Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


viernes, junio 29, 2012

Poder público para todos

El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad. La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional. La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder. Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión. Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos. 29 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/poder-publico-para-todos

sábado, junio 23, 2012

Deforma a la Justicia

Lo que aprobó el Congreso es una afrenta contra la democracia colombiana, contra sus instituciones y el Estado de Derecho. Este Congreso prolífico en la promulgación de normas, paradójicamente ha sido también el padre de la legislación que les permite a ciertos colombianos no cumplirlas. Aprobó con el Marco Jurídico para la Paz, la impunidad para los narcoterroristas; y aprueba ahora con la Reforma a la Justicia, la impunidad para políticos, magistrados y un grupúsculo de poder que denomina ‘aforados’. De este parlamento habremos de recordar por siempre su pobre devoción por los conceptos básicos de la ley: la obligatoriedad y la generalidad. Sin embargo, las atrocidades consagradas en nuestra Constitución no son sólo atribuibles al Congreso; el Gobierno es igualmente culpable. En una habilidosa movida el Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Luego Esguerra, como ministro de Justicia, acompañó y protegió el proyecto. Dicen que la conciliación se hizo a sus espaldas, cómo si aquello los exculpara; el texto de conciliación fue dado a conocer en la plenaria de ambas cámaras; el ministro Esguerra conoció y le dio su apoyo al texto conciliado (que prácticamente recoge todo lo que aprobó el Senado en el sexto debate) y fervorosos los padrastros de la patria votaron para aprobarlo. Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas. Y aún si aquel intento -inconstitucional- es aceptado por el Congreso, lo que propone no enmienda el gran daño acometido. Las observaciones presidenciales recaen sobre cuatro temas, sólo dos de ellos importantes: la pérdida de la investidura por las inhabilidades y el régimen transitorio de quienes actualmente están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema; pero deja vigentes las demás ‘perlas’. Beneficios para los magistrados, 12 años de período y 70 años de edad de retiro forzoso; secretarios del Congreso ‘aforados’ para que roben sin peligros; le quitaron el poder a la Contraloría para investigar a los aforados, es decir el carrusel de pensiones de la Judicatura quedará rampante; el Procurador no podrá investigar a los congresistas ni a los magistrados, para que hagan fiestas en la indisciplina; los congresistas podrán inducir a otras personas para que den recursos a los partidos políticos… Ahora todos pretenden inocencia, incluso los más descarados prefieren reconocer su incompetencia como congresistas antes de aceptar su propia corrupción moral. Es una vergüenza que Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Liberal pretenda librarse de su responsabilidad política diciendo que no leyó el proyecto. ¿Qué clase de congresista aprueba proyectos de semejante importancia sin leerlos? ¿No le cabe una responsabilidad disciplinaria a quien no cumple con las funciones de su cargo? ¿Qué responde ante las acusaciones del Polo Democrático que lo señalan como un promotor de la votación de la Reforma, a tal extremo comprometido con su aprobación que incluso se negó a verificar el quórum? La crítica les cae también a los magistrados de las Altas Cortes quienes hacían declaraciones incendiarias contra el proyecto, pero se silenciaron complacientes ante el ofrecimiento de beneficios para ellos. Se trata de que todos puedan pensionarse como magistrados, que por arte de una sentencia de esa misma rama, equivale a recibir pensión de congresistas. ¡Hagámonos pasito! 22 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/deforma-justicia

sábado, junio 16, 2012

¿Paz con este Marco?

Se aprobó el Marco jurídico para la paz. Muchos están convencidos de que este es un paso que nos acerca a la ‘paz’. Basta recordar la historia reciente de Colombia para entender que se trata de un sueño, una ilusión de los colombianos. Lo cierto es que construir la paz es mucho más complejo de lo que desearíamos. Ojalá la paz pudiera conseguirse a través de una decisión legal. Sea lo primero, reflexionar por un momento en la noción de ‘paz’. Es un término cuyo uso reiterado lo ha ido vaciando de contenido. La paz para los colombianos es una idealización personalísima e íntima que no se limita a la negociación con uno o dos grupos de criminales. Esas negociaciones tienen resultados positivos, pues siempre será bueno tener menos personas en armas, sin embargo no pueden llamarse paz. Lo hemos vivido, luego de que desaparece por negociación un grupo, aparece otro. El narcotráfico y la cultura mafiosa han destruido la lógica de la vida en sociedad y los millones de dólares del ilícito financian e invitan a nuevos y peores crímenes. Es un círculo que además se nutre de que el resultado final de los violentos es positivo. El mensaje, ya aprendido por muchos, es que después de muchos años de violencia es posible ser perdonado y obtener, además, réditos políticos. Han existido ya muchas ofertas de amnistía e indultos, pero nunca han sido suficientes para las Farc. El expresidente Betancur hizo un intento de similar envergadura a las Farc, cuando todavía no era narcotraficante, y lo rechazaron categóricamente, el M-19 en cambio la abrazó y se reinsertó a la vida nacional. El expresidente Pastrana también se la jugó por un acuerdo, confiado en que alcanzaría un resultado fue generoso en ofertas y concesiones. La respuesta soberbia y ruin de los violentos bien la conoce el país. Es probable que no haya ningún diálogo y que de haberlo no se obtenga resultado. Las Farc no están interesadas tan sólo en un perdón y olvido. Si en ese grupo subsiste alguna ideología política no van a transarse tan sólo por concesiones en el ámbito judicial. Exigirán que Colombia se convierta en un Estado socialista o comunista. Pedirán una constituyente, representación política y una serie de privilegios y cesiones que no son posibles. No sólo porque es moralmente inaceptable que los violentos nos impongan las formas de gobierno, sino además porque ninguna nación de estos tiempos podría vincular a los terroristas, a los narcotraficantes como agentes del liderazgo político. Sería un exabrupto, un atropello al derecho internacional y a las víctimas. Si, en cambio, las Farc carecen de ideología política, la negociación tampoco es fácil. Se trata de agentes del narcotráfico y criminales que han ensamblado una sofisticada máquina de poder que se sustenta en el miedo de las comunidades. ¿Qué podría ofrecerles el Estado que pudiera compensar esos recursos? ¿Qué les otorgará igual sensación de superioridad sobre el resto de los colombianos? El Marco es un error estratégico. No se puede iniciar una negociación habiendo cedido todo lo que se pretendía conceder. Se estableció como mínimo, lo que debía ser el resultado final. Si había que hacer un ejercicio para limitar la justicia transicional hubiera sido necesario establecer más bien límites para que los gobernantes de turno no entreguen más de lo que la sociedad estaría dispuesta a entregar. Una legislación como la que se aprobó es una invitación para que los gobernantes sedientos de vanidad busquen resultados, sin pensar en el largo plazo. El País - 15 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paz-con-este-marco

sábado, junio 09, 2012

De Santos, con amor

La crisis económica en Europa ha dejado claro que los Estados de Bienestar están llamados a fracasar. Pese a lo conveniente que resultaría que el Estado sea capaz de proveer todas aquellas prebendas sociales a las que aspiramos, la economía de las naciones impone límites. Romperlos es fácil, pero las consecuencias son implacables. Eso, precisamente, fue lo que le recordó Santos a los europeos cuando estuvo de viaje por Turquía: hay que ajustarse el cinturón para poder manejar bien la hacienda pública. Sin embargo, esos son consejos que da, pero no aplica. Nuestro país está precipitado a las políticas del regalo y las concesiones. Aquello facilita el arte de gobernar: todo cuanto sería conveniente tener se concede. Lo que no se le dice a la sociedad es que ésta manera prolífica de dar, pasará en el mediano plazo una cuenta de cobro que no podremos pagar. La lista, apenas parcial de los regalos, se inicia con la llamada Ley de Víctimas donde cada una tendrá derecho a una indemnización de máximo $20 millones; en las parcas cuentas del Gobierno vale $54,9 billones. Las 100 mil viviendas con un costo de $3,7 billones más $500 mil millones adicionales para costos financieros. $1,4 billones para subsidiar las tasas de interés de las viviendas para los más pobres. Un billón más para subsidiar las tasas de interés de los créditos del Icetex para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Una suma todavía indeterminada, pero cuyos cálculos de inician en $1,8 billones para atender tan sólo al primer grupo de adictos a las drogas que lo constituyen unas 300 mil personas. Hay un regalo más, también de valor por establecerse, otorgado por el Ministerio del Trabajo que descentralizó y avaló las negociaciones con el sindicalismo estatal. Revirtió así, de un solo golpe, el esfuerzo del Gobierno anterior, que encontró la tragedia de que las empresas estatales y muchos otros organismos del sector público estaban quebrados por los malos manejos que se había dado a las negociaciones con los sindicatos (donde cada gerente -con visión de corto plazo- otorgaba beneficios ilimitados y sin consideraciones fiscales para garantizar que su gestión no fuera torpedeada por el sindicato o los trabajadores). No vamos a discutir la pertenencia de estos regalos, pues es evidente que siempre será mejor lo más que lo menos. El debate no es si son o no deseables; la pregunta gira en torno a la manera como vamos a poder costearlos. Hay restricciones presupuestales que no pueden desconocerse, pues a pesar de que podamos recurrir a créditos, conceder derechos cuya financiación se extiende en el tiempo, al final vamos a tener que pagarlos. Cuando el Estado otorga estos regalos el inmediato beneficiario es el gobernante de turno que los otorga, goza de popularidad entre las masas que se sienten conmovidas por su generosidad. Sin embargo estos regalos no los paga -ni mucho menos- el mandatario sino el agregado de la sociedad. Cada uno de nosotros tendrá que aportar en mayor o menor medida para pagar estas concesiones. Es preocupante que semejante andanada de beneficios se otorgue ad portas de una crisis económica global. Nuestra floreciente pero frágil economía no será inmune al movimiento global. Nuestros ingresos engordados por los precios del petróleo empiezan a verse disminuidos por el precio del mercado. Ya comienzan a notarse signos no muy alentadores en la economía; las exportaciones disminuyen, la construcción decae y el precio de los comodities está en picada mientras nuestra moneda sigue siendo la más revaluada en el mundo. El País- 8 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-con-amor

sábado, junio 02, 2012

La fiesta del secuestro

Nos alegramos que del periodista francés Roméo Langlois esté libre; es bueno saber que son menos los que están secuestrados. Sin embargo, el espectáculo de su liberación, con camarógrafos, periodistas y fiesta, contrasta con el destino triste y el desinterés que demuestra el país ante el secuestro de tantos colombianos. Son muchos los nacionales que hoy no pueden volver a sus casas, muchas las familias que están siendo extorsionadas para pagar por la vida y la libertad de sus seres queridos. Hay también otras familias que lloran en silencio, pues ni siquiera podrían pagar un rescate. No sólo por la falta de recursos, sino porque sus niños fueron secuestrados para ser reclutados. Niños a los que se les arrebata la niñez, la vida misma, para convertirlos en la carne de cañón de los criminales. Niños que en el mejor de los casos crecen en la cultura de la destrucción y la violencia. El país conoció, no hace mucho, del secuestro de 13 niños en el Putumayo destinados al reclutamiento forzado. Algunos se atreven a decir que se trata de vinculaciones voluntarias; como si un niño pudiera resistir esa propuesta; como si sus familias tuvieran la opción de aconsejarlos y oponerse. Leí un Twitter donde se sugería que algunos ciudadanos franceses adoptaran a esos niños, a ver si el gobierno francés tomaba acciones en el asunto. El cometario es triste, revela la indolencia que nos caracteriza como sociedad, muestra un Estado que no se duele de sus nacionales. Es triste, preocupante y requiere un cambio de actitud, pues si fueran niños de otra nacionalidad nuestra reacción sería distinta; más parecida a la que ha rodeado el secuestro y liberación del periodista francés. Sin embargo, no resulta positivo que las reacciones del Gobierno y de la sociedad estén mediadas por las presiones internacionales. Colombia necesita hacerse responsable de sus problemas. La intervención de la comunidad internacional en nuestros conflictos ha sido negativa. No sólo convierte a ciertos personajes de la vida nacional en vedettes de la prensa internacional, sino que al mismo tiempo nos autoriza a la irresponsabilidad e indiferencia. Sólo nos importa lo que los otros, los extranjeros, señalan como importante. Además habría que reflexionar en torno a las diferentes organizaciones internacionales que viven del conflicto colombiano -pues su trabajo depende de la permanencia de los problemas- y pese a sus buenas intenciones, que llegan con visiones parcializadas, sin haber vivido lo que nosotros ya hemos pasado. Precisamente por eso, la propuesta de las Farc de buscar la intervención internacional para resolver nuestros problemas, es, al menos, atrevida. Una comunidad que gestiona soluciones o indica decisiones que no los afectan, pues no las van a vivir, ni su historia estará marcada por esas decisiones. Celebramos entonces, que el presidente francés Hollande haya manifestado el respeto a los asuntos internos de nuestra nación. Colombia es un país capaz de resolver sus propios problemas, lo que hemos vivido debe acercarnos a los consensos y madurez social necesarias para hacerlo. Lo primero, es que el dolor de cada uno de los colombianos nos sea propio. No hay por qué cerrar los ojos, dejar de sentir lo que estamos viviendo; no porque la gran prensa internacional no atienda un asunto, este carece de significación. Colombia debe mirarse de frente, integrarse como nación y exigirle a las Farc que libere a todos los secustrados, incluidos los niños que arranca de sus familias, y que cese, de una vez y por todas, las acciones terroristas. El País - 1 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fiesta-del-secuestro