Es evidente que las Farc están sobreviviendo a una de las crisis más serias que hayan conocido. Han tenido bajas como nunca antes y su cúpula directiva, otrora intocable, tiene que estar refundida para no perecer. Ello no significa que estén derrotados y mucho menos decididos a desistir. Las nuevas condiciones los obligan a replantear la lucha armada y estimula el acercamiento a un diálogo que le dé rendimientos políticos al fracaso que viven.
Muchos sostienen que las Farc están intentando desesperadamente abandonar el narcotráfico buscando nuevos medio de financiación. Se trata de una movida interesante que pretende liberarlos del yugo de narcotraficantes y volver a la lucha armada subversiva. Sólo así podrían consolidar alianzas y alejarse de enemigos como los gringos que no les perdonan su vínculo con el tráfico de drogas. Es un intento para dar un paso hacia afuera de las listas de terroristas. Aquello que en el contexto internacional parecería una buena noticia no lo será para Colombia.
Muchos señalan un recrudecimiento de los delitos más odiosos y terribles contra los nacionales; la extorsión y el secuestro estarían aumentando en varias zonas. El Cauca, los Llanos y regiones que habían vivido un receso de estos vicios anuncian que han sentido la arremetida de los violentos para este final de año con vehemencia. Este fenómeno contrasta con la liberación de secuestrados que se espera para el principio de año, pues lanza a la opinión internacional el mensaje contrario.
Con esta movida las Farc están devolviéndole a Piedad Córdoba presencia e importancia estratégica justo ahora que había sido sancionada por la Procuraduría. Se trata de una medida inteligente; el Gobierno no podía oponerse a las liberaciones y al no hacerlo le ha otorgado a Córdoba una especie de indulto práctico. Sigue siendo ella la comisionada para adelantar tales negociaciones y para representar a la sociedad colombiana ante esa organización dedicada al terror. Córdoba, como quedó probado en la providencia del Procurador, aprovecha estas ocasiones no sólo para liberar a los secuestrados -misión en la que ha sido exitosa- sino que lo hace dando asesoría política a esos asesinos y delincuentes.
La pertinencia del diálogo sigue siendo muy debatida. Quienes la recomiendan sostienen que es la única manera de terminar con la organización. El diálogo es costoso. Las ofertas sociales deben ser suficientemente atractivas para convencer para que los grupos al margen de la ley abandonen las armas. Innumerables crímenes serían perdonados y portentosos asesinos, secuestradores, terroristas obtendrían beneficios. En la negociación con los paramilitares hubo quienes consideraron un exceso las rebajas de penas y eso que éstas eran de prisión.
Nuestra historia está plagada de casos donde la violencia ha sido mecanismo eficaz para obtener resultados políticos. Se trata de una costumbre macabra que tiene que ser extirpada como el peor de los cánceres. Un nuevo diálogo sería una forma más de probarle al colectivo colombiano que la violencia continúa siendo efectiva para obtener beneficios políticos. Simbólicamente debilita los cimientos de la democracia y dilata que el Estado sea el único monopolista de las armas, como lo exige un Estado nacional maduro.
No dialogar implica más violencia ahora, cuando somos nosotros los que estamos vivos; pero podría ser un sacrificio por el futuro. Es un dilema.
El Pais, Cali. 25 de diciembre de 2010
jueves, diciembre 30, 2010
jueves, diciembre 23, 2010
Renacer liberal
Pocas veces unirse en el último momento a una campaña presidencial triunfadora genera algún beneficio, pero el Partido Liberal, luego de apoyar a Santos en la segunda vuelta, se ha convertido en el mayor ganador político de esta elección. Su posición ha ido ganando espacio y se proyecta hacia un crecimiento mayor.
La unión de los liberales con Cambio Radical parece estar a punto de concretarse. Evidentemente, se trata de un esfuerzo liderado por el ministro del Interior, Vargas Lleras, y que no ha sido desaprovechado por las directivas rojas. Con este acto los partidarios de Santos se parten en dos grupos diferenciables: antiuribistas y uribistas. Y la nueva configuración política devela que, tal y como la opinión pública lo percibía, la victoria de Santos ha favorecido más a partidos antiuribistas.
Muchos sostenían que Vargas Lleras usaría su posición para reacomodar y consolidar al Partido Liberal, necesario para su proyecto político. El desgaste de su relación con Uribe lo alejó del apoyo de la U; y los conservadores han sido siempre lejanos a sus aspiraciones. Los liberales se afilian con Vargas Lleras sin dificultad, pues no sólo fueron antes una sola fuerza, sino que el Ministro está en condiciones de acercárseles con ofertas de poder concreto y, más aún, con un proyecto con vigorosos propósitos para la carrera presidencial.
El asunto es interesante, pues plantea dos escenarios; en el primero Vargas Lleras enfrentará a Santos en las elecciones para presidente. De ser así, parece extraño que Santos permita que el ministerio del Interior actúe en contra de sus propios intereses futuros. La segunda alternativa es que Santos intentará mantener el liderazgo entre los dos grupos (liberales-Cambio y conservadores-U); lo que supone compromisos muy sólidos entre Santos y Vargas Lleras, además de un reto difícil.
Las abrumadoras cifras de respaldo al presidente Santos pueden significar dos cosas: él ha logrado atender asuntos que nos congregan a todos; o bien, no ha enfrentado aún la necesidad de mostrar favoritismo hacia ninguno de los dos sectores. Lo cierto es que existe una crisis latente en las relaciones con los conservadores y la U, que se agravará con la unión, pues el Ministro de la política estará comprometido con uno de los grupos.
Se avizoran mayores dificultades por la proximidad de las elecciones regionales. Ahí la nueva alianza tendrá su primer efecto; los liberales-Cambio irán unidos y con el respaldo del gobierno; los godos y la U -todavía sin acuerdos- irán también con apoyo gubernamental. El enfrentamiento entre los dos grupos medirá no sólo el respaldo popular, sino, y sobretodo, la posibilidad de que Santos siga ostentando esa posición suprema ante los dos bandos. Las naturales aspiraciones de poder ahondaran las diferencias y presionarán a Santos, quien pretenderá jugar un papel neutral para mantenerse sobre ambos.
Aún aceptando que Santos puede lograr la concertación entre los uribistas y antiuribistas, sobreviene la cuestión de si es deseable. El país ha perdido potencia en el debate político. Parece que estamos regresando a aquellas etapas cuando todos los partidos eran gobiernistas y lo que pasaba quedaba invisibilizado por los acuerdos entre todos.
La participación de Uribe en las elecciones regionales puede ayudar a detener este fenómeno de confusión política. Cada partido debe izar sus ideales para que el país vea en que consiste cada ideología.
El Pais, Cali. 17 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/renacer-liberal
La unión de los liberales con Cambio Radical parece estar a punto de concretarse. Evidentemente, se trata de un esfuerzo liderado por el ministro del Interior, Vargas Lleras, y que no ha sido desaprovechado por las directivas rojas. Con este acto los partidarios de Santos se parten en dos grupos diferenciables: antiuribistas y uribistas. Y la nueva configuración política devela que, tal y como la opinión pública lo percibía, la victoria de Santos ha favorecido más a partidos antiuribistas.
Muchos sostenían que Vargas Lleras usaría su posición para reacomodar y consolidar al Partido Liberal, necesario para su proyecto político. El desgaste de su relación con Uribe lo alejó del apoyo de la U; y los conservadores han sido siempre lejanos a sus aspiraciones. Los liberales se afilian con Vargas Lleras sin dificultad, pues no sólo fueron antes una sola fuerza, sino que el Ministro está en condiciones de acercárseles con ofertas de poder concreto y, más aún, con un proyecto con vigorosos propósitos para la carrera presidencial.
El asunto es interesante, pues plantea dos escenarios; en el primero Vargas Lleras enfrentará a Santos en las elecciones para presidente. De ser así, parece extraño que Santos permita que el ministerio del Interior actúe en contra de sus propios intereses futuros. La segunda alternativa es que Santos intentará mantener el liderazgo entre los dos grupos (liberales-Cambio y conservadores-U); lo que supone compromisos muy sólidos entre Santos y Vargas Lleras, además de un reto difícil.
Las abrumadoras cifras de respaldo al presidente Santos pueden significar dos cosas: él ha logrado atender asuntos que nos congregan a todos; o bien, no ha enfrentado aún la necesidad de mostrar favoritismo hacia ninguno de los dos sectores. Lo cierto es que existe una crisis latente en las relaciones con los conservadores y la U, que se agravará con la unión, pues el Ministro de la política estará comprometido con uno de los grupos.
Se avizoran mayores dificultades por la proximidad de las elecciones regionales. Ahí la nueva alianza tendrá su primer efecto; los liberales-Cambio irán unidos y con el respaldo del gobierno; los godos y la U -todavía sin acuerdos- irán también con apoyo gubernamental. El enfrentamiento entre los dos grupos medirá no sólo el respaldo popular, sino, y sobretodo, la posibilidad de que Santos siga ostentando esa posición suprema ante los dos bandos. Las naturales aspiraciones de poder ahondaran las diferencias y presionarán a Santos, quien pretenderá jugar un papel neutral para mantenerse sobre ambos.
Aún aceptando que Santos puede lograr la concertación entre los uribistas y antiuribistas, sobreviene la cuestión de si es deseable. El país ha perdido potencia en el debate político. Parece que estamos regresando a aquellas etapas cuando todos los partidos eran gobiernistas y lo que pasaba quedaba invisibilizado por los acuerdos entre todos.
La participación de Uribe en las elecciones regionales puede ayudar a detener este fenómeno de confusión política. Cada partido debe izar sus ideales para que el país vea en que consiste cada ideología.
El Pais, Cali. 17 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/renacer-liberal
miércoles, diciembre 08, 2010
Wikileaks
El escándalo de Wikileaks develó funciones de la diplomacia que sorprendieron a muchos, sin que aquellas disten mucho de las actividades diplomáticas primigenias. Cuando los Estados desconfiaban unos de los otros y eran potenciales enemigos, la figura de un diplomático era una garantía. Se trataba de un emisario, autorizado para estar cerca del gobernante vecino y comportarse como los ojos del país que representaba en medio de un contexto extranjero. Esos ojos debían estar ahí para observar, sacar conclusiones e informar de los desarrollos políticos. Era fundamental para garantizar que todo lo que hacía un gobierno podía ser visto por los otros.
La diplomacia sigue siendo lo mismo que era: una especie de espionaje que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en la desconfianza. Eso es lo que vemos en Wikileaks, los informes sobre lo que se sabe y se observa de los gobiernos extranjeros.
Si bien los hechos revelados no sorprenden pues analistas políticos ya los pronosticaban, adquieren una certeza perturbadora. El reconocimiento tácito de Brasil sobre el refugio que da Venezuela a guerrilleros de las Farc le da la razón a Uribe y cuestiona toda la movida diplomática del gobierno Santos para recuperar la amistad con el vecino. Así mismo, se muestra que las alianzas en el continente no están dadas por la verdad, sino por ideologías políticas y conveniencias.
Las apreciaciones de Calderón, presidente de México, sobre la necesidad de que Brasil se alinee con EE.UU. en vez de con Chávez, sustentan esa idea. Calderón se refirió a la intervención en política del venezolano en toda Latinoamérica y el peligro que ello supone para nuestras democracias. Se evidenció en varios documentos el vínculo entre Chávez y Cuba, donde hay prácticamente un cogobierno. También quedó en claro que Cuba -como se sabía- recibe a los terroristas de las Farc, ETA y ELN para que se recuperen y descansen.
Más aún, varios documentos y comentarios muestran la preocupación por la cercana relación del líder venezolano con Irán -cuya influencia es creciente en nuestro continente, según la información, especialmente en Venezuela y Bolivia-. Esa situación del Medio Oriente adquiere matices tenebrosos. El programa de misiles de Irán es gigantesco. Ya se los han ofrecido a Siria y esta a Hezbolá. Hay evidencia de empresas fachadas iraníes tratando de adquirir tecnologías para misiles de largo alcance en Rusia y Alemania. Irán tiene además la Guardia Revolucionaria -muy parecida a las milicias bolivarianas- conformada por 125.000 hombres armados que cada semana hacen ejercicios militares.
Numerosos cables comprueban la creciente preocupación de los países árabes por el programa nuclear de Irán que para todos es un programa militar que conducirá a la bomba atómica. Por ello, EE.UU. ha tenido que venderles armas y servicios militares por 123.000 millones de dólares, triplicando los años anteriores; y situar baterías antimisiles en la región. Casi todos los países árabes le han solicitado la intervención a EE.UU. para detener a Irán. Si bien, Emiratos Árabes y Bahrein se muestran partidarios de una intervención militar, los otros la descartan y piden acciones de manera contundente y pronta. La amenaza de expansión del poder fundamentalista de los chiítas es evidente, al igual que el escalamiento del conflicto, pues queda en evidencia que si Irán desarrolla la bomba todos harán lo propio.
El País Cali, 3 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/wikileaks
La diplomacia sigue siendo lo mismo que era: una especie de espionaje que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en la desconfianza. Eso es lo que vemos en Wikileaks, los informes sobre lo que se sabe y se observa de los gobiernos extranjeros.
Si bien los hechos revelados no sorprenden pues analistas políticos ya los pronosticaban, adquieren una certeza perturbadora. El reconocimiento tácito de Brasil sobre el refugio que da Venezuela a guerrilleros de las Farc le da la razón a Uribe y cuestiona toda la movida diplomática del gobierno Santos para recuperar la amistad con el vecino. Así mismo, se muestra que las alianzas en el continente no están dadas por la verdad, sino por ideologías políticas y conveniencias.
Las apreciaciones de Calderón, presidente de México, sobre la necesidad de que Brasil se alinee con EE.UU. en vez de con Chávez, sustentan esa idea. Calderón se refirió a la intervención en política del venezolano en toda Latinoamérica y el peligro que ello supone para nuestras democracias. Se evidenció en varios documentos el vínculo entre Chávez y Cuba, donde hay prácticamente un cogobierno. También quedó en claro que Cuba -como se sabía- recibe a los terroristas de las Farc, ETA y ELN para que se recuperen y descansen.
Más aún, varios documentos y comentarios muestran la preocupación por la cercana relación del líder venezolano con Irán -cuya influencia es creciente en nuestro continente, según la información, especialmente en Venezuela y Bolivia-. Esa situación del Medio Oriente adquiere matices tenebrosos. El programa de misiles de Irán es gigantesco. Ya se los han ofrecido a Siria y esta a Hezbolá. Hay evidencia de empresas fachadas iraníes tratando de adquirir tecnologías para misiles de largo alcance en Rusia y Alemania. Irán tiene además la Guardia Revolucionaria -muy parecida a las milicias bolivarianas- conformada por 125.000 hombres armados que cada semana hacen ejercicios militares.
Numerosos cables comprueban la creciente preocupación de los países árabes por el programa nuclear de Irán que para todos es un programa militar que conducirá a la bomba atómica. Por ello, EE.UU. ha tenido que venderles armas y servicios militares por 123.000 millones de dólares, triplicando los años anteriores; y situar baterías antimisiles en la región. Casi todos los países árabes le han solicitado la intervención a EE.UU. para detener a Irán. Si bien, Emiratos Árabes y Bahrein se muestran partidarios de una intervención militar, los otros la descartan y piden acciones de manera contundente y pronta. La amenaza de expansión del poder fundamentalista de los chiítas es evidente, al igual que el escalamiento del conflicto, pues queda en evidencia que si Irán desarrolla la bomba todos harán lo propio.
El País Cali, 3 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/wikileaks
viernes, diciembre 03, 2010
Política judicializada
La polémica que desató el comunicado del ex presidente Uribe había estado latente desde que él era Jefe de Estado. La cuestión que subyace no es menor, se trata de la relación entre la política y la justicia. Se ha vuelto costumbre en Colombia terminar los debates políticos en los estrados judiciales. Es un mal vicio que distorsiona la esencia de la confrontación pública, la toma de posiciones y la oposición a las ideas predominantes.
Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.
Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación.
La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.
Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.
El País, Cali. 26 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/paloma-valencia-laserna/politica-judicializada
Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.
Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación.
La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.
Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.
El País, Cali. 26 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/paloma-valencia-laserna/politica-judicializada
viernes, noviembre 26, 2010
Corrupción
El índice de percepción de la corrupción desarrollado por Transparencia Internacional nos ubica con niveles similares a Perú, en el puesto 76. Casi en la mitad del camino hacia el puesto 178, donde se ubican los más afectados. La corrupción es una enfermedad; sus síntomas nos afectan, pero muestra problemas en los cimientos de la sociedad, laxitud en el vínculo connacional y, sobretodo, una pobre comprensión del largo plazo. Es, sin duda, el peor de los males colombianos.
La corrupción tiene que ver con poder, con su mal uso y con un beneficio personal. Tiene además la característica de que, en general, lo obtenido por el individuo corrupto es muy inferior al agregado de beneficios arrebatados. En el caso del profesor que no cumple adecuadamente con su trabajo, pero recibe su sueldo, es evidente que los recursos que apropia son inferiorísimos al daño de sus alumnos con educación usurpada. Más aún, parece irracional que aquellos encargados de las obras públicas -que nos benefician a todos, ellos incluidos- decidan arrancarle a la sociedad su progreso y relegarse a ellos mismos y sus familias a las incomodidades que supone la falta de acción gubernamental. La explicación puede estar relacionada con que un beneficio es individual, inmediato y monetario, mientras el otro es colectivo, de un plazo más amplio y, aunque siempre conlleva un daño económico, tiene además una textura no monetaria.
Los escándalos colombianos son tantos y la negligencia tan recurrente que nos hemos convencido de que el letargo de las obras públicas es necesario. Tuve la oportunidad de ver como en los EE.UU. una calle de más de 4 carriles fue pavimentada en menos de 5 días, en obras que se realizaron en las noches y sin interrumpir el tráfico durante el día. Así que sí se puede, lo demás es un desfile de excusas.
No existe una cura para la corrupción, pero habría que intentar medidas. Los teóricos de la corrupción sostienen que subir las penas cuando la capacidad de aplicarlas es baja, no funciona. Por el contrario, el valor simbólico del castigo se vuelve un incentivo para que el pacto entre los corruptos se mantenga. Ninguno dice nada pues la sanción es tan alta que no les conviene. Enfoques novedosos señalan que son mejores las normas donde quien denuncia tiene una pena muy baja, inexistente o incluso disfruta de un beneficio. Ello genera un marco de inseguridad donde hacer pactos corruptos supone un alto riesgo. A medida que se configure un marco donde cada corrupto -público o privado- sospeche del posible daño que el otro puede causarle, serán menos propensos a establecer tales acuerdos.
Las normas procedimentales han mostrado su inutilidad. Los recovecos del procedimiento se vuelven excusas para esconder la corrupción. Una normativa con principios y que exija resultados podría simplificar las cosas para los administradores, los contratistas y los órganos de control.
La visibilidad también es efectiva. En las obras y en una página pública en Internet deberían estar los valores de los contratos, los tiempos estipulados para su ejecución y los nombres de los contratistas, discriminando claramente los socios de cada persona jurídica. Así al menos sabríamos quiénes están a cargo de los desastres con que tropezamos cada día, y existiría la posibilidad de que ejerzamos presión social.
A pesar de los escándalos no podemos condenar a todo el sector público pues, a pesar de los lunares, hay un grupo significativo de servidores públicos comprometidos con el país.
El Pais, 20 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corrupcion
La corrupción tiene que ver con poder, con su mal uso y con un beneficio personal. Tiene además la característica de que, en general, lo obtenido por el individuo corrupto es muy inferior al agregado de beneficios arrebatados. En el caso del profesor que no cumple adecuadamente con su trabajo, pero recibe su sueldo, es evidente que los recursos que apropia son inferiorísimos al daño de sus alumnos con educación usurpada. Más aún, parece irracional que aquellos encargados de las obras públicas -que nos benefician a todos, ellos incluidos- decidan arrancarle a la sociedad su progreso y relegarse a ellos mismos y sus familias a las incomodidades que supone la falta de acción gubernamental. La explicación puede estar relacionada con que un beneficio es individual, inmediato y monetario, mientras el otro es colectivo, de un plazo más amplio y, aunque siempre conlleva un daño económico, tiene además una textura no monetaria.
Los escándalos colombianos son tantos y la negligencia tan recurrente que nos hemos convencido de que el letargo de las obras públicas es necesario. Tuve la oportunidad de ver como en los EE.UU. una calle de más de 4 carriles fue pavimentada en menos de 5 días, en obras que se realizaron en las noches y sin interrumpir el tráfico durante el día. Así que sí se puede, lo demás es un desfile de excusas.
No existe una cura para la corrupción, pero habría que intentar medidas. Los teóricos de la corrupción sostienen que subir las penas cuando la capacidad de aplicarlas es baja, no funciona. Por el contrario, el valor simbólico del castigo se vuelve un incentivo para que el pacto entre los corruptos se mantenga. Ninguno dice nada pues la sanción es tan alta que no les conviene. Enfoques novedosos señalan que son mejores las normas donde quien denuncia tiene una pena muy baja, inexistente o incluso disfruta de un beneficio. Ello genera un marco de inseguridad donde hacer pactos corruptos supone un alto riesgo. A medida que se configure un marco donde cada corrupto -público o privado- sospeche del posible daño que el otro puede causarle, serán menos propensos a establecer tales acuerdos.
Las normas procedimentales han mostrado su inutilidad. Los recovecos del procedimiento se vuelven excusas para esconder la corrupción. Una normativa con principios y que exija resultados podría simplificar las cosas para los administradores, los contratistas y los órganos de control.
La visibilidad también es efectiva. En las obras y en una página pública en Internet deberían estar los valores de los contratos, los tiempos estipulados para su ejecución y los nombres de los contratistas, discriminando claramente los socios de cada persona jurídica. Así al menos sabríamos quiénes están a cargo de los desastres con que tropezamos cada día, y existiría la posibilidad de que ejerzamos presión social.
A pesar de los escándalos no podemos condenar a todo el sector público pues, a pesar de los lunares, hay un grupo significativo de servidores públicos comprometidos con el país.
El Pais, 20 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corrupcion
miércoles, noviembre 17, 2010
¿Unasur?
Esta organización fue creada en 2004 para superar la CAN, el Mercosur y la OEA -que incluye a EE.UU-. Imitando el modelo de la Unión Europea, la idea es que para el 2019 Suramérica tenga una integración total, un mismo pasaporte y moneda. Ya fue elegido el Parlamento Andino, sin que los electores supieran o le dieran la debida importancia. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, y Venezuela son miembros, y faltan por ratificar el tratado Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia. Se espera que para finales de este mes de noviembre esté completamente aprobado el tratado mediante el cual Colombia se hace miembro de Unasur, esta celeridad en el asunto puede no ser una ventaja para nuestro país.
La necesidad de una organización que nos agrupe es evidente. El bloque suramericano se ha caracterizado por una pobre integración, lo que le ha costado mucho. En esta época las alianzas territoriales y comerciales otorgan ventajas económicas, así, por ejemplo, si como bloque hubiésemos negociado los tratados de libre comercio con EE.UU. y la UE seguramente hubiéramos obtenido ventajas más significativas. La sola integración regional podría potencializar nuestros mercados y hacernos un bloque económico significativo en el contexto mundial.
Los provechos y las intenciones de integración los conocemos desde tiempos de la independencia, pero nunca se materializan. Diferentes factores han influido negativamente; el caudillismo nacionalista, la corrupción, los delirios de importancia y los paralelos complejos de inferioridad que padecemos e imponemos a nuestros vecinos, pero, sobretodo, la falta de un proyecto político que logre recogernos a todos. Esto será, seguramente, lo que afectará la Unasur.
Las ideologías políticas de las naciones no siempre coinciden y si el proyecto no es lo suficientemente amplio para incluirnos a todos, termina por romperse. Aquello se evidenció en el tema del uso de las siete bases colombianas por parte de los EE.UU. Unasur apareció como una entidad con una carga política evidente en contra del gobierno del presidente Uribe. La organización no mostró reparos en las compras militares de Chávez que superan los US$15.000 millones, ni tampoco por los acuerdos militares de Brasil con los norteamericanos.
El reversazo que le dio Santos al acuerdo sobre las bases ha restablecido la amistad con estos vecinos y con la organización. Pero no por mucho que cedamos, las realidades se transforman. Recordemos que es precisamente en estas reuniones de Unasur, donde varios mandatarios latinoamericanos han cuestionado la calidad de terroristas de las Farc. Esto coincide con el deseo de esta organización de querer hablar ante sus miembros. La ideologización de Unasur podría servirle para salirse de su merecida condición de terrorista para alcanzar un estatus político. Quienes son más pesimistas en torno a las cargas de Unasur sostienen que el remplazo de Kirchner será Piedad Córdoba. Aquello sería un desafío y una afrenta a la Justicia y soberanía colombiana, y un paso más hacia los deseos de las Farc.
Precisamente por ello, la decisión del presidente Santos de integrar los mercados y las personas de nuestro país con Perú y Chile es una alternativa más viable. Con estos países compartimos más rasgos ideológicos y tenemos proyectos de desarrollo más parecidos. Ello da mejores perspectivas y podría acercarnos sin riesgos a un proceso de integración.
El País Cali, 13 de novimbre de 2010
La necesidad de una organización que nos agrupe es evidente. El bloque suramericano se ha caracterizado por una pobre integración, lo que le ha costado mucho. En esta época las alianzas territoriales y comerciales otorgan ventajas económicas, así, por ejemplo, si como bloque hubiésemos negociado los tratados de libre comercio con EE.UU. y la UE seguramente hubiéramos obtenido ventajas más significativas. La sola integración regional podría potencializar nuestros mercados y hacernos un bloque económico significativo en el contexto mundial.
Los provechos y las intenciones de integración los conocemos desde tiempos de la independencia, pero nunca se materializan. Diferentes factores han influido negativamente; el caudillismo nacionalista, la corrupción, los delirios de importancia y los paralelos complejos de inferioridad que padecemos e imponemos a nuestros vecinos, pero, sobretodo, la falta de un proyecto político que logre recogernos a todos. Esto será, seguramente, lo que afectará la Unasur.
Las ideologías políticas de las naciones no siempre coinciden y si el proyecto no es lo suficientemente amplio para incluirnos a todos, termina por romperse. Aquello se evidenció en el tema del uso de las siete bases colombianas por parte de los EE.UU. Unasur apareció como una entidad con una carga política evidente en contra del gobierno del presidente Uribe. La organización no mostró reparos en las compras militares de Chávez que superan los US$15.000 millones, ni tampoco por los acuerdos militares de Brasil con los norteamericanos.
El reversazo que le dio Santos al acuerdo sobre las bases ha restablecido la amistad con estos vecinos y con la organización. Pero no por mucho que cedamos, las realidades se transforman. Recordemos que es precisamente en estas reuniones de Unasur, donde varios mandatarios latinoamericanos han cuestionado la calidad de terroristas de las Farc. Esto coincide con el deseo de esta organización de querer hablar ante sus miembros. La ideologización de Unasur podría servirle para salirse de su merecida condición de terrorista para alcanzar un estatus político. Quienes son más pesimistas en torno a las cargas de Unasur sostienen que el remplazo de Kirchner será Piedad Córdoba. Aquello sería un desafío y una afrenta a la Justicia y soberanía colombiana, y un paso más hacia los deseos de las Farc.
Precisamente por ello, la decisión del presidente Santos de integrar los mercados y las personas de nuestro país con Perú y Chile es una alternativa más viable. Con estos países compartimos más rasgos ideológicos y tenemos proyectos de desarrollo más parecidos. Ello da mejores perspectivas y podría acercarnos sin riesgos a un proceso de integración.
El País Cali, 13 de novimbre de 2010
domingo, noviembre 14, 2010
Economía financiera
La nueva era económica donde los capitales por sí mismos son capaces de generar valor supone desafíos. La teoría económica tradicional sostenía que la creación de valor surgía de la combinación de los medios de producción, el trabajo y el capital. En las interpretaciones marxistas la propiedad de los medios de producción les permitía a los capitalistas arrebatarle al proletariado la plusvalía (el aumento de valor en la mercancía que surge de la transformación de la materia prima a través del trabajo). El trabajador era explotado, pues perdía aquello que su trabajo había producido y recibía solamente un salario de subsistencia.
Hoy en día la gran generación de riqueza no se causa en las empresas o en la propiedad de los medios de producción, ahora existen los capitales financieros; colocados en una capa superior, financian y especulan sobre el sector empresarial y crean valor para sus dueños.
La venta de acciones de las empresas se inicio como un mecanismo eficiente para financiar las necesidades de capital. Los dueños del capital invierten en las empresas a través de títulos que fragmentan la propiedad, y se constituyen en dueños teóricos; que no interfieren mucho en la administración, pero participan de las utilidades que se producen. El mercado financiero ha venido cambiando las condiciones, ahora las inversiones tienen en cuenta, también, la especulación sobre el precio accionario. La oferta y demanda de acciones alteran el precio tanto o más que el comportamiento de las utilidades. El mercado además permite la transacción de bienes en el futuro, especular sobre sus precios y sus cantidades. Aquel ejercicio es capaz de alterar, incluso, el precio de los bienes reales.
Los capitales circulan y se invierten y en ese solo movimiento generan valor. Se trata de un fenómeno que cambia radicalmente el contexto de la economía. Las categorías marxistas caen en desuso, pues la propiedad de los medios de producción es mucho menos significativa que el capital y su circulación.
Se trata de una capa superior a la infraestructura y superestructura marxista. Las consecuencias que esta nueva conformación económica supone están apenas iniciándose. Los grandes capitales, además, rompen las fronteras de los Estados nacionales. Entran y salen; su desplazamiento otorga nuevas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo es capaz de distorsionar la política monetaria de economías emergentes. Esta nueva forma de generar riqueza nos exige repensar el proceso de desarrollo, pues el mundo que nos espera se aleja ya de ese paradigma. Los Estados nacionales se vuelven insuficientes para regular una economía trasnacional que rompe cualquier posibilidad de tributación incisiva e impide las políticas de redistribución de la riqueza. Es muy posible que la concentración de los capitales conduzca a mayores desigualdades sociales. Los volúmenes de la concentración del capital irán eliminando la posibilidad de que otros agentes tengan acceso.
Paralelamente, en términos de la búsqueda de la libertad que inspiraba al pensamiento marxista, aparece como una oportunidad para liberar al sujeto de aquellos trabajos alienantes, y aun así mantener las economías en plena producción. Si el mundo es capaz de comprender este nuevo fenómeno económico y direccionarlo para que su crecimiento sea benéfico para todos habremos dado un nuevo paso, que da las ventajas del comunismo y las libertades del capitalismo.
El País Cali, 6 de noviembre de 2010
Hoy en día la gran generación de riqueza no se causa en las empresas o en la propiedad de los medios de producción, ahora existen los capitales financieros; colocados en una capa superior, financian y especulan sobre el sector empresarial y crean valor para sus dueños.
La venta de acciones de las empresas se inicio como un mecanismo eficiente para financiar las necesidades de capital. Los dueños del capital invierten en las empresas a través de títulos que fragmentan la propiedad, y se constituyen en dueños teóricos; que no interfieren mucho en la administración, pero participan de las utilidades que se producen. El mercado financiero ha venido cambiando las condiciones, ahora las inversiones tienen en cuenta, también, la especulación sobre el precio accionario. La oferta y demanda de acciones alteran el precio tanto o más que el comportamiento de las utilidades. El mercado además permite la transacción de bienes en el futuro, especular sobre sus precios y sus cantidades. Aquel ejercicio es capaz de alterar, incluso, el precio de los bienes reales.
Los capitales circulan y se invierten y en ese solo movimiento generan valor. Se trata de un fenómeno que cambia radicalmente el contexto de la economía. Las categorías marxistas caen en desuso, pues la propiedad de los medios de producción es mucho menos significativa que el capital y su circulación.
Se trata de una capa superior a la infraestructura y superestructura marxista. Las consecuencias que esta nueva conformación económica supone están apenas iniciándose. Los grandes capitales, además, rompen las fronteras de los Estados nacionales. Entran y salen; su desplazamiento otorga nuevas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo es capaz de distorsionar la política monetaria de economías emergentes. Esta nueva forma de generar riqueza nos exige repensar el proceso de desarrollo, pues el mundo que nos espera se aleja ya de ese paradigma. Los Estados nacionales se vuelven insuficientes para regular una economía trasnacional que rompe cualquier posibilidad de tributación incisiva e impide las políticas de redistribución de la riqueza. Es muy posible que la concentración de los capitales conduzca a mayores desigualdades sociales. Los volúmenes de la concentración del capital irán eliminando la posibilidad de que otros agentes tengan acceso.
Paralelamente, en términos de la búsqueda de la libertad que inspiraba al pensamiento marxista, aparece como una oportunidad para liberar al sujeto de aquellos trabajos alienantes, y aun así mantener las economías en plena producción. Si el mundo es capaz de comprender este nuevo fenómeno económico y direccionarlo para que su crecimiento sea benéfico para todos habremos dado un nuevo paso, que da las ventajas del comunismo y las libertades del capitalismo.
El País Cali, 6 de noviembre de 2010
miércoles, noviembre 03, 2010
La santidad de Chávez
Y mientras Chávez y nuestro Presidente se reúnen y celebran el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas, pasan cosas interesantes.
El Gobierno de España le pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela por una “manifiesta cooperación gubernamental” de éste con ETA y las Farc. A través de una decisión seria y estructurada de la Procuraduría, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada por probados vínculos con las Farc. Ella es la socia más ferviente del proyecto chavista en Colombia. Siguiendo los lineamientos de Ahmadinejad, el líder iraní sancionado por la ONU por su programa de enriquecimiento de uranio que -según muchos- busca convertir a Irán en una potencia nuclear, Chávez anunció el inicio del proceso para tener energía nuclear en Venezuela.
Y no olvidemos que Chávez ha magnificado la carrera armamentística de Venezuela. En millones de dólares: US$13.000 a Rusia, US$200 a Brasil, US$2.040 a España. Y el Mandatario ha dejado muy claro el destino de muchas de ellas: la milicia bolivariana. Como su nombre lo indica es sociedad civil armada y con una clara filiación política. La milicia, según el líder, debe estar muy bien armada, pues llegará a suplantar a la Guardia Nacional en algunas funciones.
Todo coincide con la primera derrota electoral de Chávez. En las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela no obtuvo la mayoría calificada que antes tenía. Perdió ‘feo’ en Zulia, Táchira y Anzoátegui. Aunque las autoridades venezolanas no suministraron cifras totales a nivel nacional de esta votación, se sabe que la oposición obtuvo algo así como el 52% de los votos. Aún así, la nueva configuración de las circunscripciones electorales de Venezuela le dieron al Psuv, el partido chavista, un numero mayor de escaños en la Asamblea.
No hay que tener mucha malicia para saber que un ejército con filiación política es un peligro. Tampoco para sospechar de tanta coincidencia en torno a los vínculos de su gobierno con organizaciones terroristas. Ni deja duda su proyecto. Y con semejantes alianzas y compras militares no podemos suponer que Chávez está organizando una fiesta.
Mientras tanto en Colombia se pavonean orgullosos por el nuevo estadio de las relaciones con el vecino líder. El magnánimo autorizó el pago de la millonaria deuda a Colombia. La está pagando a discreción y sin afán. Felicitó al presidente Santos por la decisión de no tramitar ante el Congreso el tratado de uso de las siete bases militares colombianas por parte de los norteamericanos.
El hecho nos sorprendió a algunos. Santos como ministro de Defensa parecía convencido de la necesidad de contar con la cooperación de los gringos. Más aún, era un férreo opositor de Chávez, y fue el presidente Uribe el que debió llamarlo a la prudencia. Ahora, es Presidente.
Lo cierto es que ni los colombianos comprenden que está pasando. Todos especulamos, mientras la senadora Moreno dice que hay un cambio de 180 grados frente a la política militar de Uribe; la canciller Holguín dice que todavía no está claro el futuro del tratado.
Y hablando de cambios de la estrategia en este Gobierno, ¿por qué el coronel Juan Carlos Rico, quien diseñó y coordinó la operación Jaque, no fue llamado para el curso de General? Qué alguien nos explique.
El País, Cali. 30 de octubre de 2010
El Gobierno de España le pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela por una “manifiesta cooperación gubernamental” de éste con ETA y las Farc. A través de una decisión seria y estructurada de la Procuraduría, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada por probados vínculos con las Farc. Ella es la socia más ferviente del proyecto chavista en Colombia. Siguiendo los lineamientos de Ahmadinejad, el líder iraní sancionado por la ONU por su programa de enriquecimiento de uranio que -según muchos- busca convertir a Irán en una potencia nuclear, Chávez anunció el inicio del proceso para tener energía nuclear en Venezuela.
Y no olvidemos que Chávez ha magnificado la carrera armamentística de Venezuela. En millones de dólares: US$13.000 a Rusia, US$200 a Brasil, US$2.040 a España. Y el Mandatario ha dejado muy claro el destino de muchas de ellas: la milicia bolivariana. Como su nombre lo indica es sociedad civil armada y con una clara filiación política. La milicia, según el líder, debe estar muy bien armada, pues llegará a suplantar a la Guardia Nacional en algunas funciones.
Todo coincide con la primera derrota electoral de Chávez. En las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela no obtuvo la mayoría calificada que antes tenía. Perdió ‘feo’ en Zulia, Táchira y Anzoátegui. Aunque las autoridades venezolanas no suministraron cifras totales a nivel nacional de esta votación, se sabe que la oposición obtuvo algo así como el 52% de los votos. Aún así, la nueva configuración de las circunscripciones electorales de Venezuela le dieron al Psuv, el partido chavista, un numero mayor de escaños en la Asamblea.
No hay que tener mucha malicia para saber que un ejército con filiación política es un peligro. Tampoco para sospechar de tanta coincidencia en torno a los vínculos de su gobierno con organizaciones terroristas. Ni deja duda su proyecto. Y con semejantes alianzas y compras militares no podemos suponer que Chávez está organizando una fiesta.
Mientras tanto en Colombia se pavonean orgullosos por el nuevo estadio de las relaciones con el vecino líder. El magnánimo autorizó el pago de la millonaria deuda a Colombia. La está pagando a discreción y sin afán. Felicitó al presidente Santos por la decisión de no tramitar ante el Congreso el tratado de uso de las siete bases militares colombianas por parte de los norteamericanos.
El hecho nos sorprendió a algunos. Santos como ministro de Defensa parecía convencido de la necesidad de contar con la cooperación de los gringos. Más aún, era un férreo opositor de Chávez, y fue el presidente Uribe el que debió llamarlo a la prudencia. Ahora, es Presidente.
Lo cierto es que ni los colombianos comprenden que está pasando. Todos especulamos, mientras la senadora Moreno dice que hay un cambio de 180 grados frente a la política militar de Uribe; la canciller Holguín dice que todavía no está claro el futuro del tratado.
Y hablando de cambios de la estrategia en este Gobierno, ¿por qué el coronel Juan Carlos Rico, quien diseñó y coordinó la operación Jaque, no fue llamado para el curso de General? Qué alguien nos explique.
El País, Cali. 30 de octubre de 2010
miércoles, octubre 27, 2010
De Moreno a oscuro
Vale recordar que la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá no estuvo inspirada en la convicción en su capacidades; muchos votaron por él en contra de Peñalosa. Esos votos inversos siempre resultan costosos. La administración de Bogotá por parte de Moreno ha sido una catástrofe. Colapsó la movilidad. La ciudad tiene muchas vías importantes cerradas sin que se observen obras en ejecución y en el mejor de los casos, realizaciones lentísimas; el Transmilenio ha decaído en frecuencias y no da abasto; el servicio público de buses sigue en el desorden de siempre. Nadie está contento con esa alcaldía y en este contexto aparece el escándalo de corrupción en la contratación.
La capacidad de autocrítica es escasa en política, y precisamente por ello brilla y debe ser exaltada. Da un gran ejemplo el Polo Democrático cuando muestra que por encima de las asociaciones políticas, está la lealtad hacia la Nación y los principios que valoramos. Es un ejercicio que requiere mucha solidez ideológica y exige arrojo.
Sería más fácil un debate con otro partido, pues los ataques servirían para fijar posiciones y ajustar la dinámica gobierno-oposición. La disputa interna puede fracturar la unidad y desprestigiar al partido, pero si el Polo es capaz de terminar con éxito este proceso habrá fortalecido la democracia colombiana y habrá mostrado una madurez que no tiene ningún otro partido.
Se habla mucho sobre las millonarias tajadas que pagan los contratistas al Estado; se dice de las licitaciones amañadas, se asegura que hay renegociaciones absurdas en los contratos, se alega que los ingenieros alteran diseños, materiales, tiempos para su conveniencia. Todos sabemos que hay corrupción, pero a la hora de encontrarla y extirparla se nos esconde. Permanece solapada entre la sospecha y chisme. Se mueve, como todo lo ilegal, en un mercado turbio donde sólo los implicados tienen acceso.
Este caso le da la oportunidad al país para revisar que es lo que está pasando. El conglomerado de leyes que pretende limitar la corrupción generando cada vez más procedimientos se ha convertido en una excusa para encubrirla. Los servidores públicos se excusan en la ignorancia, y prefieren ser calificados de ineptos que de corruptos. Su defensa consiste en mostrar que han cumplido con el tramite legal, aunque el resultado final sea desastroso. El sector privado que contrata con el Estado se esconde en la engañosa posición de que son víctimas de la corrupción, que sobornan porque es casi una obligación.
Hay una asociación nefasta público-privada dedicada a enriquecerse robando a la sociedad. Nos roban y quedan impunes y ricos. No sólo nos arrebatan dinero, es calidad de vida, es desarrollo, es tiempo. Retrasan los procesos colectivos, hacen inútil la tributación y las políticas sociales. Contra la corrupción es más poderosa la presión social que la ley. Es una pelea que le debemos todos a Colombia. Denunciar y perseguir.
Nota: Me sorprendió que la senadora Alexandra Moreno anunciara que el presidente Santos ha decidido no tramitar ante el Congreso el acuerdo sobre el uso de las bases colombianas por parte de los EE.UU. El tema merece que Santos le explique el país si esto es una concesión que estamos haciendo los colombianos para mantener las relaciones con Venezuela y satisfacer a Chávez. Es necesario que el país sepa lo que estamos haciendo para recuperar esos US$786 millones que nos debe Venezuela.
El País Cali 23 de octubre de 2010
La capacidad de autocrítica es escasa en política, y precisamente por ello brilla y debe ser exaltada. Da un gran ejemplo el Polo Democrático cuando muestra que por encima de las asociaciones políticas, está la lealtad hacia la Nación y los principios que valoramos. Es un ejercicio que requiere mucha solidez ideológica y exige arrojo.
Sería más fácil un debate con otro partido, pues los ataques servirían para fijar posiciones y ajustar la dinámica gobierno-oposición. La disputa interna puede fracturar la unidad y desprestigiar al partido, pero si el Polo es capaz de terminar con éxito este proceso habrá fortalecido la democracia colombiana y habrá mostrado una madurez que no tiene ningún otro partido.
Se habla mucho sobre las millonarias tajadas que pagan los contratistas al Estado; se dice de las licitaciones amañadas, se asegura que hay renegociaciones absurdas en los contratos, se alega que los ingenieros alteran diseños, materiales, tiempos para su conveniencia. Todos sabemos que hay corrupción, pero a la hora de encontrarla y extirparla se nos esconde. Permanece solapada entre la sospecha y chisme. Se mueve, como todo lo ilegal, en un mercado turbio donde sólo los implicados tienen acceso.
Este caso le da la oportunidad al país para revisar que es lo que está pasando. El conglomerado de leyes que pretende limitar la corrupción generando cada vez más procedimientos se ha convertido en una excusa para encubrirla. Los servidores públicos se excusan en la ignorancia, y prefieren ser calificados de ineptos que de corruptos. Su defensa consiste en mostrar que han cumplido con el tramite legal, aunque el resultado final sea desastroso. El sector privado que contrata con el Estado se esconde en la engañosa posición de que son víctimas de la corrupción, que sobornan porque es casi una obligación.
Hay una asociación nefasta público-privada dedicada a enriquecerse robando a la sociedad. Nos roban y quedan impunes y ricos. No sólo nos arrebatan dinero, es calidad de vida, es desarrollo, es tiempo. Retrasan los procesos colectivos, hacen inútil la tributación y las políticas sociales. Contra la corrupción es más poderosa la presión social que la ley. Es una pelea que le debemos todos a Colombia. Denunciar y perseguir.
Nota: Me sorprendió que la senadora Alexandra Moreno anunciara que el presidente Santos ha decidido no tramitar ante el Congreso el acuerdo sobre el uso de las bases colombianas por parte de los EE.UU. El tema merece que Santos le explique el país si esto es una concesión que estamos haciendo los colombianos para mantener las relaciones con Venezuela y satisfacer a Chávez. Es necesario que el país sepa lo que estamos haciendo para recuperar esos US$786 millones que nos debe Venezuela.
El País Cali 23 de octubre de 2010
miércoles, octubre 20, 2010
El retorno de Uribe
Causa curiosidad lo que va a suceder con Uribe. Es el político que con más prestigio se retira de la Casa de Nariño, así que podría dedicarse a criticar los sucesores como lo han hecho los otros. La diferencia sustancial es que él, en oposición a nuestros críticos ex presidentes, realizó una tarea frente a la cual las mayorías colombianas se sienten satisfechas. El prestigio de su gestión sería suficiente para que sus comentarios no se convirtieran en palabras inoperantes. Su liderazgo es incuestionable, y sus posturas serían capaces de afectar la opinión pública. Se encumbrarían en la posición de un patriarca. Inamovible, infalible y irrebatible.
Aquello no va con el carácter de Uribe, y tal vez por ello ha sabido ganarse la confianza de las masas. Uribe será un ex presidente tan distinto de los otros, como lo fue de presidente. Colombia no ve, desde hace mucho, uno que apenas termina su cargo permanezca en el país, asuma posiciones políticas y las confronte electoralmente. No uno que no asuma el lugar de la oposición, sino decidido a usar su prestigio en beneficio del Gobierno (entre otras porque los últimos han sido reemplazados por sus opositores). No uno que represente una fuerza política que trasciende un partido.
Uribe está asumiendo el riesgo de desgastar su vastísimo prestigio, y más aún arriesga el uribismo. Se ha especulado sobre si el uribismo es una ideología o si se trata del mero producto del poder en torno a un presidente. Sin tener una posición encumbrada -sin ser presidente, ni patriarca- es difícil mantenerse entre dos partidos. Si la U se vuelve su único bastión, los conservadores pueden apartarse y se pierde medio uribismo.
La entrevista del presidente del Directorio Nacional Conservador sobre los acercamientos de Uribe a los godos deja ver esta fisura. Araújo representa un sector conservador que valora las formas institucionales del Partido. En la elección presidencial descalificó a los conservadores que apoyaron a Santos, incluso los amenazó con las expulsiones previstas por los estatutos en aras a conservar la unidad. Pero hay otro sector que encabezan Valencia Cossio y Arias que creen que hay un proyecto político -que encarnó Uribe- que vincula a los godos con la U y que en esa medida es posible hacer alianzas estratégicas que le permitan posicionarse electoralmente.
A pesar de que en la contienda presidencial los conservadores mostraron su abrumadora predilección por el segundo sector, identificado con el uribismo, las directivas no asumieron la derrota. Araújo ya anunció que Uribe es un amigo, pero un militante de la U ajeno al Partido Conservador, y señaló su intensión de “hacer cumplir los estatutos” en las elecciones regionales. Sus declaraciones muestran que la derrota que sufrieron él y toda la directiva azul no tuvo consecuencias. El sector uribista con mayor aceptación entre los votantes, no parece tener mucha representación ni acogida en la directiva.
Buenas intrigas se irán resolviendo en telenovela de la política colombiana: ¿Podrá Uribe mantener su liderazgo sobre dos partidos a la vez? ¿Existirá un proyecto político capaz de incluirlos a ambos? ¿Será posible que los partidos tengan acuerdos estratégicos con otros sin irse deshaciendo como partidos? ¿Podrán los estatutos mantener unido un partido en contra de las convicciones personales de los líderes? No deje de ver que resolverán los votantes.
El Pais, Cali. 16 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/retorno-uribe
Aquello no va con el carácter de Uribe, y tal vez por ello ha sabido ganarse la confianza de las masas. Uribe será un ex presidente tan distinto de los otros, como lo fue de presidente. Colombia no ve, desde hace mucho, uno que apenas termina su cargo permanezca en el país, asuma posiciones políticas y las confronte electoralmente. No uno que no asuma el lugar de la oposición, sino decidido a usar su prestigio en beneficio del Gobierno (entre otras porque los últimos han sido reemplazados por sus opositores). No uno que represente una fuerza política que trasciende un partido.
Uribe está asumiendo el riesgo de desgastar su vastísimo prestigio, y más aún arriesga el uribismo. Se ha especulado sobre si el uribismo es una ideología o si se trata del mero producto del poder en torno a un presidente. Sin tener una posición encumbrada -sin ser presidente, ni patriarca- es difícil mantenerse entre dos partidos. Si la U se vuelve su único bastión, los conservadores pueden apartarse y se pierde medio uribismo.
La entrevista del presidente del Directorio Nacional Conservador sobre los acercamientos de Uribe a los godos deja ver esta fisura. Araújo representa un sector conservador que valora las formas institucionales del Partido. En la elección presidencial descalificó a los conservadores que apoyaron a Santos, incluso los amenazó con las expulsiones previstas por los estatutos en aras a conservar la unidad. Pero hay otro sector que encabezan Valencia Cossio y Arias que creen que hay un proyecto político -que encarnó Uribe- que vincula a los godos con la U y que en esa medida es posible hacer alianzas estratégicas que le permitan posicionarse electoralmente.
A pesar de que en la contienda presidencial los conservadores mostraron su abrumadora predilección por el segundo sector, identificado con el uribismo, las directivas no asumieron la derrota. Araújo ya anunció que Uribe es un amigo, pero un militante de la U ajeno al Partido Conservador, y señaló su intensión de “hacer cumplir los estatutos” en las elecciones regionales. Sus declaraciones muestran que la derrota que sufrieron él y toda la directiva azul no tuvo consecuencias. El sector uribista con mayor aceptación entre los votantes, no parece tener mucha representación ni acogida en la directiva.
Buenas intrigas se irán resolviendo en telenovela de la política colombiana: ¿Podrá Uribe mantener su liderazgo sobre dos partidos a la vez? ¿Existirá un proyecto político capaz de incluirlos a ambos? ¿Será posible que los partidos tengan acuerdos estratégicos con otros sin irse deshaciendo como partidos? ¿Podrán los estatutos mantener unido un partido en contra de las convicciones personales de los líderes? No deje de ver que resolverán los votantes.
El Pais, Cali. 16 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/retorno-uribe
lunes, octubre 18, 2010
Despolitizar el Nobel
Se había dicho mucho que Vargas Llosa no recibiría el Premio Nobel de literatura. Sostenían los entendidos que sus posiciones políticas -calificadas como de derecha- disonaban con la ideología del Nobel, destinado sólo a izquierdistas. El que se lo haya ganado parece liberar a la Academia sueca de un yugo según el cual en el proceso de selección no sólo se analizaba la obra sino, y sobretodo, la ideología de los autores.
La idea de que existe una perversa derecha y una izquierda benévola, hace mucho tiempo que se desfiguró y carece de cualquier asidero en la realidad. Las atrocidades de los regímenes autoritarios se configuran a pesar de las ideologías, los hay tanto de derecha como de izquierda. Ambas corrientes, dentro del contexto del constitucionalismo liberal que inspira los partidos en las democracias modernas, están circunscritas a reglas de respeto hacia la voluntad popular, las libertades individuales y la limitación del poder estatal. Las posturas políticas enmarcadas en este tejido son maneras de priorizar y estrategias distintas, pero que en general pretenden y aspiran a lo mismo. Todo aquello que atente contra esos principios constitucionalistas -sin importar la ideología o intensión que lo sostenga- es lo que debería ser inaceptable.
Así lo demuestran la vida y la obra de Vargas Llosa. A pesar de su ideología o con ocasión de ella, enfrentó los excesos de Fujimori en el Perú. Su obra ha sido prolija en retratar las atrocidades de la dictadura. La Fiesta del Chivo, una de las novelas más excelsas de nuestra lengua, retrata las ambigüedades de Leonidas Trujillo en República Dominicana y con ella estampó la más dura mirada contra la dinámica de las dictaduras latinoamericanas.
Se dice que fueron precisamente las tachas ideológicas del Premio las que impidieron que Jorge Luis Borges, uno de los más grandes de la literatura de los últimos tiempos, accediera al prestigioso galardón. Sin que encuentre justificada ninguna tacha sobre Borges, el hecho pone de presente una cuestión prioritaria, a saber, la importancia del artista frente a su obra.
A diferencia de la ciencia que se reputa objetiva y en esa medida políticamente neutra, la literatura ha sido apreciada como una herramienta política fundamental. La idea de que la literatura puede ser convertida en propaganda política por su autor es un tanto compleja. La literatura como cualquier actividad humana se mueve entre códigos políticos, pero nunca la obra de arte es esclava de su autor. La obra y el escritor son cosas distintas y la obra deambula y produce efectos sin el artista y aún en contra de él. Es imposible entregar un premio a la obra y por eso los premios se personalizan, sin que con ello la integridad de la obra se afecte.
Mario Vargas Llosa era aún sin el premio una de las figuras más importantes de la literatura. Este premio no lo descubre, sólo reconoce una obra dedicada al análisis de las complejidades de la turbulenta Latinoamérica. Es un orgullo para este continente y honor para nuestra lengua dar escritores con semejante potencia. La fluidez de su prosa, la construcción no artificiosa de las historias y los personajes dejan que un lector poco meticuloso las disfrute. Para el lector exigente, la obra abre dimensiones que dibujan los vericuetos de la existencia y donde se develan los más aterradores dolores humanos. Su obra capta la silueta del alma humana.
El Pais Cali. 9 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/despolitizar-nobel
La idea de que existe una perversa derecha y una izquierda benévola, hace mucho tiempo que se desfiguró y carece de cualquier asidero en la realidad. Las atrocidades de los regímenes autoritarios se configuran a pesar de las ideologías, los hay tanto de derecha como de izquierda. Ambas corrientes, dentro del contexto del constitucionalismo liberal que inspira los partidos en las democracias modernas, están circunscritas a reglas de respeto hacia la voluntad popular, las libertades individuales y la limitación del poder estatal. Las posturas políticas enmarcadas en este tejido son maneras de priorizar y estrategias distintas, pero que en general pretenden y aspiran a lo mismo. Todo aquello que atente contra esos principios constitucionalistas -sin importar la ideología o intensión que lo sostenga- es lo que debería ser inaceptable.
Así lo demuestran la vida y la obra de Vargas Llosa. A pesar de su ideología o con ocasión de ella, enfrentó los excesos de Fujimori en el Perú. Su obra ha sido prolija en retratar las atrocidades de la dictadura. La Fiesta del Chivo, una de las novelas más excelsas de nuestra lengua, retrata las ambigüedades de Leonidas Trujillo en República Dominicana y con ella estampó la más dura mirada contra la dinámica de las dictaduras latinoamericanas.
Se dice que fueron precisamente las tachas ideológicas del Premio las que impidieron que Jorge Luis Borges, uno de los más grandes de la literatura de los últimos tiempos, accediera al prestigioso galardón. Sin que encuentre justificada ninguna tacha sobre Borges, el hecho pone de presente una cuestión prioritaria, a saber, la importancia del artista frente a su obra.
A diferencia de la ciencia que se reputa objetiva y en esa medida políticamente neutra, la literatura ha sido apreciada como una herramienta política fundamental. La idea de que la literatura puede ser convertida en propaganda política por su autor es un tanto compleja. La literatura como cualquier actividad humana se mueve entre códigos políticos, pero nunca la obra de arte es esclava de su autor. La obra y el escritor son cosas distintas y la obra deambula y produce efectos sin el artista y aún en contra de él. Es imposible entregar un premio a la obra y por eso los premios se personalizan, sin que con ello la integridad de la obra se afecte.
Mario Vargas Llosa era aún sin el premio una de las figuras más importantes de la literatura. Este premio no lo descubre, sólo reconoce una obra dedicada al análisis de las complejidades de la turbulenta Latinoamérica. Es un orgullo para este continente y honor para nuestra lengua dar escritores con semejante potencia. La fluidez de su prosa, la construcción no artificiosa de las historias y los personajes dejan que un lector poco meticuloso las disfrute. Para el lector exigente, la obra abre dimensiones que dibujan los vericuetos de la existencia y donde se develan los más aterradores dolores humanos. Su obra capta la silueta del alma humana.
El Pais Cali. 9 de octubre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/despolitizar-nobel
lunes, octubre 04, 2010
Sin piedad
Las pruebas contra Piedad Córdoba son poderosas, la providencia de la Procuraduría es sólida. Los correos que intercambia Córdoba con Raúl Reyes y otros email de la organización terrorista muestran una cercana amistad y un proyecto político compartido. Ella adelanta acciones y los aconseja políticamente para favorecer a la guerrilla y su proyecto.
A los congresistas de Ralito se los condenó por comprometerse a ‘refundar’ el Estado con los paras; para Córdoba, según los email, el país está esperando quién lo redima y las Farc lo harán a través de una constituyente. Un correo de Reyes dice que Piedad “considera, llegado el momento, estrechar sus relaciones con las Farc con miras a apoyar un nuevo Gobierno… donde las Farc sería parte principal” y remata: “Está comprometida con la obra bolivariana... está en la mejor disposición de lucha”. Los correos de la Senadora terminan con frases como “patria o muerte" y “venceremos”.
Realizar gestiones para la paz no puede significar volverse aliado de un proyecto terrorista. Córdoba se convirtió en una pieza más para la estrategia de las Farc contra el Estado colombiano. Por eso Iván Márquez se muestra satisfecho con su trabajo y lo califica de “sencillamente extraordinario”. Y tiene razón, como lo señala el email que refiere sobre Córdoba: “A pesar de todo ella ve que se abrió un espacio político para las Farc muy importante y que así tenía que ser evaluado... que apoya totalmente la plataforma política de las Farc. No así la lucha armada, pero no lo descarta como opción correcta”.
No sólo son sus acciones, también su asesoría, que ella misma califica como “alta política, es filigrana... es ajedrez”, la comprometen. Les da instrucciones directas sobre cómo deben manejar el tema de los secuestrados. Por ejemplo, les dice que no deben enviar videos sino mensajes de voz. Esa sugerencia -que puede parecer inocua- es perversa. Si ella estuviera representando a la sociedad colombiana hubiera pedido los videos que muestran las condiciones reales en las que está la víctima, en vez de sugerir que se oculte la verdad. El comentario es terrible; ella -al igual que las Farc- convierte a los secuestrados en medios, y los usa. Piedad va mucho más allá: otro email informa que “ella cree que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Íngrid ya que el resto les importa un carajo”.
El correo más intrigante es de octubre de 2007, en el que ‘Teodora’ le dice a Reyes que las pruebas de supervivencia tienen que se entregadas de manera que favorezcan la reforma constitucional de Venezuela y Chávez gane “sobrado”. Ese acierto puede significar que en el futuro, en vez de que los ricos colombianos se enriquezcan más vendiéndoles a los venezolanos, Venezuela podría cerrarles los mercados y “quebrará a todos esos tipejos”.
Piedad informa que tiene tres abogados trabajando para obtener la libertad de Simón Trinidad y se colige que tiene otros abogados trabajando por otros camaradas. Semejantes expresiones de ánimo, colaboración, instrucción con los peores terroristas de Colombia no pueden ser tomadas en babia.
La defensa de Piedad se ha centrado en que las pruebas encontradas en la Operación Fénix no son válidas.
El Pais Cali, 1 de octubre de 2010
A los congresistas de Ralito se los condenó por comprometerse a ‘refundar’ el Estado con los paras; para Córdoba, según los email, el país está esperando quién lo redima y las Farc lo harán a través de una constituyente. Un correo de Reyes dice que Piedad “considera, llegado el momento, estrechar sus relaciones con las Farc con miras a apoyar un nuevo Gobierno… donde las Farc sería parte principal” y remata: “Está comprometida con la obra bolivariana... está en la mejor disposición de lucha”. Los correos de la Senadora terminan con frases como “patria o muerte" y “venceremos”.
Realizar gestiones para la paz no puede significar volverse aliado de un proyecto terrorista. Córdoba se convirtió en una pieza más para la estrategia de las Farc contra el Estado colombiano. Por eso Iván Márquez se muestra satisfecho con su trabajo y lo califica de “sencillamente extraordinario”. Y tiene razón, como lo señala el email que refiere sobre Córdoba: “A pesar de todo ella ve que se abrió un espacio político para las Farc muy importante y que así tenía que ser evaluado... que apoya totalmente la plataforma política de las Farc. No así la lucha armada, pero no lo descarta como opción correcta”.
No sólo son sus acciones, también su asesoría, que ella misma califica como “alta política, es filigrana... es ajedrez”, la comprometen. Les da instrucciones directas sobre cómo deben manejar el tema de los secuestrados. Por ejemplo, les dice que no deben enviar videos sino mensajes de voz. Esa sugerencia -que puede parecer inocua- es perversa. Si ella estuviera representando a la sociedad colombiana hubiera pedido los videos que muestran las condiciones reales en las que está la víctima, en vez de sugerir que se oculte la verdad. El comentario es terrible; ella -al igual que las Farc- convierte a los secuestrados en medios, y los usa. Piedad va mucho más allá: otro email informa que “ella cree que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Íngrid ya que el resto les importa un carajo”.
El correo más intrigante es de octubre de 2007, en el que ‘Teodora’ le dice a Reyes que las pruebas de supervivencia tienen que se entregadas de manera que favorezcan la reforma constitucional de Venezuela y Chávez gane “sobrado”. Ese acierto puede significar que en el futuro, en vez de que los ricos colombianos se enriquezcan más vendiéndoles a los venezolanos, Venezuela podría cerrarles los mercados y “quebrará a todos esos tipejos”.
Piedad informa que tiene tres abogados trabajando para obtener la libertad de Simón Trinidad y se colige que tiene otros abogados trabajando por otros camaradas. Semejantes expresiones de ánimo, colaboración, instrucción con los peores terroristas de Colombia no pueden ser tomadas en babia.
La defensa de Piedad se ha centrado en que las pruebas encontradas en la Operación Fénix no son válidas.
El Pais Cali, 1 de octubre de 2010
martes, septiembre 28, 2010
La maldad
¿Cómo puede convertirse una persona en un asesino y un secuestrador? ¿Cómo puede matar familias y destruir pueblos enteros? ¿Cómo puede alguien ponerle precio a la libertad?
Aún de manera teórica resulta difícil entender la maldad. La conciencia humana, en general, juzga por introspección. Parece natural, entonces, que se desplieguen grados de empatía por el otro y se comprendan sus circunstancias, sus motivos y sus dolores. En este contexto, la maldad es, más bien, una debilidad; no poder soportar ni controlar nuestras propias circunstancias. Terminamos actuando en contra de los otros apoyados en un sentido de que se hace por la necesidad individual o por condiciones que consideramos irresistibles.
La maldad es una falta de empatía por el otro que permite convertirlo en un medio para algo; es precisamente la incapacidad de entender el principio kantiano de que el hombre debe ser siempre un fin en sí mismo. Puede haber muchos constructos que le permiten al sujeto disfrazar sus conductas y no sentirse un mal ser humano. La justificación más poderosa sostiene que el mal inflingido es menor que el bien otorgado o que todo ello es producto de falta de educación o privaciones.
Por ello, desde el punto de vista externo juzgar a alguien como malo tampoco es sencillo. El derecho penal intenta tipificar cada una de las conductas que se catalogan como malas. Aún así cuando juzga, verifica el nivel de culpa individual.
Ahora bien, hay casos donde la maldad es tan abrumadora que no deja duda. Son hombres que se saben, se reconocen y se quieren malos. El ‘Mono Jojoy’ está en esta categoría. Era un ser humano incapaz de compasión, que debía disfrutar el dolor de los demás y regocijarse ciegamente entre el poder que una maldad así le otorgaba.
Categorizó a los campesinos como herramientas para demostrar su poder y destruyó pueblos enteros para poseer a esas comunidades. Convirtió a los soldados y a los políticos en monedas para el cambio, sin reconocerles la mínima dignidad humana y los maltrató hasta límites sólo vistos con los nazis. En su guerra contra el Estado, despersonalizó a los colombianos, nos convirtió en medios para algún deseo suyo. Lo suyo debía ser algo como el miedo, el poder, el mando, por eso murió con un reloj Rolex en la mano. Por eso debía morir.
La intención que se invoque para ejercer la brutalidad siempre será insuficiente. La violencia como mecanismo para renovar las estructuras sociales falla radicalmente porque convierte a la población en un medio. Ese es un error insuperable que aleja y distorsiona cualquier razón de bien. La contradicción de que se busca el bien del pueblo y a la vez se lo destruye es tan poderosa que es inaceptable.
El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y todo aquel que decide usurparlo ha de enfrentar su destrucción. El Estado es eterno y ningún hombre puede derrotarlo por la vía del terror. Eso está bien, porque las estructuras estatales –aunque insuficientes e incompletas- deben personificar y velar el querer popular. Y lo que es más importante, están diseñadas para que todos podamos influir en ellas, para que todos seamos parte de ellas.
Los procesos colectivos son mucho más complejos que la guerra. Cambiar, mejorar, construir condiciones exige mucho más que la intimidación. Las sociedades requieren que la pasión y el ímpetu se encarrilen dentro de la legalidad y persuadan hacía la transformación.
El Pais, Cali. 24 de septiembfre de 2010
Aún de manera teórica resulta difícil entender la maldad. La conciencia humana, en general, juzga por introspección. Parece natural, entonces, que se desplieguen grados de empatía por el otro y se comprendan sus circunstancias, sus motivos y sus dolores. En este contexto, la maldad es, más bien, una debilidad; no poder soportar ni controlar nuestras propias circunstancias. Terminamos actuando en contra de los otros apoyados en un sentido de que se hace por la necesidad individual o por condiciones que consideramos irresistibles.
La maldad es una falta de empatía por el otro que permite convertirlo en un medio para algo; es precisamente la incapacidad de entender el principio kantiano de que el hombre debe ser siempre un fin en sí mismo. Puede haber muchos constructos que le permiten al sujeto disfrazar sus conductas y no sentirse un mal ser humano. La justificación más poderosa sostiene que el mal inflingido es menor que el bien otorgado o que todo ello es producto de falta de educación o privaciones.
Por ello, desde el punto de vista externo juzgar a alguien como malo tampoco es sencillo. El derecho penal intenta tipificar cada una de las conductas que se catalogan como malas. Aún así cuando juzga, verifica el nivel de culpa individual.
Ahora bien, hay casos donde la maldad es tan abrumadora que no deja duda. Son hombres que se saben, se reconocen y se quieren malos. El ‘Mono Jojoy’ está en esta categoría. Era un ser humano incapaz de compasión, que debía disfrutar el dolor de los demás y regocijarse ciegamente entre el poder que una maldad así le otorgaba.
Categorizó a los campesinos como herramientas para demostrar su poder y destruyó pueblos enteros para poseer a esas comunidades. Convirtió a los soldados y a los políticos en monedas para el cambio, sin reconocerles la mínima dignidad humana y los maltrató hasta límites sólo vistos con los nazis. En su guerra contra el Estado, despersonalizó a los colombianos, nos convirtió en medios para algún deseo suyo. Lo suyo debía ser algo como el miedo, el poder, el mando, por eso murió con un reloj Rolex en la mano. Por eso debía morir.
La intención que se invoque para ejercer la brutalidad siempre será insuficiente. La violencia como mecanismo para renovar las estructuras sociales falla radicalmente porque convierte a la población en un medio. Ese es un error insuperable que aleja y distorsiona cualquier razón de bien. La contradicción de que se busca el bien del pueblo y a la vez se lo destruye es tan poderosa que es inaceptable.
El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y todo aquel que decide usurparlo ha de enfrentar su destrucción. El Estado es eterno y ningún hombre puede derrotarlo por la vía del terror. Eso está bien, porque las estructuras estatales –aunque insuficientes e incompletas- deben personificar y velar el querer popular. Y lo que es más importante, están diseñadas para que todos podamos influir en ellas, para que todos seamos parte de ellas.
Los procesos colectivos son mucho más complejos que la guerra. Cambiar, mejorar, construir condiciones exige mucho más que la intimidación. Las sociedades requieren que la pasión y el ímpetu se encarrilen dentro de la legalidad y persuadan hacía la transformación.
El Pais, Cali. 24 de septiembfre de 2010
jueves, septiembre 23, 2010
La sapería internacional
La senadora Piedad Córdoba está tratando de sabotear el TLC con la Unión Europea, en una gira que el país ya conoce porque lo mismo hizo con el tratado de EE.UU. Su actitud es antidemocrática, agrede la soberanía nacional y guarda mucha similitud con aquella infantil que los niños denominan ‘sapo’. Aquel que es incapaz de enfrentar y ganar un debate con reglas internas, y que entonces busca una figura externa -que se supone que tiene poder sobre todos- para que intervenga y desarregle los acuerdos a los que esas sociedad infantil ha llegado.
La oposición está inconforme con los tratados de libre comercio. Según sus visión, aquellos desmedran la economía real y privilegian un comercio que no genera empleos.
Tienen buenos argumentos que se han enfrentado en varios debates a la perspectiva contraria que sostiene que el acceso a otros mercados es pieza clave para que nuestra economía pueda crecer. El Congreso debate y decide; la oposición, minoritaria, es derrotada. Pero algunos, como la senadora Córdoba, no aceptan el resultado y entonces se confabula para romper las reglas del juego. Así, también sucede con sus ideas sobre cómo se debe manejar el conflicto con los narcoterroristas de las Farc. La oposición, y ella en particular, tienen un enfoque y las mayorías colombianas otro. Tampoco se conforman con el debate democrático, pretenden imponerse a toda costa, antidemocráticamente.
Lo que más molesta es que con la acción de la Senadora se está legitimando una especie de intervencionismo de los países desarrollados sobre Colombia. Los tratados de libre comercio son negocios entre naciones de igual jerarquía, nunca la ocasión para coaccionar y pretender una supremacía moral que no existe. Somos soberanos y ningún país, por rico que sea, puede venir a decir cómo debemos lidiar con nuestros problemas. Ese es nuestro asunto. El enfoque según el cual esas ‘democracias desarrolladas’ deben exigir de las democracias en desarrollo el cumplimiento de la ley es ofensiva, ridícula y colonialista. Si en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos no es porque el Estado lo avale, es porque hacer cumplir la ley en medio de la convulsión no es fácil. Tan es así, que aquellos ‘desarrollados’ tienen también antecedentes de terribles violaciones de derechos humanos. Me refiero a los continuos casos de xenofobia, y no olvidemos que hace poco esas naciones europeas montaron sistemas extractivos sobre otros países y vulneraron los derechos de los nacionales de esas ‘colonias’. Más aún, con las fugas de Wikileaks quedó claro que los falsos positivos y la violación de derechos humanos suceden en todas las guerras, sólo que se esconden. Nadie dice que esa sea la voluntad del Ejercito o del Gobierno gringo, sólo que pasa, como ha pasado aquí. Precisamente por eso la guerra es terrible.
Irse a buscar papás o profesores que nos exijan como si fuéramos niños es inaceptable. Colombia es de los colombianos. Los muertos, los atentados, los abusos de la guerrilla los hemos vivido nosotros y somos nosotros quienes decidimos cómo los enfrentamos. El diálogo tuvo su oportunidad durante el gobierno Pastrana y los resultados fueron nulos. Además, con los tratados con las cortes internacionales ya no es posible negociar con criminales de lesa humanidad. La guerrilla ya no puede tener opciones políticas, debe rendir las armas y pagar por todos los crímenes que ha cometido.
El País Cali. 18 de septiembre de 2010
La oposición está inconforme con los tratados de libre comercio. Según sus visión, aquellos desmedran la economía real y privilegian un comercio que no genera empleos.
Tienen buenos argumentos que se han enfrentado en varios debates a la perspectiva contraria que sostiene que el acceso a otros mercados es pieza clave para que nuestra economía pueda crecer. El Congreso debate y decide; la oposición, minoritaria, es derrotada. Pero algunos, como la senadora Córdoba, no aceptan el resultado y entonces se confabula para romper las reglas del juego. Así, también sucede con sus ideas sobre cómo se debe manejar el conflicto con los narcoterroristas de las Farc. La oposición, y ella en particular, tienen un enfoque y las mayorías colombianas otro. Tampoco se conforman con el debate democrático, pretenden imponerse a toda costa, antidemocráticamente.
Lo que más molesta es que con la acción de la Senadora se está legitimando una especie de intervencionismo de los países desarrollados sobre Colombia. Los tratados de libre comercio son negocios entre naciones de igual jerarquía, nunca la ocasión para coaccionar y pretender una supremacía moral que no existe. Somos soberanos y ningún país, por rico que sea, puede venir a decir cómo debemos lidiar con nuestros problemas. Ese es nuestro asunto. El enfoque según el cual esas ‘democracias desarrolladas’ deben exigir de las democracias en desarrollo el cumplimiento de la ley es ofensiva, ridícula y colonialista. Si en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos no es porque el Estado lo avale, es porque hacer cumplir la ley en medio de la convulsión no es fácil. Tan es así, que aquellos ‘desarrollados’ tienen también antecedentes de terribles violaciones de derechos humanos. Me refiero a los continuos casos de xenofobia, y no olvidemos que hace poco esas naciones europeas montaron sistemas extractivos sobre otros países y vulneraron los derechos de los nacionales de esas ‘colonias’. Más aún, con las fugas de Wikileaks quedó claro que los falsos positivos y la violación de derechos humanos suceden en todas las guerras, sólo que se esconden. Nadie dice que esa sea la voluntad del Ejercito o del Gobierno gringo, sólo que pasa, como ha pasado aquí. Precisamente por eso la guerra es terrible.
Irse a buscar papás o profesores que nos exijan como si fuéramos niños es inaceptable. Colombia es de los colombianos. Los muertos, los atentados, los abusos de la guerrilla los hemos vivido nosotros y somos nosotros quienes decidimos cómo los enfrentamos. El diálogo tuvo su oportunidad durante el gobierno Pastrana y los resultados fueron nulos. Además, con los tratados con las cortes internacionales ya no es posible negociar con criminales de lesa humanidad. La guerrilla ya no puede tener opciones políticas, debe rendir las armas y pagar por todos los crímenes que ha cometido.
El País Cali. 18 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 17, 2010
Las mafias sólo se trasladan
La polémica en torno a si México vive una situación similar a la de Colombia durante los 80 se concentra en nimiedades, dejando por fuera lo relevante del comentario. Las diferencias pueden ser tantas como se quiera y dependen en gran medida de los aspectos que se analicen. Claro que Colombia tenía un problema de narcotráfico mezclado con el de una insurgencia armada en abierto enfrentamiento con el Estado; esto último México no lo padece. Pero la comparación de las situaciones evidencia que la violencia del narcotráfico no depende de los países, de su gobierno o de la sociedad; la estructura de la mafia y su funcionamiento se reproducen con tenebrosa similaridad.
El combate contra los cultivos ilícitos ha dejado claro que si la presión en un país termina por disminuirlos sobre su territorio, éstos crecen en una proporción similar en un país cercano. Eso no significa que la nación vecina estuviera descuidada, simplemente muestra -para el caso Colombia, Bolivia y Peru- que los Estados están en una especie de competencia y que la mínima diferencia entre sus controles se vuelve un incentivo para los narcocultivadores. Ello revela que el cultivo de la droga no está ligado a parámetros nacionales, sino a un mercado global. Hay un consumo que se suple desde cualquier territorio.
Lo que sucede ahora con México es algo similar, pero más trágico. Los esfuerzos sostenidos de Colombia por combatir el narcotráfico lograron hacer de éste un negocio muy difícil en el contexto nacional y la consecuencia propia de la economía de mercado es que los comerciantes se han desplazado. México resultó un destino ideal por su cercanía con la frontera norteamericana -principales consumidores- y porque ya existían vínculos entre los mafiosos colombianos y los mexicanos, pero bien hubiera podido ser cualquier otro país. No se trata de que México no tuviera suficientes controles. Ningún país está preparado para que las mafias se instalen. Caen como una bomba, son una sorpresa y no importa el grado de desarrollo institucional, el padecimiento es similar.
Los Estados dependen de un pacto social según el cual la mayoría está dispuesta a respetar la ley. La realidad fáctica es que ningún Estado, por poderoso que sea, está en capacidad de contener la rebeldía social. Las mafias ponen a prueba la estructura institucional. Nadie puede estar preparado para sus embates, porque los alcances de su poder corruptor son desconocidos hasta que se instalan. Por supuesto, es una guerra larga que termina por ganar el Estado. No importa cuantos policías o ministros asesine la mafia, siempre habrá otros. El Estado muestra su naturaleza inagotable y termina por derrotar a los individuos. Pero es una guerra larga, sangrienta y muy costosa socialmente.
Ahora tiene el turno México y con seguridad derrotará al narcotráfico. Pero éste flagelo renacerá en algún otro país. No es aceptable que el mundo insista en estos sacrificios simbólicos de las sociedades en desarrollo. Iremos traspasándonos las mafias de frontera en frontera sin final. Debemos aceptar que esta es una guerra que no termina y ello exige pensar seriamente en la legalización.
Si con los recursos que se financia la guerra contra las drogas se implementaran campañas para reducir su consumo, los resultados serían contundentes y se evitaría la inmolación de varios países.
El País, Cali. 11 de septiembre de 2010
El combate contra los cultivos ilícitos ha dejado claro que si la presión en un país termina por disminuirlos sobre su territorio, éstos crecen en una proporción similar en un país cercano. Eso no significa que la nación vecina estuviera descuidada, simplemente muestra -para el caso Colombia, Bolivia y Peru- que los Estados están en una especie de competencia y que la mínima diferencia entre sus controles se vuelve un incentivo para los narcocultivadores. Ello revela que el cultivo de la droga no está ligado a parámetros nacionales, sino a un mercado global. Hay un consumo que se suple desde cualquier territorio.
Lo que sucede ahora con México es algo similar, pero más trágico. Los esfuerzos sostenidos de Colombia por combatir el narcotráfico lograron hacer de éste un negocio muy difícil en el contexto nacional y la consecuencia propia de la economía de mercado es que los comerciantes se han desplazado. México resultó un destino ideal por su cercanía con la frontera norteamericana -principales consumidores- y porque ya existían vínculos entre los mafiosos colombianos y los mexicanos, pero bien hubiera podido ser cualquier otro país. No se trata de que México no tuviera suficientes controles. Ningún país está preparado para que las mafias se instalen. Caen como una bomba, son una sorpresa y no importa el grado de desarrollo institucional, el padecimiento es similar.
Los Estados dependen de un pacto social según el cual la mayoría está dispuesta a respetar la ley. La realidad fáctica es que ningún Estado, por poderoso que sea, está en capacidad de contener la rebeldía social. Las mafias ponen a prueba la estructura institucional. Nadie puede estar preparado para sus embates, porque los alcances de su poder corruptor son desconocidos hasta que se instalan. Por supuesto, es una guerra larga que termina por ganar el Estado. No importa cuantos policías o ministros asesine la mafia, siempre habrá otros. El Estado muestra su naturaleza inagotable y termina por derrotar a los individuos. Pero es una guerra larga, sangrienta y muy costosa socialmente.
Ahora tiene el turno México y con seguridad derrotará al narcotráfico. Pero éste flagelo renacerá en algún otro país. No es aceptable que el mundo insista en estos sacrificios simbólicos de las sociedades en desarrollo. Iremos traspasándonos las mafias de frontera en frontera sin final. Debemos aceptar que esta es una guerra que no termina y ello exige pensar seriamente en la legalización.
Si con los recursos que se financia la guerra contra las drogas se implementaran campañas para reducir su consumo, los resultados serían contundentes y se evitaría la inmolación de varios países.
El País, Cali. 11 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 10, 2010
¿La disolución del uribismo?
El uribismo es el resultado de una empatía de las mayorías colombianas con una manera de entender, priorizar y tratar de resolver los conflictos nacionales. Surgió de las bases populares y ante la abrumadora tendencia los partidos políticos tuvieron que acompañar a Uribe. El manejo político del nuevo gobierno definirá, en gran medida, la continuidad de ese uribismo político en el futuro.
Hay quienes opinan que el arraigo de Santos al Partido Liberal no ha desaparecido, es más, muchos liberales están confiados en que durante este gobierno se dará su resurgimiento. Ese movimiento político, luego de apartarse de la candidatura de Uribe -uno de los suyos- se sumió en una lenta desintegración y dejó de tener opciones de poder en el Ejecutivo. Alegando que Santos no es el uribismo, el liberalismo se subió en la segunda vuelta a la victoria inevitable del ahora presidente. Ahora, por supuesto, pretenden reclamar el triunfo y hacer parte del gobierno de manera activa. Se sienten con los mismos derechos que los conservadores en la coalición, pues ambos adhirieron tarde.
Ya la colectividad azul empieza a sentir el remezón, a pesar de que la participación de ambos partidos en la elección presidencial fue muy distinta. El abrumador triunfo de Santos es y debería ser un éxito uribista. Esta fuerza entendió al candidato como el sucesor de Uribe y eso le garantizó una masa importante. A eso se le sumó una significativa facción conservadora uribista. El gesto de unos pocos, pero representativos conservadores de apoyar a Santos antes de la primera vuelta, impulsó a que muchos azules votaran por él, por eso la candidata Sanín no alcanzó ni siquiera los votos de la consulta.
El error del directorio conservador al haber despreciado y vituperado a quienes se fueron con Santos desde el principio, deja al Partido sin la posibilidad de reclamar el lugar que de hecho tuvo. La ‘disciplina de perros’ que quisieron imponer empieza a cobrar su precio; han quedado situados a la par del liberalismo.
La situación se agrava pues el renacer del Partido Liberal estará liderado por el Ministro de Gobierno.
Vargas Llegas está en campaña y es evidente que está más cerca de los rojos que de los azules. También es claro que él no es uribista, ni pretende mantener esa fuerza democrática. Sus esfuerzos intentarán aglutinar a los liberales a su alrededor y procurará dividir la coalición uribista entre aquellos que en el futuro puedan brindarle apoyo y los que no. Los conservadores empezarán a ser marginados poco a poco, pues tienen vocación de candidato propio. La misma suerte correrán los sectores que muestren más lealtad a otros distintos a Vargas Lleras. La U como partido, será presionada. Ya se anuncian embates profundos que intentará doblegarlos y entregarlos al proyecto de Cambio Radical y tal vez enviarlos de regreso al Partido Liberal.
El destino del uribismo está por verse. Si Vargas Lleras consolida la mayoría, el uribismo estará derruido y el Partido Conservador con él. Si, por el contrario, el uribismo resiste, Vargas Lleras no será un buen ministro. Sus enfrentamientos con el Congreso irán aumentando hasta imposibilitar la acción del gobierno. Es un pulso que está planteado.
El País, Cali. 3 de septiembre de 2010
Hay quienes opinan que el arraigo de Santos al Partido Liberal no ha desaparecido, es más, muchos liberales están confiados en que durante este gobierno se dará su resurgimiento. Ese movimiento político, luego de apartarse de la candidatura de Uribe -uno de los suyos- se sumió en una lenta desintegración y dejó de tener opciones de poder en el Ejecutivo. Alegando que Santos no es el uribismo, el liberalismo se subió en la segunda vuelta a la victoria inevitable del ahora presidente. Ahora, por supuesto, pretenden reclamar el triunfo y hacer parte del gobierno de manera activa. Se sienten con los mismos derechos que los conservadores en la coalición, pues ambos adhirieron tarde.
Ya la colectividad azul empieza a sentir el remezón, a pesar de que la participación de ambos partidos en la elección presidencial fue muy distinta. El abrumador triunfo de Santos es y debería ser un éxito uribista. Esta fuerza entendió al candidato como el sucesor de Uribe y eso le garantizó una masa importante. A eso se le sumó una significativa facción conservadora uribista. El gesto de unos pocos, pero representativos conservadores de apoyar a Santos antes de la primera vuelta, impulsó a que muchos azules votaran por él, por eso la candidata Sanín no alcanzó ni siquiera los votos de la consulta.
El error del directorio conservador al haber despreciado y vituperado a quienes se fueron con Santos desde el principio, deja al Partido sin la posibilidad de reclamar el lugar que de hecho tuvo. La ‘disciplina de perros’ que quisieron imponer empieza a cobrar su precio; han quedado situados a la par del liberalismo.
La situación se agrava pues el renacer del Partido Liberal estará liderado por el Ministro de Gobierno.
Vargas Llegas está en campaña y es evidente que está más cerca de los rojos que de los azules. También es claro que él no es uribista, ni pretende mantener esa fuerza democrática. Sus esfuerzos intentarán aglutinar a los liberales a su alrededor y procurará dividir la coalición uribista entre aquellos que en el futuro puedan brindarle apoyo y los que no. Los conservadores empezarán a ser marginados poco a poco, pues tienen vocación de candidato propio. La misma suerte correrán los sectores que muestren más lealtad a otros distintos a Vargas Lleras. La U como partido, será presionada. Ya se anuncian embates profundos que intentará doblegarlos y entregarlos al proyecto de Cambio Radical y tal vez enviarlos de regreso al Partido Liberal.
El destino del uribismo está por verse. Si Vargas Lleras consolida la mayoría, el uribismo estará derruido y el Partido Conservador con él. Si, por el contrario, el uribismo resiste, Vargas Lleras no será un buen ministro. Sus enfrentamientos con el Congreso irán aumentando hasta imposibilitar la acción del gobierno. Es un pulso que está planteado.
El País, Cali. 3 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 03, 2010
La reforma a la Justicia
La consolidación del Estado Social de Derecho sólo será posible cuando la rama jurisdiccional cumpla sus funciones con mayor transparencia y eficiencia. Los males de la Justicia colombiana son múltiples y la reforma presentada por el gobierno es el inicio de un proceso mucho más complejo que será fundamental para el país.
Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.
Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.
Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.
Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.
Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.
Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.
lunes, agosto 30, 2010
La minería, reto para Colombia
Colombia se ha embarcado en la era de la exploración minera con ahínco y entusiasmo. Seguramente la llegada de tantas empresas de reconocida prestancia internacional dará lugar a hallazgos de diferentes minerales como oro, carbón y petróleo entre otros, como ya ha empezado a suceder. La noticia sobre la proliferación de la minería tiene mucho para celebrar, pero implica una serie de retos difíciles, que si no se atienden desmedrarán cualquier beneficio.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
jueves, agosto 19, 2010
¿Y los campamentos de las Farc?
Las denuncias que hizo el Gobierno de Colombia sobre la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela son muy graves. La solicitud de que hubiera una comisión internacional para verificarlas era sensata y necesaria. Precisamente por ello, sorprende que después de la reunión entre el nuevo presidente Santos y el Mandatario venezolano, la nueva canciller Holguín anunciara que ya no era necesaria la comisión de verificación.
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
miércoles, agosto 11, 2010
Adiós a mí, por siempre, Presidente
Es para mi un acto de cargada emotividad despedir al presidente Uribe. La primera vez que yo lo vi estaba en la universidad y él era gobernador de Antioquia; me impactó. Era el primer político con quien yo compartía la manera cómo los problemas colombianos debían ser priorizados y los mecanismos mediante los cuales intentaría su solución. Entonces no lanzó su candidatura y me sentí desilusionada.
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
jueves, agosto 05, 2010
La paradoja de la droga
La situación de México es dramática. La violencia del narcotráfico ha empezado a irrumpir en la vida de ciudadanos corrientes, una historia que conocemos. La prohibición de su producción y comercialización se convierte en un imán para personas inescrupulosas, que atraídas por los volúmenes de dinero y las pocas barreras de entrada, luchan por controlar uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Las guerras entre carteles, en los carteles, por los carteles crean un clima de zozobra. Las mafias con el poder económico pervierten los sistemas institucionales; la violencia, los sobornos y las amenazas los carcomen. Esa incapacidad del Estado de controlar las acciones de los narcos debilita ante el resto de la sociedad las nociones de temor y respeto a la ley necesarias para la vida en comunidad.
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
sábado, julio 31, 2010
Chávez y la guerra
El problema con Venezuela no es Uribe, como sostiene Chávez; el problema –real y complejo- es la actitud que tiene ese gobierno frente a las Farc y el ELN, reconocidos grupos narcoterroristas. Colombia, bajo el gobierno Uribe y con un esfuerzo titánico, ha logrado reducir esos grupos que han tenido que replegarse en las profundidades de la selva y en las fronteras. Tenemos evidencia contundente de la presencia de varios jefes guerrilleros en Venezuela, donde no sólo planean ataques contra Colombia sino que además reciben visitas y son custodiados por 1.500 hombres.
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
viernes, julio 23, 2010
¿Para quién los dineros públicos?
Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
jueves, julio 15, 2010
¿Chávez y Correa de vuelta?
Por supuesto que las relaciones internacionales requieren un contexto de respeto. Y es también claro que entre Venezuela, Ecuador y Colombia existen vínculos históricos ineludibles y que por ello nuestros destinos están ligados indefectiblemente. En consecuencia debería reinar una amistad recia entre sus pueblos, un entendimiento fluido entre los líderes y un proyecto que nos integrará como la región que fuimos bajo la Gran Colombia. Nada de esto sucede.
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
sábado, julio 10, 2010
La reforma migratoria
Desde hace mucho se esperaba el pronunciamiento del presidente Obama sobre el tema migratorio en EE.UU. Su discurso del jueves señaló las fallas del sistema de inmigración legal que es excesivamente largo, difícil y costoso; mencionó la imposibilidad fáctica de deportar a todos los ilegales y controlar las amplísimas fronteras. Mostró las ventajas que provee la inmigración, y los abusos a los que se presta la ilegalidad. Hubo pocas propuestas concretas: castigos para los empleadores de ilegales y descartó una amnistía de los ilegales actuales; ellos tendrían que reportarse con el Gobierno, aceptar que violaron la ley, pagar impuestos y una multa y hacer la inmigración legal.
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
jueves, julio 01, 2010
¿Unidad nacional?
La abrumadora victoria de Juan Manuel Santos muestra que el país, con amplias mayorías, sigue respaldando la gestión del presidente Uribe y que ha encontrado en su Gobierno respuestas a sus aspiraciones más sensibles. Santos ha sabido liderar la carrera presidencial manteniéndose unido a los postulados uribistas.
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
jueves, junio 24, 2010
Gaviria Vs. Uribe
El enfrentamiento entre el ex presidente Gaviria y el presidente Uribe tiene sentido. Es inoportuna la adhesión de Gaviria a Santos con una carta donde critica ferozmente al gobierno Uribe. El debate político se dio en la primera vuelta. Pardo, como candidato liberal, representó en la elecciones esa tendencia política –liberal antiuribista– y fue derrotado abrumadoramente, obtuvo sólo 630 mil votos.
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
martes, junio 15, 2010
Un sabor extraño
Las decisiones judiciales, a pesar de estar soportadas en un cuerpo normativo, tienen alma política. Las pruebas y lo que significa la justicia es impreciso. Por eso, los jueces son personas y no computadores. La condena del coronel (r) Plazas Vega deja ver ese componente político - humano con un sabor agridulce.
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
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