¿Cómo puede convertirse una persona en un asesino y un secuestrador? ¿Cómo puede matar familias y destruir pueblos enteros? ¿Cómo puede alguien ponerle precio a la libertad?
Aún de manera teórica resulta difícil entender la maldad. La conciencia humana, en general, juzga por introspección. Parece natural, entonces, que se desplieguen grados de empatía por el otro y se comprendan sus circunstancias, sus motivos y sus dolores. En este contexto, la maldad es, más bien, una debilidad; no poder soportar ni controlar nuestras propias circunstancias. Terminamos actuando en contra de los otros apoyados en un sentido de que se hace por la necesidad individual o por condiciones que consideramos irresistibles.
La maldad es una falta de empatía por el otro que permite convertirlo en un medio para algo; es precisamente la incapacidad de entender el principio kantiano de que el hombre debe ser siempre un fin en sí mismo. Puede haber muchos constructos que le permiten al sujeto disfrazar sus conductas y no sentirse un mal ser humano. La justificación más poderosa sostiene que el mal inflingido es menor que el bien otorgado o que todo ello es producto de falta de educación o privaciones.
Por ello, desde el punto de vista externo juzgar a alguien como malo tampoco es sencillo. El derecho penal intenta tipificar cada una de las conductas que se catalogan como malas. Aún así cuando juzga, verifica el nivel de culpa individual.
Ahora bien, hay casos donde la maldad es tan abrumadora que no deja duda. Son hombres que se saben, se reconocen y se quieren malos. El ‘Mono Jojoy’ está en esta categoría. Era un ser humano incapaz de compasión, que debía disfrutar el dolor de los demás y regocijarse ciegamente entre el poder que una maldad así le otorgaba.
Categorizó a los campesinos como herramientas para demostrar su poder y destruyó pueblos enteros para poseer a esas comunidades. Convirtió a los soldados y a los políticos en monedas para el cambio, sin reconocerles la mínima dignidad humana y los maltrató hasta límites sólo vistos con los nazis. En su guerra contra el Estado, despersonalizó a los colombianos, nos convirtió en medios para algún deseo suyo. Lo suyo debía ser algo como el miedo, el poder, el mando, por eso murió con un reloj Rolex en la mano. Por eso debía morir.
La intención que se invoque para ejercer la brutalidad siempre será insuficiente. La violencia como mecanismo para renovar las estructuras sociales falla radicalmente porque convierte a la población en un medio. Ese es un error insuperable que aleja y distorsiona cualquier razón de bien. La contradicción de que se busca el bien del pueblo y a la vez se lo destruye es tan poderosa que es inaceptable.
El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y todo aquel que decide usurparlo ha de enfrentar su destrucción. El Estado es eterno y ningún hombre puede derrotarlo por la vía del terror. Eso está bien, porque las estructuras estatales –aunque insuficientes e incompletas- deben personificar y velar el querer popular. Y lo que es más importante, están diseñadas para que todos podamos influir en ellas, para que todos seamos parte de ellas.
Los procesos colectivos son mucho más complejos que la guerra. Cambiar, mejorar, construir condiciones exige mucho más que la intimidación. Las sociedades requieren que la pasión y el ímpetu se encarrilen dentro de la legalidad y persuadan hacía la transformación.
El Pais, Cali. 24 de septiembfre de 2010
martes, septiembre 28, 2010
jueves, septiembre 23, 2010
La sapería internacional
La senadora Piedad Córdoba está tratando de sabotear el TLC con la Unión Europea, en una gira que el país ya conoce porque lo mismo hizo con el tratado de EE.UU. Su actitud es antidemocrática, agrede la soberanía nacional y guarda mucha similitud con aquella infantil que los niños denominan ‘sapo’. Aquel que es incapaz de enfrentar y ganar un debate con reglas internas, y que entonces busca una figura externa -que se supone que tiene poder sobre todos- para que intervenga y desarregle los acuerdos a los que esas sociedad infantil ha llegado.
La oposición está inconforme con los tratados de libre comercio. Según sus visión, aquellos desmedran la economía real y privilegian un comercio que no genera empleos.
Tienen buenos argumentos que se han enfrentado en varios debates a la perspectiva contraria que sostiene que el acceso a otros mercados es pieza clave para que nuestra economía pueda crecer. El Congreso debate y decide; la oposición, minoritaria, es derrotada. Pero algunos, como la senadora Córdoba, no aceptan el resultado y entonces se confabula para romper las reglas del juego. Así, también sucede con sus ideas sobre cómo se debe manejar el conflicto con los narcoterroristas de las Farc. La oposición, y ella en particular, tienen un enfoque y las mayorías colombianas otro. Tampoco se conforman con el debate democrático, pretenden imponerse a toda costa, antidemocráticamente.
Lo que más molesta es que con la acción de la Senadora se está legitimando una especie de intervencionismo de los países desarrollados sobre Colombia. Los tratados de libre comercio son negocios entre naciones de igual jerarquía, nunca la ocasión para coaccionar y pretender una supremacía moral que no existe. Somos soberanos y ningún país, por rico que sea, puede venir a decir cómo debemos lidiar con nuestros problemas. Ese es nuestro asunto. El enfoque según el cual esas ‘democracias desarrolladas’ deben exigir de las democracias en desarrollo el cumplimiento de la ley es ofensiva, ridícula y colonialista. Si en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos no es porque el Estado lo avale, es porque hacer cumplir la ley en medio de la convulsión no es fácil. Tan es así, que aquellos ‘desarrollados’ tienen también antecedentes de terribles violaciones de derechos humanos. Me refiero a los continuos casos de xenofobia, y no olvidemos que hace poco esas naciones europeas montaron sistemas extractivos sobre otros países y vulneraron los derechos de los nacionales de esas ‘colonias’. Más aún, con las fugas de Wikileaks quedó claro que los falsos positivos y la violación de derechos humanos suceden en todas las guerras, sólo que se esconden. Nadie dice que esa sea la voluntad del Ejercito o del Gobierno gringo, sólo que pasa, como ha pasado aquí. Precisamente por eso la guerra es terrible.
Irse a buscar papás o profesores que nos exijan como si fuéramos niños es inaceptable. Colombia es de los colombianos. Los muertos, los atentados, los abusos de la guerrilla los hemos vivido nosotros y somos nosotros quienes decidimos cómo los enfrentamos. El diálogo tuvo su oportunidad durante el gobierno Pastrana y los resultados fueron nulos. Además, con los tratados con las cortes internacionales ya no es posible negociar con criminales de lesa humanidad. La guerrilla ya no puede tener opciones políticas, debe rendir las armas y pagar por todos los crímenes que ha cometido.
El País Cali. 18 de septiembre de 2010
La oposición está inconforme con los tratados de libre comercio. Según sus visión, aquellos desmedran la economía real y privilegian un comercio que no genera empleos.
Tienen buenos argumentos que se han enfrentado en varios debates a la perspectiva contraria que sostiene que el acceso a otros mercados es pieza clave para que nuestra economía pueda crecer. El Congreso debate y decide; la oposición, minoritaria, es derrotada. Pero algunos, como la senadora Córdoba, no aceptan el resultado y entonces se confabula para romper las reglas del juego. Así, también sucede con sus ideas sobre cómo se debe manejar el conflicto con los narcoterroristas de las Farc. La oposición, y ella en particular, tienen un enfoque y las mayorías colombianas otro. Tampoco se conforman con el debate democrático, pretenden imponerse a toda costa, antidemocráticamente.
Lo que más molesta es que con la acción de la Senadora se está legitimando una especie de intervencionismo de los países desarrollados sobre Colombia. Los tratados de libre comercio son negocios entre naciones de igual jerarquía, nunca la ocasión para coaccionar y pretender una supremacía moral que no existe. Somos soberanos y ningún país, por rico que sea, puede venir a decir cómo debemos lidiar con nuestros problemas. Ese es nuestro asunto. El enfoque según el cual esas ‘democracias desarrolladas’ deben exigir de las democracias en desarrollo el cumplimiento de la ley es ofensiva, ridícula y colonialista. Si en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos no es porque el Estado lo avale, es porque hacer cumplir la ley en medio de la convulsión no es fácil. Tan es así, que aquellos ‘desarrollados’ tienen también antecedentes de terribles violaciones de derechos humanos. Me refiero a los continuos casos de xenofobia, y no olvidemos que hace poco esas naciones europeas montaron sistemas extractivos sobre otros países y vulneraron los derechos de los nacionales de esas ‘colonias’. Más aún, con las fugas de Wikileaks quedó claro que los falsos positivos y la violación de derechos humanos suceden en todas las guerras, sólo que se esconden. Nadie dice que esa sea la voluntad del Ejercito o del Gobierno gringo, sólo que pasa, como ha pasado aquí. Precisamente por eso la guerra es terrible.
Irse a buscar papás o profesores que nos exijan como si fuéramos niños es inaceptable. Colombia es de los colombianos. Los muertos, los atentados, los abusos de la guerrilla los hemos vivido nosotros y somos nosotros quienes decidimos cómo los enfrentamos. El diálogo tuvo su oportunidad durante el gobierno Pastrana y los resultados fueron nulos. Además, con los tratados con las cortes internacionales ya no es posible negociar con criminales de lesa humanidad. La guerrilla ya no puede tener opciones políticas, debe rendir las armas y pagar por todos los crímenes que ha cometido.
El País Cali. 18 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 17, 2010
Las mafias sólo se trasladan
La polémica en torno a si México vive una situación similar a la de Colombia durante los 80 se concentra en nimiedades, dejando por fuera lo relevante del comentario. Las diferencias pueden ser tantas como se quiera y dependen en gran medida de los aspectos que se analicen. Claro que Colombia tenía un problema de narcotráfico mezclado con el de una insurgencia armada en abierto enfrentamiento con el Estado; esto último México no lo padece. Pero la comparación de las situaciones evidencia que la violencia del narcotráfico no depende de los países, de su gobierno o de la sociedad; la estructura de la mafia y su funcionamiento se reproducen con tenebrosa similaridad.
El combate contra los cultivos ilícitos ha dejado claro que si la presión en un país termina por disminuirlos sobre su territorio, éstos crecen en una proporción similar en un país cercano. Eso no significa que la nación vecina estuviera descuidada, simplemente muestra -para el caso Colombia, Bolivia y Peru- que los Estados están en una especie de competencia y que la mínima diferencia entre sus controles se vuelve un incentivo para los narcocultivadores. Ello revela que el cultivo de la droga no está ligado a parámetros nacionales, sino a un mercado global. Hay un consumo que se suple desde cualquier territorio.
Lo que sucede ahora con México es algo similar, pero más trágico. Los esfuerzos sostenidos de Colombia por combatir el narcotráfico lograron hacer de éste un negocio muy difícil en el contexto nacional y la consecuencia propia de la economía de mercado es que los comerciantes se han desplazado. México resultó un destino ideal por su cercanía con la frontera norteamericana -principales consumidores- y porque ya existían vínculos entre los mafiosos colombianos y los mexicanos, pero bien hubiera podido ser cualquier otro país. No se trata de que México no tuviera suficientes controles. Ningún país está preparado para que las mafias se instalen. Caen como una bomba, son una sorpresa y no importa el grado de desarrollo institucional, el padecimiento es similar.
Los Estados dependen de un pacto social según el cual la mayoría está dispuesta a respetar la ley. La realidad fáctica es que ningún Estado, por poderoso que sea, está en capacidad de contener la rebeldía social. Las mafias ponen a prueba la estructura institucional. Nadie puede estar preparado para sus embates, porque los alcances de su poder corruptor son desconocidos hasta que se instalan. Por supuesto, es una guerra larga que termina por ganar el Estado. No importa cuantos policías o ministros asesine la mafia, siempre habrá otros. El Estado muestra su naturaleza inagotable y termina por derrotar a los individuos. Pero es una guerra larga, sangrienta y muy costosa socialmente.
Ahora tiene el turno México y con seguridad derrotará al narcotráfico. Pero éste flagelo renacerá en algún otro país. No es aceptable que el mundo insista en estos sacrificios simbólicos de las sociedades en desarrollo. Iremos traspasándonos las mafias de frontera en frontera sin final. Debemos aceptar que esta es una guerra que no termina y ello exige pensar seriamente en la legalización.
Si con los recursos que se financia la guerra contra las drogas se implementaran campañas para reducir su consumo, los resultados serían contundentes y se evitaría la inmolación de varios países.
El País, Cali. 11 de septiembre de 2010
El combate contra los cultivos ilícitos ha dejado claro que si la presión en un país termina por disminuirlos sobre su territorio, éstos crecen en una proporción similar en un país cercano. Eso no significa que la nación vecina estuviera descuidada, simplemente muestra -para el caso Colombia, Bolivia y Peru- que los Estados están en una especie de competencia y que la mínima diferencia entre sus controles se vuelve un incentivo para los narcocultivadores. Ello revela que el cultivo de la droga no está ligado a parámetros nacionales, sino a un mercado global. Hay un consumo que se suple desde cualquier territorio.
Lo que sucede ahora con México es algo similar, pero más trágico. Los esfuerzos sostenidos de Colombia por combatir el narcotráfico lograron hacer de éste un negocio muy difícil en el contexto nacional y la consecuencia propia de la economía de mercado es que los comerciantes se han desplazado. México resultó un destino ideal por su cercanía con la frontera norteamericana -principales consumidores- y porque ya existían vínculos entre los mafiosos colombianos y los mexicanos, pero bien hubiera podido ser cualquier otro país. No se trata de que México no tuviera suficientes controles. Ningún país está preparado para que las mafias se instalen. Caen como una bomba, son una sorpresa y no importa el grado de desarrollo institucional, el padecimiento es similar.
Los Estados dependen de un pacto social según el cual la mayoría está dispuesta a respetar la ley. La realidad fáctica es que ningún Estado, por poderoso que sea, está en capacidad de contener la rebeldía social. Las mafias ponen a prueba la estructura institucional. Nadie puede estar preparado para sus embates, porque los alcances de su poder corruptor son desconocidos hasta que se instalan. Por supuesto, es una guerra larga que termina por ganar el Estado. No importa cuantos policías o ministros asesine la mafia, siempre habrá otros. El Estado muestra su naturaleza inagotable y termina por derrotar a los individuos. Pero es una guerra larga, sangrienta y muy costosa socialmente.
Ahora tiene el turno México y con seguridad derrotará al narcotráfico. Pero éste flagelo renacerá en algún otro país. No es aceptable que el mundo insista en estos sacrificios simbólicos de las sociedades en desarrollo. Iremos traspasándonos las mafias de frontera en frontera sin final. Debemos aceptar que esta es una guerra que no termina y ello exige pensar seriamente en la legalización.
Si con los recursos que se financia la guerra contra las drogas se implementaran campañas para reducir su consumo, los resultados serían contundentes y se evitaría la inmolación de varios países.
El País, Cali. 11 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 10, 2010
¿La disolución del uribismo?
El uribismo es el resultado de una empatía de las mayorías colombianas con una manera de entender, priorizar y tratar de resolver los conflictos nacionales. Surgió de las bases populares y ante la abrumadora tendencia los partidos políticos tuvieron que acompañar a Uribe. El manejo político del nuevo gobierno definirá, en gran medida, la continuidad de ese uribismo político en el futuro.
Hay quienes opinan que el arraigo de Santos al Partido Liberal no ha desaparecido, es más, muchos liberales están confiados en que durante este gobierno se dará su resurgimiento. Ese movimiento político, luego de apartarse de la candidatura de Uribe -uno de los suyos- se sumió en una lenta desintegración y dejó de tener opciones de poder en el Ejecutivo. Alegando que Santos no es el uribismo, el liberalismo se subió en la segunda vuelta a la victoria inevitable del ahora presidente. Ahora, por supuesto, pretenden reclamar el triunfo y hacer parte del gobierno de manera activa. Se sienten con los mismos derechos que los conservadores en la coalición, pues ambos adhirieron tarde.
Ya la colectividad azul empieza a sentir el remezón, a pesar de que la participación de ambos partidos en la elección presidencial fue muy distinta. El abrumador triunfo de Santos es y debería ser un éxito uribista. Esta fuerza entendió al candidato como el sucesor de Uribe y eso le garantizó una masa importante. A eso se le sumó una significativa facción conservadora uribista. El gesto de unos pocos, pero representativos conservadores de apoyar a Santos antes de la primera vuelta, impulsó a que muchos azules votaran por él, por eso la candidata Sanín no alcanzó ni siquiera los votos de la consulta.
El error del directorio conservador al haber despreciado y vituperado a quienes se fueron con Santos desde el principio, deja al Partido sin la posibilidad de reclamar el lugar que de hecho tuvo. La ‘disciplina de perros’ que quisieron imponer empieza a cobrar su precio; han quedado situados a la par del liberalismo.
La situación se agrava pues el renacer del Partido Liberal estará liderado por el Ministro de Gobierno.
Vargas Llegas está en campaña y es evidente que está más cerca de los rojos que de los azules. También es claro que él no es uribista, ni pretende mantener esa fuerza democrática. Sus esfuerzos intentarán aglutinar a los liberales a su alrededor y procurará dividir la coalición uribista entre aquellos que en el futuro puedan brindarle apoyo y los que no. Los conservadores empezarán a ser marginados poco a poco, pues tienen vocación de candidato propio. La misma suerte correrán los sectores que muestren más lealtad a otros distintos a Vargas Lleras. La U como partido, será presionada. Ya se anuncian embates profundos que intentará doblegarlos y entregarlos al proyecto de Cambio Radical y tal vez enviarlos de regreso al Partido Liberal.
El destino del uribismo está por verse. Si Vargas Lleras consolida la mayoría, el uribismo estará derruido y el Partido Conservador con él. Si, por el contrario, el uribismo resiste, Vargas Lleras no será un buen ministro. Sus enfrentamientos con el Congreso irán aumentando hasta imposibilitar la acción del gobierno. Es un pulso que está planteado.
El País, Cali. 3 de septiembre de 2010
Hay quienes opinan que el arraigo de Santos al Partido Liberal no ha desaparecido, es más, muchos liberales están confiados en que durante este gobierno se dará su resurgimiento. Ese movimiento político, luego de apartarse de la candidatura de Uribe -uno de los suyos- se sumió en una lenta desintegración y dejó de tener opciones de poder en el Ejecutivo. Alegando que Santos no es el uribismo, el liberalismo se subió en la segunda vuelta a la victoria inevitable del ahora presidente. Ahora, por supuesto, pretenden reclamar el triunfo y hacer parte del gobierno de manera activa. Se sienten con los mismos derechos que los conservadores en la coalición, pues ambos adhirieron tarde.
Ya la colectividad azul empieza a sentir el remezón, a pesar de que la participación de ambos partidos en la elección presidencial fue muy distinta. El abrumador triunfo de Santos es y debería ser un éxito uribista. Esta fuerza entendió al candidato como el sucesor de Uribe y eso le garantizó una masa importante. A eso se le sumó una significativa facción conservadora uribista. El gesto de unos pocos, pero representativos conservadores de apoyar a Santos antes de la primera vuelta, impulsó a que muchos azules votaran por él, por eso la candidata Sanín no alcanzó ni siquiera los votos de la consulta.
El error del directorio conservador al haber despreciado y vituperado a quienes se fueron con Santos desde el principio, deja al Partido sin la posibilidad de reclamar el lugar que de hecho tuvo. La ‘disciplina de perros’ que quisieron imponer empieza a cobrar su precio; han quedado situados a la par del liberalismo.
La situación se agrava pues el renacer del Partido Liberal estará liderado por el Ministro de Gobierno.
Vargas Llegas está en campaña y es evidente que está más cerca de los rojos que de los azules. También es claro que él no es uribista, ni pretende mantener esa fuerza democrática. Sus esfuerzos intentarán aglutinar a los liberales a su alrededor y procurará dividir la coalición uribista entre aquellos que en el futuro puedan brindarle apoyo y los que no. Los conservadores empezarán a ser marginados poco a poco, pues tienen vocación de candidato propio. La misma suerte correrán los sectores que muestren más lealtad a otros distintos a Vargas Lleras. La U como partido, será presionada. Ya se anuncian embates profundos que intentará doblegarlos y entregarlos al proyecto de Cambio Radical y tal vez enviarlos de regreso al Partido Liberal.
El destino del uribismo está por verse. Si Vargas Lleras consolida la mayoría, el uribismo estará derruido y el Partido Conservador con él. Si, por el contrario, el uribismo resiste, Vargas Lleras no será un buen ministro. Sus enfrentamientos con el Congreso irán aumentando hasta imposibilitar la acción del gobierno. Es un pulso que está planteado.
El País, Cali. 3 de septiembre de 2010
viernes, septiembre 03, 2010
La reforma a la Justicia
La consolidación del Estado Social de Derecho sólo será posible cuando la rama jurisdiccional cumpla sus funciones con mayor transparencia y eficiencia. Los males de la Justicia colombiana son múltiples y la reforma presentada por el gobierno es el inicio de un proceso mucho más complejo que será fundamental para el país.
Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.
Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.
Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.
Uno de los temas prioritarios es el control sobre los magistrados que están prácticamente por fuera de cualquier contrapeso. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara lleva la investigación, y puede declarar indigno para ejercer el cargo a un magistrado, pero si median delitos, son sus pares, sus compañeros de la Corte, quienes juzgan al magistrado. No hay, pues, juez independiente. Lo cierto es que la Comisión de Acusaciones tampoco tiene la fortaleza para enfrentar a los magistrados. Muchos congresistas se sienten atemorizados, pues son esos magistrados quienes juzgan a los parlamentarios en única instancia. El proyecto del gobierno pretende encargar la investigación de los magistrados de una Corte a otra; así, la Corte Constitucional investigaría los magistrados de la Corte Suprema. No es una buena propuesta. Los magistrados de una Corte pasan a la otra, se trata de un mismo círculo de amigos y aliados. Este diseño significa la absoluta imposibilidad de juicios imparciales. Además, así como las otras ramas de poder son juzgadas por una rama distinta, la rama jurisdiccional no debe ser la excepción.
Es apenas justo que se cree la doble instancia para los funcionarios con fuero que son juzgados por la Corte Suprema. Tener acceso a dos jueces es un derecho del hombre. Mientras no se modifique la única instancia esos juicios serán nulos. Aún así, la idea de que sean las propias salas de la Corte Suprema las encargadas de cumplir con la pluralidad en el juzgador, es una diferencia meramente formal. Se trata de la separación de un grupo de magistrados elegidos entre ellos mismos por cooptación y reunidos en salones distintos. No habría garantías y se continuaría vulnerando el derecho a dos jueces independientes. Convendría más que la segunda instancia esté encomendada a la Corte Constitucional, para que haya una separación más real.
Hay que solucionar, también, el que estos funcionarios con fuero sean investigados y juzgados por el mismo órgano -la Corte Suprema. Ello lesiona el derecho fundamental al debido proceso. La instrucción y acusación debería estar a cargo del Fiscal General de la Nación, que su vez debería ser elegido de terna presidencial por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
Además la elección de los magistrados no debe –bajo ninguna circunstancia- ser por cooptación. La independencia de la Justicia no significa la instauración de un sistema sin frenos ni contrapesos. Las ramas del poder deben -hasta cierto punto- ser susceptibles a la influencia de las otras, de manera que el flujo de la voluntad popular, expresado a través de los votos, circule y mantenga la estructura estatal sintonizada con el querer democrático; y garantizar que ninguna rama tenga poderes absolutos.
Vale recordar que los comentarios de los miembros de la rama jurisdiccional al respecto de la reforma pueden ser luces, pero nunca mandatos. Mal haríamos, si pidiendo independencia para la Justicia, suprimiéramos la independencia del Congreso. La Justicia no puede regularse a sí misma.
lunes, agosto 30, 2010
La minería, reto para Colombia
Colombia se ha embarcado en la era de la exploración minera con ahínco y entusiasmo. Seguramente la llegada de tantas empresas de reconocida prestancia internacional dará lugar a hallazgos de diferentes minerales como oro, carbón y petróleo entre otros, como ya ha empezado a suceder. La noticia sobre la proliferación de la minería tiene mucho para celebrar, pero implica una serie de retos difíciles, que si no se atienden desmedrarán cualquier beneficio.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
Los recursos que produce la minería son gigantescos, esto en una economía emergente como la colombiana conlleva la necesidad de cuidar su adecuada inversión. El primer riesgo es la llamada ‘enfermedad holandesa’ cuyos primeros síntomas podemos estar padeciendo. La cantidad de divisas que entran al país por minería provocan la apreciación del peso, y esto causa que las exportaciones nacionales pierdan competitividad en el mercado internacional -pues se han vuelto mas costosas-. Paulatinamente puede causarse una desaceleración económica y el colapso de muchas industrias nacionales. La economía como tal puede aumentar en términos de PIB, pero el desempleo aumenta y la distribución de la riqueza empeora.
Muchos Estados, como consecuencia de las arcas llenas, caen en el asistencialismo social, como efecto la sociedad se sume en una especie de pereza colectiva. Las rentas permiten una calidad de vida confortable, sin la necesidad de trabajar ni esforzarse. El sector real de la economía se lesiona aún más, pues la fuerza laboral disminuye y los industriales pierden incentivos. También puede suceder que al aumentar los ingresos del Estado, aumenten también los gastos fijos. La posterior reducción de los gastos estatales es difícil, y en épocas donde los ingresos mineros disminuyan, crecerá el déficit.
El problema más serio del crecimiento minero es el ambiental. Nuestro país tiene serios problemas en la implementación de la normatividad ambiental. Los procesos mediante los cuales se otorgan licencias ambientales, no solucionan la complejidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. Hay tal proliferación normativa y tan pocos recursos humanos y técnicos en las autoridades ambientales que la combinación resulta fatal. Ya hemos visto lo que hace la exploración y más aún la extracción minera en páramos, los problemas de la contaminación de agua, aire y suelo en otras zonas.
Por supuesto que tener mayores recursos en la economía es una ventaja, pero hay que saber invertirlos y manejarlos para proteger el trabajo y la industria y nuestros recursos naturales. Los recursos mineros pueden darnos la oportunidad de mejorar la competitividad creando la infraestructura; carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de trasporte, que le den a la nación nuevas expectativas de desarrollo sostenible. Colombia, como uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo, tiene la responsabilidad de crecer sin lesionar los ecosistemas. Los recursos mineros que tienen muchos costos ambientales, tienen que volverse un motor para la protección ambiental. Pueden financiar la mejoría de las autoridades y la capacidad de implementación de la normatividad; dan para creación de nuevos parques y su adecuado sostenimiento y administración; para promover la investigación sobre la fauna y la flora, y financiar programas de protección que garanticen su continuidad.
jueves, agosto 19, 2010
¿Y los campamentos de las Farc?
Las denuncias que hizo el Gobierno de Colombia sobre la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela son muy graves. La solicitud de que hubiera una comisión internacional para verificarlas era sensata y necesaria. Precisamente por ello, sorprende que después de la reunión entre el nuevo presidente Santos y el Mandatario venezolano, la nueva canciller Holguín anunciara que ya no era necesaria la comisión de verificación.
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
En el discurso en Santa Marta, Chávez repitió que no había campamentos de los narcoterroristas en Venezuela. Santos eludió el asunto con generalidades. Luego nuestra Canciller habló de la confianza en entre los dos gobiernos. Destacó el diálogo. Alabó la creación de comisiones binacionales para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y la recuperación de los más de US$800 millones que les debe Venezuela a los empresarios colombianos. Y anunció que no habrá comisión internacional de verificación.
Este resultado puede significar dos cosas: el ex presidente Uribe, su administración y la inteligencia colombiana estaban equivocados y efectivamente los campamentos no existen; o el nuevo Gobierno considera que si hay o no tales campamentos es un tema secundario. En cualquier caso el país debe saberlo.
Lo que pasó es un misterio. La reunión a puerta cerrada y la información parca e imprecisa que se dio al respecto dejó a la nación colombiana sumida en la perplejidad. Las frases huecas que anuncian la nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas guardan un silencio inapropiado sobre lo que es fundamental para Colombia, a saber, los campamentos guerrilleros. Si a alguno se le olvidó qué tipo de enemigo es el narcoterrorismo de las Farc, ahí están la bomba en Bogotá, los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en el Cauca, para refrescar la memoria. Los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder.
Hay evidentemente un cambio de estilo de gobierno. Reuniones a puerta cerrada, que destacó la canciller Holguín como un avance al decir que todo fluye mejor “sin medios de comunicación de por medio”. Un pleonasmo para alejar la visibilidad y la capacidad de los pueblos de saber qué y cómo deciden sus representantes. Una canciller más preocupada por los asuntos monetarios y económicos que por la seguridad nacional, olvidado que la economía prospera sólo en un contexto seguro. Cambiamos comisiones internacionales visibles y transparentes por comisiones pequeñas e insulsas que dilatan más tiempo problemas graves. Renunciamos ante la comunidad internacional a una petición legítima y perdimos credibilidad. Tenemos un Chávez que puede venir al territorio colombiano y llamar mentirosa a la institucionalidad en frente del Presidente, hacer manifestaciones públicas y recibir aplausos. Un país que tiene que ignora lo que sabe.
Un buen líder encarna la ideología de las mayorías. No se trata, como lo pretenden algunos, la de un embeleco con la persona, sino de una empatía ideológica. Ese es el caso de Uribe, su manera de entender el país y priorizar los problemas corresponde a la de las mayorías colombianas. Pueden hacérsele muchas críticas, pero en el juego democrático la mayoría decide. Así que si Santos se aparta de la visión Uribe, se aleja del querer del grueso de los colombianos.
El Pais, Cali 14 de agosto de 2010
miércoles, agosto 11, 2010
Adiós a mí, por siempre, Presidente
Es para mi un acto de cargada emotividad despedir al presidente Uribe. La primera vez que yo lo vi estaba en la universidad y él era gobernador de Antioquia; me impactó. Era el primer político con quien yo compartía la manera cómo los problemas colombianos debían ser priorizados y los mecanismos mediante los cuales intentaría su solución. Entonces no lanzó su candidatura y me sentí desilusionada.
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
Inició su mandato cuando yo estaba graduándome de la universidad. Recuerdo todas las preocupaciones que me agobiaban, versaban sobre el futuro. “Colombia es un país inviable”, decía todo el mundo en aquel entonces. Yo pensaba mucho en Marx y sus manuscritos donde tan célebremente planteaba ese difícil equilibrio entre las aspiraciones individuales y los deberes sociales. Él no debió imaginarse que su mensaje se convirtiera en un motivo para sentirse descorazonado y perdido. Menos iba a suponer el filósofo que otras aristas de su pensamiento se convirtieran en justificación de la violencia y la aniquilación. Y en mi admiración por sus ideas se mezclaba algo parecido al rencor por su daño.
Uribe representó para mí, y me imagino que así fue para muchos colombianos, un cambio. Un líder que conocía el país y que se refería sin miedo a los problemas y enfrentaba abiertamente los temores que nos tenían amedrentados. Votar por él fue un acto de convicción y de libertad. Un momento donde por fin me sentí satisfecha y tuve la fe de que todo sería mejor. Yo le agradezco al Presidente muchas cosas; sobretodo que me devolvió la fe en Colombia y me dio la certeza de que podíamos.
Lo admiro en toda su humanidad, un hombre falible y obstinado, pero siempre preocupado por esta patria que nos une. Su amor por este país, lo entiendo como la expresión de ese mismo sentimiento que llevamos todos los colombianos, pero él nos enseño que el amor patrio debe manifestarse en acciones y no en declaraciones de buena voluntad, huecas y frágiles. Él supo traducirlo en ejecutorias y su voluntad férrea se convirtió en una pieza clave para que el gran aparato estatal finalmente funcionara. Transformó lo público en un sector que -como debía ser- requiere mística, disciplina y corazón.
Los consejos comunitarios fueron, en mi opinión, una manera de acercar a Colombia, toda ella abandonada y desolada, a la institucionalidad. Le dio visibilidad a las regiones y voz a las autoridades locales. Bogotá entendió que el país es muy distinto del que suponen los teóricos y técnicos estatales; y que si bien no es el mejor, es el que somos. Esos recorridos develaron la complejidad y la sencillez de esta tierra y sus gentes. Mostraron que todos queremos estar mejor. Probó que si hay un proyecto concreto somos capaces de contribuir para construirlo.
La identidad de la nación colombiana se consolidó con Uribe, somos un país con problemas, pero digno. Sentimos el orgullo de sabernos capaces de lidiar con nuestra situación y vemos más brillantes en el futuro.
No veremos un líder igual, no nosotros; un hombre capaz de transformar la desilusión de un pueblo, en energía pura con la cual encender los motores de la sociedad. Un líder así es un símbolo que se da pocas veces, cuando la sincronización de los pueblos alcanza tal potencia que se realiza.
Señor Presidente, usted representa lo más excelso de está patria y ha hecho de nosotros mejores colombianos, comprometidos cabalmente con esta Nación. Siga siempre adelante.
El País, Cali. 7 de agosto de 2010
jueves, agosto 05, 2010
La paradoja de la droga
La situación de México es dramática. La violencia del narcotráfico ha empezado a irrumpir en la vida de ciudadanos corrientes, una historia que conocemos. La prohibición de su producción y comercialización se convierte en un imán para personas inescrupulosas, que atraídas por los volúmenes de dinero y las pocas barreras de entrada, luchan por controlar uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Las guerras entre carteles, en los carteles, por los carteles crean un clima de zozobra. Las mafias con el poder económico pervierten los sistemas institucionales; la violencia, los sobornos y las amenazas los carcomen. Esa incapacidad del Estado de controlar las acciones de los narcos debilita ante el resto de la sociedad las nociones de temor y respeto a la ley necesarias para la vida en comunidad.
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
Rápidamente las nuevas generaciones desarrollan admiración por las posiciones de poder de los mafiosos y los valores sociales se transforman. Es ciclo que con cada golpe gana inercia. Así sucedió en Colombia.
Esta es una cara, la triste, de la realidad de las drogas, y contrasta con el mundo de los consumidores. No son, en general, como los pintan, drogadictos inservibles ajenos a la sociedad (esos no tendrían como pagar U$80 por un gramo de cocaína). La mayoría de los consumidores norteamericanos son funcionales y trabajan; tienen buena capacidad económica y consumen las drogas como mecanismo lúdico o elemento para mejorar su trabajo. Sus vidas no se afectan.
La política antidrogas a nivel mundial tiene grandes desequilibrios. Hace énfasis en la producción y comercialización e ignora el consumidor final. No es casualidad. Los países productores y comercializadores -países en desarrollo- llevan todas las de perder, mientras que los consumidores -países desarrollados- se limitan a colaborar con recursos económicos. La violencia que genera la implementación de la prohibición la vivimos nosotros, mientras para ellos es sólo un tema de discusión política y presión sobre las economías emergentes.
Lo más terrible de la guerra contra las drogas es que no es posible darla de manera cabal; las acciones que realizan los Estados tratando de controlarla tienen, en el mejor de los casos, impacto nacional. Como las estadísticas lo muestran, la disminución en un país significa el aumento en otro. Así los esfuerzos de Colombia hoy repercuten negativamente sobre México, y cuando ese país logre -después de mucha sangre- hacer del narcotráfico un negocio muy difícil, éste se trasladará a otro país. Es imposible prohibir el comercio de un bien para el que existe mercado prospero; no es la oferta lo que aumenta el consumo en el caso de los bienes ilícitos, pues no se puede usar la publicidad; por el contrario, la demanda jalona la oferta.
Lo cierto es que esta guerra la pierde el mundo como colectivo, pero la padecemos sólo algunos países. ¿Qué justifica la prohibición de las drogas aún en contra de los principios de libertad individual, aún con la imposibilidad fáctica de combatirlas? La discusión en torno a qué cosas puede prohibir el Estado a los ciudadanos tiene hondas implicaciones, ¿tiene derecho una persona a decidir consumir productos que son nocivos para su salud sabiendo que los son? ¿de quién es el cuerpo? ¿de quién la vida? ¿qué tanta responsabilidad debe tener un individuo frente a la sociedad? Vale la pena volver a pensar en la legalización.
El País Cali. 31 de julio de 2010
sábado, julio 31, 2010
Chávez y la guerra
El problema con Venezuela no es Uribe, como sostiene Chávez; el problema –real y complejo- es la actitud que tiene ese gobierno frente a las Farc y el ELN, reconocidos grupos narcoterroristas. Colombia, bajo el gobierno Uribe y con un esfuerzo titánico, ha logrado reducir esos grupos que han tenido que replegarse en las profundidades de la selva y en las fronteras. Tenemos evidencia contundente de la presencia de varios jefes guerrilleros en Venezuela, donde no sólo planean ataques contra Colombia sino que además reciben visitas y son custodiados por 1.500 hombres.
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
La petición de Colombia en la OEA fue seria y fácil; una comisión para visitar los campamentos. Las pruebas están ahí y, si el Gobierno venezolano tiene la certeza de que tales campamentos no existen, debía aceptar la solicitud de visita de manera inmediata. La reacción, en cambio, fue burlona y terminó con el anuncio de Chávez -en compañía de Maradona- de que rompe relaciones.
La situación que Chávez calificó como ‘montaje’ es real. Eso mismo sucedió en la frontera con Ecuador, donde fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, y que nos costó el rompimiento de las relaciones con ese país. Es una encrucijada para Colombia; narcoterroristas que se refugian en los países vecinos y pasan a matar, secuestrar y volar pueblos en Colombia y vuelven a refugiarse en la seguridad que les da la otra soberanía. ¿Qué podemos hacer?
¿Dónde están los otros gobiernos latinoamericanos, tan preocupados por la seguridad del continente? Cuando Colombia hizo un acuerdo sobre la utilización de bases colombianas por EE.UU., todos estuvieron pendientes y escandalizados. Pero, ante la denuncia de que Venezuela tiene campamentos de grupos señalados internacionalmente como terroristas, nadie parece muy afectado. ¿Son más peligrosos para Latinoamérica los gringos que las Farc?
Se equivocan los analistas al juzgar que se trata de enfrentamientos personales de los mandatarios. Hay temas de fondo, además de la protección a los grupos narcoterroristas, el Gobierno de ese país cerró los mercados con Colombia, viola los derechos de muchos colombianos en su territorio –periodistas en los últimos días-, amenaza con guerras y compra cada vez más armas, insulta por televisión a nuestro Presidente y, a través de él, a toda la Nación.
Tampoco es cierto que estemos fracasando en la diplomacia. Colombia ha respondido con calma, abriendo diálogos en los escenarios internacionales para solventar las crisis y, a cambio, recibe siempre amenazas de guerra y nuevos insultos. La diplomacia no consiste en mantener relaciones a toda costa; es también la capacidad de reclamar y defender los derechos que como país tenemos y mantener la dignidad nacional.
Colombia no quiere un guerra, nunca. Es difícil precisar si Chávez la quiere; está desprestigiado en el país y una guerra sería un llamamiento a la unidad. Puede ser, además, una ayuda contundente a los grupos narcoterroristas que serían los únicos beneficiarios del enfrentamiento bélico con otra nación, pues implicaría que la lucha contra ellos en Colombia debe suspenderse.
Finalmente, este es un gran gesto de Uribe a favor de Santos. Estando ad portas de dejar la Presidencia asumió el desgaste político que conlleva presentar los nuevos hallazgos que comprometen a Venezuela. Así Chávez puede insistir en que es Uribe, pero la comunidad internacional ya conoce la información y Santos sigue nuevo.
El País, Cali. 24 de julio de 2010
viernes, julio 23, 2010
¿Para quién los dineros públicos?
Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
El Pais , Cali 16 de julio de 2010
jueves, julio 15, 2010
¿Chávez y Correa de vuelta?
Por supuesto que las relaciones internacionales requieren un contexto de respeto. Y es también claro que entre Venezuela, Ecuador y Colombia existen vínculos históricos ineludibles y que por ello nuestros destinos están ligados indefectiblemente. En consecuencia debería reinar una amistad recia entre sus pueblos, un entendimiento fluido entre los líderes y un proyecto que nos integrará como la región que fuimos bajo la Gran Colombia. Nada de esto sucede.
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
La relación menos compleja desde el punto de vista colombiano es aquella con Ecuador. Todos quisiéramos un restablecimiento rápido y la comprensión del pueblo y el gobierno ecuatorianos de que el ataque que exterminó al asesino Raúl Reyes fue una acción necesaria para el bienestar colombiano, jamás una afrenta contra los ecuatorianos y su territorio, a quienes respetamos como se prueba históricamente. Fue una buena señal que Correa diera muestras de acercamiento a Santos, pero muy pronto volvimos a las ambigüedades, anunció que si Santos iba a Ecuador se le pondría preso. ¿Tiene sentido que el presidente de un país que considera al presidente electo de otro un criminal, venga a su posesión? ¿Colombia debe recibir el mandatario de un país que pretende procesar a las autoridades colombianas sin recurrir siquiera al derecho internacional? ¿Podemos mantener relaciones esquizofrénicas donde Correa puede venir a Colombia y recibir honores presidenciales y Santos, en cambio, no puede pisar Ecuador porque es procesado penalmente y tiene orden de captura? ¿Cuál es el beneficio?
Con Venezuela el escenario es más arduo. Nuestras relaciones comerciales afectadas ya desde hace mucho por los caprichos de Chávez han dejado de ser una excusa para extender la tolerancia colombiana a sus continuos atropellos. El presidente Uribe fue más que prudente en sus comentarios y respuestas a los embates furibundos del venezolano. Incluso Uribe tuvo que llamar a la prudencia a miembros de su gobierno, entre ellos el ahora electo presidente Santos. Aparece, ahora, Chávez diciendo que todos los problemas en las relaciones son causa del gobierno Uribe, y que exige -obsérvese- que cesen los atropellos. Santos por su lado se ha mostrado complacido con el acercamiento e incluso espera que venga a su posesión.
La decisión sobre la diplomacia no es tan simple como Presidente nuevo, relaciones nuevas. No porque un gobierno se acabe e inicie otro, los colombianos olvidamos tantos irrespetos y abusos. Claro que Uribe deja de ser Presidente, pero los colombianos a quienes ha insultado y abusado seguimos siendo los mismos. Uribe representaba la primera magistratura de esta Nación que permanece y recuerda todo el comportamiento descomedido de Chávez.
Vínculos con la guerrilla, asilo y visitas de los narcoterroristas a su territorio, a su palacio. Homenajes a ‘Tirojifo’, lamentaciones por la muerte de Reyes. Bloqueos económicos, intervención en política colombiana, persecución a colombianos en ese país, voladura de los puentes que nos intercomunican, irrespeto a las decisiones soberanas colombianas (como las bases de EE.UU.), abusos e insultos verbales, agresivas compras militares con los ojos puestos en Colombia. El cambio de Presidente colombiano no soluciona nada de eso, pero da una excusa para que Chávez pretenda dejar todo como un episodio aislado con Uribe. ¿Eso es lo que Colombia espera? ¿Nuestra dignidad como nación no importa?
El País Cali, 10 de julio de 2010
sábado, julio 10, 2010
La reforma migratoria
Desde hace mucho se esperaba el pronunciamiento del presidente Obama sobre el tema migratorio en EE.UU. Su discurso del jueves señaló las fallas del sistema de inmigración legal que es excesivamente largo, difícil y costoso; mencionó la imposibilidad fáctica de deportar a todos los ilegales y controlar las amplísimas fronteras. Mostró las ventajas que provee la inmigración, y los abusos a los que se presta la ilegalidad. Hubo pocas propuestas concretas: castigos para los empleadores de ilegales y descartó una amnistía de los ilegales actuales; ellos tendrían que reportarse con el Gobierno, aceptar que violaron la ley, pagar impuestos y una multa y hacer la inmigración legal.
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
En mi opinión el discurso eludió la responsabilidad sobre el tema con propuestas generales donde hay algo que les gusta a todos, pero ninguna decisión de fondo. Descargó, además, la responsabilidad en los republicanos. Sostuvo, que el principal problema que enfrenta su proyecto es la aprobación, pues requería votos republicanos. Ese partido decidió no hacer una reforma que incluya beneficios para los más de once millones de indocumentados que viven en ese país, hasta tanto el Estado no tenga un mayor control en las fronteras, especialmente en la de México, y los sistemas de información sean capaces de reportar quiénes, cuándo y dónde viven quienes habitan en el país. Sólo así podrá haber una reforma real y no un paliativo.
Las ventajas de la inmigración en los EE.UU. son muchas. El flujo constante de personas genera una dinámica de cambio, donde la economía encuentra facilidades para crecer y prosperar. Las estructuras sociales están en continuo movimiento, las clases bajas año a año mejoran por la sola presión de nuevos inmigrantes que ocupan los niveles más bajos de la pirámide social.
La inmigración no es un problema formal de documentos y trabajo, está ligada a dramas humanos profundos: familias rotas, tratos injustos, pero sobretodo el deseo de estar mejor, de hacer más. No son personas que lleguen a buscar asistencia social o regalos de la sociedad; todo lo contrario se someten a las reglas, en general evitan cualquier conflicto, y abrazan la oportunidad de estar mejor con un esfuerzo tenaz que se traduce en un trabajo dedicado, arduo y agradecido. Esa idea de que el inmigrante está relacionado con la criminalidad es equivoca. Muchos son víctimas de abusos que no pueden denunciar, pero evitan estar en problemas. El tráfico de drogas y armas tampoco tiene que ver con la inmigración; son los americanos quienes compran y usan esas drogas y esas armas, que vienen por un tema de vecindad por la misma frontera que los inmigrantes, pero son fenómenos diferentes.
Los norteamericanos critican las políticas laborales de muchos países, exigen cláusulas en los tratados de libre comercio, pero obvian los abusos y el superávit que produce una economía donde mucha de la mano de obra está en una situación de inferioridad, en algunos casos de esclavitud. La economía norteamericana absorbe la inmigración como combustible para el crecimiento. De manera pragmática han sido tolerantes con la ilegalidad porque obtenían beneficios. Ahora que la economía está resentida y los beneficios son menores, el problema es visible. Dar ideas generales y explicar el problema partidista no soluciona nada; Obama tiene que responder a una situación escabrosa de racismo, abuso de autoridad y mucho dolor humano.
El Pais, Cali. 3 de julio de 2010
jueves, julio 01, 2010
¿Unidad nacional?
La abrumadora victoria de Juan Manuel Santos muestra que el país, con amplias mayorías, sigue respaldando la gestión del presidente Uribe y que ha encontrado en su Gobierno respuestas a sus aspiraciones más sensibles. Santos ha sabido liderar la carrera presidencial manteniéndose unido a los postulados uribistas.
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
La segunda vuelta fue arrasadora para Mockus; no aumentó significativamente. No es fácil saber qué lo detuvo. Puede ser el natural miedo de las sociedades a lo desconocido o su incapacidad de presentar respuestas concisas y claras en los debates. Pudo ser la radicalización de sus posiciones en contra de lo que la prensa llama la politiquería. Colombia es un país que tiene una fuerte relación con sus políticos. Buenos o malos cumplen una gestión muy cercana a las bases populares. Salvo el voto de opinión –que sólo conoce a través de los medios a su candidato- hay una fuerte conexión –casi personal- entre la mayoría de los electores y los políticos. Eso que la prensa trata despectivamente como ‘política tradicional’ es una rara mezcla donde se incluyen malas prácticas, pero también políticos comprometidos, con penetración íntima en las estructuras sociales. Esa pretensión de que sólo ellos –los verdes- son morales, éticos y valiosos, es fatua y pendenciera.
En la segunda vuelta se vieron, también, varias transformaciones: el Directorio Nacional Conservador pasó de amenazar con expulsiones a los conservadores con Santos a abrazar a Santos como propio. El ex presidente Gaviria se montó en el bus diciendo que no quería. Esto es un mal síntoma, las derrotas políticas no justifican ni pueden causar el atropello de las ideologías. Entonces aparecen nombramientos que hacen estas alianzas un poco grises y vacías.
Santos ha dado anuncios de querer un gobierno de unidad nacional; es interesante, pero peligroso. Al gobierno Uribe se le critica la polarización política. Una dinámica –en mi opinión- bastante sana donde el gobierno y la oposición han sabido diferenciarse. Ha existido una oposición activa que ha criticado y enriquecido el debate de las decisiones políticas. Esto además ha mejorado y profundizado la claridad de los electores en torno a los temas cruciales de la Nación, de manera que ahora un colombiano sabe que vota, cuando vota.
La unidad nacional resulta muy atractiva cuando se persiguen fines que nos interesan a todos; durante el Frente Nacional se hizo una alianza para derrotar la violencia política y en mucho se avanzó. Ahora bien, sobre las aspiraciones generales podemos estar de acuerdo, pero es difícil que a medida que se acercan las decisiones concretas el consenso se mantenga; en eso radican las diferencias ideológicas. Un gobierno que desdibuje su oposición pierde mucho; se vuelve un caldo donde los sabores se pierden.
Esos entendimientos de Santos con todos los sectores pueden ser un buen inicio siempre y cuando no se limiten a la repartición burocráticas para alcanzar un poder sin críticas, sino al saludo inicial de las partes. Los gobiernos triunfan cuando hay una buena dinámica gobierno-oposición. Por supuesto, puede ser más fácil gobernar un país donde todos estamos de acuerdo, pero no es posible. Tampoco sería deseable que todos pensemos lo mismo; los debates, el intercambio de ideas enriquecen, permiten la madurez de la naciones y garantizan que siempre será posible transformar y aspirar sin límites a cosas mejores.
El Pais, 26 de junio de 2010
jueves, junio 24, 2010
Gaviria Vs. Uribe
El enfrentamiento entre el ex presidente Gaviria y el presidente Uribe tiene sentido. Es inoportuna la adhesión de Gaviria a Santos con una carta donde critica ferozmente al gobierno Uribe. El debate político se dio en la primera vuelta. Pardo, como candidato liberal, representó en la elecciones esa tendencia política –liberal antiuribista– y fue derrotado abrumadoramente, obtuvo sólo 630 mil votos.
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
El triunfo de Santos es el fruto del gobierno Uribe; es la respuesta de una sociedad que cree en la políticas de seguridad democrática, confianza al inversionista, consejos comunales, entre otras cosas que le dieron su prestigio. Las críticas en una adhesión a pocos días de las elecciones son ridículas. Si el ex presidente Gaviria tiene una visión negativa del gobierno Uribe hace mal en apoyar a Santos. Santos representa lo que representa.
Aún así, la jugada de Gaviria es políticamente interesante. Pretende apuntalar a Santos como un candidato que representa a varias colectividades, y con ello garantizar el juego del Partido Liberal en el siguiente gobierno, dando un sentido de que el Partido está fuerte. Al enviar esa carta, Gaviria está sacando a Santos de la bolsa uribista y lo está comprometiendo pasivamente con los postulados de sus líneas. Es una pirueta donde el fracaso de su posición política queda reparado; y se presenta a Santos como una nueva solución que no representa a Uribe; sino a un colectivo que incluye a los liberales antiuribistas.
La reacción de Uribe –que es un político atento y hábil– es coherente. Él como el gestor de los cambios que vio Colombia con su mandato y que dan lugar a que Santos llegue a la Presidencia no puede aceptar la usurpación. Cuando se gana una batalla como la ganó al presidente Uribe con la elección de Santos, es natural no permitir que los derrotados pretendan apropiarse del éxito. Desdibujarlo. Desfigurarlo.
Dicen algunos que es un intento por mantener la polarización política, y eso no es malo. Es importante que el país no vuelva a caer en esos tiempos donde todas las ideologías, todas las posiciones daban lo mismo. La política se trata de tener convicciones, de que los electores sepan por qué ideas están votando. No es razonable ese empalagoso enredo de que perder es ganar y de que Santos no es uribista.
Otros han sugerido que se trata de una intervención en política del Presidente. Sea este el momento para criticar una interpretación así de la norma. Una cosa es prohibir que la estructura estatal sea utilizada para apoyar un candidato, que con dinero oficial, bienes oficiales, o amenazas soportadas en el poder se presione a la hora de votar; y otra muy distinta, es que quienes ostentan cargos en el Estado no puedan expresar sus opiniones políticas. Ese sería un escenario inconstitucional y atroz. Los cargos de elección popular corresponden a personas comprometidas con los debates políticos, que deben estar atentas a los resultados porque han visto en la política el mecanismo para transformar la sociedad y obtener las mejorías que se esperan. Desentenderse de ello es negar la naturaleza de la política.
Mañana serán las elecciones y cada uno votará de acuerdo a sus interpretaciones sobre lo que nos conviene, y será la oportunidad para que la Nación entera tome parte en el diseño del futuro. A veces, un voto no parece significativo, pero es como los electrones que siendo invisibles consolidan la materia.
El Pais, 19 de junio de 2010
martes, junio 15, 2010
Un sabor extraño
Las decisiones judiciales, a pesar de estar soportadas en un cuerpo normativo, tienen alma política. Las pruebas y lo que significa la justicia es impreciso. Por eso, los jueces son personas y no computadores. La condena del coronel (r) Plazas Vega deja ver ese componente político - humano con un sabor agridulce.
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
Luego de leer la voluminosa sentencia que lo condena y la información publicada en los medios y algunos libros queda un sabor extraño. Hay muchísima información: un testimonio contradice al otro; testigos que dicen ser de las Fuerzas Armadas y que jamás han hecho parte, cambios radicales en las declaraciones con el paso del tiempo, testigos que se niegan a declarar.
En esa toma, algo así como 43 muertos civiles, 11 militares y los guerrilleros. Todo indica que once personas que salieron con vida del Palacio fueron desparecidas por organismos del Estado. Eso es injustificable; está mal desde todo punto de vista.
Pero la peor de las ambivalencias es que el M19 que se tomó el Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar para quemar los expedientes de extradición que se estudiaban en las altas cortes ese día, tuvo derecho a participar en una Constitución del 91, además de en política y recibir cargos diplomáticos en el exterior. Sus ‘errores’ planeados y sangrientos fueron perdonados. Para ellos ningún juicio, ninguna sanción. En cambio, los hombres de las Fuerzas Armadas que con la mejor de las voluntades trataron de recobrar el Palacio de Justicia para preservar la institucionalidad, y que cometieron equivocaciones y excesos presionados por la inminencia del ataque y la imposibilidad de que la Nación quedara a merced de los peores criminales del país, ahora están puestos en la palestra pública, acusados. Queda el sabor indescriptible de que hay algo desbalanceado.
Sobre la culpabilidad de Plazas Vega no queda convencido quien se remite a la providencia. Plazas Vega no comandaba la operación; no tenía poder de mando sobre las otras unidades ajenas a la Escuela de Caballería; tenía funciones logísticas con los vehículos blindados para la protección de las tropas fuera del Palacio. Estuvo encargado del rescate de las víctimas hasta la noche del 6 de noviembre; pero la mayoría de los desaparecidos -si no todos- salieron el día 7, cuando la artillería realizaba los rescates. Los rescatados -todos- eran conducidos a la Casa del Florero donde el B2 se encargaba de identificación, interrogación y disposición. Las declaraciones de General (r) Arias Cabrales y de General (r) Sánchez corroboran todo esto.
Ahora, si los desaparecidos estuvieron en la Escuela de Caballería tampoco ello inculpa a Plazas Vega; el B2 y la brigada de contraguerrilla de la Brigada 13 cumplían funciones en parte de las instalaciones. Deja la impresión esa lectura que los desaparecidos estuvieron en manos del B2 cuyo comandante era Edilberto Sánchez -el mismo que señaló la Vallejo- y quien salió libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos.
Plazas Vega es condenado sin que se elimine la duda razonable de su inocencia. Ello aunado al argumento -expuesto en la sentencia- de que el Estado, el Gobierno, sabía de la toma del Palacio y casi la facilitó (hipótesis que todos, incluso Petro y Navarro han desestimado), deja el sabor más triste; se percibe el montaje necesario para demandar al Estado colombiano y obtener multimillonarias indemnizaciones.
El País Cali, 12 de junio de 2010
martes, junio 08, 2010
Asuntos pendientes
De los resultados de la primera vuelta surgen dos temas fundamentales: la relación ejecutivo-judicial y las lecciones que esta elección deja para el Partido Conservador.
Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.
Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?
Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?
Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.
Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.
El País de Cali, 5 de junio de 2010
Si la elección de Santos se concreta, el uribismo seguirá en el poder. La abrumadora votación que obtuvo mostró que el respaldo al presidente Uribe está vigente. Por ello, el enfrentamiento con la Justicia parece cada vez más complicado, y con pocas posibilidades de solucionarse.
Son numerosos los casos donde se evidencia una tendencia de la Rama Judicial a buscar confrontaciones con el Ejecutivo y cualquier aliado que esté en el sector público. Parece como si se hubiera vuelto un elemento de oposición política. El problema se agrava porque la Corte Suprema de Justicia ha dilatado por más de nueve meses la elección del Fiscal y se especula que lo hace esperando un nuevo Gobierno. ¿Qué pasará con el gobierno uribista de Santos?, ¿no tendremos Fiscal? Preocupa además que no haya pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría urgiendo a la Corte para que cumpla con el deber legal de nombrar el Fiscal. ¿Dónde está la institucionalidad en este caso?
Tampoco es apropiado presentar ante la opinión ‘las chuzadas’ del DAS como una conspiración de altos cargos del Ejecutivo contra los magistrados, pues entre los ‘chuzados’ hay varios miembros del Ejecutivo, congresistas uribistas, entre muchos otros. Esos señalamientos que ha hecho la Corte intentan dibujar un gobierno corrupto que no existe. Lo que hay es la oscuridad de los mandos medios del Estado colombiano, que ha recorrido muchos gobiernos. ¿No se habla de una participación del DAS en el asesinato de Galán?, ¿de sus vínculos con paramilitares y mafiosos?
Pero lo que más aterra es que sólo se oyen esas declaraciones donde se acusa al Gobierno, todas aquellas que hablan sobre los ofrecimientos que les hacen fiscales y miembros de la Rama Judicial a los sindicados para implicar y vincular al gobierno y al Presidente son abiertamente ignorados. Recuerdo ya varias declaraciones de paramilitares en ese sentido, y ahora la del general (r) Rito Alejo del Río.
Por otro lado, los lamentables resultados del Partido Conservador expusieron varios problemas: en las consultas abiertas personas ajenas al Partido participan para alterar los resultados que luego causan traumatismos internos. El error de la candidata que no supo abrazar el otro sector conservador es evidente. Pero, sobre todo, quedó demostrado que un partido no puede ser una cárcel ni presionar a sus miembros con amenazas. Hay que distinguir entre una ley de bancadas para la votación de asuntos políticos, y los apoyos para el líder que encarna la dirección de la Nación. La posición de las directivas de impedir el libre ejercicio del voto en materia tan delicada con la candidatura presidencial, fue una grave afrenta a la tradición abierta del conservatismo. Esa directiva conservadora fue derrotada. Menos de un millón de votos muestran que no tiene liderazgo; no interpreta el sentimiento conservador ni ejerce su vocería. Por eso rechina que Araújo como presidente de la colectividad amenazara al senador Gómez con la pérdida de la investidura por apoyar a Santos, y ahora salga abrazando al candidato fervientemente. Es necesario que el Presidente y el directorio conservador renuncien. Hay un mensaje contundente de los conservadores.
El País de Cali, 5 de junio de 2010
viernes, junio 04, 2010
Elección de electores
Este domingo enfrentamos uno de los deberes ciudadanos más significativos; nuestra decisión cobra vida: proyecta las aspiraciones de la Nación hacia el futuro y señala el líder a quien encomendamos esa misión. Es un momento crucial. En los países vecinos existe un contexto político que amenaza lo que las mayorías colombianas han decidido, y que puede actuar como combustible en el conflicto armado colombiano. Si bien las condiciones del país hoy son buenas, es sólo el inicio de una empinada cuesta que tendremos que escalar; el abismo sigue cerca, amenazante y profundo. Las mafias disminuidas, pueden resucitar; los paramilitares desarmados, iniciar nuevas olas de terror; la guerrilla replegada, colorear con sangre, otra vez, a Colombia. Seguimos necesitando un Estado que con su fuerza limite el anarquismo violento y fratricida. Sólo así la economía podrá crecer, sólo así iremos superando la pobreza y el desempleo.
Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.
Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?
El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.
Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).
El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010
Por fortuna los dos candidatos más opcionados son inteligentes, capaces y se han comprometido con lo esencial. Santos ofrece una hoja de vida de servicio a la Nación impecable y tiene la responsabilidad de continuar el proyecto del presidente Uribe. Su defecto es cierta inconsistencia dogmática, pues ha sido Ministro de varios presidentes y desfilado con varias ideologías políticas (ello se manifestó en su desconcertante selección de Vicepresidente). Mockus tuvo una excelente Alcaldía en Bogotá y otra menos vistosa, pero caracterizada por un buen manejo político y un intento por convencer a los ciudadanos de cumplir con sus deberes. Su equipo brilla con su propio peso intelectual. El problema es que no sabemos cómo será su gobierno, las posibilidades de predecirlo son casi nulas; la ambivalencia de sus declaraciones genera inquietud.
Lo que es fundamental, ahora, es la seriedad con la que el elector lleve a cabo su selección. Sea lo primero el diagnóstico de la situación actual, la identificación de lo que se aspira (donde casi todos estamos de acuerdo) y luego, el paso más difícil, su concreción. Las acciones específicas necesarias ¿si fuera Presidente cómo crear empleo?, ¿cómo financiar un buen sistema de salud?, ¿cómo generar crecimiento económico?
El éxito de un gobierno depende de cómo satisface las expectativas de los electores. Es casi imposible superarlas, porque en la imaginación las posibilidades son ilimitadas y la realidad es más compleja. Sensibilizarse con las interdependencias del sistema y la necesidad fáctica de priorizar los recursos le da a la reflexión mayor profundidad. No se soluciona la pobreza, se hace inversión social; no se puede hacer inversión social sin recursos. Si se cobran más impuestos se disminuye la competitividad y sin ella no hay crecimiento económico ni nuevo empleo.
Tampoco debe el elector considerar que un nuevo gobierno puede transfigurar el país. Para bien o para mal, el diseño del Estado impide que la institucionalidad sufra remezones con cada cambio electoral. La estructura estatal, la mayoría de sus funcionarios permanecen y la inercia del sistema es poderosísima. Aquellos vicios anquilosados no desaparecen con el cambio de presidente. Pasan de uno a otro, a veces silenciosos, a veces visibles. El grueso de la oscuridad, la corrupción, las malas prácticas no dependen del Presidente, dependen de la cultura nacional y de la estructura burocrática (fosilizada por el sistema de carrera estatal).
El Pais, Cali. 29 de mayo de 2010
martes, mayo 25, 2010
Universidad pública y Estado
Las universidades públicas en el mundo son centros de potente pensamiento, donde los jóvenes sin importar su capacidad económica son seleccionados por sus méritos y posibilidades académicas. Se funda con ellos uno de los pilares sobre los cuales confiamos la movilidad y el progreso de las sociedades. Por supuesto, en los centros académicos debe haber libertad para que todos los pensamientos se desarrollen y se expresen, pues si algo caracteriza nuestro tiempo es la premisa de que no sabemos si hay verdades y, por lo tanto, todas las tendencias tienen cabida. Pero hay límites.
No todas las ideologías y manifestaciones son aceptables; los fanatismos que incluyen la destrucción de las ideas no afines, la violencia como mecanismo de presión o el terrorismo como herramienta están proscritos. Atentan contra derechos de superior naturaleza como la pluralidad, la paz, la vida, el orden público y el derecho de los alumnos de terminar sus estudios en el tiempo mínimo requerido. Aún así, en Colombia ideologías de este tipo se han apoderado de los centros educativos públicos y cobijadas bajo las consignas de la libertad han abusado y arrasado con esos derechos.
El dominio de la ideología de izquierda en claustros académicos públicos ha sido mal interpretado y excedido por sectores fanáticos de esa línea; que con excesos a veces violentos intentan implantarla como hegemónica y total. ¿Dónde queda el espacio para ideologías que creen en interpretaciones distintas del mundo?
La manifestación de 60 personas con apariencia de guerrilleros del ELN, armados dentro de la Universidad Nacional es una nueva muestra de lo que está sucediendo. Y no olvidemos la gasolina que se roció sobre agentes de la Fuerza Pública que fueron incinerados, protestas violentas que alteran el orden público y la paz de estudiantes y vecinos; paros que dilatan los grados de universitarios consagrados que ansiosos aspiran llegar al mercado laboral, muchos de ellos con créditos que crecen en esas esperas injustificadas. Todo ello no corresponde a lo deseado y no aporta el crecimiento intelectual de los estudiantes, de la universidad ni de la Nación.
Tiene que terminar la inclinación de tolerar lo que no es justificable. Hay una serie de concesiones que han dado lugar a que agentes subversivos armados sientan la tranquilidad de poder entrar a las universidades y con la libertad de amedrentar a la comunidad. Entre ellas esa rarísima costumbre de permitir que estudiantes que han perdido muchos semestres permanezcan en las universidades malgastando recursos que podrían ser asignados a otros jóvenes que aprovecharían la oportunidad. Ese otro hábito según el cual las fuerzas del orden nacional no pueden entrar a las universidades públicas, ese sentimiento de que el Estado es enemigo tiene que superarse. El Estado y la universidad pública tienen que acercarse, pues son un solo ente, vinculados por un destino común.
El Estado colombiano tiene que avanzar sobre la senda de la legitimidad. Mientras éste siga siendo percibido como un ente externo al que unos temen, los otros usan para sus propósitos extractivos, aquellos otros esperan de él lo que nunca llega y otros pretenden destruir, estamos condenados a fracasar. La sociedad civil debe llegar a un grado de empatía y vínculo con el Estado de manera que realmente podamos percibirlo como la fusión de nuestra Nación. Todos somos el Estado.
El País Cali, Mayo 22 de 2010
No todas las ideologías y manifestaciones son aceptables; los fanatismos que incluyen la destrucción de las ideas no afines, la violencia como mecanismo de presión o el terrorismo como herramienta están proscritos. Atentan contra derechos de superior naturaleza como la pluralidad, la paz, la vida, el orden público y el derecho de los alumnos de terminar sus estudios en el tiempo mínimo requerido. Aún así, en Colombia ideologías de este tipo se han apoderado de los centros educativos públicos y cobijadas bajo las consignas de la libertad han abusado y arrasado con esos derechos.
El dominio de la ideología de izquierda en claustros académicos públicos ha sido mal interpretado y excedido por sectores fanáticos de esa línea; que con excesos a veces violentos intentan implantarla como hegemónica y total. ¿Dónde queda el espacio para ideologías que creen en interpretaciones distintas del mundo?
La manifestación de 60 personas con apariencia de guerrilleros del ELN, armados dentro de la Universidad Nacional es una nueva muestra de lo que está sucediendo. Y no olvidemos la gasolina que se roció sobre agentes de la Fuerza Pública que fueron incinerados, protestas violentas que alteran el orden público y la paz de estudiantes y vecinos; paros que dilatan los grados de universitarios consagrados que ansiosos aspiran llegar al mercado laboral, muchos de ellos con créditos que crecen en esas esperas injustificadas. Todo ello no corresponde a lo deseado y no aporta el crecimiento intelectual de los estudiantes, de la universidad ni de la Nación.
Tiene que terminar la inclinación de tolerar lo que no es justificable. Hay una serie de concesiones que han dado lugar a que agentes subversivos armados sientan la tranquilidad de poder entrar a las universidades y con la libertad de amedrentar a la comunidad. Entre ellas esa rarísima costumbre de permitir que estudiantes que han perdido muchos semestres permanezcan en las universidades malgastando recursos que podrían ser asignados a otros jóvenes que aprovecharían la oportunidad. Ese otro hábito según el cual las fuerzas del orden nacional no pueden entrar a las universidades públicas, ese sentimiento de que el Estado es enemigo tiene que superarse. El Estado y la universidad pública tienen que acercarse, pues son un solo ente, vinculados por un destino común.
El Estado colombiano tiene que avanzar sobre la senda de la legitimidad. Mientras éste siga siendo percibido como un ente externo al que unos temen, los otros usan para sus propósitos extractivos, aquellos otros esperan de él lo que nunca llega y otros pretenden destruir, estamos condenados a fracasar. La sociedad civil debe llegar a un grado de empatía y vínculo con el Estado de manera que realmente podamos percibirlo como la fusión de nuestra Nación. Todos somos el Estado.
El País Cali, Mayo 22 de 2010
sábado, mayo 22, 2010
¿Habemus Fiscal?
Un año, 365 días, llevaba Camilo Ospina como parte de la terna de candidatos presentada a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. El proceso en la Corte lleva nueve meses sin resolución; una vergüenza para la Corte y un insulto a la Nación.
En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.
El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.
Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.
Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?
Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.
El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.
El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010
En las votaciones nadie obtiene la mayoría; la reglamentación requiere aprobación de las dos terceras partes de la Corte y los candidatos no la obtienen. El país ha quedado sumido en la interinidad, con un fiscal encargado por un período que hace mucho dejó de ser aceptable para ser algo transitorio. El hecho pone de manifiesto que o bien, los mecanismos previstos en la Constitución y la ley son inútiles y requieren una reforma, o bien, que la Corte está buscando un protagonismo político que no le corresponde.
El nuevo integrante de la terna, el sexto que presenta la Presidencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, es ex presidente de la Corte y es penalista como lo quería esa corporación. Una de las razones que adujo la Corte para justificar esta dilatada espera, es que el Fiscal requiere un conocimiento profundo del derecho penal. Cumplida, pues, esta exigencia la elección debería agilizarse. Más aún cuando la cercanía de Gómez Gallego con la Corte dará lugar a que se nombren varios conjueces, pues muchos magistrados –se habla de ocho o nueve- tendrán que declararse impedidos, pues fueron elegidos durante el período donde Gómez Gallego estuvo en esa corporación. Esta nueva configuración debería dar lugar a que se nombre un Fiscal.
Ahora bien, es probable que no sea así, y que tengamos que continuar sin Fiscal hasta tanto cambie el gobierno. Ello mostraría que todo ha sido un gran artilugio, y que la Corte ha intentando desde el inicio adoptar decisiones políticas que no le corresponden.
Ya aparecen las primeras señales que muestran que el malestar de la Corte no es si tienen o no formación de penalistas, sino que sea el presidente Uribe quien los postula. Gómez Gallego ahora es criticado por haber tenido clientes en materia penal. Por supuesto, un penalista ha de tenerlos; de lo contrario no se ve cómo podría haber ejercido su profesión. Cualquier penalista tiene intereses y vínculos, ¿pedirá la Corte ahora un penalista que no haya ejercido el derecho? ¿Será ahora un problema que Gómez Gallego haya estado vinculado a personas cercanas al Gobierno como Andrés Felipe Arias? ¿Se trata de un penalista que tenga una posición política que se ajuste a la de los magistrados?
Si fuera el presidente Uribe quien se negara a hacer el nombramiento porque no le gustan los candidatos, o porque espera de ellos algo que la misma ley no prevé, habría en la Nación un revuelo intolerable. La oposición señalaría, con toda razón, que los poderes estatales están conminados a cumplir la ley. Si la Corte considera que las características del Fiscal no son las que establece la Constitución, puede presentar un proyecto que busque su modificación; pero mientras tanto, debe cumplir. Puede que la Corte no estuviera de acuerdo con la segunda reelección de Uribe, pero como es un sistema democrático deben aceptar las decisiones del Congreso y las mayorías electorales.
El nuevo integrante de la terna es fundamental, no sólo por su hoja de vida muy apropiada para el cargo, sino porque al satisfacer las exigencias de la Corte, servirá para develar de manera clara las intenciones de esa corporación. Amanecerá y veremos.
El Pais, Cali, Mayo 15 de 2010
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