Todos estamos de acuerdo en la necesidad inminente de reformar la Justicia, acabar con la corrupción, hacerla eficiente y justa. Una justicia que se aplica esporádicamente y con visos personalistas es una aberración que desdice todo el sistema.
Son oportunas las observaciones de las Cortes, que conocen el sistema internamente. Pero la actitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (Cirm), según la cual solamente ésta estará facultada para presentar proyectos de ley sobre las reformas a la administración de Justicia, es una abominación. Una comisión de expertos que debata los temas jurídicos, tiene una tradición exitosa en la historia, basta recordar la comisión de eminencias en los tiempos de la Francia napoleónica.
Más aún, las reformas legales corresponden al Congreso. Es este órgano investido por la legitimidad democrática el llamado a diseñar y discutir la estructura de la rama. Así lo dispone la Constitución. El desprestigio del Legislativo no puede dar lugar a que la rama judicial se apropie de funciones que no le corresponden. El país debe respetar su estructura tripartita donde el Congreso legisla, pues las reformas del diseño institucional involucran muchas decisiones políticas. La rama puede tener iniciativa y es insumo básico para la discusión; pero no puede pretender que un tema tan delicado -que nos afecta a todos- esté en manos de quienes ejercen esas funciones de manera transitoria y coyuntural.
La división de las ramas del poder no implica independencia absoluta. Las interacciones, los frenos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento de los poderes; en especial el judicial cuyo poder intimida a cualquiera.
Es una vergüenza a la mala actitud de la Cirm de pretenderse una rueda aparte en el aparato estatal, y descalificar la comisión de expertos sin ver lo que iba a decir. Pero más triste aún es la decisión de esa comisión de excluir “lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” con el propósito de que “las conclusiones aquí consignadas se mantengan”. Un mal trueque.
Y eso mismo pasa en el resto del documento; problemas cruciales se obviaron al parecer para congraciarse con las Cortes. Si bien hay aciertos significativos, se discuten hechos coyunturales y más que todo administrativos; Crear cargos, suprimir cargos.
¿Cómo no abordar el problema de que mediante sentencia se haya extendido el sistema pensional del Congreso a toda la rama judicial? ¿Cómo se deja por fuera la necesidad de rediseñar el sistema de juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema que hoy en día se juzgan a sí mismos?
¿Cómo no enfrentar los escándalos de los que el país supo, pero que no tuvieron consecuencias, tales como las relaciones con Giorgio Sale, enriquecimientos sin causa, acaso ilícitos, de altos miembros de la rama? ¿Cómo no discutir los efectos nefastos de la cooptación (elección de los magistrados por ellos mismos)? ¿Cómo es posible que no se atienda el tema de la doble instancia de los congresistas que es una violación de los derechos humanos?
Las buenas reformas no surgen de tranzar males por males. Hay que buscar los epicentros de los problemas y atacarlos. Aprovechemos la invitación de la Comisión para comentar sobre las necesidades de la Justicia, en un debate a la luz pública, abierto, libre y juicioso.
El País Cali. 17 de abril de 2010
viernes, abril 23, 2010
martes, abril 13, 2010
Enlaces y desenlaces
El desarrollo de las campañas para la elección del Presidente de Colombia evidencia una sola cosa: las mayorías colombianas querían reelegir a Uribe; sin él como candidato hay mucha fluctuación de la intención de voto.
Si los candidatos se analizan desde el punto de vista individual aparecen resquemores. Han salido a relucir –como se esperaba– las acciones de Santos como ministro de otros gobiernos que en nada se parecen al de Uribe. Sus gestiones –adecuadas como tecnócrata– se contradicen con la visión certera y clara del presidente Uribe.
El debate sobre si el Partido Conservador debe acompañar a Sanín ha dañado las perspectivas de la candidata. Ella ha sido la más uribista en su discurso, pero los uribistas no la reconocen así, por su comportamiento al volver al país y porque su campaña está dirigida por el sector conservador antiuribista. Los enfrentados consideran que al haberse hecho una consulta abierta muchos colombianos sin ser conservadores –y sin la intención de posteriormente votar por esa candidata– votaron por Noemí para frustrar las aspiraciones de Arias, más cercano a Uribe. La salida de conservadores con alto renombre dentro de las filas del Partido es un boquete por el que podrá salirse mucha agua. La actitud de la directiva de obligar a permanecer a través de sanciones ha hecho mucho daño. Ha mostrado una debilidad que se ha interpretado como el anuncio de un barco que se hunde. Ya empiezan los primeros a dejarlo.
Hay confusión. Hay dificultades a la hora de elegir lo que más se le parece, porque al fin y al cabo Uribe es sólo Uribe.
El crecimiento de Mockus responde precisamente a esto. Mockus representa una alternativa que suspende el debate sobre quién es más cercano a Uribe, y nos coloca frente a una propuesta diferente que encarna él mismo. La unión con Fajardo le da a los independientes una propuesta concreta con coherencia ideológica.
El gran problema que genera Mockus es la imposibilidad de predecir cómo será su gobierno. Si bien los colombianos estamos acostumbrados a que votar es un acto de valentía, pues con independencia a lo que se analice del candidato podemos tener sorpresas que desilusionan y frustran; el voto por Mockus es misterioso. Evidentemente él cree en la pedagogía; pero lo que ello pueda significar en el plano del manejo de la Nación no es claro. ¿Cuál será su postura frente a la guerrilla? ¿Frente a Chávez? ¿Frente los pretendidos juicios en Ecuador a la cúpula del Ejercito Nacional por el caso ‘Raúl Reyes’? ¿Frente al TLC? Y sobre todo, ¿cuál su actitud frente a la defensa de los ciudadanos?
Recuerdo haberlo oído decir que el derecho a la defensa era de segunda categoría; abogar por el desarme y usar un chaleco antibalas con un corazón. Era un acto simbólico; también llegaba al recinto rodeado de escoltas y en carro blindado. Si Mockus establece unas líneas básicas sobre las cuales podamos entender su proyecto, es probable que siga creciendo.
Santos pasará a la segunda vuelta, el duelo Noemí-Mockus aún está por resolverse.
***
¿Hasta qué punto es constitucional que una Corte conformada por magistrados sin representación política y sin ninguna legitimidad democrática imposibiliten el ejercicio del poder soberano del pueblo en su capacidad de modificar la Constitución? Es una pregunta que le queda a la historia, y una responsabilidad que cae directamente sobre esos magistrados, aunque no les conozcamos ni el nombre.
El País de Cali, sábado 10 de abril de 2010
Si los candidatos se analizan desde el punto de vista individual aparecen resquemores. Han salido a relucir –como se esperaba– las acciones de Santos como ministro de otros gobiernos que en nada se parecen al de Uribe. Sus gestiones –adecuadas como tecnócrata– se contradicen con la visión certera y clara del presidente Uribe.
El debate sobre si el Partido Conservador debe acompañar a Sanín ha dañado las perspectivas de la candidata. Ella ha sido la más uribista en su discurso, pero los uribistas no la reconocen así, por su comportamiento al volver al país y porque su campaña está dirigida por el sector conservador antiuribista. Los enfrentados consideran que al haberse hecho una consulta abierta muchos colombianos sin ser conservadores –y sin la intención de posteriormente votar por esa candidata– votaron por Noemí para frustrar las aspiraciones de Arias, más cercano a Uribe. La salida de conservadores con alto renombre dentro de las filas del Partido es un boquete por el que podrá salirse mucha agua. La actitud de la directiva de obligar a permanecer a través de sanciones ha hecho mucho daño. Ha mostrado una debilidad que se ha interpretado como el anuncio de un barco que se hunde. Ya empiezan los primeros a dejarlo.
Hay confusión. Hay dificultades a la hora de elegir lo que más se le parece, porque al fin y al cabo Uribe es sólo Uribe.
El crecimiento de Mockus responde precisamente a esto. Mockus representa una alternativa que suspende el debate sobre quién es más cercano a Uribe, y nos coloca frente a una propuesta diferente que encarna él mismo. La unión con Fajardo le da a los independientes una propuesta concreta con coherencia ideológica.
El gran problema que genera Mockus es la imposibilidad de predecir cómo será su gobierno. Si bien los colombianos estamos acostumbrados a que votar es un acto de valentía, pues con independencia a lo que se analice del candidato podemos tener sorpresas que desilusionan y frustran; el voto por Mockus es misterioso. Evidentemente él cree en la pedagogía; pero lo que ello pueda significar en el plano del manejo de la Nación no es claro. ¿Cuál será su postura frente a la guerrilla? ¿Frente a Chávez? ¿Frente los pretendidos juicios en Ecuador a la cúpula del Ejercito Nacional por el caso ‘Raúl Reyes’? ¿Frente al TLC? Y sobre todo, ¿cuál su actitud frente a la defensa de los ciudadanos?
Recuerdo haberlo oído decir que el derecho a la defensa era de segunda categoría; abogar por el desarme y usar un chaleco antibalas con un corazón. Era un acto simbólico; también llegaba al recinto rodeado de escoltas y en carro blindado. Si Mockus establece unas líneas básicas sobre las cuales podamos entender su proyecto, es probable que siga creciendo.
Santos pasará a la segunda vuelta, el duelo Noemí-Mockus aún está por resolverse.
***
¿Hasta qué punto es constitucional que una Corte conformada por magistrados sin representación política y sin ninguna legitimidad democrática imposibiliten el ejercicio del poder soberano del pueblo en su capacidad de modificar la Constitución? Es una pregunta que le queda a la historia, y una responsabilidad que cae directamente sobre esos magistrados, aunque no les conozcamos ni el nombre.
El País de Cali, sábado 10 de abril de 2010
jueves, abril 08, 2010
Justo y necesario
La aparición de numerosos casos de abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica ha sido dolorosa, triste y terrible.
Por una parte, ha lesionado la confianza de los fieles. En general, son aquellas familias con enorme convicción y mucha cercanía quienes encomiendan sus hijos a los sacerdotes. Las víctimas son los hijos de los más cercanos practicantes, por lo que a su dolor se ha sumado la traición de quien debía ser una figura confiable. Además, esos niños fueron colocados en una situación donde hablar sobre lo que sucedía era disputar con la figura de admiración de sus propios padres. Y la falta de acción de la Iglesia había causado desolación.
Ahora que celebramos la Semana Santa donde se rememora la Pasión de Cristo han aparecido nuevos casos y nuevas reacciones de la Iglesia que muestran un cambio fundamental en la manera como se ha venido enfrentando este drama.
La noticia presentada por el New York Times, según la cual el Vaticano encubrió un caso de múltiples actos abusivos por parte de un cura en EE.UU., tiene una interpretación de los hechos que no se ajusta del todo a lo que dicen los documentos que la soportan. Si bien la Iglesia no procedió a hacer público el asunto, tampoco hay instrucciones de esconderlo.
Existían acusaciones en contra del padre Murphy por conductas sexuales abusivas con niños sordos menores de edad; y hubo una investigación civil sin resultados. La correspondencia sobre el caso con La Congregación para la Doctrina de la Fe -que presidía el ahora Papa Ratzinger- no se trató sobre la conveniencia o inconveniencia de los juicios, sino sobre la prescripción de las faltas y los procedimientos de la ley canónica. Las acusaciones que se presentaban contra Murphy tenían más de 25 años -aún en materia penal los delitos prescriben- por ello se dio un permiso especial para iniciar un proceso secreto por “solicitar durante la confesión”. Era el mecanismo para poder procesar al acusado, pues el otro estaba prescrito. Existían, además, problemas de competencia, pues la Diócesis de Milwaukee no tenía jurisdicción sobre el caso. El proceso se dificultó por la avanzada edad del acusado y su estado de salud, y termino por la muerte de Murphy.
Paralelamente, apareció una carta de los Legionarios de Cristo donde reconocen las faltas del padre Maciel, y piden perdón a sus víctimas y a todos los afectados. Así mismo, la Iglesia confirmó que se ha iniciado un proceso contra un cura en Francia por abuso sexual. Es un cambio. La Iglesia ha replanteado la manera como enfrentará este penoso asunto.
Los contextos históricos se transforman y la interpretación de las conveniencias se afecta. Seguramente antes, la Iglesia consideraba que aceptar y hacer públicos tales casos, menoscababa la credibilidad de la institución. Ante el bien mayor que suponía para la comunidad poder confiar en su religión, se sacrificó lo que entonces se entendía como un bien menor, que era el escarmiento público del agresor.
Años antes los menores eran casi invisibles; eran víctimas de abusos físicos por parte de sus propios padres y maltratos de los profesores dentro de lo que se consideraba una educación ‘normal’. Los tiempos cambian, y en el contexto actual los crímenes contra los niños son inaceptables para la sociedad. Por ello, celebramos estos primeros pasos de reconocimiento. Son una luz que ilumina un camino justo y necesario.
El País de Cali. 3 de abril de 2010.
Por una parte, ha lesionado la confianza de los fieles. En general, son aquellas familias con enorme convicción y mucha cercanía quienes encomiendan sus hijos a los sacerdotes. Las víctimas son los hijos de los más cercanos practicantes, por lo que a su dolor se ha sumado la traición de quien debía ser una figura confiable. Además, esos niños fueron colocados en una situación donde hablar sobre lo que sucedía era disputar con la figura de admiración de sus propios padres. Y la falta de acción de la Iglesia había causado desolación.
Ahora que celebramos la Semana Santa donde se rememora la Pasión de Cristo han aparecido nuevos casos y nuevas reacciones de la Iglesia que muestran un cambio fundamental en la manera como se ha venido enfrentando este drama.
La noticia presentada por el New York Times, según la cual el Vaticano encubrió un caso de múltiples actos abusivos por parte de un cura en EE.UU., tiene una interpretación de los hechos que no se ajusta del todo a lo que dicen los documentos que la soportan. Si bien la Iglesia no procedió a hacer público el asunto, tampoco hay instrucciones de esconderlo.
Existían acusaciones en contra del padre Murphy por conductas sexuales abusivas con niños sordos menores de edad; y hubo una investigación civil sin resultados. La correspondencia sobre el caso con La Congregación para la Doctrina de la Fe -que presidía el ahora Papa Ratzinger- no se trató sobre la conveniencia o inconveniencia de los juicios, sino sobre la prescripción de las faltas y los procedimientos de la ley canónica. Las acusaciones que se presentaban contra Murphy tenían más de 25 años -aún en materia penal los delitos prescriben- por ello se dio un permiso especial para iniciar un proceso secreto por “solicitar durante la confesión”. Era el mecanismo para poder procesar al acusado, pues el otro estaba prescrito. Existían, además, problemas de competencia, pues la Diócesis de Milwaukee no tenía jurisdicción sobre el caso. El proceso se dificultó por la avanzada edad del acusado y su estado de salud, y termino por la muerte de Murphy.
Paralelamente, apareció una carta de los Legionarios de Cristo donde reconocen las faltas del padre Maciel, y piden perdón a sus víctimas y a todos los afectados. Así mismo, la Iglesia confirmó que se ha iniciado un proceso contra un cura en Francia por abuso sexual. Es un cambio. La Iglesia ha replanteado la manera como enfrentará este penoso asunto.
Los contextos históricos se transforman y la interpretación de las conveniencias se afecta. Seguramente antes, la Iglesia consideraba que aceptar y hacer públicos tales casos, menoscababa la credibilidad de la institución. Ante el bien mayor que suponía para la comunidad poder confiar en su religión, se sacrificó lo que entonces se entendía como un bien menor, que era el escarmiento público del agresor.
Años antes los menores eran casi invisibles; eran víctimas de abusos físicos por parte de sus propios padres y maltratos de los profesores dentro de lo que se consideraba una educación ‘normal’. Los tiempos cambian, y en el contexto actual los crímenes contra los niños son inaceptables para la sociedad. Por ello, celebramos estos primeros pasos de reconocimiento. Son una luz que ilumina un camino justo y necesario.
El País de Cali. 3 de abril de 2010.
martes, marzo 30, 2010
El botín conservador
El prestigio y la gestión del actual gobierno son la fuerza prioritaria de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín. Ambos están respaldados por el deseo de prolongar las políticas y el estilo del gobierno de Uribe -así lo corrobora la encuesta de Datexco-. El uribismo es una abrumadora mayoría por lo que es probable que los dos candidatos uribistas pasen a la segunda vuelta.
Sanín como candidata del Partido Conservador se acerca a convertirse en la primera Presidenta de la República. En aquella hipotética segunda vuelta, Noemí tiene mayores probabilidades de atraer el voto no-uribista, pero su debilidad -que es una ventaja para Santos- es la dificultad de mantener a la colectividad conservadora bajo su liderazgo.
Los godos están divididos. El sector no-uribista hace parte de la campaña de Sanín; pero del sector uribista sólo una fracción la acompaña. Las actitudes ambivalentes de Noemí frente a Uribe no fueron del agrado de muchos fieles uribistas y los roces con Arias resquebrajaron la unión. Sienten a Santos más cercano a Uribe, y son un botín muy importante.
Por ello, la estrategia de Santos debe ser la de consolidar el uribismo. No debe dejarse tentar -como ya lo hizo al elegir vice- por buscar votos no-uribistas. Debe atraer el mayor número de uribistas de las filas conservadoras. No es fácil. Los militantes conservadores tendrán resquemores de abandonar la causa, pues el partido no tiene presidente desde la elección de Belisario Betancur (el ex presidente Pastrana, de origen conservador, fue elegido por otro partido). Pero, si algo caracteriza a esta colectividad es que siempre ha sabido poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de la Nación. Así que si un buen conservador considera que Santos representa mucho mejor proyecto para el país, se acercará a él con la convicción de actuar de acuerdo con las máximas conservadoras.
El nuevo Presidente será quien tenga más calma. Si Noemí en la búsqueda de los no-uribistas descuida su uribismo, el presidente será Santos. Si éste hace lo mismo o no logra cautivar a los conservadores, la presidenta será Noemí.
Es evidente entonces el esfuerzo que deberá emprender Noemí para mantener la batuta azul. Pero la dirigencia conservadora envía malas señales al intentar imponer por la fuerza el liderazgo. El Partido no puede ser una organización que acabe con la libertad. Claro que debe haber disciplina de partido, pero en ningún caso ello significa la necesidad de actuar en contra de las convicciones. Esos gestos nos recuerdan a los partidos comunistas donde la dirigencia anula la libertad individual, o al Partido Liberal que cuando apareció Uribe amenazó con expulsión a sus miembros y los perdió.
Los militantes pueden interpretar la doctrina conservadora e ir en contra de la dirigencia sin que ello desmedre su condición de conservadores. La filiación conservadora no se otorga ni se arrebata, se trata de un compromiso ideológico con una manera de entender a Colombia e interpretar sus posibilidades.
Los partidos son organizaciones políticas donde no hay respuestas absolutas, son foros abiertos de reflexión y debate. La dirigencia debe estar sintonizada con las huestes, y no tratar de imponerse sobre ellas. Las amenazas empobrecen; muestran un partido asustado, devalúan las virtudes reales del candidato y alejan más a quienes disienten. Noemí tiene cómo persuadir; debe convencer, sólo así podrá triunfar.
El País, Marzo 27 de 2010
Sanín como candidata del Partido Conservador se acerca a convertirse en la primera Presidenta de la República. En aquella hipotética segunda vuelta, Noemí tiene mayores probabilidades de atraer el voto no-uribista, pero su debilidad -que es una ventaja para Santos- es la dificultad de mantener a la colectividad conservadora bajo su liderazgo.
Los godos están divididos. El sector no-uribista hace parte de la campaña de Sanín; pero del sector uribista sólo una fracción la acompaña. Las actitudes ambivalentes de Noemí frente a Uribe no fueron del agrado de muchos fieles uribistas y los roces con Arias resquebrajaron la unión. Sienten a Santos más cercano a Uribe, y son un botín muy importante.
Por ello, la estrategia de Santos debe ser la de consolidar el uribismo. No debe dejarse tentar -como ya lo hizo al elegir vice- por buscar votos no-uribistas. Debe atraer el mayor número de uribistas de las filas conservadoras. No es fácil. Los militantes conservadores tendrán resquemores de abandonar la causa, pues el partido no tiene presidente desde la elección de Belisario Betancur (el ex presidente Pastrana, de origen conservador, fue elegido por otro partido). Pero, si algo caracteriza a esta colectividad es que siempre ha sabido poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de la Nación. Así que si un buen conservador considera que Santos representa mucho mejor proyecto para el país, se acercará a él con la convicción de actuar de acuerdo con las máximas conservadoras.
El nuevo Presidente será quien tenga más calma. Si Noemí en la búsqueda de los no-uribistas descuida su uribismo, el presidente será Santos. Si éste hace lo mismo o no logra cautivar a los conservadores, la presidenta será Noemí.
Es evidente entonces el esfuerzo que deberá emprender Noemí para mantener la batuta azul. Pero la dirigencia conservadora envía malas señales al intentar imponer por la fuerza el liderazgo. El Partido no puede ser una organización que acabe con la libertad. Claro que debe haber disciplina de partido, pero en ningún caso ello significa la necesidad de actuar en contra de las convicciones. Esos gestos nos recuerdan a los partidos comunistas donde la dirigencia anula la libertad individual, o al Partido Liberal que cuando apareció Uribe amenazó con expulsión a sus miembros y los perdió.
Los militantes pueden interpretar la doctrina conservadora e ir en contra de la dirigencia sin que ello desmedre su condición de conservadores. La filiación conservadora no se otorga ni se arrebata, se trata de un compromiso ideológico con una manera de entender a Colombia e interpretar sus posibilidades.
Los partidos son organizaciones políticas donde no hay respuestas absolutas, son foros abiertos de reflexión y debate. La dirigencia debe estar sintonizada con las huestes, y no tratar de imponerse sobre ellas. Las amenazas empobrecen; muestran un partido asustado, devalúan las virtudes reales del candidato y alejan más a quienes disienten. Noemí tiene cómo persuadir; debe convencer, sólo así podrá triunfar.
El País, Marzo 27 de 2010
sábado, marzo 20, 2010
Aventurando predicciones
La actuación nefasta y con visos de corrupción de la Registraduría es una vergüenza para el país que ya había consolidado un sistema confiable de escrutinio. Es inaceptable que por la ‘contratitis’ que aqueja a algunos servidores públicos se haya cambiado un procedimiento que funcionaba. Esperamos sanciones y el restablecimiento de la legalidad para la contienda presidencial.
Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.
Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.
La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.
Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.
No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.
El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.
El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.
Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.
El Pais, Cali
Marzo 20 de 2010
Por esa ineficiencia aún no se resuelve la consulta conservadora. La dilatada espera daña al Partido: enerva las expectativas y la dilación en la consolidación en torno al candidato único podría generar fracturas internas. Más aún, le roba tiempo de campaña al candidato conservador y crea incertidumbre en la ciudadanía, pues ese resultado ilumina las predicciones sobre quién será el próximo Presidente.
Si para las elecciones presidenciales se mantiene la configuración de las del Congreso -que es una cachetada a la decisión de la Corte de irrespetar el deseo democrático- serán los dos candidatos uribistas los que pasen a la segunda vuelta. El Presidente está entre las dos vertientes, pues la posibilidad de un acuerdo parece poco probable.
La selección de Garzón como vicepresidente parece haber lesionado la certeza que se había tejido sobre Santos. Los conservadores y algunos uribistas no han recibido con beneplácito la designación, pues si Garzón tuviera que asumir la Presidencia se alejaría del proyecto político, pues no representa al uribismo ni a los conservadores. La cercanía entre las votaciones de La U y el conservatismo infla ambos sectores que se sienten fortalecidos y con sólidas expectativas de poder. Ese balance contribuye a que sean fuerzas paralelas y no unitarias. No se ve a los conservadores cediendo su ambición natural de poder a favor de Santos, ni viceversa.
Con el uribismo dividido de esa manera equilibrada podrán ser el Polo, los liberales y los independientes los llamados a definir. Si no votan será una final muy reñida. Si votan seguramente será por aquel candidato que se aleje más de Uribe.
No es fácil predecir cual será el ganador de la segunda vuelta. El baile de los candidatos podría ser así: cercanos a Uribe para mantener su segmento uribista; alejados de Uribe para captar el voto no-uribista. El equilibrio no será delicado, si en la atracción del voto no-uribista traiciona al uribismo puede perderlo, y sin el no tienen posibilidades de triunfo.
El nombramiento de Garzón se anticipa e intenta captar el voto de izquierda, pero puede tener un costo sobre la masa uribista. Si Noemí acierta en su vicepresidente y logra incluir un segmento no-uribista que no agreda la sensibilidad uribista habrá dado un gran paso. Si se acerca a los independientes, por ejemplo, mantiene a sus uribistas, se suma los independientes y puede presentar al dúo Santos-Garzón como lejano a Uribe y arrancarle fieles uribistas. Pero esa distancia de Santos frente a Uribe podría concederle a él los votos de la izquierda.
El gran reto para Noemí será consolidar el Partido en torno suyo. Tiene que responder a las expectativas de los dos sectores del conservatismo: el pastranismo enemigo de Uribe y la masa conservadora que sigue a Uribe.
Aún si el Presidente Uribe señalará su predilección por uno de ellos la disciplina de partido y la natural ambición de poder pueden mantener la división. Uribe tendría que dar mucho más que un guiño; tendría que asumir con fuerza una de las causas.
El Pais, Cali
Marzo 20 de 2010
sábado, marzo 13, 2010
Garzón, el vice
La selección de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, podría interpretarse como una jugada que amplía horizontes políticos, pero en términos de potenciales electores quita más de lo que pone.
Para muchos, Santos ya tiene consolidada la imagen de la seguridad democrática pues ejerció -con éxito- las funciones de ministro de Defensa en el período más productivo de ese campo (‘Raúl Reyes’ fue dado de baja y se realizó la ‘Operación Jaque’). Por ello, sostienen, debía buscar un vicepresidente que le diera a su campaña un contexto social. Garzón con amplió recorrido como sindicalista, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle representa una izquierda moderada. Esto -en teoría- disminuye la percepción de Santos como parte de la oligarquía bogotana y un proyecto de derecha, y lo convierte en un candidato con una oferta social atractiva.
Aún así su selección no pone votos. Ningún elector de filiación izquierdista que no fuera a votar por Santos lo haría por la presencia de Garzón; buscará opciones más concretas en el Polo o en el Partido Liberal que también ofrecer alternativas de ese corte. La izquierda está bien representada en el Polo. Clara López Obregón promete ampliar el espectro de la participación femenina por sus preclaras condiciones intelectuales, tecnócrata eficiente y política versada. Así que voto de esa tendencia no será atraído.
Si bien Garzón ha tenido cercanía con el presidente Uribe, su vinculación con el gobierno Pastrana es más notable. Así, la selección de Santos, compañero de aquel gobierno, puede ser un intento por acercar la masa conservadora y enfrentar el proyecto de Noemí -al que el ex presidente Pastrana parece vinculado-. No lo logra. Noemí mantendrá a los pastranistas, pues la aversión a Uribe es más persistente, y, además, los conservadores no se sienten representados en Garzón.
En el contexto uribista el panorama tampoco es alentador. No le conviene a Santos explotar sus vínculos pastranistas pues muchos uribistas son reaccionarios a las políticas de aquel gobierno. Uno de los defectos de Santos -como político y no como tecnócrata- es precisamente que ha pasado por gobiernos de contexturas políticas muy distintas. Esta pertenencia falta de identidad definida causa inquietud en el electorado fiel al presidente Uribe. El uribismo hubiera preferido un vicepresidente más enérgico y comprometido con Uribe.
Garzón no arrastrará ningún voto, pero si apartará muchos, pues aleja a Santos de lo que más votos significa para él: su conexión con el Presidente.
***
Los medios de comunicación han radicado el origen de todos los males en el Congreso, pero es una de las instituciones más importantes de la democracia. Todos deberíamos votar por un candidato que tenga una estructura política similar a la propia, para que todas las corrientes de pensamiento estén representadas.
El Congreso no necesita técnicos, para eso están los ministerios. El político debe conocer los intereses de su región, haberla recorrido y sentido -sin que esto excluya las capacidades-. El compromiso político está ligando al sentido de comunidad y no a la vanidad personal.
No debemos confundir un buen político con una imagen publicitaria construida a base de derrochar fortunas. Hay razones sospechosas bajo esa campañas, pues el salario de congresista no compensa la inversión.
El País, Cali. Marzo 13 de 2010
Para muchos, Santos ya tiene consolidada la imagen de la seguridad democrática pues ejerció -con éxito- las funciones de ministro de Defensa en el período más productivo de ese campo (‘Raúl Reyes’ fue dado de baja y se realizó la ‘Operación Jaque’). Por ello, sostienen, debía buscar un vicepresidente que le diera a su campaña un contexto social. Garzón con amplió recorrido como sindicalista, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle representa una izquierda moderada. Esto -en teoría- disminuye la percepción de Santos como parte de la oligarquía bogotana y un proyecto de derecha, y lo convierte en un candidato con una oferta social atractiva.
Aún así su selección no pone votos. Ningún elector de filiación izquierdista que no fuera a votar por Santos lo haría por la presencia de Garzón; buscará opciones más concretas en el Polo o en el Partido Liberal que también ofrecer alternativas de ese corte. La izquierda está bien representada en el Polo. Clara López Obregón promete ampliar el espectro de la participación femenina por sus preclaras condiciones intelectuales, tecnócrata eficiente y política versada. Así que voto de esa tendencia no será atraído.
Si bien Garzón ha tenido cercanía con el presidente Uribe, su vinculación con el gobierno Pastrana es más notable. Así, la selección de Santos, compañero de aquel gobierno, puede ser un intento por acercar la masa conservadora y enfrentar el proyecto de Noemí -al que el ex presidente Pastrana parece vinculado-. No lo logra. Noemí mantendrá a los pastranistas, pues la aversión a Uribe es más persistente, y, además, los conservadores no se sienten representados en Garzón.
En el contexto uribista el panorama tampoco es alentador. No le conviene a Santos explotar sus vínculos pastranistas pues muchos uribistas son reaccionarios a las políticas de aquel gobierno. Uno de los defectos de Santos -como político y no como tecnócrata- es precisamente que ha pasado por gobiernos de contexturas políticas muy distintas. Esta pertenencia falta de identidad definida causa inquietud en el electorado fiel al presidente Uribe. El uribismo hubiera preferido un vicepresidente más enérgico y comprometido con Uribe.
Garzón no arrastrará ningún voto, pero si apartará muchos, pues aleja a Santos de lo que más votos significa para él: su conexión con el Presidente.
***
Los medios de comunicación han radicado el origen de todos los males en el Congreso, pero es una de las instituciones más importantes de la democracia. Todos deberíamos votar por un candidato que tenga una estructura política similar a la propia, para que todas las corrientes de pensamiento estén representadas.
El Congreso no necesita técnicos, para eso están los ministerios. El político debe conocer los intereses de su región, haberla recorrido y sentido -sin que esto excluya las capacidades-. El compromiso político está ligando al sentido de comunidad y no a la vanidad personal.
No debemos confundir un buen político con una imagen publicitaria construida a base de derrochar fortunas. Hay razones sospechosas bajo esa campañas, pues el salario de congresista no compensa la inversión.
El País, Cali. Marzo 13 de 2010
lunes, marzo 08, 2010
Elecciones de Congreso
Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien, el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incuso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un Congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista –de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil, y al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los Ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incuso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un Congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista –de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil, y al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los Ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
sábado, marzo 06, 2010
Los candidatos
Los argumentos jurídicos que esgrime el comunicado de prensa que declaró inexequible la ley que aprobó el referendo reeleccionista son de dos tipos. Por una parte, aparecen aquellos que se refieren a los trámites de la iniciativa y la aprobación de la ley. La Corte encontró defectos que para ella vulneran el sistema y desconocen los límites legales. Sobre ellos cabría la discusión sobre si se trata de vicios subsanables y si aquellos bienes jurídicos agredidos resultan de igual jerarquía que la participación ciudadana, pero alea jacta est. El segundo argumento, según el cual existe un límite sobre el poder de modificar la Constitución, es en cambio interesante y merece un análisis.
La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.
Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.
Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.
Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.
El Pais, Cali, 6 de marzo de 2010
La doctrina de la Corte de que la Constitución tiene una integridad que debe ser protegida incluso del poder constituyente primario disuena mucho con la idea de una democracia participativa. Una cosa es decir que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso pueda estar limitado a las interpretaciones que sobre la Carta tiene la Corte Constitucional, y otra muy distinta es afirmar que un proceso iniciativa popular de consulta popular -como el referendo- que va al voto directo del pueblo, el constituyente primario, tiene límites. La teoría estaría imponiendo una restricción aberrante para la permanencia en el tiempo de la Constitución. Ello equivale a decir que para que el pueblo pueda modificar el acuerdo básico que cimienta el pacto social, es necesario una nueva Constitución y una asamblea nacional constituyente, que si bien es representativa, no es el pueblo mismo.
Como sea, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo es una amarga noticia para las mayorías colombianas. Desde hace mucho tiempo adolecíamos de una carencia de líderes, habíamos tenido que votar como quien juega a la ruleta rusa, y teníamos ya varios tiros en la cabeza. En este juego, casi siempre nefasto, apareció Uribe. Se lanzó de manera independiente y sin el apoyo de los partidos empezó a convocar a la masa de electores. Las fuerzas políticas corrieron tras sus huestes. El Partido Conservador en una gesta que rememora los tiempos de Núñez acompañó al líder que como éste, era necesario para evitar la catástrofe. Así lo hicieron otros partidos. El Partido Liberal de donde Uribe era ‘oriundo’ vio cómo se hundían sus propias aspiraciones de poder y perdió gran parte de su colectividad que se desgranó hacia esa otra forma de liderazgo. El país se enrumbó y la mayoría sintió que era más seguro mantenerse con este capitán que aventurarse en nuevas aguas, pero el deseo se frustró. Pero la serenidad con la que Uribe acató el fallo demuestra que estamos frente a un patriota, demócrata que respeta la institucionalidad.
Las campañas para la Presidencia apenas empiezan, pero ya se vislumbran, otra vez, los candidatos con frases pomposas y vacías que anuncian el mejoramiento de todo, la transformación de todo, el cumplimiento cabal de todas las aspiraciones que tenemos: empleo, riqueza, educación, salud. Anunciado en un tono retórico que no confronta los límites presupuestales ni las dificultades intrínsecas del sistema.
Colombia cambió durante le gobierno Uribe, cada partido definió posiciones sobre cuestiones fundamentales y sabemos que un líder no es sólo buena voluntad; son propuestas concretas que conocen las limitaciones del país. No lo olvidemos y evitaremos dolores de cabeza.
El Pais, Cali, 6 de marzo de 2010
lunes, marzo 01, 2010
Salario Mínimo
Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el salario mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?
Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentajes de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.
Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario minino y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: No contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2'830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?
Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías, ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.
La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que si es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.
Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentajes de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.
Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario minino y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: No contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2'830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?
Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías, ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.
La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que si es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.
sábado, febrero 27, 2010
Elecciones de Congreso
Uno de los fenómenos más interesantes en el contexto institucional del país es la mala imagen que tiene el Legislativo. Ello contrasta con el hecho de que esta es, precisamente, la única institución elegida por el voto que logra representar a la mayoría de las vertientes políticas que configuran el país. Si bien el Presidente es elegido en votaciones, todos aquellos que votan por el candidato contrario quedan excluidos. En el Congreso, en cambio, hay espacio para todos. Una cámara de representación nacional y otra de los diversos departamentos debería dar lugar a que viéramos reflejada la sociedad y encontráramos toda la complejidad que somos, representada en unos legisladores.
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incluso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del Legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿Para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que, en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista -de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil y, al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El Congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
El País, Cali. Febrero 27 de 2010
Pero sucede que el Congreso es la más vituperada de las entidades públicas, se le acusa de ser la más corrupta, incluso cuando su conformación impide que lo sea. Se aproximan las elecciones de Congreso y cada colombiano ha de iniciar la reflexión sobre la manera como votará. Se me ocurre pensar que la mala fama del Legislativo está íntimamente ligada a la manera como votamos y esta, a su vez, surge de la falta de un diseño institucional adecuado para el Congreso.
¿Para qué es un congresista?
Muchos colombianos pensarán que esta es una pregunta sencilla: para hacer las leyes. Pero si se hace la pregunta: ¿Para qué o por qué vota por un candidato y no por otro? Se observará que, en general, las dos respuestas son bien distintas debiendo ser la misma. Hay una distancia entre la función teórica que cumple un congresista y la función que le otorgan sus votantes. Las expectativas de los votantes sobre sus congresistas, comúnmente, no son que su candidato demuestre un buen criterio para votar las leyes; que represente adecuadamente sus intereses. La mayoría está esperando otras acciones y otros resultados de su voto.
Esta diferencia entre lo que debería ser el congresista -de manera teórica- y lo que sus electores esperan que sea, es lo que dota al Congreso de una dimensión muy difícil y, al mismo tiempo, lo convierte en una entidad que trasciende la sola función legislativa. Quien se aproxime lo suficiente a esa entidad descubre que trabaja mucho y que cumple con muchas misiones.
El Congreso no tiene un gran presupuesto así que la idea de que los congresistas roban es ilusa. Lo que podría configurar la corrupción está dictado más bien por su configuración. Los múltiples intereses obran como si se tratara de un mercado. Un dibujo a escala de Colombia donde cada uno representa un grupo de colombianos, un conjunto de intereses, y se negocia con los otros para que cada uno obtenga lo que más se aproxime a los intereses que representa.
Las leyes no son siempre capaces de satisfacer a los electores. Están aquellos que esperan obras para sus regiones, y el congresista tendrá que negociar con los ministerios para que estas sean incluidas; a cambio ofrecerá su apoyo a esas u otras iniciativas. Están quienes aspiran a cargos, y el congresista tendrá que negociar con su voto para obtenerlos. Están quienes aspiran a la oposición absoluta al gobierno, y los congresistas deberán votar en contra de proyectos que individualmente considerados les parecerían apropiados; puede suceder exactamente lo contrario. Pero el único evento de verdadera perversión es cuando el congresista se desconecta de sus electores y utiliza las negociaciones para su exclusivo beneficio personal. Eso es inaceptable.
El País, Cali. Febrero 27 de 2010
lunes, febrero 15, 2010
Sin el referendo
Los liberales, el Polo, Cambio Radical, Fajardo, los tres tenores, el conservatismo, la U configuran las fuerzas vivas de la política para encarar el debate presidencial, y de ellas sólo las dos ultimas tienen un compromiso uribista. Si el Presidente Uribe va a las elecciones las masas confirmarán su respaldo. Pero, si el referendo no llegase a ser aprobado, las opciones del uribismo deben ser analizadas con cuidado; la multiplicidad de fracciones podría comprometer la continuidad de las políticas que han dado los resultados que hoy le dan esa inmensa popularidad al Presidente Uribe.
Dentro del Partido Conservador las cosas no son fáciles. Entre los dos precandidatos más fuertes, Noemí y Arias el enfrentamiento es muy poderoso. Para nadie es un secreto que el Ex Presidente Pastrana no apoya el proyecto uribista y que existen sectores en la dirigencia de la colectividad que siguen su línea. Ese sector se ha unido a la campaña de Noemí, que hoy lidera Juan Gabriel Uribe conservador y antiuribista. Así las cosas, en la consulta no sólo resolverá el nombre del candidato; sino y sobretodo, la postura frente al uribismo. Si Noemí gana la consulta no tenemos la seguridad de que se lleguen a acuerdos con la U, las declaraciones del Ex Presidente Pastrana apuntarían a que no se habrían. Si, en cambio, el candidato es Arias se vislumbra, sobretodo después de la reunión en Palacio, la posibilidad de que los haya.
La fragmentación para la primera vuelta puede dar lugar a que los candidatos uribistas no pasen a la segunda vuelta, dejando así por fuera las preferencias de las mayorías colombinas. La masa uribista conformada por ciudadanos de diversas corrientes ideológicas se disgregaría y la segunda vuelta sería imprevisible.
El Partido Liberal le está apostando, precisamente, a esa estrategia. Si se diera la coyuntura de que no pasara un candidato uribista, los liberales interpretan que el uribismo se irá con ellos pues buena parte está conformado por antiguos liberales. Para que eso suceda será necesaria exige la alianza con Cambio Radical y no con el Polo, pues el uribismo no avanzaría hacia allá.
Quedarían entonces las candidaturas independientes. De las mezcla de los tres tenores sobresale la confusión política, sólo están conectados por el deseo presidencial. Peñalosa es un ejecutor de la infraestructura probado con pobre ejecución en las demás áreas. Mockus un gran alcalde pero, pésimo en la política nacional. Lucho mucho carisma pero, poco de lo otro.
Fajardo plantea el interrogante sobre lo que propone. Nos devuelve al tiempo donde los colombianos ejercíamos nuestro derecho al voto como los sacerdotes de los tiempos lejanos abrían las entrañas de animales para conocer el futuro. Es un personaje que nada propone; la ambigüedad de sus respuestas contrasta con su popularidad. Nada sabemos ni podemos saber sobre cómo sería su gobierno, pues no sale de las platitudes que caracterizan los deseos de “estar mejor” y “cambiar”. A veces da la impresión de que iría solucionando las cuestiones según se presentaran y que carece de un plan ejecutable. Sería otra vez un gobierno de administrar la coyuntura, en lugar de enfrentarla y transformarla.
Por ello parece fundamental que sí el referendo no llegase ser aprobado por la Corte, el uribismo no se disgregue de manera que la línea del gobierno Uribe se mantenga.
Dentro del Partido Conservador las cosas no son fáciles. Entre los dos precandidatos más fuertes, Noemí y Arias el enfrentamiento es muy poderoso. Para nadie es un secreto que el Ex Presidente Pastrana no apoya el proyecto uribista y que existen sectores en la dirigencia de la colectividad que siguen su línea. Ese sector se ha unido a la campaña de Noemí, que hoy lidera Juan Gabriel Uribe conservador y antiuribista. Así las cosas, en la consulta no sólo resolverá el nombre del candidato; sino y sobretodo, la postura frente al uribismo. Si Noemí gana la consulta no tenemos la seguridad de que se lleguen a acuerdos con la U, las declaraciones del Ex Presidente Pastrana apuntarían a que no se habrían. Si, en cambio, el candidato es Arias se vislumbra, sobretodo después de la reunión en Palacio, la posibilidad de que los haya.
La fragmentación para la primera vuelta puede dar lugar a que los candidatos uribistas no pasen a la segunda vuelta, dejando así por fuera las preferencias de las mayorías colombinas. La masa uribista conformada por ciudadanos de diversas corrientes ideológicas se disgregaría y la segunda vuelta sería imprevisible.
El Partido Liberal le está apostando, precisamente, a esa estrategia. Si se diera la coyuntura de que no pasara un candidato uribista, los liberales interpretan que el uribismo se irá con ellos pues buena parte está conformado por antiguos liberales. Para que eso suceda será necesaria exige la alianza con Cambio Radical y no con el Polo, pues el uribismo no avanzaría hacia allá.
Quedarían entonces las candidaturas independientes. De las mezcla de los tres tenores sobresale la confusión política, sólo están conectados por el deseo presidencial. Peñalosa es un ejecutor de la infraestructura probado con pobre ejecución en las demás áreas. Mockus un gran alcalde pero, pésimo en la política nacional. Lucho mucho carisma pero, poco de lo otro.
Fajardo plantea el interrogante sobre lo que propone. Nos devuelve al tiempo donde los colombianos ejercíamos nuestro derecho al voto como los sacerdotes de los tiempos lejanos abrían las entrañas de animales para conocer el futuro. Es un personaje que nada propone; la ambigüedad de sus respuestas contrasta con su popularidad. Nada sabemos ni podemos saber sobre cómo sería su gobierno, pues no sale de las platitudes que caracterizan los deseos de “estar mejor” y “cambiar”. A veces da la impresión de que iría solucionando las cuestiones según se presentaran y que carece de un plan ejecutable. Sería otra vez un gobierno de administrar la coyuntura, en lugar de enfrentarla y transformarla.
Por ello parece fundamental que sí el referendo no llegase ser aprobado por la Corte, el uribismo no se disgregue de manera que la línea del gobierno Uribe se mantenga.
viernes, febrero 12, 2010
La reelección
Muchos consideran que el gobierno de Uribe desdibujó la institucionalidad del país. Disiento de esa observación. La “institucionalidad” tan referida en el debate actual es un concepto difícil que una vez analizado a profundidad se evidencia como engañoso y vacío.
Las repúblicas latinoamericanas se forjaron sobre muy pobres cimientos: colonos españoles que pretendían servir al rey y que al mismo tiempo lo traicionaban, pueblos indígenas sometidos y poblaciones esclavizadas venidas del África. La “institucionalidad” fue ese conjunto de normas y formas de gobierno que se importó para tratar de establecer un orden en ese caos. Ni siquiera los españoles respetaban esa imposición, vale rememorar el pronunciamiento de Gonzalo Jiménez de Quezada ante los edictos del rey; “se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas.
Esta falla de legitimidad es tan seria que todos los grandes problemas que perviven en Colombia pueden ser explicados a partir de ella. Eso alegan las guerrillas, en ciertos sentidos los paramilitares, eso explica los corruptos que toman el erario público como si fuera dinero de nadie, también sirve de excusa a los evasores de impuestos, a los infractores de la ley y a todos aquellos que ven al Estado como una realidad ajena y opresora.
Creer que esa construcción institucional es lo más valioso que tiene nuestra democracia es una observación superficial. Su valor depende del grado de legitimidad que ostenta, es decir de la convicción de los nacionales de reconocer, acatar y cumplir con ese orden. Sin ello se trata de un aparato cuyo poder es figurativo y su capacidad de acción limitada.
Legitimar el Estado no es fácil. Mi teoría es que la incorporación de un caudillo dentro de las estructuras del poder formal puede transmitirles a estas la legitimidad que le sobra al caudillo. En las sociedades sin problemas de legitimidad el caudillo es un despropósito, pues la usurpa; pero en sociedades como la nuestra este riesgo no existe. Si el caudillo utiliza y respeta el esqueleto institucional, le da vida.
Uribe es un caudillo en el que las masas han depositado su confianza; tiene liderazgo y legitimidad por eso cambió la política en Colombia. Acercó el Estado a los ciudadanos, generó una dinámica de gobierno-oposición definida y el Estado ahora parece -por primera vez en muchos años- capaz de contener la avalancha de quienes no se alineen con la hegemonía del poder que debería ser legítimo.
En este contexto reelección parece deseable para terminar el proceso de legitimación. Además no afectará tampoco la institucionalidad en el sentido formal. El querer de los pueblos es siempre intempestivo y a veces vehemente; si las constituciones no dieran cabida a los cambios que el pueblo exige, estarían en grave peligro y podrían ser derrocadas. Así que para persistir en el tiempo, nuestra Constitución establece reglas mediante la cuales sus propias reglas pueden ser modificadas. No puede decirse, pues, que usar unas reglas es justo y usar otras es un abuso de poder. Todas las reglas, incluso aquellas que permiten la modificación de las mismas, ostentan un mismo valor. Si Colombia está decidida a concretar el Estado democrático como forma de gobierno, Uribe es una alternativa viable que nos puede ayudar a dejar el caos que provocan los estados débiles e ilegítimos.
El País
Las repúblicas latinoamericanas se forjaron sobre muy pobres cimientos: colonos españoles que pretendían servir al rey y que al mismo tiempo lo traicionaban, pueblos indígenas sometidos y poblaciones esclavizadas venidas del África. La “institucionalidad” fue ese conjunto de normas y formas de gobierno que se importó para tratar de establecer un orden en ese caos. Ni siquiera los españoles respetaban esa imposición, vale rememorar el pronunciamiento de Gonzalo Jiménez de Quezada ante los edictos del rey; “se acata, pero no se cumple”. El gran problema desde entonces ha sido la escasa legitimidad del Estado, sus instituciones y sus normas.
Esta falla de legitimidad es tan seria que todos los grandes problemas que perviven en Colombia pueden ser explicados a partir de ella. Eso alegan las guerrillas, en ciertos sentidos los paramilitares, eso explica los corruptos que toman el erario público como si fuera dinero de nadie, también sirve de excusa a los evasores de impuestos, a los infractores de la ley y a todos aquellos que ven al Estado como una realidad ajena y opresora.
Creer que esa construcción institucional es lo más valioso que tiene nuestra democracia es una observación superficial. Su valor depende del grado de legitimidad que ostenta, es decir de la convicción de los nacionales de reconocer, acatar y cumplir con ese orden. Sin ello se trata de un aparato cuyo poder es figurativo y su capacidad de acción limitada.
Legitimar el Estado no es fácil. Mi teoría es que la incorporación de un caudillo dentro de las estructuras del poder formal puede transmitirles a estas la legitimidad que le sobra al caudillo. En las sociedades sin problemas de legitimidad el caudillo es un despropósito, pues la usurpa; pero en sociedades como la nuestra este riesgo no existe. Si el caudillo utiliza y respeta el esqueleto institucional, le da vida.
Uribe es un caudillo en el que las masas han depositado su confianza; tiene liderazgo y legitimidad por eso cambió la política en Colombia. Acercó el Estado a los ciudadanos, generó una dinámica de gobierno-oposición definida y el Estado ahora parece -por primera vez en muchos años- capaz de contener la avalancha de quienes no se alineen con la hegemonía del poder que debería ser legítimo.
En este contexto reelección parece deseable para terminar el proceso de legitimación. Además no afectará tampoco la institucionalidad en el sentido formal. El querer de los pueblos es siempre intempestivo y a veces vehemente; si las constituciones no dieran cabida a los cambios que el pueblo exige, estarían en grave peligro y podrían ser derrocadas. Así que para persistir en el tiempo, nuestra Constitución establece reglas mediante la cuales sus propias reglas pueden ser modificadas. No puede decirse, pues, que usar unas reglas es justo y usar otras es un abuso de poder. Todas las reglas, incluso aquellas que permiten la modificación de las mismas, ostentan un mismo valor. Si Colombia está decidida a concretar el Estado democrático como forma de gobierno, Uribe es una alternativa viable que nos puede ayudar a dejar el caos que provocan los estados débiles e ilegítimos.
El País
martes, febrero 09, 2010
Los informantes
La propuesta del Presidente según la cual se tratará de configurar una red de mil estudiantes que actuarán como informantes de la fuerza pública en Medellín ha generado todo tipo de reacciones, precisamente por ello es menester analizar las críticas y observaciones.
Nadie se sorprendería si le dijeran que en la universidades colombianas hay infiltrados miembros de grupos narcoterroristas, de la mafia y de agentes al margen de la ley. Desde hace mucho tiempo la universidad está penetrada por el conflicto en el que se sacude el país. Lo contrarió sería pretender que existiera tal separación de los claustros educativos de la realidad que estaríamos en un país esquizofrénico. Las consecuencias de la infiltración se manifiestan en actos de violencia en las universidades y contra sus propios miembros, pero al mismo tiempo han tomado formas espeluznantes como aquella donde prendieron con gasolina a un policía. La guerra está en las universidades, así que con los informantes no se rompe el ambiente estudiantil ni crearan elementos de confrontación. Se trata de que la sociedad, la gente de bien, tome control sobre los escenarios donde se mueve y no siga a merced de los ilegales.
Algunos críticos han apelado al peligro que supone para el informante y su familia esa pertenencia, dejando por fuera que la sola existencia de la delincuencia ya es un peligro. La comunidad no puede tener un papel pasivo en la protección de su propia vida y suponer que mediante la vida común no provoca a los violentos. La violencia no necesita provocadores, requiere contención. La mejor arma contra el crimen no es la fuerza del Estado es la decisión de la sociedad de no tolerarlo. Se trata de conformar herramientas no violentas de protección.
Otros sostienen que sería mejor establecer un sistema de recompensas y no un grupo de informantes a sueldo. Y esta crítica colisiona con quienes señalan que el nuevo sistema podría dar lugar a casos como los falsos positivos, donde el sistema de recompensas sobre resultados incentivó malas prácticas. La estabilidad de los sueldos rompe la necesidad de crear información para tener resultados y da la posibilidad de hacer una buena selección de los informantes, de tener un vínculo real con ellos; darles entrenamiento y tener un seguimiento sobre sus acciones.
Se ha sugerido que la existencia de informantes en las universidades es un intento por perseguir y acabar la rebeldía juvenil. Hay algo retórico en la frase, sobretodo cuando esa rebeldía es violencia que provoca la muerte de muchos otros jóvenes. Hay, además, un temor ante lo que se ha denominado la satanización de profesores y compañeros, ahí hay que distinguir la acción de proveer la información y la manera como las autoridades públicas van a utilizarla. Será necesario tener procedimientos para recibir y verificar la información, pues la recepción no significa la inmediata corroboración de la misma.
No es tampoco de una delegación de una responsabilidad del Estado; todo lo contrario genera las herramientas mediante las cuales el Estado pueda cumplirlas. Una opción sería infiltrar agentes encubiertos de las fuerzas publicas en las universidades. Pero de lo que se trata es de tender puentes entre la comunidad y el Estado. El país no puede seguir considerando que la sociedad civil es un cuerpo distinto al Estado, este es una formación teórica que debería encarnar a la sociedad misma.
Nadie se sorprendería si le dijeran que en la universidades colombianas hay infiltrados miembros de grupos narcoterroristas, de la mafia y de agentes al margen de la ley. Desde hace mucho tiempo la universidad está penetrada por el conflicto en el que se sacude el país. Lo contrarió sería pretender que existiera tal separación de los claustros educativos de la realidad que estaríamos en un país esquizofrénico. Las consecuencias de la infiltración se manifiestan en actos de violencia en las universidades y contra sus propios miembros, pero al mismo tiempo han tomado formas espeluznantes como aquella donde prendieron con gasolina a un policía. La guerra está en las universidades, así que con los informantes no se rompe el ambiente estudiantil ni crearan elementos de confrontación. Se trata de que la sociedad, la gente de bien, tome control sobre los escenarios donde se mueve y no siga a merced de los ilegales.
Algunos críticos han apelado al peligro que supone para el informante y su familia esa pertenencia, dejando por fuera que la sola existencia de la delincuencia ya es un peligro. La comunidad no puede tener un papel pasivo en la protección de su propia vida y suponer que mediante la vida común no provoca a los violentos. La violencia no necesita provocadores, requiere contención. La mejor arma contra el crimen no es la fuerza del Estado es la decisión de la sociedad de no tolerarlo. Se trata de conformar herramientas no violentas de protección.
Otros sostienen que sería mejor establecer un sistema de recompensas y no un grupo de informantes a sueldo. Y esta crítica colisiona con quienes señalan que el nuevo sistema podría dar lugar a casos como los falsos positivos, donde el sistema de recompensas sobre resultados incentivó malas prácticas. La estabilidad de los sueldos rompe la necesidad de crear información para tener resultados y da la posibilidad de hacer una buena selección de los informantes, de tener un vínculo real con ellos; darles entrenamiento y tener un seguimiento sobre sus acciones.
Se ha sugerido que la existencia de informantes en las universidades es un intento por perseguir y acabar la rebeldía juvenil. Hay algo retórico en la frase, sobretodo cuando esa rebeldía es violencia que provoca la muerte de muchos otros jóvenes. Hay, además, un temor ante lo que se ha denominado la satanización de profesores y compañeros, ahí hay que distinguir la acción de proveer la información y la manera como las autoridades públicas van a utilizarla. Será necesario tener procedimientos para recibir y verificar la información, pues la recepción no significa la inmediata corroboración de la misma.
No es tampoco de una delegación de una responsabilidad del Estado; todo lo contrario genera las herramientas mediante las cuales el Estado pueda cumplirlas. Una opción sería infiltrar agentes encubiertos de las fuerzas publicas en las universidades. Pero de lo que se trata es de tender puentes entre la comunidad y el Estado. El país no puede seguir considerando que la sociedad civil es un cuerpo distinto al Estado, este es una formación teórica que debería encarnar a la sociedad misma.
La nueva Venezuela
La viabilidad de la Venezuela que está configurando Hugo Chávez es discutible. Por una parte, ser una excepción en el capitalismo –que engrana al mundo- es un desafió y, sobretodo, no parece posible imponer un sistema sin al mismo tiempo arrasar la libertad y la autonomía de las personas.
Es evidente que el capitalismo es un sistema defectuoso. La distribución de recursos no es siempre las adecuada y las fallas de los mercados llevan a equilibrios que no son óptimos. Aún así, los supuestos del sistema sólo requieren de un individuo que persigue su interés individual y la interacción de todos ellos -en unas condiciones determinadas- da lugar al bienestar social. Lo que es más importante, el capitalismo no fue impuesto, se creó como organización social. Fue, por así decirlo, un resultado natural y se ha extendido de la misma manera.
El proyecto chavista debe ser impuesto. Está respaldado en los pretrodólares sin los cuales todo sería imposible. A diferencia de la antigua URSS donde el Estado logró industrializar la sociedad y hacer de Rusia y los otras naciones premodernas y campesinas una gran nación volcada a la producción y al crecimiento económico; el gobierno de Chávez esta fracasando el la mera administración de los recursos existentes. Pedevesa tiene las producciones más bajas de su reciente historia. Al parecer el Estado venezolano se está quedando sin recursos, muchos nacionales no pueden renovar su pasaporte en el exterior pues no hay papel de seguridad en las embajadas –al menos eso se les dice. La luz se va en las ciudades intermedias sin aviso y los bancos tienen que cerrar indefinidamente, los aeropuertos dejan de funcionar y el comercio sufre.
Las dificultades de la imposición en sistema no se han hecho esperar. La idea de que se pueden controlar los precios con unas medidas diferentes a la oferta y la demanda es muy parecida a aquella que todos tenemos durante nuestra niñez para acabar la pobreza: imprimir billetes. Ya ha empezado con las expropiaciones y las medidas de coerción que terminarán por alejar la iniciativa privada. Todos son mecanismos de coacción. La polémica ley de educación es una de las cosas más complejas que enfrentarán los venezolanos en los tiempos que se les vienen. La idea de que la patria potestad de los niños sea del Estado hunde sus raíces en el más puro pensamiento comunista que pretende destruir la familia como célula que reproduce el sistema capitalista. Y los resultados de los cambios no son fiables; son múltiples las quejas sobre el hecho de que ahora los negocios y la riqueza se queda en manos de un grupo de chavistas.
El problema del modelo socialista es que se impone de manera arbitraria, es decir no surge de la interacción de los individuos. Nadie discute sus propósitos de bienestar social, la dificultad radica en que recarga al Estado de funciones de control tendientes a que la idea se desarrolle en la práctica. Negocios e individuos deben empezar a temer al Estado. Termina obligando a los individuos a actuar como altruistas, y aunque sea deseable, es el mandato lo que desagrada. En el capitalismo se puede ser y actuar como se quiera, y es la libertad y autonomía del individuo la que determina, en ultima instancia, cómo actúa o qué consume.
¿Son las condiciones materiales lo único que cuenta en el bienestar social?
Es evidente que el capitalismo es un sistema defectuoso. La distribución de recursos no es siempre las adecuada y las fallas de los mercados llevan a equilibrios que no son óptimos. Aún así, los supuestos del sistema sólo requieren de un individuo que persigue su interés individual y la interacción de todos ellos -en unas condiciones determinadas- da lugar al bienestar social. Lo que es más importante, el capitalismo no fue impuesto, se creó como organización social. Fue, por así decirlo, un resultado natural y se ha extendido de la misma manera.
El proyecto chavista debe ser impuesto. Está respaldado en los pretrodólares sin los cuales todo sería imposible. A diferencia de la antigua URSS donde el Estado logró industrializar la sociedad y hacer de Rusia y los otras naciones premodernas y campesinas una gran nación volcada a la producción y al crecimiento económico; el gobierno de Chávez esta fracasando el la mera administración de los recursos existentes. Pedevesa tiene las producciones más bajas de su reciente historia. Al parecer el Estado venezolano se está quedando sin recursos, muchos nacionales no pueden renovar su pasaporte en el exterior pues no hay papel de seguridad en las embajadas –al menos eso se les dice. La luz se va en las ciudades intermedias sin aviso y los bancos tienen que cerrar indefinidamente, los aeropuertos dejan de funcionar y el comercio sufre.
Las dificultades de la imposición en sistema no se han hecho esperar. La idea de que se pueden controlar los precios con unas medidas diferentes a la oferta y la demanda es muy parecida a aquella que todos tenemos durante nuestra niñez para acabar la pobreza: imprimir billetes. Ya ha empezado con las expropiaciones y las medidas de coerción que terminarán por alejar la iniciativa privada. Todos son mecanismos de coacción. La polémica ley de educación es una de las cosas más complejas que enfrentarán los venezolanos en los tiempos que se les vienen. La idea de que la patria potestad de los niños sea del Estado hunde sus raíces en el más puro pensamiento comunista que pretende destruir la familia como célula que reproduce el sistema capitalista. Y los resultados de los cambios no son fiables; son múltiples las quejas sobre el hecho de que ahora los negocios y la riqueza se queda en manos de un grupo de chavistas.
El problema del modelo socialista es que se impone de manera arbitraria, es decir no surge de la interacción de los individuos. Nadie discute sus propósitos de bienestar social, la dificultad radica en que recarga al Estado de funciones de control tendientes a que la idea se desarrolle en la práctica. Negocios e individuos deben empezar a temer al Estado. Termina obligando a los individuos a actuar como altruistas, y aunque sea deseable, es el mandato lo que desagrada. En el capitalismo se puede ser y actuar como se quiera, y es la libertad y autonomía del individuo la que determina, en ultima instancia, cómo actúa o qué consume.
¿Son las condiciones materiales lo único que cuenta en el bienestar social?
jueves, enero 21, 2010
Sin agua
Los cronistas españoles hablaban de la exuberancia del río Magdalena. De sus narraciones se colige que era algo de proporciones impresionantes y que el agua abundante era sólo uno de los atractivos de sus orillas selváticas pobladas de variadísimas especies. De aquello sólo nos queda eso, las crónicas. El río se convirtió en un enflaquecido cuerpo de aguas turbias que ningún europeo envidiaría. Así pasó con los otros ríos otrora navegables, hoy tienen barcos encallados que ven pasar a su lado el río disminuido como una alcantarilla lenta y triste.
Colombia es un país rico en agua, pero no está donde la necesitamos. La mayoría de la población se asienta sobre la cordillera y el grueso de los recursos hídricos están en zonas poco pobladas al sur y oriente del país. Aquellos cauces que circulan por los asentamientos humanos están contaminados especialmente por aguas negras y son cada vez menos aprovechables. Además, los nacimientos de los ríos están descuidados. Los páramos -primordiales generadores- están azotados por la agricultura, la ganadería y la minería; todas ellas prohibidas, pero en creciente apogeo. Los cauces han perdido su cobertura vegetal y son explotados para material de construcción sin límites ni control.
Las consecuencias no hay que explicarlas, con el Fenómeno del Niño empezamos a vislumbrar su severidad. Los ríos han perdido su caudal, más de 200 municipios con la amenaza de quedar sin agua, en Cundinamarca 22 municipios requieren abastecimiento, en varios barrios de Cali y en los Santanderes hay racionamientos, en Pereira y sus alrededores más de 50.000 personas afectadas por la sequía del río Barbas, en Santa Marta y Ciénega se taladran pozos profundos, en lo que va del año más de 2.000 hectáreas quemadas por incendios, entre otros casos. Y según el Ideam éste es el inicio el verano.
Es un anticipo de lo que va a suceder con el calentamiento global. Los fenómenos como el Niño y la Niña serán mucho más frecuentes, la alteración de los patrones de lluvia y la temperatura afectarán ecosistemas fundamentales como los páramos, las selvas y los glaciares. La producción de agua tenderá a disminuir y debemos actuar ahora.
Los planes departamentales de agua son un hecho importantísimo, pues son el primer intento serio para cumplir con las Metas del Milenio. El Estado y las entidades territoriales han comprometido cuantiosos recursos para asegurar agua potable y el saneamiento básico, pero la infraestructura no es suficiente. Hace falta pensar en la continuidad del suministro y en la eficacia de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de los hogares para frenar la contaminación. Parecería lógico reforestar los nacimientos y los causes de los ríos, no sólo los que usamos actualmente sino aquellos que podremos necesitar en el futuro. Implementar la tasa retributiva para que las empresas de alcantarillado utilicen plantas de tratamiento.
La normatividad para la protección, conservación y uso racional del agua existe, pero su implementación ha sido casi nula. El Viceministerio de Agua y las CAR están fallando gravemente. La escasez de agua -anunciada por el Ideam desde hace ya años- será cada vez más severa y aún no se hace nada.
Como país tropical estamos acostumbrados a las estabilidad y abundancia de los recursos naturales, pero el calentamiento global es inminente y exige una visión de largo plazo: planeación y ejecución.
El Pais-Cali 16 de enero de 2010
Colombia es un país rico en agua, pero no está donde la necesitamos. La mayoría de la población se asienta sobre la cordillera y el grueso de los recursos hídricos están en zonas poco pobladas al sur y oriente del país. Aquellos cauces que circulan por los asentamientos humanos están contaminados especialmente por aguas negras y son cada vez menos aprovechables. Además, los nacimientos de los ríos están descuidados. Los páramos -primordiales generadores- están azotados por la agricultura, la ganadería y la minería; todas ellas prohibidas, pero en creciente apogeo. Los cauces han perdido su cobertura vegetal y son explotados para material de construcción sin límites ni control.
Las consecuencias no hay que explicarlas, con el Fenómeno del Niño empezamos a vislumbrar su severidad. Los ríos han perdido su caudal, más de 200 municipios con la amenaza de quedar sin agua, en Cundinamarca 22 municipios requieren abastecimiento, en varios barrios de Cali y en los Santanderes hay racionamientos, en Pereira y sus alrededores más de 50.000 personas afectadas por la sequía del río Barbas, en Santa Marta y Ciénega se taladran pozos profundos, en lo que va del año más de 2.000 hectáreas quemadas por incendios, entre otros casos. Y según el Ideam éste es el inicio el verano.
Es un anticipo de lo que va a suceder con el calentamiento global. Los fenómenos como el Niño y la Niña serán mucho más frecuentes, la alteración de los patrones de lluvia y la temperatura afectarán ecosistemas fundamentales como los páramos, las selvas y los glaciares. La producción de agua tenderá a disminuir y debemos actuar ahora.
Los planes departamentales de agua son un hecho importantísimo, pues son el primer intento serio para cumplir con las Metas del Milenio. El Estado y las entidades territoriales han comprometido cuantiosos recursos para asegurar agua potable y el saneamiento básico, pero la infraestructura no es suficiente. Hace falta pensar en la continuidad del suministro y en la eficacia de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de los hogares para frenar la contaminación. Parecería lógico reforestar los nacimientos y los causes de los ríos, no sólo los que usamos actualmente sino aquellos que podremos necesitar en el futuro. Implementar la tasa retributiva para que las empresas de alcantarillado utilicen plantas de tratamiento.
La normatividad para la protección, conservación y uso racional del agua existe, pero su implementación ha sido casi nula. El Viceministerio de Agua y las CAR están fallando gravemente. La escasez de agua -anunciada por el Ideam desde hace ya años- será cada vez más severa y aún no se hace nada.
Como país tropical estamos acostumbrados a las estabilidad y abundancia de los recursos naturales, pero el calentamiento global es inminente y exige una visión de largo plazo: planeación y ejecución.
El Pais-Cali 16 de enero de 2010
miércoles, enero 13, 2010
Asistencia Social
Erradicar la pobreza es el reto más difícil de los países en desarrollo. Las medidas deben tener dos sentidos; por un lado, enfrentar la inminencia de la escasez y garantizar estándares aceptables de vida y, por otro, estimular en el individuo el deseo de progreso y en la sociedad la facilidad de oportunidades y enriquecimiento.
La receta aparentemente sencilla reviste serias dificultades. Sucede muchas veces que aquellos que han empezado su ciclo laboral y están en la base de la pirámide son atraídos por la gratuidad de los beneficios y prefieren desertar del esfuerzo para refugiarse en ellos. La asistencia social, entonces, se convierte en estímulo para mantenerse pobre y dependiente. Los problemas ideológicos que subyacen no se detienen ahí. Los beneficiarios de las ayudas estatales pierden el incentivo de trabajar y prefieren convertirse en rentistas, aunque se trate de sumas insignificantes. Los sistemas pueden crear dinámicas que, lejos de ayudar, dificultan el desarrollo y reproducen la pobreza. La manera como ésta es interpretada por la sociedad, como una suerte de inutilidad que debe ser atendida por el Estado, se trasplanta al imaginario de los individuos que empiezan a considerarse a sí mismos incapaces, dependientes del Estado. Es así como asuntos que ellos mismos podrían resolver empiezan a posponerse y la incapacidad del Estado para hacerlo se vuelve excusa y causa de carencia de iniciativa o empeño.
En Colombia son necesarios controles a nuestros programas. Conocemos muy bien los defectos del Sisben, pero el más atroz, sin lugar a dudas, es que las personas ‘sisbenizadas’ que encuentran un trabajo se niegan a aceptar que su patrono los afilie a los sistemas de seguridad social. Lo hacen -y con toda razón- porque una vez se sale del Sisben es casi imposible volver a él. La solución parece sencilla, un decreto que establezca que quien sea Sisben y migre al sistema contributivo volverá a estar inscrito en el Sisben de manera automática cada vez que salga del sistema contributivo.
Familias en Acción, donde se percibe un ingreso por cada hijo en el sistema educativo, carece de control sobre el número de hijos permitidos. Muchas familias han optado por tener más hijos para aumentar sus ingresos. Se trata de un error supino no sólo por la sobrepoblación mundial, sino porque hará inviable el programa.
Las familias guardabosques reciben parte de las contribuciones en insumos que deben retirar de ferreterías de las zonas. Es sabido que muchos beneficiarios hacen arreglos con los vendedores y reciben un menor valor en efectivo o revenden los suministros. Se requiere intervención para que los estímulos no se dispersen y terminen en otras manos.
Son innumerables los casos de falsos desplazados que descaradamente se apropian de beneficios. No existe instancia firme en el proceso donde se establezca la veracidad del desplazamiento y el sistema es permeable a las trampas. Las cartas de desplazado que entregan las defensorías del Pueblo no se le niegan a nadie y luego se convierten en prueba -muchas veces falsa- para acceder a las ayudas. Hace falta inspección para distinguir los desplazados de quienes se hacen pasar por ellos y acabar con esa práctica corrupta.
Atender y ayudar adecuadamente a quienes lo necesitan debe propender a encausarlos hacia una vida productiva y esencialmente autónoma y sin crear desincentivos a la dinámica productiva del país.
El Pais, Cali, 9 de enero de 2010
La receta aparentemente sencilla reviste serias dificultades. Sucede muchas veces que aquellos que han empezado su ciclo laboral y están en la base de la pirámide son atraídos por la gratuidad de los beneficios y prefieren desertar del esfuerzo para refugiarse en ellos. La asistencia social, entonces, se convierte en estímulo para mantenerse pobre y dependiente. Los problemas ideológicos que subyacen no se detienen ahí. Los beneficiarios de las ayudas estatales pierden el incentivo de trabajar y prefieren convertirse en rentistas, aunque se trate de sumas insignificantes. Los sistemas pueden crear dinámicas que, lejos de ayudar, dificultan el desarrollo y reproducen la pobreza. La manera como ésta es interpretada por la sociedad, como una suerte de inutilidad que debe ser atendida por el Estado, se trasplanta al imaginario de los individuos que empiezan a considerarse a sí mismos incapaces, dependientes del Estado. Es así como asuntos que ellos mismos podrían resolver empiezan a posponerse y la incapacidad del Estado para hacerlo se vuelve excusa y causa de carencia de iniciativa o empeño.
En Colombia son necesarios controles a nuestros programas. Conocemos muy bien los defectos del Sisben, pero el más atroz, sin lugar a dudas, es que las personas ‘sisbenizadas’ que encuentran un trabajo se niegan a aceptar que su patrono los afilie a los sistemas de seguridad social. Lo hacen -y con toda razón- porque una vez se sale del Sisben es casi imposible volver a él. La solución parece sencilla, un decreto que establezca que quien sea Sisben y migre al sistema contributivo volverá a estar inscrito en el Sisben de manera automática cada vez que salga del sistema contributivo.
Familias en Acción, donde se percibe un ingreso por cada hijo en el sistema educativo, carece de control sobre el número de hijos permitidos. Muchas familias han optado por tener más hijos para aumentar sus ingresos. Se trata de un error supino no sólo por la sobrepoblación mundial, sino porque hará inviable el programa.
Las familias guardabosques reciben parte de las contribuciones en insumos que deben retirar de ferreterías de las zonas. Es sabido que muchos beneficiarios hacen arreglos con los vendedores y reciben un menor valor en efectivo o revenden los suministros. Se requiere intervención para que los estímulos no se dispersen y terminen en otras manos.
Son innumerables los casos de falsos desplazados que descaradamente se apropian de beneficios. No existe instancia firme en el proceso donde se establezca la veracidad del desplazamiento y el sistema es permeable a las trampas. Las cartas de desplazado que entregan las defensorías del Pueblo no se le niegan a nadie y luego se convierten en prueba -muchas veces falsa- para acceder a las ayudas. Hace falta inspección para distinguir los desplazados de quienes se hacen pasar por ellos y acabar con esa práctica corrupta.
Atender y ayudar adecuadamente a quienes lo necesitan debe propender a encausarlos hacia una vida productiva y esencialmente autónoma y sin crear desincentivos a la dinámica productiva del país.
El Pais, Cali, 9 de enero de 2010
miércoles, enero 06, 2010
Propósitos de año nuevo
Este año se cumplen 2010 años de la era cristiana, 518 años del descubrimiento de América, 200 años de nuestra independencia, 19 años de la nueva Constitución, la primera década de este siglo e iniciamos con los ojos abiertos una época con antiguos y nuevos desafíos.
Como humanidad este será un decenio definitivo para replantear nuestra relación con el medio ambiente. A las consideraciones sobre nuestra capacidad de resiliencia ante el inminente fenómeno del calentamiento global, se deben sumar las reflexiones éticas sobre el derecho a la subsistencia de las demás especies. Estamos ad portas de un cambio de paradigma donde la supremacía humana conllevará responsabilidades sin antecedentes. El hombre requirió 20 siglos para dominar e imponerse a las fuerzas de la naturaleza y de ahora en adelante se trata de protegerla y conservarla.
Colombia inicia un decenio mejor que el anterior, pero plagado de retos. Extirpar el secuestro debe ser la prioridad. No sólo deben ser liberados de manera inmediata e incondicional todos los secuestrados tanto políticos como económicos, sino que el flagelo debe desaparecer. El secuestro es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer: se asemeja a la esclavitud en la pérdida de la libertad y de la autodeterminación propias del individuo y tiene las afrentas de la tortura, la extorsión familiar y social, y el efecto de terror que causa sobre las colectividades. La práctica del secuestro pone de presente el tenebroso accionar de abominables criminales; jamás podrá justificarlo ninguna ideología y es una afrenta a los pensadores de la izquierda europea que fueron humanistas que buscaban erradicar formas mucho más sutiles de esclavitud, como la alienación. Los árboles que sostienen las cadenas que amarran a compatriotas caerán bajo el peso de su propia concupiscencia.
La Seguridad Democrática debe avanzar decididamente. Nuestras fuerzas armadas que han hecho un esfuerzo extraordinario para enfrentar dentro de la legalidad una guerra irregular y narcoterrorista, merecen el respaldo de la Nación. Por supuesto que aquellos que portan las armas de la República y delincan deben ser sancionados; pero no podemos abandonar a quienes han cumplido con su deber y son víctimas de falsas y perniciosas acusaciones. Es inaplazable diseñar un sistema que garantice a esos servidores de la patria una defensa justa y le dé a la Nación la tranquilidad de que no defraudará a quienes ponen en vilo su vida por la seguridad que disfrutamos todos. ¿Qué sociedad seríamos si damos la espalda a quienes se sacrifican por la libertad y la institucionalidad? Más vale un culpable libre, que un inocente injustamente condenado.
La relación con EE.UU. requiere de ajustes: el TLC debería ser aprobado como muestra de respaldo a la economía legal de nuestro país. En el tráfico a las drogas, requerimos mayor cooperación; los recursos de los narcotraficantes que extraditamos deben regresar completos al país para ser destinados a las víctimas y desplazados derivados del narcoterrorismo. El Plan Colombia debería contemplar nuevos aportes para garantizar la seguridad y eficacia de la erradicación manual y el saneamiento ambiental.
En el contexto suramericano la Nación entera debe cerrar filas en torno al Presidente como símbolo de nuestra democracia y soberanía, es la mejor manera de cerrar también la boca del vecino comandante y sus aliados.
El País, 2 de enero de 2010
Como humanidad este será un decenio definitivo para replantear nuestra relación con el medio ambiente. A las consideraciones sobre nuestra capacidad de resiliencia ante el inminente fenómeno del calentamiento global, se deben sumar las reflexiones éticas sobre el derecho a la subsistencia de las demás especies. Estamos ad portas de un cambio de paradigma donde la supremacía humana conllevará responsabilidades sin antecedentes. El hombre requirió 20 siglos para dominar e imponerse a las fuerzas de la naturaleza y de ahora en adelante se trata de protegerla y conservarla.
Colombia inicia un decenio mejor que el anterior, pero plagado de retos. Extirpar el secuestro debe ser la prioridad. No sólo deben ser liberados de manera inmediata e incondicional todos los secuestrados tanto políticos como económicos, sino que el flagelo debe desaparecer. El secuestro es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer: se asemeja a la esclavitud en la pérdida de la libertad y de la autodeterminación propias del individuo y tiene las afrentas de la tortura, la extorsión familiar y social, y el efecto de terror que causa sobre las colectividades. La práctica del secuestro pone de presente el tenebroso accionar de abominables criminales; jamás podrá justificarlo ninguna ideología y es una afrenta a los pensadores de la izquierda europea que fueron humanistas que buscaban erradicar formas mucho más sutiles de esclavitud, como la alienación. Los árboles que sostienen las cadenas que amarran a compatriotas caerán bajo el peso de su propia concupiscencia.
La Seguridad Democrática debe avanzar decididamente. Nuestras fuerzas armadas que han hecho un esfuerzo extraordinario para enfrentar dentro de la legalidad una guerra irregular y narcoterrorista, merecen el respaldo de la Nación. Por supuesto que aquellos que portan las armas de la República y delincan deben ser sancionados; pero no podemos abandonar a quienes han cumplido con su deber y son víctimas de falsas y perniciosas acusaciones. Es inaplazable diseñar un sistema que garantice a esos servidores de la patria una defensa justa y le dé a la Nación la tranquilidad de que no defraudará a quienes ponen en vilo su vida por la seguridad que disfrutamos todos. ¿Qué sociedad seríamos si damos la espalda a quienes se sacrifican por la libertad y la institucionalidad? Más vale un culpable libre, que un inocente injustamente condenado.
La relación con EE.UU. requiere de ajustes: el TLC debería ser aprobado como muestra de respaldo a la economía legal de nuestro país. En el tráfico a las drogas, requerimos mayor cooperación; los recursos de los narcotraficantes que extraditamos deben regresar completos al país para ser destinados a las víctimas y desplazados derivados del narcoterrorismo. El Plan Colombia debería contemplar nuevos aportes para garantizar la seguridad y eficacia de la erradicación manual y el saneamiento ambiental.
En el contexto suramericano la Nación entera debe cerrar filas en torno al Presidente como símbolo de nuestra democracia y soberanía, es la mejor manera de cerrar también la boca del vecino comandante y sus aliados.
El País, 2 de enero de 2010
martes, diciembre 29, 2009
Motivos del lobo
Los resultados de la Seguridad Democrática han sido tan contundentes que el secuestro y asesinato del Gobernador del Caquetá nos sorprendieron. Desde la posesión del presidente Uribe en el 2002 ningún político de alto nivel había sido secuestrado. Se pone de manifiesto la historia de infamia a la que nos han sometido las Farc durante más de medio siglo y llama la atención sobre la nueva etapa del conflicto.
Quienes atribuyen el trágico hecho a fallas en la Seguridad Democrática desconocen la estructura de la guerra de guerrillas. Al principio, cuando las Farc habían tomado bastas áreas del territorio, de donde había salido la Policía e incluso muchos alcaldes ejercían su cargo desde la distancia, la tarea era recobrar el espacio para la institucionalidad. Los enfrentamientos fueron duros e exigieron sacrificio y esfuerzo. Alcanzada la primera derrota de los terroristas y el asentamiento de las fuerzas del orden, la guerrilla se replegó. Pero, la guerra contra las Farc no ha terminado, estamos en la segunda etapa, con otras aristas.
El repliegue estratégico impide propiciar los enfrentamientos. El ejercicio consiste en esperar una manifestación, una pista para poder seguir a los criminales solapados tras las sombras; son hienas esperando el menor descuido para atacar. Es una fase espinosa porque la tranquilidad invita a la confianza y la capacidad de los terroristas para sorprender es desconcertante. Mucho se ha dicho sobre el esquema de seguridad del inmolado Gobernador, que evidentemente era insuficiente. Como es insuficiente para esta guerra cualquier número de policías y militares, pues nunca será posible tener un esquema de seguridad para todos los ciudadanos. Este tipo de guerra requiere inteligencia para eliminar a los cabecillas, sin los cuales la jauría de fieras se dispersa.
Un efecto colateral de la efectividad de la Seguridad Democrática es que permitió que empecemos a olvidar ese pasado de desdicha y algunos han aprovechado para cuestionar la calidad de terroristas de las Farc, sumiendo a la Nación en diálogos que ya hemos probado inútiles, esfuerzos e ilusiones siempre frustradas. Colombia ha sufrido mucho y llegará el tiempo para sanar las heridas, pero no podemos olvidar que seguimos sobre un abismo.
Lo más aberrante es que el grupo de narcoterroristas se atreva a decir que no hay pruebas sobre la autoría de lo sucedido. Es la vieja estrategia que pretende anular su responsabilidad culpabilizando al Gobierno. Dicen ser acusados sin pruebas; dicen que ese es sólo el resultado de los rescates. Lo dicen como quien explica una ley física; como si hubiera razones que justifiquen el secuestro y rescates que disculpen el asesinato. Y rematan en un adagio para decir que el Gobernador tenía compromiso contrainsurgente y merecía la muerte. De sus declaraciones sabemos que no tienen capacidad de comunicación; es probable que la cúpula ni siquiera sepa si se trata de un golpe de sus cómplices, por eso no se atreven a negarlo.
Puede la tristeza imaginar a Luis Francisco Cuéllar después de celebrar su cumpleaños 69, secuestrado por quinta vez, convertido en una mercancía mediante la cual se pretendía extorsionar a quienes lo amaban, bien por vínculos familiares o por aquellos que impone la estructura democrática; por esos que asesinaron a su hijo. Y al policía Javier García, que ofrendó su vida como símbolo de que existe una Colombia mejor.
El PAIS Cali, 26 de diciembre de 2009
Quienes atribuyen el trágico hecho a fallas en la Seguridad Democrática desconocen la estructura de la guerra de guerrillas. Al principio, cuando las Farc habían tomado bastas áreas del territorio, de donde había salido la Policía e incluso muchos alcaldes ejercían su cargo desde la distancia, la tarea era recobrar el espacio para la institucionalidad. Los enfrentamientos fueron duros e exigieron sacrificio y esfuerzo. Alcanzada la primera derrota de los terroristas y el asentamiento de las fuerzas del orden, la guerrilla se replegó. Pero, la guerra contra las Farc no ha terminado, estamos en la segunda etapa, con otras aristas.
El repliegue estratégico impide propiciar los enfrentamientos. El ejercicio consiste en esperar una manifestación, una pista para poder seguir a los criminales solapados tras las sombras; son hienas esperando el menor descuido para atacar. Es una fase espinosa porque la tranquilidad invita a la confianza y la capacidad de los terroristas para sorprender es desconcertante. Mucho se ha dicho sobre el esquema de seguridad del inmolado Gobernador, que evidentemente era insuficiente. Como es insuficiente para esta guerra cualquier número de policías y militares, pues nunca será posible tener un esquema de seguridad para todos los ciudadanos. Este tipo de guerra requiere inteligencia para eliminar a los cabecillas, sin los cuales la jauría de fieras se dispersa.
Un efecto colateral de la efectividad de la Seguridad Democrática es que permitió que empecemos a olvidar ese pasado de desdicha y algunos han aprovechado para cuestionar la calidad de terroristas de las Farc, sumiendo a la Nación en diálogos que ya hemos probado inútiles, esfuerzos e ilusiones siempre frustradas. Colombia ha sufrido mucho y llegará el tiempo para sanar las heridas, pero no podemos olvidar que seguimos sobre un abismo.
Lo más aberrante es que el grupo de narcoterroristas se atreva a decir que no hay pruebas sobre la autoría de lo sucedido. Es la vieja estrategia que pretende anular su responsabilidad culpabilizando al Gobierno. Dicen ser acusados sin pruebas; dicen que ese es sólo el resultado de los rescates. Lo dicen como quien explica una ley física; como si hubiera razones que justifiquen el secuestro y rescates que disculpen el asesinato. Y rematan en un adagio para decir que el Gobernador tenía compromiso contrainsurgente y merecía la muerte. De sus declaraciones sabemos que no tienen capacidad de comunicación; es probable que la cúpula ni siquiera sepa si se trata de un golpe de sus cómplices, por eso no se atreven a negarlo.
Puede la tristeza imaginar a Luis Francisco Cuéllar después de celebrar su cumpleaños 69, secuestrado por quinta vez, convertido en una mercancía mediante la cual se pretendía extorsionar a quienes lo amaban, bien por vínculos familiares o por aquellos que impone la estructura democrática; por esos que asesinaron a su hijo. Y al policía Javier García, que ofrendó su vida como símbolo de que existe una Colombia mejor.
El PAIS Cali, 26 de diciembre de 2009
domingo, diciembre 27, 2009
Calentamiento Global
Lo que se juega el mundo en las negociaciones del cambio climático no es despreciable. Es un fenómeno que, con independencia a lo que suceda, alterará de manera definitiva el planeta.
Si los líderes mundiales se ponen de acuerdo impondrán límites a los impulsos de desarrollo y crecimiento económico y estaremos entrando en una nueva fase histórica. La revolución científica, la revolución industrial y el desarrollismo serán transformados. Aquellas épocas que convirtieron la naturaleza en un objeto que utilizamos terminarán para dar paso a una naturaleza con consideraciones similares a las que se tienen con otro sujeto. Los esfuerzos por descifrarla ya no serán para controlarla, sino para atender su vulnerabilidad y fragilidad.
Si los líderes no alcanzan el consenso, el planeta vivirá una transformación física. Hoy en día todos los científicos coinciden en la inminencia del proceso de calentamiento global. La atmósfera se ha ido llenando de gases con efecto invernadero que impiden la salida de la radiación infrarroja (energía solar que el globo ha absorbido). Se trata de un fenómeno causado por el hombre, especialmente por la utilización de combustibles fósiles (como el petróleo) que produce CO2. La discusión científica a estas alturas se limita a la velocidad con la que ocurrirán los cambios, la magnitud de los mismos y los mecanismos para adaptarnos. Si los científicos más fatalistas tienen razón, seremos nosotros mismos quienes los presenciaremos y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos.
En este contexto, la discusión de Copenhague no es fácil, pero además el tema tiene una serie de injusticias intrínsecas que lo complican aún más. Como lo hemos dicho, la causa fundamental del calentamiento global fue y es el desarrollo de las naciones -el proceso de industrialización-, pero las consecuencias no se limitan a aquellos países ‘responsables’. Por el contrario, los efectos cobijarán a todo el globo y en muchos casos se prevén más críticos para las naciones en vía de desarrollo. La capacidad de resiliencia está íntimamente relacionada con los recursos económicos, de manera que la adaptación y el bienestar de las naciones más pobres serán dramáticamente afectados por las acciones de las ricas.
Desde la perspectiva de cualquier sistema de responsabilidad es evidente que aquellas naciones deberían resarcir el daño causado. No se trata entonces de una contribución sujeta a condiciones ni de ‘una ayuda’, sino al reconocimiento de una obligación. Por eso, a pesar de que EE.UU. ofreció US$100 billones, no parecen aceptables los términos en que lo han hecho. Tampoco son claros los mecanismos mediante los cuales esos recursos serían entregados ni cómo serán administrados.
Otro tema que amplía el debate es la reducción de emisiones de los ‘nuevos’ grandes contaminadores. China e India, a pesar de estar en vía de desarrollo, ya tienen unas emisiones muy significativas. Es prioritario implementar mecanismos de producción limpia y, otra vez, estas tecnologías pertenecen a las naciones desarrolladas. Si bien parece injusto imponerles reducciones, el derecho al desarrollo no puede ir en detrimento del bienestar mundial; y al mismo tiempo la transferencia de tecnología -acordada desde las primeras convenciones- ha sido parca y poco efectiva.
Como consumidores tenemos que premiar con nuestra preferencia productos con consideraciones ambientales.
El Pais, Cali 19 de diciembre de 2009
Si los líderes mundiales se ponen de acuerdo impondrán límites a los impulsos de desarrollo y crecimiento económico y estaremos entrando en una nueva fase histórica. La revolución científica, la revolución industrial y el desarrollismo serán transformados. Aquellas épocas que convirtieron la naturaleza en un objeto que utilizamos terminarán para dar paso a una naturaleza con consideraciones similares a las que se tienen con otro sujeto. Los esfuerzos por descifrarla ya no serán para controlarla, sino para atender su vulnerabilidad y fragilidad.
Si los líderes no alcanzan el consenso, el planeta vivirá una transformación física. Hoy en día todos los científicos coinciden en la inminencia del proceso de calentamiento global. La atmósfera se ha ido llenando de gases con efecto invernadero que impiden la salida de la radiación infrarroja (energía solar que el globo ha absorbido). Se trata de un fenómeno causado por el hombre, especialmente por la utilización de combustibles fósiles (como el petróleo) que produce CO2. La discusión científica a estas alturas se limita a la velocidad con la que ocurrirán los cambios, la magnitud de los mismos y los mecanismos para adaptarnos. Si los científicos más fatalistas tienen razón, seremos nosotros mismos quienes los presenciaremos y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos.
En este contexto, la discusión de Copenhague no es fácil, pero además el tema tiene una serie de injusticias intrínsecas que lo complican aún más. Como lo hemos dicho, la causa fundamental del calentamiento global fue y es el desarrollo de las naciones -el proceso de industrialización-, pero las consecuencias no se limitan a aquellos países ‘responsables’. Por el contrario, los efectos cobijarán a todo el globo y en muchos casos se prevén más críticos para las naciones en vía de desarrollo. La capacidad de resiliencia está íntimamente relacionada con los recursos económicos, de manera que la adaptación y el bienestar de las naciones más pobres serán dramáticamente afectados por las acciones de las ricas.
Desde la perspectiva de cualquier sistema de responsabilidad es evidente que aquellas naciones deberían resarcir el daño causado. No se trata entonces de una contribución sujeta a condiciones ni de ‘una ayuda’, sino al reconocimiento de una obligación. Por eso, a pesar de que EE.UU. ofreció US$100 billones, no parecen aceptables los términos en que lo han hecho. Tampoco son claros los mecanismos mediante los cuales esos recursos serían entregados ni cómo serán administrados.
Otro tema que amplía el debate es la reducción de emisiones de los ‘nuevos’ grandes contaminadores. China e India, a pesar de estar en vía de desarrollo, ya tienen unas emisiones muy significativas. Es prioritario implementar mecanismos de producción limpia y, otra vez, estas tecnologías pertenecen a las naciones desarrolladas. Si bien parece injusto imponerles reducciones, el derecho al desarrollo no puede ir en detrimento del bienestar mundial; y al mismo tiempo la transferencia de tecnología -acordada desde las primeras convenciones- ha sido parca y poco efectiva.
Como consumidores tenemos que premiar con nuestra preferencia productos con consideraciones ambientales.
El Pais, Cali 19 de diciembre de 2009
martes, diciembre 15, 2009
La decisión de los liberales
El Partido Liberal se reúne para discutir mucho más que la estrategia que aplicará para las próximas elecciones. Se trata de un momento decisivo para esa colectividad. La situación del liberalismo se ha complicado en los últimos años. No hace mucho ese partido recogía un enorme grupo de ciudadanos que ideológicamente irradiaban desde el liberalismo -en el sentido tradicional de la palabra- hasta un socialismo pujante. La manifestación de esa incoherencia política fue el gobierno Gaviria: avalado por la teoría del libre mercado se privatizaron muchas empresas estatales y la apertura enfrentó la industria nacional con la internacional y paralelamente se incrementó el gasto estatal a niveles exorbitantes.
La contradicción de las posturas entre sus integrantes era evidente. Ello favorecía al liberalismo, que siempre encontraba entre sus huestes un candidato que se ajustara a las modas políticas. Para la democracia, en cambio, no era conveniente. La dinámica política se beneficia con partidos ideológicamente definidos y coherentes; los ciudadanos tienen claridad sobre lo que significa votar por cada uno, pues comprenden las consecuencia políticas de cada postura.
El país maduró políticamente y hoy tenemos propuestas concretas y serias de izquierda y derecha, pero ello fue en detrimento de los liberales. Cabe recordar que el presidente Uribe hacía parte de ese partido y éste no lo quiso acompañar en su campaña. Ese fue un error político, pero un acierto para la clarificación de la política. Surgió un espacio para concentrar junto a la figura de Uribe un proyecto de derecha. Al mismo tiempo, se consolidó el Polo Democrático con un proyecto de izquierda bien definido. Ambos se fortalecieron en la dinámica Gobierno-oposición. En medio de la indecisión, la base liberal se ha ido fragmentando: algunos hacia el Polo y otros hacia el uribismo. Es prioritario resolver su divagación.
Pueden intentar una corriente liberal -como en Inglaterra- donde ese partido sea una alternativa a aquellas dos tendencias; pero se trataría de un partido minoritario. Una opción de centro fue catalogada por el ex presidente Samper como un suicidio político, pues los extremos estarán siempre comiéndoselo. Él sugiere una sintonización con la conmoción ideológica que vive América Latina para la configuración de un proyecto de izquierda. Parece entonces que los liberales podrían estar pensando unirse a los movimientos bolivarianos. El éxito de una ultraizquierda está por verse, pues las modas del continente casi nunca coinciden con las nacionales.
Si el partido se une a Vargas Lleras estará ubicándose en una corriente de derecha y si lo hace con Pardo dará un viraje a la izquierda y se anuncia una unión con el Polo (aunque Pardo es fiel a la confusión liberal y fue hasta uribista). La cuestión es si el Polo va a permitir que después de tanto trabajo el liberalismo se alce con su lugar político.
Definirse será difícil, sobre todo porque hoy en día lo que es derecha e izquierda es confuso. Entre la derecha -cercana con los sistemas de mercado, un estado pequeño y visión de largo plazo- y la izquierda -abanderada de la intervención, el ente estatal como agente económico y atención en el corto plazo- hay un espectro de opciones infinitas. Pero los electores colombianos son cada vez más perspicaces y quieren posturas concretas y ya no paradojas que resultan en gobiernos impredecibles.
El País Cali, 12 de diciembre de 2009
La contradicción de las posturas entre sus integrantes era evidente. Ello favorecía al liberalismo, que siempre encontraba entre sus huestes un candidato que se ajustara a las modas políticas. Para la democracia, en cambio, no era conveniente. La dinámica política se beneficia con partidos ideológicamente definidos y coherentes; los ciudadanos tienen claridad sobre lo que significa votar por cada uno, pues comprenden las consecuencia políticas de cada postura.
El país maduró políticamente y hoy tenemos propuestas concretas y serias de izquierda y derecha, pero ello fue en detrimento de los liberales. Cabe recordar que el presidente Uribe hacía parte de ese partido y éste no lo quiso acompañar en su campaña. Ese fue un error político, pero un acierto para la clarificación de la política. Surgió un espacio para concentrar junto a la figura de Uribe un proyecto de derecha. Al mismo tiempo, se consolidó el Polo Democrático con un proyecto de izquierda bien definido. Ambos se fortalecieron en la dinámica Gobierno-oposición. En medio de la indecisión, la base liberal se ha ido fragmentando: algunos hacia el Polo y otros hacia el uribismo. Es prioritario resolver su divagación.
Pueden intentar una corriente liberal -como en Inglaterra- donde ese partido sea una alternativa a aquellas dos tendencias; pero se trataría de un partido minoritario. Una opción de centro fue catalogada por el ex presidente Samper como un suicidio político, pues los extremos estarán siempre comiéndoselo. Él sugiere una sintonización con la conmoción ideológica que vive América Latina para la configuración de un proyecto de izquierda. Parece entonces que los liberales podrían estar pensando unirse a los movimientos bolivarianos. El éxito de una ultraizquierda está por verse, pues las modas del continente casi nunca coinciden con las nacionales.
Si el partido se une a Vargas Lleras estará ubicándose en una corriente de derecha y si lo hace con Pardo dará un viraje a la izquierda y se anuncia una unión con el Polo (aunque Pardo es fiel a la confusión liberal y fue hasta uribista). La cuestión es si el Polo va a permitir que después de tanto trabajo el liberalismo se alce con su lugar político.
Definirse será difícil, sobre todo porque hoy en día lo que es derecha e izquierda es confuso. Entre la derecha -cercana con los sistemas de mercado, un estado pequeño y visión de largo plazo- y la izquierda -abanderada de la intervención, el ente estatal como agente económico y atención en el corto plazo- hay un espectro de opciones infinitas. Pero los electores colombianos son cada vez más perspicaces y quieren posturas concretas y ya no paradojas que resultan en gobiernos impredecibles.
El País Cali, 12 de diciembre de 2009
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