La noticia de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo está defraudando el Estado, utilizando los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tan grave, que aún en vísperas electorales he preferido referirme a este asunto.
Dicen los del Colectivo que devolverán el dinero que recibieron; claro que tiene que devolverlo indexado al valor presente; pero no sólo eso, debe haber cárcel para los responsables, incluso retiro de las tarjetas profesionales. La gravedad del hecho no admite nada distinto; las sanciones tienen que ser ejemplarizantes y definitivas; que desalienten cualquier conducta similar, ahora que estamos próximos a la aplicación de la Ley de Víctimas.
La investigación tiene que recaer sobre los miembros del Colectivo de Abogados; pues son ellos los que constituyen los paquetes probatorios, los que deben realizar la investigación y presentar el caso. No pueden hacerle creer a la opinión que ellos son víctimas de gente sencilla, campesinos atormentados por la violencia; y que fueron esos campesinos quienes planearon una defraudación de esa magnitud. Los representantes legales, que elevan los asuntos hasta las causas internacionales no pueden excusarse en que les dijeron mentiras; ¿acaso no investigan?
Es un hecho previsible que en un país pobre sean muchos los que intentan obtener beneficios que no les corresponden. Pasa en las catástrofes naturales; luego de un terremoto, por ejemplo, la gente sin vivienda, se desplaza hasta los sitios afectados para recibir auxilios; así también en el tema de desplazados. Todos lo sabemos, una oficina de abogados dedicada a reclamar también lo sabe. La responsabilidad de los abogados no se limita a la rigidez en la presentación de los casos; en la elaboración de un proceso hay investigación, búsqueda de pruebas, corroboración de hechos, en fin, un trabajo profesional. Al presentarlo frente a la Corte el abogado debe saber más del caso que la víctima. Lo contrario es aceptar que los abogados son sólo una herramienta para escribir cualquier cosa y presentarla sin responsabilidad. Los abogados son estudiados, son quienes conocen, quienes dirigen. ¿Cómo una masacre de 10 personas se vuelve de 50 en manos de los abogados? ¿Cómo, si la Fiscalía colombiana en la misma investigación puede establecer la verdad?
Más aún, la señora Mariela Contreras, que fue indemnizada por la masacre de Mapiripán, perdió a su esposo a manos de los Paras -en otro acto violento- y sus hijos desaparecieron en un municipio cercano, sostiene que son los abogados quienes negociaron con la masacre, y que fueron ellos quienes abusaron de su ignorancia. Es un testimonio desgarrador y triste, donde queda constancia de que el Colectivo de Abogados puede ser la cabeza de el un nuevo carrusel: el de las víctimas.
Este Colectivo de Abogados ha sido señalado muchas veces por su cercanía con el terrorismo; como aliados de las Farc y del ELN. Este mismo Colectivo ha sido vehemente en la persecución de los militares colombianos; los trata de asesinos y delincuentes; son abanderados en la búsqueda de falsos positivos, masacres o hechos de los cuales sea posible deducir responsabilidad para los militares; ¿será todo aquello la estrategia para cerrar ese negocio del que se lucran?
Ya se habla de las defraudaciones en otras masacres y casos. ¿Son estos los falsos positivos del terrorismo, que encierran en la cárcel a los militares colombianos para llenarse los bolsillos de billetes con le roban al Estado?
28 octubre de 2011
http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/falsos-positivos-del-terrorismo
viernes, octubre 28, 2011
viernes, octubre 21, 2011
Garzón importado es mejor
La OEA presentó un informe sobre Justicia y Paz liderado por Baltasar Garzón. El informe no dice nada relevante; está el recordatorio de que en el 2014 quedarán libres la mayoría de los miembros de las AUC, entre ellos los jefes. Eso ya se sabía. Lo novedoso, si algo, es sugerir el cambio de la forma de investigación para buscar la macroestructura del paramilitarismo, donde se le ofrecería principio de oportunidad a políticos y militares que confiesen sus vínculos con esa estructura criminal.
Los beneficios para quienes implican a otros se ha convertido en un fenómeno que desdibuja aún más la Justicia colombiana. Aquello sólo serviría para que la verdad fuera más difusa, pues estas confesiones pagadas con beneficios son, a lo menos, dudosas. Entre otras cosas porque no resulta sorprendente que un delincuente -que se atreve a matar-, mienta para obtener beneficios. Además la Justicia colombiana -invirtiendo los principios del derecho- presume la culpa, y cualquier declaración se convierte en prueba contra los ciudadanos.
El informe es lo que se esperaba: un enfoque externo que desconoce las realidades del país, y que se valora por ese vicio colombiano de apreciar todo lo que es externo. Lo cierto es que tenemos expertos que han estado vinculados a los procesos, que conocen las realidades colombianas y las dificultades intrínsecas a ella, pero los trabajos nacionales son eclipsados por este importado, que tiene además, una falsa vedette.
Garzón no es el gran juez que se le presenta al país. Está suspendido de su cargo por la jurisdicción española, tras haber intentado iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes del franquismo, a pesar de que existe normativa precisa que no lo permite. Pese a toda la polémica en el caso, donde se discute la pertinencia de las normas que impiden estas investigaciones, Garzón quiso violentar los acuerdos que surgieron como parte de una negociación de transición entre los gobiernos; equivaldría a abrir investigaciones contra el M-19 a pesar de que el Estado ya otorgó indulto. En el complejo caso han sido recusados y retirados los magistrados que se encargaban de juzgarlo y hay protestas de varios segmentos de la población, unos en contra y otros a favor.
Garzón está involucrado en un escándalo por la inapropiada cacería que compartiera con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando estaba investigando el ‘caso Gürtel’, una supuesta corrupción del Partido Popular. Tiene además otras dos causas en el Tribunal Superior en su contra; una por el mismo ‘caso Gürtel’, donde el Juez Garzón ordenó interceptaciones de conversaciones ilegales, las cuales fueron anuladas por la Sala Penal, y por lo tanto las pruebas fueron eliminadas del sumario. Aquella ilegalidad en las medidas dio lugar a la segunda suspensión de Garzón. La otra causa en su contra es por prevaricato y cohecho originadas en el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, luego de que el mismo Garzón le enviara una carta a Botín solicitándole los recursos para financiar unos seminarios suyos en la Universidad de Nueva York y el banco se los otorgara. Botín sostiene que aquellos recursos eran para la universidad y no para Garzón.
En este estado de cosas, pontifica Garzón en Colombia, para recordarnos que los colonizadores son siempre más sabios y mejores. Sin importar qué tan investigados o cuestionados estén, les otorgamos el título de infalibles. Con ellos nos sentimos importantes, pues nos dan una falsa idea de aprobación internacional.
21 de octubre de 2011http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/garzon-importado-mejor
Los beneficios para quienes implican a otros se ha convertido en un fenómeno que desdibuja aún más la Justicia colombiana. Aquello sólo serviría para que la verdad fuera más difusa, pues estas confesiones pagadas con beneficios son, a lo menos, dudosas. Entre otras cosas porque no resulta sorprendente que un delincuente -que se atreve a matar-, mienta para obtener beneficios. Además la Justicia colombiana -invirtiendo los principios del derecho- presume la culpa, y cualquier declaración se convierte en prueba contra los ciudadanos.
El informe es lo que se esperaba: un enfoque externo que desconoce las realidades del país, y que se valora por ese vicio colombiano de apreciar todo lo que es externo. Lo cierto es que tenemos expertos que han estado vinculados a los procesos, que conocen las realidades colombianas y las dificultades intrínsecas a ella, pero los trabajos nacionales son eclipsados por este importado, que tiene además, una falsa vedette.
Garzón no es el gran juez que se le presenta al país. Está suspendido de su cargo por la jurisdicción española, tras haber intentado iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes del franquismo, a pesar de que existe normativa precisa que no lo permite. Pese a toda la polémica en el caso, donde se discute la pertinencia de las normas que impiden estas investigaciones, Garzón quiso violentar los acuerdos que surgieron como parte de una negociación de transición entre los gobiernos; equivaldría a abrir investigaciones contra el M-19 a pesar de que el Estado ya otorgó indulto. En el complejo caso han sido recusados y retirados los magistrados que se encargaban de juzgarlo y hay protestas de varios segmentos de la población, unos en contra y otros a favor.
Garzón está involucrado en un escándalo por la inapropiada cacería que compartiera con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando estaba investigando el ‘caso Gürtel’, una supuesta corrupción del Partido Popular. Tiene además otras dos causas en el Tribunal Superior en su contra; una por el mismo ‘caso Gürtel’, donde el Juez Garzón ordenó interceptaciones de conversaciones ilegales, las cuales fueron anuladas por la Sala Penal, y por lo tanto las pruebas fueron eliminadas del sumario. Aquella ilegalidad en las medidas dio lugar a la segunda suspensión de Garzón. La otra causa en su contra es por prevaricato y cohecho originadas en el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, luego de que el mismo Garzón le enviara una carta a Botín solicitándole los recursos para financiar unos seminarios suyos en la Universidad de Nueva York y el banco se los otorgara. Botín sostiene que aquellos recursos eran para la universidad y no para Garzón.
En este estado de cosas, pontifica Garzón en Colombia, para recordarnos que los colonizadores son siempre más sabios y mejores. Sin importar qué tan investigados o cuestionados estén, les otorgamos el título de infalibles. Con ellos nos sentimos importantes, pues nos dan una falsa idea de aprobación internacional.
21 de octubre de 2011http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/garzon-importado-mejor
miércoles, octubre 19, 2011
A prepararse para el TLC
La aprobación del TLC con Estados Unidos da un buen prospecto para Colombia. Abre oportunidades de negocios como los biocombustibles, frutas y verduras, cueros, carnes, en fin. Por otro lado, llegarán muchos productos sin arancel que darán nuevas posibilidades a los consumidores. Este nuevo mercado implica retos para los productores colombianos y para los consumidores. Por ejemplo, los cuartos traseros de pollo a precios accesibles son una buena noticia para quienes hoy no tienen el dinero para comprarlos; el número de personas que podrán comer pollo aumentará y eso es positivo. La otra cara de la moneda es el peligro que ello representa para la industria colombiana, que puede sufrir una baja sustantiva en sus ventas y llegar a la quiebra, lo que significaría la perdida de empleos directos e indirectos. Para evitar semejante escenario los consumidores deben tener conciencia nacional y responsabilidad a la hora de comprar.
Cuando un consumidor enfrenta la decisión de compra, no sólo debe atender las razones de precio; cuando puede hacerlo las consideraciones de calidad y en este caso de nacionalidad deben ser evaluadas. Estará en manos de los consumidores colombianos la posibilidad de privilegiar en sus compras los productos del país. Para ello será necesario que los productores distingan sus productos con un sello de nacionalidad, que debe ser un programa abanderado por el Gobierno, que le dé a lo nuestro un valor adicional ante los ojos de los consumidores colombianos, y nos invite a proteger la industria nacional de acuerdo a nuestras posibilidades monetarias. La actitud de los consumidores, de cada uno de nosotros, será una pieza que definirá en gran medida en futuro de muchas de las industrias nacionales.
Por otro lado, están los retos de infraestructura. El agro necesita apoyos decididos, y no amenazas. Las posiciones duales del gobierno sobre la reforma agraria están alejando la inversión del sector, y para poder competir se necesitará mucha. La estabilidad jurídica, junto a los incentivos, es pieza clave. El país tampoco podrá competir si no tiene los mecanismos necesarios para transportar los productos. La llegada y salida de los puertos sigue siendo difícil y costosa. A pesar de las gigantescas inversiones realizadas en el mejoramiento de la vía a Buenaventura su estado es lamentable y empeora con cada invierno. La ruta a los puertos del Caribe también está en malas condiciones y las obras de la Ruta del Sol son lentas. A pesar de los esfuerzos de mejorar las vías, el país tiene un retraso inaceptable. El túnel de La Línea soluciona en parte el asunto, pero deja la vía en el otro sentido sin solución. La ruta por el Huila y el Cauca es fundamental y los reparos regionalistas que se le oponen no pueden afectar el desarrollo nacional. Además conviene incentivar otros tipos de transporte como el ferroviario y el fluvial que le darían al país nuevas alternativas, y abaratan los costos de transporte y los tiempos de entrega.
Ahora bien, hay que considerar de manera prioritaria el cambio de ubicación de la capital administrativa de Colombia. La situación geográfica de Bogotá no favorece el comercio. Hay que subir una cordillera y media para llegar a ella y eso encarece los costos y no facilita los trámites. Colombia necesita una capital administrativa que esté sobre las costas, Caribe o Pacífica, con un gran puerto y todas las autoridades del gobierno ubicadas ahí. Entre otras cosas, eso ayudaría a solventar los problemas de la capital, que está colapsada y cuya expansión amenaza la sostenibilidad de la Sabana.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prepararse-para-tlc
14 de octubre de 2011
Cuando un consumidor enfrenta la decisión de compra, no sólo debe atender las razones de precio; cuando puede hacerlo las consideraciones de calidad y en este caso de nacionalidad deben ser evaluadas. Estará en manos de los consumidores colombianos la posibilidad de privilegiar en sus compras los productos del país. Para ello será necesario que los productores distingan sus productos con un sello de nacionalidad, que debe ser un programa abanderado por el Gobierno, que le dé a lo nuestro un valor adicional ante los ojos de los consumidores colombianos, y nos invite a proteger la industria nacional de acuerdo a nuestras posibilidades monetarias. La actitud de los consumidores, de cada uno de nosotros, será una pieza que definirá en gran medida en futuro de muchas de las industrias nacionales.
Por otro lado, están los retos de infraestructura. El agro necesita apoyos decididos, y no amenazas. Las posiciones duales del gobierno sobre la reforma agraria están alejando la inversión del sector, y para poder competir se necesitará mucha. La estabilidad jurídica, junto a los incentivos, es pieza clave. El país tampoco podrá competir si no tiene los mecanismos necesarios para transportar los productos. La llegada y salida de los puertos sigue siendo difícil y costosa. A pesar de las gigantescas inversiones realizadas en el mejoramiento de la vía a Buenaventura su estado es lamentable y empeora con cada invierno. La ruta a los puertos del Caribe también está en malas condiciones y las obras de la Ruta del Sol son lentas. A pesar de los esfuerzos de mejorar las vías, el país tiene un retraso inaceptable. El túnel de La Línea soluciona en parte el asunto, pero deja la vía en el otro sentido sin solución. La ruta por el Huila y el Cauca es fundamental y los reparos regionalistas que se le oponen no pueden afectar el desarrollo nacional. Además conviene incentivar otros tipos de transporte como el ferroviario y el fluvial que le darían al país nuevas alternativas, y abaratan los costos de transporte y los tiempos de entrega.
Ahora bien, hay que considerar de manera prioritaria el cambio de ubicación de la capital administrativa de Colombia. La situación geográfica de Bogotá no favorece el comercio. Hay que subir una cordillera y media para llegar a ella y eso encarece los costos y no facilita los trámites. Colombia necesita una capital administrativa que esté sobre las costas, Caribe o Pacífica, con un gran puerto y todas las autoridades del gobierno ubicadas ahí. Entre otras cosas, eso ayudaría a solventar los problemas de la capital, que está colapsada y cuya expansión amenaza la sostenibilidad de la Sabana.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prepararse-para-tlc
14 de octubre de 2011
viernes, octubre 07, 2011
¿Privilegios para los violentos?
La niña Nohora Valentina fue secuestrada. El país se debate entre la indiferencia surgida de soportar este fenómeno por ya muchos años, y el desconcierto de que se reviva una de las practicas más ruines que haya conocido el terrorismo. Secuestrar es traficar con personas; es venderle a la familia o a la sociedad uno de sus miembros.
Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.
Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.
La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.
Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.
Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.
Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.
La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/privilegios-para-violentos
7 de octubre de 2011
Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.
Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.
La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.
Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.
Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.
Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.
La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/privilegios-para-violentos
7 de octubre de 2011
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