La captura de Iván Moreno
Este es uno de los primeros casos de corrupción a gran escala que conoce el país, a pesar de que todos sospechamos de muchas contrataciones estatales. Que los Nule hubieran confesado sus vínculos corruptos es impresionante; los pactos de la corrupción son muy poderosos pues sólo incluyen a quienes participan del delito, así que confesar implica reconocer los propios hechos criminales. No será fácil para Iván Moreno probar su inocencia, pues no aparecen las razones por las cuales los Nule podrían querer involucrarlo sin que tales hechos se hubieran sucedido; aunque tampoco es claro por qué los Nule han decidido revelar sus propias culpas e involucrar a sus ‘socios’.
La detención del senador Moreno y el envío de copias para que la Fiscalía haga lo propio en contra de Samuel, su hermano, y otros altos funcionarios de la Alcaldía es un duro golpe para el Polo. La izquierda colombiana ha venido haciendo un ejercicio sobresaliente para desprenderse de las fuerzas revolucionarias y terroristas que a nombre de las ideologías marxistas vienen desangrando al país. La construcción de un partido de izquierda comprometido con un proyecto político definido y no violento, es notable; por ello alcanzó la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el poder Ejecutivo. Si bien, la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva. Los electores pueden tomar represalias y castigarlos con el voto. Sin embargo, cabe resaltar que las denuncias más importantes sobre estos hechos vinieron del seno del propio Polo Democrático a través de su candidato presidencial Gustavo Petro, y si Petro siguiera en ese partido, compensaría el coletazo. Aún así, se trata de un episodio sin precedentes, donde se rescató el que la defensa de los intereses del Estado y el bienestar público debe primar sobre las filiaciones políticas.
Colombia sufre de muchos males, pero la corrupción es el más generalizado. Las mayorías colombianas se han acostumbrado y toleran pequeñas trampas en sus oficios y actividades. Hemos perdido la rigidez al juzgarnos individualmente. Se roba cuando se puede, la elusión es una costumbre aceptada, se adulteran básculas, taxímetros, facturas, contabilidades, sin el menor reparo. Cada uno encuentra justificación para hacerlo: para qué pagar impuestos si se los van a robar. Me pagan muy poco. Nadie se da cuenta. Me hace más falta a mí. Y la felicidad de contar con esos pesos de más, hace que olvidemos el daño causado. Una sociedad donde todo el mundo hace trampas está condenada a la inmediatez; sus posibilidades de planear para el futuro se disuelven, y el mal se esparce.
La corrupción no se resuelve con leyes. No hay cómo regular contra los corruptos, pues no hay como prever todas las trampas posibles, son infinitas. Por eso el Estado debe ser implacable con los particulares descubiertos en actos corruptos. No se entiende por qué no se dictó medida de aseguramiento contra los Dávila y Valerie Domínguez -la ex Señorita Colombia- que fraudulentamente lograron subsidios de AIS por más de $2.100 millones.
La sociedad tiene que comprometerse a no tolerar los actos tramposos ni propios ni ajenos. En esto ya gran daño nos hizo la mafia: nos entrenó en el gusto por el dinero fácil y cambió los valores por la plata; permeó las estructuras sociales que reconocen poder e importancia en la opulencia y no en los ideales. Cambiamos el Quijote por el becerro de oro.
29 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/captura-ivan-moreno
viernes, abril 29, 2011
viernes, abril 22, 2011
Las Fuerzas Militares
Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.
El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.
Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.
La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.
El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuerzas-militares
Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.
El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.
Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.
La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.
El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuerzas-militares
viernes, abril 15, 2011
Hecha la norma…
El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.
Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.
Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.
Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.
Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.
El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.
Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hecha-norma
El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.
Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.
Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.
Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.
Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.
El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.
Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hecha-norma
viernes, abril 08, 2011
Embuchado de Chávez
Hoy debe llegar Chávez a Colombia. Lo hace en una fecha que trae recuerdos dolorosos al país. Cabe recordar que en 1948 Fidel Castro estaba a pocos pasos del sitio donde cayó asesinado Gaitán. Chávez, anacrónico discípulo de Castro, no da puntada sin dedal; así que algo tendrá planeado al visitar Colombia justamente en un 9 de abril. Lo terrible de Chávez es que cada vez que alguien piensa en una reacción límite, casi inverosímil, sobre lo que el líder del vecino país puede hacer, resulta que no sólo la hace, sino que la excede. Una perla: reacomodar los distritos electorales para garantizar su triunfo en la Asamblea; como no logra la victoria avasallante, se arroga poderes legislativos que sepultan parte del periodo del nuevo congreso. Chávez sí sabe salirse de los límites.
Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.
Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.
Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.
Pero no todo lo que brilla es oro.
¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.
La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…
¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embuchado-chavez
Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.
Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.
Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.
Pero no todo lo que brilla es oro.
¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.
La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…
¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embuchado-chavez
viernes, abril 01, 2011
Criminales en la universidad
Las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos nunca han sido fáciles. Nuestro Estado tiende al abuso; quienes ejercen el poder, por pequeño que sea, son propensos al despotismo. Se retroalimenta con la manera como los ciudadanos lo enfrentan. En general, los colombianos recurrimos a métodos extorsivos y violentos para protestar: el paro de los transportadores, las tomas de carreteras y el vandalismo de los estudiantes.
Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.
No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.
El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.
Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.
Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.
No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/criminales-en-universidad
Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.
No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.
El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.
Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.
Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.
No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/criminales-en-universidad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)