Tres vilezas

La contralora Morelli inició una investigación sobre el carrusel de pensiones instalado en la rama jurisdiccional, donde con pocos meses en un cargo los magistrados de la Judicatura adquieren pensiones de congresistas (pues por fallo judicial esa rama se autoasignó el régimen pensional del Congreso). Los magistrados del Consejo de Estado nombraron conjueces, pues ellos están impedidos. Éstos decidieron que la Contraloría no tiene facultades para investigar a los magistrados, y que el asunto debe ser atendido por la Comisión de Acusaciones del Congreso. Se trata pues, de una manera muy efectiva de culminar la investigación. Además, es una evidente desconfiguración de las funciones estatales. El juicio del Congreso se establece para que tenga un elemento político, pero el tema del erario no tiene ni debe tener politización alguna. El control fiscal por disposición constitucional le corresponde a la Contraloría siempre que haya recursos públicos, y sin embargo, ahora quedan exceptuados los jueces. Es una verdadera afrenta contra la Constitución y la Justicia. El Congreso aprobó en quinto debate un proyecto de marco legal para la paz, que es el primer paso para una amnistía para las Farc. Dice el texto aprobado que podrá haber tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y agrega que se podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, se están preparando los mecanismos para que los criminales que han asesinado, secuestrado, volado pueblos e infraestructura del país puedan ser liberados de todas sus culpas; podrá no haber procesos penales contra los delincuentes. Otro atentando contra la Justicia. El caso de Santo Domingo donde se pretende responsabilizar a los pilotos de la Fuerza Aérea por la muerte de unos civiles ha sido señalado por muchos como un intento más de condenar a las FF.AA., por hechos que le son ajenos. La tesis de la defensa es que la bomba que mató a los 17 civiles no la disparó el helicóptero, sino que fue puesta en un camión por las Farc, así lo señalaron las comisiones de expertos que hicieron la recolección de la evidencia. También lo reconoció una sentencia -en firme- de un Juzgado en Arauca en el que fue condenado el jefe guerrillero ‘Grannobles’ a 53 años de prisión por esos hechos. Esto debería dar por terminado los procesos contra los oficiales y aquellos que pretenden imputarle responsabilidad al Estado. Sin embargo, sucede lo contrario. Se reciben pruebas que no fueron recolectadas por los expertos, sino por civiles y adjuntadas al proceso, incluso, un año después y como la sentencia era un obstáculo, acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Arauca. Es decir, ‘Grannobles’ se libró de su condena, para poder seguir con el proceso contra los pilotos. Corresponderá a la Corte Suprema analizar el asunto. Se dice que hay más miembros de la Fuerza Pública en la cárcel que guerrilleros y paramilitares, de ser cierto esto sería una verdadera enfermedad. Estos tres hechos, ocurridos esta semana, ponen de presente la creciente injusticia en el país. La sociedad es responsable, pues los fallos se hacen a nombre de la Nación colombiana. Es creciente la necesidad de más debate, de más control ciudadano. Nada refleja más la calidad de una sociedad que su Justicia. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tres-vilezas

Educación e informalidad

En Colombia existe una tendencia a legislar sobre el país que queremos y no sobre el que realmente somos; como si negando las circunstancias poco halagüeñas que configuran nuestra realidad estas desaparecieran; el fenómeno se ve claramente en las discusiones de educación, pobreza y empleo. El mayor problema de la educación superior en Colombia es la calidad, y sin embargo las discusiones se basan en la necesidad de ampliar la cobertura. Hay muy buenos colegios y universidades; pero a su lado conviven otros de pésima calidad que son casi una estafa para quienes ilusionados acuden a ellos. Los resultados de las pruebas Saber Pro –antes Ecaes- muestran la lamentable situación: tenemos estudiantes universitarios que no pueden realizar operaciones sencillas con números, son incapaces de comprender lo que leen y pobre conocimiento del ingles. La discusión entonces, no puede centrarse en ampliación cuando lo que se ofrece es tan deficiente; cualquier recursos adicional debe destinarse a mejorar lo exístete y entregarle a quien hace parte del sistema educativo una formación capaz de hacerlo competitivo en el contexto global. La evaluación, también, mostró que los peor formados en el país son quienes serán los profesores de la educación básica y media. En el examen del escalafón docente sólo el 18% mostró un nivel satisfactorio. Es un hecho aterrador; tenemos los peores enseñándole a todos los niños. Si el país quiere mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos tiene que hacer un esfuerzo por prepáralos bien; darles las oportunidades de hacer lo mejor con su talento. El empleo y la seguridad social son otro de los grandes temas donde los colombianos somos reacios a aceptar la verdad. Los datos del Dane señalan que el 56% de los trabajadores son informales; y un estudio del Banco de la Republica -que analiza el número de trabajadores que no están afiliados a la seguridad social- dice que serían 62%; cifra que se eleva por encima del 80% en las capitales del Caribe, Popayán, Quibdó y Pasto. Esto significa que sólo 4 de cada 10 trabajadores tiene empleo formal en el país. Sin embargo, tomamos decisiones para los empleados formales como si el fenómeno de la informalidad fuera secundario o casi inexistente. Altos funcionarios del Gobierno sostienen que la solución de la pobreza se puede lograr a través de reajustes del salario mínimo; cuando quienes ganan ese salario son una minoría más bien privilegiada. Algunos otros evalúan la seguridad social como una alivio para los más pobres; sin observar que en general las poblaciones más vulnerables están fuera del sistema (salvo en salud). Entre quienes no están en la seguridad social, están quienes trabajan por un salario y que no reciben ningún beneficio de seguridad social; unos que trabajan independientes y ganan menos de un salario mínimo y no pueden cotizar aún queriendo y otros que pudiendo hacerlo no los hacen. No le conviene a un independiente hacer parte del sistema, tiene menos beneficios; tendrá una pensión del sólo el 40% de su sueldo, y no puede acceder a las incapacidades medicas, entre otros. Es difícil pagar y mantenerse al día con parafiscales pues su diseño es inflexible. El sistema está diseñado para los dependientes, aún cuando esa población es minoritaria en Colombia y no hay un sistema que responda a las necesidades y carencias de los informales, que son, al fin y al cabo, la mayoría de los trabajadores del país. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/educacion-e-informalidad

¿Retaliación contra la Justicia?

Néstor Correa (a quien el país conoció porque el diario El Tiempo denunció que en los seis primeros meses de su vinculación como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura había hecho entre 16 y 18 viajes pagados por el Estado) dijo que el país debe agradecerle a la Corte Suprema que Mancuso no sea ministro de Cultura. Lo dijo para justificar su opinión de que la Reforma a la Justicia es una retaliación contra las actuaciones de la rama. Sea lo primero decir que los juicios por ‘Parapolítica’ -a pesar de que muchos son cuestionables- pueden calificarse como un avance de la Justicia. Sin embargo, hay que resaltar que esos procesos sólo se iniciaron cuando el gobierno del presidente Uribe logró que los paramilitares dejaran las armas. Es natural que los jueces tengan miedo de iniciar actuaciones contra aquellos que hacen parte de las estructuras armadas activas, como se evidencia en el hecho de que no haya ningún caso de ‘Farcpolítica’. Así las cosas, fue la victoria del gobierno Uribe sobre los paramilitares lo que dio lugar a los procesos judiciales que se adelantan contra los jefes, integrantes y colaboradores del paramilitarismo. Sin Uribe todos ellos estarían hoy en armas y en libertad; como lo están los narcoterroristas de las Farc, el ELN y sus aliados. Ahora bien, la Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas. Es humano que los magistrados que hoy ostentan poderes casi ilimitados sean reacios a perderlos, pero el debate debe dejar de lado los intereses personales o de grupo, y atender a la necesidad de establecer un Estado de Derecho con poderes equilibrados. La Justicia requiere mayor agilidad y no necesariamente más funcionarios, pues Colombia está entre los países con mayor número de jueces por habitante en el mundo. Hay que hacer una reforma profunda: mejorar los operadores judiciales; buscar formas de solución expedita de litigios sencillos como los cobros de los bancos, arriendos… mediante mecanismos pagados por los interesados, en fin. Y lo que es más importante hay que aplicar un sistema de frenos y contrapesos que delimiten y configuren de manera adecuada los diferentes poderes del Estado. Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía. Tampoco sobre el Procurador, pues al ser el Ministerio Público deber ser completamente independiente tanto de la Fiscalía como de todas las Cortes, como también el Procurador. Así mismo, es necesario replantear los procesos contra los aforados; no es aceptable que la investigación y el juzgamiento se haga todo en la Corte Suprema. Debe haber un sistema de investigación independiente, y una segunda instancia ajena a la primera. Tampoco está bien que la Corte Suprema juzgue a sus propios miembros. La discusión sobre la Reforma a la Justicia no le corresponde a esa rama, ni a las altas cortes; es el Congreso elegido popularmente quien ostenta el poder para reformar la Constitución. La rama debe serenarse, Asonal Judicial suspender el paro y, el Gobierno debe dejar de presionar a los congresistas para que mantengan prebendas y privilegios nominativos a favor de las altas cortes con el ánimo de ‘mantener buenas relaciones’ con los magistrados. Aquí no está en juego un tema político, y menos gubernamental, se trata de la sostenibilidad del Estado de Derecho. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/retaliacion-contra-justicia

El fracaso diplomático

Lo que está sucediendo con la Cumbre de las Américas demuestra que la política de no tomar posiciones e intentar satisfacerlos a todos, era insostenible y estaba llamada al fracaso. Una buena política exterior no es aquella que por casualidad sale bien; es aquella que ha sido planeada para obtener y mantener buenos resultados. Pretendió nuestra política ignorar enfrentamientos históricos, y al hacerlo dejó a Colombia en una mala situación en las relaciones que son relevantes para el país. La cercanía con Chávez no era conveniente para el país desde muchas perspectivas. El Gobierno venezolano ha sido cómplice y patrocinador de las Farc. Así lo acaba de volver a señalar el informe del Departamento de Estado de EE.UU.: Venezuela es un Gobierno tolerante con quienes se dedican al narcoterrorismo que asola a Colombia. Se trata además de un Gobierno de tintes tiránicos, donde son frecuentes las violaciones a los derechos de los ciudadanos y las restricciones a la libertad de prensa. Respaldarlo era una fuerte afrenta a la oposición amordazada y al pueblo maltratado. Más aún, la cercanía de Chávez con los tiranos del mundo nos hace cómplices de los peores regímenes del planeta, pues muchos son patrocinados con el petróleo que Chávez les provee. Todo ello pareció a nuestro Gobierno poco significativo. El mundo sabía que el tema de Cuba surgiría en la Cumbre de las Américas, sin embargo los colombianos no teníamos una estrategia. Ante la ausencia de decisión de nuestra parte, y la aparente alianza que tenemos con Chávez y nuestros vecinos, ellos aprovecharon para introducir el tema de Cuba y desafiar a los EE.UU. Quedamos en medio del pulso entre el Alba y los EE.UU. Y pese a los esfuerzos por eludir el asunto y los intentos por quedar bien con todos, Santos tuvo que tomar una decisión. Optó por no invitar a Cuba (lo que aplaudimos) y tratar lo imposible: que Cuba no se ofendiera con el hecho. Cuba no sólo quedó molesta, sino que además descalificó a nuestro Gobierno postulándolo como un títere de los gringos. Además rechazó categóricamente el ofrecimiento de Santos de que el tema de Cuba fuera discutido en la Cumbre. La segunda parte de la tarea, que el Alba se haga presente en Cartagena, todavía queda pendiente. Es probable que Chávez se ausente por motivos de salud. La respuesta dependerá de Correa, un presidente que ya ha sido bastante grosero con nuestro país (en su última visita dijo que las Farc no eran terroristas, y que en cambio el Estado colombiano sí lo era). Además, Correa tiene nuevas más razones para hacerle un desplante a Colombia; Roberto Pombo, director de El Tiempo, promovió la publicación de los grandes diarios latinoamericanos la columna de opinión censurada por el Mandatario ecuatoriano, movimiento que obligó a Correa a ‘perdonar’ a esos periodistas. Pero ahí no para la debacle; nuestra relación con los EE.UU., muestra síntomas de deterioro. Las ayudas del Plan Colombia se redujeron. Se les advirtió a los turistas gringos sobre el peligro de viajar a nuestro país, desaconsejándolo. El reporte del Departamento de Estado nos calificó, otra vez, los más grandes proveedores de cocaína hacia ese país, con más de 90% una cifra que históricamente venía disminuyendo. Como están las cosas nos quedamos con el pecado y sin el género: amigos -pero no mucho- de los gringos y tildados de marionetas del imperio. La Cumbre todavía está en entredicho, pero la política exterior fracasó. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fracaso-diplomatico

Gobierno se raja en seguridad

No es una buena noticia que la violencia resurja y acorrale varios municipios. Colombia vive un proceso de prosperidad económica y social porque había logrado -finalmente- la tranquilidad suficiente para que la industria nacional floreciera, el campo volviera a ser productivo y atraer inversión extranjera; pero son flores que pueden marchitarse. La situación en el Cauca es inaceptable. En lo corrido de esta semana han sido hostigados Caldono, Belalcázar, Argelia y Timbiquí; y esto pasa después de que los ataques sobre el Departamento han dejado muertos, heridos, miles de desplazados, sin que el Gobierno logre controlar el área. Los paros armados están a la orden del día y son una de las cosas más graves que hayamos visto jamas. En Medellín, Santa Marta y otros municipios las Bacrim ordenaron la reclusión de la ciudadanía y pese a la presencia del Presidente muchos no pudieron salir a la calle y los arriesgados fueron asesinados. Estamos perdiendo el control del territorio. Mientras esperamos que el traslado del general Naranjo a Santa Marta tenga efecto en esa zona, están siendo extorsionados los transportadores que entran a las comunas de Medellín. El departamento del Choco está viviendo un paro armando; para conmemorar la muerte de Raúl Reyes la guerrilla prohibió el uso de todas las vías terrestres y fluviales. La aerolínea de Capurganá fue atacada con petardos y suspendió operaciones. Dos buses fueron quemados y un conductor asesinado. La carreteras en Arauca y otros departamentos son, otra vez, peligrosas. El radar de Santana fue destruido dejando sin control los vueltos de mediana y baja altura sobre la Costa Pacífica –es decir los del narcotráfico. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha tenido 13 ataques en este año (tres en Arauca y 11 en Santander); es decir sólo ha funcionado 11 de los primeros 54 días del año. La infraestructura económica del país está siendo asediada por el terrorismo, del año 2009 a éste los ataques aumentaron en un 43%. Once personas fueron secuestradas en Arauca, y casos individuales se dan a diario en departamentos como Cauca, Bolívar, Cesar… y ha habido dominicanos, chinos, españoles secuestrados. Desde el 2009 el secuestro aumentó en un 45%. El crecimiento de la extorsión en el país es abrumador, pequeños y grandes negocios tienen que responder a las amenazas con dinero. No hay cifras contundentes, pero su magnitud impide ignorarlo. Los empresarios, los agricultores y la gente del común están preocupados, y tienen razón, la seguridad es un valor fundamental sin el cual la vida en sociedad es imposible. Es una de las funciones primordiales del Estado, pues sin la garantía de la vida y la tranquilidad, los demás derechos quedan suspendidos. El gobierno de Santos ha negado lo que está sucediendo. Desde los primeros ataques al norte del Cauca se mostró indiferente, descalificó el hecho celebrando la victoria de un partido de fútbol contra Bolivia. Luego llamó “mano negra” a los críticos y dijo que se trataba de percepciones injustificadas. Santos es ambiguo en los pronunciamientos: nadie sabe si vamos hacia un diálogo; niega la desmotivación del las Fuerzas Armadas que incluso generales en retiro reconocen; eliminó del proyecto de Reforma a la Justicia el fuero militar como se lo prometió a Human Rights Watch y al mismo tiempo asegura que será incluido en otra ley. No celebramos estas equivocaciones; las mencionamos con el ánimo de que el rumbo sea corregido ahora mismo. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/gobierno-raja-en-seguridad