¿Desacatar el fallo?

No se trata, como sugieren algunos, de una molestia por un fallo que no nos favorece. Todo proceso judicial tiene resultados desfavorables para una de las partes. Es la esencia del litigio. La sentencia de la Corte de La Haya tiene varios problemas, con diferentes niveles de complejidad. Algunos se quejan de que la defensa que presentaron los abogados no fue adecuada, otros insisten en que nunca debimos aceptar la jurisdicción de la Corte. Aquellos bien pueden ser interpretados como argumentos propios de quien no está conforme por una derrota judicial. Se trata de apreciaciones sensatas, pero sobre las cuales cualquier argumento es ineficaz, pues retrospectivamente todo parece claro y el tiempo donde eran útiles ya pasó. Vienen luego observaciones sobre el fondo jurídico de la decisión. Entre todas la más significativa es que el fallo interfiere con varios tratados firmados con otras naciones -que no fueron parte en el proceso. Aquel sería un grave error que violenta principios esenciales del derecho en derecho y tendría que ser subsanado mediante los mecanismos disponibles. Sin embargo, el problema de estas aguas territoriales sobrepasa estas preocupaciones y nos avoca a un problema político de fondo. San Andrés es un archipiélago cuyos raizales tienen una noción de su territorio consolidada históricamente. Como un pueblo tienen derechos, y han venido desde hace mucho tiempo ejerciendo soberanía sobre su territorio: un archipiélago. La noción del archipiélago no se limita a las rocas o los cayos; los isleños tienen una simbiosis entre la tierra sobre la que se asientan y los mares que los rodean. Los cayos, rodeados de 12 millas de mar, en medio de aguas extranjeras carecen de valor real, es un desmedro del concepto mismo de archipiélago, es una afrenta contra los raizales. Del otro lado, están La Haya y la organización de la ONU creadas por quienes creyeron que el mundo puede ser mejor, que la convivencia pacífica es posible, que el Gobierno de las naciones puede superar el egoísmo de los Estados. Sin embargo el sueño no tuvo un desarrollo feliz. La diplomacia internacional se ha convertido en una burocracia bien nutrida e ineficaz. Naciones Unidas es incapaz de solucionar los grandes conflictos que afligen al mundo; basta recordar las sanguinarias matanzas de Siria, el enriquecimiento de uranio que adelanta Irán y que seguramente terminará con otro país con bomba atómica, el conflicto palestino-israelí. Todo se desarrolla sin que la ONU pueda o se decida a tomar acciones. Los sistemas de juzgamiento de los países, según muchos analistas e incluso miembros de esa diplomacia, se han dedicado a perseguir los crímenes de los Estados pequeños; contra las grandes potencias no hay causas, y si las hay estas no las aceptan. Hay ocasiones en que el sistema internacional parece diseñado para ejercer alguna forma de neocoloniamismo, donde los controles que pretenden las grandes potencias se disfrazan. Aún si todas estas críticas son exageradas, vale decir que Colombia sólo ha tenido derrotas ante estos tribunales. Nuestra diplomacia no se ha ajustado a las realidades de que conforman este escenario. Perdemos demandas, con ellas recursos y ahora territorio. La lección, algo utilitarista, es que por ese mismo camino seguiremos. Es mejor dejar el Pacto de Bogotá, y tratar de avanzar por vías alternativas para resolver nuestros problemas. La conciliación y la capacidad de negociación no requieren de tribunales extranjeros, sino de voluntad y coherencia política. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/desacatar-fallo

Regulación o catástrofe

El problema del servicio de celular en Colombia está llegando a extremos inaceptables. Los operadores son descuidados con sus clientes, con la calidad del servicio e incluso indiferentes a las condiciones de ese mismo servicio en el exterior. La Super recibe cien millones de quejas contra los operadores al mes. La cifra es tan exagerada que parece mentira; pero todos los que tenemos un celular sabemos que son ciertas, y que serían más si todos fuéramos un poco más diligentes. La naturaleza del servicio de celular se transformó; ya no es un servicio suntuario o laboral, ahora es fundamental. Comunicarse y estar interconectado es una necesidad a la que ya nadie puede ser indiferente; hace parte de la vida moderna, tanto como el agua, la luz y la recolección de basuras. Es un servicio público esencial y como tal debe ser entendido por sus operadores y los entes que los controlan; implica una enorme responsabilidad para ambos. La naturaleza irremplazable e imprescindible del servicio de telefonía celular implica una aproximación distinta, de la cual estamos muy lejos. La manera cómo actúan los operadores se parece a un cartel; no compiten entre ellos. Las reglas del mercado no se les aplican, ni los usuarios reciben los beneficios de la competencia. Es evidente que hace falta regulación. La naturaleza esencial del servicio exige límites de los operadores; los usuarios ya no tienen la opción de prescindir del servicio y eso los hace propensos a soportar abusos para mantenerlo. Los trámites frente a las empresas son engorrosos, exigen tiempo y paciencia que pocos tienen. Esas dilaciones sólo benefician a las empresas que ganan y siguen ganando aún con la pésima atención. Las cláusulas de permanencia se han convertido en una herramienta útil para mantener los clientes a pesar de la precariedad del servicio. La cláusula obliga a los usuarios a quedarse y libera a las empresas de le necesidad de competir, de mejorar su servicio y ofrecer mejores tarifas. La mayoría de los clientes están cautivos y entonces el sentido mismo de la competencia se rompe: no hay cómo protestar. Y qué decir de las dificultades que supone pasar de un operador a otro; es demorado y tedioso. El límite de las cláusulas de permanencia debería ser de seis meses para que no se den tantos abusos. Se requieren cuentas claras sobre el valor de los equipos y los subsidios que se reciben. Es fundamental que se puedan comprar equipos sin líneas, a precios competitivos, para que los usuarios tengan poder de negociación. Es necesario que el impulso de esta industria en el mercado global se refleje en nuestro país. Tenemos tarifas caras comparadas con otros lugares del mundo. Además, tienen que existir mecanismos más sencillos para los trámites: internet y teléfono debería haber capacidad de hacer todos las operaciones. Las quejas sobre la calidad del servicio tienen que tener consecuencias concretas sobre los operadores y rebajas para los usuarios. Y aún con todo ello, sería necesario continuar en la imposición de límites para que la iniciativa privada -extractiva- no se torne abusiva. No se trata, como dicen Movistar y Tigo, simplemente de controlar la posición dominante de Claro. Hoy esa empresa pasa por un mal momento, pero el servicio de las otras dos es tan parecido en lo negativo que no logra arrancarle los clientes. Hay un problema de fondo; requiere regulación bien pensada y controles por parte de las autoridades. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/regulacion-o-catastrofe

El paro judicial

El paro judicial se le ha ido complicando al Gobierno. Es a todas luces un paro ilegal, porque las suspensiones de los servicios públicos esenciales, lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La administración de justicia es uno de los pilares constitutivos del Estado; es justificación de la existencia estatal, y al mismo tiempo, una necesidad inaplazable de los ciudadanos. En consecuencia los derechos de protesta –tan importantes- tienen que ceder ante la importancia capital del servicio que se presta. Aquello no parece importarle a los funcionarios de la rama, más preocupados por sus condiciones laborales –que no son malas- que por el cumplimiento de la delicada misión que se les ha encomendado. Sin embargo, los defectos de este paro judicial van mucho más allá. Colombia viene desde hace mucho sufriendo una rama jurisdiccional ineficiente. Se ha culpado al sistema legal, reformado hasta los límites de lo pensable sin que se consigan mejoras significativas. El problema no es la ley, ni los códigos, lo cierto es que los operadores judiciales no tienen suficientes conocimientos en derecho, los domina una costumbre de dilación, de postergar y no resolver. Por eso los colombianos se muestran muy insatisfechos con la calidad de la justicia en Colombia. Y vale decir que un buen servicio de justicia es esencial para la consolidación de la democracia y una sociedad pacífica. Es natural en la convivencia el conflicto, hace parte de la interacción humana; lo que define los niveles de civilidad es precisamente la manera como se resuelven. No es descabellado sugerir que la ineficiencia de la justicia se convierte en causa de violencia en Colombia; la gente se ve obligada a buscar mecanismos para resolver sus conflictos por fuera del sistema. Conviene señalar que los costos de los que se habla son sólo para el reajuste, pero de ahí en adelante los colombianos tendremos que seguir pagando esos nuevos y altos salarios. Además de tener que asumir pensiones con esos nuevos sueldos, e incluso demandas donde otros funcionarios judiciales ya jubilados, invocando el principio de igualdad busquen mejoras en sus pensiones. Una mejora de los salarios podría, eventualmente, mejorar la justicia siempre y cuando se flexibilice la entrada y salida de funcionarios. Deben existir mecanismos para que cada dos años se abran convocatorias para que nuevos profesionales compitan por esos cargos. Nuevos salarios sí, pero si se hacen con una flexibilización laboral profunda que permita renovar la nómina, y escoger los mejores. Aumentar los salarios para seguir teniendo un pésimo sistema de justicia es sencillamente inaceptable. En un país que tiene uno de los desempleos más altos de Latinoamérica, con unos índices de pobreza significativos y preocupantes, no parece adecuado que los funcionarios de la rama jurisdiccional sostengan que requieren un reajuste para ser más parecidos a los altísimos salarios que tienen los magistrados de las altas cortes. Los jóvenes que cada año se gradúan y no consiguen empleo, así como tantos otros colombianos deben tener la oportunidad de competir para acceder a los cargos de la rama jurisdiccional, más aún de toda la burocracia estatal. El defecto del sindicalismo es que toma la vocería del pueblo para defender intereses particulares, de grupos ya beneficiados. Este es un país hay muchos colombianos capaces desempleados. ¿Por qué defender los derechos de unos pocos, en vez de buscar mecanismos para que los mejores sean premiados con los cargos? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paro-judicial

Respeto a las minorías

El fenómeno de las minorías colombianas es muy interesante, a veces parece que ciertas minorías tienen más derechos que las mayorías, y otras veces, pareciera que sólo algunas minorías califican como tales. Los colombianos no nos exigimos consistencia en nuestras posiciones. En varios discursos predomina la incoherencia sin que expositores se sonrojen, parece que ni siquiera lo notan. Los opositores a los toros, por ejemplo, consideran que el sufrimiento animal es argumento suficiente para que los amantes de los toros se vean obligados a abandonar su práctica. No les basta saber que pueden ellos optar individualmente por no verlas o incluso ser más consistentes y pasar a una alimentación vegetariana, que elimine el asesinato de los animales destinados a ser carne. Quieren que sea la sociedad entera la que repudie el sufrimiento animal. Sin juzgar los argumentos, podemos observar que ese grupo de personas coincide, en general, con aquellos que consideran que el aborto debe estar permitido, y que califican de godos y retrógrados a quienes se atreven a contrariar esa impresión. No califican como sufrimiento animal el del feto. Es curioso que aquellos que abogan por el reconocimiento de los derechos de un grupo que consideran marginado -los animales-, no vean que hay otros grupos que tienen la misma causa de incluir a quienes consideran también dignos de ser considerados y protegidos por la ley -los fetos. Los católicos practicantes son, evidentemente, una minoría entre la mayoría católica laxa. Esta minoría pretende que se incluya bajo la protección de la ley al feto, que se le otorguen derechos. Así también, quienes propenden por darle reconocimiento a los animales, para que la ley también los cobije. Dejo de lado mis convicciones personales, para sólo observar que el debate es positivo. Me parece bien que haya grupos que se opongan al aborto, que defiendan al feto; como me alegra que haya quienes sienten que los animales merecen reconocimiento; sin embargo no corresponde a ellos, a una Corte o a un Alcalde el zanjar el asunto. Es un debate social de hondas repercusiones porque se refiere a la concepción del mundo, a la jerarquización de los derechos. No les corresponde a unos pocos imponer su criterio. El tema incluye asuntos que vienen de tiempo atrás y cuya tensión se mantiene; para preservar unas tradiciones, cuyo valor histórico es incuestionable, se transgreden los derechos de ‘otros’, ya reconocidos dentro del sistema. Es el caso de las niñas de ciertas comunidades indígenas donde se practica la ablación (casi le cuesta la vida de una bebé de 10 meses en Risaralda). ¿Acabarán esas tradiciones? La interacción social está llena de conflictos, y la historia está plagada de casos donde el otro no es reconocido. Hubo y hay momentos donde hombres por motivos de raza fueron excluidos y maltratados; o por motivos de su inclinación sexual, por género, por completitud; incluso seres sin derechos por ser de otra especie. Definir quiénes están dentro de esa difusa categoría de ‘el otro’ constituye el debate mismo de los tiempos. Así lo debemos entender, y apreciar como a veces el espectro de otro se amplía, y a veces se limita. Es un debate difícil que no cesa nunca, los grandes momentos de la historia están marcados por el intento de reconocerle a algún grupo, derechos que no tiene. En eso hemos avanzado, a veces retrocedido, pero pareciera que el espectro se amplía, tal vez lleguemos un día a reconocer los derechos de todos los seres vivos, o de las meras cosas. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/respeto-minorias