Falsos positivos del terrorismo

La noticia de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo está defraudando el Estado, utilizando los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tan grave, que aún en vísperas electorales he preferido referirme a este asunto.

Dicen los del Colectivo que devolverán el dinero que recibieron; claro que tiene que devolverlo indexado al valor presente; pero no sólo eso, debe haber cárcel para los responsables, incluso retiro de las tarjetas profesionales. La gravedad del hecho no admite nada distinto; las sanciones tienen que ser ejemplarizantes y definitivas; que desalienten cualquier conducta similar, ahora que estamos próximos a la aplicación de la Ley de Víctimas.

La investigación tiene que recaer sobre los miembros del Colectivo de Abogados; pues son ellos los que constituyen los paquetes probatorios, los que deben realizar la investigación y presentar el caso. No pueden hacerle creer a la opinión que ellos son víctimas de gente sencilla, campesinos atormentados por la violencia; y que fueron esos campesinos quienes planearon una defraudación de esa magnitud. Los representantes legales, que elevan los asuntos hasta las causas internacionales no pueden excusarse en que les dijeron mentiras; ¿acaso no investigan?

Es un hecho previsible que en un país pobre sean muchos los que intentan obtener beneficios que no les corresponden. Pasa en las catástrofes naturales; luego de un terremoto, por ejemplo, la gente sin vivienda, se desplaza hasta los sitios afectados para recibir auxilios; así también en el tema de desplazados. Todos lo sabemos, una oficina de abogados dedicada a reclamar también lo sabe. La responsabilidad de los abogados no se limita a la rigidez en la presentación de los casos; en la elaboración de un proceso hay investigación, búsqueda de pruebas, corroboración de hechos, en fin, un trabajo profesional. Al presentarlo frente a la Corte el abogado debe saber más del caso que la víctima. Lo contrario es aceptar que los abogados son sólo una herramienta para escribir cualquier cosa y presentarla sin responsabilidad. Los abogados son estudiados, son quienes conocen, quienes dirigen. ¿Cómo una masacre de 10 personas se vuelve de 50 en manos de los abogados? ¿Cómo, si la Fiscalía colombiana en la misma investigación puede establecer la verdad?

Más aún, la señora Mariela Contreras, que fue indemnizada por la masacre de Mapiripán, perdió a su esposo a manos de los Paras -en otro acto violento- y sus hijos desaparecieron en un municipio cercano, sostiene que son los abogados quienes negociaron con la masacre, y que fueron ellos quienes abusaron de su ignorancia. Es un testimonio desgarrador y triste, donde queda constancia de que el Colectivo de Abogados puede ser la cabeza de el un nuevo carrusel: el de las víctimas.

Este Colectivo de Abogados ha sido señalado muchas veces por su cercanía con el terrorismo; como aliados de las Farc y del ELN. Este mismo Colectivo ha sido vehemente en la persecución de los militares colombianos; los trata de asesinos y delincuentes; son abanderados en la búsqueda de falsos positivos, masacres o hechos de los cuales sea posible deducir responsabilidad para los militares; ¿será todo aquello la estrategia para cerrar ese negocio del que se lucran?

Ya se habla de las defraudaciones en otras masacres y casos. ¿Son estos los falsos positivos del terrorismo, que encierran en la cárcel a los militares colombianos para llenarse los bolsillos de billetes con le roban al Estado?

28 octubre de 2011
http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/falsos-positivos-del-terrorismo

Garzón importado es mejor

La OEA presentó un informe sobre Justicia y Paz liderado por Baltasar Garzón. El informe no dice nada relevante; está el recordatorio de que en el 2014 quedarán libres la mayoría de los miembros de las AUC, entre ellos los jefes. Eso ya se sabía. Lo novedoso, si algo, es sugerir el cambio de la forma de investigación para buscar la macroestructura del paramilitarismo, donde se le ofrecería principio de oportunidad a políticos y militares que confiesen sus vínculos con esa estructura criminal.

Los beneficios para quienes implican a otros se ha convertido en un fenómeno que desdibuja aún más la Justicia colombiana. Aquello sólo serviría para que la verdad fuera más difusa, pues estas confesiones pagadas con beneficios son, a lo menos, dudosas. Entre otras cosas porque no resulta sorprendente que un delincuente -que se atreve a matar-, mienta para obtener beneficios. Además la Justicia colombiana -invirtiendo los principios del derecho- presume la culpa, y cualquier declaración se convierte en prueba contra los ciudadanos.

El informe es lo que se esperaba: un enfoque externo que desconoce las realidades del país, y que se valora por ese vicio colombiano de apreciar todo lo que es externo. Lo cierto es que tenemos expertos que han estado vinculados a los procesos, que conocen las realidades colombianas y las dificultades intrínsecas a ella, pero los trabajos nacionales son eclipsados por este importado, que tiene además, una falsa vedette.

Garzón no es el gran juez que se le presenta al país. Está suspendido de su cargo por la jurisdicción española, tras haber intentado iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes del franquismo, a pesar de que existe normativa precisa que no lo permite. Pese a toda la polémica en el caso, donde se discute la pertinencia de las normas que impiden estas investigaciones, Garzón quiso violentar los acuerdos que surgieron como parte de una negociación de transición entre los gobiernos; equivaldría a abrir investigaciones contra el M-19 a pesar de que el Estado ya otorgó indulto. En el complejo caso han sido recusados y retirados los magistrados que se encargaban de juzgarlo y hay protestas de varios segmentos de la población, unos en contra y otros a favor.

Garzón está involucrado en un escándalo por la inapropiada cacería que compartiera con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando estaba investigando el ‘caso Gürtel’, una supuesta corrupción del Partido Popular. Tiene además otras dos causas en el Tribunal Superior en su contra; una por el mismo ‘caso Gürtel’, donde el Juez Garzón ordenó interceptaciones de conversaciones ilegales, las cuales fueron anuladas por la Sala Penal, y por lo tanto las pruebas fueron eliminadas del sumario. Aquella ilegalidad en las medidas dio lugar a la segunda suspensión de Garzón. La otra causa en su contra es por prevaricato y cohecho originadas en el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, luego de que el mismo Garzón le enviara una carta a Botín solicitándole los recursos para financiar unos seminarios suyos en la Universidad de Nueva York y el banco se los otorgara. Botín sostiene que aquellos recursos eran para la universidad y no para Garzón.

En este estado de cosas, pontifica Garzón en Colombia, para recordarnos que los colonizadores son siempre más sabios y mejores. Sin importar qué tan investigados o cuestionados estén, les otorgamos el título de infalibles. Con ellos nos sentimos importantes, pues nos dan una falsa idea de aprobación internacional.

21 de octubre de 2011http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/garzon-importado-mejor

A prepararse para el TLC

La aprobación del TLC con Estados Unidos da un buen prospecto para Colombia. Abre oportunidades de negocios como los biocombustibles, frutas y verduras, cueros, carnes, en fin. Por otro lado, llegarán muchos productos sin arancel que darán nuevas posibilidades a los consumidores. Este nuevo mercado implica retos para los productores colombianos y para los consumidores. Por ejemplo, los cuartos traseros de pollo a precios accesibles son una buena noticia para quienes hoy no tienen el dinero para comprarlos; el número de personas que podrán comer pollo aumentará y eso es positivo. La otra cara de la moneda es el peligro que ello representa para la industria colombiana, que puede sufrir una baja sustantiva en sus ventas y llegar a la quiebra, lo que significaría la perdida de empleos directos e indirectos. Para evitar semejante escenario los consumidores deben tener conciencia nacional y responsabilidad a la hora de comprar.

Cuando un consumidor enfrenta la decisión de compra, no sólo debe atender las razones de precio; cuando puede hacerlo las consideraciones de calidad y en este caso de nacionalidad deben ser evaluadas. Estará en manos de los consumidores colombianos la posibilidad de privilegiar en sus compras los productos del país. Para ello será necesario que los productores distingan sus productos con un sello de nacionalidad, que debe ser un programa abanderado por el Gobierno, que le dé a lo nuestro un valor adicional ante los ojos de los consumidores colombianos, y nos invite a proteger la industria nacional de acuerdo a nuestras posibilidades monetarias. La actitud de los consumidores, de cada uno de nosotros, será una pieza que definirá en gran medida en futuro de muchas de las industrias nacionales.

Por otro lado, están los retos de infraestructura. El agro necesita apoyos decididos, y no amenazas. Las posiciones duales del gobierno sobre la reforma agraria están alejando la inversión del sector, y para poder competir se necesitará mucha. La estabilidad jurídica, junto a los incentivos, es pieza clave. El país tampoco podrá competir si no tiene los mecanismos necesarios para transportar los productos. La llegada y salida de los puertos sigue siendo difícil y costosa. A pesar de las gigantescas inversiones realizadas en el mejoramiento de la vía a Buenaventura su estado es lamentable y empeora con cada invierno. La ruta a los puertos del Caribe también está en malas condiciones y las obras de la Ruta del Sol son lentas. A pesar de los esfuerzos de mejorar las vías, el país tiene un retraso inaceptable. El túnel de La Línea soluciona en parte el asunto, pero deja la vía en el otro sentido sin solución. La ruta por el Huila y el Cauca es fundamental y los reparos regionalistas que se le oponen no pueden afectar el desarrollo nacional. Además conviene incentivar otros tipos de transporte como el ferroviario y el fluvial que le darían al país nuevas alternativas, y abaratan los costos de transporte y los tiempos de entrega.

Ahora bien, hay que considerar de manera prioritaria el cambio de ubicación de la capital administrativa de Colombia. La situación geográfica de Bogotá no favorece el comercio. Hay que subir una cordillera y media para llegar a ella y eso encarece los costos y no facilita los trámites. Colombia necesita una capital administrativa que esté sobre las costas, Caribe o Pacífica, con un gran puerto y todas las autoridades del gobierno ubicadas ahí. Entre otras cosas, eso ayudaría a solventar los problemas de la capital, que está colapsada y cuya expansión amenaza la sostenibilidad de la Sabana.

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14 de octubre de 2011

¿Privilegios para los violentos?

La niña Nohora Valentina fue secuestrada. El país se debate entre la indiferencia surgida de soportar este fenómeno por ya muchos años, y el desconcierto de que se reviva una de las practicas más ruines que haya conocido el terrorismo. Secuestrar es traficar con personas; es venderle a la familia o a la sociedad uno de sus miembros.

Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.

Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.

La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.

Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.

Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.

Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.

La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.

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7 de octubre de 2011

Despojo de tierras

El despojo de tierras de los campesinos y propietarios agrícolas por parte de grupos violentos es un drama. La gente que vive del campo lo pierde todo; quedan sin casa y sin trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por recobrar el orden y evitar así que los violentos abusen de su poder y roben, saqueen y destruyan las estructuras de la sociedad.

Dicho esto, no parece sensato que las políticas agrarias del país estén contemplando una reforma agraria similar a la que iniciara Carlos Lleras. Se trata de un despojo con características similares: los propietarios que vivían de sus fincas y se dedicaban a ellas fueron presionados para vender. El poder desproporcionado del Estado ejerció de por sí una amenaza. Los funcionarios armados con el discurso de la redistribución trataron a los propietarios como si fueran criminales. Se les puso el despectivo título de ‘terratenientes’ y se los satanizó como si ellos fueran los causantes de los retrasos en el desarrollo y los culpables de la pobreza. Con este argumento de pretendida superioridad moral, esos llamados terratenientes fueron víctimas de una de las gestiones más terribles que ha ejercido el Estado contra los particulares: se les cancelaron sus derechos y prácticamente se les expropió la tierra. Vale recordar que durante el imperio del Incora las tierras fueron pagadas en sumas irrisorias, en bonos que se redimían en cinco años, donde la inflación era tan alta que las últimas cuotas ya no valían nada.

No siendo esto suficiente, algunos beneficiarios de las tierras, muchos de ellos reinsertados y comunidades indígenas decidieron tomar parte activa en la redistribución. Se impuso así la invasión, donde unos pocos iban hasta los potreros, abrían un par de huecos y se aposentaban ahí. La tierra tenía que ser vendida para que su propietario recuperara algo al menos. Los que integraban grupos ilegales -amparados por el discurso estatal de la maldad de los terratenientes- presionaron las ventas con amenazas y asesinatos. Se volvió común oír decir que las viudas venden más barato. Todo eso sólo sirvió para deprimir el agro y destruir las comunidades. Los nuevos propietarios tampoco se volvieron ricos, en muchos casos ni siquiera salieron de la pobreza.

Los propietarios rurales no son monstruos ni tienen la culpa de la pobreza en ninguna medida mayor que la tenemos todos en este país. Hubo finqueros que se vincularon con los grupos ilegales para robar y matar, pero son una minoría. En general, son gente que produce con dedicación y honradez. La tierra en manos de los violentos, los narcotraficantes y los ladrones debe ser recuperada y entregada a sus dueños y a quienes la necesitan; pero los propietarios decentes que trabajan sus predios -sin importar el tamaño- deben ser protegidos y respetados. Tal y como lo son los industriales urbanos, donde la redistribución se limita a impuestos, ninguna empresa urbana, ninguna fortuna urbana ha sido expropiada.

El sector agrario además no es el más productivo del país. Producir en el campo es difícil por la violencia y el clima, y es un sector muy competido, pues es subsidiado en casi todos los países desarrollados, y a veces es más barato importar los productos que producirlos acá. La desigualdad en Colombia no se produce por la distribución de la tierra, sino de la riqueza. Los grandes capitales son industriales y financieros, así que si de redistribuir y superar la desigualdad se trata, habría que poner los ojos sobre las ciudades y sus grandes capitales.

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30 de septiembre de 2011

Galán murió en vano

“La política es mejor negocio que el narcotráfico”, dijo el detenido Juan Carlos Martínez para explicar que él ya no es narcotraficante.

Es un comentario desolador. Luego de que Pablo Escobar incursionara en la política y fuera inmolado Galán por denunciarlo, y tratar de evitar que la mafia dominara la política, Colombia inició un proceso, que si no se detiene, acabará con la democracia.

No hubo consecuencias significativas del proceso 8.000, y hoy ya abiertamente el hampa pasó de traficar con drogas, asesinar y extorsionar a convertir la política en su nuevo negocio. Llegaron a la política con sus vicios, su mentalidad mafiosa y su estilo de amedrentar, saquear y destruir. Es evidente que la política colombiana está a punto de fenecer bajo la sombra de una nueva calaña de politiqueros que han convertido el Estado en una fuente de recursos para ellos y sus amigos.

La política se transfiguró en un negocio de unos cuantos que invierten gigantescas sumas de dinero en las campañas, y luego exprimen los cargos con maniobras truculentas y tramposas, y no sólo recuperan la inversión, sino que obtienen réditos superlativos. Se sabe cuánto invertir en cada cargo, de acuerdo con lo que se le puede ‘sacar’.

Y es aún más grave que las reformas políticas para fortalecer los partidos se han convertido en mecanismos muy eficientes, para que sólo las grupúsculos ya entronizados puedan acceder a la política. Los ciudadanos que inspirados por una genuina vocación de servicio público, intentan penetrar a la política, son excluidos; quien no hace parte de las estructuras y no va a cumplir con los designios de esas mafias, difícilmente puede llegar a la política, y si lo logra es sólo para hacer parte de un cuerpo, cuya podredumbre lo inutiliza y disuelve.

La descentralización fracasa, no porque la provincia carezca de liderazgos y capacidades, sino porque la mafia se apoderó del quehacer político. La legitimidad democrática se agota. El futuro está amenazado. Es el momento para detener semejante fiesta de perdición. Hay que fortalecer a los partidos para que puedan retirar avales y echar de sus cuerpos a los indeseables. La responsabilidad política debe ser más estricta y severa que la de la ley, y así deben exigirlo los partidos. El que aspire a ejercer funciones públicas no debe estar investigado, menos haber sido sancionado, y más aún, debe estar libre de toda sospecha.

La otra parte del control político deben ejercerla los electores: ser responsables con su derecho al voto. La democracia es el mejor sistema, porque le da a cada ciudadano el mismo valor y le otorga a cada uno el poder de elegir. Pero esa virtud es, al mismo tiempo, su debilidad. Cada uno resuelve cómo o por qué vota. Muchos colombianos han convertido ese derecho en una transacción: reciben desde puestos, promesas de contratos, cemento, dinero, mercados a cambio de su voto y la institucionalidad colombiana está impávida frente al asunto.

No es aceptable que quien vota lo haga por razones mezquinas. No todas las motivaciones para votar son aceptables. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo regular que los votantes no voten por las razones equivocadas? ¿Conviene sancionar con la suspensión del derecho al voto a quienes lo venden?

Tenemos que perseguir a quienes compran votos, pero al mismo tiempo a quienes los venden. Tenemos que extirpar a los corruptos, para lo cual la ley ya se ha probado ineficiente. Hay cosas que las comunidades saben sobre la corrupción y que aún así no se pueden probar. Como ciudadanos tenemos que atender esas señales. No podemos seguir tolerando las trampas que por estar bien hechas, quedan como si no hubiesen ocurrido.

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23 de septiembre de 2011

Majaderías del Congreso

El Congreso es una de las instituciones más importantes en una democracia. Se trata de una corporación donde están representados, por elección directa, los diferentes intereses, sectores y áreas de la Nación.

Un buen Congreso debería incluir tantos y tan variados aspectos de la vida nacional como fuera posible, para que en las discusiones en torno a cómo debe ser el país, la pluralidad de voces se manifieste y las diversas tendencias puedan dialogar en torno a sus diferencias. Así se pueden generar leyes con alto grado de legitimidad y aceptación, y además, cada sector del país se puede sentir representado y tener la certeza de que su manera de entender el mundo estuvo presente en las discusiones que dan lugar a las normas.

Este sería el ideal: un Congreso representativo y comprometido con los intereses de cada sector que el congresista representa. La realidad colombiana es menos benévola. El Congreso se ha convertido en un mercado de politiqueros, muchos de ellos corruptos, escasos de ideas y pobres de obligaciones. La mayoría de los proyectos legales de alguna envergadura no vienen del seno del legislativo, sino que son presentados por el ejecutivo.

Las causas son evidentes: pocos congresistas cuentan con un cuerpo de asesores con la capacidad de producir reformas legales de alguna valía. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) se han convertido en corbatas para que los congresistas nombren a los proveedores de votos, muchos de los cuales ni siquiera pisan la institución.

Además, los congresistas que leen los proyectos y discuten la pertinencia de las normas son pocos. La mayoría se limita a una negociación burda: votan por un proyecto, para obtener apoyo para otro en el que tienen algún interés, y los peores buscan prebendas con el Ejecutivo. Hace unos años era una manera de obtener puestos para los militantes de los movimientos políticos que aspiraban hacer parte de la burocracia. Hoy en día algunos congresistas tienen testaferros o hacen de esos cargos un negocio personal: reciben ingresos de esos nombramientos, reparten contratos y obtienen nuevos puestos.

Por eso no sorprende que las grandes propuestas del Congreso sean las que son. Juan Manuel Corzo revivió un subsidio para la gasolina, porque según él, los $16 millones que se gana no le alcanzan para tanquear dos carros.

Es vergonzoso que un presidente del Congreso esté preocupado por esas nimiedades en un país con tantas necesidades insatisfechas, en un país que adolece de problemas tan serios como los que tiene Colombia. Eso muestra una desconexión entre los congresistas y el pueblo colombiano. No están vinculados a él, ni representan sus carencias y deseos. Son agentes particulares que utilizan la democracia para obtener poder en su propio beneficio. Por eso la política se convirtió en un negocio, ya que se invierten gigantescas sumas de dinero que sólo son explicables si se llega a la corporación para recuperarlas.

Colombia tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el Congreso. No se trata de nuevas leyes, ni de modificaciones sustanciales a las existentes. El cambio debe producirse en el electorado. No es aceptable que los colombianos sigan votando por bultos de cemento, mercados, ventiladores o dinero en efectivo. No es aceptable que las mafias de la “política como inversión” se apoderen de la democracia. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar el electorado, castigar a los vendedores de votos, a los que votan sin darle a ese derecho la significación que se merece. Tal vez así, podamos mejorar el Congreso que es un producto de la falta de responsabilidad de los electores.

Septiembre 16 de 2011 - 18:18
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Ballenas, ¿están protegidas?

Colombia acaba de unirse a la Comisión Internacional de Ballenas, IWC. La organización fundada en 1946 pretende conservar las ballenas para las generaciones futuras, y para mantener las poblaciones regula su caza y comercio.

Fue una medida necesaria. Para finales de 1930 cerca de 50 mil ballenas eran asesinadas anualmente, y se prevía entonces la extinción de los grandes mamíferos. La vinculación de nuestro país a este organismo es resultado, seguramente, de que las visitas de las jorobadas al Pacifico colombiano nos han ido mostrando su significación y se han convertido en un importante atractivo turístico.

Sin la IWC seguramente no tendríamos estas visitas. En el Siglo XX más de 200 mil jorobadas fueron cazadas y la población se redujo al 10%; desde 1966 está prohibida su caza. Pero no sólo las jorobadas son protegidas; en 1982 se decretó una pausa en la caza comercial de ballenas para prevenir su desaparición. La prohibición sigue vigente, pero existen países con arraigadas tradiciones culturales y alimenticias que siguen cazando y consumiendo las ballenas y presionan cada vez más para que la cacería regulada sea permitida; entre ellos Japón, Islandia y Noruega. Las mayorías en la organización han impedido que el veto se levante, pero el escenario es cada vez más complejo.

El Sunday Times de Londres reveló que Japón compra los votos de delegados de países pequeños -caribeños y africanos. En la reunión de julio de este año, la IWC impuso una norma según la cual los gobierno sólo podrán pagar aportes a la organización mediante transferencias que provengan de cuentas del propio gobierno, esto para evitar una práctica mediante la cual Japón pagaba en efectivo las sumas que esos países debían para garantizar que pudieran votar de acuerdo a los lineamientos japoneses. Además, hoy en día Japón mata unas 1.000 ballenas al año con un permiso de investigación científica que la misma IWC le otorgó. Para muchos se trata de un disfraz para mantener la caza de ballenas, pues la carne de los animales termina en los restaurantes japoneses –y eso que la carne no es apta para el consumo humano por sus altas concentraciones mercurio. Los investigadores orientales sostienen que una vez dado de baja el animal -con propósitos científicos- no vale la pena desperdiciar la carne; cuya venta ayuda a financiar las investigaciones.

Islandia, por su parte, simplemente rompió los límites, desde el 2006 ha matado casi 500 -tres veces más de lo permitido- y más de la mitad son de la amenazada especie de ballenas de aleta, las segundas más grandes del mundo: 80 toneladas cada una. Se trata de un negocio muy lucrativo; la empresa Hvalur que vende la carne al Japón tuvo ingresos por 17 millones de dólares en dos años. La Secretaria de Comercio estadounidense pidió sanciones comerciales para Islandia por desobedecer las restricciones de la IWC, el plazo para que se conozca la decisión de Obama está terminando.

EE.UU. ha sido firme en sancionar el cumplimiento de los pactos; la veda de 1982 fue aceptada por Japón y Perú gracias a las presiones norteamericanas. Pero la situación de los aborígenes esquimales de Alaska puede estar cambiando la postura de los gringos. La IWC fue respetuosa de las tradiciones aborígenes de subsistencia; así los esquimales tienen una cuota para cazar ballenas que su gobierno ha señalado como insuficiente, pues las poblaciones no tienen otras fuentes de alimentación. La IWC se ha negado a aumentarla comprometiendo significativamente la capacidad de subsistencia de esas poblaciones aborígenes. Así las cosas, los balances de la ecuación siguen sin definirse.

Septiembre 09 de 2011 - 18:33
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El nuevo Ministro de Defensa

El nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo Ministro de Defensa cayó bien. Se trata de un funcionario probo e inteligente.
Conoce las fuerzas militares, pues como viceministro de Defensa de Santos destacó en varia áreas. Fue Pinzón quien terminó de unificar la central de compras de las Fuerzas Armadas, y fue efectivo en la planeación del recurso extraordinario. Consolidó el grupo empresarial de seguridad y defensa –Gesd- donde se agruparon las 18 empresas del sector en un holding -tal vez de los más grandes del país- para ser administradas con criterios empresariales.

El nuevo Ministro viene de padre militar que llegó a ser Coronel de la República, y está casado con una hija de militar. Ello le da una honda comprensión de las Fuerzas, y a los militares la certeza de que se trata de un hombre con las cualidades para ocupar este cargo, pues empatiza con su función y estructura.

Los desafíos que enfrenta son variados y difíciles. Debe restablecer una línea de mando, diluida la existencia en la Presidencia de la República de los Altos Consejeros. En casi todos los sectores, la interacción entre Ministros y los Altos Consejeros ha causado enfrentamientos y desbalances. El aparato institucional sigue sin saber cómo integrar las dos figuras en la estructura jerárquica. Se dice que el saliente ministro Rivera no logró solucionar las tensiones con el alto consejero Jaramillo y eso afectó su liderazgo; las órdenes salían de dos cabezas y a veces eran contradictorias. Esto no será un problema para Pinzón quien goza de confianza con el presidente Santos.

Tiene además que atender la llamada guerra jurídica. Muchos militares sienten que hay una persecución por parte de entidades que se hacen pasar como defensoras de los derechos humanos, pero que en realidad son una línea de acción más de la guerra que enfrenta el país. La moral de las Fuerzas parece afectada; para muchos se ha vuelto más seguro cesar las acciones, pues aquel que las emprende termina ‘empapelado’. La depuración del Ejército es fundamental, pero paralelamente debe haber un fortalecimiento de la justicia penal militar y la organización de la defensa de los militares, pues tampoco es admisible que la Justicia arrincone a los hombres que cumplen con su deber.

El negocio de las drogas sigue siendo el motor que financia la guerra; esa guerra por las zonas inhóspitas donde se cultiva no da tregua. Pinzón tendrá que seguir trabajando para que la sociedad civil entienda que el Ejército es de Colombia, de todos los colombianos. La sociedad civil no es un actor neutro en el conflicto. La guerra se da contra el orden democrático que representamos y el Ejército combate en la defensa de esa sociedad civil que somos. Sobreviene un esfuerzo de socialización con aquellos que hoy sienten al Ejército como un agente más del conflicto, en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades indígenas que aún se resienten con la presencia estatal.

Los esfuerzos del gobierno anterior se concentraron en restablecer el orden y la falla de este gobierno en esa materia ha sido notoria. El orden y el control del territorio por parte del Estado son el primer paso para que el monopolio de la fuerza resida sólo en manos del Estado. Sólo así las otras funciones estatales se pueden llevar a cabo y tienen sentido. Este país florecerá si sus ciudadanos garantizan su vida y su tranquilidad. La seguridad permite el crecimiento económico, el aumento del empleo, mejora la calidad de vida. Sólo hay progreso en las regiones cuando profesores, médicos, empresas y ciudadanos no tienen que dejarlas para proteger sus vidas.

Septiembre 02 de 2011 - 18:36
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¿Qué es ser pobre?

“Si no me lo preguntan, lo sé; pero si me lo preguntan, no sé explicarlo”, decía San Agustín sobre el tiempo, y tal vez el comentario es útil para referirse a la pobreza. Todos sabemos qué es ser pobre, pero si hay que explicarlo las respuestas se limitan, se complican y no coinciden. Para elaborar políticas públicas que pretenden erradicar la pobreza, lo primero es tener una noción sobre qué es ser pobre. Sin eso la acción estatal es inconducente. La nueva metodología que presentó el Gobierno Nacional sobre la pobreza está dando pautas; fueron elegidas cinco dimensiones que cobijan 15 variables que definen lo que es ser pobre en Colombia; entre otras: informalidad, desempleo de larga duración, no aseguramiento en salud, no acceso a agua mejorada, bajo nivel educativo…

Si entendemos ‘pobre’ como aquel que le faltan al menos 5 de los 15 parámetros, tenemos que en Colombia la pobreza está en el 30,7%; una cifra que ha venido disminuyendo, pues en 1997 era de 59,9% y en el 2003, de 48,8%. Aún así, seguimos rezagados en la eliminación de la pobreza rural. El hecho se explica porque la mayor parte de la población está en las ciudades y las políticas públicas han sido diseñadas para atender esas necesidades. El campo colombiano permanece desatendido, las políticas para ese sector han sido escasas y no hay estudios suficientes para entender la situación de los habitantes rurales pobres y responder adecuadamente a sus requerimientos.

Observando el mapa de la incidencia de la pobreza rural que diseñó el DNP lo que resulta más interesante es el dibujo del modelo centralista que caracteriza al país. La pobreza es menor en la medida en que se esté cerca de Bogotá; con contadas excepciones, la pobreza aumenta a medida que se expande el mapa del centro hacia fuera. Es sorprende que el centralismo sea evidente -en colores- hasta en un mapa. Aquello pone de presente la necesidad de profundizar la descentralización y atender a las regiones apartadas. Muchas de estas zonas, como los Llanos, el Pacífico y la Amazonia, tienen poca población. Ello explica que el Estado no les haya dado prioridad. Hay también departamentos muy habitados en el sur occidente como Nariño y Cauca. Es necesario que el país torne su mirada hacia las periferias, y atienda esos ciudadanos que -muchos o pocos- también son colombianos.

La otra aproximación a la pobreza es la que analiza a los hogares por ingresos. Se considera que alguien es pobre cuando tiene menos de $177 mil pesos para vivir al mes en el sector urbano y $106 mil en el sector rural. Así las cosas, en la ciudad un salario mínimo alcanza para una familia de tres miembros; mientras que en el campo da para cinco personas. Vista la pobreza desde el aspecto monetario -que hoy es de 37,2%- vemos que para el período 2002-2010 la pobreza se redujo en 12 puntos y la pobreza extrema en 5,2 puntos. Es evidente que aún nos falta, pero que se está cumpliendo la tarea. Venezuela, que en los últimos 12 años invirtió las gigantescas rentas petroleras –que Colombia no tiene-, se configuró con un sistema socialista y tiene una población pequeña (28 millones, mientras que Colombia tiene 45 millones). Allá se redujo la pobreza tan sólo 5 puntos más que en nuestro país.

El camino es largo. Persiste una desigualdad que aún en el contexto latinoamericano es alta. Es aún más difícil diseñar estrategias para combatir la pobreza. El mejor antídoto es el empleo formal, pero no es fácil generarlo. Mientras tanto los programas de asistencia social se convierten en una herramienta poderosa. El establecimiento de estos 15 parámetros plantea retos concretos para cada uno de los ministerios y enfoca inequívocamente las acciones estatales. La meta propuesta por el gobierno es que tengamos la pobreza en 22% hacia 2014.

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Agosto 26 de 2011 - 20:15

La versión de Uribe

Finalmente Uribe rindió su versión libre, diligencia fundamental para demostrar su inocencia en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Como es característico en el expresidente, habló de manera clara y enfática, sin dejar sombras ni sospechas. La versión libre fue lo que debe ser: un momento para que quien ha sido señalado pueda presentar él solo y de manera espontánea los hechos. No es un interrogatorio de parte, ni es una indagatoria.

Pero, las ‘víctimas’ sostienen que se violentan sus derechos al no permitirles interrogar a Uribe. Vale recordar que en la audiencia pasada fue Uribe quien estuvo privado de la palabra y el ejercicio consistió en una serie de agravios y acusaciones contra él que no pudieron ser siquiera respondidos.

Las víctimas han impetrado una tutela ante la Corte Suprema para pedir la anulación de la diligencia y hacer otra en la que ellos estén facultados a la interpelación. El asunto nos devuelve al debate sobre la pertinencia de las tutelas y el órgano que debiera ser competente para conocerlas.

La tutela, a pesar de ser un mecanismo que ha causado muchos traumatismos en la estructura judicial -rompió las jerarquías y revolvió el aparato institucional-, ha mostrado resultados efectivos ante la necesidad de justicia.
En medio de la estructura, los trámites, las leyes, los procedimientos; la rama jurisdiccional colombiana parecía haber dejado de lado la consideración elemental por los derechos de los ciudadanos y la obligación de que en medio de los procesos de formas kafkianas prevalezcan los principios. La tutela envió el mensaje de que lo importante es la justicia y no la forma; jerarquía necesaria para que los ciudadanos se integren al Estado de Derecho.

A pesar de las virtudes del mecanismo, muchos han sido sus defectos. Basta recordar que en el sistema de salud impetrar una tutela para ciertos tratamientos se convirtió en un obligación de los pacientes, congestionó el sistema y demeritó el instrumento. Así mismo, la tutela ante jueces de menor jerarquía para impedir las decisiones de aquellos de mayor, dio para todo tipo de atropellos. La corrupción tuvo cabida y muchas tutelas fueron vendidas para evitar sanciones y condenas ajustadas a la Ley. Tal vez el tema más controvertido es el de las tutelas contra las providencias de las altas cortes. Aquello desdibujó la última instancia.

La reforma que propone el Consejo de Estado según la cual cada una de las altas cortes debe ser la última instancia en materia constitucional, en cada área, es equivalente a decir que no habrá supremacía constitucional. La idea de una Corte Constitucional es precisamente que exista una voz que dé una sola y coherente lectura de la carta. Una Constitución, por su naturaleza misma, es un cuerpo abierto a la interpretación, se trata de principios generales cuyo desarrollo e implementación requieren un ejercicio hermenéutica. Si hay varios órganos interpretando habrá tantas variaciones como intérpretes.

Ahora bien, la Corte Suprema y el Consejo de Estado no quieren que la Corte Constitucional tenga la última palabra; ello debilita el poder de sus fallos. Visto el asunto desde el contexto nacional es evidente la necesidad de que sea un ente el único con facultades para fallar en términos constitucionales. El resto del aparato debe seguir esos lineamientos. Ahora bien, las tutelas contra fallos de las Cortes debe ser limitadas y bien demarcadas, pero la única instancia constitucional, debe ser la Corte a la que la Constitución le da su nombre.

Nota: ¿Puede la Corte Suprema, que ha tenido un enfrentamiento personal y directo con Uribe, que todo el país conoce, resolver asuntos sobre su proceso; o deben sus magistrados declararse impedidos?

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El negocio de la paz

Al parecer el país se alista para un diálogo de paz con los grupos terroristas de las Farc y el ELN. Así lo indican dos hechos: la petición de Piedad Córdoba al solicitar la liberación de los “capturados” y la reforma constitucional que se presentará al Congreso para que el Estado y el Presidente tengan las herramientas para adelantar negociaciones de paz.

Negociar para salir de los conflictos es lo ideal. Evitar la violencia innecesaria debe ser siempre el principio. La cuestión es más de fondo, ¿qué tanto está dispuesto el país a ceder por la paz? Y ¿cuándo resulta más favorable para la sociedad la negociación y no la utilización de la fuerza contra los violentos?
No es fácil contestar las preguntas que Colombia tiene que enfrentar. No pretendo hacerlo, sólo plantearlas en una dimensión parcial, para que cada lector las evalúe.

Negociar es llegar a acuerdos y las soluciones donde ambas partes quedan satisfechas requieren cesiones. El país ha optado siempre por ceder mucho ante los violentos: programas de reinserción con ayudas en tierras, ingresos, capacitación; capitulaciones políticas, nombramientos e incluso el orden constitucional.

El Frente Nacional es el único experimento para contener la violencia política donde la idea no se limitó a cederle a los violentos. Entonces la búsqueda del poder generaba los enfrentamientos, la violencia se ejercía sin misericordia y los liberales y conservadores se mataban unos a otros. Los líderes de la época no fueron inferiores al desafío y lograron un acuerdo entre esos dos partidos para que las presidencias fueran conjuntas; un periodo para los liberales y otro para los conservadores. Muchos han malinterpretado el Frente Nacional aduciendo que era excluyente y dejaba a las demás fuerzas por fuera; eso no es cierto. Otros segmentos políticos –muy insignificantes entonces en el escenario- se podían presentar y se presentaban a las elecciones: el MRL y disidencias de ambos partidos. Se trataba de cesar la contienda violenta entre los dos partidos y eso se consiguió.

Colombia ha sido infatigable en su esfuerzo por acabar la violencia política a través de concesiones. Múltiples han sido las negociaciones con los violentos y la sociedad las ha entregado con generosidad. En la negociación con el M-19, por ejemplo, el entonces presidente Gaviria les concedió un indulto definitivo y los hizo parte de una constituyente. La Constitución de 1991 es fruto de ese acuerdo y a pesar de que fue elegida con un número minúsculo de votos, hoy nos rige. Pese a ello, con cada intento, la violencia toma nuevas formas y nombres.
La violencia política persiste. No hemos logrado extirparla.

Lo que esto muestra es que muchos colombianos siguen pensando que la violencia es un mecanismo político eficaz.
La historia sigue dándole a muchos la impresión de que el camino violento es conducente. Ello tal vez se explica porque el final de los violentos no ha sido congruente con el mal que han hecho. El M-19, después de acribillar la Rama Jurisdiccional en la toma del Palacio de Justicia, recibió premios que difícilmente sus miembros habrían alcanzado desde una carrera política. En muchos pueblos de Colombia los reinsertados reciben ayudas que no le llegan al campesinado honesto y pacífico. Ello puede tergiversar el mensaje.

La negociación con los paramilitares es la única que deja la impresión de que a los violentos les va mal. Ese es uno de los resultados más importantes que se logró. Estamos ahí, por primera vez; eso nos obliga a reflexionar sobre el largo plazo, sobre las generaciones venideras. ¿Hasta cuándo y cuánto más podemos ceder?

Ya sabemos que la violencia no tiene justificación, ¿cómo hacérselo entender a quienes persisten en ese camino?

12 de agosto 2011
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Álvaro Pío Valencia

Se conmemora el centenario del nacimiento de Álvaro Pío Valencia, personaje que merece destacarse por su trayectoria como humanista de izquierda y sobre todo por haber sido uno de los seres humanos más extraordinarios que ha dado Popayán; desprendido, generoso, sencillo y sabio. Fue pionero en el pensamiento marxista en el país, rector de la Universidad Santiago de Cali, profesor de varias universidades y gestor de muchas causas populares como cooperativas, barrios y representó a sus electores en el Consejo de Popayán.

El era un marxista convencido de que el mundo puede y debe ser mejor. Su búsqueda por la justicia social y el reconocimiento de las necesidades y los derechos de los más pobres fueron el motor de su existencia. Como maestro siempre inculcó a sus alumnos un imperioso compromiso con la lucha por la justicia, con la exigencia del cambio: “El reajuste moral de un pueblo sólo puede hacerse sobre el afianzamiento de sus altos ideales y el desenvolvimiento del sentido natural ante la vida. Es preciso eliminar el artificio de costumbres equivocadas que atan las voluntades y aprisionan a los grupos humanos produciendo fracaso y catástrofe… nada puede esperarse de pueblos acobardados por la practica de la conformidad y el renunciamiento. El hombre debe exigir a la vida cuanto ella puede dar bajo el impulso de su brazo creador”.

Pero fue un hombre de paz, un luchador del ideal que jamás confundió la necesidad del cambio con una excusa para ejercer violencia: “El ideal comunista nos impide asesinar. Defendemos la vida contra todas las fuerzas que se le oponen. Se castiga el delito y la traición pero de frente, con juicio previo y pruebas. Condenamos la anarquía… El sistema de Bakunin quedó condenado por la Internacional Comunista, desde el momento en que apareció y fue sancionado siempre por Lenin y Stalin como forma inaceptable de lucha. La anarquía no es comunista… es anticomunista y sólo sirve a los tiranos para afianzarse en el poder”.

Valencia siempre tuvo la postura del héroe que es capaz de morir por su causa, pero que fiel a sus ideales jamás aceptó la fuerza como mecanismo de persuasión: “Tengo para mí que el sentido heroico de la vida es el único capaz de hacer grandes a los pueblos. No hay que confundir el valor de matar con el valor de morir. El crimen es una demostración palpable de acercamiento a la bestia. El golpe taimado, la eliminación del adversario por la espalda, demuestran la necesidad de ideales, de heroísmo. Del duelo al asalto hay un abismo insalvable. Es necesario ser verdaderamente hombre para ser heroico”.

Las lecciones de Valencia siguen siendo valiosas, pues todavía hay quienes en esta atormentada tierra promulgan la infamia de que existen ideales que justifican la violencia como mecanismo. La fuerza es sólo de quien no tiene ideas y no es capaz de el heroísmo que los grandes cambios requieren: Gandhi y Mandela, son prueba de que la resistencia pacífica, la capacidad de sacrificio son los elementos que las transformaciones sociales atienden. La violencia es de los débiles que no entienden que los mundos mejores no los son, si no se ajustan también los mecanismos mediante los que se construyen.

Creo que no hay ninguna frase que defina a Valencia, como la suya propia sobre el Quijote: “Sólo su fe jamás abatida ni vencida lo hizo cantar el himno de la grandeza soñadora, su heroísmo estuvo en el silencio en que quiso envolver sus íntimos dolores; y su triunfo en el homenaje universal que canceló más tarde la gran deuda con el vencedor de tantas lides”.

5 de agosto de 2011
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¿Ollanta por el centro?

En su discurso de posesión Ollanta Humala habló de incluir en el desarrollo del Perú a todos los ciudadanos. A pesar del crecimiento del PIB -que en promedio ha sido de un 5% durante los últimos 10 años-, una tercera parte de los peruanos son pobres y de éstos la gran mayoría son indígenas. El nuevo mandatario expresó su deseo de acercar el Estado a las regiones; vale recordar que la violencia guerrillera de ese país fue cruenta con los más pobres y que fueron los indígena los más atormentados por la guerra. El Estado fue indiferente al principio y luego actuó sin tenerlos en cuenta.

Nadie discute la necesidad de avanzar por los senderos de la integración social y la reducción de la pobreza. Esta es una meta colectiva mundial, y el reto más evidente del desarrollo moderno. La pregunta sobre cómo superar la pobreza ocupa gran parte del debate teórico y práctico, sin embargo no hay una receta para hacerlo.

El nuevo presidente no dijo cuál será su fórmula para esta transformación, pero se mueve entre el modelo chavista (que el candidato parece haber dejado atrás desde la derrota en las elecciones anteriores) y el de los brasileños. En el discurso y durante su campaña enfatizó la necesidad de aumentar el salario mínimo; de US$215 que vale hoy, hasta US$270. Habló de pensiones para ancianos pobres, nutrición para los niños, mejora de la educación -rezagada según los promedios suramericanos- salud, créditos para el agro y los más pobres.

Ahora bien, lo que preocupó fue la mención de la Constitución de 1979, derogada y reemplazada bajo el mandato de Fujimori por la Constitución de 1993. Ambas son muy parecidas, pero se distinguen sobretodo en el capítulo económico. La vigente protege una economía más liberal, en tanto que la anterior aboga por un Estado con mayor agencia en materia económica.

Sobre los contratos de las grandes explotaciones mineras Humala dijo que los respetaría, pero que los renegociaría. Hizo un llamado para que las mineras se conviertan en un instrumento de integración social, ya que ha sido una fuente de riqueza ambigua, aumenta los ingresos del Estado y crece el PIB, pero empobrece a las regiones donde se realiza; los pobladores reciben pocos beneficios y el medio ambiente sufre daños irreparables.

El tema de la redistribución requiere una reforma impositiva, que permita extraer de los más ricos mayores ingresos con los cuales beneficiar a los más pobres. Aquello que parece sencillo, tampoco lo es. En las economías globalizadas, un exceso de impuestos puede causar la salida de los capitales y de las empresas internacionales. Eso que para muchos suena a nacionalismo, se convierte en un arma peligrosa, pues la capacidad interna puede ser insuficiente y sucede lo que en Venezuela, donde el petróleo empieza a ser subexplotado y los ingresos disminuyen.

El discurso planteó una vía de centro, que mantenga el respeto por la economía de mercado y el crecimiento económico, pero al mismo tiempo, un Estado comprometido con la descentralización, la redistribución y la inclusión. Aquello que parece la fórmula perfecta es algo vacía e implica un camino que sólo se conocerá sobre la marcha.

29 de julio de 2011
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Santos multicolor

La llegada de los Verdes a la Unidad Nacional era de esperarse. Hace poco Lucho le envió una carta a Santos en la que ese Partido se ponía en una posición sumisa ante el primer mandatario. Me refiero al documento mediante el cual Lucho alabó las declaraciones de Santos sobre la mano negra; con las que pretenden satanizar la oposición -la única que hay- que corresponde a sectores uribistas que no se sienten representados en este gobierno. Las declaraciones de Santos comparando la oposición de derecha con los terroristas de las Farc demostró algo que ya era evidente para muchos: Santos no tolera la oposición y ha hecho todo para limitarla: absorberla, mantener un lenguaje impreciso que no es susceptible de crítica e incluso demeritar a quienes no lo siguen.

El fenómeno de Unidad Nacional ha logrado la desaparición casi total de la oposición, lo que puede ser peligroso para la democracia y costoso para el país. La idea de que la unidad es buena es falaz; la democracia funciona cuando el Gobierno tiene oposición, las instituciones están diseñadas para el debate, el control político es necesario, los contrapesos al Presidente sólo existen cuando se fortalecen quienes no lo respaldan. El silencio en la política actual no es un síntoma de que nada esté pasando: todo sucede pero calladamente; no nos damos cuenta. ¿Qué pasó con Piedad y sus intentos por las liberaciones? ¿O es que los secuestrados en este gobierno ya no son importantes? ¿Qué pasó con la beligerante izquierda que todo lo criticaba? ¿Todo se arregló de un momento a otro?

La ambigüedad de Santos donde todos caben debilitó la identidad de los partidos. Frágiles sucumben ante los beneficios que otorga el hacer parte del Gobierno. Los vicios clientelistas pueden saciarse, pues con independencia al juicio moral que se haga sobre su pertinencia, esa es la manera como se hace y se ha hecho la política. El gobierno también da prestigio, pues mientras el Presidente mantiene unos índices de popularidad altos, la cercanía da la impresión de sintonía con la opinión pública. Además, vienen las elecciones regionales y si bien el Gobierno no participa en ellas, hacer parte de él, fortalece a los candidatos pues la ciudadanía los identifica como respaldados.

Tras todo eso fueron los verdes, pues en política no hay -ni debe haber- alianzas sin estrategia. Un partido no se une a un gobierno por mera admiración; la política tiene que ser más que eso; una ideología que intenta llegar al poder. Lo que pasa es que en estos últimos meses los verdes han dejado claro que no son viables como partido. No hay una ideología definida. Los vínculos internos son tan endebles que Mockus en desacuerdo con las mayorías se fue. Lucho se plegó a Santos a pesar de que muchos miembros no comparten la decisión y se quejan de la falta de discusión al respeto. Peñalosa está sólo empecinado en su candidatura y le apuesta a lo que pueda hacerla más fuerte. Fajardo se entera de las decisiones por los medios masivos de comunicación.

Todo esto no le augura mucho futuro al Partido Verde, pero muestra que en Colombia las reformas para fortalecer los partidos han sido inútiles. Los colombianos seguimos comprometidos con los liderazgos personalistas, y esas figuras sólo necesitan partido porque la ley así lo exige. Se crean esperpentos que no tienen solidez y que sólo confunden el escenario político. Habría que volver a pensar si la Ley es capaz de transformar una nación, o si más bien la Ley debería regular los fenómenos que existen, aceptarlos y entenderlos, para hacerlos funcionales.
22 de julio de 2011

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Reformas

El gobierno Santos ha sido extremadamente eficiente en la aprobación de normas; la mayoría versa sobre temas fundamentales de la actualidad colombiana. El ministro Vargas Lleras manejó acertadamente el Congreso y su éxito en términos de resultados es incuestionable. El Congreso fue eficiente; el bloque normativo pasó sin resistencia.

Ahora bien, el contenido de los textos -voluminosos y complejos- es poco conocido por la opinión pública; la falta de oposición dejó a la ciudadanía sin la oportunidad de conocer los detalles específicos de la nueva normativa y oír las posiciones de quienes no están de acuerdo. Salvo la ley de víctimas y restitución tierras, donde algunos críticos en los medios de comunicación -y más escasos en el Legislativo- señalaron el problema fiscal que puede acarrear esta ley.

El argumento es que es inviable financieramente; el Estado no tiene recursos de superávit, así que la implementación de la ley requiere más impuestos o el recorte presupuestal de otras áreas. A ello se le suma la imposibilidad de conocer su costo total. El articulado es ambiguo, de manera que no hay limitaciones claras. Por ejemplo, no se dijo cuántos familiares de una víctima pueden optar por la reparación; eso daría para que prácticamente todos los colombianos podamos acceder a esas ayudas. Además son víctimas -según la ley- quienes hayan sufrido menoscabo en sus derechos a partir del 1 de enero de 1985. Esta fecha arbitraria y sin razón para ser sostenida, será seguramente derogada por las Cortes, que evidenciarán que aquel parámetro no respeta la igualdad de los ciudadanos, pues no representa ningún hito o cambio en la historia de la violencia en Colombia.

La reforma política, a pesar de solventar asuntos importantes, no representa un avance significativo en la comprensión del fenómeno de la debilidad partidista colombiana. Se limita a cerrar los huecos que había dejado la ley anterior y endurecer penas para que ‘lo deseable’ ocurra. No resolvió el problema fundamental de las disidencias, que son la barrera más difícil de solventar en la política actual. Una norma que reconociera la posibilidad de avalar dos candidatos para las elecciones unipersonales (presidente, alcalde, gobernador) cuando en las consultas el candidato perdedor alcance el 40% de los votos, hubiera flexibilizado la estructura de los partidos y reconocido la representatividad de las minorías representativas. Por ejemplo, Mockus, en el Partido Verde, hubiera tenido la opción de competir contra los candidatos ganadores y abrir el debate para que se resolviera en la contienda electoral.

Viene ahora la reforma a la Justicia. Se trata del pilar fundacional del Estado; la renuncia a la justicia por mano propia, supone no sólo que el monopolio de la fuerza lo ostente el aparato institucional, sino que además éste sea capaz de resolver los conflictos entre los asociados. La percepción ciudadana sobre la Justicia no es la mejor; se habla de politización, de persecuciones, de corrupción y de ineficiencia. Es prioritario solidificar esta rama del poder, sólo así es posible consolidarnos como una nación democrática y pacífica.

La estructura de la rama requiere una transformación que la sintonice con los principios del Estado democrático: deben existir sistemas de frenos y contrapesos que la regulen, y una vinculación con el poder democrático que ostenta el pueblo. Por eso sorprende que la discusión esté limitada a temas irrelevantes como la edad de retiro forzoso de los magistrados y las exigencias de un régimen especial de pensiones.

15 de julio de 2011
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Chávez y su enfermedad

Mientras Chávez estuvo desaparecido, su hermano Adán dijo que el proyecto revolucionario ha venido por caminos electorales, pero que si éstos fallasen: “No podemos olvidar como auténticos revolucionarios otros métodos de lucha”. La invitación a mantener la revolución por la fuerza o cualquier otro medio, hace eco en quienes consideran que la enfermedad del vecino es una farsa para sensibilizar a los electores y estimular su victoria en las elecciones venideras. Los medios han calificado la situación como terminal y la balanza no se define entre el cáncer de próstata y el de colon.

Todos estamos sorprendidos. La presencia permanente y omnipresente del mandatario contrastó con este fenómeno de debilidad y delgadez. El secreto en torno a la enfermedad da para pensar que Chávez no tiene un plan si él llegara a faltar. Su muerte podría generar un caos en Venezuela. No se sabe quién podría reemplazarlo y la beligerancia de sus seguidores hace pensar que la transición hacia un gobierno de oposición podría ser violenta o al menos muy difícil.

La autoridad electoral todavía no ha informado la fecha ni la modalidad de las elecciones, pero se espera que sea un gran evento para elegir presidente, alcaldes y gobernadores. Pero el asunto no es fácil. En este contexto es interesante que el mandatario haya dicho hace un par de días: “Aquí no habrá ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario”. Lo cierto es que el regreso de Chávez está marcado por la presión de las elecciones del próximo año; si gana completaría 20 años de gobierno.

La oposición venezolana no logra unificarse, pues el Gobierno ha sido efectivo en impedir que liderazgos importantes se consoliden. Alejando Pérez Esclusa fue detenido hace un año y aún así su proceso no se ha iniciado, y según las denuncias del arzobispo Pérez Morales –quien pidió casa por cárcel- tiene un cáncer de próstata que no es debidamente atendido. Otra figura clave de la oposición, Manuel Rosales, quien fuera alcalde y gobernador, salió asilado hacia Perú por lo que muchos consideraban una persecución política. Se rumora del regreso de Rosales quien sería un fuerte candidato para enfrentar a Chávez. La sensación de persecución por el régimen es creciente. En una década de gobierno de Chávez se hicieron 6.800 solicitudes de asilos afirmativos a EE.UU., un aumentó en un 152% frente a la década anterior. Los asilos defensivos fueron 7.500, es decir 15 veces más que en la década anterior, donde hubo 500. La comunidad venezolana pasó de 91 mil en el año 2000 a 215 mil en el 2010, aumentó el 135%.

Aun así, los movimientos que no siguen a Chávez crecen. En el 2008 el partido de gobierno perdió provincias importantes por ser las más pobladas y ricas, como Zulia, Miranda y Carabobo, y el Ayuntamiento de Caracas. En las parlamentarias del año pasado, la oposición obtuvo más votos que el chavismo, se consolidó con el 52% de los electores, pero accedieron a menos escaños por la redistribución de representación que el mandatario diseñó previendo la derrota.

La situación ha desprestigiado a Chávez; los grandes problemas siguen sin resolverse: vivienda, electricidad, inflación. La Gran Misión de Vivienda, el proyecto más importante con miras a las elecciones, pretende construir 350 mil nuevas unidades antes del debate electoral. Pero las proyecciones no son alentadoras: en lo que va del año sólo se ha construido el 12%. Una de las gestiones del mandatario fue inyectarle más dinero -14,600 millones de bolívares- con lo que espera superar el atraso. El déficit de 2 millones de viviendas que tenía hace 12 años no está resuelto, sólo se han construido 60 mil viviendas por año.

8 de julio de 2011
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Lecciones del socialismo

Varios países de América latina y España se embarcaron en proyectos socialistas y los resultados de esos gobiernos son evidentes ahora. Vale la pena revisarlos para obtener las lecciones.

‘El milagro de Venezuela’ definido en la columna de Andrés Oppenheimer nos muestra la realidad de un país que en el corto plazo empezará a sentir los costos de las políticas en las que se embarcó. Venezuela ha tenido la mayor bonanza petrolera de su historia, pues para cuando Chávez asumió la Presidencia el barril costaba US$9 y pasó a US$100 que vale hoy en día. Esto hubiera bastado para que Venezuela construyera una infraestructura que le diera espacio al crecimiento de la industria, que potenciara el desarrollo económico, y resolviera además los problemas de vivienda y mejorara las condiciones materiales de sus ciudadanos. Pero ni lo uno ni lo otro; la economía tuvo uno de los crecimientos más bajos de la región 1,6%, cuando el promedio suramericano fue del 6%. La reducción de la pobreza fue de 17 puntos, trasladándose de 45% al 28% en 10 años; aquello no es tampoco muy significativo, pues países con menos ingresos obtuvieron resultados mucho mejores; Argentina pasó del 45% al 11% y Chile del 20% al 11% en el mismo tiempo.

El socialismo en España tuvo también resultados poco satisfactorios. Las políticas con una alta dosis de irresponsabilidad fiscal dieron como resultado el aumento de la deuda pública y un imparable crecimiento del desempleo, que llegó a dejar 5 millones de españoles en el paro. La derrota que sufrió el Psoe en las elecciones regionales no tiene precedentes, e impuso la necesidad de políticas de ajuste y disciplina fiscal. Se trata de un cambio radical, el socialismo español ha tenido que optar por la aplicación de estrategias que hasta hace pocos meses criticaban como regresivas e innecesarias.

Paralelamente ambos gobiernos se han mostrado amistosos con los terroristas. Sobre Chávez se cierne la amenaza de ser declarado como patrocinador del terrorismo, pues son múltiples los vínculos con las Farc y otras organizaciones de la misma estirpe, y peligrosos líderes del Medio Oriente como Gadafi y Ahmadinejad. Por su parte Zapatero, es criticado en España por haber destruido la política antiterrorista, y se le adjudica la llegada de Bildu a las instituciones vascas y navarras.

Habría que evaluar lo que ha vivido Bolivia, que luego de haber criticado a los EE.UU. pide ahora a las naciones europeas su colaboración para restablecer las relaciones con el país del norte y volver a participar de la economía global.

Se trata de gestos y cifras que muestran que el socialismo al principio se ufana de tener políticas muy populares, pero luego la realidad las hace pagar caras. Es evidente el atractivo de gastar más de lo que se tiene; da una ilusión de riqueza y prosperidad y por un momento las cosas parecen solventarse. Las económicas están vinculadas al mercado global, así que fenómenos como el déficit fiscal e inflación terminan destruyendo las economías internas y el ahorro interno se consume. Los Estados modernos deben tener dos brazos, con uno para proteger las contingencias y necesidades con programas sociales, y otro que debe trabajar para que la iniciativa privada se desarrolle y la sociedad sea capaz de proveer hacia el futuro. La mera dilapidación asistencialista no garantiza la sostenibilidad.

1 de julio de 2011

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Frustrados con Santos

Tener posiciones claras cuando se participa en la política es una forma limpia de ganar electores. Ellos reconocen lo que se les propone y su decisión de acompañar el proyecto depende de su idea de lo que la sociedad requiere. Hay otra forma de captar electores; entretejer ideologías medias, donde las posturas no se definen, donde se juega con contenidos vacíos como el porvenir y las ilusiones, de manera que los ciudadanos rellenan el discurso de acuerdo a sus expectativas. El candidato parece decir lo que ellos piensan, aunque el discurso no dice nada. Esta maniobra para confundir la opinión pública es la forma más tradicional del quehacer político colombiano. La siguiente fase, previsiblemente, es el mero ejercicio de descubrir que aquel que ocupa el cargo no cumple con lo ofrecido; pocos notan que nunca lo dijo.

Algo por el estilo parece estar pasando con el presidente Santos. Mediante ambigüedades se mostraba comprometido con el programa uribista que tiene lineamientos precisos. Los políticos que se denominan a sí mismos como de centro creen que las ideologías no son importantes, y que existe un punto medio donde todo y todos pueden confluir. A pesar de lo llamativo de la idea, la realidad política es menos apacible. Las posturas claras son claves para que surja la oposición. Sin ella la democracia pierde su esencia. Los gobiernos funcionan cuando la dinámica gobierno-oposición se tensa y cada una de las decisiones pasa al debate público. Con ello la transparencia crece y los ciudadanos están enterados de lo que pasa. Si las resoluciones del gobernante no se ajustan a las expectativas, el triunfo lo cosecha la oposición.

Santos intenta mezclar el uribismo con el liberalismo y aquello no es posible. Antes el Partido Liberal podía tener entre sus filas a Uribe y a Piedad Córdoba sin que a nadie le pareciera raro. Podía elegir un presidente de políticas neoliberales como Gaviria y estar inscrito en la internacional socialista. Pero esa mezcla inestable estalló. Ya no podrán juntarse materiales que nunca debieron estar juntos. Santos también intenta acercar el pastranismo con el uribismo. Él y muchos otros cercanos colaboradores del gobierno Pastrana, pasaron al uribismo sin ningún aprieto. No les impresionó el cambio radical de políticas. Santos invitó a los fieles seguidores del expresidente conservador como Juan Camilo Restrepo; y lo hicieron sin comprometer su filiación política y su aversión al uribismo. Además, Santos sumó a la coalición a Vargas Lleras quien para el final del gobierno era un acérrimo enemigo de Uribe. El resultado es lo que tenemos: ni chicha, ni limonada.

Santos fracasó en la tarea de conciliación nacional pues, en su gobierno no conviven en armonía las fuerzas democráticas; el uribismo está siendo maltratado. Las masas uribistas que le dieron la victoria pues lo veían como una buena continuidad, empiezan a sentir frustración. Hay señales de recrudecimiento en la violencia, Santos contesta que es exageración de la prensa y una mano negra de la derecha que dramatiza. El Gobierno persigue a los funcionarios del uribismo, pues las posiciones de poder pertenecen a los enemigos de Uribe. La oposición política está desapareciendo y se aprueban leyes que el país no conoce. Todo el debate político se refiere al gobierno anterior, se critica al expresidente Uribe sin descanso y nadie se pregunta qué está haciendo este Gobierno escondido plácidamente detrás de esa postura.

Junio 24 de 2011
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¿Versión libre?

Una versión libre consiste en la presentación de la declaración del citado, y en este caso el expresidente Uribe fue el único que no habló. ¿Por qué se empeñan sus enemigos en impedirle hablar?

Es una tendencia arraigada en personajes como Piedad Córdoba, que -bajo la capa de crítica de oposición- difunden mentiras que al ser reiteradas quedan flotando en el aire y el tiempo las dota de algún sentido. Por eso, esas declaraciones se hacen solapadamente, en contextos donde se convierten en chismes; entre quienes los siguen en la construcción de una gran teoría de la conspiración; en medio de vehementes partidarios que los aplauden y llevan a delirios. La estrategia tiene la necesidad de que todo quede sin ser refutado. El Congreso se convirtió el jueves en un recinto así; una versión libre donde acusan, mienten y quien rinde la versión no puede hacerlo.

La falta de consistencia en el Congreso no sorprende; su desprestigio ha roto su capacidad de acción y decisión. Siendo la institución donde está mejor representada la democracia colombiana, sufre de deslegitimidad y falta de aprecio por parte de la sociedad. La mala imagen empezó en el gobierno del expresidente Gaviria quien comandó una campaña de desprestigio contra la institución que terminó con el cierre y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El Congreso nunca se recuperó porque los medios se encargaron de subvalorarlo y aún hoy no hay quien diga una palabra positiva sobre los parlamentarios. Los candidatos deseables se han alejado y la institución es insegura y temerosa. No toma decisiones y está doblegada.

El peor golpe al Congreso se lo dio la Constitución de 1991; el pobre diseño institucional dejó al Parlamento a merced de las otras ramas del Estado. Los congresistas no tienen poderes reales; sólo aprueban proyectos que ni siquiera elaboran, la iniciativa de gasto la tiene el Ejecutivo; el control político es formal. Y la Corte Suprema se ha convertido en un mecanismo de presión que desconfigura el quehacer político que le corresponde a los juicios en el Congreso. La mención de la Corte Suprema genera miedo y desconcierto entre los parlamentarios. La opinión se confunde cuando se aduce que son los parlamentarios quienes juzgan a los magistrados de la Corte Suprema. Los artículos 174 y 175 dicen que el Congreso sólo juzga por delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, pero es la Corte Suprema la que adelanta el resto de los procesos, las investigaciones a magistrados por delitos comunes pasan también a la Corte Suprema. Así que los magistrados de la Corte Suprema se juzgan a sí mismos, a los congresistas, al Presidente, a los ministros, al Procurador, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, el Consejo de Estado y los Tribunales; a los directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor, a los embajadores y jefes de misión diplomática, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública. En fin, es suprema en todo el sentido de la palabra. Hay un desequilibrio en las funciones de la Corte, y que la teoría de los frenos y contrapesos no se aplicó en la Constitución. La Corte además se elige por cooptación, es decir son sus miembros quienes suplen sus vacancias. Es una institución por fuera de los poderes democráticos que tiene que ser reformada.

Es el momento para que el Congreso se reivindique y ejerza sus funciones, con el alma política y legítima que le corresponde por ser de elección popular. El expresidente Uribe es el mandatario con mayor prestigio, y la desconfiguracion institucional es tal, que el Congreso desatiende las normas e ignora la opinión pública por el inmenso poder que la Corte Suprema ejerce sobre sus miembros.

17 de junio de 2011


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