La consolidación del Estado Social de Derecho sólo será posible cuando la rama jurisdiccional cumpla sus funciones con mayor transparencia y eficiencia. Los males de la Justicia colombiana son múltiples y la reforma presentada por el gobierno es el inicio de un proceso mucho más complejo que será fundamental para el país.
Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.
Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.
Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.
viernes, septiembre 03, 2010
lunes, agosto 30, 2010
La minería, reto para Colombia
Colombia se ha embarcado en la era de la exploración minera con ahínco y entusiasmo. Seguramente la llegada de tantas empresas de reconocida prestancia internacional dará lugar a hallazgos de diferentes minerales como oro, carbón y petróleo entre otros, como ya ha empezado a suceder. La noticia sobre la proliferación de la minería tiene mucho para celebrar, pero implica una serie de retos difíciles, que si no se atienden desmedrarán cualquier beneficio.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
jueves, agosto 19, 2010
¿Y los campamentos de las Farc?
Las denuncias que hizo el Gobierno de Colombia sobre la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela son muy graves. La solicitud de que hubiera una comisión internacional para verificarlas era sensata y necesaria. Precisamente por ello, sorprende que después de la reunión entre el nuevo presidente Santos y el Mandatario venezolano, la nueva canciller Holguín anunciara que ya no era necesaria la comisión de verificación.
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
miércoles, agosto 11, 2010
Adiós a mí, por siempre, Presidente
Es para mi un acto de cargada emotividad despedir al presidente Uribe. La primera vez que yo lo vi estaba en la universidad y él era gobernador de Antioquia; me impactó. Era el primer político con quien yo compartía la manera cómo los problemas colombianos debían ser priorizados y los mecanismos mediante los cuales intentaría su solución. Entonces no lanzó su candidatura y me sentí desilusionada.
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
jueves, agosto 05, 2010
La paradoja de la droga
La situación de México es dramática. La violencia del narcotráfico ha empezado a irrumpir en la vida de ciudadanos corrientes, una historia que conocemos. La prohibición de su producción y comercialización se convierte en un imán para personas inescrupulosas, que atraídas por los volúmenes de dinero y las pocas barreras de entrada, luchan por controlar uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Las guerras entre carteles, en los carteles, por los carteles crean un clima de zozobra. Las mafias con el poder económico pervierten los sistemas institucionales; la violencia, los sobornos y las amenazas los carcomen. Esa incapacidad del Estado de controlar las acciones de los narcos debilita ante el resto de la sociedad las nociones de temor y respeto a la ley necesarias para la vida en comunidad.
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
sábado, julio 31, 2010
Chávez y la guerra
El problema con Venezuela no es Uribe, como sostiene Chávez; el problema –real y complejo- es la actitud que tiene ese gobierno frente a las Farc y el ELN, reconocidos grupos narcoterroristas. Colombia, bajo el gobierno Uribe y con un esfuerzo titánico, ha logrado reducir esos grupos que han tenido que replegarse en las profundidades de la selva y en las fronteras. Tenemos evidencia contundente de la presencia de varios jefes guerrilleros en Venezuela, donde no sólo planean ataques contra Colombia sino que además reciben visitas y son custodiados por 1.500 hombres.
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
viernes, julio 23, 2010
¿Para quién los dineros públicos?
Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
jueves, julio 15, 2010
¿Chávez y Correa de vuelta?
Por supuesto que las relaciones internacionales requieren un contexto de respeto. Y es también claro que entre Venezuela, Ecuador y Colombia existen vínculos históricos ineludibles y que por ello nuestros destinos están ligados indefectiblemente. En consecuencia debería reinar una amistad recia entre sus pueblos, un entendimiento fluido entre los líderes y un proyecto que nos integrará como la región que fuimos bajo la Gran Colombia. Nada de esto sucede.
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
sábado, julio 10, 2010
La reforma migratoria
Desde hace mucho se esperaba el pronunciamiento del presidente Obama sobre el tema migratorio en EE.UU. Su discurso del jueves señaló las fallas del sistema de inmigración legal que es excesivamente largo, difícil y costoso; mencionó la imposibilidad fáctica de deportar a todos los ilegales y controlar las amplísimas fronteras. Mostró las ventajas que provee la inmigración, y los abusos a los que se presta la ilegalidad. Hubo pocas propuestas concretas: castigos para los empleadores de ilegales y descartó una amnistía de los ilegales actuales; ellos tendrían que reportarse con el Gobierno, aceptar que violaron la ley, pagar impuestos y una multa y hacer la inmigración legal.
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
jueves, julio 01, 2010
¿Unidad nacional?
La abrumadora victoria de Juan Manuel Santos muestra que el país, con amplias mayorías, sigue respaldando la gestión del presidente Uribe y que ha encontrado en su Gobierno respuestas a sus aspiraciones más sensibles. Santos ha sabido liderar la carrera presidencial manteniéndose unido a los postulados uribistas.
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
jueves, junio 24, 2010
Gaviria Vs. Uribe
El enfrentamiento entre el ex presidente Gaviria y el presidente Uribe tiene sentido. Es inoportuna la adhesión de Gaviria a Santos con una carta donde critica ferozmente al gobierno Uribe. El debate político se dio en la primera vuelta. Pardo, como candidato liberal, representó en la elecciones esa tendencia política –liberal antiuribista– y fue derrotado abrumadoramente, obtuvo sólo 630 mil votos.
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
martes, junio 15, 2010
Un sabor extraño
Las decisiones judiciales, a pesar de estar soportadas en un cuerpo normativo, tienen alma política. Las pruebas y lo que significa la justicia es impreciso. Por eso, los jueces son personas y no computadores. La condena del coronel (r) Plazas Vega deja ver ese componente político - humano con un sabor agridulce.
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
martes, junio 08, 2010
Asuntos pendientes
De los resultados de la primera vuelta surgen dos temas fundamentales: la relación ejecutivo-judicial y las lecciones que esta elección deja para el Partido Conservador.
Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.
Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?
Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?
Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.
Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.
El País de Cali, 5 de junio de 2010
Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.
Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?
Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?
Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.
Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.
El País de Cali, 5 de junio de 2010
viernes, junio 04, 2010
Elección de electores
Este domingo enfrentamos uno de los deberes ciudadanos más significativos; nuestra decisión cobra vida: proyecta las aspiraciones de la Nación hacia el futuro y señala el líder a quien encomendamos esa misión. Es un momento crucial. En los países vecinos existe un contexto político que amenaza lo que las mayorías colombianas han decidido, y que puede actuar como combustible en el conflicto armado colombiano. Si bien las condiciones del país hoy son buenas, es sólo el inicio de una empinada cuesta que tendremos que escalar; el abismo sigue cerca, amenazante y profundo. Las mafias disminuidas, pueden resucitar; los paramilitares desarmados, iniciar nuevas olas de terror; la guerrilla replegada, colorear con sangre, otra vez, a Colombia. Seguimos necesitando un Estado que con su fuerza limite el anarquismo violento y fratricida. Sólo así la economía podrá crecer, sólo así iremos superando la pobreza y el desempleo.
Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.
Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?
El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.
Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).
El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010
Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.
Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?
El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.
Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).
El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010
martes, mayo 25, 2010
Universidad pública y Estado
Las universidades públicas en el mundo son centros de potente pensamiento, donde los jóvenes sin importar su capacidad económica son seleccionados por sus méritos y posibilidades académicas. Se funda con ellos uno de los pilares sobre los cuales confiamos la movilidad y el progreso de las sociedades. Por supuesto, en los centros académicos debe haber libertad para que todos los pensamientos se desarrollen y se expresen, pues si algo caracteriza nuestro tiempo es la premisa de que no sabemos si hay verdades y, por lo tanto, todas las tendencias tienen cabida. Pero hay límites.
No todas las ideologías y manifestaciones son aceptables; los fanatismos que incluyen la destrucción de las ideas no afines, la violencia como mecanismo de presión o el terrorismo como herramienta están proscritos. Atentan contra derechos de superior naturaleza como la pluralidad, la paz, la vida, el orden público y el derecho de los alumnos de terminar sus estudios en el tiempo mínimo requerido. Aún así, en Colombia ideologías de este tipo se han apoderado de los centros educativos públicos y cobijadas bajo las consignas de la libertad han abusado y arrasado con esos derechos.
El dominio de la ideología de izquierda en claustros académicos públicos ha sido mal interpretado y excedido por sectores fanáticos de esa línea; que con excesos a veces violentos intentan implantarla como hegemónica y total. ¿Dónde queda el espacio para ideologías que creen en interpretaciones distintas del mundo?
La manifestación de 60 personas con apariencia de guerrilleros del ELN, armados dentro de la Universidad Nacional es una nueva muestra de lo que está sucediendo. Y no olvidemos la gasolina que se roció sobre agentes de la Fuerza Pública que fueron incinerados, protestas violentas que alteran el orden público y la paz de estudiantes y vecinos; paros que dilatan los grados de universitarios consagrados que ansiosos aspiran llegar al mercado laboral, muchos de ellos con créditos que crecen en esas esperas injustificadas. Todo ello no corresponde a lo deseado y no aporta el crecimiento intelectual de los estudiantes, de la universidad ni de la Nación.
Tiene que terminar la inclinación de tolerar lo que no es justificable. Hay una serie de concesiones que han dado lugar a que agentes subversivos armados sientan la tranquilidad de poder entrar a las universidades y con la libertad de amedrentar a la comunidad. Entre ellas esa rarísima costumbre de permitir que estudiantes que han perdido muchos semestres permanezcan en las universidades malgastando recursos que podrían ser asignados a otros jóvenes que aprovecharían la oportunidad. Ese otro hábito según el cual las fuerzas del orden nacional no pueden entrar a las universidades públicas, ese sentimiento de que el Estado es enemigo tiene que superarse. El Estado y la universidad pública tienen que acercarse, pues son un solo ente, vinculados por un destino común.
El Estado colombiano tiene que avanzar sobre la senda de la legitimidad. Mientras éste siga siendo percibido como un ente externo al que unos temen, los otros usan para sus propósitos extractivos, aquellos otros esperan de él lo que nunca llega y otros pretenden destruir, estamos condenados a fracasar. La sociedad civil debe llegar a un grado de empatía y vínculo con el Estado de manera que realmente podamos percibirlo como la fusión de nuestra Nación. Todos somos el Estado.
El País Cali, Mayo 22 de 2010
No todas las ideologías y manifestaciones son aceptables; los fanatismos que incluyen la destrucción de las ideas no afines, la violencia como mecanismo de presión o el terrorismo como herramienta están proscritos. Atentan contra derechos de superior naturaleza como la pluralidad, la paz, la vida, el orden público y el derecho de los alumnos de terminar sus estudios en el tiempo mínimo requerido. Aún así, en Colombia ideologías de este tipo se han apoderado de los centros educativos públicos y cobijadas bajo las consignas de la libertad han abusado y arrasado con esos derechos.
El dominio de la ideología de izquierda en claustros académicos públicos ha sido mal interpretado y excedido por sectores fanáticos de esa línea; que con excesos a veces violentos intentan implantarla como hegemónica y total. ¿Dónde queda el espacio para ideologías que creen en interpretaciones distintas del mundo?
La manifestación de 60 personas con apariencia de guerrilleros del ELN, armados dentro de la Universidad Nacional es una nueva muestra de lo que está sucediendo. Y no olvidemos la gasolina que se roció sobre agentes de la Fuerza Pública que fueron incinerados, protestas violentas que alteran el orden público y la paz de estudiantes y vecinos; paros que dilatan los grados de universitarios consagrados que ansiosos aspiran llegar al mercado laboral, muchos de ellos con créditos que crecen en esas esperas injustificadas. Todo ello no corresponde a lo deseado y no aporta el crecimiento intelectual de los estudiantes, de la universidad ni de la Nación.
Tiene que terminar la inclinación de tolerar lo que no es justificable. Hay una serie de concesiones que han dado lugar a que agentes subversivos armados sientan la tranquilidad de poder entrar a las universidades y con la libertad de amedrentar a la comunidad. Entre ellas esa rarísima costumbre de permitir que estudiantes que han perdido muchos semestres permanezcan en las universidades malgastando recursos que podrían ser asignados a otros jóvenes que aprovecharían la oportunidad. Ese otro hábito según el cual las fuerzas del orden nacional no pueden entrar a las universidades públicas, ese sentimiento de que el Estado es enemigo tiene que superarse. El Estado y la universidad pública tienen que acercarse, pues son un solo ente, vinculados por un destino común.
El Estado colombiano tiene que avanzar sobre la senda de la legitimidad. Mientras éste siga siendo percibido como un ente externo al que unos temen, los otros usan para sus propósitos extractivos, aquellos otros esperan de él lo que nunca llega y otros pretenden destruir, estamos condenados a fracasar. La sociedad civil debe llegar a un grado de empatía y vínculo con el Estado de manera que realmente podamos percibirlo como la fusión de nuestra Nación. Todos somos el Estado.
El País Cali, Mayo 22 de 2010
sábado, mayo 22, 2010
¿Habemus Fiscal?
Un año, 365 días, llevaba Camilo Ospina como parte de la terna de candidatos presentada a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. El proceso en la Corte lleva nueve meses sin resolución; una vergüenza para la Corte y un insulto a la Nación.
En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.
El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.
Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.
Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?
Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.
El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.
El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010
En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.
El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.
Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.
Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?
Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.
El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.
El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010
viernes, mayo 14, 2010
Al borde de la ley
Una pregunta difícil para Colombia es la de la futuridad. A veces aparecemos copiando modelos que vienen de los países desarrollados y que en muchos casos no representan nuestros propios anhelos, ni aún nuestra visión sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro que Colombia espera para sí misma?
El tema no tiene una respuesta unívoca. Existe, sí, el malestar con las condiciones materiales en las que vivimos, que resultan siempre inferiores a las expectativas de lo que podríamos tener o ser. Este inconformismo ha dado lugar a reacciones de diversa naturaleza: guerrillas revolucionarias, líderes mesiánicos, proyectos políticos de aspiraciones modificadoras y otros varios fenómenos que finalmente comparten el desprecio del statu quo.
Entre aquello que debe ser renovado está el Estado y todo el aparato institucional y legal que lo acompaña. La ‘institucionalidad’ no surgió naturalmente de la interacción social. Fue algo que se importó para tratar de establecer un orden. Las poblaciones indígenas y negras sometidas la interpretaban como otra forma de dominio, ni siquiera los colonizadores españoles la respetaban y frente a los edictos del rey dijeron: “Se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas; pues todos los pobladores las han interpretado como algo externo que no responde a sus intereses, ni a sus aspiraciones. El Estado es una realidad ajena y opresora.
Las actividades que se realizan en marginalidad de la ‘institucionalidad’ han ido aumentando y constituyen una forma de vida en Colombia. Refugian una gama amplia que va desde los trabajos informales (donde no se aplican los presupuestos de la reglamentación laboral y el sistema de seguridad social), pasando por toda suerte de conductas en los bordes de la ley hasta las actividades delictivas. Todas pueden ser interpretadas como una rebeldía ante lo establecido y un esfuerzo por encontrar eso ‘otro’ que se anhela. Al mismo tiempo, la tolerancia o la incapacidad del Estado para controlar las conductas fuera de la ley puede explicarse como un resultado de la carencia de legitimidad.
En este contexto, una propuesta para implementar la ley en Colombia es interesante, pero tiene muchas más dificultades que aquellas evidentes. Hay en la desobediencia de la ley un factor de rebeldía, una expresión de inconformismo. Cada vez que el Estado intenta aplicar la ley, el ciudadano reacciona ofendido. Además la aplicación de la ley de manera esporádica da la sensación de injusticia y la aplicación total es imposible. El Estado aún ejerciendo toda su fuerza coercitiva no puede contener una sociedad rebelde. Y los grupos tienen diversos niveles de resistencia.
Aplicarle, por ejemplo, la ley a ‘la burguesía’, es sencillo. Basta una multa, un mimo, un estímulo. Y pueden buscarse formas para anhelada interiorización de la ley sin premura. Ahora, cuando la desobediencia está afectando el derecho a la vida y la libertad, como los grupos alzados en armas, hacer cumplir la ley tiene un costo político: o bien, se entiende como una necesidad inminente que requiere el ejercicio de la fuerza y que conlleva una reacción violenta; o bien, se buscan formas alternas que permitan la interiorización y mientras tanto se deja gotear la sangre de los inocentes. Son decisiones que alteran y definen el futuro. Decisiones que nos competen a todos.
El País de Cali, 8 de mayo de 2010
El tema no tiene una respuesta unívoca. Existe, sí, el malestar con las condiciones materiales en las que vivimos, que resultan siempre inferiores a las expectativas de lo que podríamos tener o ser. Este inconformismo ha dado lugar a reacciones de diversa naturaleza: guerrillas revolucionarias, líderes mesiánicos, proyectos políticos de aspiraciones modificadoras y otros varios fenómenos que finalmente comparten el desprecio del statu quo.
Entre aquello que debe ser renovado está el Estado y todo el aparato institucional y legal que lo acompaña. La ‘institucionalidad’ no surgió naturalmente de la interacción social. Fue algo que se importó para tratar de establecer un orden. Las poblaciones indígenas y negras sometidas la interpretaban como otra forma de dominio, ni siquiera los colonizadores españoles la respetaban y frente a los edictos del rey dijeron: “Se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas; pues todos los pobladores las han interpretado como algo externo que no responde a sus intereses, ni a sus aspiraciones. El Estado es una realidad ajena y opresora.
Las actividades que se realizan en marginalidad de la ‘institucionalidad’ han ido aumentando y constituyen una forma de vida en Colombia. Refugian una gama amplia que va desde los trabajos informales (donde no se aplican los presupuestos de la reglamentación laboral y el sistema de seguridad social), pasando por toda suerte de conductas en los bordes de la ley hasta las actividades delictivas. Todas pueden ser interpretadas como una rebeldía ante lo establecido y un esfuerzo por encontrar eso ‘otro’ que se anhela. Al mismo tiempo, la tolerancia o la incapacidad del Estado para controlar las conductas fuera de la ley puede explicarse como un resultado de la carencia de legitimidad.
En este contexto, una propuesta para implementar la ley en Colombia es interesante, pero tiene muchas más dificultades que aquellas evidentes. Hay en la desobediencia de la ley un factor de rebeldía, una expresión de inconformismo. Cada vez que el Estado intenta aplicar la ley, el ciudadano reacciona ofendido. Además la aplicación de la ley de manera esporádica da la sensación de injusticia y la aplicación total es imposible. El Estado aún ejerciendo toda su fuerza coercitiva no puede contener una sociedad rebelde. Y los grupos tienen diversos niveles de resistencia.
Aplicarle, por ejemplo, la ley a ‘la burguesía’, es sencillo. Basta una multa, un mimo, un estímulo. Y pueden buscarse formas para anhelada interiorización de la ley sin premura. Ahora, cuando la desobediencia está afectando el derecho a la vida y la libertad, como los grupos alzados en armas, hacer cumplir la ley tiene un costo político: o bien, se entiende como una necesidad inminente que requiere el ejercicio de la fuerza y que conlleva una reacción violenta; o bien, se buscan formas alternas que permitan la interiorización y mientras tanto se deja gotear la sangre de los inocentes. Son decisiones que alteran y definen el futuro. Decisiones que nos competen a todos.
El País de Cali, 8 de mayo de 2010
Algo que perder
Mockus es un candidato interesante. Inteligente y creativo, tiene formas de entender la realidad que a veces logran transformarla. Tiene una fuerte noción de autoridad, fue él quien limitó las horas de la fiesta en Bogotá. Él quien impuso los mimos en las cebras, la pedagogía para las alcaldías menores. Él quien le mostro sus nalgas a los estudiantes y le echó un vaso de agua a Serpa. Pero pensarlo como Presidente no deja de causarme cierta inquietud. No me siento en capacidad de predecir cómo será su gobierno.
No tengo dudas sobre sus cualidades personales, pero de que un hombre sea bueno no se puede concluir que su gobierno también lo será. Y como dirigente no logro descifrarlo. Políticamente no hay mucho que decir sobre Mockus; ha sido tan ambiguo que no es posible concretarlo en ninguna posición. Por ejemplo: le preguntan si extraditaría a Santos y a Uribe responde con la frase retórica de que cumplirá la Constitución. ¿Es que no la ha leído aún? ¿Estará esperando ganar la Presidencia para leerla? No. Él sabe que no dice nada concreto al respecto y que exige un ejercicio interpretativo que en mucho depende de una posición política.
No está dispuesto a exponerse. Sucede muchas veces que un candidato es capaz de transmitir su discurso de manera tan amplia que cada elector logra interpretar lo que está esperando. Un arte retórico sin mucha sofisticación, y es simplemente situarse en la ambigüedad de “todo lo demás”. Es como el suspiro de la añoranza, la ilusión de la esperanza, pero las naciones que votan así sufren una desilusión muy pronto y la gobernabilidad colapsa. Esa manera de dar declaraciones y luego rectificarlas hace de la política una esfera casi mística.
Mi inquietud por mi incapacidad de predecirlo políticamente se acrecienta cuando veo que el candidato congregó tanto la oposición como un amplio sector uribista. Dos grupos muy distintos y con valores políticos divergentes. ¿Existe acaso un proyecto político que es compartido por ambos grupos o hay tal confusión sobre el proyecto de Mockus que los electores no logran distinguir sus preferencias?
Votar por Mockus, como por cualquier candidato, conlleva la responsabilidad de hacer una evaluación del presente concreto y de lo que espera en los próximos años del gobierno. Si la evaluación del presente resulta favorable, sobreviene la cuestión de si Mockus logrará mantenerlo, y con cuáles acciones concretas. Si, por el contrario, el escenario actual es desfavorable, hay que cuestionar si Mockus es un camino al cambio, y de qué forma.
Colombia, como muchos países latinoamericanos, se ha acostumbrado a votar como quien juega a la ruleta rusa; sin que se sepa si vamos a vivir o no. En muchos sentidos tenemos que votar así porque los políticos y los líderes siempre son impredecibles y el futuro siempre incierto. Así que un buen candidato parece suficiente. El caso de Colombia tiene hoy una variante. Por primera vez, desde hace mucho, tenemos algo que merece ser conservado: el proyecto del presidente Uribe que transformó la Nación. Fue un esfuerzo titánico y los resultados están ahí. Después de ocho años tenemos un grado de estabilidad que la mayoría de los colombianos reconoce como un avance sobre las situaciones pasadas. Yo entre ellos, y para mí sí hay algo que perder, y aún no veo si Mockus va a protegerlo. No me sorprendería que lo haga, pero tampoco que no lo hiciera.
El Pais, Cali. 1 de mayo de 2010
No tengo dudas sobre sus cualidades personales, pero de que un hombre sea bueno no se puede concluir que su gobierno también lo será. Y como dirigente no logro descifrarlo. Políticamente no hay mucho que decir sobre Mockus; ha sido tan ambiguo que no es posible concretarlo en ninguna posición. Por ejemplo: le preguntan si extraditaría a Santos y a Uribe responde con la frase retórica de que cumplirá la Constitución. ¿Es que no la ha leído aún? ¿Estará esperando ganar la Presidencia para leerla? No. Él sabe que no dice nada concreto al respecto y que exige un ejercicio interpretativo que en mucho depende de una posición política.
No está dispuesto a exponerse. Sucede muchas veces que un candidato es capaz de transmitir su discurso de manera tan amplia que cada elector logra interpretar lo que está esperando. Un arte retórico sin mucha sofisticación, y es simplemente situarse en la ambigüedad de “todo lo demás”. Es como el suspiro de la añoranza, la ilusión de la esperanza, pero las naciones que votan así sufren una desilusión muy pronto y la gobernabilidad colapsa. Esa manera de dar declaraciones y luego rectificarlas hace de la política una esfera casi mística.
Mi inquietud por mi incapacidad de predecirlo políticamente se acrecienta cuando veo que el candidato congregó tanto la oposición como un amplio sector uribista. Dos grupos muy distintos y con valores políticos divergentes. ¿Existe acaso un proyecto político que es compartido por ambos grupos o hay tal confusión sobre el proyecto de Mockus que los electores no logran distinguir sus preferencias?
Votar por Mockus, como por cualquier candidato, conlleva la responsabilidad de hacer una evaluación del presente concreto y de lo que espera en los próximos años del gobierno. Si la evaluación del presente resulta favorable, sobreviene la cuestión de si Mockus logrará mantenerlo, y con cuáles acciones concretas. Si, por el contrario, el escenario actual es desfavorable, hay que cuestionar si Mockus es un camino al cambio, y de qué forma.
Colombia, como muchos países latinoamericanos, se ha acostumbrado a votar como quien juega a la ruleta rusa; sin que se sepa si vamos a vivir o no. En muchos sentidos tenemos que votar así porque los políticos y los líderes siempre son impredecibles y el futuro siempre incierto. Así que un buen candidato parece suficiente. El caso de Colombia tiene hoy una variante. Por primera vez, desde hace mucho, tenemos algo que merece ser conservado: el proyecto del presidente Uribe que transformó la Nación. Fue un esfuerzo titánico y los resultados están ahí. Después de ocho años tenemos un grado de estabilidad que la mayoría de los colombianos reconoce como un avance sobre las situaciones pasadas. Yo entre ellos, y para mí sí hay algo que perder, y aún no veo si Mockus va a protegerlo. No me sorprendería que lo haga, pero tampoco que no lo hiciera.
El Pais, Cali. 1 de mayo de 2010
sábado, mayo 01, 2010
De mesías a superhombre
Las nuevas encuestas muestran lo que se siente en el ambiente político: la segunda vuelta será entre Santos y Mockus. Los candidatos están casi empatados, aún en la segunda vuelta.
La caída vertiginosa de Noemí tiene una explicación. Su gran reto era mantener bajo su liderazgo al Partido Conservador y no pudo. Algunos detalles: no logró reconciliarse con Arias, el otro precandidato conservador. Por el contrario, lo mantuvo a la distancia y lo maltrató. Sus seguidores, en una reacción natural, se sienten más cercanos a Santos. Pero lo más grave es que ante la petición de varios parlamentarios de acercarse a la campaña de Santos, Noemí dijo “a mí no me amenazan ni me chantajean ni me amedrentan” y eso es precisamente lo que han intentado ella y las directivas conservadoras frente a los conservadores que quieren acompañar a Santos. Amenazarlos con expulsiones, amedrentarlos diciéndoles que “se atengan al peor castigo”. Esa no es una buena estrategia política. El liderazgo es una delicada síntesis entre interpretar los deseos e inspirar la convicción de que serán realizados por el dirigente.
Y el crecimiento de Mockus también es explicable. Santos como sucesor de Uribe se equivocó en el vicepresidente, y son cada vez más las decisiones que tomó como tecnócrata las que lo apartan de Uribe. Mockus no es una reacción al gobierno Uribe. Se equivocan quienes así lo interpretan. Si el pPresidente Uribe fuera candidato las masas abrumadoramente lo elegirían otra vez. Mockus es producto de la incapacidad de cumplir con ese deseo de la mayoría uribista. El Polo ha señalado acertadamente que Mockus no hizo críticas al gobierno, ni se ha caracterizado por su oposición.
Carlos Gaviria dice que se está tejiendo un mito entorno a Mockus y tiene razón. Los votantes no saben qué esperar y reconocen no tener capacidad para predecir cómo será su gobierno, pero aspiran a que sea bueno; porque les gusta Mockus. Es la prueba de que al país le siguen gustando los liderazgos personalistas. Si Uribe es mesiánico, Mockus es el superhombre de Nietzsche. Es evidente que el candidato se siente el redentor de Colombia, escogido de una casta ‘santa’, conocedor de la ‘verdad’ y que su gobierno -sobre el que no se espera nada concreto- será la realización de su proyecto personal.
De Mockus se dicen muchas cosas: que es neoliberal; que apoya y rechaza el bombardeo al campamento de Reyes; que quiere acabar el Ejército pero no ahora, que le echará agua a Chávez. Todo es un misterio. Él no se deja concretar, se camufla, para no perder ningún voto.
Será el uribismo no afiliado a la U el que decida. Muchos conservadores quisieran apoyar a Santos, pero la candidata da señales de un acuerdo con Antanas. Inició una guerra personal contra Santos y los conservadores que lo acompañan acusándolos de dar y recibir “dádivas y politiquería”. Dice además que su ideario se lo apropió Mockus.
Pero vale la pena la siguiente reflexión que surge del atinado comentario de Carlos Gaviria: “No hay que evaluar sólo el medio, sino el fin”. ¿Qué esperamos concretamente de cada candidato? De Santos se espera la continuación de las políticas de Uribe y de Uribe había expectativas concretas sobre la seguridad que el Presidente cumplió. La cuestión es fundamental ¿para qué Mockus? ¿Cuáles son las acciones específicas que se esperan de él? Sin esto es un voto ingenuo y necio. Una apuesta por una persona.
El Pais, Cali 24 de abril de 2010
La caída vertiginosa de Noemí tiene una explicación. Su gran reto era mantener bajo su liderazgo al Partido Conservador y no pudo. Algunos detalles: no logró reconciliarse con Arias, el otro precandidato conservador. Por el contrario, lo mantuvo a la distancia y lo maltrató. Sus seguidores, en una reacción natural, se sienten más cercanos a Santos. Pero lo más grave es que ante la petición de varios parlamentarios de acercarse a la campaña de Santos, Noemí dijo “a mí no me amenazan ni me chantajean ni me amedrentan” y eso es precisamente lo que han intentado ella y las directivas conservadoras frente a los conservadores que quieren acompañar a Santos. Amenazarlos con expulsiones, amedrentarlos diciéndoles que “se atengan al peor castigo”. Esa no es una buena estrategia política. El liderazgo es una delicada síntesis entre interpretar los deseos e inspirar la convicción de que serán realizados por el dirigente.
Y el crecimiento de Mockus también es explicable. Santos como sucesor de Uribe se equivocó en el vicepresidente, y son cada vez más las decisiones que tomó como tecnócrata las que lo apartan de Uribe. Mockus no es una reacción al gobierno Uribe. Se equivocan quienes así lo interpretan. Si el pPresidente Uribe fuera candidato las masas abrumadoramente lo elegirían otra vez. Mockus es producto de la incapacidad de cumplir con ese deseo de la mayoría uribista. El Polo ha señalado acertadamente que Mockus no hizo críticas al gobierno, ni se ha caracterizado por su oposición.
Carlos Gaviria dice que se está tejiendo un mito entorno a Mockus y tiene razón. Los votantes no saben qué esperar y reconocen no tener capacidad para predecir cómo será su gobierno, pero aspiran a que sea bueno; porque les gusta Mockus. Es la prueba de que al país le siguen gustando los liderazgos personalistas. Si Uribe es mesiánico, Mockus es el superhombre de Nietzsche. Es evidente que el candidato se siente el redentor de Colombia, escogido de una casta ‘santa’, conocedor de la ‘verdad’ y que su gobierno -sobre el que no se espera nada concreto- será la realización de su proyecto personal.
De Mockus se dicen muchas cosas: que es neoliberal; que apoya y rechaza el bombardeo al campamento de Reyes; que quiere acabar el Ejército pero no ahora, que le echará agua a Chávez. Todo es un misterio. Él no se deja concretar, se camufla, para no perder ningún voto.
Será el uribismo no afiliado a la U el que decida. Muchos conservadores quisieran apoyar a Santos, pero la candidata da señales de un acuerdo con Antanas. Inició una guerra personal contra Santos y los conservadores que lo acompañan acusándolos de dar y recibir “dádivas y politiquería”. Dice además que su ideario se lo apropió Mockus.
Pero vale la pena la siguiente reflexión que surge del atinado comentario de Carlos Gaviria: “No hay que evaluar sólo el medio, sino el fin”. ¿Qué esperamos concretamente de cada candidato? De Santos se espera la continuación de las políticas de Uribe y de Uribe había expectativas concretas sobre la seguridad que el Presidente cumplió. La cuestión es fundamental ¿para qué Mockus? ¿Cuáles son las acciones específicas que se esperan de él? Sin esto es un voto ingenuo y necio. Una apuesta por una persona.
El Pais, Cali 24 de abril de 2010
viernes, abril 23, 2010
¿Reforma a la Justicia?
Todos estamos de acuerdo en la necesidad inminente de reformar la Justicia, acabar con la corrupción, hacerla eficiente y justa. Una justicia que se aplica esporádicamente y con visos personalistas es una aberración que desdice todo el sistema.
Son oportunas las observaciones de las Cortes, que conocen el sistema internamente. Pero la actitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (Cirm), según la cual solamente ésta estará facultada para presentar proyectos de ley sobre las reformas a la administración de Justicia, es una abominación. Una comisión de expertos que debata los temas jurídicos, tiene una tradición exitosa en la historia, basta recordar la comisión de eminencias en los tiempos de la Francia napoleónica.
Más aún, las reformas legales corresponden al Congreso. Es este órgano investido por la legitimidad democrática el llamado a diseñar y discutir la estructura de la rama. Así lo dispone la Constitución. El desprestigio del Legislativo no puede dar lugar a que la rama judicial se apropie de funciones que no le corresponden. El país debe respetar su estructura tripartita donde el Congreso legisla, pues las reformas del diseño institucional involucran muchas decisiones políticas. La rama puede tener iniciativa y es insumo básico para la discusión; pero no puede pretender que un tema tan delicado -que nos afecta a todos- esté en manos de quienes ejercen esas funciones de manera transitoria y coyuntural.
La división de las ramas del poder no implica independencia absoluta. Las interacciones, los frenos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento de los poderes; en especial el judicial cuyo poder intimida a cualquiera.
Es una vergüenza a la mala actitud de la Cirm de pretenderse una rueda aparte en el aparato estatal, y descalificar la comisión de expertos sin ver lo que iba a decir. Pero más triste aún es la decisión de esa comisión de excluir “lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” con el propósito de que “las conclusiones aquí consignadas se mantengan”. Un mal trueque.
Y eso mismo pasa en el resto del documento; problemas cruciales se obviaron al parecer para congraciarse con las Cortes. Si bien hay aciertos significativos, se discuten hechos coyunturales y más que todo administrativos; Crear cargos, suprimir cargos.
¿Cómo no abordar el problema de que mediante sentencia se haya extendido el sistema pensional del Congreso a toda la rama judicial? ¿Cómo se deja por fuera la necesidad de rediseñar el sistema de juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema que hoy en día se juzgan a sí mismos?
¿Cómo no enfrentar los escándalos de los que el país supo, pero que no tuvieron consecuencias, tales como las relaciones con Giorgio Sale, enriquecimientos sin causa, acaso ilícitos, de altos miembros de la rama? ¿Cómo no discutir los efectos nefastos de la cooptación (elección de los magistrados por ellos mismos)? ¿Cómo es posible que no se atienda el tema de la doble instancia de los congresistas que es una violación de los derechos humanos?
Las buenas reformas no surgen de tranzar males por males. Hay que buscar los epicentros de los problemas y atacarlos. Aprovechemos la invitación de la Comisión para comentar sobre las necesidades de la Justicia, en un debate a la luz pública, abierto, libre y juicioso.
El País Cali. 17 de abril de 2010
Son oportunas las observaciones de las Cortes, que conocen el sistema internamente. Pero la actitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (Cirm), según la cual solamente ésta estará facultada para presentar proyectos de ley sobre las reformas a la administración de Justicia, es una abominación. Una comisión de expertos que debata los temas jurídicos, tiene una tradición exitosa en la historia, basta recordar la comisión de eminencias en los tiempos de la Francia napoleónica.
Más aún, las reformas legales corresponden al Congreso. Es este órgano investido por la legitimidad democrática el llamado a diseñar y discutir la estructura de la rama. Así lo dispone la Constitución. El desprestigio del Legislativo no puede dar lugar a que la rama judicial se apropie de funciones que no le corresponden. El país debe respetar su estructura tripartita donde el Congreso legisla, pues las reformas del diseño institucional involucran muchas decisiones políticas. La rama puede tener iniciativa y es insumo básico para la discusión; pero no puede pretender que un tema tan delicado -que nos afecta a todos- esté en manos de quienes ejercen esas funciones de manera transitoria y coyuntural.
La división de las ramas del poder no implica independencia absoluta. Las interacciones, los frenos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento de los poderes; en especial el judicial cuyo poder intimida a cualquiera.
Es una vergüenza a la mala actitud de la Cirm de pretenderse una rueda aparte en el aparato estatal, y descalificar la comisión de expertos sin ver lo que iba a decir. Pero más triste aún es la decisión de esa comisión de excluir “lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” con el propósito de que “las conclusiones aquí consignadas se mantengan”. Un mal trueque.
Y eso mismo pasa en el resto del documento; problemas cruciales se obviaron al parecer para congraciarse con las Cortes. Si bien hay aciertos significativos, se discuten hechos coyunturales y más que todo administrativos; Crear cargos, suprimir cargos.
¿Cómo no abordar el problema de que mediante sentencia se haya extendido el sistema pensional del Congreso a toda la rama judicial? ¿Cómo se deja por fuera la necesidad de rediseñar el sistema de juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema que hoy en día se juzgan a sí mismos?
¿Cómo no enfrentar los escándalos de los que el país supo, pero que no tuvieron consecuencias, tales como las relaciones con Giorgio Sale, enriquecimientos sin causa, acaso ilícitos, de altos miembros de la rama? ¿Cómo no discutir los efectos nefastos de la cooptación (elección de los magistrados por ellos mismos)? ¿Cómo es posible que no se atienda el tema de la doble instancia de los congresistas que es una violación de los derechos humanos?
Las buenas reformas no surgen de tranzar males por males. Hay que buscar los epicentros de los problemas y atacarlos. Aprovechemos la invitación de la Comisión para comentar sobre las necesidades de la Justicia, en un debate a la luz pública, abierto, libre y juicioso.
El País Cali. 17 de abril de 2010
martes, abril 13, 2010
Enlaces y desenlaces
El desarrollo de las campañas para la elección del Presidente de Colombia evidencia una sola cosa: las mayorías colombianas querían reelegir a Uribe; sin él como candidato hay mucha fluctuación de la intención de voto.
Si los candidatos se analizan desde el punto de vista individual aparecen resquemores. Han salido a relucir –como se esperaba– las acciones de Santos como ministro de otros gobiernos que en nada se parecen al de Uribe. Sus gestiones –adecuadas como tecnócrata– se contradicen con la visión certera y clara del presidente Uribe.
El debate sobre si el Partido Conservador debe acompañar a Sanín ha dañado las perspectivas de la candidata. Ella ha sido la más uribista en su discurso, pero los uribistas no la reconocen así, por su comportamiento al volver al país y porque su campaña está dirigida por el sector conservador antiuribista. Los enfrentados consideran que al haberse hecho una consulta abierta muchos colombianos sin ser conservadores –y sin la intención de posteriormente votar por esa candidata– votaron por Noemí para frustrar las aspiraciones de Arias, más cercano a Uribe. La salida de conservadores con alto renombre dentro de las filas del Partido es un boquete por el que podrá salirse mucha agua. La actitud de la directiva de obligar a permanecer a través de sanciones ha hecho mucho daño. Ha mostrado una debilidad que se ha interpretado como el anuncio de un barco que se hunde. Ya empiezan los primeros a dejarlo.
Hay confusión. Hay dificultades a la hora de elegir lo que más se le parece, porque al fin y al cabo Uribe es sólo Uribe.
El crecimiento de Mockus responde precisamente a esto. Mockus representa una alternativa que suspende el debate sobre quién es más cercano a Uribe, y nos coloca frente a una propuesta diferente que encarna él mismo. La unión con Fajardo le da a los independientes una propuesta concreta con coherencia ideológica.
El gran problema que genera Mockus es la imposibilidad de predecir cómo será su gobierno. Si bien los colombianos estamos acostumbrados a que votar es un acto de valentía, pues con independencia a lo que se analice del candidato podemos tener sorpresas que desilusionan y frustran; el voto por Mockus es misterioso. Evidentemente él cree en la pedagogía; pero lo que ello pueda significar en el plano del manejo de la Nación no es claro. ¿Cuál será su postura frente a la guerrilla? ¿Frente a Chávez? ¿Frente los pretendidos juicios en Ecuador a la cúpula del Ejercito Nacional por el caso ‘Raúl Reyes’? ¿Frente al TLC? Y sobre todo, ¿cuál su actitud frente a la defensa de los ciudadanos?
Recuerdo haberlo oído decir que el derecho a la defensa era de segunda categoría; abogar por el desarme y usar un chaleco antibalas con un corazón. Era un acto simbólico; también llegaba al recinto rodeado de escoltas y en carro blindado. Si Mockus establece unas líneas básicas sobre las cuales podamos entender su proyecto, es probable que siga creciendo.
Santos pasará a la segunda vuelta, el duelo Noemí-Mockus aún está por resolverse.
***
¿Hasta qué punto es constitucional que una Corte conformada por magistrados sin representación política y sin ninguna legitimidad democrática imposibiliten el ejercicio del poder soberano del pueblo en su capacidad de modificar la Constitución? Es una pregunta que le queda a la historia, y una responsabilidad que cae directamente sobre esos magistrados, aunque no les conozcamos ni el nombre.
El País de Cali, sábado 10 de abril de 2010
Si los candidatos se analizan desde el punto de vista individual aparecen resquemores. Han salido a relucir –como se esperaba– las acciones de Santos como ministro de otros gobiernos que en nada se parecen al de Uribe. Sus gestiones –adecuadas como tecnócrata– se contradicen con la visión certera y clara del presidente Uribe.
El debate sobre si el Partido Conservador debe acompañar a Sanín ha dañado las perspectivas de la candidata. Ella ha sido la más uribista en su discurso, pero los uribistas no la reconocen así, por su comportamiento al volver al país y porque su campaña está dirigida por el sector conservador antiuribista. Los enfrentados consideran que al haberse hecho una consulta abierta muchos colombianos sin ser conservadores –y sin la intención de posteriormente votar por esa candidata– votaron por Noemí para frustrar las aspiraciones de Arias, más cercano a Uribe. La salida de conservadores con alto renombre dentro de las filas del Partido es un boquete por el que podrá salirse mucha agua. La actitud de la directiva de obligar a permanecer a través de sanciones ha hecho mucho daño. Ha mostrado una debilidad que se ha interpretado como el anuncio de un barco que se hunde. Ya empiezan los primeros a dejarlo.
Hay confusión. Hay dificultades a la hora de elegir lo que más se le parece, porque al fin y al cabo Uribe es sólo Uribe.
El crecimiento de Mockus responde precisamente a esto. Mockus representa una alternativa que suspende el debate sobre quién es más cercano a Uribe, y nos coloca frente a una propuesta diferente que encarna él mismo. La unión con Fajardo le da a los independientes una propuesta concreta con coherencia ideológica.
El gran problema que genera Mockus es la imposibilidad de predecir cómo será su gobierno. Si bien los colombianos estamos acostumbrados a que votar es un acto de valentía, pues con independencia a lo que se analice del candidato podemos tener sorpresas que desilusionan y frustran; el voto por Mockus es misterioso. Evidentemente él cree en la pedagogía; pero lo que ello pueda significar en el plano del manejo de la Nación no es claro. ¿Cuál será su postura frente a la guerrilla? ¿Frente a Chávez? ¿Frente los pretendidos juicios en Ecuador a la cúpula del Ejercito Nacional por el caso ‘Raúl Reyes’? ¿Frente al TLC? Y sobre todo, ¿cuál su actitud frente a la defensa de los ciudadanos?
Recuerdo haberlo oído decir que el derecho a la defensa era de segunda categoría; abogar por el desarme y usar un chaleco antibalas con un corazón. Era un acto simbólico; también llegaba al recinto rodeado de escoltas y en carro blindado. Si Mockus establece unas líneas básicas sobre las cuales podamos entender su proyecto, es probable que siga creciendo.
Santos pasará a la segunda vuelta, el duelo Noemí-Mockus aún está por resolverse.
***
¿Hasta qué punto es constitucional que una Corte conformada por magistrados sin representación política y sin ninguna legitimidad democrática imposibiliten el ejercicio del poder soberano del pueblo en su capacidad de modificar la Constitución? Es una pregunta que le queda a la historia, y una responsabilidad que cae directamente sobre esos magistrados, aunque no les conozcamos ni el nombre.
El País de Cali, sábado 10 de abril de 2010
jueves, abril 08, 2010
Justo y necesario
La aparición de numerosos casos de abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica ha sido dolorosa, triste y terrible.
Por una parte, ha lesionado la confianza de los fieles. En general, son aquellas familias con enorme convicción y mucha cercanía quienes encomiendan sus hijos a los sacerdotes. Las víctimas son los hijos de los más cercanos practicantes, por lo que a su dolor se ha sumado la traición de quien debía ser una figura confiable. Además, esos niños fueron colocados en una situación donde hablar sobre lo que sucedía era disputar con la figura de admiración de sus propios padres. Y la falta de acción de la Iglesia había causado desolación.
Ahora que celebramos la Semana Santa donde se rememora la Pasión de Cristo han aparecido nuevos casos y nuevas reacciones de la Iglesia que muestran un cambio fundamental en la manera como se ha venido enfrentando este drama.
La noticia presentada por el New York Times, según la cual el Vaticano encubrió un caso de múltiples actos abusivos por parte de un cura en EE.UU., tiene una interpretación de los hechos que no se ajusta del todo a lo que dicen los documentos que la soportan. Si bien la Iglesia no procedió a hacer público el asunto, tampoco hay instrucciones de esconderlo.
Existían acusaciones en contra del padre Murphy por conductas sexuales abusivas con niños sordos menores de edad; y hubo una investigación civil sin resultados. La correspondencia sobre el caso con La Congregación para la Doctrina de la Fe -que presidía el ahora Papa Ratzinger- no se trató sobre la conveniencia o inconveniencia de los juicios, sino sobre la prescripción de las faltas y los procedimientos de la ley canónica. Las acusaciones que se presentaban contra Murphy tenían más de 25 años -aún en materia penal los delitos prescriben- por ello se dio un permiso especial para iniciar un proceso secreto por “solicitar durante la confesión”. Era el mecanismo para poder procesar al acusado, pues el otro estaba prescrito. Existían, además, problemas de competencia, pues la Diócesis de Milwaukee no tenía jurisdicción sobre el caso. El proceso se dificultó por la avanzada edad del acusado y su estado de salud, y termino por la muerte de Murphy.
Paralelamente, apareció una carta de los Legionarios de Cristo donde reconocen las faltas del padre Maciel, y piden perdón a sus víctimas y a todos los afectados. Así mismo, la Iglesia confirmó que se ha iniciado un proceso contra un cura en Francia por abuso sexual. Es un cambio. La Iglesia ha replanteado la manera como enfrentará este penoso asunto.
Los contextos históricos se transforman y la interpretación de las conveniencias se afecta. Seguramente antes, la Iglesia consideraba que aceptar y hacer públicos tales casos, menoscababa la credibilidad de la institución. Ante el bien mayor que suponía para la comunidad poder confiar en su religión, se sacrificó lo que entonces se entendía como un bien menor, que era el escarmiento público del agresor.
Años antes los menores eran casi invisibles; eran víctimas de abusos físicos por parte de sus propios padres y maltratos de los profesores dentro de lo que se consideraba una educación ‘normal’. Los tiempos cambian, y en el contexto actual los crímenes contra los niños son inaceptables para la sociedad. Por ello, celebramos estos primeros pasos de reconocimiento. Son una luz que ilumina un camino justo y necesario.
El País de Cali. 3 de abril de 2010.
Por una parte, ha lesionado la confianza de los fieles. En general, son aquellas familias con enorme convicción y mucha cercanía quienes encomiendan sus hijos a los sacerdotes. Las víctimas son los hijos de los más cercanos practicantes, por lo que a su dolor se ha sumado la traición de quien debía ser una figura confiable. Además, esos niños fueron colocados en una situación donde hablar sobre lo que sucedía era disputar con la figura de admiración de sus propios padres. Y la falta de acción de la Iglesia había causado desolación.
Ahora que celebramos la Semana Santa donde se rememora la Pasión de Cristo han aparecido nuevos casos y nuevas reacciones de la Iglesia que muestran un cambio fundamental en la manera como se ha venido enfrentando este drama.
La noticia presentada por el New York Times, según la cual el Vaticano encubrió un caso de múltiples actos abusivos por parte de un cura en EE.UU., tiene una interpretación de los hechos que no se ajusta del todo a lo que dicen los documentos que la soportan. Si bien la Iglesia no procedió a hacer público el asunto, tampoco hay instrucciones de esconderlo.
Existían acusaciones en contra del padre Murphy por conductas sexuales abusivas con niños sordos menores de edad; y hubo una investigación civil sin resultados. La correspondencia sobre el caso con La Congregación para la Doctrina de la Fe -que presidía el ahora Papa Ratzinger- no se trató sobre la conveniencia o inconveniencia de los juicios, sino sobre la prescripción de las faltas y los procedimientos de la ley canónica. Las acusaciones que se presentaban contra Murphy tenían más de 25 años -aún en materia penal los delitos prescriben- por ello se dio un permiso especial para iniciar un proceso secreto por “solicitar durante la confesión”. Era el mecanismo para poder procesar al acusado, pues el otro estaba prescrito. Existían, además, problemas de competencia, pues la Diócesis de Milwaukee no tenía jurisdicción sobre el caso. El proceso se dificultó por la avanzada edad del acusado y su estado de salud, y termino por la muerte de Murphy.
Paralelamente, apareció una carta de los Legionarios de Cristo donde reconocen las faltas del padre Maciel, y piden perdón a sus víctimas y a todos los afectados. Así mismo, la Iglesia confirmó que se ha iniciado un proceso contra un cura en Francia por abuso sexual. Es un cambio. La Iglesia ha replanteado la manera como enfrentará este penoso asunto.
Los contextos históricos se transforman y la interpretación de las conveniencias se afecta. Seguramente antes, la Iglesia consideraba que aceptar y hacer públicos tales casos, menoscababa la credibilidad de la institución. Ante el bien mayor que suponía para la comunidad poder confiar en su religión, se sacrificó lo que entonces se entendía como un bien menor, que era el escarmiento público del agresor.
Años antes los menores eran casi invisibles; eran víctimas de abusos físicos por parte de sus propios padres y maltratos de los profesores dentro de lo que se consideraba una educación ‘normal’. Los tiempos cambian, y en el contexto actual los crímenes contra los niños son inaceptables para la sociedad. Por ello, celebramos estos primeros pasos de reconocimiento. Son una luz que ilumina un camino justo y necesario.
El País de Cali. 3 de abril de 2010.
martes, marzo 30, 2010
El botín conservador
El prestigio y la gestión del actual gobierno son la fuerza prioritaria de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín. Ambos están respaldados por el deseo de prolongar las políticas y el estilo del gobierno de Uribe -así lo corrobora la encuesta de Datexco-. El uribismo es una abrumadora mayoría por lo que es probable que los dos candidatos uribistas pasen a la segunda vuelta.
Sanín como candidata del Partido Conservador se acerca a convertirse en la primera Presidenta de la República. En aquella hipotética segunda vuelta, Noemí tiene mayores probabilidades de atraer el voto no-uribista, pero su debilidad -que es una ventaja para Santos- es la dificultad de mantener a la colectividad conservadora bajo su liderazgo.
Los godos están divididos. El sector no-uribista hace parte de la campaña de Sanín; pero del sector uribista sólo una fracción la acompaña. Las actitudes ambivalentes de Noemí frente a Uribe no fueron del agrado de muchos fieles uribistas y los roces con Arias resquebrajaron la unión. Sienten a Santos más cercano a Uribe, y son un botín muy importante.
Por ello, la estrategia de Santos debe ser la de consolidar el uribismo. No debe dejarse tentar -como ya lo hizo al elegir vice- por buscar votos no-uribistas. Debe atraer el mayor número de uribistas de las filas conservadoras. No es fácil. Los militantes conservadores tendrán resquemores de abandonar la causa, pues el partido no tiene presidente desde la elección de Belisario Betancur (el ex presidente Pastrana, de origen conservador, fue elegido por otro partido). Pero, si algo caracteriza a esta colectividad es que siempre ha sabido poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de la Nación. Así que si un buen conservador considera que Santos representa mucho mejor proyecto para el país, se acercará a él con la convicción de actuar de acuerdo con las máximas conservadoras.
El nuevo Presidente será quien tenga más calma. Si Noemí en la búsqueda de los no-uribistas descuida su uribismo, el presidente será Santos. Si éste hace lo mismo o no logra cautivar a los conservadores, la presidenta será Noemí.
Es evidente entonces el esfuerzo que deberá emprender Noemí para mantener la batuta azul. Pero la dirigencia conservadora envía malas señales al intentar imponer por la fuerza el liderazgo. El Partido no puede ser una organización que acabe con la libertad. Claro que debe haber disciplina de partido, pero en ningún caso ello significa la necesidad de actuar en contra de las convicciones. Esos gestos nos recuerdan a los partidos comunistas donde la dirigencia anula la libertad individual, o al Partido Liberal que cuando apareció Uribe amenazó con expulsión a sus miembros y los perdió.
Los militantes pueden interpretar la doctrina conservadora e ir en contra de la dirigencia sin que ello desmedre su condición de conservadores. La filiación conservadora no se otorga ni se arrebata, se trata de un compromiso ideológico con una manera de entender a Colombia e interpretar sus posibilidades.
Los partidos son organizaciones políticas donde no hay respuestas absolutas, son foros abiertos de reflexión y debate. La dirigencia debe estar sintonizada con las huestes, y no tratar de imponerse sobre ellas. Las amenazas empobrecen; muestran un partido asustado, devalúan las virtudes reales del candidato y alejan más a quienes disienten. Noemí tiene cómo persuadir; debe convencer, sólo así podrá triunfar.
El País, Marzo 27 de 2010
Sanín como candidata del Partido Conservador se acerca a convertirse en la primera Presidenta de la República. En aquella hipotética segunda vuelta, Noemí tiene mayores probabilidades de atraer el voto no-uribista, pero su debilidad -que es una ventaja para Santos- es la dificultad de mantener a la colectividad conservadora bajo su liderazgo.
Los godos están divididos. El sector no-uribista hace parte de la campaña de Sanín; pero del sector uribista sólo una fracción la acompaña. Las actitudes ambivalentes de Noemí frente a Uribe no fueron del agrado de muchos fieles uribistas y los roces con Arias resquebrajaron la unión. Sienten a Santos más cercano a Uribe, y son un botín muy importante.
Por ello, la estrategia de Santos debe ser la de consolidar el uribismo. No debe dejarse tentar -como ya lo hizo al elegir vice- por buscar votos no-uribistas. Debe atraer el mayor número de uribistas de las filas conservadoras. No es fácil. Los militantes conservadores tendrán resquemores de abandonar la causa, pues el partido no tiene presidente desde la elección de Belisario Betancur (el ex presidente Pastrana, de origen conservador, fue elegido por otro partido). Pero, si algo caracteriza a esta colectividad es que siempre ha sabido poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de la Nación. Así que si un buen conservador considera que Santos representa mucho mejor proyecto para el país, se acercará a él con la convicción de actuar de acuerdo con las máximas conservadoras.
El nuevo Presidente será quien tenga más calma. Si Noemí en la búsqueda de los no-uribistas descuida su uribismo, el presidente será Santos. Si éste hace lo mismo o no logra cautivar a los conservadores, la presidenta será Noemí.
Es evidente entonces el esfuerzo que deberá emprender Noemí para mantener la batuta azul. Pero la dirigencia conservadora envía malas señales al intentar imponer por la fuerza el liderazgo. El Partido no puede ser una organización que acabe con la libertad. Claro que debe haber disciplina de partido, pero en ningún caso ello significa la necesidad de actuar en contra de las convicciones. Esos gestos nos recuerdan a los partidos comunistas donde la dirigencia anula la libertad individual, o al Partido Liberal que cuando apareció Uribe amenazó con expulsión a sus miembros y los perdió.
Los militantes pueden interpretar la doctrina conservadora e ir en contra de la dirigencia sin que ello desmedre su condición de conservadores. La filiación conservadora no se otorga ni se arrebata, se trata de un compromiso ideológico con una manera de entender a Colombia e interpretar sus posibilidades.
Los partidos son organizaciones políticas donde no hay respuestas absolutas, son foros abiertos de reflexión y debate. La dirigencia debe estar sintonizada con las huestes, y no tratar de imponerse sobre ellas. Las amenazas empobrecen; muestran un partido asustado, devalúan las virtudes reales del candidato y alejan más a quienes disienten. Noemí tiene cómo persuadir; debe convencer, sólo así podrá triunfar.
El País, Marzo 27 de 2010
sábado, marzo 20, 2010
Aventurando predicciones
La actuación nefasta y con visos de corrupción de la Registraduría es una vergüenza para el país que ya había consolidado un sistema confiable de escrutinio. Es inaceptable que por la ‘contratitis’ que aqueja a algunos servidores públicos se haya cambiado un procedimiento que funcionaba. Esperamos sanciones y el restablecimiento de la legalidad para la contienda presidencial.
Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.
Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.
La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.
Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.
No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.
El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.
El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.
Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.
El Pais, Cali
Marzo 20 de 2010
Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.
Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.
La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.
Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.
No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.
El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.
El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.
Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.
El Pais, Cali
Marzo 20 de 2010
sábado, marzo 13, 2010
Garzón, el vice
La selección de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, podría interpretarse como una jugada que amplía horizontes políticos, pero en términos de potenciales electores quita más de lo que pone.
Para muchos, Santos ya tiene consolidada la imagen de la seguridad democrática pues ejerció -con éxito- las funciones de ministro de Defensa en el período más productivo de ese campo (‘Raúl Reyes’ fue dado de baja y se realizó la ‘Operación Jaque’). Por ello, sostienen, debía buscar un vicepresidente que le diera a su campaña un contexto social. Garzón con amplió recorrido como sindicalista, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle representa una izquierda moderada. Esto -en teoría- disminuye la percepción de Santos como parte de la oligarquía bogotana y un proyecto de derecha, y lo convierte en un candidato con una oferta social atractiva.
Aún así su selección no pone votos. Ningún elector de filiación izquierdista que no fuera a votar por Santos lo haría por la presencia de Garzón; buscará opciones más concretas en el Polo o en el Partido Liberal que también ofrecer alternativas de ese corte. La izquierda está bien representada en el Polo. Clara López Obregón promete ampliar el espectro de la participación femenina por sus preclaras condiciones intelectuales, tecnócrata eficiente y política versada. Así que voto de esa tendencia no será atraído.
Si bien Garzón ha tenido cercanía con el presidente Uribe, su vinculación con el gobierno Pastrana es más notable. Así, la selección de Santos, compañero de aquel gobierno, puede ser un intento por acercar la masa conservadora y enfrentar el proyecto de Noemí -al que el ex presidente Pastrana parece vinculado-. No lo logra. Noemí mantendrá a los pastranistas, pues la aversión a Uribe es más persistente, y, además, los conservadores no se sienten representados en Garzón.
En el contexto uribista el panorama tampoco es alentador. No le conviene a Santos explotar sus vínculos pastranistas pues muchos uribistas son reaccionarios a las políticas de aquel gobierno. Uno de los defectos de Santos -como político y no como tecnócrata- es precisamente que ha pasado por gobiernos de contexturas políticas muy distintas. Esta pertenencia falta de identidad definida causa inquietud en el electorado fiel al presidente Uribe. El uribismo hubiera preferido un vicepresidente más enérgico y comprometido con Uribe.
Garzón no arrastrará ningún voto, pero si apartará muchos, pues aleja a Santos de lo que más votos significa para él: su conexión con el Presidente.
***
Los medios de comunicación han radicado el origen de todos los males en el Congreso, pero es una de las instituciones más importantes de la democracia. Todos deberíamos votar por un candidato que tenga una estructura política similar a la propia, para que todas las corrientes de pensamiento estén representadas.
El Congreso no necesita técnicos, para eso están los ministerios. El político debe conocer los intereses de su región, haberla recorrido y sentido -sin que esto excluya las capacidades-. El compromiso político está ligando al sentido de comunidad y no a la vanidad personal.
No debemos confundir un buen político con una imagen publicitaria construida a base de derrochar fortunas. Hay razones sospechosas bajo esa campañas, pues el salario de congresista no compensa la inversión.
El País, Cali. Marzo 13 de 2010
Para muchos, Santos ya tiene consolidada la imagen de la seguridad democrática pues ejerció -con éxito- las funciones de ministro de Defensa en el período más productivo de ese campo (‘Raúl Reyes’ fue dado de baja y se realizó la ‘Operación Jaque’). Por ello, sostienen, debía buscar un vicepresidente que le diera a su campaña un contexto social. Garzón con amplió recorrido como sindicalista, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle representa una izquierda moderada. Esto -en teoría- disminuye la percepción de Santos como parte de la oligarquía bogotana y un proyecto de derecha, y lo convierte en un candidato con una oferta social atractiva.
Aún así su selección no pone votos. Ningún elector de filiación izquierdista que no fuera a votar por Santos lo haría por la presencia de Garzón; buscará opciones más concretas en el Polo o en el Partido Liberal que también ofrecer alternativas de ese corte. La izquierda está bien representada en el Polo. Clara López Obregón promete ampliar el espectro de la participación femenina por sus preclaras condiciones intelectuales, tecnócrata eficiente y política versada. Así que voto de esa tendencia no será atraído.
Si bien Garzón ha tenido cercanía con el presidente Uribe, su vinculación con el gobierno Pastrana es más notable. Así, la selección de Santos, compañero de aquel gobierno, puede ser un intento por acercar la masa conservadora y enfrentar el proyecto de Noemí -al que el ex presidente Pastrana parece vinculado-. No lo logra. Noemí mantendrá a los pastranistas, pues la aversión a Uribe es más persistente, y, además, los conservadores no se sienten representados en Garzón.
En el contexto uribista el panorama tampoco es alentador. No le conviene a Santos explotar sus vínculos pastranistas pues muchos uribistas son reaccionarios a las políticas de aquel gobierno. Uno de los defectos de Santos -como político y no como tecnócrata- es precisamente que ha pasado por gobiernos de contexturas políticas muy distintas. Esta pertenencia falta de identidad definida causa inquietud en el electorado fiel al presidente Uribe. El uribismo hubiera preferido un vicepresidente más enérgico y comprometido con Uribe.
Garzón no arrastrará ningún voto, pero si apartará muchos, pues aleja a Santos de lo que más votos significa para él: su conexión con el Presidente.
***
Los medios de comunicación han radicado el origen de todos los males en el Congreso, pero es una de las instituciones más importantes de la democracia. Todos deberíamos votar por un candidato que tenga una estructura política similar a la propia, para que todas las corrientes de pensamiento estén representadas.
El Congreso no necesita técnicos, para eso están los ministerios. El político debe conocer los intereses de su región, haberla recorrido y sentido -sin que esto excluya las capacidades-. El compromiso político está ligando al sentido de comunidad y no a la vanidad personal.
No debemos confundir un buen político con una imagen publicitaria construida a base de derrochar fortunas. Hay razones sospechosas bajo esa campañas, pues el salario de congresista no compensa la inversión.
El País, Cali. Marzo 13 de 2010
lunes, marzo 08, 2010
Elecciones de Congreso
Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien, el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incuso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un Congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista –de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil, y al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los Ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incuso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un Congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista –de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil, y al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los Ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
sábado, marzo 06, 2010
Los candidatos
Los argumentos jurídicos que esgrime el comunicado de prensa que declaró inexequible la ley que aprobó el referendo reeleccionista son de dos tipos. Por una parte, aparecen aquellos que se refieren a los trámites de la iniciativa y la aprobación de la ley. La Corte encontró defectos que para ella vulneran el sistema y desconocen los límites legales. Sobre ellos cabría la discusión sobre si se trata de vicios subsanables y si aquellos bienes jurídicos agredidos resultan de igual jerarquía que la participación ciudadana, pero alea jacta est. El segundo argumento, según el cual existe un límite sobre el poder de modificar la Constitución, es en cambio interesante y merece un análisis.
La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.
Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.
Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.
Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.
El Pais, Cali, 6 de marzo de 2010
La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.
Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.
Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.
Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.
El Pais, Cali, 6 de marzo de 2010
lunes, marzo 01, 2010
Salario Mínimo
Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el salario mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?
Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentajes de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.
Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario minino y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: No contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2'830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?
Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías, ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.
La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que si es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.
Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentajes de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.
Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario minino y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: No contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2'830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?
Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías, ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.
La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que si es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.
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