El presidente Santos es difícil de descifrar. Sus comentarios, siempre medidos, impiden que conozcamos sus posiciones. En el tema del manejo de las narcoguerrillas terroristas estamos ante la ambigüedad de sus palabras.
Colombia había encargado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (Iiss) el análisis del material encontrado en el computador de ‘Raúl Reyes’. Según la publicación, el gobierno venezolano apoyó fervientemente a las Farc. Las relaciones entre la organización y Chávez se muestran fluidas y amistosas: reuniones con la cúpula guerrillera y todas las personalidad del gobierno de Venezuela, incluido el Presidente; apoyo económico, además de la posibilidad de hacer negocios con el Estado venezolano mediante empresas fachadas; promesas para conseguir armas en Rusia; altos mandos del ejército bolivariano se presentan como admiradores de las Farc que, según ‘Reyes’, identifican con el ejército solidario que colaborará en el establecimiento del régimen bolivariano en Colombia. En fin…
Aparece este libro ahora, cuando sólo nos quedan las fotos de los campamentos de las Farc en Venezuela, los cascarones de los lanzacohetes venezolanos en poder de las Farc, las grabaciones y publicaciones de Chávez diciendo que las Farc no son terroristas sino “fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”. Aparece ahora, cuando Chávez es nuestro nuevo mejor amigo.
Legitimidad política, eso es lo que más le interesa a las Farc. Aquello les permite dejar de figurar como una organización terrorista y convertirse en unos rebeldes que luchan por principios políticos y representan una fracción de la sociedad colombiana, y, como también lo dijo Chávez, ocupan parte del territorio de nuestro país. A eso se comprometió Chávez; a sacarlos del estigma del terror y ponerlos en la arena política. El nuevo mejor amigo parece acercarse a sus promesas. Santos decidió darle a las Farc y los demás terroristas y sus amigos, el gusto de otorgarles el tratamiento de conflicto armado interno.
Esa discusión que para muchos es semántica, tiene repercusiones en el contexto internacional. La lucha insurgente, la lucha de los pueblos, puede dar lugar a que las naciones les den reconocimiento político y aquello da pie a la conformación de un nuevo Estado y la adjudicación de parte del territorio.
¿Qué quiere Santos? ¿Hacia dónde nos conduce? Se trata de una decisión crucial y el Presidente no puede menos que informarnos sus planes. Colombia ha sido enfática en su total rechazo a las Farc y a los demás grupos al margen de la Ley. Millones nos manifestamos en la calle en su contra. Ellos no representan a ninguna fracción de la sociedad y son sólo asesinos que usan a Marx para envolver cocaína. En caso de una negociación la Nación les ofrece la cárcel y la garantía de sus derechos; el mismo gesto generoso que tuvo con los paramilitares.
Una comparación: el presidente de Pakistán, Zardari, casi se disculpó de que el terrorista estuviera refugiado en su territorio y reconoció que no participaron en la operación que dio de baja a Bin Laden. ¿Será que Pakistán va a elevar una queja ante organismos internacionales contra EE.UU. por el ataque sobre su territorio? ¿Será que le inician un proceso penal al Secretario de la Defensa estadounidense en Islamabad? En el libro del Iiss hay un correo donde se dice que Rafael Correa recibió US$400.000 de las Farc para su campaña. ¿Será verdad?
Mayo 13 de 2011 - 19:17
viernes, mayo 13, 2011
viernes, mayo 06, 2011
Con Santos vamos peor
Según la encuesta Gallup para los colombianos las cosas van empeorando. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana los colombianos estaban convencidos de que todo iba mal; pero hubo un cambio dramático durante Uribe, donde las cifras se invirtieron y las mayorías sintieron que las cosas iban mejorando. Al final del segundo periodo de Uribe hubo una ligera impresión de empeoramiento que se superó con Santos. Pero el sentimiento pesimista subió durante las últimas tres mediciones y, ahora, la mayoría considera que las cosas en el país van por mal camino. Esa impresión negativa del futuro, desincentiva el deseo de seguir sembrando para el futuro; por ello conviene analizar los comentarios de los encuestados.
La percepción sobre la seguridad empeoró mucho con la posesión de Santos y ha venido agravándose, hasta llegar a la alarmante cifra de que el 68% considera que en seguridad vamos mal. Desde 2008 los colombianos consideraban que la seguridad estaba siendo bien manejada, y ahora sólo el 33% aprueba esas gestiones. La mayoría del 65% desaprueba lo que se está haciendo. Vale recordar que en la última medición de Uribe la aprobación de su gestión en seguridad era del 71%.
En dos componentes que analiza la encuesta relacionados con el tema de seguridad, el Gobierno se raja. En el manejo de la guerrilla su gestión pierde 16 puntos, y llega al 50% que es la cifra más baja de aprobación en esta área desde la iniciación de Uribe. Y más alarmante es la desaprobación, que alcanza un 46%; la más alta desde la iniciación de la era Uribe. Otro grave retroceso de Santos se evidencia en el manejo del narcotráfico. La impresión desfavorable ha subido desde su posesión; del 21% al 38%. La favorabilidad en el manejo del narco es del 56%, y aunque la cifra parece alta, sólo es comparable a la que tuviera Samper durante su periodo.
Todo esto seguramente influencia a los colombianos hasta el punto donde el 61% -la mayoría- considera que las elecciones en el país no son confiables. Este resultado pone en duda la legitimidad de todo el aparato estatal y nos sitúa ante una democracia muy precaria. Si los colombianos no creen en las elecciones, un pilar fundamental de la representación política está roto. El otro, el ejercicio de la oposición política, también está gravemente afectado. La mayoría del 54% considera que no hay garantías para ejercerla. La desaparición del debate político que logró la Unidad Nacional parece estar actuando en contra del Gobierno. El país estaba acostumbrado a la crítica y la discusión abierta de cada uno de los actos de gobierno; y es probable que está manera callada y confiada en la que todo sucede ahora no convenza.
La aprobación de la gestión de Santos con el 70% tiene una tendencia negativa, bajó 7 puntos. Su imagen favorable, también, sigue decreciendo y llegó al 66% que se coloca por debajo de la popularidad de Uribe clavada en los alrededores del 70%. Las cifras son alentadoras y muestran un respaldo mayoritario. Sin embargo, preocupa la tendencia negativa y, sobre todo, el crecimiento de la imagen desfavorable de Santos que pasó del 17% al 26%.
La percepción de que el gobierno de Santos será peor que el de Uribe ha empezado a aumentar pasando de un 7% con el que inició, a un 19%. Pero todavía muchos, un 43%, piensan que el gobierno Santos será mejor que el de Uribe. Ojalá sea así por el bien de este país, todavía es posible atender este llamado para que se rectifiquen políticas y acciones en materia de seguridad.
Mayo 06 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/con-santos-vamos-peor
Según la encuesta Gallup para los colombianos las cosas van empeorando. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana los colombianos estaban convencidos de que todo iba mal; pero hubo un cambio dramático durante Uribe, donde las cifras se invirtieron y las mayorías sintieron que las cosas iban mejorando. Al final del segundo periodo de Uribe hubo una ligera impresión de empeoramiento que se superó con Santos. Pero el sentimiento pesimista subió durante las últimas tres mediciones y, ahora, la mayoría considera que las cosas en el país van por mal camino. Esa impresión negativa del futuro, desincentiva el deseo de seguir sembrando para el futuro; por ello conviene analizar los comentarios de los encuestados.
La percepción sobre la seguridad empeoró mucho con la posesión de Santos y ha venido agravándose, hasta llegar a la alarmante cifra de que el 68% considera que en seguridad vamos mal. Desde 2008 los colombianos consideraban que la seguridad estaba siendo bien manejada, y ahora sólo el 33% aprueba esas gestiones. La mayoría del 65% desaprueba lo que se está haciendo. Vale recordar que en la última medición de Uribe la aprobación de su gestión en seguridad era del 71%.
En dos componentes que analiza la encuesta relacionados con el tema de seguridad, el Gobierno se raja. En el manejo de la guerrilla su gestión pierde 16 puntos, y llega al 50% que es la cifra más baja de aprobación en esta área desde la iniciación de Uribe. Y más alarmante es la desaprobación, que alcanza un 46%; la más alta desde la iniciación de la era Uribe. Otro grave retroceso de Santos se evidencia en el manejo del narcotráfico. La impresión desfavorable ha subido desde su posesión; del 21% al 38%. La favorabilidad en el manejo del narco es del 56%, y aunque la cifra parece alta, sólo es comparable a la que tuviera Samper durante su periodo.
Todo esto seguramente influencia a los colombianos hasta el punto donde el 61% -la mayoría- considera que las elecciones en el país no son confiables. Este resultado pone en duda la legitimidad de todo el aparato estatal y nos sitúa ante una democracia muy precaria. Si los colombianos no creen en las elecciones, un pilar fundamental de la representación política está roto. El otro, el ejercicio de la oposición política, también está gravemente afectado. La mayoría del 54% considera que no hay garantías para ejercerla. La desaparición del debate político que logró la Unidad Nacional parece estar actuando en contra del Gobierno. El país estaba acostumbrado a la crítica y la discusión abierta de cada uno de los actos de gobierno; y es probable que está manera callada y confiada en la que todo sucede ahora no convenza.
La aprobación de la gestión de Santos con el 70% tiene una tendencia negativa, bajó 7 puntos. Su imagen favorable, también, sigue decreciendo y llegó al 66% que se coloca por debajo de la popularidad de Uribe clavada en los alrededores del 70%. Las cifras son alentadoras y muestran un respaldo mayoritario. Sin embargo, preocupa la tendencia negativa y, sobre todo, el crecimiento de la imagen desfavorable de Santos que pasó del 17% al 26%.
La percepción de que el gobierno de Santos será peor que el de Uribe ha empezado a aumentar pasando de un 7% con el que inició, a un 19%. Pero todavía muchos, un 43%, piensan que el gobierno Santos será mejor que el de Uribe. Ojalá sea así por el bien de este país, todavía es posible atender este llamado para que se rectifiquen políticas y acciones en materia de seguridad.
Mayo 06 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/con-santos-vamos-peor
viernes, abril 29, 2011
La captura de Iván Moreno
Este es uno de los primeros casos de corrupción a gran escala que conoce el país, a pesar de que todos sospechamos de muchas contrataciones estatales. Que los Nule hubieran confesado sus vínculos corruptos es impresionante; los pactos de la corrupción son muy poderosos pues sólo incluyen a quienes participan del delito, así que confesar implica reconocer los propios hechos criminales. No será fácil para Iván Moreno probar su inocencia, pues no aparecen las razones por las cuales los Nule podrían querer involucrarlo sin que tales hechos se hubieran sucedido; aunque tampoco es claro por qué los Nule han decidido revelar sus propias culpas e involucrar a sus ‘socios’.
La detención del senador Moreno y el envío de copias para que la Fiscalía haga lo propio en contra de Samuel, su hermano, y otros altos funcionarios de la Alcaldía es un duro golpe para el Polo. La izquierda colombiana ha venido haciendo un ejercicio sobresaliente para desprenderse de las fuerzas revolucionarias y terroristas que a nombre de las ideologías marxistas vienen desangrando al país. La construcción de un partido de izquierda comprometido con un proyecto político definido y no violento, es notable; por ello alcanzó la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el poder Ejecutivo. Si bien, la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva. Los electores pueden tomar represalias y castigarlos con el voto. Sin embargo, cabe resaltar que las denuncias más importantes sobre estos hechos vinieron del seno del propio Polo Democrático a través de su candidato presidencial Gustavo Petro, y si Petro siguiera en ese partido, compensaría el coletazo. Aún así, se trata de un episodio sin precedentes, donde se rescató el que la defensa de los intereses del Estado y el bienestar público debe primar sobre las filiaciones políticas.
Colombia sufre de muchos males, pero la corrupción es el más generalizado. Las mayorías colombianas se han acostumbrado y toleran pequeñas trampas en sus oficios y actividades. Hemos perdido la rigidez al juzgarnos individualmente. Se roba cuando se puede, la elusión es una costumbre aceptada, se adulteran básculas, taxímetros, facturas, contabilidades, sin el menor reparo. Cada uno encuentra justificación para hacerlo: para qué pagar impuestos si se los van a robar. Me pagan muy poco. Nadie se da cuenta. Me hace más falta a mí. Y la felicidad de contar con esos pesos de más, hace que olvidemos el daño causado. Una sociedad donde todo el mundo hace trampas está condenada a la inmediatez; sus posibilidades de planear para el futuro se disuelven, y el mal se esparce.
La corrupción no se resuelve con leyes. No hay cómo regular contra los corruptos, pues no hay como prever todas las trampas posibles, son infinitas. Por eso el Estado debe ser implacable con los particulares descubiertos en actos corruptos. No se entiende por qué no se dictó medida de aseguramiento contra los Dávila y Valerie Domínguez -la ex Señorita Colombia- que fraudulentamente lograron subsidios de AIS por más de $2.100 millones.
La sociedad tiene que comprometerse a no tolerar los actos tramposos ni propios ni ajenos. En esto ya gran daño nos hizo la mafia: nos entrenó en el gusto por el dinero fácil y cambió los valores por la plata; permeó las estructuras sociales que reconocen poder e importancia en la opulencia y no en los ideales. Cambiamos el Quijote por el becerro de oro.
29 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/captura-ivan-moreno
Este es uno de los primeros casos de corrupción a gran escala que conoce el país, a pesar de que todos sospechamos de muchas contrataciones estatales. Que los Nule hubieran confesado sus vínculos corruptos es impresionante; los pactos de la corrupción son muy poderosos pues sólo incluyen a quienes participan del delito, así que confesar implica reconocer los propios hechos criminales. No será fácil para Iván Moreno probar su inocencia, pues no aparecen las razones por las cuales los Nule podrían querer involucrarlo sin que tales hechos se hubieran sucedido; aunque tampoco es claro por qué los Nule han decidido revelar sus propias culpas e involucrar a sus ‘socios’.
La detención del senador Moreno y el envío de copias para que la Fiscalía haga lo propio en contra de Samuel, su hermano, y otros altos funcionarios de la Alcaldía es un duro golpe para el Polo. La izquierda colombiana ha venido haciendo un ejercicio sobresaliente para desprenderse de las fuerzas revolucionarias y terroristas que a nombre de las ideologías marxistas vienen desangrando al país. La construcción de un partido de izquierda comprometido con un proyecto político definido y no violento, es notable; por ello alcanzó la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante en el poder Ejecutivo. Si bien, la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva. Los electores pueden tomar represalias y castigarlos con el voto. Sin embargo, cabe resaltar que las denuncias más importantes sobre estos hechos vinieron del seno del propio Polo Democrático a través de su candidato presidencial Gustavo Petro, y si Petro siguiera en ese partido, compensaría el coletazo. Aún así, se trata de un episodio sin precedentes, donde se rescató el que la defensa de los intereses del Estado y el bienestar público debe primar sobre las filiaciones políticas.
Colombia sufre de muchos males, pero la corrupción es el más generalizado. Las mayorías colombianas se han acostumbrado y toleran pequeñas trampas en sus oficios y actividades. Hemos perdido la rigidez al juzgarnos individualmente. Se roba cuando se puede, la elusión es una costumbre aceptada, se adulteran básculas, taxímetros, facturas, contabilidades, sin el menor reparo. Cada uno encuentra justificación para hacerlo: para qué pagar impuestos si se los van a robar. Me pagan muy poco. Nadie se da cuenta. Me hace más falta a mí. Y la felicidad de contar con esos pesos de más, hace que olvidemos el daño causado. Una sociedad donde todo el mundo hace trampas está condenada a la inmediatez; sus posibilidades de planear para el futuro se disuelven, y el mal se esparce.
La corrupción no se resuelve con leyes. No hay cómo regular contra los corruptos, pues no hay como prever todas las trampas posibles, son infinitas. Por eso el Estado debe ser implacable con los particulares descubiertos en actos corruptos. No se entiende por qué no se dictó medida de aseguramiento contra los Dávila y Valerie Domínguez -la ex Señorita Colombia- que fraudulentamente lograron subsidios de AIS por más de $2.100 millones.
La sociedad tiene que comprometerse a no tolerar los actos tramposos ni propios ni ajenos. En esto ya gran daño nos hizo la mafia: nos entrenó en el gusto por el dinero fácil y cambió los valores por la plata; permeó las estructuras sociales que reconocen poder e importancia en la opulencia y no en los ideales. Cambiamos el Quijote por el becerro de oro.
29 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/captura-ivan-moreno
viernes, abril 22, 2011
Las Fuerzas Militares
Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.
El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.
Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.
La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.
El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuerzas-militares
Aunque el Gobierno adujo razones discrecionales para dar de baja al general Matamoros, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Se habla de diferencias con el almirante Cely por temas como el fuero militar, la Justicia Penal Militar y el régimen carcelario de los uniformados. Además, al parecer había discrepancias sobre el tipo de equipos y compras militares que se requieren. Son temas prioritarios frente a los cuales es muy claro que cada fuerza puede tener posiciones muy distintas, pues el tipo de conflicto que enfrentan es, a su vez, muy distinto.
El nombramiento de un Almirante de la Armada Nacional como Comandante General de las Fuerzas Militares era un decisión arriesgada, pues el 75% de las Fuerzas está constituido por militares, y son ellos quienes deben adentrarse con mayor vehemencia en el conflicto armado. La salida de Matamoros puede causar cierta desmoralización entre los militares, quienes enfrentan el 90% de los combates que vive el país. El Ejército Nacional tiene más de 220.000 hombres y hay cierta reticencia en que sea un Almirante, experto en operaciones marítimas, quien los comande.
Los liberales han pedido un debate de control político para que el Ministro explique cuáles fueron las razones que dieron lugar a la salida de Matamoros. Se trata de una petición muy apropiada, el país merece saber qué es lo que está pasando en las Fuerzas Militares, que luego del cambio de gobierno han sufrido graves reveces en su control del territorio nacional. No olvidemos que la violencia, la extorsión y el secuestro se han recrudecido en varias zonas del país, especialmente el Suroccidente y los Llanos Orientales. En esta Semana Santa las Farc intentaron actos terroristas y mostraron sus alcances al haber secuestrado a dos militares desarmados y en licencia en Antioquia, para luego asesinarlos y utilizarlos como señuelo para que otros militares cayeran en un campo minado.
La salida del general Matamoros es noticia dura para las Fuerzas Militares. El General viene de una larga línea al servicio del país y se ha caracterizado como un militar independiente que dedica mucho tiempo a la comprensión del conflicto y al análisis de lo que significa dentro de la estructura de la guerra cada uno de los golpes que ha recibido la guerrilla. No es lo mismo enfrentar a ‘Raúl Reyes’ o al ‘Mono Jojoy’ o combatir contra ‘Iván Márquez’; cada fase tiene implicaciones distintas y debe ser manejada de manera diferente. Se dice que entendía bien las necesidades de la tropa.
El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Luis Felipe Paredes, tendrá que hacer una labor muy importante para que los militares no se sientan desamparados. La posición del Ejército sobre la necesidad de mantener la Justicia Penal Militar y el fuero militar, no son necedades. Se trata de una justicia especializada que comprende que el desempeño en el conflicto tiene particularidades que se escapan a una justicia civil. El Ejército quiere cumplir la Ley, quiere hacer su tarea respetando los derechos de los ciudadanos y los delincuentes; pero su tarea no es sencilla y es propensa a las fallas. Es evidente que cada fuerza juzgue de acuerdo con lo que vive; y ello no se debe a que una fuerza sea más respetuosa que otra de los derechos, simplemente a que es el Ejército quien mayores volúmenes de combates tiene que enfrentar y éstos son, en general, directos y en medio de la selva.
Abril 22 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuerzas-militares
viernes, abril 15, 2011
Hecha la norma…
El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.
Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.
Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.
Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.
Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.
El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.
Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hecha-norma
El caso de Agro Ingreso Seguro grafica la cuestión del Estado y su capacidad para combatir y afrontar la corrupción. Ese escándalo tiene tres componentes que merecen análisis.
Uno de los hechos que más ha exaltado a la opinión pública es que parte de los recursos disponibles fueron otorgados a grandes empresarios del agro, familias acomodadas. Frente a ello, habría que decir que el subsidio a los ricos no es un acto de corrupción en sí mismo. Evaluado a profundidad puede resultar positivo para generar más empleos o evitar que empresas funcionando se quiebren y causen desempleo. Cabe recordar los subsidios que se dieron a los floricultores, el 3x1.000 de los bancos; casos donde el esfuerzo tributario de los colombianos fue a parar a manos poderosas, pero detuvo quiebras que habría lesionado a muchos otros.
Otro acápite del escándalo son los particulares; haciendo trampas lograron tergiversar las normas y obtener beneficios que no les correspondían. El sector privado colombiano no puede seguir en el papel del ‘avispado’ rompiendo la materialidad de las normas a través de subterfugios. Quienes defraudaron al AIS deben ir a la cárcel y tener una sanción ejemplarizante. Hay que revisar los subsidios otorgados y detectar si hubo más trampas.
Este hecho es independiente a la conducta de los funcionarios públicos. No es aceptable la tesis según la cual los funcionarios son responsables pues no blindaron el sistema. Hacer normas para prevenir la corrupción es difícil, casi imposible. Aún más complejo es pretender reglamentar un asunto tratando de cerrarlo para que los corruptos no burlen la norma. El legislador, por sabio que se pretenda, no puede prever todas las conductas posibles. La sociedad no puede recargar semejante responsabilidad en los funcionarios; las normas deben ser claras y precisas en sus principios y la sociedad debe respetarlas en su espíritu. Una sociedad no depende de la calidad de sus leyes, sino de la ética de sus ciudadanos.
Ahora bien, el que los recursos hayan sido adjudicados por razones políticas es más serio y muy difícil de comprobar; la mera coincidencia de que haya políticos entre los beneficiarios no prueba que haya corrupción. Este tipo de delito supone que el funcionario a sabiendas de que el particular no califica, le otorga los beneficios con base en un acuerdo por fuera de la ley. Para ello puede hacer reglamentaciones evidentemente viciadas o birlar las existentes.
El AIS tiene además otro componente, a saber, la ejecución de un programa a través de organismos multilaterales como el Iica, brazo de la OEA, el Pnud y otras entidades que se han convertido en ejecutores de grandes porcentajes de los recursos públicos. Ello ha sido necesario, pues la Ley 80 de contratación pública, diseñada con la intención de evitar la corrupción dificulta a tal extremo los procesos, que de no usarse un ejecutor externo sería casi imposible hacerlo. Aquello subraya que las reglamentaciones contra la corrupción no son simples, y la necesidad de reconfigurar el Estado para que puede cumplir él mismo con sus obligaciones.
Finalmente, debemos relievar que la Justicia no puede bajo ninguna circunstancia caer en las tentaciones que le tienden los medios de comunicación y menos aún en las pasiones políticas. La Justicia requiere ecuanimidad y prudencia. Las detenciones preventivas no pueden convertirse en mecanismos para alcanzar fama y prestigio. Se trata de la libertad, el derecho más importante del ser humano.
Abril 15 de 2011 - 19:28
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hecha-norma
viernes, abril 08, 2011
Embuchado de Chávez
Hoy debe llegar Chávez a Colombia. Lo hace en una fecha que trae recuerdos dolorosos al país. Cabe recordar que en 1948 Fidel Castro estaba a pocos pasos del sitio donde cayó asesinado Gaitán. Chávez, anacrónico discípulo de Castro, no da puntada sin dedal; así que algo tendrá planeado al visitar Colombia justamente en un 9 de abril. Lo terrible de Chávez es que cada vez que alguien piensa en una reacción límite, casi inverosímil, sobre lo que el líder del vecino país puede hacer, resulta que no sólo la hace, sino que la excede. Una perla: reacomodar los distritos electorales para garantizar su triunfo en la Asamblea; como no logra la victoria avasallante, se arroga poderes legislativos que sepultan parte del periodo del nuevo congreso. Chávez sí sabe salirse de los límites.
Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.
Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.
Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.
Pero no todo lo que brilla es oro.
¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.
La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…
¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embuchado-chavez
Llega, pues, el vecino a reclamar a Makled y demostrarle al mundo que sus relaciones con Santos pasan por el mejor momento; nuestro Presidente lo prefirió sobre los tradicionales aliados estadounidenses.
Makled se convirtió en una moneda: sirve para conseguir lo que se quiere. Chávez lo codicia; dejó metido a Santos en Cartagena en un gesto típico suyo para recordarle que nuestro “nuevo mejor amigo” puede dejar de serlo en cualquier instante. Estados Unidos también lo persigue. Makled dice que tiene evidencia para mostrar los vínculos de altos funcionarios del Gobierno y militares bolivarianos con las Farc y otras organizaciones terroristas, que hacen muchísimo dinero en Venezuela y lo envían al Medio Oriente.
Santos usó la moneda. Compró más amistad con Chávez y le llamó la atención a los gringos sobre una alianza que hace rato no da réditos para Colombia. Luego de preferirlos en varios asuntos regionales y apoyarlos en momentos donde la región entera arremete contra ellos, los gringos no han aprobado el TLC con Colombia. Obama debió entender el mensaje, y se habla de que el TLC será ratificado. En principio parece que Santos uso a Makled sacándole el doble valor. Incluso Makled quedó contento, pues su abogado dijo que preferían ir a Venezuela, donde está su hermano y la negociación con las autoridades puede incluirlo.
Pero no todo lo que brilla es oro.
¿Qué pasa con las denuncias de Makled? Las relaciones con Venezuela se rompieron definitivamente cuando el gobierno Uribe presentó ante la comunidad internacional las pruebas de los campamentos de los guerrilleros en el territorio del vecino país. Eso, y las denuncias de que el tráfico de drogas que financia a las Farc sale por Venezuela, donde se refugian varios jefes de la organización terrorista. Lo que dice Makled coincide con lo que dijo el gobierno Uribe.
La seguridad del país está dando tumbos. Las Farc han aprovechado este gobierno para salir del repliegue y avanzar sobre el territorio nacional. Es evidente que el esfuerzo por derrotar al terrorismo pasa por la necesidad de cortar sus mecanismos de financiación. Para eso Makled es pieza clave. Lo ha dicho, lo sabe. Tenemos aquí y ahora la opción se conocer cosas fundamentales para la lucha en la que estamos; aquí y ahora, la posibilidad de develar cuáles son esos vínculos entre Venezuela y las Farc…
¿Por qué la Fiscalía, después de esas declaraciones del Turco, no ha abierto una investigación preliminar para obtener esa información crucial para la seguridad nacional de Colombia? ¿Qué ha dicho el Ministro de Defensa? ¿Por qué el presidente Santos persiste en ignorar que el vecino país esta dándole refugio a los enemigos de la democracia colombiana?
Abril 08 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embuchado-chavez
viernes, abril 01, 2011
Criminales en la universidad
Las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos nunca han sido fáciles. Nuestro Estado tiende al abuso; quienes ejercen el poder, por pequeño que sea, son propensos al despotismo. Se retroalimenta con la manera como los ciudadanos lo enfrentan. En general, los colombianos recurrimos a métodos extorsivos y violentos para protestar: el paro de los transportadores, las tomas de carreteras y el vandalismo de los estudiantes.
Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.
No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.
El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.
Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.
Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.
No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/criminales-en-universidad
Cuando un conflicto escala puede llegar a esos exabruptos; pero en Colombia ese es el primer escalón y termina en hechos nefastos, como aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron rociados con gasolina y luego incinerados en protestas estudiantiles. Los estudiantes no pueden ser criminales; ellos deberían ser el ejemplo ilustrado de los colombianos.
No es aceptable la extorsión que se pretende en la Santiago de Cali, ni las amenazas en la del Valle, las explosiones en la de Nariño, piedra y encapuchados en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. En la universidad de Antioquia se reformó el estatuto estudiantil para que sólo haya dos reingresos, un estudiante pueda hacer dos carreras solamente y se limiten las veces que se puede cancelar una materia. Las protestas fueron violentas, a pesar de que las normas son exigencias mínimas y convenientes para regular un servicio público al cual aspiran a acceder 3,2 millones de otros jóvenes. Esos también tienen derechos. El sistema no puede ser exprimido por los actuales estudiantes. La oportunidad de estar en la educación pública no puede ser infinita e irresponsable. Por el contrario, los estándares para permanecer en un servicio al que muchos aspiran y pocos acceden, deberían ser exigentes. Hay otros esperando y los que ocupan un lugar que deben mantener por méritos y no por la fuerza.
El Estado debe proteger además los sectores de estudiantes pacíficos -que son la mayoría- y garantizarles su derecho a la educación. Esta mayoría no respalda las protestas, es víctima de ellas. Les alarga las carreras, destruyen los establecimientos y los llena de miedo.
Más aún, no sólo los estudiantes tienen voz en estos asuntos.
Los comentarios sobre la reforma de la Ley 30 tampoco pueden ser dominados únicamente por quienes hacen parte del sistema actualmente. Se trata del futuro de la educación superior que nos pertenece a todos. Y hay todavía varias preguntas por resolver antes de iniciar el debate: ¿qué capacidad de empleo para profesionales tiene el país? No podemos generar profesionales para que se frustren en el desempleo. La integración con el sector privado debe hacerse para precisar sus necesidades y proveer profesionales que se integren a las cadenas productivas.
No hay justificación para que criminales sigan como estudiantes. El Gobierno tiene que intervenir; defender el derecho a la educación de los demás estudiantes y mostrar que la educación, que en este país es un beneficio escaso, no es para delincuentes. Quienes quieran hacer observaciones, críticas y cambios deben hacerlo por los caminos regulares. Los hay y funcionan. Hoy en día hay sistemas como el correo electrónico que permiten una comunicación directa, privada y efectiva con los estudiantes. Es posible establecer las opiniones de todos, sin que unos pocos se tomen una vocería que no les corresponde. La violencia no es un camino. Esa tendencia tiene que extirparse. Ya mucha sangre le ha costado a Colombia.
1 de abril de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/criminales-en-universidad
viernes, marzo 25, 2011
¿Qué pasa con la Justicia?
El macabro negocio de Ecomarly liderado por Eyber Ochoa Márquez se dedicaba a engañar a las mujeres embarazadas que se acercaban por una ecografía. El médico les decía que el bebé o la madre peligraban, les inducía el parto y luego informaba sobre la muerte del feto. Él los conservaba y si sobrevivían, los vendía. Según algunas publicaciones el negocio del señor Ochoa llevaba cerca de 20 años operando. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres? No he conocido nada más atroz, ni degenerado.
El criminal fue juzgado por desaparición forzada y concierto para delinquir. Se dedicó a engañar mujeres embarazadas, extraerles y secuestrar a los bebés, a veces matarlos o venderlos; y le dan únicamente 10 años, que se reducirán con beneficios. ¿Qué pasa con el homicidio cuya pena mínima es de 25 años? ¿El secuestro? ¿Qué con el delito de lesiones al feto? ¿La estafa? ¿La trata de personas?
Este caso ofende los principios más básicos de la vida en comunidad y evidencia una de las grietas más recurrentes de la Justicia colombiana: la desproporción entre el daño causado y el castigo recibido. Cuando se comparan las penas impuestas, caso a caso, parecen proferidas bajo sistemas judiciales distintos; a Garavito, por matar más de 120 niños, le dan 60 años, que se reducen a 16. A García, por tocarle las nalgas a una mujer, le dan 4 años de prisión.
Existen fallas tanto en la Fiscalía que califica los delitos, como en la valoración de las penas que hacen jueces. La Fiscalía debe volver a calificar esos hechos y procesar a Ochoa por los delitos que no se incluyeron. Esa es una debilidad del sistema penal acusatorio ¿Quién revisa la calificación de los delitos? La exclusión de los dolientes, como partes en el proceso, deja a la deriva el control que hay sobre imputación. Además, el diseño de la ley, para que sean los jueces quienes evalúen las condiciones de cada caso, para imponer penas que impliquen un más alto sentido de justicia que el que dictamina una tarifa legal, no está funcionando. Las normas necesitan prescribir parámetros de penas mucho más rigurosos y debe revisarse a quién y por qué motivos, pueden aplicarse rebajas y beneficios.
Está, por otro lado, la cuestión sobre la indefensión de los pacientes frente a las calidades de las clínicas y médicos que frecuentan. Si bien hay un comité de ética médica y una historia penal y civil detrás de cada médico, los pacientes no tienen acceso a esa información. El cuidado de la salud y la vida exige que todos podamos tomar decisiones informadas. Deberían existir sistemas de consulta donde los usuarios puedan evaluar la hoja de vida de todos los profesionales de la salud y el historial de sanciones, si las hubiera. En estos tiempos, donde acceder a la información no es difícil, ni costoso, el Ministerio de la Protección Social debe poner a disposición esos reportes.
Hay que cerrar el albedrío tan amplio de los jueces. Los efectos no son buenos; así la tendencia a legislar desde la Justicia, cuando no tienen las facultades para regular una materia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Al haber escogido IVE y no el término médico aborto –que es la interrupción cuando el feto no es viable-, permitió que aquellas interrupciones se hagan sobre fetos que al ser extraídos continúan con vida y que con el cuidado adecuado sobrevivirían. ¿Qué subyace a la decisión de la Corte? ¿Los médicos los deben dejar morir? ¿Botarlos? ¿Matarlos?
Marzo 25 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pasa-con-justicia
El criminal fue juzgado por desaparición forzada y concierto para delinquir. Se dedicó a engañar mujeres embarazadas, extraerles y secuestrar a los bebés, a veces matarlos o venderlos; y le dan únicamente 10 años, que se reducirán con beneficios. ¿Qué pasa con el homicidio cuya pena mínima es de 25 años? ¿El secuestro? ¿Qué con el delito de lesiones al feto? ¿La estafa? ¿La trata de personas?
Este caso ofende los principios más básicos de la vida en comunidad y evidencia una de las grietas más recurrentes de la Justicia colombiana: la desproporción entre el daño causado y el castigo recibido. Cuando se comparan las penas impuestas, caso a caso, parecen proferidas bajo sistemas judiciales distintos; a Garavito, por matar más de 120 niños, le dan 60 años, que se reducen a 16. A García, por tocarle las nalgas a una mujer, le dan 4 años de prisión.
Existen fallas tanto en la Fiscalía que califica los delitos, como en la valoración de las penas que hacen jueces. La Fiscalía debe volver a calificar esos hechos y procesar a Ochoa por los delitos que no se incluyeron. Esa es una debilidad del sistema penal acusatorio ¿Quién revisa la calificación de los delitos? La exclusión de los dolientes, como partes en el proceso, deja a la deriva el control que hay sobre imputación. Además, el diseño de la ley, para que sean los jueces quienes evalúen las condiciones de cada caso, para imponer penas que impliquen un más alto sentido de justicia que el que dictamina una tarifa legal, no está funcionando. Las normas necesitan prescribir parámetros de penas mucho más rigurosos y debe revisarse a quién y por qué motivos, pueden aplicarse rebajas y beneficios.
Está, por otro lado, la cuestión sobre la indefensión de los pacientes frente a las calidades de las clínicas y médicos que frecuentan. Si bien hay un comité de ética médica y una historia penal y civil detrás de cada médico, los pacientes no tienen acceso a esa información. El cuidado de la salud y la vida exige que todos podamos tomar decisiones informadas. Deberían existir sistemas de consulta donde los usuarios puedan evaluar la hoja de vida de todos los profesionales de la salud y el historial de sanciones, si las hubiera. En estos tiempos, donde acceder a la información no es difícil, ni costoso, el Ministerio de la Protección Social debe poner a disposición esos reportes.
Hay que cerrar el albedrío tan amplio de los jueces. Los efectos no son buenos; así la tendencia a legislar desde la Justicia, cuando no tienen las facultades para regular una materia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Al haber escogido IVE y no el término médico aborto –que es la interrupción cuando el feto no es viable-, permitió que aquellas interrupciones se hagan sobre fetos que al ser extraídos continúan con vida y que con el cuidado adecuado sobrevivirían. ¿Qué subyace a la decisión de la Corte? ¿Los médicos los deben dejar morir? ¿Botarlos? ¿Matarlos?
Marzo 25 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pasa-con-justicia
viernes, marzo 18, 2011
Pastrana, más conservador
La prensa se equivoca al plantear un enfrentamiento entre Pastrana y los conservadores. El ex presidente Pastrana les ha pedido y con toda razón, a quienes están en la directiva azul y tienen investigaciones en contra que se aparten de las posiciones directivas. Se trata de una solicitud justa y que la mayoría de los conservadores respaldan. El Partido no quiere una directiva comprometida en causas penales y disciplinarias. Nadie pide que renuncien a sus curules o a la colectividad, simplemente que abandonen las altas jerarquías, pues aquellas suponen cierta prestancia ética y política que se enloda con sindicaciones tan graves como las que recaen sobre miembros del Dinacional.
Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.
Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.
La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.
Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/pastrana-conservador
Sorprende la arrogancia de los investigados. No sólo se niegan a renunciar a los cargos directivos, sino que embisten al ex Presidente con señalamientos que no son del caso. El argumento de Pastrana es sencillo: quien esté investigado no puede hacer parte de la directiva. Ellos contestan que el Caguán fue una mala política. La discusión en torno a la zona de distensión es otro tema, pero vale recordar que la mayoría de esos parlamentarios que hoy lo señalan, hicieron parte de ese gobierno y apoyaron esa decisión.
Otro subterfugio es confundir a la opinión en el enfrentamiento entre Uribe y Pastrana. Si bien ese enfrentamiento existe, tampoco tiene que ver con la conveniencia de que la directiva azul investigada permanezca en esas posiciones. Los habilidosos pretenden esconder bajo el prestigio de Uribe situaciones judiciales que avergüenzan a los conservadores. La corrupción conservadora no es obra de Uribe, esa es una ‘ñapa’ que gestaron algunos congresistas por sus propios medios. Lo que se investiga son conductas personales de los aludidos. El clientelismo, la ladronería, no son nuevas en Colombia; no fueron causadas por Uribe ni desaparecerán en el corto plazo. Son vicios que empeoran con la manera como se hace política en Colombia. Lejos de atraer idealistas, pensadores, políticos; se ha llenado de negociantes que se pretenden bolsas de empleo y usureros de la burocracia. Montan estructuras donde el Estado es proveedor de los recursos económicos que requieren para sus elecciones; una simple maquinaria electorera que no aporta ninguna solución para Colombia. El poder por el poder es inútil; hay que usarlo al servicio de la sociedad.
La soberbia de los parlamentarios conservadores alcanza su límite más alto al arrogarse el Partido Conservador. Han dicho incluso que Pastrana bien puede fundar otro partido. Vale recordarles que los partidos no son ni pertenecen a quienes transitoriamente ejercen su dirección. El conservatismo no es un grupúsculo parlamentario.
El colectivo social de conservadores tiene una tradición histórica de respeto por las dignidades intangibles que un cargo ostenta y ha tenido capacidad de sacrificio personal para proteger esa institucionalidad; recordemos que las solas acusaciones en un discurso en el congreso contra Marco Fidel Suárez causaron su renuncia.
Por el decoro en Colombia, el respeto al Partido los investigados deben renunciar. Si son condenados le habrán hecho un favor a los conservadores. Si son absueltos su gesto será mayor. Habrán probado su lealtad a la nitidez azul y su desprendimiento personal por la defensa de intereses superiores. Seguramente el partido reconocerá su gallardía y los elevará hasta dignidades más altas que habrán demostrado merecer.
Marzo 18 de 2011
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viernes, marzo 11, 2011
Las CAR
El presidente Santos está decidido a usar su prestigio político para reformar la parte fallida de la estructura del Estado. Entre los organismos a reconfigurar está todo el aparato ambiental. La sociedad globalizada enfrenta en el dilema medioambiental, tal vez, el reto más significativo. Colombia como uno de los lugares más biodiversos del mundo, dueña de selvas tan significativas como la amazónica y el Darién, no puede ser inferior a sus responsabilidades, más aún cuando la minería parece estar avanzando tan decididamente en el país. Los recursos naturales son una riqueza inexplorada que ya se sabe valiosa, no por los afanes del dinero rápido y fácil de la minería se puede condenar nuestro mayor patrimonio.
Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.
Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.
Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.
La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.
La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/car
Es necesario tener un Ministerio de Ambiente, claro, pero que funcione. Las entidades públicas ambientales se han vuelto negligentes y ineptas. Se concentran en seguir laboriosos procedimientos que ellas mismas prescriben -como mecanismos para cumplir sus funciones- y que en realidad son inútiles. En este tiempo de reformas cabe considerar el retorno a regulaciones más simples. Las normas ambientales deben prescribir estándares específicos y exigibles. Los decretos reglamentarios pueden sugerir procedimientos, pero no convertirse en una manera de excusar la ineficiencia.
Las CAR son otro de los grandes temas. Estas entidades de origen constitucional, fueron comisionadas legalmente de la preservación regional del medio ambiente. Su gestión ha sido desastrosa. A pesar de sus inmensos presupuestos no cumplen con las tareas ni son capaces de controlar los territorios. El medio ambiente colombiano colapsa: las aguas están contaminadas y pierden su tradicional abundancia, no se hace seguimiento a los permisos de ningún tipo, la tala de bosques y el tráfico de animales silvestres es creciente; en fin.
Una de las causas del pobre desempeño de las CAR es la politización. Eligen un director que controla un presupuesto enorme y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene responsabilidad política. Sentencias de la Corte Constitucional que recalcaron su naturaleza autónoma las dejaron prácticamente sin control del Ministerio. Las corporaciones se mandan solas, en muchos casos no atienden los lineamientos nacionales e, incluso, desconocen abiertamente las decisiones. Además, el director se elige sin voto popular. Por eso no tiene un prestigio que proteger y le puede dar la espalda a la ciudadanía. La sociedad no tiene mecanismos de injerencia en sus gestiones: no puede presionarlo. El director sólo queda en deuda es con el gamonal que respaldó su elección y así los presupuestos de las CAR se convierte en mecanismo para devolver favores políticos.
La experiencia del manejo ambiental a través de entes descentralizados deja en claro que hay materias cuya centralización es conveniente. La moda de los gobiernos locales ha dejado pasar temas que, como el ambiental, requieren un control que trasciende el límite territorial; se trata de materias que requieren integración y coordinación incluso transnacional. El control ambiental tiene éxito sólo si es integrado como un sistema.
La reforma que hiciera en enero el Gobierno a los consejos directivos de algunas CAR no parece resolver el problema. Sólo cinco de los miembros pertenecen al Gobierno central, mientras cinco y seis seguirán siendo del nivel local. Peor aún, cuando el Consejo no acepte las nominaciones del director que envíe el Presidente podrán nombrarlo ellos.
Marzo 11 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/car
viernes, marzo 04, 2011
Contra la corrupción
Es de nuestra esencia tratar de solucionar todo mediante leyes, como si la sola escritura de lo deseable nos condujera hacia esos destinos. La solución legal de la corrupción no es fácil. Lo que hay en el fondo del fenómeno es una ideología difícil de desincentivar. Se trata de actos que ponen el interés individual por encima del interés general, con la arista de que hay un engaño público. El camuflaje de la corrupción es doble, el secreto entre los corruptos y el hecho de que la sumatoria de intereses generales está encarnado por todos y, al mismo tiempo, por nadie, por eso es propenso a ser atropellado.
Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.
Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.
Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.
Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.
El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/contra-corrupcion
Entre las novedades que presenta el proyecto, hay varias que merecen una mención. La limitación de las licitaciones con un solo proponente, la ampliación de los términos de prescripción de los delitos y faltas, la colaboración entre las diferentes entidades como Fiscalía y Procuraduría son importantes. La prohibición de que las empresas contratistas del Estado sean las mismas que financien las campañas es interesante. Si hay algo insólito es la diferencia entre las cifras que se invierten en las campañas y la dimensión de los salarios de los cargos a proveer. Es comprensible que quienes apoyen un proyecto estén dispuesto a aportar recursos para que sus fórmulas se difundan, pero una cosa distinta debe estar pasando en Colombia desde que los aportes privados superan las cifras convencionales para entrar en las multimillonarias. Esperarán, seguramente, recuperar sus inversiones con contratos e influencias para presionar por lo que más les conviene. El debate en el Congreso, que sólo muestra está realidad, se centra en cuál es el monto mínimo de ingresos provenientes del Estado que puede tener una empresa para poder financiar campañas políticas. La norma, a pesar de sus intenciones, no logrará contener el fenómeno, camuflar los aportes no será difícil.
Los agentes encubiertos son otra novedad. Una figura interesante que puede dar lugar a la ruptura de los secretos de los corruptos. Introduce un elemento de desconfianza que será más eficaz entre mayor sea la probabilidad de ser descubierto. Dificultará las negociaciones y puede limitar que sigan rampantes.
Un tema que no puede quedar olvidado es la cesión de contratos. Las grandes firmas licitan, sus altos costos se justifican por su experiencia; pero tan pronto como les adjudican, subcontratan. Por una fracción baja de lo que reciben, entregan a contratistas pequeños e inexpertos. Es un carrusel donde los grandes sólo actúan como intermediarios que obtienen enormes comisiones por ganarse una licitación que luego incumplen.
Así mismo, hay un artículo nefasto en el régimen contractual que permite a los contratistas del Estado pedir el equilibrio del contrato cuando los costos se alteran. Esta figura, ajena al derecho privado, se convirtió en el mecanismo para exigir cuantiosas sumas, cuando ya los precios fueron fijados. Si bien tuvo una intención justa, da para abusos intolerables al erario público.
El levantamiento de la reserva bancaria a las cuentas y fiducias de los contratistas estatales parece un primer paso hacia la transparencia y la publicidad. Deberíamos avanzar hacia un portal donde se puedan consultar todos y cada uno de los contratos, las personas naturales que integran las sociedades, los plazos y ejecuciones. La lucha contra la corrupción requiere mucho más, sobretodo superar la inoperancia de la Ley y la precariedad en la administración de Justicia.
Marzo 04 de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/contra-corrupcion
miércoles, marzo 02, 2011
Menores sin opciones
La norma de prohibición del trabajo de menores parecería no tener más que buenas intenciones y deberían ser excelentes sus resultados. Lo ideal es que todos los niños tengan derecho a su infancia y que durante esa época puedan estudiar para tener una adultez con mayores oportunidades. En esta visión empatan importantes programas de asistencia social, como Familias en Acción, donde las madres reciben ingresos por sus hijos escolarizados, para lo que el Estado invierte $1,5 billones.
La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.
El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.
Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.
Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.
El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/menores-sin-opciones
La realidad es menos benévola. En el 2008, por ejemplo, más de diez mil niños solicitaron un permiso de trabajo y, según algunas estadísticas, hay más de dos millones de niños trabajando. En el campo, los adolescentes empiezan a desertar de las escuelas. Minprotección emite permisos de trabajo para jóvenes entre 16 y 18 años, pero ello no soluciona el asunto. Está prohibido desarrollar explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado. Tampoco pueden desempeñarse como lavadores, mensajeros, porteros, mecánicos, soldadores o carpinteros. Los patronos son reacios a esas contrataciones pues resultan más complejas que las de los adultos. Así que la prohibición de trabajar los convierte en jóvenes sin oficio, que empiezan a enfrentar frustraciones. Eso sin contar que muchos de estos adolescentes ya son padres.
El cimiento de la prohibición es la educación; se supone más valiosa que el trabajo, pues debería ampliar las oportunidades y opciones. La educación pública en Colombia tiene mucho de farsa. Algunos profesores son mediocres. Los niños colombianos pasan once años en el colegio y poco aprenden o lo que se les enseña es, generalmente, inútil. Al ingresar al mercado laboral no tienen habilidades que les sirvan, y no consiguen trabajo. Ni siquiera lo básico se les enseña bien. Las capacidades de lectura son tan deficientes, que el país ocupó el puesto 52 entre 65 en las pruebas de lectura Pisa que elaboró la Oecd en 2010. Los fundamentos matemáticos son aún peores: estuvieron en el puesto 58.
Así que no estamos haciendo nada en la educación pública. Se da una educación como si fueran a llegar a la universidad, pero no llegan. Los programas públicos de bachillerato académicos condenan a los buenos estudiantes, pues sus resultados en las pruebas de Estado siempre están por debajo de los colegios privados, y la capacidad de acceso a las universidades es muy limitada. A pesar de que las mayorías colombianas terminan su formación ahí, y no van a la universidad, el bachillerato tampoco tiene una formación que les enseñe técnicas y habilidades de las cuales puedan vivir.
Si vamos a obligar a padre e hijos a permanecer en el colegio, si estamos invirtiendo gigantescas sumas de dinero para hacerlo, es necesario mejorar la educación. La primaria debe ser una formación en capacidades básicas de lecto-escritura y habilidades matemáticas, y el inicio de un proceso de identificación de los talentos y gustos. El bachillerato debe concretarlos para garantizar mejores estándares de vida. Debería haber opciones: académico, para quienes aspiran a la educación superior. Agroindustrial, para incentivar un agro capaz de enfrentar los retos modernos. Tecnológico, para fomentar la creación de software y los servicios de tecnología. Bilingüismo, donde dominen lenguas extranjeras. Salud, para quienes aspiran a llegar a enfermería y afines. En fin, deportes, contaduría y finanzas. Hacer el bachillerato debería tener sentido.
El Pais, Cali 25 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/menores-sin-opciones
martes, febrero 22, 2011
Lecciones del paro
Quince días de paro. Bloqueos que afectaron de manera grave la vida de muchos colombianos. Finalmente, el Gobierno cedió en todo lo que pedían los camioneros e incluso en más. El precedente no es el mejor.
Por recomendación del Concejo Privado de Competitividad el Gobierno derogó la tabla de fletes e impuso la libertad de negociación, vigilada. Es decir, un modelo de libre competencia que supone la intervención del Estado para los casos donde el mercado presente fallas. La libre competencia podría disminuir precios. Los gremios aspiran a que eso suceda; así los productos nacionales serían más competitivos. El temor proviene del sector transportador: el abuso de posiciones dominantes podría afectar a los camioneros, la competencia contra las grandes empresas de carga, y las exigencias de los grandes productores de carga. Lo cierto es que la tabla tenía poca utilidad, nadie la respetaba. Además la competitividad está afectada no por la tabla de fletes, sino por la precaria infraestructura; carreteras estrechas y al borde de la disolución.
Dejando de lado la conveniencia de la decisión, analicemos las lecciones.
Sobresale el tema de cómo se hace la política pública. El centralismo colombiano ha creado nichos de tecnócratas que deciden lo que es bueno y malo para el país. Aunque sus decisiones puedan ser convenientes, es claro que generar las políticas de manera vertical y cerrada no es lo ideal. A diferencia del Legislativo donde todos los sectores tienen representación, los tecnócratas están comprometidos con una sola visión del país que puede no corresponder con las aspiraciones de los nacionales.
Se refleja, también, las nefastas características de relación de los nacionales con el Estado. Las negociaciones se hicieron -a pesar de las advertencias- con vías bloqueadas. Fue una forma rebajada de extorsión. Cuando la presión fue suficiente el Gobierno cedió, los decretos fueron derogados y la nueva normatividad se hará en mesas de concertación. El Gobierno además se comprometió a eliminar las multas de tránsito que tienen más de tres años.
Aquello probó, otra vez, que nuestros gobiernos son sordos a las voces de protesta y sólo reaccionan cuando la presión sobre la colectividad es insoportable y es necesario solucionar una crisis que no se limita a un segmento.
Colombia ha perdido la solidaridad social, probablemente a causa de la violencia. Las relaciones son desconfiadas y somos poco entusiastas para respaldar causas que no nos afecten directamente. Ello explica, tal vez, que las protestas se elevan hasta causar un daño evidente a los demás particulares. Así se llama la atención de los ciudadanos y se los notifica de sus necesidades de manera obligada. Eso rompe cualquier simpatía que los ciudadanos tengan en la causa, pues los convierte en piezas de la negociación, y sólo aumenta la desconfianza social.
Esta negociación con los camioneros le da continuidad a estas malas tradiciones. El Estado debe cambiar su forma de gobernar de espaldas. Si bien las normas pueden tener buenas intenciones y diseño, no incluir a los afectados en las discusiones es una forma de menosprecio que no funciona. Además no puede esperar al caos para actuar sobre las materias que afectan a los colombianos. Tenemos que madurar las relaciones público-privadas para que el diálogo fluya y no se recurra a la presión. La solidaridad requiere de la reconstrucción del tejido social y un Estado que oiga.
El País de Cali, 18 de febrero de 2011
Por recomendación del Concejo Privado de Competitividad el Gobierno derogó la tabla de fletes e impuso la libertad de negociación, vigilada. Es decir, un modelo de libre competencia que supone la intervención del Estado para los casos donde el mercado presente fallas. La libre competencia podría disminuir precios. Los gremios aspiran a que eso suceda; así los productos nacionales serían más competitivos. El temor proviene del sector transportador: el abuso de posiciones dominantes podría afectar a los camioneros, la competencia contra las grandes empresas de carga, y las exigencias de los grandes productores de carga. Lo cierto es que la tabla tenía poca utilidad, nadie la respetaba. Además la competitividad está afectada no por la tabla de fletes, sino por la precaria infraestructura; carreteras estrechas y al borde de la disolución.
Dejando de lado la conveniencia de la decisión, analicemos las lecciones.
Sobresale el tema de cómo se hace la política pública. El centralismo colombiano ha creado nichos de tecnócratas que deciden lo que es bueno y malo para el país. Aunque sus decisiones puedan ser convenientes, es claro que generar las políticas de manera vertical y cerrada no es lo ideal. A diferencia del Legislativo donde todos los sectores tienen representación, los tecnócratas están comprometidos con una sola visión del país que puede no corresponder con las aspiraciones de los nacionales.
Se refleja, también, las nefastas características de relación de los nacionales con el Estado. Las negociaciones se hicieron -a pesar de las advertencias- con vías bloqueadas. Fue una forma rebajada de extorsión. Cuando la presión fue suficiente el Gobierno cedió, los decretos fueron derogados y la nueva normatividad se hará en mesas de concertación. El Gobierno además se comprometió a eliminar las multas de tránsito que tienen más de tres años.
Aquello probó, otra vez, que nuestros gobiernos son sordos a las voces de protesta y sólo reaccionan cuando la presión sobre la colectividad es insoportable y es necesario solucionar una crisis que no se limita a un segmento.
Colombia ha perdido la solidaridad social, probablemente a causa de la violencia. Las relaciones son desconfiadas y somos poco entusiastas para respaldar causas que no nos afecten directamente. Ello explica, tal vez, que las protestas se elevan hasta causar un daño evidente a los demás particulares. Así se llama la atención de los ciudadanos y se los notifica de sus necesidades de manera obligada. Eso rompe cualquier simpatía que los ciudadanos tengan en la causa, pues los convierte en piezas de la negociación, y sólo aumenta la desconfianza social.
Esta negociación con los camioneros le da continuidad a estas malas tradiciones. El Estado debe cambiar su forma de gobernar de espaldas. Si bien las normas pueden tener buenas intenciones y diseño, no incluir a los afectados en las discusiones es una forma de menosprecio que no funciona. Además no puede esperar al caos para actuar sobre las materias que afectan a los colombianos. Tenemos que madurar las relaciones público-privadas para que el diálogo fluya y no se recurra a la presión. La solidaridad requiere de la reconstrucción del tejido social y un Estado que oiga.
El País de Cali, 18 de febrero de 2011
miércoles, febrero 16, 2011
¿Diálogos para la paz?
Se dice que las liberaciones de los secuestrados son un gesto de paz que nos acerca a una salida negociada del conflicto armado. Como ciudadanos no podemos más que celebrar jubilosos la libertad de quienes han sido convertidos en mártires de las causas democráticas. Ello no disminuye la atrocidad que ha significado haberles arrebatado su libertad y convertido en mercancías para extorsionar al Estado. Un diálogo con las Farc no puede olvidar esto; tampoco los constantes bombardeos a pueblos, desplazamientos y asesinatos de tantos colombianos.
Colombia ha vivido varias negociaciones en los últimos años y no puede desconocer las lecciones. El perdón y olvido que se le otorgó al M-19 tuvo efectos sobre la percepción de gravedad que los colombianos le dan al hecho de ejercer violencia. La Constitución de 1991 dio la triste conclusión de que la violencia puede ser un camino hacia la política. Por eso no sorprende que ‘Ernesto Báez’ en entrevista de ‘Un Pasquín’ declare que el número de reinsertados supera de lejos el número de militantes de las autodefensas. Muchos se dijeron ‘paras’ para recibir el auxilio de $354.000 que ofrecía el Gobierno y hacer parte de los programas. Ello es síntoma de una inmensa pobreza y de que hacer parte de los violentos tiene pocas connotaciones negativas en las psiquis colombianas. Por un salario mínimo somos capaces de hacernos pasar por asesinos, porque ser asesino en este país no es tan malo.
De la zona de distensión en el Caguán aprendimos que las Farc son hipócritas y dobles. Mientras negociaban con el Gobierno aprovechaban las ventajas para fortalecer su ejército, secuestrar y extorsionar. Ello no ha cambiado, mientras distraen al país y a la comunidad internacional en las liberaciones, las Farc mantienen a muchos cautivos y continúan secuestrando, extorsionando, sembrando minas y asesinando.
Las lecciones de la negociación de Justicia y Paz con los ‘paras’ son muy poderosas. Los procesos no pueden ser sólo del Estado, pues cuando la sociedad no está lista para afrontarlos es capaz de destruirlos. Pese a que el Estado logró sorpresivamente negociar con un grupo alzado en armas y militarmente victorioso la cesación de la guerra, el sometimiento a la justicia con verdad y reparación; parte de la sociedad estuvo en desacuerdo y consideró que los beneficios obtenidos eran excesivos. La presión de la oposición y la falta de que la sociedad actuara con sincronización le dieron inestabilidad al proceso; el Estado incumplió compromisos, los ‘paras’ también. La decisión de la Corte de que las audiencias no fueran transmitidas por televisión anuló el efecto de las confesiones y dejó uno de los momentos más intensos de la historia actual sin visibilidad pública.
Las creciente tendencia a encuadrar la violencia actual como un fenómeno causado principalmente por las Bandas Criminales -Bacrim- puede ser una estrategia para relajar la relación con las Farc y empezar a minimizar ante el país los costos de un diálogo con esos terroristas. Aquello recuerda las experiencias centroamericanas donde luego de los diálogos los actores de la violencia simplemente cambiaron de nombre.
El problema en Colombia es que los violentos no han comprendido la gravedad de ejercer violencia por fuera del aparato estatal, y la sociedad sigue siendo tolerante y termina siempre por exculparlos. Por eso, además del diálogo con las Farc, ya se habla de la negociación con las Bacrim.
El País, Cali. 11 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogos-para-paz
Colombia ha vivido varias negociaciones en los últimos años y no puede desconocer las lecciones. El perdón y olvido que se le otorgó al M-19 tuvo efectos sobre la percepción de gravedad que los colombianos le dan al hecho de ejercer violencia. La Constitución de 1991 dio la triste conclusión de que la violencia puede ser un camino hacia la política. Por eso no sorprende que ‘Ernesto Báez’ en entrevista de ‘Un Pasquín’ declare que el número de reinsertados supera de lejos el número de militantes de las autodefensas. Muchos se dijeron ‘paras’ para recibir el auxilio de $354.000 que ofrecía el Gobierno y hacer parte de los programas. Ello es síntoma de una inmensa pobreza y de que hacer parte de los violentos tiene pocas connotaciones negativas en las psiquis colombianas. Por un salario mínimo somos capaces de hacernos pasar por asesinos, porque ser asesino en este país no es tan malo.
De la zona de distensión en el Caguán aprendimos que las Farc son hipócritas y dobles. Mientras negociaban con el Gobierno aprovechaban las ventajas para fortalecer su ejército, secuestrar y extorsionar. Ello no ha cambiado, mientras distraen al país y a la comunidad internacional en las liberaciones, las Farc mantienen a muchos cautivos y continúan secuestrando, extorsionando, sembrando minas y asesinando.
Las lecciones de la negociación de Justicia y Paz con los ‘paras’ son muy poderosas. Los procesos no pueden ser sólo del Estado, pues cuando la sociedad no está lista para afrontarlos es capaz de destruirlos. Pese a que el Estado logró sorpresivamente negociar con un grupo alzado en armas y militarmente victorioso la cesación de la guerra, el sometimiento a la justicia con verdad y reparación; parte de la sociedad estuvo en desacuerdo y consideró que los beneficios obtenidos eran excesivos. La presión de la oposición y la falta de que la sociedad actuara con sincronización le dieron inestabilidad al proceso; el Estado incumplió compromisos, los ‘paras’ también. La decisión de la Corte de que las audiencias no fueran transmitidas por televisión anuló el efecto de las confesiones y dejó uno de los momentos más intensos de la historia actual sin visibilidad pública.
Las creciente tendencia a encuadrar la violencia actual como un fenómeno causado principalmente por las Bandas Criminales -Bacrim- puede ser una estrategia para relajar la relación con las Farc y empezar a minimizar ante el país los costos de un diálogo con esos terroristas. Aquello recuerda las experiencias centroamericanas donde luego de los diálogos los actores de la violencia simplemente cambiaron de nombre.
El problema en Colombia es que los violentos no han comprendido la gravedad de ejercer violencia por fuera del aparato estatal, y la sociedad sigue siendo tolerante y termina siempre por exculparlos. Por eso, además del diálogo con las Farc, ya se habla de la negociación con las Bacrim.
El País, Cali. 11 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogos-para-paz
domingo, febrero 13, 2011
¿Se acabó el uribismo?
De la lectura de diferentes columnistas de opinión, parecería que el uribismo es una fuerza condenada a muerte; que cada día se descompone y se acerca a su disolución. Aquello no tendría discusión si hubiera una íntima empatía entre esos periodistas y las impresiones de los colombianos. Lo cierto es que el sentimiento antiuribista que coloniza la gran mayoría de las columnas disuena con la aceptación que la masa le ha dado al ex mandatario. Por eso, la insistencia y permanencia del discurso antiuribista da para pensar que el uribismo está tan vivo como antes.
Los síntomas que se presentan como mortales tienen otras interpretaciones. Dicen que los godos y otros personajes no van a los talleres, pues el barco se hunde. Vale resaltar que Uribe no fue favorito de las directivas políticas; éstas llegaron a su campaña presidencial porque ya su victoria era evidente y no querían perder sus posiciones frente al gobierno. Terminado el ejercicio, es normal que se alejen, ya no hay puestos para repartir. Ello no necesariamente significa que la masa lo haga. Las directivas de los partidos ejercen control sólo sobre aquellos conectados a su maquinaria.
Se dice que las gestiones de Uribe son irrisorias, pues como ex presidente no posee el poder que tenía cuando estaba en ejercicio y por eso las reuniones son simbólicas y vacías. Esta afirmación desprecia la posibilidad de que los debates entre electores y candidatos sean constructivos y parecería abogar por una política más tradicional, donde sólo los candidatos y directivos están comprometidos en el diseño de los programas de gobierno. La metodología de Uribe tiene retos, en especial trascender los discursos huecos sobre las necesidades que todos conocemos: empleo, educación, vivienda, justicia social… para desarrollar estrategias de acción que maximicen los recursos y prioricen lo que para la comunidad es más sensible.
Las elecciones locales permitirán apreciar si el mapa de fuerzas políticas se ha transformado. Nos develarán si el uribismo pervive como fuerza política. En las elecciones, si Uribe no es candidato, su prestigio se medirá de manera residual y pondrá a prueba la existencia de una ideología uribista. Uribe se enfrenta con sus antiguos contendores -el Polo y los liberales. El Polo probará los efectos de los conflictos internos y el desprestigio de la alcaldía de Samuel. Cambio Radical, aliado con los liberales, intentará recuperar los terrenos perdidos y fortalecer la candidatura de Vargas Lleras. Santos no se juega mucho, pues si el uribismo gana, él gana; si, por el contrario, los liberales y Cambio Radical obtienen la victoria, Santos también habrá ganado. Los verdes enfrentarán la necesidad de aparecer en el resto del país y articularse como partido a pesar de las discrepancias internas. Los conservadores en busca de su agenda propia pueden fracasar de manera estruendosa y empezar el camino que tuvieron los liberales bajo el gobierno pasado.
Hay que reconocer que la política colombiana se volvió aburrida desde que Uribe dejó la Presidencia. Los partidos parecen haberse sosegado y la controversia política desapareció. Los proyectos de ley se aprueban sin discusión y los ministros no incomodan a nadie. Tal vez por eso, el retorno de Uribe a la palestra pública genera tanta controversia; tal vez por eso tenemos que seguir escribiendo sobre este hombre que le resucitó la pasión por la política a amigos y opositores.
El País, Cali. 4 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/acabo-uribismo
Los síntomas que se presentan como mortales tienen otras interpretaciones. Dicen que los godos y otros personajes no van a los talleres, pues el barco se hunde. Vale resaltar que Uribe no fue favorito de las directivas políticas; éstas llegaron a su campaña presidencial porque ya su victoria era evidente y no querían perder sus posiciones frente al gobierno. Terminado el ejercicio, es normal que se alejen, ya no hay puestos para repartir. Ello no necesariamente significa que la masa lo haga. Las directivas de los partidos ejercen control sólo sobre aquellos conectados a su maquinaria.
Se dice que las gestiones de Uribe son irrisorias, pues como ex presidente no posee el poder que tenía cuando estaba en ejercicio y por eso las reuniones son simbólicas y vacías. Esta afirmación desprecia la posibilidad de que los debates entre electores y candidatos sean constructivos y parecería abogar por una política más tradicional, donde sólo los candidatos y directivos están comprometidos en el diseño de los programas de gobierno. La metodología de Uribe tiene retos, en especial trascender los discursos huecos sobre las necesidades que todos conocemos: empleo, educación, vivienda, justicia social… para desarrollar estrategias de acción que maximicen los recursos y prioricen lo que para la comunidad es más sensible.
Las elecciones locales permitirán apreciar si el mapa de fuerzas políticas se ha transformado. Nos develarán si el uribismo pervive como fuerza política. En las elecciones, si Uribe no es candidato, su prestigio se medirá de manera residual y pondrá a prueba la existencia de una ideología uribista. Uribe se enfrenta con sus antiguos contendores -el Polo y los liberales. El Polo probará los efectos de los conflictos internos y el desprestigio de la alcaldía de Samuel. Cambio Radical, aliado con los liberales, intentará recuperar los terrenos perdidos y fortalecer la candidatura de Vargas Lleras. Santos no se juega mucho, pues si el uribismo gana, él gana; si, por el contrario, los liberales y Cambio Radical obtienen la victoria, Santos también habrá ganado. Los verdes enfrentarán la necesidad de aparecer en el resto del país y articularse como partido a pesar de las discrepancias internas. Los conservadores en busca de su agenda propia pueden fracasar de manera estruendosa y empezar el camino que tuvieron los liberales bajo el gobierno pasado.
Hay que reconocer que la política colombiana se volvió aburrida desde que Uribe dejó la Presidencia. Los partidos parecen haberse sosegado y la controversia política desapareció. Los proyectos de ley se aprueban sin discusión y los ministros no incomodan a nadie. Tal vez por eso, el retorno de Uribe a la palestra pública genera tanta controversia; tal vez por eso tenemos que seguir escribiendo sobre este hombre que le resucitó la pasión por la política a amigos y opositores.
El País, Cali. 4 de febrero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/acabo-uribismo
domingo, enero 30, 2011
Uribe en el ruedo político
Hoy se inician los talleres democráticos, que pretenden ser un espacio para la construcción de consensos con miras a fortalecer la democracia, mediante el diálogo directo entre electores y eventuales candidatos. Se trata de una propuesta llamativa que pretende replicar los consejos comunitarios que fueron una de las facetas más interesantes del gobierno Uribe, la discusión de los problemas locales con los actores afectados. Deberá ser un proceso de identificación de prioridades y formulación de alternativas que le dará a los candidatos locales una oportunidad de confrontar –antes de ser elegidos- los problemas que la sociedad percibe y ajustar así sus ideas y proyectos. Uribe aportará su profundo conocimiento de las realidades colombianas y ayudará a plantear planes de gobierno serios.
A pesar de que su retorno aparece en este formato cuasi técnico, aquello no será sencillo. Todos los precandidatos quieren el apoyo de Uribe, pues su prestigio político puede ser elemento definitivo de algunas victorias. Pero son pocos los que están comprometidos con el ideario y la manera de hacer política del ex presidente.
Salazar, como presidente de los conservadores, anunció que ellos no participarán en los talleres, pero asegura que existe un acuerdo según el cual Uribe apoyará los candidatos que resulten de las alianzas entre la U y los godos. La declaración no convence. Si los conservadores planean acuerdos con la U, lo lógico es que participen activamente en los talleres para en ellos encontrar alternativas para las regiones y lograr tener parámetros reales para tales acuerdos y la selección de candidatos. La posición de la directiva azul evidencia que los acuerdos serán simplemente electorales. No se trata de un compromiso ideológico, sino de la mera adición de votos. Craso error, pues semejante actitud puede comprometer el futuro del partido en las elecciones que vienen. Las alianzas entre los liberales y Cambio Radical, apoyadas por el actual gobierno, crean un escenario que amenaza al uribismo y, en especial, a los conservadores, que pueden perder lo que con tanto esfuerzo se consolidó bajo Uribe.
El caso de la Alcaldía de Bogotá tiene matices similares. La eventual candidatura de Uribe para la magistratura de la capital sería muy interesante, pero él mismo la descartó categóricamente. Peñalosa, que pertenece a otro partido ajeno al uribismo, solicita el apoyo de Uribe, pero no asume compromisos ideológicos. Se trata del ejercicio de la política electorera, según el cual por el hecho de ser un ‘buen candidato’ se excluye de la necesidad de asumir el proceso elegido por el ex Presidente para hacer concertaciones y elaborar proyectos de gobiernos concertados con la comunidad.
Cabe recordar que la victoria de Samuel Moreno se debe en parte a que el candidato opositor fue Peñalosa, quien, a pesar de sus buenas gestiones como Alcalde, no goza del aprecio de la gente. Los bogotanos lo identifican con el despotismo ilustrado (el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo). El desprestigio de Samuel en algo habrá valorizado a Peñalosa, pero es evidente que Peñalosa no ha representado ni representa el ideario uribista. Además dentro de su partido le costará derrotar a Mockus. Es difícil creer que el uribismo no tenga entre sus filas un candidato que al menos se equipare con el verde y que sí lo represente.
El País, Cali. 28 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/uribe-en-ruedo-politico
A pesar de que su retorno aparece en este formato cuasi técnico, aquello no será sencillo. Todos los precandidatos quieren el apoyo de Uribe, pues su prestigio político puede ser elemento definitivo de algunas victorias. Pero son pocos los que están comprometidos con el ideario y la manera de hacer política del ex presidente.
Salazar, como presidente de los conservadores, anunció que ellos no participarán en los talleres, pero asegura que existe un acuerdo según el cual Uribe apoyará los candidatos que resulten de las alianzas entre la U y los godos. La declaración no convence. Si los conservadores planean acuerdos con la U, lo lógico es que participen activamente en los talleres para en ellos encontrar alternativas para las regiones y lograr tener parámetros reales para tales acuerdos y la selección de candidatos. La posición de la directiva azul evidencia que los acuerdos serán simplemente electorales. No se trata de un compromiso ideológico, sino de la mera adición de votos. Craso error, pues semejante actitud puede comprometer el futuro del partido en las elecciones que vienen. Las alianzas entre los liberales y Cambio Radical, apoyadas por el actual gobierno, crean un escenario que amenaza al uribismo y, en especial, a los conservadores, que pueden perder lo que con tanto esfuerzo se consolidó bajo Uribe.
El caso de la Alcaldía de Bogotá tiene matices similares. La eventual candidatura de Uribe para la magistratura de la capital sería muy interesante, pero él mismo la descartó categóricamente. Peñalosa, que pertenece a otro partido ajeno al uribismo, solicita el apoyo de Uribe, pero no asume compromisos ideológicos. Se trata del ejercicio de la política electorera, según el cual por el hecho de ser un ‘buen candidato’ se excluye de la necesidad de asumir el proceso elegido por el ex Presidente para hacer concertaciones y elaborar proyectos de gobiernos concertados con la comunidad.
Cabe recordar que la victoria de Samuel Moreno se debe en parte a que el candidato opositor fue Peñalosa, quien, a pesar de sus buenas gestiones como Alcalde, no goza del aprecio de la gente. Los bogotanos lo identifican con el despotismo ilustrado (el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo). El desprestigio de Samuel en algo habrá valorizado a Peñalosa, pero es evidente que Peñalosa no ha representado ni representa el ideario uribista. Además dentro de su partido le costará derrotar a Mockus. Es difícil creer que el uribismo no tenga entre sus filas un candidato que al menos se equipare con el verde y que sí lo represente.
El País, Cali. 28 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/uribe-en-ruedo-politico
domingo, enero 23, 2011
¿Incluso del Estado?
Ser trabajador independiente tiene muchas dificultades; no hay estabilidad laboral, no hay vacaciones ni cesantías y además implica entrar en un régimen de seguridad social confuso, injusto y muy costoso. Y eso que los trabajadores independientes son el 41,2% de los empleados en el país.
El 80% de los independientes están afiliados al sistema de salud, pero sólo el 6,4% aporta a pensiones y 4,6% a riesgos profesionales. Hay varias razones que pueden explicarlo, la principal es que la salud se necesita siempre, es una necesidad inminente. Hasta el 2007 no era posible cotizar sólo en salud, todos estaban obligados a aportan también a pensiones. Así que los desempleados o los estudiantes o quienes tenían ingresos insuficientes tenían que escoger entre pagar ambas o renunciar al derecho principalísimo a la salud. Era una exclusión atroz y torpe que tardó mucho en resolverse.
Pero muchas otras complicaciones persisten. El salario mínimo es la base del sistema, debe cotizar mínimo sobre un smlm para salud y pensiones y para afiliarse a riesgos profesionales debe hacerlo al menos sobre dos. Así que cada vez que el salario se alza, los independientes se ven obligados a aumentar sus aportes, sin que eso necesariamente haya sucedido con sus ingresos. Según un estudio del Banco de la República, tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo y el porcentaje disminuye cada año. El 29,9% gana menos de esa cifra. Eso significa que los pagos que tendrían que hacer para participar en la seguridad social serían el 40% de un salario mínimo.
Recordemos que tendrían que pagar el 12,5% para salud, 16,5% para pensiones, más retefuente del 10% y reteica de 1%, es decir, el 40% de sus ingresos o del salario mínimo. Es tan absurdo, que la norma permite que los independientes coticen sobre el 40% de sus ingresos. Aquello resuelve la imposibilidad mensual, pero causa un daño mayor. La pensión de jubilación será de esa pequeña fracción, sin importar que su esfuerzo económico ha sido más fuerte. Además, ante una licencia, una incapacidad o una maternidad el trabajador sólo percibirá el 40% de sus ingresos, severa disminución para una época difícil.
A pesar de que el cubrimiento de incapacidades o licencias sería posible en esa precaria forma, la realidad es que pocos independientes pueden hacer uso de ellas. Quienes trabajan por contratos de prestación de servicios, no pueden ejercer el derecho a enfermar o ser madres pues no hay posibilidad de suplir las vacancias temporales y simplemente se opta por terminar el contrato. Se contrata un servicio ininterrumpido que para nada tiene en cuenta las condiciones personales del contratista.
En detalles más simples tenemos que los formularios para inscribirse en el sistema son atroces; largos y difíciles. Así mismo, es difícil cambiar el salario que se usa como base de cotización. Es un sistema estático que no responde a las necesidades de los colombianos. Y eso que hay muchos trabajadores que además tienen que pagar IVA, contratar contadores y hacer declaraciones.
Este es un caso más donde el país que los técnicos tienen en la cabeza, no es el país real en el que vivimos. Se crea un sistema para los asalariados donde todo fluye para ellos; y un régimen complejo, incompleto, costoso y excepcional para los independientes; lo curioso es que hay casi siete millones y medio de trabajadores independientes, casi la mitad del mercado laboral.
El País, Cali. 22 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/incluso-del-estado
El 80% de los independientes están afiliados al sistema de salud, pero sólo el 6,4% aporta a pensiones y 4,6% a riesgos profesionales. Hay varias razones que pueden explicarlo, la principal es que la salud se necesita siempre, es una necesidad inminente. Hasta el 2007 no era posible cotizar sólo en salud, todos estaban obligados a aportan también a pensiones. Así que los desempleados o los estudiantes o quienes tenían ingresos insuficientes tenían que escoger entre pagar ambas o renunciar al derecho principalísimo a la salud. Era una exclusión atroz y torpe que tardó mucho en resolverse.
Pero muchas otras complicaciones persisten. El salario mínimo es la base del sistema, debe cotizar mínimo sobre un smlm para salud y pensiones y para afiliarse a riesgos profesionales debe hacerlo al menos sobre dos. Así que cada vez que el salario se alza, los independientes se ven obligados a aumentar sus aportes, sin que eso necesariamente haya sucedido con sus ingresos. Según un estudio del Banco de la República, tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo y el porcentaje disminuye cada año. El 29,9% gana menos de esa cifra. Eso significa que los pagos que tendrían que hacer para participar en la seguridad social serían el 40% de un salario mínimo.
Recordemos que tendrían que pagar el 12,5% para salud, 16,5% para pensiones, más retefuente del 10% y reteica de 1%, es decir, el 40% de sus ingresos o del salario mínimo. Es tan absurdo, que la norma permite que los independientes coticen sobre el 40% de sus ingresos. Aquello resuelve la imposibilidad mensual, pero causa un daño mayor. La pensión de jubilación será de esa pequeña fracción, sin importar que su esfuerzo económico ha sido más fuerte. Además, ante una licencia, una incapacidad o una maternidad el trabajador sólo percibirá el 40% de sus ingresos, severa disminución para una época difícil.
A pesar de que el cubrimiento de incapacidades o licencias sería posible en esa precaria forma, la realidad es que pocos independientes pueden hacer uso de ellas. Quienes trabajan por contratos de prestación de servicios, no pueden ejercer el derecho a enfermar o ser madres pues no hay posibilidad de suplir las vacancias temporales y simplemente se opta por terminar el contrato. Se contrata un servicio ininterrumpido que para nada tiene en cuenta las condiciones personales del contratista.
En detalles más simples tenemos que los formularios para inscribirse en el sistema son atroces; largos y difíciles. Así mismo, es difícil cambiar el salario que se usa como base de cotización. Es un sistema estático que no responde a las necesidades de los colombianos. Y eso que hay muchos trabajadores que además tienen que pagar IVA, contratar contadores y hacer declaraciones.
Este es un caso más donde el país que los técnicos tienen en la cabeza, no es el país real en el que vivimos. Se crea un sistema para los asalariados donde todo fluye para ellos; y un régimen complejo, incompleto, costoso y excepcional para los independientes; lo curioso es que hay casi siete millones y medio de trabajadores independientes, casi la mitad del mercado laboral.
El País, Cali. 22 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/incluso-del-estado
domingo, enero 16, 2011
Bancos y desarrollo
El problema de la falta de bancarización en Colombia tiene raíces históricas que afectan, pero hay un sistema que no responde a las necesidades ni le da a su función la mirada social que le corresponde.
En las naciones católicas tenemos una resistencia a los negocios que se nutren del manejo de capitales, basta recordar que durante la Edad Media cobrar intereses estaba prohibido y era pecado; de ahí surgieron los límites de la usura. Los bancos en Colombia tampoco cuentan con la devoción de las masas, que los consideran abusivos. La gente se queja del mal servicio, de los excesivos cobros, de la falta de créditos para el sector real y de las excesivas ganancias que obtienen en cada ejercicio que no corresponden a la calidad ni a la función que cumplen.
El Ministro de Hacienda dijo que los abusos deben ser corregidos e insistió en la necesidad de que los servicios bancarios tengan topes. La discusión en torno a cuál es el valor exacto de sus cobros no es relevante, Echeverri está muy en lo cierto; los bancos en Colombia cobran excesivamente: por servicios muy simples como pagar los servicios públicos o consultar los saldos por Internet o por teléfono. La norma establece que al menos debe haber un mecanismo para pagar y retirar dinero que sea completamente gratis; hábilmente aquella alternativa es la de ir hasta la sucursal, donde el servicio es pésimo e implica una pérdida de tiempo superior a lo que cobran. Lo cierto es que a los colombianos no les gusta el servicio que reciben: en noviembre las quejas contra los bancos crecieron el 24% y paralelamente la banca obtuvo entre enero y octubre de 2010 utilidades por $7,86 billones.
Si bien, la Superintendencia Financiera -que absorbió la Bancaria- cumple con algunas funciones, como son las de vigilar y recibir los reportes de los bancos para evaluar su comportamiento, la entidad ha sido incapaz de regular de manera seria y consistente el mercado bancario. Para muchos, éste se comporta como un oligopolio, donde hay tan pocos proveedores, que tienen el poder para abusar de su posición dominante. Es prioritario tener una regulación que tome en cuenta esta estructura y que reduzca su capacidad de extraer del mercado más de lo que corresponde. Seguimos con una taza de intermediación entre las más altas del mundo y un pésimo servicio.
Por supuesto que la banca es un negocio que debe ser manejado con cuidado pues se arriesga el ahorro de los colombianos, pero es también una necesidad de la sociedad moderna. Tan sólo el 30% de los colombianos -14 millones- tiene acceso a ella. Mientras grandes fracciones de la sociedad sigan excluidas no será posible construir una economía formal, grandes cantidades de dinero quedan por fuera del sistema. Ello recorta la posibilidad de internacionalizar muchos negocios, imposibilita el control de la tributación y deja por fuera del crédito a ese 70% de la población.
Ese ahorro de los más pobres queda a merced de estructuras ilegales como las pirámides, los préstamos de usura, los captadores ilegales que terminan por robarse el esfuerzo ya hecho. Lo peor es que la falta de crédito no contribuye a la solución del problema de vivienda y quienes más lo necesitan siguen sin acceso. Las iniciativas del banco de los pobres para los microcréditos son necesarios, pero la banca nacional tiene que mejorar servicios y tarifas sin lo cual la economía nacional no será competitiva.
El País, Cali. 14 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/bancos-y-desarrollo
En las naciones católicas tenemos una resistencia a los negocios que se nutren del manejo de capitales, basta recordar que durante la Edad Media cobrar intereses estaba prohibido y era pecado; de ahí surgieron los límites de la usura. Los bancos en Colombia tampoco cuentan con la devoción de las masas, que los consideran abusivos. La gente se queja del mal servicio, de los excesivos cobros, de la falta de créditos para el sector real y de las excesivas ganancias que obtienen en cada ejercicio que no corresponden a la calidad ni a la función que cumplen.
El Ministro de Hacienda dijo que los abusos deben ser corregidos e insistió en la necesidad de que los servicios bancarios tengan topes. La discusión en torno a cuál es el valor exacto de sus cobros no es relevante, Echeverri está muy en lo cierto; los bancos en Colombia cobran excesivamente: por servicios muy simples como pagar los servicios públicos o consultar los saldos por Internet o por teléfono. La norma establece que al menos debe haber un mecanismo para pagar y retirar dinero que sea completamente gratis; hábilmente aquella alternativa es la de ir hasta la sucursal, donde el servicio es pésimo e implica una pérdida de tiempo superior a lo que cobran. Lo cierto es que a los colombianos no les gusta el servicio que reciben: en noviembre las quejas contra los bancos crecieron el 24% y paralelamente la banca obtuvo entre enero y octubre de 2010 utilidades por $7,86 billones.
Si bien, la Superintendencia Financiera -que absorbió la Bancaria- cumple con algunas funciones, como son las de vigilar y recibir los reportes de los bancos para evaluar su comportamiento, la entidad ha sido incapaz de regular de manera seria y consistente el mercado bancario. Para muchos, éste se comporta como un oligopolio, donde hay tan pocos proveedores, que tienen el poder para abusar de su posición dominante. Es prioritario tener una regulación que tome en cuenta esta estructura y que reduzca su capacidad de extraer del mercado más de lo que corresponde. Seguimos con una taza de intermediación entre las más altas del mundo y un pésimo servicio.
Por supuesto que la banca es un negocio que debe ser manejado con cuidado pues se arriesga el ahorro de los colombianos, pero es también una necesidad de la sociedad moderna. Tan sólo el 30% de los colombianos -14 millones- tiene acceso a ella. Mientras grandes fracciones de la sociedad sigan excluidas no será posible construir una economía formal, grandes cantidades de dinero quedan por fuera del sistema. Ello recorta la posibilidad de internacionalizar muchos negocios, imposibilita el control de la tributación y deja por fuera del crédito a ese 70% de la población.
Ese ahorro de los más pobres queda a merced de estructuras ilegales como las pirámides, los préstamos de usura, los captadores ilegales que terminan por robarse el esfuerzo ya hecho. Lo peor es que la falta de crédito no contribuye a la solución del problema de vivienda y quienes más lo necesitan siguen sin acceso. Las iniciativas del banco de los pobres para los microcréditos son necesarios, pero la banca nacional tiene que mejorar servicios y tarifas sin lo cual la economía nacional no será competitiva.
El País, Cali. 14 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/bancos-y-desarrollo
viernes, enero 14, 2011
Salario mínimo e inflación
Es una mala noticia que la inflación esté reapareciendo en el mundo. En noviembre China tenía ya una inflación de 5,1, India de 11% y la Eurozona llegó al 2,2%. En Latinoamérica las cosas tampoco fueron buenas Brasil 5,3%, Argentina 10% y la más alta en el mundo la tuvo Venezuela con más del 28%. En Colombia la inflación también superó la meta del Banco de la República y se colocó en un 3,17%.
Este aumento de precios tiene varios efectos; el primero es que para combatir la inflación se aumentan las tasas de interés y el dinero circulante es apropiado por los bancos. Las altas tasas de interés nos hacen menos competitivos, muchos negocios dejan de ser rentables y por ello se frena el crecimiento económico. En medio de esta especie de crisis económica las consecuencias son imprevisibles, veremos lo que pasa en China que este diciembre aumentó sus tasas de interés en 25 puntos.
Otro efecto es el que experimentan las personas con bajos ingresos. Su capacidad de compra disminuye. Hay precios que crecen más que otros, así que aquellos con bajos ingresos pueden quedar excluidos de ese consumo; esto es grave cuando los bienes son básicos. Si bien el IPC fue de 3,17%, ese porcentaje es un promedio, pues según el Dane, el combustible, la energía eléctrica, el gas, las tarifas de consultas médicas, de las aseguradoras de salud y los servicios bancarios subieron entre el 6 y 11%. El precio de los alimentos es el más preocupante, la cebolla aumentó 75%, las hortalizas y legumbres el 56%, la panela el 22% y el azúcar el 21%.
En el contexto mundial el alza de precios de los alimentos fue generalizada. Naciones Unidas informó que en diciembre el índice de precios de alimentos llegó a un máximo histórico, superando el aumento que dio lugar a la crisis alimentaria en 2008. Ello está vinculado a las alzas del azúcar y cereales como el maíz y el trigo y a los aceites; alimentos básicos que se han convertido en biocombustibles y que ahora están sometidos a ese fluctuante mercado. En Colombia el invierno puede ser una de las causas. El Ministro de Agricultura insiste en que no se trata de escasez de alimentos sino de problemas en el transporte. Puede ser la estructura de oligopolio, un mercado dominado por un número pequeño de distribuidores de los alimentos, les da poder para aumentar los precios, sin que los productores se beneficien.
La capacidad adquisitiva de los más pobres está afectado, y el salario mínimo sólo aumentó en 3,43% lo que significa que el incremento real es sólo del 0,23%. Los sindicatos han solicitado que suba el 6% cifra que, para ellos, compensaría la inflación y le daría a los trabajadores mayor capacidad de consumo.
La cuestión es que incrementar el salario mínimo no soluciona el problema. La mayoría de los colombianos, más del 50%, ganan menos de un salario mínimo y trabajan en la informalidad. Desde este punto de vista el salario mínimo es un beneficio restringido a los trabajadores que están vinculados formalmente. Además un salario mínimo más costoso puede significar un alza en el costo de todo lo que producimos. Ello desdibuja el añadido de la capacidad adquisitiva de los asalariados y incluso agrava la situación de los informales.
Superar las desigualdades sociales no es un tema de subir un salario, hay que pensar en soluciones que doten a la sociedad de más oportunidades y empleos más calificados. La construcción de una clase media creciente sigue siendo el reto.
El País Cali, 7 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/salario-minimo-e-inflacion
Este aumento de precios tiene varios efectos; el primero es que para combatir la inflación se aumentan las tasas de interés y el dinero circulante es apropiado por los bancos. Las altas tasas de interés nos hacen menos competitivos, muchos negocios dejan de ser rentables y por ello se frena el crecimiento económico. En medio de esta especie de crisis económica las consecuencias son imprevisibles, veremos lo que pasa en China que este diciembre aumentó sus tasas de interés en 25 puntos.
Otro efecto es el que experimentan las personas con bajos ingresos. Su capacidad de compra disminuye. Hay precios que crecen más que otros, así que aquellos con bajos ingresos pueden quedar excluidos de ese consumo; esto es grave cuando los bienes son básicos. Si bien el IPC fue de 3,17%, ese porcentaje es un promedio, pues según el Dane, el combustible, la energía eléctrica, el gas, las tarifas de consultas médicas, de las aseguradoras de salud y los servicios bancarios subieron entre el 6 y 11%. El precio de los alimentos es el más preocupante, la cebolla aumentó 75%, las hortalizas y legumbres el 56%, la panela el 22% y el azúcar el 21%.
En el contexto mundial el alza de precios de los alimentos fue generalizada. Naciones Unidas informó que en diciembre el índice de precios de alimentos llegó a un máximo histórico, superando el aumento que dio lugar a la crisis alimentaria en 2008. Ello está vinculado a las alzas del azúcar y cereales como el maíz y el trigo y a los aceites; alimentos básicos que se han convertido en biocombustibles y que ahora están sometidos a ese fluctuante mercado. En Colombia el invierno puede ser una de las causas. El Ministro de Agricultura insiste en que no se trata de escasez de alimentos sino de problemas en el transporte. Puede ser la estructura de oligopolio, un mercado dominado por un número pequeño de distribuidores de los alimentos, les da poder para aumentar los precios, sin que los productores se beneficien.
La capacidad adquisitiva de los más pobres está afectado, y el salario mínimo sólo aumentó en 3,43% lo que significa que el incremento real es sólo del 0,23%. Los sindicatos han solicitado que suba el 6% cifra que, para ellos, compensaría la inflación y le daría a los trabajadores mayor capacidad de consumo.
La cuestión es que incrementar el salario mínimo no soluciona el problema. La mayoría de los colombianos, más del 50%, ganan menos de un salario mínimo y trabajan en la informalidad. Desde este punto de vista el salario mínimo es un beneficio restringido a los trabajadores que están vinculados formalmente. Además un salario mínimo más costoso puede significar un alza en el costo de todo lo que producimos. Ello desdibuja el añadido de la capacidad adquisitiva de los asalariados y incluso agrava la situación de los informales.
Superar las desigualdades sociales no es un tema de subir un salario, hay que pensar en soluciones que doten a la sociedad de más oportunidades y empleos más calificados. La construcción de una clase media creciente sigue siendo el reto.
El País Cali, 7 de enero de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/salario-minimo-e-inflacion
sábado, enero 01, 2011
Primero el ambiente
Se hizo costumbre meditar en éste día sobre las aristas de lo que se consiguió, las causas de lo fallido y sobretodo los coloraciones de lo esperado. Semejante relato de la vida nacional sería extenso por lo que conviene concentrarse, aún dejando temas con al menos igual importancia.
Este primero de enero tiene la nostalgia de lo que termina y la emoción del nuevo decenio, que será, seguramente, el de las telecomunicaciones, la economía financiera y el medio ambiente. La sociedad avanza por las sendas de las interconexiones y el Internet ha creado un nuevo mundo cibernético que habitamos cada vez con más docilidad. Ello ha contribuido a la creación de la economía financiera que remplaza definitivamente el modelo tradicional de generación de valor, colocando el dinero como un elemento con potencia para crearlo por sí mismo. Paralelamente a los triunfos del conocimiento científico y las consecuencias de la madurez del capitalismo aparece nuestro entorno. Esa naturaleza que ha acompañado la danza humana con diferentes papeles; de madre a madrastra, de peligrosa a predecible, ahora reaparece entre vulnerable y devastadora.
La epopeya humana es responsable por la séptima gran extinción de las especies. La expansión demográfica y geográfica de los humanos redujo las posibilidades vitales de los otros seres. El calentamiento global es también por causas antrópicas. El uso de los combustibles fósiles, como petróleo y carbón, saturaron la atmósfera de gases con efecto invernadero que impiden la salida del calor, cada vez más acumulado. Ello amenaza la supervivencia de muchas especies, pero también altera la nuestra.
Ya sabíamos que el calentamiento global iba a tener un fuerte impacto en los patrones de lluvia del país y en el recrudecimiento de las sequías. El invierno nos dejó lecciones. La magnitud del fenómeno se vislumbró, pero se evidenció que no estamos preparados para mitigarlo.
El Estado no ha podido cumplir con las exigencias de tener bajo su mando los recursos naturales. El modelo de las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales se muestra fracasado después de casi 20 años de funcionamiento: aire, agua, ecosistemas en mal estado; un Ministerio incapaz de controlar los desbordados, ineficientes y politizados poderes regionales. La planeación urbana está llena de fallas. Prácticamente ninguna ciudad costera respeta los 50 metros de playa que la ley ordena conservar y hay construcciones sobre los causes de los ríos; ello no sólo afecta la estética sino que supone un enorme riesgo para las edificaciones. ¿Qué sucederá cuando todas esas construcciones populares unas, y otras lujosísimas sean afectadas por el mar? ¿qué decir de las invasiones que por falta de planeación urbana desbordan las ciudades y colocan segmentos de la población más vulnerable en zonas de alto riesgo?
Otro ejemplo, entre los múltiples; los desarrollos que se hacen en la ruta Barranquilla-Cartagena suponen millonarias inversiones y aquellas bellas playas coinciden con las zonas que, según los modelos del IDEAM y del Invemar, serán afectadas por inundaciones causadas por el calentamiento global en corto plazo. ¿las licencias de construcción será usadas entonces contra el Estado, y el erario público tendrá que socorrer estas imprudencias? ¿Qué responsabilidad le cabe a los particulares que construyen a pesar de que esa es información conocida?
No se entrevé ningún intento por mejorar.
Este primero de enero tiene la nostalgia de lo que termina y la emoción del nuevo decenio, que será, seguramente, el de las telecomunicaciones, la economía financiera y el medio ambiente. La sociedad avanza por las sendas de las interconexiones y el Internet ha creado un nuevo mundo cibernético que habitamos cada vez con más docilidad. Ello ha contribuido a la creación de la economía financiera que remplaza definitivamente el modelo tradicional de generación de valor, colocando el dinero como un elemento con potencia para crearlo por sí mismo. Paralelamente a los triunfos del conocimiento científico y las consecuencias de la madurez del capitalismo aparece nuestro entorno. Esa naturaleza que ha acompañado la danza humana con diferentes papeles; de madre a madrastra, de peligrosa a predecible, ahora reaparece entre vulnerable y devastadora.
La epopeya humana es responsable por la séptima gran extinción de las especies. La expansión demográfica y geográfica de los humanos redujo las posibilidades vitales de los otros seres. El calentamiento global es también por causas antrópicas. El uso de los combustibles fósiles, como petróleo y carbón, saturaron la atmósfera de gases con efecto invernadero que impiden la salida del calor, cada vez más acumulado. Ello amenaza la supervivencia de muchas especies, pero también altera la nuestra.
Ya sabíamos que el calentamiento global iba a tener un fuerte impacto en los patrones de lluvia del país y en el recrudecimiento de las sequías. El invierno nos dejó lecciones. La magnitud del fenómeno se vislumbró, pero se evidenció que no estamos preparados para mitigarlo.
El Estado no ha podido cumplir con las exigencias de tener bajo su mando los recursos naturales. El modelo de las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales se muestra fracasado después de casi 20 años de funcionamiento: aire, agua, ecosistemas en mal estado; un Ministerio incapaz de controlar los desbordados, ineficientes y politizados poderes regionales. La planeación urbana está llena de fallas. Prácticamente ninguna ciudad costera respeta los 50 metros de playa que la ley ordena conservar y hay construcciones sobre los causes de los ríos; ello no sólo afecta la estética sino que supone un enorme riesgo para las edificaciones. ¿Qué sucederá cuando todas esas construcciones populares unas, y otras lujosísimas sean afectadas por el mar? ¿qué decir de las invasiones que por falta de planeación urbana desbordan las ciudades y colocan segmentos de la población más vulnerable en zonas de alto riesgo?
Otro ejemplo, entre los múltiples; los desarrollos que se hacen en la ruta Barranquilla-Cartagena suponen millonarias inversiones y aquellas bellas playas coinciden con las zonas que, según los modelos del IDEAM y del Invemar, serán afectadas por inundaciones causadas por el calentamiento global en corto plazo. ¿las licencias de construcción será usadas entonces contra el Estado, y el erario público tendrá que socorrer estas imprudencias? ¿Qué responsabilidad le cabe a los particulares que construyen a pesar de que esa es información conocida?
No se entrevé ningún intento por mejorar.
jueves, diciembre 30, 2010
El dilema del diálogo
Es evidente que las Farc están sobreviviendo a una de las crisis más serias que hayan conocido. Han tenido bajas como nunca antes y su cúpula directiva, otrora intocable, tiene que estar refundida para no perecer. Ello no significa que estén derrotados y mucho menos decididos a desistir. Las nuevas condiciones los obligan a replantear la lucha armada y estimula el acercamiento a un diálogo que le dé rendimientos políticos al fracaso que viven.
Muchos sostienen que las Farc están intentando desesperadamente abandonar el narcotráfico buscando nuevos medio de financiación. Se trata de una movida interesante que pretende liberarlos del yugo de narcotraficantes y volver a la lucha armada subversiva. Sólo así podrían consolidar alianzas y alejarse de enemigos como los gringos que no les perdonan su vínculo con el tráfico de drogas. Es un intento para dar un paso hacia afuera de las listas de terroristas. Aquello que en el contexto internacional parecería una buena noticia no lo será para Colombia.
Muchos señalan un recrudecimiento de los delitos más odiosos y terribles contra los nacionales; la extorsión y el secuestro estarían aumentando en varias zonas. El Cauca, los Llanos y regiones que habían vivido un receso de estos vicios anuncian que han sentido la arremetida de los violentos para este final de año con vehemencia. Este fenómeno contrasta con la liberación de secuestrados que se espera para el principio de año, pues lanza a la opinión internacional el mensaje contrario.
Con esta movida las Farc están devolviéndole a Piedad Córdoba presencia e importancia estratégica justo ahora que había sido sancionada por la Procuraduría. Se trata de una medida inteligente; el Gobierno no podía oponerse a las liberaciones y al no hacerlo le ha otorgado a Córdoba una especie de indulto práctico. Sigue siendo ella la comisionada para adelantar tales negociaciones y para representar a la sociedad colombiana ante esa organización dedicada al terror. Córdoba, como quedó probado en la providencia del Procurador, aprovecha estas ocasiones no sólo para liberar a los secuestrados -misión en la que ha sido exitosa- sino que lo hace dando asesoría política a esos asesinos y delincuentes.
La pertinencia del diálogo sigue siendo muy debatida. Quienes la recomiendan sostienen que es la única manera de terminar con la organización. El diálogo es costoso. Las ofertas sociales deben ser suficientemente atractivas para convencer para que los grupos al margen de la ley abandonen las armas. Innumerables crímenes serían perdonados y portentosos asesinos, secuestradores, terroristas obtendrían beneficios. En la negociación con los paramilitares hubo quienes consideraron un exceso las rebajas de penas y eso que éstas eran de prisión.
Nuestra historia está plagada de casos donde la violencia ha sido mecanismo eficaz para obtener resultados políticos. Se trata de una costumbre macabra que tiene que ser extirpada como el peor de los cánceres. Un nuevo diálogo sería una forma más de probarle al colectivo colombiano que la violencia continúa siendo efectiva para obtener beneficios políticos. Simbólicamente debilita los cimientos de la democracia y dilata que el Estado sea el único monopolista de las armas, como lo exige un Estado nacional maduro.
No dialogar implica más violencia ahora, cuando somos nosotros los que estamos vivos; pero podría ser un sacrificio por el futuro. Es un dilema.
El Pais, Cali. 25 de diciembre de 2010
Muchos sostienen que las Farc están intentando desesperadamente abandonar el narcotráfico buscando nuevos medio de financiación. Se trata de una movida interesante que pretende liberarlos del yugo de narcotraficantes y volver a la lucha armada subversiva. Sólo así podrían consolidar alianzas y alejarse de enemigos como los gringos que no les perdonan su vínculo con el tráfico de drogas. Es un intento para dar un paso hacia afuera de las listas de terroristas. Aquello que en el contexto internacional parecería una buena noticia no lo será para Colombia.
Muchos señalan un recrudecimiento de los delitos más odiosos y terribles contra los nacionales; la extorsión y el secuestro estarían aumentando en varias zonas. El Cauca, los Llanos y regiones que habían vivido un receso de estos vicios anuncian que han sentido la arremetida de los violentos para este final de año con vehemencia. Este fenómeno contrasta con la liberación de secuestrados que se espera para el principio de año, pues lanza a la opinión internacional el mensaje contrario.
Con esta movida las Farc están devolviéndole a Piedad Córdoba presencia e importancia estratégica justo ahora que había sido sancionada por la Procuraduría. Se trata de una medida inteligente; el Gobierno no podía oponerse a las liberaciones y al no hacerlo le ha otorgado a Córdoba una especie de indulto práctico. Sigue siendo ella la comisionada para adelantar tales negociaciones y para representar a la sociedad colombiana ante esa organización dedicada al terror. Córdoba, como quedó probado en la providencia del Procurador, aprovecha estas ocasiones no sólo para liberar a los secuestrados -misión en la que ha sido exitosa- sino que lo hace dando asesoría política a esos asesinos y delincuentes.
La pertinencia del diálogo sigue siendo muy debatida. Quienes la recomiendan sostienen que es la única manera de terminar con la organización. El diálogo es costoso. Las ofertas sociales deben ser suficientemente atractivas para convencer para que los grupos al margen de la ley abandonen las armas. Innumerables crímenes serían perdonados y portentosos asesinos, secuestradores, terroristas obtendrían beneficios. En la negociación con los paramilitares hubo quienes consideraron un exceso las rebajas de penas y eso que éstas eran de prisión.
Nuestra historia está plagada de casos donde la violencia ha sido mecanismo eficaz para obtener resultados políticos. Se trata de una costumbre macabra que tiene que ser extirpada como el peor de los cánceres. Un nuevo diálogo sería una forma más de probarle al colectivo colombiano que la violencia continúa siendo efectiva para obtener beneficios políticos. Simbólicamente debilita los cimientos de la democracia y dilata que el Estado sea el único monopolista de las armas, como lo exige un Estado nacional maduro.
No dialogar implica más violencia ahora, cuando somos nosotros los que estamos vivos; pero podría ser un sacrificio por el futuro. Es un dilema.
El Pais, Cali. 25 de diciembre de 2010
jueves, diciembre 23, 2010
Renacer liberal
Pocas veces unirse en el último momento a una campaña presidencial triunfadora genera algún beneficio, pero el Partido Liberal, luego de apoyar a Santos en la segunda vuelta, se ha convertido en el mayor ganador político de esta elección. Su posición ha ido ganando espacio y se proyecta hacia un crecimiento mayor.
La unión de los liberales con Cambio Radical parece estar a punto de concretarse. Evidentemente, se trata de un esfuerzo liderado por el ministro del Interior, Vargas Lleras, y que no ha sido desaprovechado por las directivas rojas. Con este acto los partidarios de Santos se parten en dos grupos diferenciables: antiuribistas y uribistas. Y la nueva configuración política devela que, tal y como la opinión pública lo percibía, la victoria de Santos ha favorecido más a partidos antiuribistas.
Muchos sostenían que Vargas Lleras usaría su posición para reacomodar y consolidar al Partido Liberal, necesario para su proyecto político. El desgaste de su relación con Uribe lo alejó del apoyo de la U; y los conservadores han sido siempre lejanos a sus aspiraciones. Los liberales se afilian con Vargas Lleras sin dificultad, pues no sólo fueron antes una sola fuerza, sino que el Ministro está en condiciones de acercárseles con ofertas de poder concreto y, más aún, con un proyecto con vigorosos propósitos para la carrera presidencial.
El asunto es interesante, pues plantea dos escenarios; en el primero Vargas Lleras enfrentará a Santos en las elecciones para presidente. De ser así, parece extraño que Santos permita que el ministerio del Interior actúe en contra de sus propios intereses futuros. La segunda alternativa es que Santos intentará mantener el liderazgo entre los dos grupos (liberales-Cambio y conservadores-U); lo que supone compromisos muy sólidos entre Santos y Vargas Lleras, además de un reto difícil.
Las abrumadoras cifras de respaldo al presidente Santos pueden significar dos cosas: él ha logrado atender asuntos que nos congregan a todos; o bien, no ha enfrentado aún la necesidad de mostrar favoritismo hacia ninguno de los dos sectores. Lo cierto es que existe una crisis latente en las relaciones con los conservadores y la U, que se agravará con la unión, pues el Ministro de la política estará comprometido con uno de los grupos.
Se avizoran mayores dificultades por la proximidad de las elecciones regionales. Ahí la nueva alianza tendrá su primer efecto; los liberales-Cambio irán unidos y con el respaldo del gobierno; los godos y la U -todavía sin acuerdos- irán también con apoyo gubernamental. El enfrentamiento entre los dos grupos medirá no sólo el respaldo popular, sino, y sobretodo, la posibilidad de que Santos siga ostentando esa posición suprema ante los dos bandos. Las naturales aspiraciones de poder ahondaran las diferencias y presionarán a Santos, quien pretenderá jugar un papel neutral para mantenerse sobre ambos.
Aún aceptando que Santos puede lograr la concertación entre los uribistas y antiuribistas, sobreviene la cuestión de si es deseable. El país ha perdido potencia en el debate político. Parece que estamos regresando a aquellas etapas cuando todos los partidos eran gobiernistas y lo que pasaba quedaba invisibilizado por los acuerdos entre todos.
La participación de Uribe en las elecciones regionales puede ayudar a detener este fenómeno de confusión política. Cada partido debe izar sus ideales para que el país vea en que consiste cada ideología.
El Pais, Cali. 17 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/renacer-liberal
La unión de los liberales con Cambio Radical parece estar a punto de concretarse. Evidentemente, se trata de un esfuerzo liderado por el ministro del Interior, Vargas Lleras, y que no ha sido desaprovechado por las directivas rojas. Con este acto los partidarios de Santos se parten en dos grupos diferenciables: antiuribistas y uribistas. Y la nueva configuración política devela que, tal y como la opinión pública lo percibía, la victoria de Santos ha favorecido más a partidos antiuribistas.
Muchos sostenían que Vargas Lleras usaría su posición para reacomodar y consolidar al Partido Liberal, necesario para su proyecto político. El desgaste de su relación con Uribe lo alejó del apoyo de la U; y los conservadores han sido siempre lejanos a sus aspiraciones. Los liberales se afilian con Vargas Lleras sin dificultad, pues no sólo fueron antes una sola fuerza, sino que el Ministro está en condiciones de acercárseles con ofertas de poder concreto y, más aún, con un proyecto con vigorosos propósitos para la carrera presidencial.
El asunto es interesante, pues plantea dos escenarios; en el primero Vargas Lleras enfrentará a Santos en las elecciones para presidente. De ser así, parece extraño que Santos permita que el ministerio del Interior actúe en contra de sus propios intereses futuros. La segunda alternativa es que Santos intentará mantener el liderazgo entre los dos grupos (liberales-Cambio y conservadores-U); lo que supone compromisos muy sólidos entre Santos y Vargas Lleras, además de un reto difícil.
Las abrumadoras cifras de respaldo al presidente Santos pueden significar dos cosas: él ha logrado atender asuntos que nos congregan a todos; o bien, no ha enfrentado aún la necesidad de mostrar favoritismo hacia ninguno de los dos sectores. Lo cierto es que existe una crisis latente en las relaciones con los conservadores y la U, que se agravará con la unión, pues el Ministro de la política estará comprometido con uno de los grupos.
Se avizoran mayores dificultades por la proximidad de las elecciones regionales. Ahí la nueva alianza tendrá su primer efecto; los liberales-Cambio irán unidos y con el respaldo del gobierno; los godos y la U -todavía sin acuerdos- irán también con apoyo gubernamental. El enfrentamiento entre los dos grupos medirá no sólo el respaldo popular, sino, y sobretodo, la posibilidad de que Santos siga ostentando esa posición suprema ante los dos bandos. Las naturales aspiraciones de poder ahondaran las diferencias y presionarán a Santos, quien pretenderá jugar un papel neutral para mantenerse sobre ambos.
Aún aceptando que Santos puede lograr la concertación entre los uribistas y antiuribistas, sobreviene la cuestión de si es deseable. El país ha perdido potencia en el debate político. Parece que estamos regresando a aquellas etapas cuando todos los partidos eran gobiernistas y lo que pasaba quedaba invisibilizado por los acuerdos entre todos.
La participación de Uribe en las elecciones regionales puede ayudar a detener este fenómeno de confusión política. Cada partido debe izar sus ideales para que el país vea en que consiste cada ideología.
El Pais, Cali. 17 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/renacer-liberal
miércoles, diciembre 08, 2010
Wikileaks
El escándalo de Wikileaks develó funciones de la diplomacia que sorprendieron a muchos, sin que aquellas disten mucho de las actividades diplomáticas primigenias. Cuando los Estados desconfiaban unos de los otros y eran potenciales enemigos, la figura de un diplomático era una garantía. Se trataba de un emisario, autorizado para estar cerca del gobernante vecino y comportarse como los ojos del país que representaba en medio de un contexto extranjero. Esos ojos debían estar ahí para observar, sacar conclusiones e informar de los desarrollos políticos. Era fundamental para garantizar que todo lo que hacía un gobierno podía ser visto por los otros.
La diplomacia sigue siendo lo mismo que era: una especie de espionaje que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en la desconfianza. Eso es lo que vemos en Wikileaks, los informes sobre lo que se sabe y se observa de los gobiernos extranjeros.
Si bien los hechos revelados no sorprenden pues analistas políticos ya los pronosticaban, adquieren una certeza perturbadora. El reconocimiento tácito de Brasil sobre el refugio que da Venezuela a guerrilleros de las Farc le da la razón a Uribe y cuestiona toda la movida diplomática del gobierno Santos para recuperar la amistad con el vecino. Así mismo, se muestra que las alianzas en el continente no están dadas por la verdad, sino por ideologías políticas y conveniencias.
Las apreciaciones de Calderón, presidente de México, sobre la necesidad de que Brasil se alinee con EE.UU. en vez de con Chávez, sustentan esa idea. Calderón se refirió a la intervención en política del venezolano en toda Latinoamérica y el peligro que ello supone para nuestras democracias. Se evidenció en varios documentos el vínculo entre Chávez y Cuba, donde hay prácticamente un cogobierno. También quedó en claro que Cuba -como se sabía- recibe a los terroristas de las Farc, ETA y ELN para que se recuperen y descansen.
Más aún, varios documentos y comentarios muestran la preocupación por la cercana relación del líder venezolano con Irán -cuya influencia es creciente en nuestro continente, según la información, especialmente en Venezuela y Bolivia-. Esa situación del Medio Oriente adquiere matices tenebrosos. El programa de misiles de Irán es gigantesco. Ya se los han ofrecido a Siria y esta a Hezbolá. Hay evidencia de empresas fachadas iraníes tratando de adquirir tecnologías para misiles de largo alcance en Rusia y Alemania. Irán tiene además la Guardia Revolucionaria -muy parecida a las milicias bolivarianas- conformada por 125.000 hombres armados que cada semana hacen ejercicios militares.
Numerosos cables comprueban la creciente preocupación de los países árabes por el programa nuclear de Irán que para todos es un programa militar que conducirá a la bomba atómica. Por ello, EE.UU. ha tenido que venderles armas y servicios militares por 123.000 millones de dólares, triplicando los años anteriores; y situar baterías antimisiles en la región. Casi todos los países árabes le han solicitado la intervención a EE.UU. para detener a Irán. Si bien, Emiratos Árabes y Bahrein se muestran partidarios de una intervención militar, los otros la descartan y piden acciones de manera contundente y pronta. La amenaza de expansión del poder fundamentalista de los chiítas es evidente, al igual que el escalamiento del conflicto, pues queda en evidencia que si Irán desarrolla la bomba todos harán lo propio.
El País Cali, 3 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/wikileaks
La diplomacia sigue siendo lo mismo que era: una especie de espionaje que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en la desconfianza. Eso es lo que vemos en Wikileaks, los informes sobre lo que se sabe y se observa de los gobiernos extranjeros.
Si bien los hechos revelados no sorprenden pues analistas políticos ya los pronosticaban, adquieren una certeza perturbadora. El reconocimiento tácito de Brasil sobre el refugio que da Venezuela a guerrilleros de las Farc le da la razón a Uribe y cuestiona toda la movida diplomática del gobierno Santos para recuperar la amistad con el vecino. Así mismo, se muestra que las alianzas en el continente no están dadas por la verdad, sino por ideologías políticas y conveniencias.
Las apreciaciones de Calderón, presidente de México, sobre la necesidad de que Brasil se alinee con EE.UU. en vez de con Chávez, sustentan esa idea. Calderón se refirió a la intervención en política del venezolano en toda Latinoamérica y el peligro que ello supone para nuestras democracias. Se evidenció en varios documentos el vínculo entre Chávez y Cuba, donde hay prácticamente un cogobierno. También quedó en claro que Cuba -como se sabía- recibe a los terroristas de las Farc, ETA y ELN para que se recuperen y descansen.
Más aún, varios documentos y comentarios muestran la preocupación por la cercana relación del líder venezolano con Irán -cuya influencia es creciente en nuestro continente, según la información, especialmente en Venezuela y Bolivia-. Esa situación del Medio Oriente adquiere matices tenebrosos. El programa de misiles de Irán es gigantesco. Ya se los han ofrecido a Siria y esta a Hezbolá. Hay evidencia de empresas fachadas iraníes tratando de adquirir tecnologías para misiles de largo alcance en Rusia y Alemania. Irán tiene además la Guardia Revolucionaria -muy parecida a las milicias bolivarianas- conformada por 125.000 hombres armados que cada semana hacen ejercicios militares.
Numerosos cables comprueban la creciente preocupación de los países árabes por el programa nuclear de Irán que para todos es un programa militar que conducirá a la bomba atómica. Por ello, EE.UU. ha tenido que venderles armas y servicios militares por 123.000 millones de dólares, triplicando los años anteriores; y situar baterías antimisiles en la región. Casi todos los países árabes le han solicitado la intervención a EE.UU. para detener a Irán. Si bien, Emiratos Árabes y Bahrein se muestran partidarios de una intervención militar, los otros la descartan y piden acciones de manera contundente y pronta. La amenaza de expansión del poder fundamentalista de los chiítas es evidente, al igual que el escalamiento del conflicto, pues queda en evidencia que si Irán desarrolla la bomba todos harán lo propio.
El País Cali, 3 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/wikileaks
viernes, diciembre 03, 2010
Política judicializada
La polémica que desató el comunicado del ex presidente Uribe había estado latente desde que él era Jefe de Estado. La cuestión que subyace no es menor, se trata de la relación entre la política y la justicia. Se ha vuelto costumbre en Colombia terminar los debates políticos en los estrados judiciales. Es un mal vicio que distorsiona la esencia de la confrontación pública, la toma de posiciones y la oposición a las ideas predominantes.
Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.
Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación.
La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.
Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.
El País, Cali. 26 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/paloma-valencia-laserna/politica-judicializada
Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.
Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación.
La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.
Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.
El País, Cali. 26 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/paloma-valencia-laserna/politica-judicializada
viernes, noviembre 26, 2010
Corrupción
El índice de percepción de la corrupción desarrollado por Transparencia Internacional nos ubica con niveles similares a Perú, en el puesto 76. Casi en la mitad del camino hacia el puesto 178, donde se ubican los más afectados. La corrupción es una enfermedad; sus síntomas nos afectan, pero muestra problemas en los cimientos de la sociedad, laxitud en el vínculo connacional y, sobretodo, una pobre comprensión del largo plazo. Es, sin duda, el peor de los males colombianos.
La corrupción tiene que ver con poder, con su mal uso y con un beneficio personal. Tiene además la característica de que, en general, lo obtenido por el individuo corrupto es muy inferior al agregado de beneficios arrebatados. En el caso del profesor que no cumple adecuadamente con su trabajo, pero recibe su sueldo, es evidente que los recursos que apropia son inferiorísimos al daño de sus alumnos con educación usurpada. Más aún, parece irracional que aquellos encargados de las obras públicas -que nos benefician a todos, ellos incluidos- decidan arrancarle a la sociedad su progreso y relegarse a ellos mismos y sus familias a las incomodidades que supone la falta de acción gubernamental. La explicación puede estar relacionada con que un beneficio es individual, inmediato y monetario, mientras el otro es colectivo, de un plazo más amplio y, aunque siempre conlleva un daño económico, tiene además una textura no monetaria.
Los escándalos colombianos son tantos y la negligencia tan recurrente que nos hemos convencido de que el letargo de las obras públicas es necesario. Tuve la oportunidad de ver como en los EE.UU. una calle de más de 4 carriles fue pavimentada en menos de 5 días, en obras que se realizaron en las noches y sin interrumpir el tráfico durante el día. Así que sí se puede, lo demás es un desfile de excusas.
No existe una cura para la corrupción, pero habría que intentar medidas. Los teóricos de la corrupción sostienen que subir las penas cuando la capacidad de aplicarlas es baja, no funciona. Por el contrario, el valor simbólico del castigo se vuelve un incentivo para que el pacto entre los corruptos se mantenga. Ninguno dice nada pues la sanción es tan alta que no les conviene. Enfoques novedosos señalan que son mejores las normas donde quien denuncia tiene una pena muy baja, inexistente o incluso disfruta de un beneficio. Ello genera un marco de inseguridad donde hacer pactos corruptos supone un alto riesgo. A medida que se configure un marco donde cada corrupto -público o privado- sospeche del posible daño que el otro puede causarle, serán menos propensos a establecer tales acuerdos.
Las normas procedimentales han mostrado su inutilidad. Los recovecos del procedimiento se vuelven excusas para esconder la corrupción. Una normativa con principios y que exija resultados podría simplificar las cosas para los administradores, los contratistas y los órganos de control.
La visibilidad también es efectiva. En las obras y en una página pública en Internet deberían estar los valores de los contratos, los tiempos estipulados para su ejecución y los nombres de los contratistas, discriminando claramente los socios de cada persona jurídica. Así al menos sabríamos quiénes están a cargo de los desastres con que tropezamos cada día, y existiría la posibilidad de que ejerzamos presión social.
A pesar de los escándalos no podemos condenar a todo el sector público pues, a pesar de los lunares, hay un grupo significativo de servidores públicos comprometidos con el país.
El Pais, 20 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corrupcion
La corrupción tiene que ver con poder, con su mal uso y con un beneficio personal. Tiene además la característica de que, en general, lo obtenido por el individuo corrupto es muy inferior al agregado de beneficios arrebatados. En el caso del profesor que no cumple adecuadamente con su trabajo, pero recibe su sueldo, es evidente que los recursos que apropia son inferiorísimos al daño de sus alumnos con educación usurpada. Más aún, parece irracional que aquellos encargados de las obras públicas -que nos benefician a todos, ellos incluidos- decidan arrancarle a la sociedad su progreso y relegarse a ellos mismos y sus familias a las incomodidades que supone la falta de acción gubernamental. La explicación puede estar relacionada con que un beneficio es individual, inmediato y monetario, mientras el otro es colectivo, de un plazo más amplio y, aunque siempre conlleva un daño económico, tiene además una textura no monetaria.
Los escándalos colombianos son tantos y la negligencia tan recurrente que nos hemos convencido de que el letargo de las obras públicas es necesario. Tuve la oportunidad de ver como en los EE.UU. una calle de más de 4 carriles fue pavimentada en menos de 5 días, en obras que se realizaron en las noches y sin interrumpir el tráfico durante el día. Así que sí se puede, lo demás es un desfile de excusas.
No existe una cura para la corrupción, pero habría que intentar medidas. Los teóricos de la corrupción sostienen que subir las penas cuando la capacidad de aplicarlas es baja, no funciona. Por el contrario, el valor simbólico del castigo se vuelve un incentivo para que el pacto entre los corruptos se mantenga. Ninguno dice nada pues la sanción es tan alta que no les conviene. Enfoques novedosos señalan que son mejores las normas donde quien denuncia tiene una pena muy baja, inexistente o incluso disfruta de un beneficio. Ello genera un marco de inseguridad donde hacer pactos corruptos supone un alto riesgo. A medida que se configure un marco donde cada corrupto -público o privado- sospeche del posible daño que el otro puede causarle, serán menos propensos a establecer tales acuerdos.
Las normas procedimentales han mostrado su inutilidad. Los recovecos del procedimiento se vuelven excusas para esconder la corrupción. Una normativa con principios y que exija resultados podría simplificar las cosas para los administradores, los contratistas y los órganos de control.
La visibilidad también es efectiva. En las obras y en una página pública en Internet deberían estar los valores de los contratos, los tiempos estipulados para su ejecución y los nombres de los contratistas, discriminando claramente los socios de cada persona jurídica. Así al menos sabríamos quiénes están a cargo de los desastres con que tropezamos cada día, y existiría la posibilidad de que ejerzamos presión social.
A pesar de los escándalos no podemos condenar a todo el sector público pues, a pesar de los lunares, hay un grupo significativo de servidores públicos comprometidos con el país.
El Pais, 20 de noviembre de 2010
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corrupcion
miércoles, noviembre 17, 2010
¿Unasur?
Esta organización fue creada en 2004 para superar la CAN, el Mercosur y la OEA -que incluye a EE.UU-. Imitando el modelo de la Unión Europea, la idea es que para el 2019 Suramérica tenga una integración total, un mismo pasaporte y moneda. Ya fue elegido el Parlamento Andino, sin que los electores supieran o le dieran la debida importancia. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, y Venezuela son miembros, y faltan por ratificar el tratado Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia. Se espera que para finales de este mes de noviembre esté completamente aprobado el tratado mediante el cual Colombia se hace miembro de Unasur, esta celeridad en el asunto puede no ser una ventaja para nuestro país.
La necesidad de una organización que nos agrupe es evidente. El bloque suramericano se ha caracterizado por una pobre integración, lo que le ha costado mucho. En esta época las alianzas territoriales y comerciales otorgan ventajas económicas, así, por ejemplo, si como bloque hubiésemos negociado los tratados de libre comercio con EE.UU. y la UE seguramente hubiéramos obtenido ventajas más significativas. La sola integración regional podría potencializar nuestros mercados y hacernos un bloque económico significativo en el contexto mundial.
Los provechos y las intenciones de integración los conocemos desde tiempos de la independencia, pero nunca se materializan. Diferentes factores han influido negativamente; el caudillismo nacionalista, la corrupción, los delirios de importancia y los paralelos complejos de inferioridad que padecemos e imponemos a nuestros vecinos, pero, sobretodo, la falta de un proyecto político que logre recogernos a todos. Esto será, seguramente, lo que afectará la Unasur.
Las ideologías políticas de las naciones no siempre coinciden y si el proyecto no es lo suficientemente amplio para incluirnos a todos, termina por romperse. Aquello se evidenció en el tema del uso de las siete bases colombianas por parte de los EE.UU. Unasur apareció como una entidad con una carga política evidente en contra del gobierno del presidente Uribe. La organización no mostró reparos en las compras militares de Chávez que superan los US$15.000 millones, ni tampoco por los acuerdos militares de Brasil con los norteamericanos.
El reversazo que le dio Santos al acuerdo sobre las bases ha restablecido la amistad con estos vecinos y con la organización. Pero no por mucho que cedamos, las realidades se transforman. Recordemos que es precisamente en estas reuniones de Unasur, donde varios mandatarios latinoamericanos han cuestionado la calidad de terroristas de las Farc. Esto coincide con el deseo de esta organización de querer hablar ante sus miembros. La ideologización de Unasur podría servirle para salirse de su merecida condición de terrorista para alcanzar un estatus político. Quienes son más pesimistas en torno a las cargas de Unasur sostienen que el remplazo de Kirchner será Piedad Córdoba. Aquello sería un desafío y una afrenta a la Justicia y soberanía colombiana, y un paso más hacia los deseos de las Farc.
Precisamente por ello, la decisión del presidente Santos de integrar los mercados y las personas de nuestro país con Perú y Chile es una alternativa más viable. Con estos países compartimos más rasgos ideológicos y tenemos proyectos de desarrollo más parecidos. Ello da mejores perspectivas y podría acercarnos sin riesgos a un proceso de integración.
El País Cali, 13 de novimbre de 2010
La necesidad de una organización que nos agrupe es evidente. El bloque suramericano se ha caracterizado por una pobre integración, lo que le ha costado mucho. En esta época las alianzas territoriales y comerciales otorgan ventajas económicas, así, por ejemplo, si como bloque hubiésemos negociado los tratados de libre comercio con EE.UU. y la UE seguramente hubiéramos obtenido ventajas más significativas. La sola integración regional podría potencializar nuestros mercados y hacernos un bloque económico significativo en el contexto mundial.
Los provechos y las intenciones de integración los conocemos desde tiempos de la independencia, pero nunca se materializan. Diferentes factores han influido negativamente; el caudillismo nacionalista, la corrupción, los delirios de importancia y los paralelos complejos de inferioridad que padecemos e imponemos a nuestros vecinos, pero, sobretodo, la falta de un proyecto político que logre recogernos a todos. Esto será, seguramente, lo que afectará la Unasur.
Las ideologías políticas de las naciones no siempre coinciden y si el proyecto no es lo suficientemente amplio para incluirnos a todos, termina por romperse. Aquello se evidenció en el tema del uso de las siete bases colombianas por parte de los EE.UU. Unasur apareció como una entidad con una carga política evidente en contra del gobierno del presidente Uribe. La organización no mostró reparos en las compras militares de Chávez que superan los US$15.000 millones, ni tampoco por los acuerdos militares de Brasil con los norteamericanos.
El reversazo que le dio Santos al acuerdo sobre las bases ha restablecido la amistad con estos vecinos y con la organización. Pero no por mucho que cedamos, las realidades se transforman. Recordemos que es precisamente en estas reuniones de Unasur, donde varios mandatarios latinoamericanos han cuestionado la calidad de terroristas de las Farc. Esto coincide con el deseo de esta organización de querer hablar ante sus miembros. La ideologización de Unasur podría servirle para salirse de su merecida condición de terrorista para alcanzar un estatus político. Quienes son más pesimistas en torno a las cargas de Unasur sostienen que el remplazo de Kirchner será Piedad Córdoba. Aquello sería un desafío y una afrenta a la Justicia y soberanía colombiana, y un paso más hacia los deseos de las Farc.
Precisamente por ello, la decisión del presidente Santos de integrar los mercados y las personas de nuestro país con Perú y Chile es una alternativa más viable. Con estos países compartimos más rasgos ideológicos y tenemos proyectos de desarrollo más parecidos. Ello da mejores perspectivas y podría acercarnos sin riesgos a un proceso de integración.
El País Cali, 13 de novimbre de 2010
domingo, noviembre 14, 2010
Economía financiera
La nueva era económica donde los capitales por sí mismos son capaces de generar valor supone desafíos. La teoría económica tradicional sostenía que la creación de valor surgía de la combinación de los medios de producción, el trabajo y el capital. En las interpretaciones marxistas la propiedad de los medios de producción les permitía a los capitalistas arrebatarle al proletariado la plusvalía (el aumento de valor en la mercancía que surge de la transformación de la materia prima a través del trabajo). El trabajador era explotado, pues perdía aquello que su trabajo había producido y recibía solamente un salario de subsistencia.
Hoy en día la gran generación de riqueza no se causa en las empresas o en la propiedad de los medios de producción, ahora existen los capitales financieros; colocados en una capa superior, financian y especulan sobre el sector empresarial y crean valor para sus dueños.
La venta de acciones de las empresas se inicio como un mecanismo eficiente para financiar las necesidades de capital. Los dueños del capital invierten en las empresas a través de títulos que fragmentan la propiedad, y se constituyen en dueños teóricos; que no interfieren mucho en la administración, pero participan de las utilidades que se producen. El mercado financiero ha venido cambiando las condiciones, ahora las inversiones tienen en cuenta, también, la especulación sobre el precio accionario. La oferta y demanda de acciones alteran el precio tanto o más que el comportamiento de las utilidades. El mercado además permite la transacción de bienes en el futuro, especular sobre sus precios y sus cantidades. Aquel ejercicio es capaz de alterar, incluso, el precio de los bienes reales.
Los capitales circulan y se invierten y en ese solo movimiento generan valor. Se trata de un fenómeno que cambia radicalmente el contexto de la economía. Las categorías marxistas caen en desuso, pues la propiedad de los medios de producción es mucho menos significativa que el capital y su circulación.
Se trata de una capa superior a la infraestructura y superestructura marxista. Las consecuencias que esta nueva conformación económica supone están apenas iniciándose. Los grandes capitales, además, rompen las fronteras de los Estados nacionales. Entran y salen; su desplazamiento otorga nuevas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo es capaz de distorsionar la política monetaria de economías emergentes. Esta nueva forma de generar riqueza nos exige repensar el proceso de desarrollo, pues el mundo que nos espera se aleja ya de ese paradigma. Los Estados nacionales se vuelven insuficientes para regular una economía trasnacional que rompe cualquier posibilidad de tributación incisiva e impide las políticas de redistribución de la riqueza. Es muy posible que la concentración de los capitales conduzca a mayores desigualdades sociales. Los volúmenes de la concentración del capital irán eliminando la posibilidad de que otros agentes tengan acceso.
Paralelamente, en términos de la búsqueda de la libertad que inspiraba al pensamiento marxista, aparece como una oportunidad para liberar al sujeto de aquellos trabajos alienantes, y aun así mantener las economías en plena producción. Si el mundo es capaz de comprender este nuevo fenómeno económico y direccionarlo para que su crecimiento sea benéfico para todos habremos dado un nuevo paso, que da las ventajas del comunismo y las libertades del capitalismo.
El País Cali, 6 de noviembre de 2010
Hoy en día la gran generación de riqueza no se causa en las empresas o en la propiedad de los medios de producción, ahora existen los capitales financieros; colocados en una capa superior, financian y especulan sobre el sector empresarial y crean valor para sus dueños.
La venta de acciones de las empresas se inicio como un mecanismo eficiente para financiar las necesidades de capital. Los dueños del capital invierten en las empresas a través de títulos que fragmentan la propiedad, y se constituyen en dueños teóricos; que no interfieren mucho en la administración, pero participan de las utilidades que se producen. El mercado financiero ha venido cambiando las condiciones, ahora las inversiones tienen en cuenta, también, la especulación sobre el precio accionario. La oferta y demanda de acciones alteran el precio tanto o más que el comportamiento de las utilidades. El mercado además permite la transacción de bienes en el futuro, especular sobre sus precios y sus cantidades. Aquel ejercicio es capaz de alterar, incluso, el precio de los bienes reales.
Los capitales circulan y se invierten y en ese solo movimiento generan valor. Se trata de un fenómeno que cambia radicalmente el contexto de la economía. Las categorías marxistas caen en desuso, pues la propiedad de los medios de producción es mucho menos significativa que el capital y su circulación.
Se trata de una capa superior a la infraestructura y superestructura marxista. Las consecuencias que esta nueva conformación económica supone están apenas iniciándose. Los grandes capitales, además, rompen las fronteras de los Estados nacionales. Entran y salen; su desplazamiento otorga nuevas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo es capaz de distorsionar la política monetaria de economías emergentes. Esta nueva forma de generar riqueza nos exige repensar el proceso de desarrollo, pues el mundo que nos espera se aleja ya de ese paradigma. Los Estados nacionales se vuelven insuficientes para regular una economía trasnacional que rompe cualquier posibilidad de tributación incisiva e impide las políticas de redistribución de la riqueza. Es muy posible que la concentración de los capitales conduzca a mayores desigualdades sociales. Los volúmenes de la concentración del capital irán eliminando la posibilidad de que otros agentes tengan acceso.
Paralelamente, en términos de la búsqueda de la libertad que inspiraba al pensamiento marxista, aparece como una oportunidad para liberar al sujeto de aquellos trabajos alienantes, y aun así mantener las economías en plena producción. Si el mundo es capaz de comprender este nuevo fenómeno económico y direccionarlo para que su crecimiento sea benéfico para todos habremos dado un nuevo paso, que da las ventajas del comunismo y las libertades del capitalismo.
El País Cali, 6 de noviembre de 2010
miércoles, noviembre 03, 2010
La santidad de Chávez
Y mientras Chávez y nuestro Presidente se reúnen y celebran el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas, pasan cosas interesantes.
El Gobierno de España le pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela por una “manifiesta cooperación gubernamental” de éste con ETA y las Farc. A través de una decisión seria y estructurada de la Procuraduría, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada por probados vínculos con las Farc. Ella es la socia más ferviente del proyecto chavista en Colombia. Siguiendo los lineamientos de Ahmadinejad, el líder iraní sancionado por la ONU por su programa de enriquecimiento de uranio que -según muchos- busca convertir a Irán en una potencia nuclear, Chávez anunció el inicio del proceso para tener energía nuclear en Venezuela.
Y no olvidemos que Chávez ha magnificado la carrera armamentística de Venezuela. En millones de dólares: US$13.000 a Rusia, US$200 a Brasil, US$2.040 a España. Y el Mandatario ha dejado muy claro el destino de muchas de ellas: la milicia bolivariana. Como su nombre lo indica es sociedad civil armada y con una clara filiación política. La milicia, según el líder, debe estar muy bien armada, pues llegará a suplantar a la Guardia Nacional en algunas funciones.
Todo coincide con la primera derrota electoral de Chávez. En las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela no obtuvo la mayoría calificada que antes tenía. Perdió ‘feo’ en Zulia, Táchira y Anzoátegui. Aunque las autoridades venezolanas no suministraron cifras totales a nivel nacional de esta votación, se sabe que la oposición obtuvo algo así como el 52% de los votos. Aún así, la nueva configuración de las circunscripciones electorales de Venezuela le dieron al Psuv, el partido chavista, un numero mayor de escaños en la Asamblea.
No hay que tener mucha malicia para saber que un ejército con filiación política es un peligro. Tampoco para sospechar de tanta coincidencia en torno a los vínculos de su gobierno con organizaciones terroristas. Ni deja duda su proyecto. Y con semejantes alianzas y compras militares no podemos suponer que Chávez está organizando una fiesta.
Mientras tanto en Colombia se pavonean orgullosos por el nuevo estadio de las relaciones con el vecino líder. El magnánimo autorizó el pago de la millonaria deuda a Colombia. La está pagando a discreción y sin afán. Felicitó al presidente Santos por la decisión de no tramitar ante el Congreso el tratado de uso de las siete bases militares colombianas por parte de los norteamericanos.
El hecho nos sorprendió a algunos. Santos como ministro de Defensa parecía convencido de la necesidad de contar con la cooperación de los gringos. Más aún, era un férreo opositor de Chávez, y fue el presidente Uribe el que debió llamarlo a la prudencia. Ahora, es Presidente.
Lo cierto es que ni los colombianos comprenden que está pasando. Todos especulamos, mientras la senadora Moreno dice que hay un cambio de 180 grados frente a la política militar de Uribe; la canciller Holguín dice que todavía no está claro el futuro del tratado.
Y hablando de cambios de la estrategia en este Gobierno, ¿por qué el coronel Juan Carlos Rico, quien diseñó y coordinó la operación Jaque, no fue llamado para el curso de General? Qué alguien nos explique.
El País, Cali. 30 de octubre de 2010
El Gobierno de España le pidió explicaciones al Gobierno de Venezuela por una “manifiesta cooperación gubernamental” de éste con ETA y las Farc. A través de una decisión seria y estructurada de la Procuraduría, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada por probados vínculos con las Farc. Ella es la socia más ferviente del proyecto chavista en Colombia. Siguiendo los lineamientos de Ahmadinejad, el líder iraní sancionado por la ONU por su programa de enriquecimiento de uranio que -según muchos- busca convertir a Irán en una potencia nuclear, Chávez anunció el inicio del proceso para tener energía nuclear en Venezuela.
Y no olvidemos que Chávez ha magnificado la carrera armamentística de Venezuela. En millones de dólares: US$13.000 a Rusia, US$200 a Brasil, US$2.040 a España. Y el Mandatario ha dejado muy claro el destino de muchas de ellas: la milicia bolivariana. Como su nombre lo indica es sociedad civil armada y con una clara filiación política. La milicia, según el líder, debe estar muy bien armada, pues llegará a suplantar a la Guardia Nacional en algunas funciones.
Todo coincide con la primera derrota electoral de Chávez. En las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela no obtuvo la mayoría calificada que antes tenía. Perdió ‘feo’ en Zulia, Táchira y Anzoátegui. Aunque las autoridades venezolanas no suministraron cifras totales a nivel nacional de esta votación, se sabe que la oposición obtuvo algo así como el 52% de los votos. Aún así, la nueva configuración de las circunscripciones electorales de Venezuela le dieron al Psuv, el partido chavista, un numero mayor de escaños en la Asamblea.
No hay que tener mucha malicia para saber que un ejército con filiación política es un peligro. Tampoco para sospechar de tanta coincidencia en torno a los vínculos de su gobierno con organizaciones terroristas. Ni deja duda su proyecto. Y con semejantes alianzas y compras militares no podemos suponer que Chávez está organizando una fiesta.
Mientras tanto en Colombia se pavonean orgullosos por el nuevo estadio de las relaciones con el vecino líder. El magnánimo autorizó el pago de la millonaria deuda a Colombia. La está pagando a discreción y sin afán. Felicitó al presidente Santos por la decisión de no tramitar ante el Congreso el tratado de uso de las siete bases militares colombianas por parte de los norteamericanos.
El hecho nos sorprendió a algunos. Santos como ministro de Defensa parecía convencido de la necesidad de contar con la cooperación de los gringos. Más aún, era un férreo opositor de Chávez, y fue el presidente Uribe el que debió llamarlo a la prudencia. Ahora, es Presidente.
Lo cierto es que ni los colombianos comprenden que está pasando. Todos especulamos, mientras la senadora Moreno dice que hay un cambio de 180 grados frente a la política militar de Uribe; la canciller Holguín dice que todavía no está claro el futuro del tratado.
Y hablando de cambios de la estrategia en este Gobierno, ¿por qué el coronel Juan Carlos Rico, quien diseñó y coordinó la operación Jaque, no fue llamado para el curso de General? Qué alguien nos explique.
El País, Cali. 30 de octubre de 2010
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