La historia del aeropuerto Eldorado de Bogotá caracteriza la administración pública colombiana. Sin muchos comentarios adicionales, el lector reconocerá esos patrones.
En el 2007 el aeropuerto movilizó 12,7 millones de pasajeros y se apuntaló en el cuarto lugar en Latinoamérica. Fue, además, el primero del área en movilización de carga, pues transportó 585.598 toneladas en el año. Estas cifras han mostrado una tendencia creciente en los años siguientes. Si bien el trafico aéreo nacional representa una proporción importante del movimiento, la localización estratégica de nuestro país le da al aeropuerto la posibilidad de consolidarse como una puerta de acceso hacia y desde el continente suramericano. A esa ventaja estratégica se oponen innumerables descalabros en sus instalaciones y su operación.
Su construcción se inició bajo el gobierno del general Rojas, la infraestructura lo hacía el más moderno de Latinoamérica, capaz de atender un tráfico de dos millones de pasajeros. Fue inaugurado en 1959 por el presidente Alberto Lleras, quien en su discurso lo consideró sobredimensionado, y eso que la segunda pista de los diseños no se hizo. Ya para 1973 el aeropuerto había superado los tres millones de pasajeros al año y la segunda pista era una necesidad inminente. Ésta sólo sería inaugurada 25 años después.
La imposibilidad de seguir operando en las ahora estrechas instalaciones, que han crecido mediante agregados, dio lugar a una licitación para su modernización y ampliación que costará US$600 millones. El concesionario desde el 2007 y durante los siguientes 20 años es Opain, una firma de empresarios colombianos y suizos. La idea es que el aeropuerto quede habilitado para tener un trafico de 16 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año.
Y han sido invertidos US$130 millones, pero hay una nueva encrucijada: debe o no ser demolido el terminal de pajareros actual para dar lugar a uno nuevo, más moderno, capaz de integrarse a las nuevas obras y crecer al ritmo que el país puede requerir o, como lo estableció el contrato de concesión, debe conservarse y ser adaptado. La cuestión no se limita a la conveniencia, pues para todos resulta evidente que lo lógico es hacer un nuevo terminal y no seguir estirando una edificación que ya cumplió su ciclo.
El problema se retrotrae al contrato. Para la Procuraduría esa reforma del objeto contractual es ilegal. Se trata de una protección. Luego de un arduo proceso de licitación, donde ha sido seleccionado un contratista dejando por fuera otros, es pensable que con ese nuevo objeto contractual la licitación hubiera sido diferente y otras firmas hubiera podido ganar, pues el tiempo concesionado aumentará.
Mientras el Consejo de Estado estudia cuál de los males es mejor, las obras de la fase tres no inician y la incomodidad para los usuarios crece. Hoy en día para salir del país, por poner un ejemplo, hay que hacer una fila infinita, subdividida. La primera eterna y desordenada de la aerolínea, incomodando otros viajeros, luego una para saber si el pasabordo corresponde al tenedor, luego fila para una revisión de seguridad y luego fila en el DAS. Después, una que se extiende sobre más de la mitad del ‘duty free’ para otra revisión de seguridad. Luego otra de seguridad a la entrada de las salas. Y finalmente, si logró hacerlo entre las escasas tres horas, podrá empatar en la fila para entrar al avión.
El Pais, 12 de septiembre
viernes, septiembre 18, 2009
sábado, septiembre 12, 2009
Dialéctica de las decisiones
Cuando las decisiones colisionan unas con otras, sólo vistas como una unidad donde se funden es posible comprenderlas y reflexionar sobre nuestro contexto o el futuro desenlace.
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
A la decisión colombiana de realizar acuerdos de cooperación militar con EE.UU. se le objeta la falta de consideración por la “seguridad de Latinoamérica”. La impostura es evidente. EE.UU. es el socio comercial más importante de todos los ‘amenazados’. Aproximadamente el 45% de las exportaciones andinas se destinan a ese país. Chávez le vende casi todo su petróleo -24 millones de barriles al año-, así mismo es el mayor importador y exportador desde y hacia Ecuador, sus compras exceden los US$1.000 millones al año. Y es también el destinatario de más del 34% de las exportaciones bolivianas.
Sería coherente pensar que si en los planes de la potencia estuviera el ataque a las capitanías de los demagogos latinoamericanos podría hacerlo sin utilizar bases militares. Un bloqueo económico tendría muchos y más poderosos efectos. Estas relaciones de dependencia económica evidencian que EE.UU. lejos de ser un enemigo es un aliado suramericano. Incluso de aquellos que se sienten en la mira.
Y a las decisiones y objeciones de los líderes suramericanos en contra del imperio se contrapone la política confusa de Obama sobre Latinoamérica. Claro que los asuntos internos, como la reforma a la salud, ocupan al nuevo Mandatario, pero las relaciones con el vecindario deberían ser mejor atendidas. Ante la fuerza con la que Uribe defendió los acuerdos con EE.UU. y el irrestricto ataque del que fuimos víctimas por los vecinos, Obama dijo con artilugio retórico que no tenía intención alguna de establecer una base militar en Colombia; “Ni la ha autorizado ni la han pedido”, luego aclaró que se trataba de la actualización de un acuerdo de cooperación militar. Dejó una impresión equivoca.
El presidente americano dijo, además, que el problema de Colombia con las Farc poco tenía que ver con ese país. Esas declaraciones muestran la falta de compromiso que tiene esa nación con Colombia. Si bien parecería que los acuerdos implican beneficios para ambos países -nosotros requerimos su ayuda para poder derrotar la violencia del narcotráfico, y ellos nos necesitan como parte de su estrategia contra ese flagelo-, para Obama se trata de un favor que ellos nos prestan. Por eso no avanza nuestro TLC, ni recibimos ningún tipo de trato preferencial; en su opinión, no hay razón para que lo recibamos. Así las cosas, hablar de que Colombia es el aliado estratégico de EE.UU. es engañoso. Son indiferentes ante el comportamiento de los vecinos; todos tenemos el mismo trato… Bueno mientras recrudecen las sanciones contra Honduras alivianan aquellas que habían impuesto contra el dictador cubano, que no dio un golpe apoyado en la estructura legal del país, sino con armas y asesinatos.
Otro antagonismo interesante es el de Chávez que se queja del intervencionismo norteamericano en Venezuela. Poco visible, pero él lo capta y se siente amenazado a causa de su doctrina anticapitalista. A su vez, Chávez opina sobre los asuntos colombianos, tiene diplomáticos-políticos, persigue la industria colombiana en ese país y promueve el chavismo en nuestro territorio que respalda abrumadoramente una doctrina política opuesta a la suya, ¿Qué pasaría si EE.UU. hiciera con Venezuela algo de lo que él hace con Colombia?
5 de septiembre de 2009
lunes, agosto 31, 2009
La consulta conservadora
El Partido Conservador aplazó o canceló la consulta para elegir candidato. La decisión parece acertada. Esa doble postura según la cual apoyaba la reelección de Uribe, y al mismo tiempo buscaba definir el candidato para la contingencia de que no hubiera reelección tenía peligros inmanentes.
De haberse llevado a cabo la consulta y haber seleccionado un candidato con una votación significativa -como las que ha venido mostrando el partido- habría sido difícil mantener la unidad y la adhesión a Uribe. La cercanía del poder y el presentimiento de una candidatura exitosa habrían podido actuar en contra de los intereses nacionales que deben inspirar a los conservadores en este momento.
La cuestión del referendo es prioritaria, pues no se trata de la reelección de Uribe, sino de convocar al pueblo, poder soberano, para que decida si quiere o no que haya reelección. El partido no puede fallar en ese propósito, pues la popularidad de Uribe es justificada. Representa uno de los liderazgos políticos más interesantes de nuestra historia. Le devolvió a la nación la esperanza de que podemos construir un país mejor y de que lograremos derrotar a los violentos. Su fuerza, su capacidad de trabajo, mostraron que el Estado puede actuar, que es posible establecer metas y alcanzarlas. Su huella ha sido profunda, transformó nuestra concepción reciente del poder público. La posición consistente del Gobierno ha permitido que la dinámica gobierno-oposición opere de manera que los partidos se han ajustado a sus posiciones y aferrado a sus ideas. En el contexto latinoamericano tener un Presidente de sólidos principios, con credibilidad y gran capacidad analítica nos ha protegido de la ola de demagogos que nos invade.
Sobre los precandidatos debemos anotar lo siguiente. El ex ministro Arias ha mostrado un decidido compromiso con el Presidente. Ha sido enfático en su decisión de apoyar la tercera reelección de Uribe (aunque él era quien más esperaba la consulta). La estrategia de plegarse a Uribe como su más leal seguidor puede consolidar su nombre si no para esta elección, para la siguiente. Aún le falta demostrar carácter, fortaleza y sobretodo sencillez y capacidad de oír a quienes no piensan como él.
Noemí Sanín ha elegido opciones que pueden comprometer su candidatura. Aquella visita que hizo al país como embajadora para reunirse con el ex presidente Gaviria no cayó bien; en las huestes uribista se sintió como una traición. Su decisión de presentar su candidatura aún si Uribe se lanza tiene doble filo; por una parte le da solidez al trabajo que está iniciando y la acerca a los sectores que no quieren la reelección. Si Uribe no se lanza su estrategia puede tener costos, los uribistas podrían cobrarle su falta de apoyo, pero habría avanzado mucho su trabajo político. Pero si Uribe se lanza, será derrotada y su figura no tendrá vigencia futura.
Marta Lucía Ramírez salió dentro de dudosas condiciones del Ministerio de Defensa y del partido de la U. Pasó de pastranista a uribista sin solución de continuidad y ahora, como en feria, pretende hacerse conservadora. La política exige coherencia. Los partidos no pueden convertirse en pasarelas para candidatos de moda, ellos han de haberse forjado en sus filas y representar una ideología.
A Holguín se le debe la gesta de la consolidación del partido. Su lealtad a Uribe y al partido son admirables, pero ha desaparecido del escenario.
29 de agosto
El Pais
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago292009/PRI
De haberse llevado a cabo la consulta y haber seleccionado un candidato con una votación significativa -como las que ha venido mostrando el partido- habría sido difícil mantener la unidad y la adhesión a Uribe. La cercanía del poder y el presentimiento de una candidatura exitosa habrían podido actuar en contra de los intereses nacionales que deben inspirar a los conservadores en este momento.
La cuestión del referendo es prioritaria, pues no se trata de la reelección de Uribe, sino de convocar al pueblo, poder soberano, para que decida si quiere o no que haya reelección. El partido no puede fallar en ese propósito, pues la popularidad de Uribe es justificada. Representa uno de los liderazgos políticos más interesantes de nuestra historia. Le devolvió a la nación la esperanza de que podemos construir un país mejor y de que lograremos derrotar a los violentos. Su fuerza, su capacidad de trabajo, mostraron que el Estado puede actuar, que es posible establecer metas y alcanzarlas. Su huella ha sido profunda, transformó nuestra concepción reciente del poder público. La posición consistente del Gobierno ha permitido que la dinámica gobierno-oposición opere de manera que los partidos se han ajustado a sus posiciones y aferrado a sus ideas. En el contexto latinoamericano tener un Presidente de sólidos principios, con credibilidad y gran capacidad analítica nos ha protegido de la ola de demagogos que nos invade.
Sobre los precandidatos debemos anotar lo siguiente. El ex ministro Arias ha mostrado un decidido compromiso con el Presidente. Ha sido enfático en su decisión de apoyar la tercera reelección de Uribe (aunque él era quien más esperaba la consulta). La estrategia de plegarse a Uribe como su más leal seguidor puede consolidar su nombre si no para esta elección, para la siguiente. Aún le falta demostrar carácter, fortaleza y sobretodo sencillez y capacidad de oír a quienes no piensan como él.
Noemí Sanín ha elegido opciones que pueden comprometer su candidatura. Aquella visita que hizo al país como embajadora para reunirse con el ex presidente Gaviria no cayó bien; en las huestes uribista se sintió como una traición. Su decisión de presentar su candidatura aún si Uribe se lanza tiene doble filo; por una parte le da solidez al trabajo que está iniciando y la acerca a los sectores que no quieren la reelección. Si Uribe no se lanza su estrategia puede tener costos, los uribistas podrían cobrarle su falta de apoyo, pero habría avanzado mucho su trabajo político. Pero si Uribe se lanza, será derrotada y su figura no tendrá vigencia futura.
Marta Lucía Ramírez salió dentro de dudosas condiciones del Ministerio de Defensa y del partido de la U. Pasó de pastranista a uribista sin solución de continuidad y ahora, como en feria, pretende hacerse conservadora. La política exige coherencia. Los partidos no pueden convertirse en pasarelas para candidatos de moda, ellos han de haberse forjado en sus filas y representar una ideología.
A Holguín se le debe la gesta de la consolidación del partido. Su lealtad a Uribe y al partido son admirables, pero ha desaparecido del escenario.
29 de agosto
El Pais
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago292009/PRI
lunes, agosto 24, 2009
El agua moja
La investigación sobre la entrega de notarías para la aprobación de la reelección presidencial ha tomado un rumbo confuso. Es necesario aclarar algunas ideas para contextualizar la significación del asunto.
Por una parte, conceder notarías, puestos, favores entre los parlamentarios, no es una práctica nueva en el Estado colombiano. Desde que el Congreso perdió la iniciativa de gasto -esto es la capacidad de decidir cómo y en qué se invierte el presupuesto nacional- la función del congresista frente a los electores se ha desdibujado. Volvemos a una cuestión fundamental sobre la estructura de la democracia: ¿Para qué es el Congreso? ¿Qué esperan los electores del congresista por el que votaron?
Sin la iniciativa de gasto, son muy pocas las obras que el congresista puede apoyar para su región, y muy escasas las maneras como puede responder ante sus electores. Así su gestión ha venido decayendo y el diseño de las instituciones los ha convertido –a muchos- en simples agencias de empleos y agilizadores de trámites burocraticos –que son casi imposibles para un ciudadano de a pie. En ministerios y entidades públicas buscan puestos para sus líderes políticos, gestionan traslados, trámites, en fin, tratan de mover el paquidermo Estado en pro de sus electores. Eso no es delito. Se trata de una gestión legal para sus seguidores, pero es un triste destino para un Congreso tramitar leyes a cambio de favores. Esta situación es consecuencia, además, de la debilidad de los partidos. Si fuera posible que el Gobierno negociara con las bancadas, en lugar de individualmente, estas gestiones serían más escasas o al menos tendrían poca significación.
Pero eso es lo que tenemos: Un Congreso sin mucha forma y unos partidos sin cohesión.
Pretender satanizar la aprobación de la reelección presidencial como un episodio único donde se dieron todo tipo de trucos para aprobar la ley es ridículo. Probablemente, sucedió lo que con todas las leyes: se negoció con el legislativo. Dirán algunos que el hecho de que así se haga siempre no significa que esté bien, y en eso tienen razón; pero atender los requerimientos de los congresistas no puede interpretarse negativamente. Siempre y cuando se trate de gestiones legales, usar la influencia política como medio de unión con los electores es lamentable, pero no ilegal.
Por eso el escándalo de la Corte sobre la reelección es majadero. El gobierno Uribe avanzó el proceso de concurso de las notarías, y ha impulsado los concursos en otros sectores públicos para acabar con esas prácticas ancestrales, que ningún otro gobierno había hecho. ¿Es que sólo ahora la Corte descubrió que así se tramitan las leyes en este país o es que sabiendo que es así, escogió un tema sensible para difamar al Gobierno?
Ahora bien, los allanamientos a las casas de los congresistas sorprendieron al país, como sorprendió el hallazgo de sumas importantes de dinero en la casa de Villamizar. Tener dinero en efectivo no es un delito, falta saber si el congresista puede justificarlo y ello no tendría nada sospechoso. Pero puede que haya congresistas cobrando dádivas a aquellos ‘amigos’ a quienes ayudan, y resulta muy importante descubrirlos y sancionarlos. Una cosa es la gestión para que el Gobierno otorgue un cargo de libre nombramiento a un ‘amigo’, o agilice un trámite, y otra muy distinta es cobrar réditos económicos por el uso de la influencia política.
Publicado en El Pais de Cali -22 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
Por una parte, conceder notarías, puestos, favores entre los parlamentarios, no es una práctica nueva en el Estado colombiano. Desde que el Congreso perdió la iniciativa de gasto -esto es la capacidad de decidir cómo y en qué se invierte el presupuesto nacional- la función del congresista frente a los electores se ha desdibujado. Volvemos a una cuestión fundamental sobre la estructura de la democracia: ¿Para qué es el Congreso? ¿Qué esperan los electores del congresista por el que votaron?
Sin la iniciativa de gasto, son muy pocas las obras que el congresista puede apoyar para su región, y muy escasas las maneras como puede responder ante sus electores. Así su gestión ha venido decayendo y el diseño de las instituciones los ha convertido –a muchos- en simples agencias de empleos y agilizadores de trámites burocraticos –que son casi imposibles para un ciudadano de a pie. En ministerios y entidades públicas buscan puestos para sus líderes políticos, gestionan traslados, trámites, en fin, tratan de mover el paquidermo Estado en pro de sus electores. Eso no es delito. Se trata de una gestión legal para sus seguidores, pero es un triste destino para un Congreso tramitar leyes a cambio de favores. Esta situación es consecuencia, además, de la debilidad de los partidos. Si fuera posible que el Gobierno negociara con las bancadas, en lugar de individualmente, estas gestiones serían más escasas o al menos tendrían poca significación.
Pero eso es lo que tenemos: Un Congreso sin mucha forma y unos partidos sin cohesión.
Pretender satanizar la aprobación de la reelección presidencial como un episodio único donde se dieron todo tipo de trucos para aprobar la ley es ridículo. Probablemente, sucedió lo que con todas las leyes: se negoció con el legislativo. Dirán algunos que el hecho de que así se haga siempre no significa que esté bien, y en eso tienen razón; pero atender los requerimientos de los congresistas no puede interpretarse negativamente. Siempre y cuando se trate de gestiones legales, usar la influencia política como medio de unión con los electores es lamentable, pero no ilegal.
Por eso el escándalo de la Corte sobre la reelección es majadero. El gobierno Uribe avanzó el proceso de concurso de las notarías, y ha impulsado los concursos en otros sectores públicos para acabar con esas prácticas ancestrales, que ningún otro gobierno había hecho. ¿Es que sólo ahora la Corte descubrió que así se tramitan las leyes en este país o es que sabiendo que es así, escogió un tema sensible para difamar al Gobierno?
Ahora bien, los allanamientos a las casas de los congresistas sorprendieron al país, como sorprendió el hallazgo de sumas importantes de dinero en la casa de Villamizar. Tener dinero en efectivo no es un delito, falta saber si el congresista puede justificarlo y ello no tendría nada sospechoso. Pero puede que haya congresistas cobrando dádivas a aquellos ‘amigos’ a quienes ayudan, y resulta muy importante descubrirlos y sancionarlos. Una cosa es la gestión para que el Gobierno otorgue un cargo de libre nombramiento a un ‘amigo’, o agilice un trámite, y otra muy distinta es cobrar réditos económicos por el uso de la influencia política.
Publicado en El Pais de Cali -22 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
sábado, agosto 15, 2009
Las declaraciones de "Cano"
Hay quienes se han mostrado optimistas sobre las declaraciones de ‘Cano’ sobre la voluntad de las Farc para buscar el acuerdo humanitario “si hay garantías de modo, tiempo y lugar”, pues lo consideran el inicio de un proceso que nos acerca a acuerdos de paz. No hay razón para ese entusiasmo, se trata de una retórica ladina que ya conocemos. Muestra, eso sí, la necesidad creciente de las Farc de lograr algún avance político, cuando los cercos de las fuerzas armadas los tienen acorralados y su capacidad de incidir en la comunidad internacional está en decadencia.
Sorprende, sin embargo, la soberbia de ‘Cano’ al ponerse en la misma jerarquía del Jefe de Estado, y sugerir que está dispuesto a hablar con el Presidente sobre “la concepción y práctica del terrorismo del Estado en Colombia”. Baste decir que el Estado colombiano es una organización legítima, respaldada por la democracia y las instituciones que desde inicios de la República venimos construyendo. Por eso hay que resaltar las declaraciones del Presidente: “El país no puede convertir a los criminales en legítimos contradictores del Gobierno”.
Esta es una de las posturas del Presidente que le ha valido su prestigio. Colombia venía arrodillada frente a los criminales que, investidos con el poder de las armas y abusando del temor de la población civil, se habían convencido que tienen alguna entidad política. El país tiene que ser irreductible en su posición de que quienes han cometido crímenes deben pagar por ellos. Si en un acto generoso la sociedad decide abrirles caminos para la reinserción, ello se hará sobre la base del reconocimiento de su condición de delincuentes y el acatamiento de una sanción -aunque sólo sea simbólica-.
Las declaraciones de ‘Cano’ sobre el computador de ‘Raúl Reyes’ son igualmente taimadas y embusteras; por supuesto niega todo. Sobreviene la cuestión de ¿por qué habría ‘Raúl Reyes’ de mentir en correos que intercambia con el secretariado de las Farc? Más aún, ¿por qué ahora las Farc habría de confesar quiénes son sus aliados?
Las consecuencias para las Farc de reconocer sus vínculos activos con vecinos son negativas. Una declaración en ese sentido pondría bajo serios cuestionamientos a cualquiera que resultara señalado, y lejos de contribuir a los intereses de las Farc, simplemente crea problemas a sus socios. No existe ninguna razón para que las Farc reconozcan las ayudas que han podido recibir; hacerlo sería ir en contra de sus propios intereses. Lo que digan sobre el asunto de los lanzacohetes de Venezuela o la financiación de la campaña del presidente Correa estará cubierto por un halo de justificada desconfianza. Es lógico que de ser cierto lo nieguen, pero es ridículo pretender que creamos que ‘Raúl Reyes’ escribía desde su computador mentiras a la cúpula de las Farc y que recibía información falsa de otros jefes de esa organización terrorista.
Los llamados del presidente Correa para que las Farc digan si financiaron su campaña tienen el mismo tinte. ¿De haber financiado la campaña, por qué confesarían que así lo hicieron, si esa declaración perjudicaría a su amigo? La teoría del presidente Chávez de que se trata de un robo antiguo tiene varias brechas; el robo lo hizo el ELN, era un sólo lanzacohetes y las Farc tenían tres.
Una curiosidad: las Farc, Chávez y Correa hablan del terrorismo de Estado en Colombia.
Publicado en El Pais de Cali- 15 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
Sorprende, sin embargo, la soberbia de ‘Cano’ al ponerse en la misma jerarquía del Jefe de Estado, y sugerir que está dispuesto a hablar con el Presidente sobre “la concepción y práctica del terrorismo del Estado en Colombia”. Baste decir que el Estado colombiano es una organización legítima, respaldada por la democracia y las instituciones que desde inicios de la República venimos construyendo. Por eso hay que resaltar las declaraciones del Presidente: “El país no puede convertir a los criminales en legítimos contradictores del Gobierno”.
Esta es una de las posturas del Presidente que le ha valido su prestigio. Colombia venía arrodillada frente a los criminales que, investidos con el poder de las armas y abusando del temor de la población civil, se habían convencido que tienen alguna entidad política. El país tiene que ser irreductible en su posición de que quienes han cometido crímenes deben pagar por ellos. Si en un acto generoso la sociedad decide abrirles caminos para la reinserción, ello se hará sobre la base del reconocimiento de su condición de delincuentes y el acatamiento de una sanción -aunque sólo sea simbólica-.
Las declaraciones de ‘Cano’ sobre el computador de ‘Raúl Reyes’ son igualmente taimadas y embusteras; por supuesto niega todo. Sobreviene la cuestión de ¿por qué habría ‘Raúl Reyes’ de mentir en correos que intercambia con el secretariado de las Farc? Más aún, ¿por qué ahora las Farc habría de confesar quiénes son sus aliados?
Las consecuencias para las Farc de reconocer sus vínculos activos con vecinos son negativas. Una declaración en ese sentido pondría bajo serios cuestionamientos a cualquiera que resultara señalado, y lejos de contribuir a los intereses de las Farc, simplemente crea problemas a sus socios. No existe ninguna razón para que las Farc reconozcan las ayudas que han podido recibir; hacerlo sería ir en contra de sus propios intereses. Lo que digan sobre el asunto de los lanzacohetes de Venezuela o la financiación de la campaña del presidente Correa estará cubierto por un halo de justificada desconfianza. Es lógico que de ser cierto lo nieguen, pero es ridículo pretender que creamos que ‘Raúl Reyes’ escribía desde su computador mentiras a la cúpula de las Farc y que recibía información falsa de otros jefes de esa organización terrorista.
Los llamados del presidente Correa para que las Farc digan si financiaron su campaña tienen el mismo tinte. ¿De haber financiado la campaña, por qué confesarían que así lo hicieron, si esa declaración perjudicaría a su amigo? La teoría del presidente Chávez de que se trata de un robo antiguo tiene varias brechas; el robo lo hizo el ELN, era un sólo lanzacohetes y las Farc tenían tres.
Una curiosidad: las Farc, Chávez y Correa hablan del terrorismo de Estado en Colombia.
Publicado en El Pais de Cali- 15 de agosto de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/ago152009/PRI
sábado, agosto 08, 2009
Ni con Dios ni con el diablo
La coyuntura colombiana es difícil. Por un lado está Chávez y por el otro el Gobierno de Obama. El primero, en una carrera armamentista que debería preocupar al continente. Entre los años 2005 y 2008 hizo acuerdos con Rusia para obtener armas por un valor de US$4.400 millones. Entre lo comprado se incluyen 24 aviones Sukhoi SU con armamento, 100.000 fusiles de asalto AK-47, 5.000 de Dragunov de alta precisión y la construcción en Venezuela de centros de adiestramiento y de mantenimiento para los equipos.
Ahora, con la tensión surgida a raíz de las bases americanas en Colombia, Chávez anunció nuevas compras de armas a Rusia, por lo que utilizará el acuerdo mediante el cual Moscú le dio crédito por US$1.000 millones. Otra de las amenazas que hizo el Mandatario es que agilizará la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana. Un ejército que está siendo reclutado, armado y entrenado en estos momentos, conformado por civiles para defender la revolución de filosofía antiimperialista, y que depende directamente del Presidente.
Chávez sostiene que esas armas y los poderosos ejércitos son necesarios para protegerse de la amenaza norteamericana (que en su versión tomó parte en el golpe de 2002). Es una buena disculpa, sin bien no hay evidencias de que EE.UU. esté buscando derrocarlo y mucho menos invadir a Venezuela. Lo que sí tiene muchas pruebas es que el proyecto chavista -que bajo ninguna circunstancia puede llevar el título de bolivariano, pues deshonra la memoria del Libertador- es expansionista. Desea ver a toda Suramérica integrada bajo el modelo del socialismo cubano. Una amenaza que nos parece real. Si Chávez tiene derecho a tener paranoia contra EE.UU., nosotros tenemos derecho a sentir que su carrera armamentística y su proyecto son un peligro para la democracia colombiana.
Las bases americanas en nuestro territorio nos cubren con el velo ilusorio de que estamos respaldados y que una invasión venezolana podría disuadirse. Digo que se trata de una fantasía, pues los gobiernos americanos son pragmáticos en sus decisiones y no debemos esperar lo que no se aproxima. Obama empezó su campaña descalificando a Colombia, el TLC y el Plan Colombia. Y a pesar de los ajustes, no hay TLC; EE.UU. no nos vende armas importantes, como los aviones F16 que sí le vendió en los años 80 a Venezuela; y ante las pruebas que vinculan a Chávez con la mafia y con los terroristas de las Farc, no se ha pronunciado ni tomado medidas -que sí tomó contra Colombia durante el gobierno Samper, cuando nos descertificó y bloqueó nuestros productos. Si EE.UU. tuviera tantos reparos contra Chávez como él pretende, ¿qué hacen comprándole a Pdvsa 24.09 millones de barriles al año? Compras que además van en aumento. ¿Y qué hace Chávez vendiéndole al imperio su petróleo?
Debemos ser pragmáticos y entender que las bases americanas en nuestro territorio son una forma de disuadir el intervencionismo de Chávez y arremeter contra los relictos de las Farc y el narcotráfico, pero nada más. Por eso resulta positiva la gestión de Uribe, quien ha logrado el respaldo a nuestra soberanía de tres de los cinco países visitados. No podemos arriesgar nuestra democracia ni nuestra soberanía, pero tampoco los pocos ‘amigos’ en el continente.
El País de Calí, 8 de agosto de 2009
Ahora, con la tensión surgida a raíz de las bases americanas en Colombia, Chávez anunció nuevas compras de armas a Rusia, por lo que utilizará el acuerdo mediante el cual Moscú le dio crédito por US$1.000 millones. Otra de las amenazas que hizo el Mandatario es que agilizará la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana. Un ejército que está siendo reclutado, armado y entrenado en estos momentos, conformado por civiles para defender la revolución de filosofía antiimperialista, y que depende directamente del Presidente.
Chávez sostiene que esas armas y los poderosos ejércitos son necesarios para protegerse de la amenaza norteamericana (que en su versión tomó parte en el golpe de 2002). Es una buena disculpa, sin bien no hay evidencias de que EE.UU. esté buscando derrocarlo y mucho menos invadir a Venezuela. Lo que sí tiene muchas pruebas es que el proyecto chavista -que bajo ninguna circunstancia puede llevar el título de bolivariano, pues deshonra la memoria del Libertador- es expansionista. Desea ver a toda Suramérica integrada bajo el modelo del socialismo cubano. Una amenaza que nos parece real. Si Chávez tiene derecho a tener paranoia contra EE.UU., nosotros tenemos derecho a sentir que su carrera armamentística y su proyecto son un peligro para la democracia colombiana.
Las bases americanas en nuestro territorio nos cubren con el velo ilusorio de que estamos respaldados y que una invasión venezolana podría disuadirse. Digo que se trata de una fantasía, pues los gobiernos americanos son pragmáticos en sus decisiones y no debemos esperar lo que no se aproxima. Obama empezó su campaña descalificando a Colombia, el TLC y el Plan Colombia. Y a pesar de los ajustes, no hay TLC; EE.UU. no nos vende armas importantes, como los aviones F16 que sí le vendió en los años 80 a Venezuela; y ante las pruebas que vinculan a Chávez con la mafia y con los terroristas de las Farc, no se ha pronunciado ni tomado medidas -que sí tomó contra Colombia durante el gobierno Samper, cuando nos descertificó y bloqueó nuestros productos. Si EE.UU. tuviera tantos reparos contra Chávez como él pretende, ¿qué hacen comprándole a Pdvsa 24.09 millones de barriles al año? Compras que además van en aumento. ¿Y qué hace Chávez vendiéndole al imperio su petróleo?
Debemos ser pragmáticos y entender que las bases americanas en nuestro territorio son una forma de disuadir el intervencionismo de Chávez y arremeter contra los relictos de las Farc y el narcotráfico, pero nada más. Por eso resulta positiva la gestión de Uribe, quien ha logrado el respaldo a nuestra soberanía de tres de los cinco países visitados. No podemos arriesgar nuestra democracia ni nuestra soberanía, pero tampoco los pocos ‘amigos’ en el continente.
El País de Calí, 8 de agosto de 2009
sábado, agosto 01, 2009
Vecinos y Soberanía
Latinoamérica está cayendo en un tipo de discurso izquierdista de tintes retrógrados, nacionalistas y resentidos, muy parecido a aquellos que dispersaron guerrillas por nuestro continente. Colombia es la excepción por una razón muy poderosa: la guerrilla.
Los colombianos hemos tenido que soportar el saqueo de un grupo de izquierda revolucionaria que no sólo ha irrespetado la vida, honra y bienes de todas las esferas sociales del país, sino que ha demostrado un insufrible deseo de persistir aun sin el apoyo de la población colombiana. El discurso de izquierda –a pesar de los esfuerzos del Polo- está desgastado por la guerrilla. Mientras haya guerrilla, la izquierda tendrá resistencia en las bases electorales que deciden la elección presidencial.
Aun así, nuestro vecindario puede tener incidencias sobre nuestras decisiones y nuestro futuro. Al explorar algunas de las características podemos prever la manera como su influencia nos puede afectar.
El movimiento de los vecinos está muy bien organizado: se reúne habitualmente en el Foro de Sao Pablo, una organización que se pretende la heredera de la Unión Soviética, comandada por Fidel Castro. La primera reunión fue convocada por Lula en 1990. Hacen parte por Colombia las Farc y el ELN, además el Ejército zapatista de México, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln, de Nicaragua; la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, Urng; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Fmln, de El Salvador y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México, entre otros. En 1995 se unió Chávez, quien tuvo oportunidad de hacer amistad con ‘Raúl Reyes’. Los tentáculos del pulpo se extienden, apoyan candidaturas en los países latinoamericanos como Ollanta Humala en Perú, Balbina en Panamá, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua.
En las declaraciones del Foro brilla la oposición contra el Plan Colombia y no es difícil saber cuál de los asistentes abogó por esa causa, consecuentemente todos los vecinos adeptos al Foro han criticado con vehemencia el Plan.
Están, además, caracterizados por un flaco respeto por la soberanía de las naciones. Es así como esos líderes opinan y critican decisiones eminentemente soberanas de nuestro país, la filiación política del Presidente y de nuestros gobernantes y sus decisiones, pero, sobre todo, nuestras relaciones con los EE.UU. Las izquierdas latinoamericanas son antiamericanas. La postura hunde sus orígenes en una percepción moral muy peculiar, según la cual el débil siempre es bueno, en tanto el fuerte será siempre malo. Con esa misma postura se juzgan todos los conflictos y relaciones humanas: antirrico, antipaíses desarrollados, antipatrono, antimultinacional, antipático. Esta manera odiosa de observar el mundo termina por generar rompimientos irreconciliables entre las partes y abusa de los poderosos –que no son siempre ni culpables ni malos-.
La petición de Lula y Bachelet de que Colombia explique los acuerdos que pretende establecer con EE.UU. sobre las bases militares en el Consejo de Defensa de Unasur, cuya presidencia asume Correa, es abusiva. Es curioso que ese acuerdo sea objeto de tanto embeleco, cuando tenemos a Chávez con reconocidas ínfulas expansionistas haciendo compras ilimitadas de armas muy poderosas. ¿Dónde está el Consejo de Defensa en este caso? ¿O es que el único enemigo de Suramérica es el capitalismo?
Publicado en El País de Calí, 1 de agosto de 2009
Los colombianos hemos tenido que soportar el saqueo de un grupo de izquierda revolucionaria que no sólo ha irrespetado la vida, honra y bienes de todas las esferas sociales del país, sino que ha demostrado un insufrible deseo de persistir aun sin el apoyo de la población colombiana. El discurso de izquierda –a pesar de los esfuerzos del Polo- está desgastado por la guerrilla. Mientras haya guerrilla, la izquierda tendrá resistencia en las bases electorales que deciden la elección presidencial.
Aun así, nuestro vecindario puede tener incidencias sobre nuestras decisiones y nuestro futuro. Al explorar algunas de las características podemos prever la manera como su influencia nos puede afectar.
El movimiento de los vecinos está muy bien organizado: se reúne habitualmente en el Foro de Sao Pablo, una organización que se pretende la heredera de la Unión Soviética, comandada por Fidel Castro. La primera reunión fue convocada por Lula en 1990. Hacen parte por Colombia las Farc y el ELN, además el Ejército zapatista de México, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fsln, de Nicaragua; la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, Urng; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Fmln, de El Salvador y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México, entre otros. En 1995 se unió Chávez, quien tuvo oportunidad de hacer amistad con ‘Raúl Reyes’. Los tentáculos del pulpo se extienden, apoyan candidaturas en los países latinoamericanos como Ollanta Humala en Perú, Balbina en Panamá, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua.
En las declaraciones del Foro brilla la oposición contra el Plan Colombia y no es difícil saber cuál de los asistentes abogó por esa causa, consecuentemente todos los vecinos adeptos al Foro han criticado con vehemencia el Plan.
Están, además, caracterizados por un flaco respeto por la soberanía de las naciones. Es así como esos líderes opinan y critican decisiones eminentemente soberanas de nuestro país, la filiación política del Presidente y de nuestros gobernantes y sus decisiones, pero, sobre todo, nuestras relaciones con los EE.UU. Las izquierdas latinoamericanas son antiamericanas. La postura hunde sus orígenes en una percepción moral muy peculiar, según la cual el débil siempre es bueno, en tanto el fuerte será siempre malo. Con esa misma postura se juzgan todos los conflictos y relaciones humanas: antirrico, antipaíses desarrollados, antipatrono, antimultinacional, antipático. Esta manera odiosa de observar el mundo termina por generar rompimientos irreconciliables entre las partes y abusa de los poderosos –que no son siempre ni culpables ni malos-.
La petición de Lula y Bachelet de que Colombia explique los acuerdos que pretende establecer con EE.UU. sobre las bases militares en el Consejo de Defensa de Unasur, cuya presidencia asume Correa, es abusiva. Es curioso que ese acuerdo sea objeto de tanto embeleco, cuando tenemos a Chávez con reconocidas ínfulas expansionistas haciendo compras ilimitadas de armas muy poderosas. ¿Dónde está el Consejo de Defensa en este caso? ¿O es que el único enemigo de Suramérica es el capitalismo?
Publicado en El País de Calí, 1 de agosto de 2009
sábado, julio 25, 2009
Reelección y poder
Una pregunta que se hacen muchos colombianos es por qué el presidente Uribe no ha dado una respuesta definitiva sobre si aspira a la reelección. La razón, por supuesto, sólo la conoce él mismo, pero hay algunas observaciones sobre la realidad y la política colombiana que ayudan a interpretarla. Lo que acaba de suceder en el Congreso, donde la coalición uribista traicionó lo pactado acertando un duro golpe a la gobernabilidad, es un claro ejemplo de ello.
En una democracia ideal los partidos tienen sólidos compromisos con programas políticos y su respaldo a las iniciativas gubernamentales atiende a que ellas se plieguen a esa visión sobre la realidad. El caso colombiano dista mucho de aquel ensueño. La mayoría de los congresistas están unidos en partidos por mera casualidad y el abanico ideológico es tan amplio como inconsistente. Ello implica que cada congresista es una microempresa electoral; ha de buscar todos los medios que garanticen su futura reelección como cuota individual e irremplazable y atender cada requerimiento gubernamental de acuerdo a su peculiar percepción de lo conveniente.
Esa tensión entre garantizar la reelección y evaluar las iniciativas de acuerdo a su propia noción de lo que el país necesita termina por premiar el interés en la continuidad personal. Las convicciones individuales rara vez son lo suficientemente fuertes y completas para resistir ante el embate de la vanidad. Es así como los congresistas terminan negociando cada iniciativa de acuerdo a su conveniencia particular. Esto no necesariamente implica corrupción. Se refiere, más bien, a buscar posicionarse ante los electores de acuerdo con las expectativas que ellos tienen.
¿Qué espera usted del congresista por el que votó? Los electores colombianos aspiran a diferentes cosas. Algunos quieren oposición, los otros respaldo para el Presidente. Hay quienes desean carreteras, luz, acueducto y obras para su comunidad. Otros buscan beneficios personales o beneficios legales para su sector económico.
Así el Gobierno colombiano tiene que negociar prácticamente con cada congresista para recaudar su apoyo, ofreciendo o comprometiéndose a saciar las aspiraciones del congresista, encaminadas a darse continuidad (que son las aspiraciones de sus electores).
La reelección se convirtió en un mecanismo formidable para mantener la gobernabilidad y presionar el cumplimiento de los pactos partidistas sin negociación individual. Aunque la reelección sea sólo una idea, un presidente con un amplio respaldo popular, como Uribe, puede convertir ese respaldo en una razón suficiente para que los congresistas apoyen su proyecto. Cada congresista presiente que puede obtener réditos electorales al estar cerca del Presidente. La mayoría respeta los pactos de los partidos, no por fidelidad a los compromisos ideológicos sino como un mecanismo para obtener impulso en su propia campaña electoral.
Entre más convencidos están los congresistas de que el Presidente se va a reelegir, más respetan los pactos partidistas y ello da continuidad a los proyectos del Gobierno. La incertidumbre sobre la reelección había mantenido la gobernabilidad. El hecho de que la coalición se haya roto sólo muestra la creciente impresión de que Uribe no será reelegido. Cada congresista vuelve a buscar el impulso para su propia reelección individualmente.
Julio 25 de 2009
En una democracia ideal los partidos tienen sólidos compromisos con programas políticos y su respaldo a las iniciativas gubernamentales atiende a que ellas se plieguen a esa visión sobre la realidad. El caso colombiano dista mucho de aquel ensueño. La mayoría de los congresistas están unidos en partidos por mera casualidad y el abanico ideológico es tan amplio como inconsistente. Ello implica que cada congresista es una microempresa electoral; ha de buscar todos los medios que garanticen su futura reelección como cuota individual e irremplazable y atender cada requerimiento gubernamental de acuerdo a su peculiar percepción de lo conveniente.
Esa tensión entre garantizar la reelección y evaluar las iniciativas de acuerdo a su propia noción de lo que el país necesita termina por premiar el interés en la continuidad personal. Las convicciones individuales rara vez son lo suficientemente fuertes y completas para resistir ante el embate de la vanidad. Es así como los congresistas terminan negociando cada iniciativa de acuerdo a su conveniencia particular. Esto no necesariamente implica corrupción. Se refiere, más bien, a buscar posicionarse ante los electores de acuerdo con las expectativas que ellos tienen.
¿Qué espera usted del congresista por el que votó? Los electores colombianos aspiran a diferentes cosas. Algunos quieren oposición, los otros respaldo para el Presidente. Hay quienes desean carreteras, luz, acueducto y obras para su comunidad. Otros buscan beneficios personales o beneficios legales para su sector económico.
Así el Gobierno colombiano tiene que negociar prácticamente con cada congresista para recaudar su apoyo, ofreciendo o comprometiéndose a saciar las aspiraciones del congresista, encaminadas a darse continuidad (que son las aspiraciones de sus electores).
La reelección se convirtió en un mecanismo formidable para mantener la gobernabilidad y presionar el cumplimiento de los pactos partidistas sin negociación individual. Aunque la reelección sea sólo una idea, un presidente con un amplio respaldo popular, como Uribe, puede convertir ese respaldo en una razón suficiente para que los congresistas apoyen su proyecto. Cada congresista presiente que puede obtener réditos electorales al estar cerca del Presidente. La mayoría respeta los pactos de los partidos, no por fidelidad a los compromisos ideológicos sino como un mecanismo para obtener impulso en su propia campaña electoral.
Entre más convencidos están los congresistas de que el Presidente se va a reelegir, más respetan los pactos partidistas y ello da continuidad a los proyectos del Gobierno. La incertidumbre sobre la reelección había mantenido la gobernabilidad. El hecho de que la coalición se haya roto sólo muestra la creciente impresión de que Uribe no será reelegido. Cada congresista vuelve a buscar el impulso para su propia reelección individualmente.
Julio 25 de 2009
sábado, julio 18, 2009
Izquierda y soberania
Muchos colombianos están preocupados porque el Gobierno está negociando con Estados Unidos la posibilidad de que operaciones militares de ese país se adelanten en bases colombianas. No se trata de una ampliación de nuestros acuerdos militares con EE.UU. sino de utilizar el Plan Colombia, que permite 800 militares y 600 contratistas en actividades de asistencia en Colombia. Además, tendremos colaboración e información para la defensa de nuestra soberanía.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
Resulta curioso que esos mismos que están preocupados aplaudan y soliciten intervenciones que sí azotan nuestra soberanía. Los contingentes de izquierda del mundo intervienen en los asuntos colombianos, aun en contravía de nuestro Gobierno, elegido democráticamente. Ahora un grupo de intelectuales extranjeros de izquierda, encabezados por fervientes defensores de las Farc, vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.
Aparece en la cabeza de los firmantes el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha dicho que en Colombia no hay democracia, que "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia" y que “la OEA estuvo demasiado débil porque no condenó al Gobierno colombiano” por el bombardeo del campamento de ‘Raúl Reyes’.
François Houtart, sociólogo marxista, fue condecorado en el 2008 por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto al que asistió Hugo Chávez, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo. En aquella ocasión, Ortega no sólo calificó al Estado colombiano de terrorista sino que anunció su deseo de dialogar con las Farc, a pesar de que el Gobierno colombiano rechazara su intención. Houtart fue presidente del Tribunal Internacional de Opinión y, en compañía del Polo Democrático y del Grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, condenó al Estado colombiano por acción, permisión y omisión en la violación de los derechos humanos. El presidente Uribe fue acusado de delitos de lesa humanidad y declarado responsable del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.
James Petras, un verdadero amante de las Farc, fue quien le contestó a José Saramago cuando el Nobel dijo que las Farc no eran comunistas, sino una banda armada que “se dedica a secuestrar y asesinar, violando los derechos humanos”. Petras los pinta como los más nobles defensores de los colombianos y denuncia el abrupto rompimiento de las negociaciones de paz por parte del gobierno Pastrana, como prueba de las buenas intenciones de las Farc. Basta finalmente este fragmento de esa carta: “La guerrilla –las Farc y el ELN– son hoy, y fueron siempre, guerrillas. Están armadas porque tienen que estarlo, porque Colombia necesita cambios básicos y el sistema político no permite otros medios, incluidas elecciones que se celebren sin terror ni intimidación. Usted tiene derecho a opinar, pero las circunstancias, el contexto y la sustancia de sus comentarios sólo pueden entenderse como elementos que fortalecen a los líderes terroristas y a las Fuerzas Militares de Colombia”.
Para completar el plato, están españoles de izquierda, como Santiago Alba y Belén Gopegui -firme defensora de la revolución cubana-, quienes entrevistaron a Milton Hernández, del ELN, y que sobre la captura de Rodrigo Granda, ‘canciller’ de las Farc, dijeron que era un secuestro. Varias veces han defendido a las Farc como precursoras del movimiento bolivariano.
sábado, julio 11, 2009
La reforma tributaria
Colombia ha hecho un esfuerzo significativo para enfrentar a la narcoguerrilla de las Farc, los nuevos brotes de paramilitarismo y las mafias. Nos ha costado la vida de muchos hombres de las Fuerzas Armadas, el tiempo de la reorganización del Ejército y la Policía y muchos recursos económicos. Pero los resultados son significativos. Los municipios, abandonados desde hacía mucho por las fuerzas del orden, volvieron a tener Policía, se recuperó la movilidad en las vías, los campesinos y los industriales del agro pudieron volver al campo a producir, los empresarios sintieron la seguridad para generar y ampliar sus negocios y los jóvenes no tuvieron que seguir en ese proceso sórdido de expatriación.
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
En ese sentido, la reforma tributaria que pretende financiar la capacidad de defensa del Estado es indispensable. El cobro del impuesto de guerra termina el próximo año y para darle continuidad a la Política de Seguridad Democrática es necesario un esfuerzo económico adicional.
Colombia es un país con mucho potencial, pero la inseguridad es la barrera que nos impide materializarlo. Por eso, la seguridad es uno de los bienes que más valoramos. Ello lo demuestra el hecho de que la seguridad privada facturó $3,8 billones en el 2008 (por encima de las flores, con $2,3 billones, y el banano, con $1,5 billones). Un dato muy interesante es que las empresas de vigilancia armadas representan 75% de la facturación del sector. Se trata de una inversión gigantesca, sólo superada en Latinoamérica por Brasil y México, cuyas poblaciones sobrepasan ampliamente la nuestra.
Sobreviene la cuestión de quiénes deberían contribuir en la financiación de la defensa y que, según los cálculos del Gobierno, nos costará cerca de un billón de pesos anuales. Idealmente, debería ser un impuesto de amplia cobertura, para que todos los colombianos pudieran sentirse representados en la lucha contra los flagelos que más daño nos hacen. Pero en los momentos de crisis un impuesto general puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico.
En la propuesta del Gobierno se cobrará el 0,4% a los patrimonios entre $2.000 millones y $3.000 millones y 0,6% después de $3.000 millones, con lo que se alcanzará un recaudo de $1,3 billones. Ello significa que los 9.200 patrimonios más grandes del país pagarán el impuesto. Castigar la riqueza puede desestimular el crecimiento, pero al mismo tiempo parece justo pensar que quienes más tienen están en capacidad de contribuir más.
Sea oportuno anotar que a estas dolorosas reformas tributarias contribuye la cultura de evasión, enquistada en algunos de los grandes grupos económicos. Es el caso del Grupo Santo Domingo (cuya inexistencia está certificada por la Superintendencia Financiera), que logró utilizar la exención que la ley fiscal creó en favor de los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa que posean menos del 10% del capital social de una compañía, para no pagar un solo centavo de impuestos después de vender el 71,7% de Bavaria S.A. a la multinacional Sab Miller. Evadió la suma de US$1.200 millones. Desafortunadamente, esta práctica es muy frecuente entre los grandes grupos económicos, con honrosas excepciones.
Discutiéndose la financiación de la seguridad tenemos que reconocer que rebasa los límites de la contabilidad. Es una inversión para mantener el empleo y garantizar la persistencia de los negocios a largo plazo.
11 de julio 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul112009/PRI
sábado, julio 04, 2009
¿Ecuador no entiende?
La orden de captura que expidió Ecuador contra el ex ministro Juan Manuel Santos es, efectivamente, una afrenta contra nuestra Nación. Colombia ha sido muy respetuosa en las relaciones internacionales y el bombardeo que se hizo en la frontera con Ecuador no puede considerarse un ataque a ese país. Todo lo contrario, es una defensa ante la agresión permanente, terrorífica y depredadora de las Farc. Se trata de un acto justo, que no afecta al vecino país y que, incluso, lo protege de que los tentáculos de esa organización se asienten allá.
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
4 de julio de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/jul042009/PRI
sábado, junio 27, 2009
Justicia y medios
Justicia y medios
Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.
Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.
Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.
Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.
Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?
Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?
¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?
27 de junio de 2009
Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.
Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.
Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.
Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.
Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?
Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?
¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?
27 de junio de 2009
sábado, junio 20, 2009
Justicia, ¿forma de lucha?
Cuando los ideólogos de extrema izquierda hablan de utilizar todas las formas de lucha para conquistar el poder, en general, interpretamos que se trata de la combinación de los mecanismos de la política y la utilización de la violencia para amedrentar a la sociedad y aniquilar a los líderes de los otros sectores.
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
Pero hay ‘formas de lucha’ cuyo verdadero potencial había sido desconocido hasta ahora: la justicia y la ley. Las formas de la ley pueden ser utilizadas para liquidar a los adversarios políticos y para conquistar lo que no se consigue en las urnas y que la violencia no ha logrado sepultar.
Chávez ha sido un experto en la materia y empieza a propinar severos golpes ‘institucionales’ para debilitar y acabar con la oposición. Sobresalen la persecución al ex gobernador Rosales y al canal de televisión Rtvc. Les entabló acciones legales -amañadas y tramposas-, pero cobijadas por el manto de la legalidad.
Colombia puede estar frente a un caso similar, aunque más complejo. En Venezuela el Gobierno controla todas las instituciones y la persecución es evidente. En nuestro país, en cambio, se dice que el Gobierno controla todo, pero los únicos en la cárcel y con procesos que avanzan son los partidarios de éste.
No es claro cuál es el propósito de la Corte Suprema. Nadie sabe sus orígenes políticos, desconocemos si tienen objetivos políticos y permaneceremos sin saberlo, pues su elección por cooptación garantiza pactos inquebrantables entre sus miembros.
Aun así los indicios algo dicen: la Corte Suprema que investiga la ‘parapolítica’ a un ritmo contundente y severo. No sería preocupante si paralelamente a ello se hubieran desarrollado con igual vehemencia las investigaciones por la ‘Farcpolítica’. Más aún, la agilidad de la Corte sería digna de alabanza si los procedimientos con los que se llevan las investigaciones y las pruebas con las que se condena a los congresistas no estuvieran cubiertas por un halo oscuro. Fabio Ortega Márquez, magistrado auxiliar, fue retirado de sus funciones por expresar su opinión divergente en la manera como la Corte ha llevado tales juicios. Puso de presente la tragedia kafkiana de un proceso arbitrario –alejado de toda claridad jurídica- que, en sus propias palabras, le quita el sueño.
Pero, además, la Corte no tiene timidez para afrentar al Presidente. Lo ataca persiguiendo los movimientos políticos que lo favorecen: La ‘Yidispolítica’, la investigación a los congresistas que votaron el referendo y ahora un escándalo por lo que ellos consideran una investigación ilegal.
Como parte de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción los bancos reportan las ‘transacciones sospechosas’ que la Uiaf debe investigar. Si usted o yo somos reportados, sobreviene una investigación.
Algunos magistrados han sido reportados y, en vez de dar explicaciones y hacer públicas sus cuentas, alegan que se trata de una investigación ilegal. Es legal, es el cumplimento de una función ¿o será que los magistrados son ciudadanos especiales que se salen del control de los organismos del Estado?
Vale la pena reflexionar otra vez sobre la configuración de una corte que se autoelige y se autojuzga y ahora pretende estar por fuera de cualquier control.
20 de junio de 2009
sábado, junio 13, 2009
Administrar el Ambiente
El diseño autónomo de las CAR ha dado lugar a que se conviertan en entes politizados y a que sus funciones se ejerzan sin control. Hay casos donde las directrices del Ministerio de Ambiente son desconocidas, como sucedió no hace mucho con Cardique, que aplicó una excepción de inconstitucionalidad para derogar una de las resoluciones del Ministerio que protegen los manglares y autorizó la destrucción de los relictos de manglar.
Hay casos más desconsoladores, como la extracción de madera en el Chocó, donde la función del Ministerio contribuye a la destrucción de la biodiversidad. Esa tarea en esa área se hace incumpliendo preceptos legales: los planes de manejo ambiental de los extractores son casi idénticos, hechos por un mismo ingeniero, sin censos serios. Codechocó no hace visitas a los permisos de aprovechamiento, pues –según ellos- no tienen recursos para hacerlo (aunque la ley establece que éstas deberían ser costeadas por el aprovechador). Pero, lo que es peor, ni siquiera lleva control formal de los saldos de especies autorizadas en los permisos: con cada extracción el saldo aumenta en vez de bajar. Para mayor oprobio: el Ministerio creía que Codechocó tenía una oficina para el control de los productos maderables en San Juan. Luego de una visita se descubrió que no existe desde hace años; el funcionario despacha, prácticamente, desde Buenaventura.
En Codechocó se ‘perdieron’ 700 salvoconductos y denunciaron el hurto sin siquiera incluir los números seriales de los documentos y, por supuesto, esos documentos sirvieron para amparar madera ilegal. Durante tres años la Corporación no cumplió con la obligación legal de reportar al Ministerio sobre la emisión de salvoconductos y los volúmenes explotados por especie.
Aún así, Codechocó solicitó al Ministerio nuevos cupos de aprovechamiento, presentó los reportes omitidos y sin mayores estudios, sin importar la manera irresponsable como se extrae la madera, el Ministerio le otorgó un nuevo cupo de 1,4 millones de metros cuadrados de madera de bosque natural.
En abril, un alud casi destruyó Puerto Libertador-Córdoba, debido a la extracción ilegal de oro que realizan varias máquinas en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de Paramillo. El Presidente ordenó la acción de las autoridades, pero la CAR no se dio por aludida y hasta hace dos días todo seguía igual.
Otro caso insigne es el blanqueamiento de madera de Corpourabá, que hasta hace poco tiempo multaba al infractor con cargamento ilegal de madera y le devolvía la madera.
Estas situaciones muestran la necesidad de repensar el diseño de las autoridades ambientales. La descentralización es importante, porque pone en cabeza de las autoridades locales elegidas popularmente los problemas que los afectan directamente. Pero la desconexión de las CAR frente al Ministerio y frente a la población las vuelve entes inútiles en una democracia, pues no existe doliente en sus acciones y no hay cómo presionar ni participar. Más aún después de que la Corte Constitucional validó la tesis de la CAR Cundinamarca de que las consultas populares no se les aplican a las CAR y el municipio de Nemocón realizó una consulta en la que la población rechazó la construcción de un basurero en su territorio, pero éste aún se construye.
13 de junio de 2009
Hay casos más desconsoladores, como la extracción de madera en el Chocó, donde la función del Ministerio contribuye a la destrucción de la biodiversidad. Esa tarea en esa área se hace incumpliendo preceptos legales: los planes de manejo ambiental de los extractores son casi idénticos, hechos por un mismo ingeniero, sin censos serios. Codechocó no hace visitas a los permisos de aprovechamiento, pues –según ellos- no tienen recursos para hacerlo (aunque la ley establece que éstas deberían ser costeadas por el aprovechador). Pero, lo que es peor, ni siquiera lleva control formal de los saldos de especies autorizadas en los permisos: con cada extracción el saldo aumenta en vez de bajar. Para mayor oprobio: el Ministerio creía que Codechocó tenía una oficina para el control de los productos maderables en San Juan. Luego de una visita se descubrió que no existe desde hace años; el funcionario despacha, prácticamente, desde Buenaventura.
En Codechocó se ‘perdieron’ 700 salvoconductos y denunciaron el hurto sin siquiera incluir los números seriales de los documentos y, por supuesto, esos documentos sirvieron para amparar madera ilegal. Durante tres años la Corporación no cumplió con la obligación legal de reportar al Ministerio sobre la emisión de salvoconductos y los volúmenes explotados por especie.
Aún así, Codechocó solicitó al Ministerio nuevos cupos de aprovechamiento, presentó los reportes omitidos y sin mayores estudios, sin importar la manera irresponsable como se extrae la madera, el Ministerio le otorgó un nuevo cupo de 1,4 millones de metros cuadrados de madera de bosque natural.
En abril, un alud casi destruyó Puerto Libertador-Córdoba, debido a la extracción ilegal de oro que realizan varias máquinas en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de Paramillo. El Presidente ordenó la acción de las autoridades, pero la CAR no se dio por aludida y hasta hace dos días todo seguía igual.
Otro caso insigne es el blanqueamiento de madera de Corpourabá, que hasta hace poco tiempo multaba al infractor con cargamento ilegal de madera y le devolvía la madera.
Estas situaciones muestran la necesidad de repensar el diseño de las autoridades ambientales. La descentralización es importante, porque pone en cabeza de las autoridades locales elegidas popularmente los problemas que los afectan directamente. Pero la desconexión de las CAR frente al Ministerio y frente a la población las vuelve entes inútiles en una democracia, pues no existe doliente en sus acciones y no hay cómo presionar ni participar. Más aún después de que la Corte Constitucional validó la tesis de la CAR Cundinamarca de que las consultas populares no se les aplican a las CAR y el municipio de Nemocón realizó una consulta en la que la población rechazó la construcción de un basurero en su territorio, pero éste aún se construye.
13 de junio de 2009
sábado, junio 06, 2009
¿Equilibrio de poderes?
Está en boga hablar sobre el sistema de frenos y contrapesos que imaginara Montesquieu: un estado donde el poder está dividido y las ramas son independientes, pero hay controles de unas a otras que limitan el abuso del poder y garantizan la libertad política. La Constitución de 1991 no logró ese objetivo; estableció un Poder Judicial desbordado, al servicio de los intereses de los magistrados, cuyas consecuencias son hoy patentes:
La Corte Suprema de Justicia no sólo juzga sino que investiga a los congresistas. Un oprobio en cualquier sistema jurídico. Las funciones instructivas difieren mucho de las de juzgamiento, las pruebas del periodo instructivo van dirigidas a descubrir el delito y para juzgar y condenar la plena prueba requiere estándares cuantitativa y cualitativamente superiores, exigencia que la Corte ha desconocido en las condenas contra congresistas.
Insiste la Corte en fallar en única instancia, lo que contradice los derechos del hombre, que reconocen como fundamental el derecho a un juicio con doble instancia. Este solo hecho ya vuelve nulos todos los procesos que ha seguido la Corte a los congresistas. Pero si ello no fuera suficiente, la Corte decidió prohibir los salvamentos de voto y eliminó de las providencias el nombre del magistrado ponente. Estos son elementos fundamentales del juez colegiado que garantizan la responsabilidad de los magistrados y la evolución de la jurisprudencia. Al mismo tiempo, un magistrado escondido dentro del grupo se asemeja mucho a los ‘jueces sin rostro’ que, junto con la única instancia, son practicas reprobadas por los estándares internacionales de administración de justicia.
La Constitución, además, consagró la impunidad de los magistrados de la Corte, pues estableció que ellos son sus propios jueces. El Artículo 174 dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que contra los magistrados formule la Cámara de Representantes, pero el Artículo 175 dice que, en esos juicios, “si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia” y “si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema”. Mientras los magistrados de la Corte condenan a largas penas a los integrantes de las otras dos ramas del poder público, para ellos la Justicia es otra: ellos se autojuzgan.
Los magistrados de la Corte Suprema son supremos en todo el sentido de la palabra: investigan y juzgan en única instancia, sin rostro, condenan y sobre sus delitos ellos mismos deciden. El congreso les teme –y con mucha razón- y poco falta para que su persecución al Presidente rinda frutos. Los supremos acaban de iniciar investigación a todos los congresistas que votaron el referendo y condenan con dudosas pruebas en la ‘yidispolitica’ para llegar al Presidente.
La independencia de las ramas es inexistente: los jueces tienen en sus manos al Congreso y al Ejecutivo. Decía Monstesquieu. “El poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre” debe configurarse de manera que “se tema la magistratura y no se tema a los magistrados”.
La Corte Suprema de Justicia no sólo juzga sino que investiga a los congresistas. Un oprobio en cualquier sistema jurídico. Las funciones instructivas difieren mucho de las de juzgamiento, las pruebas del periodo instructivo van dirigidas a descubrir el delito y para juzgar y condenar la plena prueba requiere estándares cuantitativa y cualitativamente superiores, exigencia que la Corte ha desconocido en las condenas contra congresistas.
Insiste la Corte en fallar en única instancia, lo que contradice los derechos del hombre, que reconocen como fundamental el derecho a un juicio con doble instancia. Este solo hecho ya vuelve nulos todos los procesos que ha seguido la Corte a los congresistas. Pero si ello no fuera suficiente, la Corte decidió prohibir los salvamentos de voto y eliminó de las providencias el nombre del magistrado ponente. Estos son elementos fundamentales del juez colegiado que garantizan la responsabilidad de los magistrados y la evolución de la jurisprudencia. Al mismo tiempo, un magistrado escondido dentro del grupo se asemeja mucho a los ‘jueces sin rostro’ que, junto con la única instancia, son practicas reprobadas por los estándares internacionales de administración de justicia.
La Constitución, además, consagró la impunidad de los magistrados de la Corte, pues estableció que ellos son sus propios jueces. El Artículo 174 dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que contra los magistrados formule la Cámara de Representantes, pero el Artículo 175 dice que, en esos juicios, “si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia” y “si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema”. Mientras los magistrados de la Corte condenan a largas penas a los integrantes de las otras dos ramas del poder público, para ellos la Justicia es otra: ellos se autojuzgan.
Los magistrados de la Corte Suprema son supremos en todo el sentido de la palabra: investigan y juzgan en única instancia, sin rostro, condenan y sobre sus delitos ellos mismos deciden. El congreso les teme –y con mucha razón- y poco falta para que su persecución al Presidente rinda frutos. Los supremos acaban de iniciar investigación a todos los congresistas que votaron el referendo y condenan con dudosas pruebas en la ‘yidispolitica’ para llegar al Presidente.
La independencia de las ramas es inexistente: los jueces tienen en sus manos al Congreso y al Ejecutivo. Decía Monstesquieu. “El poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre” debe configurarse de manera que “se tema la magistratura y no se tema a los magistrados”.
sábado, mayo 30, 2009
Valencia: 100 años
Los actos de conmemoración por el centenario del nacimiento de Guillermo León Valencia, en la ciudad de Popayán el pasado miércoles, han relievado la potencia de una personalidad que, como ninguna otra, encarnó las añoranzas de los colombianos y un férreo compromiso con la moral y la patria. Para iniciar el año Valencia se hicieron presentes en el Teatro Municipal el presidente Uribe, el ex presidente Betancur, la ministra de Comunicaciones María del Rosario Guerra, el ex designado Gustavo Balcázar, el contralor Julio César Turbay y otras personalidades cuya sola presencia ya honra la memoria del ex mandatario. También fue inaugurado un museo que exalta su memoria y emitida una estampilla conmemorativa con su efigie.
El ex presidente Betancur pronunció una pieza magistral: “La suavidad de la estructura, su cadencia sonora, la preciosidad con la que fue ensamblado el discurso podrían ocupar todo este escrito”. Valencia, en la palabras de Betancur, fue irrepetible. El presidente Uribe recobró las palabras de Valencia para referirse a él: “Manos firmes como el acero y puras como el oro”. Contó el Mandatario cómo sus ancestros, de origen liberal, habían votado por Valencia y, agradecidos por la paz, siempre dijeron “votamos por Valencia y votaríamos cuantas veces fuera necesario”. Subrayó de Valencia su carácter desprendido, ajeno al complejo de Pigmalión.
Valencia fue un Quijote: solitario, sencillo y con la lanza en ristre para luchar por el ideal. Su memoria se ha ido perdiendo en el tiempo, porque él nunca buscó honores, los honores lo acompañaron sin que él se embebiera jamás en sus perfumes. Fue un hombre de vigorosa inteligencia y recio carácter. Las puertas de su casa, de su oficina, de su vida y de su corazón siempre estuvieron abiertas. Su contacto con las realidades del pueblo colombiano fue directa y fundamental, a través de la cacería recorrió a pie, en compañía del campesinado, las zonas más apartadas de la geografía nacional y comprendió sus necesidades. Malcom Deas rememoró cómo en las recepciones de Palacio de San Carlos, durante su periodo, se mezclaban todos los colombianos sin distingos. Valencia amó a Colombia y ella lo amó de vuelta con emocionada vehemencia.
Valencia recibió el país con problemas económico serios y un déficit fiscal de enormes proporciones. Cuando se posesionó había declaradas catorce repúblicas independientes y se había vuelto costumbre que los campesinos fueran asesinados, torturados y tajados en ‘cortes franela o corbata’ por las guerrillas de entonces. Valencia fue férreo en su compromiso de no ceder ante la violencia, pues jamás la aceptó como vehículo político, lo que lo consagró como Presidente de la paz. Entre las conquistas de su gobierno vale resaltar el establecimiento de las drogas genéricas, la creación del Inem, el aumento de la cobertura de la educación en un 20%, la creación de la Junta Monetaria, más de 60.000 viviendas de interés social y el Plan Vallejo para aliviar la devaluación. Triplicó el presupuesto de la Universidad Nacional. Su reforma laboral fue vindicada por las centrales obreras como la mayor conquista laboral de todos los tiempos. Vale recordar que el día en que Valencia salió del Palacio de San Carlos, una manifestación gigantesca y agradecida –que superaba a la que le daba la bienvenida al nuevo Presidente- lo despedía en la puerta trasera del Palacio.
30 de mayo de 2009
El ex presidente Betancur pronunció una pieza magistral: “La suavidad de la estructura, su cadencia sonora, la preciosidad con la que fue ensamblado el discurso podrían ocupar todo este escrito”. Valencia, en la palabras de Betancur, fue irrepetible. El presidente Uribe recobró las palabras de Valencia para referirse a él: “Manos firmes como el acero y puras como el oro”. Contó el Mandatario cómo sus ancestros, de origen liberal, habían votado por Valencia y, agradecidos por la paz, siempre dijeron “votamos por Valencia y votaríamos cuantas veces fuera necesario”. Subrayó de Valencia su carácter desprendido, ajeno al complejo de Pigmalión.
Valencia fue un Quijote: solitario, sencillo y con la lanza en ristre para luchar por el ideal. Su memoria se ha ido perdiendo en el tiempo, porque él nunca buscó honores, los honores lo acompañaron sin que él se embebiera jamás en sus perfumes. Fue un hombre de vigorosa inteligencia y recio carácter. Las puertas de su casa, de su oficina, de su vida y de su corazón siempre estuvieron abiertas. Su contacto con las realidades del pueblo colombiano fue directa y fundamental, a través de la cacería recorrió a pie, en compañía del campesinado, las zonas más apartadas de la geografía nacional y comprendió sus necesidades. Malcom Deas rememoró cómo en las recepciones de Palacio de San Carlos, durante su periodo, se mezclaban todos los colombianos sin distingos. Valencia amó a Colombia y ella lo amó de vuelta con emocionada vehemencia.
Valencia recibió el país con problemas económico serios y un déficit fiscal de enormes proporciones. Cuando se posesionó había declaradas catorce repúblicas independientes y se había vuelto costumbre que los campesinos fueran asesinados, torturados y tajados en ‘cortes franela o corbata’ por las guerrillas de entonces. Valencia fue férreo en su compromiso de no ceder ante la violencia, pues jamás la aceptó como vehículo político, lo que lo consagró como Presidente de la paz. Entre las conquistas de su gobierno vale resaltar el establecimiento de las drogas genéricas, la creación del Inem, el aumento de la cobertura de la educación en un 20%, la creación de la Junta Monetaria, más de 60.000 viviendas de interés social y el Plan Vallejo para aliviar la devaluación. Triplicó el presupuesto de la Universidad Nacional. Su reforma laboral fue vindicada por las centrales obreras como la mayor conquista laboral de todos los tiempos. Vale recordar que el día en que Valencia salió del Palacio de San Carlos, una manifestación gigantesca y agradecida –que superaba a la que le daba la bienvenida al nuevo Presidente- lo despedía en la puerta trasera del Palacio.
30 de mayo de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/may302009/PRI
sábado, mayo 23, 2009
El referendo
Muchos compatriotas se han mostrado preocupados por los efectos del referendo. La cuestión que subyace al debate es la siguiente: la legitimidad de la Constitución proviene del pueblo, poder soberano en las democracias. Si ese poder desea modificar los sistemas o los diseños institucionales o si desea permitir la reelección, qué debe pesar más: ¿el poder el pueblo o ese diseño consagrado en la Constitución? Más aún, ¿si la Carta establece normas mediante las cuales es posible reformar su propio articulado, ha de tener límites lo que puede ser reformado?
El referendo no reelige a Uribe. El referendo consulta al pueblo sobre su deseo de modificar la Constitución, de manera que sea posible elegir, por un tercer período consecutivo, a cualquier presidente de nuestro país. No se trata, entonces, de perpetuar el poder, sino de una legítima deliberación puesta en manos de todos los colombianos, para que seamos nosotros quienes decidamos. La reelección de Uribe sólo será posible si él decide ir al debate electoral y derrota a los demás candidatos.
Así las cosas, la Corte Constitucional, al hacer su análisis sobre el asunto, deberá resolver si le es dado al intérprete limitar los temas sobre los cuales puede ser reformada la Constitución y sobre los límites de un poder que ésta misma ha denominado soberano.
Pero este es el menor de los problemas que enfrenta la aprobación del referendo. A las dificultades del trámite ahora se le suma el nombramiento de los congresistas encargados de la conciliación. Es evidente la falla del sistema. Ese nombramiento puede hacerse de manera que se excluya el sentir mayoritario de las cámaras, dejando sólo a los miembros de la oposición para propiciar un hundimiento del referendo poco democrático. Surge nuevamente la pregunta sobre el valor que ha de tener la participación democrática y los deseos de las mayorías.
Un grupo muy significativo de colombianos ha propuesto consultar al pueblo para que éste dictamine si se debe modificar la Constitución para que la segunda reelección sea posible. Nadie espera que la oposición se pliegue a la reelección, lo que sí sorprende es la reticencia para aprobar una consulta democrática sobre un tema que nos ocupa a todos. Una cosa son los argumentos contra el Gobierno y otra el diseño de las instituciones. Para profundizar sobre los que se refieren a la esencia misma del Estado, es necesario separar ambos debates y dar los argumentos teóricos que le permitan a la sociedad comprender las virtudes y defectos de la reforma.
La cuestión es quién debe decidir sobre si es beneficioso o no. ¿Sólo los expertos? ¿Los ex presidentes? ¿Los congresistas? Pues existiendo una propuesta que pretende darle al tema un debate democrático, con participación ciudadana, parece éste el mecanismo más idóneo.
Las declaraciones de Uribe sobre la inconveniencia de perpetuar al Presidente relievan la naturaleza compleja del debate. Hay muchos argumentos importantes sobre las dificultades de que un presidente pueda reelegirse dos veces, precisamente por eso resulta cada vez más apropiado que esta decisión provenga de la voluntad de las mayorías.
Quienes valoran la democracia y entienden la dificultad de tomar decisiones que nos afectan a todos han de encontrar en el referendo un aliado: la voz del pueblo delibera y asume sus propios dictámenes.
23 de mayo de 2009
El referendo no reelige a Uribe. El referendo consulta al pueblo sobre su deseo de modificar la Constitución, de manera que sea posible elegir, por un tercer período consecutivo, a cualquier presidente de nuestro país. No se trata, entonces, de perpetuar el poder, sino de una legítima deliberación puesta en manos de todos los colombianos, para que seamos nosotros quienes decidamos. La reelección de Uribe sólo será posible si él decide ir al debate electoral y derrota a los demás candidatos.
Así las cosas, la Corte Constitucional, al hacer su análisis sobre el asunto, deberá resolver si le es dado al intérprete limitar los temas sobre los cuales puede ser reformada la Constitución y sobre los límites de un poder que ésta misma ha denominado soberano.
Pero este es el menor de los problemas que enfrenta la aprobación del referendo. A las dificultades del trámite ahora se le suma el nombramiento de los congresistas encargados de la conciliación. Es evidente la falla del sistema. Ese nombramiento puede hacerse de manera que se excluya el sentir mayoritario de las cámaras, dejando sólo a los miembros de la oposición para propiciar un hundimiento del referendo poco democrático. Surge nuevamente la pregunta sobre el valor que ha de tener la participación democrática y los deseos de las mayorías.
Un grupo muy significativo de colombianos ha propuesto consultar al pueblo para que éste dictamine si se debe modificar la Constitución para que la segunda reelección sea posible. Nadie espera que la oposición se pliegue a la reelección, lo que sí sorprende es la reticencia para aprobar una consulta democrática sobre un tema que nos ocupa a todos. Una cosa son los argumentos contra el Gobierno y otra el diseño de las instituciones. Para profundizar sobre los que se refieren a la esencia misma del Estado, es necesario separar ambos debates y dar los argumentos teóricos que le permitan a la sociedad comprender las virtudes y defectos de la reforma.
La cuestión es quién debe decidir sobre si es beneficioso o no. ¿Sólo los expertos? ¿Los ex presidentes? ¿Los congresistas? Pues existiendo una propuesta que pretende darle al tema un debate democrático, con participación ciudadana, parece éste el mecanismo más idóneo.
Las declaraciones de Uribe sobre la inconveniencia de perpetuar al Presidente relievan la naturaleza compleja del debate. Hay muchos argumentos importantes sobre las dificultades de que un presidente pueda reelegirse dos veces, precisamente por eso resulta cada vez más apropiado que esta decisión provenga de la voluntad de las mayorías.
Quienes valoran la democracia y entienden la dificultad de tomar decisiones que nos afectan a todos han de encontrar en el referendo un aliado: la voz del pueblo delibera y asume sus propios dictámenes.
23 de mayo de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/may162009/PRI
sábado, mayo 16, 2009
El que peca y reza
El sistema penal acusatorio que se impuso en el país con la Constitución del 91 ha mostrado muchas deficiencias. El primer modelo, un híbrido del acusatorio, resultó un engendro donde los fiscales dictaban medidas de aseguramiento contra los acusados sin que mediara la decisión judicial. Se acuñó entonces el dicho: “Una orden de detención no se le niega a nadie”.
Solventada esa y otras cuestiones, ahora estamos frente a un sistema más puro, semejante al norteamericano, pero cuya aplicación criolla vulnera principios sistemáticos. Por una parte, la cadena de custodia, esto es la manera como se practican las pruebas y se conservan, es muy deficiente. La Fiscalía, los jueces y las cortes no la han interpretado con la seriedad que debieran. No hacerlo genera una grave desproporción frente a los sindicados y cabe recordar que el ciudadano acusado debe defenderse contra la fuerza del Estado encarnado en la Fiscalía. Para prevenir abusos y atropellos –que podrían ocurrir con facilidad- existen procedimientos precisos y rígidos para validar las pruebas. No todo lo que hay, se sabe o aparece se puede usar en un proceso; hay límites que defienden la situación de inferioridad del acusado frente al ente investigador.
La creciente tendencia de los delincuentes de llegar a acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas o incluso para librarse de ellas es un asunto que merece una revisión. Se ha convertido en ‘buen negocio’ aceptar propuestas del ente investigador, pero ello puede tener efectos devastadores en la incipiente justicia nacional.
Cada vez son más los delincuentes que se animan a contar hechos de los que no hay otras pruebas más que sus palabras, con el incentivo perverso de que entre ‘más patos eche al agua’ mayores prebendas y beneficios recibirá. Es claro que los delincuentes –sentenciados por hechos más graves- no tienen reparos al mentir por su conveniencia, pero ello tampoco parece afectar la valoración que hacen fiscal y juez de tales testimonios.
Para muchos acusados inocentes resulta mejor aceptar las culpas sobre delitos que no cometieron, pues lo contrario es asumir un proceso -sobre el cual no se tiene certeza- que daría lugar a una detención preventiva, en muchos casos igual a la que resulta de la negociación. Lo más grave de estas ‘confesiones’ de mero testimonio impulsado por las ofertas tentadoras de la Fiscalía es que se asumen como ciertas. Más aun, se utilizan como prueba para vincular a otros ciudadanos. Es una cadena perniciosa: si yo mañana confieso que planeé y ejecuté un delito con usted, señor lector, me condenan e irán por usted, cuya defensa será imposible, pues media en su contra mi propia condena.
Más tropiezos: los colombianos confundimos la labor investigativa de la Fiscalía, enfocada en buscar la culpabilidad, con la tarea de juzgamiento del juez que ha de valorar el conglomerado probatorio para determinar si hay plena prueba. Las acusaciones de la Fiscalía son sólo eso, hipótesis. La presunción de inocencia es crucial: si existe una posibilidad pensable y creíble de que el acusado no cometió el delito, éste debe ser absuelto. El poder del Estado, superior al del sindicado, debe demostrar plenamente la culpabilidad, no sólo con indicios o suposiciones. La defensa consiste en mostrar un escenario que dé lugar a la duda razonable de su culpa, pues siempre será mejor tener un culpable libre que un inocente preso.
16 de mayo de 2009
Solventada esa y otras cuestiones, ahora estamos frente a un sistema más puro, semejante al norteamericano, pero cuya aplicación criolla vulnera principios sistemáticos. Por una parte, la cadena de custodia, esto es la manera como se practican las pruebas y se conservan, es muy deficiente. La Fiscalía, los jueces y las cortes no la han interpretado con la seriedad que debieran. No hacerlo genera una grave desproporción frente a los sindicados y cabe recordar que el ciudadano acusado debe defenderse contra la fuerza del Estado encarnado en la Fiscalía. Para prevenir abusos y atropellos –que podrían ocurrir con facilidad- existen procedimientos precisos y rígidos para validar las pruebas. No todo lo que hay, se sabe o aparece se puede usar en un proceso; hay límites que defienden la situación de inferioridad del acusado frente al ente investigador.
La creciente tendencia de los delincuentes de llegar a acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas o incluso para librarse de ellas es un asunto que merece una revisión. Se ha convertido en ‘buen negocio’ aceptar propuestas del ente investigador, pero ello puede tener efectos devastadores en la incipiente justicia nacional.
Cada vez son más los delincuentes que se animan a contar hechos de los que no hay otras pruebas más que sus palabras, con el incentivo perverso de que entre ‘más patos eche al agua’ mayores prebendas y beneficios recibirá. Es claro que los delincuentes –sentenciados por hechos más graves- no tienen reparos al mentir por su conveniencia, pero ello tampoco parece afectar la valoración que hacen fiscal y juez de tales testimonios.
Para muchos acusados inocentes resulta mejor aceptar las culpas sobre delitos que no cometieron, pues lo contrario es asumir un proceso -sobre el cual no se tiene certeza- que daría lugar a una detención preventiva, en muchos casos igual a la que resulta de la negociación. Lo más grave de estas ‘confesiones’ de mero testimonio impulsado por las ofertas tentadoras de la Fiscalía es que se asumen como ciertas. Más aun, se utilizan como prueba para vincular a otros ciudadanos. Es una cadena perniciosa: si yo mañana confieso que planeé y ejecuté un delito con usted, señor lector, me condenan e irán por usted, cuya defensa será imposible, pues media en su contra mi propia condena.
Más tropiezos: los colombianos confundimos la labor investigativa de la Fiscalía, enfocada en buscar la culpabilidad, con la tarea de juzgamiento del juez que ha de valorar el conglomerado probatorio para determinar si hay plena prueba. Las acusaciones de la Fiscalía son sólo eso, hipótesis. La presunción de inocencia es crucial: si existe una posibilidad pensable y creíble de que el acusado no cometió el delito, éste debe ser absuelto. El poder del Estado, superior al del sindicado, debe demostrar plenamente la culpabilidad, no sólo con indicios o suposiciones. La defensa consiste en mostrar un escenario que dé lugar a la duda razonable de su culpa, pues siempre será mejor tener un culpable libre que un inocente preso.
16 de mayo de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/may092009/PRI
sábado, mayo 09, 2009
Comunidad europea
Catherine Ashton, comisaria europea de Comercio, al referirse a la negociación del TLC entre la Unión Europea, UE, y Colombia, dijo que están estudiando la situación de derechos humanos, pues hay "datos que nos preocupan".
A su turno, la presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Héléne Flautre, pidió que la UE fuera "más audaz y contundente" para defender los derechos humanos en Colombia, para lo cual debe "usar su influencia para conseguir cambios reales" en las políticas del Gobierno, refiriéndose a esa negociación comercial que adelanta nuestro país. Según ella, “la UE dispone de medios de influencia importantes que sería incoherente no utilizar".
Se trata nada menos de una nueva y atosigante actitud que los gobernantes de los países desarrollados han adoptado frente a los que están en vía de desarrollo. En su grandeza se ven avalados para utilizar una negociación eminentemente comercial para sugerir que las violaciones de derechos humanos persisten en Colombia por falta de voluntad del Gobierno y de los ciudadanos. Una actitud ingenua, pero, sobre todo, paternalista e irrespetuosa.
El motor del conflicto armado en Colombia, responsable del crecimiento exponencial de las guerrillas y las mafias, es el narcotráfico. Negocio que se financia del ‘respetable’ consumo que hacen estadounidenses y europeos. Pero no siendo esto suficiente, son esos mismos ‘respetables’ consumidores los que exigen cada vez más fuerza en la lucha contra la droga. Más aún, critican como insuficientes los esfuerzos, siempre crecientes en términos de recursos, violencia y afectación a la población civil, a los que nos sometemos los colombianos para evitar que el polvo maldito llegue a sus ‘respetables’ consumidores.
La consecuencia lógica -no por ello justificable- es que la violación de los derechos humanos en Colombia es creciente. Los enfrentamientos contra las mafias son un factor de desestabilización institucional, aquí y en cualquier lugar del mundo (EE.UU., en la época de Capone, Italia y México). Las guerras tienen esa triste característica: le cuestan a la sociedad vidas y derechos. Los ‘respetables’ lo tienen bien sabido -dos guerras-, pero ahora ya no se acuerdan.
¿Qué puede hacer Colombia para erradicar la violación de los derechos humanos?
Es una pregunta muy seria y difícil. Si hubiera una solución simple, ya se habría implementado, aquí y en todos los países. Pero los ‘respetables’ quieren aprovechar un acuerdo comercial para darnos ‘consejos’. Si los europeos han descubierto la fórmula para evitar la violación de derechos humanos, son irresponsables al esperar una negociación comercial para revelarla.
No la tienen porque no la hay. Se trata de humillar a las naciones menos ricas, pretendiendo una superioridad moral que no tienen. Se trata de vituperar a los líderes tercermundistas haciéndoles sentir que es falta de esfuerzo o de compromiso con sus naciones que prevalezcan los problemas. Se trata de humillar las democracias inestables, para que nos sintamos todos incapaces y agradecidos.
Este nuevo estilo de colonialismo es inaceptable. Es bien sabido que ellos negocian esos TLC usando sus mejores armas para sacar los mayores provechos, sin consideración sobre el bienestar de los otros países. Y eso está bien, no lo critico. Lo que es ridículo es la pretensión hipócrita de que algo más que los euros les importa.
9 de mayo de 2009
A su turno, la presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Héléne Flautre, pidió que la UE fuera "más audaz y contundente" para defender los derechos humanos en Colombia, para lo cual debe "usar su influencia para conseguir cambios reales" en las políticas del Gobierno, refiriéndose a esa negociación comercial que adelanta nuestro país. Según ella, “la UE dispone de medios de influencia importantes que sería incoherente no utilizar".
Se trata nada menos de una nueva y atosigante actitud que los gobernantes de los países desarrollados han adoptado frente a los que están en vía de desarrollo. En su grandeza se ven avalados para utilizar una negociación eminentemente comercial para sugerir que las violaciones de derechos humanos persisten en Colombia por falta de voluntad del Gobierno y de los ciudadanos. Una actitud ingenua, pero, sobre todo, paternalista e irrespetuosa.
El motor del conflicto armado en Colombia, responsable del crecimiento exponencial de las guerrillas y las mafias, es el narcotráfico. Negocio que se financia del ‘respetable’ consumo que hacen estadounidenses y europeos. Pero no siendo esto suficiente, son esos mismos ‘respetables’ consumidores los que exigen cada vez más fuerza en la lucha contra la droga. Más aún, critican como insuficientes los esfuerzos, siempre crecientes en términos de recursos, violencia y afectación a la población civil, a los que nos sometemos los colombianos para evitar que el polvo maldito llegue a sus ‘respetables’ consumidores.
La consecuencia lógica -no por ello justificable- es que la violación de los derechos humanos en Colombia es creciente. Los enfrentamientos contra las mafias son un factor de desestabilización institucional, aquí y en cualquier lugar del mundo (EE.UU., en la época de Capone, Italia y México). Las guerras tienen esa triste característica: le cuestan a la sociedad vidas y derechos. Los ‘respetables’ lo tienen bien sabido -dos guerras-, pero ahora ya no se acuerdan.
¿Qué puede hacer Colombia para erradicar la violación de los derechos humanos?
Es una pregunta muy seria y difícil. Si hubiera una solución simple, ya se habría implementado, aquí y en todos los países. Pero los ‘respetables’ quieren aprovechar un acuerdo comercial para darnos ‘consejos’. Si los europeos han descubierto la fórmula para evitar la violación de derechos humanos, son irresponsables al esperar una negociación comercial para revelarla.
No la tienen porque no la hay. Se trata de humillar a las naciones menos ricas, pretendiendo una superioridad moral que no tienen. Se trata de vituperar a los líderes tercermundistas haciéndoles sentir que es falta de esfuerzo o de compromiso con sus naciones que prevalezcan los problemas. Se trata de humillar las democracias inestables, para que nos sintamos todos incapaces y agradecidos.
Este nuevo estilo de colonialismo es inaceptable. Es bien sabido que ellos negocian esos TLC usando sus mejores armas para sacar los mayores provechos, sin consideración sobre el bienestar de los otros países. Y eso está bien, no lo critico. Lo que es ridículo es la pretensión hipócrita de que algo más que los euros les importa.
9 de mayo de 2009
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/may092009/PRI
domingo, mayo 03, 2009
Valencia y Cali
Mayo 02 de 2009
El pasado 27 de abril celebramos el centenario del nacimiento de Guillermo León Valencia, quien no sólo fue el ‘Presidente de la paz’ sino, sobre todo, el gran promotor de la democracia. Los vínculos de Cali con Valencia son profundos, pero esa unión tuvo su cénit en los episodios del 10 de mayo, que fueron el epílogo para la caída del general Rojas Pinilla.
Cuando el general Rojas mostró sus intensiones de permanecer en el poder más allá del periodo para el que había sido elegido, las fuerzas de la Nación se conjugaron y escogieron de entre su prole dos hombres para enfrentar la debacle: Lleras y Valencia. El primer acto de unión nacional entre los partidos se dio durante 1956. La Universidad del Cauca le confirió el grado Honoris Causa a Valencia y el ex presidente Lleras, director único del Partido Liberal, estuvo en el evento. Valencia, con su poderosa oratoria, entonó un discurso sobre la necesidad del estado de derecho y la defensa de la libertad, la democracia y los partidos políticos, reclamando el derecho del pueblo a elegir libremente al Presidente de la República.
El general Rojas mantenía su cargo bajó la justificación de que, durante el ejercicio de su mandato, la violencia política había cedido, lo que era cierto. El pacto del 20 de marzo de 1957, el Manifiesto Conjunto de los Partidos determinó el nuevo rumbo de la política colombiana, basado en la concordia y el entendimiento. Este era el contexto que dio lugar al Frente Nacional: la voluntad de cambio.
Pero esas palabras debían pasar a hechos concretos. El 8 de abril de 1957 los partidos escogieron a Valencia como candidato nacional para el periodo 1958-1962. Valencia era el líder más prestigioso del conservatismo y tenía las puertas liberales abiertas, porque sus gestas políticas jamás fueron sectarias. Con ese nombre y ese proyecto, desde todos los sectores se exigió al Gobierno que devolviera a los colombianos el derecho de elegir democráticamente a su presidente.
Valencia, con su verbo en la tribuna y un estilógrafo en su mano, recorrió el país agitando el sentir democrático de la Nación y desafiando la opresión del Gobierno. Su palabra vivificadora y su valor a ultranza se derramaron con presteza sobre el país y la movilización popular fue incontenible. Por supuesto, esto no cayó bien en el Gobierno. El 29 de abril de 1957 Valencia fue detenido en Cali por el servicio de inteligencia. Había sostenido varias reuniones: en el Club Colombia y en la Hacienda Menga, de Harold Eder, donde pronunció discursos contra el Gobierno que sacudieron a la ciudadanía y enardecieron los ánimos. Cuando el Gobierno intentó impedir que llegara a Bogotá y lo ‘invitó’ a regresar a Popayán, Valencia fue irreducible y dijo que sólo regresaría muerto.
Este fue el detonante de la caída de Rojas. Cali se indignó: una ola de protestas de profesores, estudiantes, medios de comunicación, industria y clubes se extendió por la ciudad y luego por el país, hasta convertirse en el paro cívico nacional del 6 de mayo. El 3 de mayo, entre una multitud que lo acompañó al aeropuerto cantando el Himno Nacional y agitando pañuelos, Valencia salió de Cali hacia Bogotá.
El próximo 27 de mayo el presidente Uribe se hará presente en Popayán para rendir homenaje a este gran patriota. Los caleños y los colombianos podremos rememorar los esfuerzos que han sido necesarios para mantener la democracia y la libertad.
El pasado 27 de abril celebramos el centenario del nacimiento de Guillermo León Valencia, quien no sólo fue el ‘Presidente de la paz’ sino, sobre todo, el gran promotor de la democracia. Los vínculos de Cali con Valencia son profundos, pero esa unión tuvo su cénit en los episodios del 10 de mayo, que fueron el epílogo para la caída del general Rojas Pinilla.
Cuando el general Rojas mostró sus intensiones de permanecer en el poder más allá del periodo para el que había sido elegido, las fuerzas de la Nación se conjugaron y escogieron de entre su prole dos hombres para enfrentar la debacle: Lleras y Valencia. El primer acto de unión nacional entre los partidos se dio durante 1956. La Universidad del Cauca le confirió el grado Honoris Causa a Valencia y el ex presidente Lleras, director único del Partido Liberal, estuvo en el evento. Valencia, con su poderosa oratoria, entonó un discurso sobre la necesidad del estado de derecho y la defensa de la libertad, la democracia y los partidos políticos, reclamando el derecho del pueblo a elegir libremente al Presidente de la República.
El general Rojas mantenía su cargo bajó la justificación de que, durante el ejercicio de su mandato, la violencia política había cedido, lo que era cierto. El pacto del 20 de marzo de 1957, el Manifiesto Conjunto de los Partidos determinó el nuevo rumbo de la política colombiana, basado en la concordia y el entendimiento. Este era el contexto que dio lugar al Frente Nacional: la voluntad de cambio.
Pero esas palabras debían pasar a hechos concretos. El 8 de abril de 1957 los partidos escogieron a Valencia como candidato nacional para el periodo 1958-1962. Valencia era el líder más prestigioso del conservatismo y tenía las puertas liberales abiertas, porque sus gestas políticas jamás fueron sectarias. Con ese nombre y ese proyecto, desde todos los sectores se exigió al Gobierno que devolviera a los colombianos el derecho de elegir democráticamente a su presidente.
Valencia, con su verbo en la tribuna y un estilógrafo en su mano, recorrió el país agitando el sentir democrático de la Nación y desafiando la opresión del Gobierno. Su palabra vivificadora y su valor a ultranza se derramaron con presteza sobre el país y la movilización popular fue incontenible. Por supuesto, esto no cayó bien en el Gobierno. El 29 de abril de 1957 Valencia fue detenido en Cali por el servicio de inteligencia. Había sostenido varias reuniones: en el Club Colombia y en la Hacienda Menga, de Harold Eder, donde pronunció discursos contra el Gobierno que sacudieron a la ciudadanía y enardecieron los ánimos. Cuando el Gobierno intentó impedir que llegara a Bogotá y lo ‘invitó’ a regresar a Popayán, Valencia fue irreducible y dijo que sólo regresaría muerto.
Este fue el detonante de la caída de Rojas. Cali se indignó: una ola de protestas de profesores, estudiantes, medios de comunicación, industria y clubes se extendió por la ciudad y luego por el país, hasta convertirse en el paro cívico nacional del 6 de mayo. El 3 de mayo, entre una multitud que lo acompañó al aeropuerto cantando el Himno Nacional y agitando pañuelos, Valencia salió de Cali hacia Bogotá.
El próximo 27 de mayo el presidente Uribe se hará presente en Popayán para rendir homenaje a este gran patriota. Los caleños y los colombianos podremos rememorar los esfuerzos que han sido necesarios para mantener la democracia y la libertad.
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