ridículo pretender que creamos que ‘Raúl Reyes’ escribía desde su computador mentiras a la cúpula de las Farc y que recibía información falsa de otros jefes de esa organización terrorista.
Los llamados del presidente Correa para que las Farc digan si financiaron su campaña tienen el mismo tinte. ¿De haber financiado la campaña, por qué confesarían que así lo hicieron, si esa declaración perjudicaría a su amigo? La teoría del presidente Chávez de que se trata de un robo antiguo tiene varias brechas; el robo lo hizo el ELN, era un sólo lanzacohetes y las Farc tenían tres.
Una curiosidad: las Farc, Chávez y Correa hablan del terrorismo de Estado en Colombia.
Publicado en El Pais de Cali- 15 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
Sorprende, sin embargo, la soberbia de ‘Cano’ al ponerse en la misma jerarquía del Jefe de Estado, y sugerir que está dispuesto a hablar con el Presidente sobre “la concepción y práctica del terrorismo del Estado en Colombia”. Baste decir que el Estado colombiano es una organización legítima, respaldada por la democracia y las instituciones que desde inicios de la República venimos construyendo. Por eso hay que resaltar las declaraciones del Presidente: “El país no puede convertir a los criminales en legítimos contradictores del Gobierno”.
Esta es una de las posturas del Presidente que le ha valido su prestigio. Colombia venía arrodillada frente a los criminales que, investidos con el poder de las armas y abusando del temor de la población civil, se habían convencido que tienen alguna entidad política. El país tiene que ser irreductible en su posición de que quienes han cometido crímenes deben pagar por ellos. Si en un acto generoso la sociedad decide abrirles caminos para la reinserción, ello se hará sobre la base del reconocimiento de su condición de delincuentes y el acatamiento de una sanción -aunque sólo sea simbólica-.
Las declaraciones de ‘Cano’ sobre el computador de ‘Raúl Reyes’ son igualmente taimadas y embusteras; por supuesto niega todo. Sobreviene la cuestión de ¿por qué habría ‘Raúl Reyes’ de mentir en correos que intercambia con el secretariado de las Farc? Más aún, ¿por qué ahora las Farc habría de confesar quiénes son sus aliados?
Las consecuencias para las Farc de reconocer sus vínculos activos con vecinos son negativas. Una declaración en ese sentido pondría bajo serios cuestionamientos a cualquiera que resultara señalado, y lejos de contribuir a los intereses de las Farc, simplemente crea problemas a sus socios. No existe ninguna razón para que las Farc reconozcan las ayudas que han podido recibir; hacerlo sería ir en contra de sus propios intereses. Lo que digan sobre el asunto de los lanzacohetes de Venezuela o la financiación de la campaña del presidente Correa estará cubierto por un halo de justificada desconfianza. Es lógico que de ser cierto lo nieguen, pero es ridículo pretender que creamos que ‘Raúl Reyes’ escribía desde su computador mentiras a la cúpula de las Farc y que recibía información falsa de otros jefes de esa organización terrorista.
Los llamados del presidente Correa para que las Farc digan si financiaron su campaña tienen el mismo tinte. ¿De haber financiado la campaña, por qué confesarían que así lo hicieron, si esa declaración perjudicaría a su amigo? La teoría del presidente Chávez de que se trata de un robo antiguo tiene varias brechas; el robo lo hizo el ELN, era un sólo lanzacohetes y las Farc tenían tres.
Una curiosidad: las Farc, Chávez y Correa hablan del terrorismo de Estado en Colombia.
Publicado en El Pais de Cali- 15 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
sábado, agosto 08, 2009
Ni con Dios ni con el diablo
La coyuntura colombiana es difícil. Por un lado está Chávez y por el otro el Gobierno de Obama. El primero, en una carrera armamentista que debería preocupar al continente. Entre los años 2005 y 2008 hizo acuerdos con Rusia para obtener armas por un valor de US$4.400 millones. Entre lo comprado se incluyen 24 aviones Sukhoi SU con armamento, 100.000 fusiles de asalto AK-47, 5.000 de Dragunov de alta precisión y la construcción en Venezuela de centros de adiestramiento y de mantenimiento para los equipos.
Ahora, con la tensión surgida a raíz de las bases americanas en Colombia, Chávez anunció nuevas compras de armas a Rusia, por lo que utilizará el acuerdo mediante el cual Moscú le dio crédito por US$1.000 millones. Otra de las amenazas que hizo el Mandatario es que agilizará la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana. Un ejército que está siendo reclutado, armado y entrenado en estos momentos, conformado por civiles para defender la revolución de filosofía antiimperialista, y que depende directamente del Presidente.
Chávez sostiene que esas armas y los poderosos ejércitos son necesarios para protegerse de la amenaza norteamericana (que en su versión tomó parte en el golpe de 2002). Es una buena disculpa, sin bien no hay evidencias de que EE.UU. esté buscando derrocarlo y mucho menos invadir a Venezuela. Lo que sí tiene muchas pruebas es que el proyecto chavista -que bajo ninguna circunstancia puede llevar el título de bolivariano, pues deshonra la memoria del Libertador- es expansionista. Desea ver a toda Suramérica integrada bajo el modelo del socialismo cubano. Una amenaza que nos parece real. Si Chávez tiene derecho a tener paranoia contra EE.UU., nosotros tenemos derecho a sentir que su carrera armamentística y su proyecto son un peligro para la democracia colombiana.
Las bases americanas en nuestro territorio nos cubren con el velo ilusorio de que estamos respaldados y que una invasión venezolana podría disuadirse. Digo que se trata de una fantasía, pues los gobiernos americanos son pragmáticos en sus decisiones y no debemos esperar lo que no se aproxima. Obama empezó su campaña descalificando a Colombia, el TLC y el Plan Colombia. Y a pesar de los ajustes, no hay TLC; EE.UU. no nos vende armas importantes, como los aviones F16 que sí le vendió en los años 80 a Venezuela; y ante las pruebas que vinculan a Chávez con la mafia y con los terroristas de las Farc, no se ha pronunciado ni tomado medidas -que sí tomó contra Colombia durante el gobierno Samper, cuando nos descertificó y bloqueó nuestros productos. Si EE.UU. tuviera tantos reparos contra Chávez como él pretende, ¿qué hacen comprándole a Pdvsa 24.09 millones de barriles al año? Compras que además van en aumento. ¿Y qué hace Chávez vendiéndole al imperio su petróleo?
Debemos ser pragmáticos y entender que las bases americanas en nuestro territorio son una forma de disuadir el intervencionismo de Chávez y arremeter contra los relictos de las Farc y el narcotráfico, pero nada más. Por eso resulta positiva la gestión de Uribe, quien ha logrado el respaldo a nuestra soberanía de tres de los cinco países visitados. No podemos arriesgar nuestra democracia ni nuestra soberanía, pero tampoco los pocos ‘amigos’ en el continente.
El País de Calí, 8 de agosto de 2009
Ahora, con la tensión surgida a raíz de las bases americanas en Colombia, Chávez anunció nuevas compras de armas a Rusia, por lo que utilizará el acuerdo mediante el cual Moscú le dio crédito por US$1.000 millones. Otra de las amenazas que hizo el Mandatario es que agilizará la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana. Un ejército que está siendo reclutado, armado y entrenado en estos momentos, conformado por civiles para defender la revolución de filosofía antiimperialista, y que depende directamente del Presidente.
Chávez sostiene que esas armas y los poderosos ejércitos son necesarios para protegerse de la amenaza norteamericana (que en su versión tomó parte en el golpe de 2002). Es una buena disculpa, sin bien no hay evidencias de que EE.UU. esté buscando derrocarlo y mucho menos invadir a Venezuela. Lo que sí tiene muchas pruebas es que el proyecto chavista -que bajo ninguna circunstancia puede llevar el título de bolivariano, pues deshonra la memoria del Libertador- es expansionista. Desea ver a toda Suramérica integrada bajo el modelo del socialismo cubano. Una amenaza que nos parece real. Si Chávez tiene derecho a tener paranoia contra EE.UU., nosotros tenemos derecho a sentir que su carrera armamentística y su proyecto son un peligro para la democracia colombiana.
Las bases americanas en nuestro territorio nos cubren con el velo ilusorio de que estamos respaldados y que una invasión venezolana podría disuadirse. Digo que se trata de una fantasía, pues los gobiernos americanos son pragmáticos en sus decisiones y no debemos esperar lo que no se aproxima. Obama empezó su campaña descalificando a Colombia, el TLC y el Plan Colombia. Y a pesar de los ajustes, no hay TLC; EE.UU. no nos vende armas importantes, como los aviones F16 que sí le vendió en los años 80 a Venezuela; y ante las pruebas que vinculan a Chávez con la mafia y con los terroristas de las Farc, no se ha pronunciado ni tomado medidas -que sí tomó contra Colombia durante el gobierno Samper, cuando nos descertificó y bloqueó nuestros productos. Si EE.UU. tuviera tantos reparos contra Chávez como él pretende, ¿qué hacen comprándole a Pdvsa 24.09 millones de barriles al año? Compras que además van en aumento. ¿Y qué hace Chávez vendiéndole al imperio su petróleo?
Debemos ser pragmáticos y entender que las bases americanas en nuestro territorio son una forma de disuadir el intervencionismo de Chávez y arremeter contra los relictos de las Farc y el narcotráfico, pero nada más. Por eso resulta positiva la gestión de Uribe, quien ha logrado el respaldo a nuestra soberanía de tres de los cinco países visitados. No podemos arriesgar nuestra democracia ni nuestra soberanía, pero tampoco los pocos ‘amigos’ en el continente.
El País de Calí, 8 de agosto de 2009
sábado, agosto 01, 2009
Vecinos y Soberanía
Latinoamérica está cayendo en un tipo de discurso izquierdista de tintes retrógrados, nacionalistas y resentidos, muy parecido a aquellos que dispersaron guerrillas por nuestro continente. Colombia es la excepción por una razón muy poderosa: la guerrilla.
Los colombianos hemos tenido que soportar el saqueo de un grupo de izquierda revolucionaria que no sólo ha irrespetado la vida, honra y bienes de todas las esferas sociales del país, sino que ha demostrado un insufrible deseo de persistir aun sin el apoyo de la población colombiana. El discurso de izquierda –a pesar de los esfuerzos del Polo- está desgastado por la guerrilla. Mientras haya guerrilla, la izquierda tendrá resistencia en las bases electorales que deciden la elección presidencial.
Aun así, nuestro vecindario puede tener incidencias sobre nuestras decisiones y nuestro futuro. Al explorar algunas de las características podemos prever la manera como su influencia nos puede afectar.
El movimiento de los vecinos está muy bien organizado: se reúne habitualmente en el Foro de Sao Pablo, una organización que se pretende la heredera de la Unión Soviética, comandada por Fidel Castro. La primera reunión fue convocada por Lula en 1990. Hacen parte por Colombia las Farc y el ELN, además el Ejército zapatista de México, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln, de Nicaragua; la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, Urng; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Fmln, de El Salvador y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México, entre otros. En 1995 se unió Chávez, quien tuvo oportunidad de hacer amistad con ‘Raúl Reyes’. Los tentáculos del pulpo se extienden, apoyan candidaturas en los países latinoamericanos como Ollanta Humala en Perú, Balbina en Panamá, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua.
En las declaraciones del Foro brilla la oposición contra el Plan Colombia y no es difícil saber cuál de los asistentes abogó por esa causa, consecuentemente todos los vecinos adeptos al Foro han criticado con vehemencia el Plan.
Están, además, caracterizados por un flaco respeto por la soberanía de las naciones. Es así como esos líderes opinan y critican decisiones eminentemente soberanas de nuestro país, la filiación política del Presidente y de nuestros gobernantes y sus decisiones, pero, sobre todo, nuestras relaciones con los EE.UU. Las izquierdas latinoamericanas son antiamericanas. La postura hunde sus orígenes en una percepción moral muy peculiar, según la cual el débil siempre es bueno, en tanto el fuerte será siempre malo. Con esa misma postura se juzgan todos los conflictos y relaciones humanas: antirrico, antipaíses desarrollados, antipatrono, antimultinacional, antipático. Esta manera odiosa de observar el mundo termina por generar rompimientos irreconciliables entre las partes y abusa de los poderosos –que no son siempre ni culpables ni malos-.
La petición de Lula y Bachelet de que Colombia explique los acuerdos que pretende establecer con EE.UU. sobre las bases militares en el Consejo de Defensa de Unasur, cuya presidencia asume Correa, es abusiva. Es curioso que ese acuerdo sea objeto de tanto embeleco, cuando tenemos a Chávez con reconocidas ínfulas expansionistas haciendo compras ilimitadas de armas muy poderosas. ¿Dónde está el Consejo de Defensa en este caso? ¿O es que el único enemigo de Suramérica es el capitalismo?
Publicado en El País de Calí, 1 de agosto de 2009
Los colombianos hemos tenido que soportar el saqueo de un grupo de izquierda revolucionaria que no sólo ha irrespetado la vida, honra y bienes de todas las esferas sociales del país, sino que ha demostrado un insufrible deseo de persistir aun sin el apoyo de la población colombiana. El discurso de izquierda –a pesar de los esfuerzos del Polo- está desgastado por la guerrilla. Mientras haya guerrilla, la izquierda tendrá resistencia en las bases electorales que deciden la elección presidencial.
Aun así, nuestro vecindario puede tener incidencias sobre nuestras decisiones y nuestro futuro. Al explorar algunas de las características podemos prever la manera como su influencia nos puede afectar.
El movimiento de los vecinos está muy bien organizado: se reúne habitualmente en el Foro de Sao Pablo, una organización que se pretende la heredera de la Unión Soviética, comandada por Fidel Castro. La primera reunión fue convocada por Lula en 1990. Hacen parte por Colombia las Farc y el ELN, además el Ejército zapatista de México, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln, de Nicaragua; la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, Urng; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Fmln, de El Salvador y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México, entre otros. En 1995 se unió Chávez, quien tuvo oportunidad de hacer amistad con ‘Raúl Reyes’. Los tentáculos del pulpo se extienden, apoyan candidaturas en los países latinoamericanos como Ollanta Humala en Perú, Balbina en Panamá, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua.
En las declaraciones del Foro brilla la oposición contra el Plan Colombia y no es difícil saber cuál de los asistentes abogó por esa causa, consecuentemente todos los vecinos adeptos al Foro han criticado con vehemencia el Plan.
Están, además, caracterizados por un flaco respeto por la soberanía de las naciones. Es así como esos líderes opinan y critican decisiones eminentemente soberanas de nuestro país, la filiación política del Presidente y de nuestros gobernantes y sus decisiones, pero, sobre todo, nuestras relaciones con los EE.UU. Las izquierdas latinoamericanas son antiamericanas. La postura hunde sus orígenes en una percepción moral muy peculiar, según la cual el débil siempre es bueno, en tanto el fuerte será siempre malo. Con esa misma postura se juzgan todos los conflictos y relaciones humanas: antirrico, antipaíses desarrollados, antipatrono, antimultinacional, antipático. Esta manera odiosa de observar el mundo termina por generar rompimientos irreconciliables entre las partes y abusa de los poderosos –que no son siempre ni culpables ni malos-.
La petición de Lula y Bachelet de que Colombia explique los acuerdos que pretende establecer con EE.UU. sobre las bases militares en el Consejo de Defensa de Unasur, cuya presidencia asume Correa, es abusiva. Es curioso que ese acuerdo sea objeto de tanto embeleco, cuando tenemos a Chávez con reconocidas ínfulas expansionistas haciendo compras ilimitadas de armas muy poderosas. ¿Dónde está el Consejo de Defensa en este caso? ¿O es que el único enemigo de Suramérica es el capitalismo?
Publicado en El País de Calí, 1 de agosto de 2009
sábado, julio 25, 2009
Reelección y poder
Una pregunta que se hacen muchos colombianos es por qué el presidente Uribe no ha dado una respuesta definitiva sobre si aspira a la reelección. La razón, por supuesto, sólo la conoce él mismo, pero hay algunas observaciones sobre la realidad y la política colombiana que ayudan a interpretarla. Lo que acaba de suceder en el Congreso, donde la coalición uribista traicionó lo pactado acertando un duro golpe a la gobernabilidad, es un claro ejemplo de ello.
En una democracia ideal los partidos tienen sólidos compromisos con programas políticos y su respaldo a las iniciativas gubernamentales atiende a que ellas se plieguen a esa visión sobre la realidad. El caso colombiano dista mucho de aquel ensueño. La mayoría de los congresistas están unidos en partidos por mera casualidad y el abanico ideológico es tan amplio como inconsistente. Ello implica que cada congresista es una microempresa electoral; ha de buscar todos los medios que garanticen su futura reelección como cuota individual e irremplazable y atender cada requerimiento gubernamental de acuerdo a su peculiar percepción de lo conveniente.
Esa tensión entre garantizar la reelección y evaluar las iniciativas de acuerdo a su propia noción de lo que el país necesita termina por premiar el interés en la continuidad personal. Las convicciones individuales rara vez son lo suficientemente fuertes y completas para resistir ante el embate de la vanidad. Es así como los congresistas terminan negociando cada iniciativa de acuerdo a su conveniencia particular. Esto no necesariamente implica corrupción. Se refiere, más bien, a buscar posicionarse ante los electores de acuerdo con las expectativas que ellos tienen.
¿Qué espera usted del congresista por el que votó? Los electores colombianos aspiran a diferentes cosas. Algunos quieren oposición, los otros respaldo para el Presidente. Hay quienes desean carreteras, luz, acueducto y obras para su comunidad. Otros buscan beneficios personales o beneficios legales para su sector económico.
Así el Gobierno colombiano tiene que negociar prácticamente con cada congresista para recaudar su apoyo, ofreciendo o comprometiéndose a saciar las aspiraciones del congresista, encaminadas a darse continuidad (que son las aspiraciones de sus electores).
La reelección se convirtió en un mecanismo formidable para mantener la gobernabilidad y presionar el cumplimiento de los pactos partidistas sin negociación individual. Aunque la reelección sea sólo una idea, un presidente con un amplio respaldo popular, como Uribe, puede convertir ese respaldo en una razón suficiente para que los congresistas apoyen su proyecto. Cada congresista presiente que puede obtener réditos electorales al estar cerca del Presidente. La mayoría respeta los pactos de los partidos, no por fidelidad a los compromisos ideológicos sino como un mecanismo para obtener impulso en su propia campaña electoral.
Entre más convencidos están los congresistas de que el Presidente se va a reelegir, más respetan los pactos partidistas y ello da continuidad a los proyectos del Gobierno. La incertidumbre sobre la reelección había mantenido la gobernabilidad. El hecho de que la coalición se haya roto sólo muestra la creciente impresión de que Uribe no será reelegido. Cada congresista vuelve a buscar el impulso para su propia reelección individualmente.
Julio 25 de 2009
En una democracia ideal los partidos tienen sólidos compromisos con programas políticos y su respaldo a las iniciativas gubernamentales atiende a que ellas se plieguen a esa visión sobre la realidad. El caso colombiano dista mucho de aquel ensueño. La mayoría de los congresistas están unidos en partidos por mera casualidad y el abanico ideológico es tan amplio como inconsistente. Ello implica que cada congresista es una microempresa electoral; ha de buscar todos los medios que garanticen su futura reelección como cuota individual e irremplazable y atender cada requerimiento gubernamental de acuerdo a su peculiar percepción de lo conveniente.
Esa tensión entre garantizar la reelección y evaluar las iniciativas de acuerdo a su propia noción de lo que el país necesita termina por premiar el interés en la continuidad personal. Las convicciones individuales rara vez son lo suficientemente fuertes y completas para resistir ante el embate de la vanidad. Es así como los congresistas terminan negociando cada iniciativa de acuerdo a su conveniencia particular. Esto no necesariamente implica corrupción. Se refiere, más bien, a buscar posicionarse ante los electores de acuerdo con las expectativas que ellos tienen.
¿Qué espera usted del congresista por el que votó? Los electores colombianos aspiran a diferentes cosas. Algunos quieren oposición, los otros respaldo para el Presidente. Hay quienes desean carreteras, luz, acueducto y obras para su comunidad. Otros buscan beneficios personales o beneficios legales para su sector económico.
Así el Gobierno colombiano tiene que negociar prácticamente con cada congresista para recaudar su apoyo, ofreciendo o comprometiéndose a saciar las aspiraciones del congresista, encaminadas a darse continuidad (que son las aspiraciones de sus electores).
La reelección se convirtió en un mecanismo formidable para mantener la gobernabilidad y presionar el cumplimiento de los pactos partidistas sin negociación individual. Aunque la reelección sea sólo una idea, un presidente con un amplio respaldo popular, como Uribe, puede convertir ese respaldo en una razón suficiente para que los congresistas apoyen su proyecto. Cada congresista presiente que puede obtener réditos electorales al estar cerca del Presidente. La mayoría respeta los pactos de los partidos, no por fidelidad a los compromisos ideológicos sino como un mecanismo para obtener impulso en su propia campaña electoral.
Entre más convencidos están los congresistas de que el Presidente se va a reelegir, más respetan los pactos partidistas y ello da continuidad a los proyectos del Gobierno. La incertidumbre sobre la reelección había mantenido la gobernabilidad. El hecho de que la coalición se haya roto sólo muestra la creciente impresión de que Uribe no será reelegido. Cada congresista vuelve a buscar el impulso para su propia reelección individualmente.
Julio 25 de 2009
sábado, julio 18, 2009
Izquierda y soberania
Muchos colombianos están preocupados porque el Gobierno está negociando con Estados Unidos la posibilidad de que operaciones militares de ese país se adelanten en bases colombianas. No se trata de una ampliación de nuestros acuerdos militares con EE.UU. sino de utilizar el Plan Colombia, que permite 800 militares y 600 contratistas en actividades de asistencia en Colombia. Además, tendremos colaboración e información para la defensa de nuestra soberanía.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
sábado, julio 11, 2009
La reforma tributaria
Colombia ha hecho un esfuerzo significativo para enfrentar a la narcoguerrilla de las Farc, los nuevos brotes de paramilitarismo y las mafias. Nos ha costado la vida de muchos hombres de las Fuerzas Armadas, el tiempo de la reorganización del Ejército y la Policía y muchos recursos económicos. Pero los resultados son significativos. Los municipios, abandonados desde hacía mucho por las fuerzas del orden, volvieron a tener Policía, se recuperó la movilidad en las vías, los campesinos y los industriales del agro pudieron volver al campo a producir, los empresarios sintieron la seguridad para generar y ampliar sus negocios y los jóvenes no tuvieron que seguir en ese proceso sórdido de expatriación.
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
sábado, julio 04, 2009
¿Ecuador no entiende?
La orden de captura que expidió Ecuador contra el ex ministro Juan Manuel Santos es, efectivamente, una afrenta contra nuestra Nación. Colombia ha sido muy respetuosa en las relaciones internacionales y el bombardeo que se hizo en la frontera con Ecuador no puede considerarse un ataque a ese país. Todo lo contrario, es una defensa ante la agresión permanente, terrorífica y depredadora de las Farc. Se trata de un acto justo, que no afecta al vecino país y que, incluso, lo protege de que los tentáculos de esa organización se asienten allá.
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
sábado, junio 27, 2009
Justicia y medios
Justicia y medios
Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.
Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.
Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.
Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.
Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?
Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?
¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?
27 de junio de 2009
Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.
Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.
Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.
Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.
Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?
Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?
¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?
27 de junio de 2009
sábado, junio 20, 2009
Justicia, ¿forma de lucha?
Cuando los ideólogos de extrema izquierda hablan de utilizar todas las formas de lucha para conquistar el poder, en general, interpretamos que se trata de la combinación de los mecanismos de la política y la utilización de la violencia para amedrentar a la sociedad y aniquilar a los líderes de los otros sectores.
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
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