El macabro negocio de Ecomarly liderado por Eyber Ochoa Márquez se dedicaba a engañar a las mujeres embarazadas que se acercaban por una ecografía. El médico les decía que el bebé o la madre peligraban, les inducía el parto y luego informaba sobre la muerte del feto. Él los conservaba y si sobrevivían, los vendía. Según algunas publicaciones el negocio del señor Ochoa llevaba cerca de 20 años operando. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres? No he conocido nada más atroz, ni degenerado.
El criminal fue juzgado por desaparición forzada y concierto para delinquir. Se dedicó a engañar mujeres embarazadas, extraerles y secuestrar a los bebés, a veces matarlos o venderlos; y le dan únicamente 10 años, que se reducirán con beneficios. ¿Qué pasa con el homicidio cuya pena mínima es de 25 años? ¿El secuestro? ¿Qué con el delito de lesiones al feto? ¿La estafa? ¿La trata de personas?
Este caso ofende los principios más básicos de la vida en comunidad y evidencia una de las grietas más recurrentes de la Justicia colombiana: la desproporción entre el daño causado y el castigo recibido. Cuando se comparan las penas impuestas, caso a caso, parecen proferidas bajo sistemas judiciales distintos; a Garavito, por matar más de 120 niños, le dan 60 años, que se reducen a 16. A García, por tocarle las nalgas a una mujer, le dan 4 años de prisión.
Existen fallas tanto en la Fiscalía que califica los delitos, como en la valoración de las penas que hacen jueces. La Fiscalía debe volver a calificar esos hechos y procesar a Ochoa por los delitos que no se incluyeron. Esa es una debilidad del sistema penal acusatorio ¿Quién revisa la calificación de los delitos? La exclusión de los dolientes, como partes en el proceso, deja a la deriva el control que hay sobre imputación. Además, el diseño de la ley, para que sean los jueces quienes evalúen las condiciones de cada caso, para imponer penas que impliquen un más alto sentido de justicia que el que dictamina una tarifa legal, no está funcionando. Las normas necesitan prescribir parámetros de penas mucho más rigurosos y debe revisarse a quién y por qué motivos, pueden aplicarse rebajas y beneficios.
Está, por otro lado, la cuestión sobre la indefensión de los pacientes frente a las calidades de las clínicas y médicos que frecuentan. Si bien hay un comité de ética médica y una historia penal y civil detrás de cada médico, los pacientes no tienen acceso a esa información. El cuidado de la salud y la vida exige que todos podamos tomar decisiones informadas. Deberían existir sistemas de consulta donde los usuarios puedan evaluar la hoja de vida de todos los profesionales de la salud y el historial de sanciones, si las hubiera. En estos tiempos, donde acceder a la información no es difícil, ni costoso, el Ministerio de la Protección Social debe poner a disposición esos reportes.
Hay que cerrar el albedrío tan amplio de los jueces. Los efectos no son buenos; así la tendencia a legislar desde la Justicia, cuando no tienen las facultades para regular una materia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Al haber escogido IVE y no el término médico aborto –que es la interrupción cuando el feto no es viable-, permitió que aquellas interrupciones se hagan sobre fetos que al ser extraídos continúan con vida y que con el cuidado adecuado sobrevivirían. ¿Qué subyace a la decisión de la Corte? ¿Los médicos los deben dejar morir? ¿Botarlos? ¿Matarlos?
Marzo 25 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pasa-con-justicia
viernes, marzo 25, 2011
viernes, marzo 18, 2011
Pastrana, más conservador
La prensa se equivoca al plantear un enfrentamiento entre Pastrana y los conservadores. El ex presidente Pastrana les ha pedido y con toda razón, a quienes están en la directiva azul y tienen investigaciones en contra que se aparten de las posiciones directivas. Se trata de una solicitud justa y que la mayoría de los conservadores respaldan. El Partido no quiere una directiva comprometida en causas penales y disciplinarias. Nadie pide que renuncien a sus curules o a la colectividad, simplemente que abandonen las altas jerarquías, pues aquellas suponen cierta prestancia ética y política que se enloda con sindicaciones tan graves como las que recaen sobre miembros del Dinacional.
Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.
Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.
La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.
Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pastrana-conservador
Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.
Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.
La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.
Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pastrana-conservador
viernes, marzo 11, 2011
Las CAR
El presidente Santos está decidido a usar su prestigio político para reformar la parte fallida de la estructura del Estado. Entre los organismos a reconfigurar está todo el aparato ambiental. La sociedad globalizada enfrenta en el dilema medioambiental, tal vez, el reto más significativo. Colombia como uno de los lugares más biodiversos del mundo, dueña de selvas tan significativas como la amazónica y el Darién, no puede ser inferior a sus responsabilidades, más aún cuando la minería parece estar avanzando tan decididamente en el país. Los recursos naturales son una riqueza inexplorada que ya se sabe valiosa, no por los afanes del dinero rápido y fácil de la minería se puede condenar nuestro mayor patrimonio.
Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.
Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.
Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.
La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.
La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/car
Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.
Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.
Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.
La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.
La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/car
viernes, marzo 04, 2011
Contra la corrupción
Es de nuestra esencia tratar de solucionar todo mediante leyes, como si la sola escritura de lo deseable nos condujera hacia esos destinos. La solución legal de la corrupción no es fácil. Lo que hay en el fondo del fenómeno es una ideología difícil de desincentivar. Se trata de actos que ponen el interés individual por encima del interés general, con la arista de que hay un engaño público. El camuflaje de la corrupción es doble, el secreto entre los corruptos y el hecho de que la sumatoria de intereses generales está encarnado por todos y, al mismo tiempo, por nadie, por eso es propenso a ser atropellado.
Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.
Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.
Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.
Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.
El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/contra-corrupcion
Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.
Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.
Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.
Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.
El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/contra-corrupcion
miércoles, marzo 02, 2011
Menores sin opciones
La norma de prohibición del trabajo de menores parecería no tener más que buenas intenciones y deberían ser excelentes sus resultados. Lo ideal es que todos los niños tengan derecho a su infancia y que durante esa época puedan estudiar para tener una adultez con mayores oportunidades. En esta visión empatan importantes programas de asistencia social, como Familias en Acción, donde las madres reciben ingresos por sus hijos escolarizados, para lo que el Estado invierte $1,5 billones.
La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.
El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.
Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.
Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.
El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/menores-sin-opciones
La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.
El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.
Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.
Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.
El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/menores-sin-opciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)