Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


domingo, marzo 29, 2009

Los conservadores y Uribe

Antes del gobierno Uribe el Partido Conservador enfrentaba una profunda crisis. Los congresistas estaban disgregados en movimientos independientes y, ante los fracasos del gobierno Pastrana, el liderazgo languidecía. La candidatura de Uribe se perfiló como la mejor alternativa para la unidad del conservatismo.

La masa conservadora se sintió representada en la personalidad de Uribe: recia, clara y patriota y lo siguió como lo hiciera antes con Núñez, pues ella tiene bien sabido que la vocación de poder está justificada sólo en el bienestar de la Patria, sin que la filiación sea lo fundamental. Esto, por supuesto, no puede interpretarse como una ausencia de vocación de poder. Un partido político es esencialmente búsqueda de poder por las vías democráticas para implantar las reformas políticas que su ideario considera soluciones para el país. Pero cuando entre sus huestes no encuentra ese candidato, no puede perder la capacidad de reconocerlo en otros partidos. Lo que está en juego es el bienestar social, ante el cual siempre deberá ceder la aspiración partidista.

Algunos conservadores sostenían que el partido fracasaría si apoyaba a un candidato de origen liberal; los hechos probaron su error. La consolidación del partido se dio en torno a la figura de Álvaro Uribe y bajo la lúcida dirección de Carlos Holguín. En las elecciones de Senado del 2002, el conservatismo obtuvo trece curules con 880.000 votos (pero había muchos otros movimientos conservadores con importantes votaciones: Equipo Colombia, encabezado por la figura del eximio conservador Luis Alfredo Ramos, obtuvo la primera votación con más de 220.000 votos). La batalla titánica de Holguín para devolver ese proceso de disolución requirió varias reforma legales, cabe mencionar: el aumento de los requisitos para los partidos, el sistema de listas únicas y el voto preferente. Los resultados fueron contundentes: en el 2006 los conservadores lograron 18 curules en el Senado, con prácticamente 1,5 millones de votos.

Ahora es un partido vigoroso, que ha recobrado la importancia que tradicionalmente ha ostentado en la historia política colombiana. Soberbio y fortalecido, enfrenta una decisión fundamental en la que están en juego sus principios y su vocación de poder: seguir apoyando a Uribe o buscar un candidato conservador. Tiene jóvenes y promisorias figuras, pero tiene también un compromiso con la historia al que no puede ser inferior. Es necesario exponer las razones por las cuales le conviene más a Colombia un candidato conservador que la continuidad de un presidente que ha sabido representar el ideario conservador y que rescató al país de la catástrofe.

La carta de Enrique Gómez fue una franca desilusión. No dio un sólo argumento en el que explique por qué considera inconveniente la reelección de Uribe. Pareciera sugerir lo contrario: señalaba el esfuerzo y la entereza del Mandatario y la majadería de la oposición para concluir que era necesario un candidato conservador. Y en el propio partido hay, por un lado, defensores del referendo y, por el otro, quienes pregonan la necesidad de un candidato propio. Es inaceptable un debate tan pobre. Es triste un partido esperando -como un oportunista- a ver qué barco zarpa más cargado. ¿Falta, otra vez, directiva?

sábado, marzo 21, 2009

Gobierno Gaviria

Ad portas del próximo debate político, vale la pena recordar algunos aspectos del gobierno del presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Para que el debate no se convierta en una simple cátedra de lo que habría que hacer, es fundamental tener presente las ejecutorias de cada figura, cuando ya unos tuvieron a cargo la Nación. A esa administración le atribuimos cuatro fallas que afectaron gravemente la configuración del país y cuyas consecuencias son aún visibles.

Por una parte, aprovechó el desprestigio del Congreso para cerrarlo. Ello reafirmó la devaluación de esa institución que aún hoy está sumida bajo esa mancha. El hecho es especialmente grave, si tenemos en cuenta que el Congreso es la institución destinada a la toma de decisiones políticas. Destruyó la legitimidad que otorga el voto popular donde se expresan los diferentes grupos de interés y las prioridades de los colombianos. Esta desfiguración del Congreso rompe el equilibrio del poder público.

Inició una lucha contra el cartel de Medellín, descuidando irresponsablemente el enfrentamiento contra la guerrilla y los paramilitares. El resultado fue que esos ejércitos asumieron el rol del narcotraficante y redoblaron su capacidad de destruir el país. Son consecuencias que aún hoy permanecen.

Otra falta fue la Constitución de 1991. La séptima papeleta que se incluyó en la elección de 1990 ‘legitimó’ la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y el cierre del Congreso. La votación que obtuvieron los constituyentes fue insignificante y mostró gran apatía de la Nación ante éste, que debió ser un importante fenómeno. La legitimación le correspondió a los medios de comunicación, que presionaron a la Corte Suprema para que aprobara la legalidad de la convocatoria -que era inconstitucional- y la han vendido como una de las manifestaciones democráticas más importantes de los últimos tiempos.

Esa Constituyente estuvo permeada por intereses de los extraditables, quienes ejercieron presión mediante poderosos recursos económicos. Volvemos a recordarlo con los escándalos actuales, donde algunos constituyentes están siendo acusados de haber recibido dinero de Pablo Escobar para eliminar la extradición -me refiero a la acusación de Salazar Pineda contra Rojas Birry-. Los problemas de una Constitución elaborada bajo esas tensiones no se hicieron esperar: el ex presidente Pastrana Borrero, jefe del Partido Conservador, renunció a su calidad de constituyente por considerar inapropiados los poderes exorbitantes que se atribuían al presidente Gaviria. Tan patético llegó a ser su desarrollo, que los constituyentes firmaron un texto en blanco.

Finalmente, el gobierno Gaviria se embarcó en las políticas neoliberales sobre apertura económica, pero lo hizo sin la debida planeación y gradualidad. El resultado también perduró mucho tiempo, la crisis de la industria colombiana fue muy profunda. Así mismo, el sector agrario inició un duro proceso de decadencia. Al mismo tiempo, este gobierno indujo al Estado en un gasto público exorbitante financiado por la privatización de muchos activos públicos, como hidroeléctricas, y el mayor fraude contra el Estado: Puertos de Colombia. Ese gasto no podía ser sostenible -un día se terminarían los activos- y precisamente por ello era inconveniente, pues reducir el gasto público es una tarea muy difícil -casi imposible- de lograr.

Recordar y no olvidar.
Marzo 21 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar212009/PRI

sábado, marzo 14, 2009

¿Nueva enemiga de la paz?

La Corte Suprema, mediante una sentencia, restringió la aplicación de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a aquellos delitos cometidos antes del 25 de julio del 2008, fecha en la que fue aprobada. El hecho deja por fuera de ella a miles de desmovilizados. Por ejemplo, sólo 7.000 paramilitares de los 32.000 que se desmovilizaron en la ceremonia se habían acogido a la Ley con anterioridad. Quedan también excluidos los guerrilleros que han desertado. A pesar de sus críticas, la Ley se ha mostrado efectiva, por el número de militantes que han optado por reintegrarse y más aún por las confesiones que han permitido conocer muchas verdades. Su inaplicabilidad es otro hecho que se suma a una larga lista de agravios que comete la Corte contra la institucionalidad y la Nación.

Entre los juicios que hace la Corte para justificar su decisión vale resaltar éste: “No podemos enviarle a la comunidad un pésimo mensaje, traducido en el hecho de que hasta las postrimerías del 2010 resultaría menos grave ejecutar el delito de genocidio que incurrir en un falso testimonio... ”.

La Corte estuvo preocupada por establecer cuál debe ser la escala de penas de los delitos y los mensajes que se envían a la comunidad. Esa función no le corresponde. Decidir la envergadura del castigo o lo que es conveniente para la sociedad es una tarea política que ejerce el Congreso. Si los honorables magistrados tienen interés en legislar deben hacerlo desde la institución designada por la Constitución para ello; necesitarán, entonces, ser elegidos por el voto popular como congresistas.

La misión de la Corte es jurídica y se limita a la interpretación normativa, a la luz de la Constitución y el querer del legislador -que tenía clara la importancia de generar instrumentos que nos acerquen a la paz-. El sentido de la Ley era contar con una herramienta para estimular la desmovilización de los violentos durante un plazo que coincida con el esfuerzo militar. Por supuesto genera incentivos suficientes para que los miembros deserten. Hay, pues, una claridad legislativa que debe ser respetada, a pesar de que los magistrados no compartan las implicaciones políticas.

Hay quienes atribuyen esta decisión de la Corte al enfrentamiento con el gobierno Uribe. Ésta sería una triste actuación que lesiona al Gobierno, que pierde credibilidad para lograr que el mayor número de miembros de los grupos al margen de la ley abandonen las armas, y hiere gravemente la Nación, que pierde la posibilidad de un proceso de paz a través de la desmovilización.

He aquí otro exabrupto que relieva la importancia de que las altas cortes estén en sintonía con las decisiones democráticas. No es conveniente que exista una rama del poder público que actúe como una rueda suelta, incluso contra los intereses de la Nación. Ello ocurre por un pobre diseño institucional. El poder soberano de la democracia debe jugar un papel -por minúsculo e indirecto que sea- en la elección de los funcionarios de alto nivel judicial. La cooptación, donde el cargo se lo asignan ellos mismos, es un sistema hermético que aleja de las realidades, aisla del querer social y es irresponsable: ¿quién puede pedirle cuentas a la Corte?

Marzo 14 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI

lunes, marzo 09, 2009

Los mensajes de Obama

Entre todo lo que ha sido el trámite de aprobación del TLC con EE.UU. –mecanismo de presión contra Bush, eslogan de campaña, comodín de oposición-, ha sobresalido la ignorancia del Partido Demócrata -encabezado por el actual Presidente- sobre las relaciones con Latinoamérica.

¿Qué mensaje desea enviar Obama a la región? Busca la aprobación del TLC con Panamá, a pesar de que ese Tratado había sido detenido porque allá se eligió como presidente de la Asamblea Nacional a Pedro Miguel González, quien en 1992 mató a un soldado norteamericano e hirió a otro y está pedido en extradición por EE.UU. Ahora que González terminó su período en ese cargo, pero continúa siendo legislador, el Tratado se puede aprobar. A Colombia, en cambio, hay que presionarla, porque nuestros esfuerzos no son suficientes.

El conflicto colombiano tiene su combustible en las drogas: las guerrillas pervertidas por las cantinas colmadas por el dinero son narcotraficantes, usan las páginas de ‘El capital’ para envolver coca, que después se vende en EE.UU. Innegablemente hay corresponsabilidad: no sólo quien la produce y la comercializa puede tildarse de delincuente; el consumidor final es la pieza que provee el estímulo monetario para que el engranaje funcione. Así que cuando Colombia padece el fenómeno de las drogas son responsables los narcotraficantes y los consumidores estadounidenses.

Vale recordar que la implementación del Plan Colombia con los requerimientos norteamericanos –fumigación- nos ha costado duros enfrentamientos con nuestros vecinos: Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros. Pero Colombia ha cumplido. Hemos combatido con la fuerza que nuestra institucionalidad permite y resistido la violencia, las represalias de los delincuentes y la presión diplomática. Entonces nuestro socio comercial más importante, -EE.UU., que nos exige luchar contra las drogas y al mismo tiempo nos las compra- decide que en este país se violan muchos derechos humanos.

Los esfuerzos del presidente Uribe redujeron el crimen: menos de cinco sindicalistas por cada cien mil son asesinados, mientras que de cien mil colombianos de a pie, 39 son asesinados. Eso significa una reducción de los homicidios desde el 2001 de más del 40% y del 80% para el caso de los sindicalistas. Más del 20% de las personas protegidas por el Estado son sindicalistas. Así también hemos reducido los secuestros, fortalecido la Justicia y recobrado la soberanía sobre el territorio. Todo ello con un esfuerzo humano titánico, pero seguimos atormentados por todos los males del narcotráfico.

Y claro que se siguen violando derechos humanos y se asesina y así seguirá siendo mientras nuestro conflicto se alimente de las drogas. No hay país que sea capaz de combatir narcoejércitos de criminales y mafias organizadas sin que ello pervierta la esencia misma de sus instituciones y comprometa su propia estabilidad. Lo han vivido otros países a menor escala como Italia y empieza a presentirlo México. Por supuesto que no es aceptable que los derechos humanos se violen y que deberíamos aspirar a que no haya ningún crimen en nuestra Patria. Pero todavía no aparece la formula mágica para hacerlo. Es un proceso largo y difícil que hemos iniciado.

Colombia no desea el crimen y no necesitamos más presión para saberlo. Gracias.
Marzo 9 de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/mar072009/PRI

domingo, marzo 01, 2009

El que nada debe…

Salvo las interceptaciones legales destinadas a hacer parte de un proceso penal, las interceptaciones telefónicas tienen intereses cuestionables. La mera interceptación de la línea es un problema menor. Oír conversaciones sólo por oírlas lesiona la privacidad, pero no es una ofensa grave, no implica ningún peligro real. Por eso el Código Penal la castiga con prisión de sólo 1 a 3 años. En general, la información procedente de la usurpación de la privacidad telefónica es una herramienta peligrosa, en la medida en que se utiliza. Por ello la pena aumenta un año. Pero no toda información es usable, sólo aquella que es relevante, secreta o turbia es útil; conversaciones irrisorias no tienen uso. Por supuesto si se utiliza para extorsionar se transforman en otro delito y la pena es de 8 a 15 años. Correlativamente, entre más oscura sea la información, más grave le parecerá al ‘chuzado’ haber sido grabado.

Hay medios de comunicación que pagan para tener grabaciones de personajes cuyas acciones pueden ser noticias de impacto. Basta recordar la explotación ‘periodística’ de la conversación privada del presidente Uribe con ‘El mechudo’ Herrera.

Protegidos por la llamada ‘libertad de prensa’ muchos medios consideran que pueden pervertir la institucionalidad. Se ha vuelto común cometer y tolerar delitos con la excusa de obtener la noticia: grabaciones ilegales, pago a funcionarios por información privada (como el que realizó un medio de comunicación a un miembro de las Fuerzas Armadas para obtener el video de la Operación Jaque, que es un evidente cohecho). Esto vuelve a poner de presente la necesidad de proferir una ley de prensa que les recuerde que el periodismo jamás puede delinquir para obtener las noticias.

Los regímenes totalitarios también son propensos a ‘chuzar’ ciudadanos y funcionarios; pero lo hacen con un propósito concreto: controlar y tomar medidas en contra de los disidentes. Así, no sólo los oyen sino que proceden a actuar. Es el caso de Carlos Galvis, cónsul colombiano en Venezuela. Ese país solicitó su retiro por la conversación privada que le grabó ese Gobierno. La falta de acciones del régimen contra los ‘chuzados’ descarta de plano esta alternativa.

Existe también la interceptación que pretende la extorsión. Para este escenario es necesario sorprender al grabado en un acto indebido, puede ser de índole amoroso o delictivo. Entonces el grabador –también delincuente- aprovecha la ocasión para obtener del ‘chuzado’ dinero o favores ilegales. Este mercado, cabe suponer, está dominado por los funcionarios del nivel medio que utilizan la infraestructura del Estado para hacer sus negocios delictivos. El país no puede conformarse con la renuncia de los jefes como responsables, es necesaria la sanción implacable contra los funcionarios ejecutores reales.

Esperamos, por supuesto, que este no sea el caso, pues ello implicaría que nuestros magistrados y otros funcionarios estarían comprometidos en acciones ilegales, rememorando las famosas conversaciones con Giorgio Sale y el inolvidable ‘miti miti’. Se requerirá la acción contundente de los entes investigativos para descartar esta opción.

Hasta ahora no se conoce ningún uso de la información. El único daño que se les ha causado a los ‘chuzados’ es la incomodidad de saberse oídos. No por ello se puede ignorar el hecho, podemos estar ante la punta de un iceberg.
28 de febrero de 2009
El Pais Cali