Justicia y medios
Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.
Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.
Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.
Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.
Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?
Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?
¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?
27 de junio de 2009
sábado, junio 27, 2009
sábado, junio 20, 2009
Justicia, ¿forma de lucha?
Cuando los ideólogos de extrema izquierda hablan de utilizar todas las formas de lucha para conquistar el poder, en general, interpretamos que se trata de la combinación de los mecanismos de la política y la utilización de la violencia para amedrentar a la sociedad y aniquilar a los líderes de los otros sectores.
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
sábado, junio 13, 2009
Administrar el Ambiente
El diseño autónomo de las CAR ha dado lugar a que se conviertan en entes politizados y a que sus funciones se ejerzan sin control. Hay casos donde las directrices del Ministerio de Ambiente son desconocidas, como sucedió no hace mucho con Cardique, que aplicó una excepción de inconstitucionalidad para derogar una de las resoluciones del Ministerio que protegen los manglares y autorizó la destrucción de los relictos de manglar.
Hay casos más desconsoladores, como la extracción de madera en el Chocó, donde la función del Ministerio contribuye a la destrucción de la biodiversidad. Esa tarea en esa área se hace incumpliendo preceptos legales: los planes de manejo ambiental de los extractores son casi idénticos, hechos por un mismo ingeniero, sin censos serios. Codechocó no hace visitas a los permisos de aprovechamiento, pues –según ellos- no tienen recursos para hacerlo (aunque la ley establece que éstas deberían ser costeadas por el aprovechador). Pero, lo que es peor, ni siquiera lleva control formal de los saldos de especies autorizadas en los permisos: con cada extracción el saldo aumenta en vez de bajar. Para mayor oprobio: el Ministerio creía que Codechocó tenía una oficina para el control de los productos maderables en San Juan. Luego de una visita se descubrió que no existe desde hace años; el funcionario despacha, prácticamente, desde Buenaventura.
En Codechocó se ‘perdieron’ 700 salvoconductos y denunciaron el hurto sin siquiera incluir los números seriales de los documentos y, por supuesto, esos documentos sirvieron para amparar madera ilegal. Durante tres años la Corporación no cumplió con la obligación legal de reportar al Ministerio sobre la emisión de salvoconductos y los volúmenes explotados por especie.
Aún así, Codechocó solicitó al Ministerio nuevos cupos de aprovechamiento, presentó los reportes omitidos y sin mayores estudios, sin importar la manera irresponsable como se extrae la madera, el Ministerio le otorgó un nuevo cupo de 1,4 millones de metros cuadrados de madera de bosque natural.
En abril, un alud casi destruyó Puerto Libertador-Córdoba, debido a la extracción ilegal de oro que realizan varias máquinas en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de Paramillo. El Presidente ordenó la acción de las autoridades, pero la CAR no se dio por aludida y hasta hace dos días todo seguía igual.
Otro caso insigne es el blanqueamiento de madera de Corpourabá, que hasta hace poco tiempo multaba al infractor con cargamento ilegal de madera y le devolvía la madera.
Estas situaciones muestran la necesidad de repensar el diseño de las autoridades ambientales. La descentralización es importante, porque pone en cabeza de las autoridades locales elegidas popularmente los problemas que los afectan directamente. Pero la desconexión de las CAR frente al Ministerio y frente a la población las vuelve entes inútiles en una democracia, pues no existe doliente en sus acciones y no hay cómo presionar ni participar. Más aún después de que la Corte Constitucional validó la tesis de la CAR Cundinamarca de que las consultas populares no se les aplican a las CAR y el municipio de Nemocón realizó una consulta en la que la población rechazó la construcción de un basurero en su territorio, pero éste aún se construye.
13 de junio de 2009
Hay casos más desconsoladores, como la extracción de madera en el Chocó, donde la función del Ministerio contribuye a la destrucción de la biodiversidad. Esa tarea en esa área se hace incumpliendo preceptos legales: los planes de manejo ambiental de los extractores son casi idénticos, hechos por un mismo ingeniero, sin censos serios. Codechocó no hace visitas a los permisos de aprovechamiento, pues –según ellos- no tienen recursos para hacerlo (aunque la ley establece que éstas deberían ser costeadas por el aprovechador). Pero, lo que es peor, ni siquiera lleva control formal de los saldos de especies autorizadas en los permisos: con cada extracción el saldo aumenta en vez de bajar. Para mayor oprobio: el Ministerio creía que Codechocó tenía una oficina para el control de los productos maderables en San Juan. Luego de una visita se descubrió que no existe desde hace años; el funcionario despacha, prácticamente, desde Buenaventura.
En Codechocó se ‘perdieron’ 700 salvoconductos y denunciaron el hurto sin siquiera incluir los números seriales de los documentos y, por supuesto, esos documentos sirvieron para amparar madera ilegal. Durante tres años la Corporación no cumplió con la obligación legal de reportar al Ministerio sobre la emisión de salvoconductos y los volúmenes explotados por especie.
Aún así, Codechocó solicitó al Ministerio nuevos cupos de aprovechamiento, presentó los reportes omitidos y sin mayores estudios, sin importar la manera irresponsable como se extrae la madera, el Ministerio le otorgó un nuevo cupo de 1,4 millones de metros cuadrados de madera de bosque natural.
En abril, un alud casi destruyó Puerto Libertador-Córdoba, debido a la extracción ilegal de oro que realizan varias máquinas en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de Paramillo. El Presidente ordenó la acción de las autoridades, pero la CAR no se dio por aludida y hasta hace dos días todo seguía igual.
Otro caso insigne es el blanqueamiento de madera de Corpourabá, que hasta hace poco tiempo multaba al infractor con cargamento ilegal de madera y le devolvía la madera.
Estas situaciones muestran la necesidad de repensar el diseño de las autoridades ambientales. La descentralización es importante, porque pone en cabeza de las autoridades locales elegidas popularmente los problemas que los afectan directamente. Pero la desconexión de las CAR frente al Ministerio y frente a la población las vuelve entes inútiles en una democracia, pues no existe doliente en sus acciones y no hay cómo presionar ni participar. Más aún después de que la Corte Constitucional validó la tesis de la CAR Cundinamarca de que las consultas populares no se les aplican a las CAR y el municipio de Nemocón realizó una consulta en la que la población rechazó la construcción de un basurero en su territorio, pero éste aún se construye.
13 de junio de 2009
sábado, junio 06, 2009
¿Equilibrio de poderes?
Está en boga hablar sobre el sistema de frenos y contrapesos que imaginara Montesquieu: un estado donde el poder está dividido y las ramas son independientes, pero hay controles de unas a otras que limitan el abuso del poder y garantizan la libertad política. La Constitución de 1991 no logró ese objetivo; estableció un Poder Judicial desbordado, al servicio de los intereses de los magistrados, cuyas consecuencias son hoy patentes:
La Corte Suprema de Justicia no sólo juzga sino que investiga a los congresistas. Un oprobio en cualquier sistema jurídico. Las funciones instructivas difieren mucho de las de juzgamiento, las pruebas del periodo instructivo van dirigidas a descubrir el delito y para juzgar y condenar la plena prueba requiere estándares cuantitativa y cualitativamente superiores, exigencia que la Corte ha desconocido en las condenas contra congresistas.
Insiste la Corte en fallar en única instancia, lo que contradice los derechos del hombre, que reconocen como fundamental el derecho a un juicio con doble instancia. Este solo hecho ya vuelve nulos todos los procesos que ha seguido la Corte a los congresistas. Pero si ello no fuera suficiente, la Corte decidió prohibir los salvamentos de voto y eliminó de las providencias el nombre del magistrado ponente. Estos son elementos fundamentales del juez colegiado que garantizan la responsabilidad de los magistrados y la evolución de la jurisprudencia. Al mismo tiempo, un magistrado escondido dentro del grupo se asemeja mucho a los ‘jueces sin rostro’ que, junto con la única instancia, son practicas reprobadas por los estándares internacionales de administración de justicia.
La Constitución, además, consagró la impunidad de los magistrados de la Corte, pues estableció que ellos son sus propios jueces. El Artículo 174 dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que contra los magistrados formule la Cámara de Representantes, pero el Artículo 175 dice que, en esos juicios, “si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia” y “si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema”. Mientras los magistrados de la Corte condenan a largas penas a los integrantes de las otras dos ramas del poder público, para ellos la Justicia es otra: ellos se autojuzgan.
Los magistrados de la Corte Suprema son supremos en todo el sentido de la palabra: investigan y juzgan en única instancia, sin rostro, condenan y sobre sus delitos ellos mismos deciden. El congreso les teme –y con mucha razón- y poco falta para que su persecución al Presidente rinda frutos. Los supremos acaban de iniciar investigación a todos los congresistas que votaron el referendo y condenan con dudosas pruebas en la ‘yidispolitica’ para llegar al Presidente.
La independencia de las ramas es inexistente: los jueces tienen en sus manos al Congreso y al Ejecutivo. Decía Monstesquieu. “El poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre” debe configurarse de manera que “se tema la magistratura y no se tema a los magistrados”.
La Corte Suprema de Justicia no sólo juzga sino que investiga a los congresistas. Un oprobio en cualquier sistema jurídico. Las funciones instructivas difieren mucho de las de juzgamiento, las pruebas del periodo instructivo van dirigidas a descubrir el delito y para juzgar y condenar la plena prueba requiere estándares cuantitativa y cualitativamente superiores, exigencia que la Corte ha desconocido en las condenas contra congresistas.
Insiste la Corte en fallar en única instancia, lo que contradice los derechos del hombre, que reconocen como fundamental el derecho a un juicio con doble instancia. Este solo hecho ya vuelve nulos todos los procesos que ha seguido la Corte a los congresistas. Pero si ello no fuera suficiente, la Corte decidió prohibir los salvamentos de voto y eliminó de las providencias el nombre del magistrado ponente. Estos son elementos fundamentales del juez colegiado que garantizan la responsabilidad de los magistrados y la evolución de la jurisprudencia. Al mismo tiempo, un magistrado escondido dentro del grupo se asemeja mucho a los ‘jueces sin rostro’ que, junto con la única instancia, son practicas reprobadas por los estándares internacionales de administración de justicia.
La Constitución, además, consagró la impunidad de los magistrados de la Corte, pues estableció que ellos son sus propios jueces. El Artículo 174 dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que contra los magistrados formule la Cámara de Representantes, pero el Artículo 175 dice que, en esos juicios, “si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia” y “si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema”. Mientras los magistrados de la Corte condenan a largas penas a los integrantes de las otras dos ramas del poder público, para ellos la Justicia es otra: ellos se autojuzgan.
Los magistrados de la Corte Suprema son supremos en todo el sentido de la palabra: investigan y juzgan en única instancia, sin rostro, condenan y sobre sus delitos ellos mismos deciden. El congreso les teme –y con mucha razón- y poco falta para que su persecución al Presidente rinda frutos. Los supremos acaban de iniciar investigación a todos los congresistas que votaron el referendo y condenan con dudosas pruebas en la ‘yidispolitica’ para llegar al Presidente.
La independencia de las ramas es inexistente: los jueces tienen en sus manos al Congreso y al Ejecutivo. Decía Monstesquieu. “El poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre” debe configurarse de manera que “se tema la magistratura y no se tema a los magistrados”.
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