¿Persecución contra el uribismo?

Hay una tendencia a investigar a la cúpula del uribismo. El hecho no sería sospechoso si por hechos similares se investigara a otros sectores de la política colombiana. La aplicación selectiva de la ley (me refiero a que en el país se puede estar escogiendo a quién investigar) puede convertir el sistema judicial en un mecanismo capaz de persecución política. Este podría ser el caso de Luis Carlos Restrepo; el país ha tenido noticia de que en los procesos del Estado, que ofrecen beneficios para los afiliados hay muchísimas personas incluidas sin tener derecho. El fraude al Estado se ha dado a lo largo de la historia en incontables ocasiones; en los terremotos miles de personas llegan al lugar de la tragedia para beneficiarse de los auxilios estatales. Sabemos que las listas de desplazados están infladas con ciudadanos que no fueron víctimas. Pero si observamos los hechos más recientes tenemos al menos tres que comparten las mismas características: falsos desmovilizados; falsos desplazados y falsas víctimas. Los tres casos no son ninguna novedad y son un desarrollo más de una cultura donde la corrupción es habitual. Lo que es extraño es que sólo en el caso de Restrepo, los falsos desmovilizados, hay movimiento judicial contundente. En los otros casos se anuncian cosas pero no hay investigados. No era función del Comisionado de Paz establecer si los reinsertados eran o no parte de los grupos ilegales, esa función -por ley- corresponde a la Fiscalía. La constitución como parte civil de la Presidencia de la República en el proceso contra Restrepo contrasta con que para los otros casos -con las mismas características- no sólo no se consideran víctimas, sino que ni siquiera hay declaraciones contra los vinculados en esos hechos. No se trata de que si saben o no si Restrepo es culpable; en proceso las pruebas no han sido develadas y por lo tanto la Presidencia no puede saberlo. Otro argumento que aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a nadie. La pregunta que surge está dada por la tensión que supone el que efectivamente haya una desviación de la conducta que la ley ordena y al mismo tiempo una costumbre social que respalda el comportamiento alejado de la ley, y ha sido soportado por la administración judicial que no ha perseguido a nadie por esos hechos. El delito más grave de Agroingreso Seguro es la contratación con el Iica -organismo de la OEA-, pues el proceso no debería haber sido hecho por un convenio interinstitucional sino a través de una licitación de la Ley 80. Dejemos de lado los argumentos jurídicos que soportan el haber elegido el convenio sobre la licitación y aceptemos que esos convenios son ilegales. Lo grave del asunto es que la mayoría del Estado ejecuta con ellos gran parte de sus recursos; así se ha hecho pese a las advertencias de la Contraloría. Los convenios con entidades multilaterales han sido útiles y usuales. Si se está seleccionado a quién sancionar, habría una injusticia al tratar casos iguales de manera diferente. Más aun cuando por estos hechos se le da -con rebajas- al Viceministro una pena de 10 años (donde se habla de un peculado a favor de terceros, siendo el Iica el beneficiario), cuando a los Nule les dan 7 años y medio. Y, a la hora de valorar los testimonios, contra los uribistas se aceptan testigos mentirosos y señalados así por muchos; en cambio cuando ese mismo tipo de personajes -hampones de notorio recorrido en la delincuencia- se refieren a miembros de otras ideologías la sana critica del testimonio los rechaza. http://96.31.90.148/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/persecucion-contra-uribismo

Rangel es un insulto

El nombramiento de Rangel Silva como ministro de la Defensa en Venezuela es un desafío abierto para al menos tres actores: la oposición, los EE.UU., y los colombianos. Este acto muestra las intensiones de Chávez de perpetuarse en el poder, desafiar a los gringos y persistir en la implantación del comunismo del Siglo XXI en todo el continente, incluso con medios violentos. Rangel Silva, pocos días antes de ser nombrado, dio unas terribles declaraciones, donde anunció que si la oposición venezolana resultaba vencedora en los comicios electorales, él no aceptaría su triunfo. Se trata de un comentario que pone de presente lo que muchos ya han dicho, Chávez y su movimiento no van a respetar una democracia que no los favorezca. Su compromiso está con los principios que pretenden imponer en ese país, y no con el sistema democrático; este es simplemente el mecanismo que se usa mientras sea favorable, pero que si es adverso será descartado. Esa declaración coincide con la preocupación que han manifestado muchos sobre la transición del poder. Estos pueden ser actos preparatorios para superar una eventual derrota; ‘milicias bolivarianas’ -civiles militantes de la causa chavista armados con fusiles- con el compromiso de proteger el programa bolivariano o incluso y un grupo aliado terrorista con gran poder económico y bélico. ¿Podrían las Farc empezar a migrar hacia el Ejército venezolano? El asunto vuelve a darle relevancia a la necesidad de que los Fuerzas Armadas permanezcan políticamente neutras. Las armas de un país no deben pertenecer a una ideología, sino estar al servicio de la democracia y la estructura que la soporta. Los EE.UU. están dando señales de preocupación frente a Chávez. Se lo había interpretado como un líder sin mucha relevancia, pero se ha hecho evidente que es un factor con nefastas consecuencias para el continente y las relaciones con los norteamericanos. Su gobierno ha sido vinculado al narcotráfico y a las guerrillas colombianas; pero Chávez amplió sus alianzas hasta los enemigos de los EE.UU., y convirtió a Ahmadineyad en un nuevo amigo para algunos países latinoamericanos. El nombramiento de Rangel que está en la lista Clinton por sus vínculos ineludibles con la mafia, completa el escenario. En el caso de los colombianos la afrenta de Chávez es violenta. Todos los problemas que tuvo el gobierno del expresidente Uribe con el vecino país estuvieron centrados en el apoyo que miembros de ese país le daban a las Farc. Rangel Silva es uno de los principales colaboradores; aparece en el computador de Raúl Reyes autorizando a las Farc a estar en Venezuela, como benefactor y proveedor. Con este nombramiento Chávez insultó al país, irrespetó la confianza que otorgó el presidente Santos y simplemente reconoció -sin ningún miramiento- que entre los presidentes no hay amistad ni lealtad alguna. Chávez está en su proyecto político y busca un mecanismo para protegerlo de una eventual derrota electoral. ¿Cómo podrán los diplomáticos y miembros del alto gobierno colombiano relacionarse con un delincuente; un cómplice del terrorismo? Es triste que la dirigencia colombiana no se refiera al asunto. Sólo Simón Gaviaría lo hizo y vale aplaudirlo, pues una cosa es el respeto por la autonomía de un país, y otra es soportar en silencio agravios que son directos y graves. Colombia no puede guardar silencio, es un amigo de los terroristas, que durante ya años han desangrado al país, quien se convierte en el Ministro de Defensa de un vecino tan bien armado. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/rangel-insulto

¿Diálogo?

Por supuesto que todos queremos la paz y todas las gestiones tendientes a conseguirla son, a primera vista, deseables. Pero Colombia ya tiene una larga historia de fallidos intentos y eso nos tiene que haber puesto los pies sobre la tierra. Las propuestas para la paz tienen que ser analizadas con cabeza fría. A riesgo de simplificar demasiado un asunto que requeriría muchas páginas, presentaremos un grueso análisis. Es tradición que la violencia sea un mecanismo para escalar en la política. No sólo en el caso de los guerrilleros reinsertados; hemos tenido, además, líderes que sin hacer parte de grupos al margen de la ley, han recurrido a la violencia para concretar los propósitos. La violencia de los partidos fue larga, sanguinaria y triste. Es entonces, una de las prioridades de la Nación ponerle término final a este vínculo político-violento. El Frente Nacional le permitió al país superar la violencia entre los Partidos y fue, al mismo tiempo, un periodo de exclusión política (no comparto esta observación, pero aceptémosla en gracia de avanzar con el argumento). La marginación política dio lugar a otra violencia que apareció bajo la forma de guerrillas y subversivos. Para remediarlo se dieron indultos y se hizo una Constitución donde estuvieran representados los grupos subversivos que aceptaron la invitación del Gobierno a construir un país incluyente. Muchos participaron, como el M-19, que hoy ocupa el segundo cargo de la Nación, con Petro. La integración de todas las fuerzas políticas tampoco fue completa. La violencia persistió, pues otros varios grupos al margen de la ley no participaron. Además, hubo críticas sobre el hecho de que los violentos -otra vez- fueran premiados. Se hizo evidente que es un desincentivo para quienes no han recurrido a las armas, pues ellos nunca reciben las ayudas estatales que reciben los violentos. Esa tendencia a atender más a los que se equivocan que a los que no lo hacen, generó descontento y muchos llegaron a decir que en Colombia era mejor no cumplir con la ley. Luego se hicieron negociaciones sin precedentes con los paramilitares que accedieron a someterse al Estado; contribuir en la verdad y la reparación y pagar penas de prisión con rebajas. Las cesiones que hizo la sociedad -consagradas en la Ley de Justicia y Paz- fueron moderadas. Suficientes para persuadir a los ‘paras’ de que dejaran las armas y acordes al hecho de que ellos son sólo un grupo al margen de la ley, y que la sociedad no puede desincentivar a quienes no ejercen violencia. El resultado final es que muchos ‘paras’ de desmovilizaron y los cabecillas están en la cárcel, algunos en presiones de EE.UU. Sin embargo, muchos otros miembros de las Autodefensas -acostumbrados a ejercer el poder por la fuerza y a lucrarse del negocio del narcotráfico- conformaron las Bacrim. Las Farc con esas mismas costumbres quieren una negociación. Si se puede, se debe, pero sin olvidar lo aprendido. Tiene que haber un cese unilateral de todos los actos violentos y liberación de todos los secuestrados -políticos y económicos-; es lo mínimo. No podemos ceder nada que desincentive a los buenos ciudadanos. La Ley de Justicia y Paz era una buena herramienta, pero el Gobierno tramita a través de Roy Barreras una reforma constitucional. Debemos estar atentos; era inaceptable que quisieran devolverles los derechos políticos. La paz con las Farc tendrá -como han tenido las anteriores- un efecto parcial, quedarán otros grupos, otros nombres. El problema persistirá mientras la droga sea un combustible y la sociedad siga aceptando la violencia como mecanismo para acceder al poder. http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogo

Tener miedo es un derecho

‘Los urabeños’ ordenaron un paro, la sociedad asustada siguió las instrucciones de los violentos y el Estado no pudo evitarlo. Dos ciudades de la importancia de Medellín y Santa Marta tuvieron parte del transporte y el comercio paralizados; más de 16 municipios de Chocó, Sucre, Magdalena y Antioquia estuvieron sitiados bajo la amenaza. Es un hecho sin precedentes; los paros de los violentos habían sido sobre poblaciones alejadas y pequeñas. Aquello muestra que el miedo aún domina a muchos colombianos. Luego de estos largos períodos de violencia que nos ha tocado vivir, donde el Estado ha sido –la mayoría del tiempo- incapaz de brindarles una adecuada protección a los ciudadanos, la gente se siente vulnerable. Las amenazas de los violentos son creíbles, porque conocemos su capacidad destructiva y hemos visto la incapacidad del Estado para detenerlos. En este contexto el llamado del Gobierno para que los ciudadanos no hagan caso de las amenazas y no paguen extorsiones, “no se dejen amedrentar”, parece descontextualizado. La lucha contra los violentos tiene dos aspectos: el primero, es el enfrentamiento directo, y en lo que se refiere a ‘los urabeños’, el Gobierno está acertando; el líder fue dado de baja y muchos de sus miembros han sido detenidos. El otro aspecto es la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos; la certidumbre de que el Estado está dispuesto a protegerlos y de que tiene la capacidad de hacerlo eficazmente. En esto parece estar fallando el Gobierno. Así lo dicen las encuestas donde la mayoría de la población cree que en seguridad estamos empeorando, y lo demostró este paro; los ciudadanos se sintieron amenazados de manera real. El miedo es un factor muy poderoso; es un dispositivo que se activa como mecanismo para proteger la vida. Sería, por supuesto, deseable que la sociedad no considerara creíbles las amenazas y que los ciudadanos tuvieran la confianza en el Estado para desafiar abiertamente esas órdenes; pero no es así. Pese a los esfuerzos realizados para recobrar la seguridad este es un bien jurídico frágil y sensible. Los colombianos temen y con razón a los violentos; y el Estado lejos de convencer con palabras sobre su capacidad, debe demostrarlo con sus actos. La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos. El argumento se parece al que se usó -ya hace unos años- para prohibir el pago de los rescates por secuestros. Esa normatividad fue declarada inconstitucional por la Corte, pues la decisión sobre si pagar o no por un secuestrado, no la puede tomar el Estado. Corresponde a cada individuo medir los riesgos que está dispuesto a correr, evaluar la credibilidad que le otorga a las amenazas o el miedo que le infunden los violentos. Se trata de un cálculo donde están de por medio la vida y los derechos más íntimos y personales. Tener miedo es una conducta tan natural e instintiva como tener hambre. El Estado no puede desconocerla ni pretender que existe una obligación de los ciudadanos de superarla. Para vencer el miedo el Gobierno debe actuar, derrotar las causas del temor y demostrar que está en la capacidad de protegernos. Mientras la percepción de inseguridad siga creciendo, el temor seguirá mandando. Hace unos días la comunidad de Soacha protestó e impidió la salida de una base militar ubicada en la zona. Los vecinos temían quedar a merced de los delincuentes. Así se sienten la mayoría de los colombianos que no tienen la Fuerza Pública muy cerca. http://96.31.90.148/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tener-miedo-derecho

Deseos de final del año

Al escribir está columna, que es una más de varias sobre el mismo tema, me doy cuenta de que mis deseos para ésta Patria siguen siendo los mismos: Paz y honradez. “Paz” es una palabra casi hueca; el uso y el abuso la han ido vaciando de contenido. Al oírla es difícil encontrar su sentido, y sólo luego de dejar en libertad la fantasía es posible evocar un estado de armonía entre los ciudadanos; relaciones basadas en el respeto por el otro, la consideración y la solidaridad. Imaginar que los problemas –todos- son susceptibles de soluciones asentadas en el dialogo, la negociación e incluso en la Justicia. Una sociedad donde el monopolio de la fuerza reside de manera exclusiva en el Estado, y que casi nunca debe usarlo porque los ciudadanos tienen pactos de convivencia bien fundamentados; donde se comprende la necesidad de la norma como mecanismo para garantizarla. Se me ocurre también soñar con personas que respetan la diferencia y que pueden construir junto a los que no son ni aspiran a ser iguales. Gente que es capaz de dar las luchas por los ideales que les dan vida, con la fuerza de la palabra y la persistencia de la acción. Esas son las ilusiones de un soñador. En la vida que llevamos los colombianos sería gran avance que la violencia cesara; con sólo eso ya seríamos un país diferente. Ojala, aquellos que han encontrado causas por las que consideran que matar y secuestrar es aceptable, comprendan que no existe justificación para lo que hacen. Ojala, aquellos que utilizan la fuerza y el miedo ajeno para validar sus intereses; reconozcan en ese otro a una persona. Ojala, quienes han convertido a los colombianos en medios de negociación y presión, descubran que ningún ser humano es algo distinto a un fin en sí mismo. Con esta limitada noción de “paz” el país iniciaría un camino diferente; este sería un inicio promisorio. La corrupción es un mal atroz. Desdibuja la acción estatal; las obras que deberían hacerse no se hacen, o se hacen mal; los servicios que deberían prestarse, no se prestan o se prestan de manera deficiente. El Estado se convierte en un aparato inútil. Aquello da para que los unos se sientan autorizados a evadir y eludir impuestos; los otros llamados a robar -porque si no son ellos otros también lo harían; unos incluso se sienten obligados a enfrentar con las armas al Estado y a la clase ladrona; algunos más se enceguecen en una danza de dinero que les permite tener y tener y tener; sin reflexionar siquiera sobre los otros, sobre la sociedad en la que viven. En fin la sociedad pierde el respeto por sí misma y por el Estado. La honradez tiene que ver con el reconocimiento del otro; tiene que ver con la capacidad de entender nuestros intereses están relacionados y son dependientes de la sociedad en la que vivimos. La honradez viene de adentro; de la convicción de que el bienestar individual no autoriza el irrespeto a la normas de convivencia ni de la ética. Se trata de una organización jerárquica de valores donde se respetan las normas, no por el beneficio que de ellas podamos derivar individualmente, sino simplemente por su condición de normas; porque son el pacto social que nos permite vivir en comunidad. Estos dos puntales nos permitirían avanzar en la construcción de un país para todos y de todos. Quiera Dios darnos la fuerza para hacer esos pequeños cambios en nosotros mismos; pues será el agregado lo que transformará a Colombia.

Ahí está, su cabeza en un plato

Aunque en Colombia hemos tenido fiscales tan extraños como Iguarán -que contrató un brujo que le indicara quién era culpable-; la aparición de una Fiscal casada con un personaje con tantos vínculos oscuros, como Lucio, es un exabrupto. Desdibuja completamente la necesidad de neutralidad de este ente investigativo. Viviane Morales ha tenido aciertos incuestionables en su gestión; pero aquello no la exime de la serie de dudas que empiezan a aparecer en torno a sus decisiones y la relación con su esposo. No se trata de evaluar si lo ha hecho bien o no; lo determinante es que le aparecieron tantos conflictos de intereses, que su gestión se hizo inviable. Su familia está vinculada en demasía con todos los agentes delictivos notorios del país: guerrilla, paramilitares, narcotráfico, en fin, que su neutralidad sobre los asuntos está más que cuestionada. En eso coincidíamos todos; la Fiscal debería apartarse de su cargo y poner por encima de sus intereses personales, la estabilidad jurídica del país. Esos actos de generosidad y decencia no se ven en el país desde hace mucho, y la tradición política a la que pertenece la Fiscal tiene tradición en aferrarse a los cargos aún contra lo que conviene al país. Así que esa aspiración era sólo un clamor ilusionado. Lo sorprendente del caso, es que muchos de quienes pidieron su renuncia, ahora parecen casi defendiendo la Fiscal. Dicho en términos claros; ella está siendo dura con el uribismo y los antiuribistas prefieren tragarse el sapo de Lucio, con tal de mantener una Fiscal que ataque al gobierno pasado. Es una triste postura la de estos analistas, que además se atreven a sostener que la justicia no está politizada. Fue una gestión muy hábil la de acusar al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, para calmar parte de las voces que exigían por su renuncia. Entrega a Restrepo para salvar su cargo. Y sabemos que se trata de una entrega injustificada e injustificable, no sólo por la intachable carrera académica de Restrepo, sino porque cualquiera que lea la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz encuentra el artículo 3 del decreto 4760 de 2005 que establece que “la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado”. Acusar a Restrepo por las declaraciones de Mancuso o cualquier otro paramilitar es una afrenta para el investigado; es evidente que aquellos paras y sus amigos hoy en la cárcel y presos en EE.UU. tienen muchas razones para estar molestos con Restrepo. ¿Qué móvil tendría, en cambio, Restrepo para ayudar a falsos guerrilleros a desmovilizarse? ¿Para traficar con armas? En desarrollo de una avispamiento del que nos enorgullecemos, los colombianos hacemos trampa cada vez que haya oportunidad. Eso no es ninguna sorpresa, lo raro es que Restrepo sea el único llamado a responder por las falsedades cuando esa ni siquiera es su función. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/ahi-esta-su-cabeza-en-plato

Zapatero a tus zapatos

La Reforma a la Justicia que adelanta el Congreso puede tener fallas, pero lo cierto es que ésta es la institución facultada para hacerla. Así las cosas, las opiniones que al respecto tengan los magistrados de las Cortes, el Procurador y la Fiscal, son interesantes; pero tienen la misma validez que los pronunciamientos que hace el Congreso sobre los fallos de las Cortes. De eso se trata la división de poderes; cada rama tiene sus funciones y el poder constituyente derivado está en cabeza del legislativo y sólo ésta rama es la llamada a reformar la Constitución. Se extralimitan los magistrados, el Procurador y la Fiscal al solicitarle intervención al Presidente, que tampoco es competente para tomar las decisiones que le corresponden enteramente al Parlamento. Parece, además, desmedido que clamen por la atención de la comunidad internacional; se trata de un proceso que cumple las normas democráticas -pues la Constitución prevé su reforma por el Congreso- y se hace con base a la legitimidad que ostentan los representantes elegidos por voto directo del pueblo. Además se trata de un asunuto eminentemente nacional, donde para nada es deseable o aconsejable que extranjeros opinen. Conviene, por supuesto, analizar las críticas que esgrime la rama a reformarse, pues el debate siempre es capaz de enriquecer los proyectos y da luces sobre la dimensión que los cambios pueden tener; más aún cuando faltan todavía cuatro debates. Dicen los magistrados que esta reforma atenta contra la Constitución; el comentario parece redundante, pues es evidente que una reforma pretende precisamente aquello. Sobre el desequilibrio de los poderes que -dicen- ocasionaría la conformación de una Supercorte que se encargue de juzgar a todos los funcionarios con aforo, más bien parece que esta alternativa viene a superar el error fundamental que cometió el constituyente del 91 que le otorgó poderes en demasía a la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día esa Corte juzga a casi todos los funcionarios, lo que ha ocasionado un desequilibrio evidente, perjudicando el sistema de frenos y contrapesos. La Supercorte integrada de forma paritaria por magistrados elegidos por el Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial otorga un estamento de juicio neutral, superior y con representación de todas las ramas del poder. Además, esa Corte participa en la elección de demasiados poderes. En el caso de la Fiscalía se rompe el principio del derecho de que la función investigativa debe estar completamente escindida del juzgamiento. Sería sano que la Fiscalía tenga algún tipo de vínculo que le dé legitimidad democrática, de manera que se atiendan aquellos casos que son prioritarios para la ciudadanía. La elección del Procurador y el Contralor que a su vez son dueños de un inmenso poder nominador tiene que ser bien diseñada. No podemos seguir en ese carrusel de nombramientos -que el país conoce- donde muchos puestos en estas entidades son proveídos por componendas de quien tiene injerencia en el nombramiento de su cabeza. El poder nominador de las Cortes no es pertinente, pero tampoco soluciona el problema de fondo, el cambio hacia otra rama del poder. La reflexión sobre ese asunto requiere más profundidad y un análisis sobre los poderes y su equilibrio. Han señalado también preocupación sobre el hecho de que la Corte Constitucional se erija como órgano de cierre. La sugerencia era que cada Corte fuera superior en su área, aquello equivalía a decir que íbamos a tener tres constituciones; la unidad constitucional debe ser una sola, y es fundamental para ello que haya una sola Corte Constitucional, que determine los lineamientos a seguir. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/zapatero-tus-zapatos

Lo que nos jugamos con la marcha

Las marchas en el país no tuvieron la afluencia que se vio en las del pasado 4 de febrero de 2008; no por ello deben pasar desapercibidas y su significación necesita un análisis. El país está harto de las Farc; no existe ningún respaldo popular para su causa y el contenido político de su mensaje está extinto. Eso lo sabemos muy bien todos los colombianos, e incluso lo saben las Farc, convertidas en un grupo narcoterrorista que trafica con la libertad y la vida de los colombianos.

Las marchas le dan al mundo este mensaje. Han sido una manera de desvirtuar la historia, según la cual la guerrilla tenía ideales románticos y enfrentaba un gobierno tiránico. En Colombia, a pesar de las fallas, la democracia es representativa. La gente vota y escoge los líderes de acuerdo a sus intereses, y sin la política no tiene los resultados que algunos consideramos deseables; no se debe a imposiciones, sino a la manera como las mayorías en el país eligen. Y podemos o no compartir los criterios de quienes votan, pero lo cierto es que lo hacen en libertad de consciencia y los resultados electorales representan el querer democrático en la mayoría de los casos. Los únicos votantes constreñidos son los que viven en zonas donde el Estado ha perdido el control y los ciudadanos quedan a merced de los violentos; para fortuna del país son cada vez menos.

Las Farc, por su parte y desde hace mucho, son una banda de narcotraficantes y terroristas, que ensucian las doctrinas de los grandes teóricos de izquierda con la coca que trafican y la sangre de tantos colombianos sacrificados por el mezquino deseo de poder y dinero. Los golpes sobre los líderes de la estructura disminuyen cada vez más su capacidad de esconderse bajo la retórica sofista de su discurso y destruye el mito de esos líderes guerrilleros que morían de viejos. Van quedando solas las hordas escondidas en la selva sometidas sólo a la doctrina de la brutalidad y la codicia.

El mensaje que dan las marchas es especialmente importante para nuestros vecinos; los gobiernos de Ecuador y Venezuela se han mostrado tolerantes con las Farc. Hace poco el presidente Correa se atrevió a comparar el Estado colombiano con las Farc, e insistió en que las Farc no son terroristas. Las marchas vuelven a recordarles que en Colombia aquello no tiene cabida; que aquí donde actúan todos sabemos lo que son.

El mensaje también era para el presidente Santos que ha sido tan ambiguo en el tema de las Farc. Por una parte, celebra -con el país entero- la baja de ‘Cano’ y anuncia la persecución hacia ‘Timochenko’ y cualquier otro que llegue a ser el jefe de la organización; pero al mismo tiempo el Gobierno apoya una iniciativa que pretendía darle derechos políticos a esos personajes y anunciaba un inminente diálogo. Hay una serie de ambivalencias en sus pronunciamientos que impiden cualquier precisión sobre el asunto, así que la marcha tenía también un mensaje para el gobierno.

Es una lástima la pobre afluencia, pero aquello no desvirtúa el mensaje, aunque le daría más fuerza si fueran multitudinarias. La participación rala se debe a que el país está entrando -otra vez- en una especie de apatía, caracterizada por la falta de emoción política. La democracia se fortalece en la dinámica gobierno oposición, pero este Gobierno ha sido efectivo en la integración, que la oposición está casi extinta. Aquello vulva la política silenciosa y poco interesante, y por eso la gente no se siente comprometida en el debate.

9 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/nos-jugamos-con-marcha

Víctimas estrato 6

En Colombia ha habido víctimas de todos los estratos, por supuesto la atención del Estado y de las organizaciones internacionales está puesta sobre las más vulnerables. Así debe ser, es prioritario que el Estado los atienda y restablezca sus derechos. Aquello no significa que se puedan desconocer los atropellos de que han sido víctimas, también, las personas con más recursos, aunque no hayan recibido atención estatal.

Este parece ser el caso de Las Pavas. La Fiscalía de Cartagena denunció la existencia de falsos desplazados asesorados por ONG para intentar sacar ventajas que no les corresponden, y defraudar, no sólo al Estado, sino y sobretodo, al legítimo propietario de la finca. Se trata del caso de un ganadero que obtuvo la propiedad de su tierra durante los años 60 y 70. Por amenazas, robos y extorsiones de la guerrilla se vio obligado a dejar de ir a su hacienda, pues tuvo que dejarla en manos de sus administradores. Aprovechando su ausencia -y el descuido que de ella se derivaba- algunos habitantes de la zona decidieron invadir la finca.

Iniciaron, entonces, trámites ante el Incoder para que la adquiriera para la asociación Asocab. Al parecer el propietario estuvo interesado, pero aquellas negociaciones no se concretaron. Según una declaración ante notaría, que recoge la Fiscalía, uno de los líderes de la asociación, Pedro Moreno, reconoce cómo lo que siguió fue un gran fraude. Por asesoría de una ONG -dirigida por el padre javeriano De Roux- las familias de la asociación se hacen pasar por desplazados y acusan al dueño de estar vinculado con narcotráfico.

Las ONG hablan de la ocurrencia de un desplazamiento de esas 131 familias que conformaban entonces Asocab. Dice la Fiscalía que no hubo desplazamiento, no hay denuncias excepto aquella de la que se retracta Pedro Moreno y sostiene, la Fiscalía, que tampoco hay evidencia sobre la presencia de paras en al área. Los vecinos lo niegan y no hay confesiones o testimonios en Justicia y Paz sobre el asunto.

Visto el asunto, parece que el primer desplazado fue el propietario y que los vecinos invadieron aprovechándose de esa circunstancia. La cuestión que llama la atención es que todo el mundo esté presto a proteger los derechos de los campesinos; pero no se dice nada sobre el propietario que casi pierde su finca a causa de las amenazas guerrilleras. Este caso no es único, hay muchos terrenos invadidos a causa de que sus dueños no pudieron volver a sus fincas por causa de los grupos violentos. Este será un serio reto de la Ley de Tierras. Cómo manejar esos predios que el propietario descuidó por el miedo a los grupos armados y que aprovechando la circunstancias fueron invadidos. No podemos llegar a la aberrante situación de que el derecho a la protección estatal depende de la riqueza. La naturaleza de un derecho es precisamente la de ser universal; sin distingos de clase, raza o credo.

El despojo de tierras tiene varios escenarios y todos merecen la misma protección por parte del Estado, pues de lo que se trata es de impedir que por la violencia unos tomen ventajas y provechos que en circunstancias normales no habrían tenido.

Tampoco es aceptable que siendo previsible que muchos inescrupulosos intenten hacerse pasar por víctimas, el Estado no haga esfuerzos por impedir esos falsos. Se hace un gran daño, pues los recursos se invierten en quien no los merece y se limitan para las verdaderas víctimas. Además cada escándalo de falsas víctimas y ONG tramposas crean un viso de duda sobre los demás procesos.

2 de diciembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/victimas-estrato-6

El invierno que no para

Lo que está pasando con el invierno en Colombia era previsible. Desde hace años, cuando el Ideam empezó a hacer estudios sobre el fenómeno de calentamiento global, se dijo que el cambio climático aumentaría la frecuencia de los fenómenos del Niño y la Niña. Los informes globales señalaban la alteración de los patrones de lluvias en los países tropicales; la inminencia de las inundaciones y deslizamientos. Además no era difícil saber dónde se iban a producir los mayores daños. Hace menos de un año tuvimos un fenómeno similar y sucedió casi lo mismo que pasa ahora y que pasa siempre. Colombia no puede seguir a merced del invierno -como lo sugiere uno de los funcionarios de la CAR -Cundinamarca-; los inviernos y sus efectos son previsibles y el país tiene que ajustar su infraestructura y capacidad de reacción a estas realidades.

El Gobierno Nacional está fallando; no hay planificación. El cierre de las vías es inaceptable. Sabemos de tiempo atrás la vulnerabilidad de vías fundamentales para el país. El caso de La Línea es emblemático; conocemos su fragilidad y la importancia que tiene para la comunicación del país. Lo lógico era habilitar -y de tiempo atrás- las vías alternas. La ruta por el Páramo de Letras no se adecuó para las necesidades y tiene entonces 8 sectores de alto riesgo; la otra alternativa, Isnos-Paletará que conecta al Huila con el Cauca, está en un estado lamentable, sólo ahora se inició la pavimentación parcial y fue necesario militarizar la zona por los graves problemas de seguridad.

Pero no es sólo culpa del Gobierno, hay una gran responsabilidad que recae sobre las firmas de ingeniería comisionadas de la construcción de la infraestructura. Las dilaciones y los sobrecostos -unos justificados y otros producto de la corrupción que se le enquistó- se han convertido en este sector en un dolor de cabeza. Las obras no sólo nos cuesta muchísimo, sino que se entregan con pésima calidad o tan retrasadas que una vez recibidas ya son insuficientes. Y luego vienen las demandas de los contratistas reclamando equilibrios financieros que son verdaderos saqueos al erario.

Hay que repensar la infraestructura y construir obras modernas que respondan a las realidades del siglo en que vivimos. No podemos mantener al país con obras, cuyo trazado y calidades son para otros tiempos, diseñados para las exigencias mucho menores. Está bien que el Ministro de Trasporte diga que no habrá obras sin estudios serios, pero que se hagan acordes a nuestras realidades y a la capacidad técnica de este tiempo.

La responsabilidad por las calamidades recae también sobre las autoridades regionales, alcaldías y gobernaciones que tampoco enfrentaron el reto como debían. Las obras iniciadas fueron insuficientes; los daños así lo demuestran. La falta de compromiso con las regiones coincide con el final del mandato, así que se desentienden sin mayores costos políticos.

Las CAR son tal vez uno de los estamentos más inútiles de la estructura estatal. Su pobre diseño institucional dio para que estén politizadas y no responden a las necesidades del ambiente, y que mucho menos están preocupadas por planificar los ajustes que supone el cambio climático. Y se habla de su reforma desde hace años, pero eso también se dilata.

Es cierto que las sociedades deben ser capaces de enfrentar sus retos y no depender por completo del Estado, pero en el caso de las tragedias invernales la planificación centralizada es necesaria e ineludible.

26 de noviembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/invierno-para

El debate con los ecuatorianos

Lo primero que hay que puntualizar es que las acciones de un Presidente y su gobierno comprometen al país que lo eligió. Esa es la primera consecuencia de una democracia; al votar y elegir se otorga un mandato para que se actúe en representación de toda la Nación. Entonces, las decisiones del Jefe de Estado nos afectan a todos y nos comprometen a todos. Así las cosas, la decisión del expresidente Uribe de aprobar el bombardeo sobre territorio ecuatoriano para dar de baja a ‘Raúl Reyes’ comprometió a la Nación completa.

No es aceptable que Correa pretenda personalizar e individualizar en cabeza de el expresidente Uribe la decisión, o exigirles -como lo pretende el juez de Sucumbíos- a las personas que participaron en la operación Fenix responsabilidad por los hechos. Se trata de un tema nacional y así debe ser tratado; si los ecuatorianos tienen molestias sobre el asunto deben llevar a la Nación colombiana a los estrados internacionales. Los colombianos nos defenderemos; lo cierto es que ‘Raúl Reyes’ -uno de los líderes más importantes de la organización terrorista de las Farc- estaba en Ecuador como quedó demostrado en el operativo. Pese a las denuncias que había hecho nuestro país sobre su presencia, sobre los ataques que se hacían desde la frontera que servía de refugio a ese grupo de terrorismo, no hubo acciones de efectivas del Ecuador. Colombia no podía seguir siendo víctima de la incapacidad de control del Estado ecuatoriano sobre su territorio. Mas aún, en los computadores que se incautaron en esa operación surgieron muchas dudas sobre si esa inacción de la autoridad ecuatoriana era intencional, pues aparecieron evidencias que señalan donaciones de las Farc a la campaña de Correa y amistades cercanas con miembros de su gobierno. Eso también quedó descubierto con el operativo Fénix.

Las impertinencias de Correa y de su Canciller con Uribe son un insulto para Colombia, para su democracia; por eso nuestra Canciller tuvo que exigirles respeto. No debe olvidar Colombia su dignidad y lo que ha significado para este país la muerte de Reyes.

Sobre el problema de los camioneros hay también que hacer algunas precisiones. Ecuador ha amenazado con dejar la CAN por los ataques de los que han sido víctimas los transportadores del vecino país. Por supuesto que son absolutamente inaceptables que se dañen los vehículos y se ataque a sus conductores; las autoridades colombianas tienen que actuar y evitar atropellos. Esa violencia ha desfigurado el problema de fondo. La Canciller colombiana tiene que tener en cuenta lo que está pasando con los transportadores colombianos; tienen razón al estar molestos por la falta de competencia frente a sus colegas ecuatorianos y venezolanos; estos utilizan gasolina subsidiada y pueden ofrecer tarifas menores que les quitan las posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Lo que es más, cuando los transportadores colombianos van al Ecuador o a Venezuela no les venden gasolina y sus viajes no pueden completarse. Además, hay denuncias sobre ataques contra los vehículos colombianos, incluso encarcelamientos de conductores y detención de vehículos colombianos sin razones en los vecinos países.

Las relaciones con los ecuatorianos se están complicando, hacemos votos para que el gobierno no deponga la dignidad y los intereses colombianos sólo para mantener relaciones amistosas con los vecinos. Las relaciones son buenas en la medida en que sean recíprocas y respetuosas; ser amigo para que nos abusen e irrespeten carece de sentido.

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18 de nov de 2011

La reforma a la educación

La educación superior en Colombia requiere una reforma de fondo; pero no hablamos con seriedad sobre el tema. La reforma del gobierno era inocua; se trataba de un sistema de financiación, con buenas intensiones. La única novedad eran las universidades con ánimo de lucro; todas las críticas que se les hacen son ciertas, con el agravante de que en Colombia desde hace mucho existen universidades de pésima calidad que a pesar de su calificación formal, son empresas que dan réditos a sus dueños.

El informe de Desarrollo Humano del Pnud dice que Colombia es el tercer país más desigual entre los 129 países que se miden; sólo Angola y Haití nos superan. Una manera de solucionar el asunto es implementar mayores programas de asistencia social; aquello da resultados inmediatos pero no es sostenible en el largo plazo. La verdadera solución a la desigualdad es impulsar la movilidad social y mejorar los ingresos de los colombianos, para ello se vuelve imprescindible tener una excelente educación. No sólo profesionales universitarios, sino técnicos de gran nivel con buenos ingresos.

No deben existir farsas en la educación superior. Se supone que miles de estudiantes reciben una formación profesional, pero la calidad es tan baja que al salir al mercado laboral continúan en el desempleo o encuentran cargos con salarios comparables a los de quienes no estudiaron. Hay universidades públicas de altísimo nivel como la Nacional, Valle, Antioquia entre otras; pero a su lado hay otras que son tristes intentos. Las universidades en muchas regiones están politizadas; hay estudiantes que se quedan por años ocupando el cupo de otros jóvenes; unos pocos revoltosos que le alargan las carreras a través de paros a quienes quieren terminar; burocracias ineficientes. El sector privado no se queda atrás, títulos tras una formación deficiente.

El nivel de los profesores podría ser mejor. Hay 111.253 profesores de educación superior en Colombia, de ellos sólo 4.065 tienen doctorado, a pesar de que tenemos el puesto 14 entre los países que más estudiantes de doctorado tienen en Estados Unidos, en una lista liderada por China e India. En número de estudiantes de postgrado colombianos en EE.UU., es el más alto en América Latina. Así las cosas, el país a través de iniciativas como el Icetex y Colfuturo es capaz de formar muchos doctores; lo lógico es que ellos llegaran a ocupar los cargos de docentes en las universidades públicas y privadas, de manera que se viera la inversión que hace el Estado en su formación internamente, pero las universidades no abren espacio para estos jóvenes. Es necesario imprimirle flexibilidad y concursos de méritos a la academia colombiana para mejorar las nóminas y abrir espacios para los estudiosos.

Las marchas fueron, en general, pacíficas y eso hay que celebrarlo. Los estudiantes y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, expresar sus ideas y salir a compartirlas con la comunidad; pero nunca puede aquello degenerar en actos violentos y de destrucción que atenten contra los derechos de los demás ciudadanos. Hubo intentos como el de Piedad Córdoba de tomar vocerías que no le corresponden, y en esto también salieron bien librados los estudiantes que la abuchearon. Ahora bien, el balance para el gobierno no es tan positivo; retiró las universidades con animo de lucro a la primera crítica, y cuando las marchas aumentaron, retiró el proyecto. El gobierno debe presentar sólo reformas por la que esté dispuesto a jugársela, lo contrario denota poca seriedad en la formulación.

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11 de nov de 2011

La oposición de Uribe

Las declaraciones del expresidente Uribe muestran lo que ya muchos sabían; el uribismo no se siente representado en el gobierno Santos, a pesar de que se suponía -y así lo entendieron las mayorías- que Santos sería el heredero de Uribe.

La lista de los alejamientos es larga: primero, vino el llamado que hiciera el entonces candidato Santos para que los liberales lo acompañaran en la segunda vuelta, ofreciéndole en triunfo a un partido que hasta entonces era de oposición. Siguió la metamorfosis de Santos, que pasó de ser un ministro al que el Presidente le pedía prudencia en sus comentarios sobre Chávez a ser el nuevo mejor amigo. Eso, sin importarle las frescas denuncias sobre los campamentos guerrilleros en Venezuela y, menos aún, las continuas evidencias que al respecto han mostrado los estadounidenses.

Hay, todavía cosas más de fondo; a pesar de la voluntad del gobierno Santos de mantener la política de seguridad democrática, los resultados no son alentadores. Se esperaba una reforma a la Justicia que atendiera el problema de los militares. Sin embargo, el proyecto que cursa en el Congreso no lo soluciona. Por el contrario, los agrava y contribuye a alejar más todavía la justicia del querer democrático. Propende por Cortes que se juzgan entre ellas, que se eligen por cooptación y con poderes para seguir desarrollando un aparato que rompe los sistemas de frenos y contrapesos propios de una democracia.

Lo que es más grave; el gobierno anterior fue enfático en establecer límites para aquellos que habían optado por la violencia como mecanismo político. Con generosidad se les ofrecieron garantías y prebendas que los sacaran del conflicto; pero el gobierno fue enérgico en la necesidad de que perdieran sus derechos políticos y en que hubiera verdad, justicia y reparación. Al contrario, el gobierno Santos custodia una reforma constitucional, donde las guerrillas ya no serán tratadas como los narcoterroristas que son, sino que podrán ser amnistiados y seguir una carrera política.

La reforma recién aprobada por Santos hace crecer al Estado; nuevas agencias, ministerios y más burocracia. Aquello tampoco se compadece con los esfuerzos de Uribe por reducirlo en tamaño y ajustar el aparato burocrático. La expansión estatal significará un detrimento en la salud fiscal nacional, ya amenazada por la difícilmente cuantificable Ley de Víctimas.

A pesar de que hay varios temas adicionales, y de que las diferencias son poderosas, pocos parlamentarios acompañarán al exmandatario. Infortunadamente para Colombia muchos congresistas están comprometidos con el poder, más que con las ideas; más preocupados por garantizar su reelección mediante las vías de la politiquería, que por la reflexión sobre los proyectos que aprueban; prefieren comercializar con sufragios, aunque así acaben con la democracia que usufructúan.

La oposición que puede liderar el expresidente desde la tribuna de su prestigio, se perfila como una buena noticia para el país. Las democracias se fortalecen cuando hay sectores que no comulgan con los mandatarios. El debate de las ideas es necesario para robustecer el análisis y mejorar las propuestas. Este Gobierno lleva un año prácticamente sin oposición, pues los esfuerzos del Polo para cumplir con esta tarea han sido contrarrestados por los escándalos de corrupción que enlodan al partido de izquierda. La llegada de Uribe -si se da- al debate público es saludable para la democracia y puede ayudar a reavivar el debate sobre los temas de la agenda pública.

4 de noviembre de 2011
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Falsos positivos del terrorismo

La noticia de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo está defraudando el Estado, utilizando los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tan grave, que aún en vísperas electorales he preferido referirme a este asunto.

Dicen los del Colectivo que devolverán el dinero que recibieron; claro que tiene que devolverlo indexado al valor presente; pero no sólo eso, debe haber cárcel para los responsables, incluso retiro de las tarjetas profesionales. La gravedad del hecho no admite nada distinto; las sanciones tienen que ser ejemplarizantes y definitivas; que desalienten cualquier conducta similar, ahora que estamos próximos a la aplicación de la Ley de Víctimas.

La investigación tiene que recaer sobre los miembros del Colectivo de Abogados; pues son ellos los que constituyen los paquetes probatorios, los que deben realizar la investigación y presentar el caso. No pueden hacerle creer a la opinión que ellos son víctimas de gente sencilla, campesinos atormentados por la violencia; y que fueron esos campesinos quienes planearon una defraudación de esa magnitud. Los representantes legales, que elevan los asuntos hasta las causas internacionales no pueden excusarse en que les dijeron mentiras; ¿acaso no investigan?

Es un hecho previsible que en un país pobre sean muchos los que intentan obtener beneficios que no les corresponden. Pasa en las catástrofes naturales; luego de un terremoto, por ejemplo, la gente sin vivienda, se desplaza hasta los sitios afectados para recibir auxilios; así también en el tema de desplazados. Todos lo sabemos, una oficina de abogados dedicada a reclamar también lo sabe. La responsabilidad de los abogados no se limita a la rigidez en la presentación de los casos; en la elaboración de un proceso hay investigación, búsqueda de pruebas, corroboración de hechos, en fin, un trabajo profesional. Al presentarlo frente a la Corte el abogado debe saber más del caso que la víctima. Lo contrario es aceptar que los abogados son sólo una herramienta para escribir cualquier cosa y presentarla sin responsabilidad. Los abogados son estudiados, son quienes conocen, quienes dirigen. ¿Cómo una masacre de 10 personas se vuelve de 50 en manos de los abogados? ¿Cómo, si la Fiscalía colombiana en la misma investigación puede establecer la verdad?

Más aún, la señora Mariela Contreras, que fue indemnizada por la masacre de Mapiripán, perdió a su esposo a manos de los Paras -en otro acto violento- y sus hijos desaparecieron en un municipio cercano, sostiene que son los abogados quienes negociaron con la masacre, y que fueron ellos quienes abusaron de su ignorancia. Es un testimonio desgarrador y triste, donde queda constancia de que el Colectivo de Abogados puede ser la cabeza de el un nuevo carrusel: el de las víctimas.

Este Colectivo de Abogados ha sido señalado muchas veces por su cercanía con el terrorismo; como aliados de las Farc y del ELN. Este mismo Colectivo ha sido vehemente en la persecución de los militares colombianos; los trata de asesinos y delincuentes; son abanderados en la búsqueda de falsos positivos, masacres o hechos de los cuales sea posible deducir responsabilidad para los militares; ¿será todo aquello la estrategia para cerrar ese negocio del que se lucran?

Ya se habla de las defraudaciones en otras masacres y casos. ¿Son estos los falsos positivos del terrorismo, que encierran en la cárcel a los militares colombianos para llenarse los bolsillos de billetes con le roban al Estado?

28 octubre de 2011
http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/falsos-positivos-del-terrorismo

Garzón importado es mejor

La OEA presentó un informe sobre Justicia y Paz liderado por Baltasar Garzón. El informe no dice nada relevante; está el recordatorio de que en el 2014 quedarán libres la mayoría de los miembros de las AUC, entre ellos los jefes. Eso ya se sabía. Lo novedoso, si algo, es sugerir el cambio de la forma de investigación para buscar la macroestructura del paramilitarismo, donde se le ofrecería principio de oportunidad a políticos y militares que confiesen sus vínculos con esa estructura criminal.

Los beneficios para quienes implican a otros se ha convertido en un fenómeno que desdibuja aún más la Justicia colombiana. Aquello sólo serviría para que la verdad fuera más difusa, pues estas confesiones pagadas con beneficios son, a lo menos, dudosas. Entre otras cosas porque no resulta sorprendente que un delincuente -que se atreve a matar-, mienta para obtener beneficios. Además la Justicia colombiana -invirtiendo los principios del derecho- presume la culpa, y cualquier declaración se convierte en prueba contra los ciudadanos.

El informe es lo que se esperaba: un enfoque externo que desconoce las realidades del país, y que se valora por ese vicio colombiano de apreciar todo lo que es externo. Lo cierto es que tenemos expertos que han estado vinculados a los procesos, que conocen las realidades colombianas y las dificultades intrínsecas a ella, pero los trabajos nacionales son eclipsados por este importado, que tiene además, una falsa vedette.

Garzón no es el gran juez que se le presenta al país. Está suspendido de su cargo por la jurisdicción española, tras haber intentado iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes del franquismo, a pesar de que existe normativa precisa que no lo permite. Pese a toda la polémica en el caso, donde se discute la pertinencia de las normas que impiden estas investigaciones, Garzón quiso violentar los acuerdos que surgieron como parte de una negociación de transición entre los gobiernos; equivaldría a abrir investigaciones contra el M-19 a pesar de que el Estado ya otorgó indulto. En el complejo caso han sido recusados y retirados los magistrados que se encargaban de juzgarlo y hay protestas de varios segmentos de la población, unos en contra y otros a favor.

Garzón está involucrado en un escándalo por la inapropiada cacería que compartiera con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando estaba investigando el ‘caso Gürtel’, una supuesta corrupción del Partido Popular. Tiene además otras dos causas en el Tribunal Superior en su contra; una por el mismo ‘caso Gürtel’, donde el Juez Garzón ordenó interceptaciones de conversaciones ilegales, las cuales fueron anuladas por la Sala Penal, y por lo tanto las pruebas fueron eliminadas del sumario. Aquella ilegalidad en las medidas dio lugar a la segunda suspensión de Garzón. La otra causa en su contra es por prevaricato y cohecho originadas en el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, luego de que el mismo Garzón le enviara una carta a Botín solicitándole los recursos para financiar unos seminarios suyos en la Universidad de Nueva York y el banco se los otorgara. Botín sostiene que aquellos recursos eran para la universidad y no para Garzón.

En este estado de cosas, pontifica Garzón en Colombia, para recordarnos que los colonizadores son siempre más sabios y mejores. Sin importar qué tan investigados o cuestionados estén, les otorgamos el título de infalibles. Con ellos nos sentimos importantes, pues nos dan una falsa idea de aprobación internacional.

21 de octubre de 2011http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/garzon-importado-mejor

A prepararse para el TLC

La aprobación del TLC con Estados Unidos da un buen prospecto para Colombia. Abre oportunidades de negocios como los biocombustibles, frutas y verduras, cueros, carnes, en fin. Por otro lado, llegarán muchos productos sin arancel que darán nuevas posibilidades a los consumidores. Este nuevo mercado implica retos para los productores colombianos y para los consumidores. Por ejemplo, los cuartos traseros de pollo a precios accesibles son una buena noticia para quienes hoy no tienen el dinero para comprarlos; el número de personas que podrán comer pollo aumentará y eso es positivo. La otra cara de la moneda es el peligro que ello representa para la industria colombiana, que puede sufrir una baja sustantiva en sus ventas y llegar a la quiebra, lo que significaría la perdida de empleos directos e indirectos. Para evitar semejante escenario los consumidores deben tener conciencia nacional y responsabilidad a la hora de comprar.

Cuando un consumidor enfrenta la decisión de compra, no sólo debe atender las razones de precio; cuando puede hacerlo las consideraciones de calidad y en este caso de nacionalidad deben ser evaluadas. Estará en manos de los consumidores colombianos la posibilidad de privilegiar en sus compras los productos del país. Para ello será necesario que los productores distingan sus productos con un sello de nacionalidad, que debe ser un programa abanderado por el Gobierno, que le dé a lo nuestro un valor adicional ante los ojos de los consumidores colombianos, y nos invite a proteger la industria nacional de acuerdo a nuestras posibilidades monetarias. La actitud de los consumidores, de cada uno de nosotros, será una pieza que definirá en gran medida en futuro de muchas de las industrias nacionales.

Por otro lado, están los retos de infraestructura. El agro necesita apoyos decididos, y no amenazas. Las posiciones duales del gobierno sobre la reforma agraria están alejando la inversión del sector, y para poder competir se necesitará mucha. La estabilidad jurídica, junto a los incentivos, es pieza clave. El país tampoco podrá competir si no tiene los mecanismos necesarios para transportar los productos. La llegada y salida de los puertos sigue siendo difícil y costosa. A pesar de las gigantescas inversiones realizadas en el mejoramiento de la vía a Buenaventura su estado es lamentable y empeora con cada invierno. La ruta a los puertos del Caribe también está en malas condiciones y las obras de la Ruta del Sol son lentas. A pesar de los esfuerzos de mejorar las vías, el país tiene un retraso inaceptable. El túnel de La Línea soluciona en parte el asunto, pero deja la vía en el otro sentido sin solución. La ruta por el Huila y el Cauca es fundamental y los reparos regionalistas que se le oponen no pueden afectar el desarrollo nacional. Además conviene incentivar otros tipos de transporte como el ferroviario y el fluvial que le darían al país nuevas alternativas, y abaratan los costos de transporte y los tiempos de entrega.

Ahora bien, hay que considerar de manera prioritaria el cambio de ubicación de la capital administrativa de Colombia. La situación geográfica de Bogotá no favorece el comercio. Hay que subir una cordillera y media para llegar a ella y eso encarece los costos y no facilita los trámites. Colombia necesita una capital administrativa que esté sobre las costas, Caribe o Pacífica, con un gran puerto y todas las autoridades del gobierno ubicadas ahí. Entre otras cosas, eso ayudaría a solventar los problemas de la capital, que está colapsada y cuya expansión amenaza la sostenibilidad de la Sabana.

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prepararse-para-tlc
14 de octubre de 2011

¿Privilegios para los violentos?

La niña Nohora Valentina fue secuestrada. El país se debate entre la indiferencia surgida de soportar este fenómeno por ya muchos años, y el desconcierto de que se reviva una de las practicas más ruines que haya conocido el terrorismo. Secuestrar es traficar con personas; es venderle a la familia o a la sociedad uno de sus miembros.

Es una extorsión sobre el derecho a la libertad, una afrenta contra la humanidad. Quien secuestra no es digno de ser llamado un ser humano, quien secuestra ni siquiera merece el calificativo de bestia; el título de secuestrador tiene su categoría propia: la más baja, carente de justificación e incluso de explicación.

Al lado de este hecho, se tramita en el Congreso una reforma que permitiría que los asesinos y los secuestradores, luego de una proceso de desmovilización, puedan aspirar a cargos de elección popular y altas dignidades en el gobierno. Algunos consideran que ese es un precio justo para alcanzar la paz; van más allá y sostienen que cualquier concesión que se haga en pro de la paz es no sólo aceptable, sino justificada. No comparto esas visiones y creo que la sociedad colombiana tampoco debería aceptarlas.

La violencia como mecanismo político ha sido efectivo en Colombia. Los partidos, grupos rebeldes y otros han usado acciones sórdidas y terribles para doblegar a la sociedad y obligaría a aceptar políticas, lineamientos o simples figuraciones personalistas. La historia de la violencia colombiana es larga y no ha dejado cambios significativos; sólo el vacío en las familias heridas y la desesperanza de quien no puede prever las promesas del futuro. Pese a los esfuerzos y la cesiones que los colombianos hemos hecho para extirpar esa abominable práctica, aparecen nuevos brotes. Y cedemos más y crecen nuevas bajezas de los violentos.

Así que nuestra generosidad se ha convertido en un incentivo para la violencia; muchos que por el camino político no habrían logrado figuración alguna, usaron la violencia y su intimidación, lograron así ocupar distinciones que no merecen ni les corresponden.

Las Farc es un grupo narcoterrorista; el daño que le ha hecho a Colombia es irreparable por su magnitud y por su crueldad. Los pueblos dinamitados y arrasados; los habitantes más pobres desplazados y asesinados; los secuestrados y sus familias rotas y entristecidas no deben olvidarse. Estas atrocidades no pueden quedar impunes; menos aún pueden ser premiadas.

Hemos aprendido a negociar con los violentos, cediendo sólo lo que es necesario para que dejen las armas. A los paramilitares se les dieron concesiones y sus penas fueron más bajas, pero no se los premió. El compromiso era la verdad, la reparación y la justicia; y cuando lo incumplieron fueron extraditados sin consideraciones adicionales. En la negociación con los violentos debe mantenerse un equilibrio: la generosidad social no puede excederse pues se convierte en un incentivo para la violencia; y algo hay que ceder para promover que se renuncie a los métodos asesinos. Es un balance difícil, pero no podemos retroceder lo ya ganado.

La paz no es un pretexto ni puede serlo. La paz es un fin que no puede justificar lo injustificable. Los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes no tienen entidad para ser líderes, no merecen distinción ni privilegios. La sociedad no puede capitular en esto; premiar a los que no son capaces de seguir la ley es una forma de castigar a los ciudadanos que si la cumplen.

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7 de octubre de 2011

Despojo de tierras

El despojo de tierras de los campesinos y propietarios agrícolas por parte de grupos violentos es un drama. La gente que vive del campo lo pierde todo; quedan sin casa y sin trabajo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por recobrar el orden y evitar así que los violentos abusen de su poder y roben, saqueen y destruyan las estructuras de la sociedad.

Dicho esto, no parece sensato que las políticas agrarias del país estén contemplando una reforma agraria similar a la que iniciara Carlos Lleras. Se trata de un despojo con características similares: los propietarios que vivían de sus fincas y se dedicaban a ellas fueron presionados para vender. El poder desproporcionado del Estado ejerció de por sí una amenaza. Los funcionarios armados con el discurso de la redistribución trataron a los propietarios como si fueran criminales. Se les puso el despectivo título de ‘terratenientes’ y se los satanizó como si ellos fueran los causantes de los retrasos en el desarrollo y los culpables de la pobreza. Con este argumento de pretendida superioridad moral, esos llamados terratenientes fueron víctimas de una de las gestiones más terribles que ha ejercido el Estado contra los particulares: se les cancelaron sus derechos y prácticamente se les expropió la tierra. Vale recordar que durante el imperio del Incora las tierras fueron pagadas en sumas irrisorias, en bonos que se redimían en cinco años, donde la inflación era tan alta que las últimas cuotas ya no valían nada.

No siendo esto suficiente, algunos beneficiarios de las tierras, muchos de ellos reinsertados y comunidades indígenas decidieron tomar parte activa en la redistribución. Se impuso así la invasión, donde unos pocos iban hasta los potreros, abrían un par de huecos y se aposentaban ahí. La tierra tenía que ser vendida para que su propietario recuperara algo al menos. Los que integraban grupos ilegales -amparados por el discurso estatal de la maldad de los terratenientes- presionaron las ventas con amenazas y asesinatos. Se volvió común oír decir que las viudas venden más barato. Todo eso sólo sirvió para deprimir el agro y destruir las comunidades. Los nuevos propietarios tampoco se volvieron ricos, en muchos casos ni siquiera salieron de la pobreza.

Los propietarios rurales no son monstruos ni tienen la culpa de la pobreza en ninguna medida mayor que la tenemos todos en este país. Hubo finqueros que se vincularon con los grupos ilegales para robar y matar, pero son una minoría. En general, son gente que produce con dedicación y honradez. La tierra en manos de los violentos, los narcotraficantes y los ladrones debe ser recuperada y entregada a sus dueños y a quienes la necesitan; pero los propietarios decentes que trabajan sus predios -sin importar el tamaño- deben ser protegidos y respetados. Tal y como lo son los industriales urbanos, donde la redistribución se limita a impuestos, ninguna empresa urbana, ninguna fortuna urbana ha sido expropiada.

El sector agrario además no es el más productivo del país. Producir en el campo es difícil por la violencia y el clima, y es un sector muy competido, pues es subsidiado en casi todos los países desarrollados, y a veces es más barato importar los productos que producirlos acá. La desigualdad en Colombia no se produce por la distribución de la tierra, sino de la riqueza. Los grandes capitales son industriales y financieros, así que si de redistribuir y superar la desigualdad se trata, habría que poner los ojos sobre las ciudades y sus grandes capitales.

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30 de septiembre de 2011

Galán murió en vano

“La política es mejor negocio que el narcotráfico”, dijo el detenido Juan Carlos Martínez para explicar que él ya no es narcotraficante.

Es un comentario desolador. Luego de que Pablo Escobar incursionara en la política y fuera inmolado Galán por denunciarlo, y tratar de evitar que la mafia dominara la política, Colombia inició un proceso, que si no se detiene, acabará con la democracia.

No hubo consecuencias significativas del proceso 8.000, y hoy ya abiertamente el hampa pasó de traficar con drogas, asesinar y extorsionar a convertir la política en su nuevo negocio. Llegaron a la política con sus vicios, su mentalidad mafiosa y su estilo de amedrentar, saquear y destruir. Es evidente que la política colombiana está a punto de fenecer bajo la sombra de una nueva calaña de politiqueros que han convertido el Estado en una fuente de recursos para ellos y sus amigos.

La política se transfiguró en un negocio de unos cuantos que invierten gigantescas sumas de dinero en las campañas, y luego exprimen los cargos con maniobras truculentas y tramposas, y no sólo recuperan la inversión, sino que obtienen réditos superlativos. Se sabe cuánto invertir en cada cargo, de acuerdo con lo que se le puede ‘sacar’.

Y es aún más grave que las reformas políticas para fortalecer los partidos se han convertido en mecanismos muy eficientes, para que sólo las grupúsculos ya entronizados puedan acceder a la política. Los ciudadanos que inspirados por una genuina vocación de servicio público, intentan penetrar a la política, son excluidos; quien no hace parte de las estructuras y no va a cumplir con los designios de esas mafias, difícilmente puede llegar a la política, y si lo logra es sólo para hacer parte de un cuerpo, cuya podredumbre lo inutiliza y disuelve.

La descentralización fracasa, no porque la provincia carezca de liderazgos y capacidades, sino porque la mafia se apoderó del quehacer político. La legitimidad democrática se agota. El futuro está amenazado. Es el momento para detener semejante fiesta de perdición. Hay que fortalecer a los partidos para que puedan retirar avales y echar de sus cuerpos a los indeseables. La responsabilidad política debe ser más estricta y severa que la de la ley, y así deben exigirlo los partidos. El que aspire a ejercer funciones públicas no debe estar investigado, menos haber sido sancionado, y más aún, debe estar libre de toda sospecha.

La otra parte del control político deben ejercerla los electores: ser responsables con su derecho al voto. La democracia es el mejor sistema, porque le da a cada ciudadano el mismo valor y le otorga a cada uno el poder de elegir. Pero esa virtud es, al mismo tiempo, su debilidad. Cada uno resuelve cómo o por qué vota. Muchos colombianos han convertido ese derecho en una transacción: reciben desde puestos, promesas de contratos, cemento, dinero, mercados a cambio de su voto y la institucionalidad colombiana está impávida frente al asunto.

No es aceptable que quien vota lo haga por razones mezquinas. No todas las motivaciones para votar son aceptables. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo regular que los votantes no voten por las razones equivocadas? ¿Conviene sancionar con la suspensión del derecho al voto a quienes lo venden?

Tenemos que perseguir a quienes compran votos, pero al mismo tiempo a quienes los venden. Tenemos que extirpar a los corruptos, para lo cual la ley ya se ha probado ineficiente. Hay cosas que las comunidades saben sobre la corrupción y que aún así no se pueden probar. Como ciudadanos tenemos que atender esas señales. No podemos seguir tolerando las trampas que por estar bien hechas, quedan como si no hubiesen ocurrido.

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23 de septiembre de 2011

Majaderías del Congreso

El Congreso es una de las instituciones más importantes en una democracia. Se trata de una corporación donde están representados, por elección directa, los diferentes intereses, sectores y áreas de la Nación.

Un buen Congreso debería incluir tantos y tan variados aspectos de la vida nacional como fuera posible, para que en las discusiones en torno a cómo debe ser el país, la pluralidad de voces se manifieste y las diversas tendencias puedan dialogar en torno a sus diferencias. Así se pueden generar leyes con alto grado de legitimidad y aceptación, y además, cada sector del país se puede sentir representado y tener la certeza de que su manera de entender el mundo estuvo presente en las discusiones que dan lugar a las normas.

Este sería el ideal: un Congreso representativo y comprometido con los intereses de cada sector que el congresista representa. La realidad colombiana es menos benévola. El Congreso se ha convertido en un mercado de politiqueros, muchos de ellos corruptos, escasos de ideas y pobres de obligaciones. La mayoría de los proyectos legales de alguna envergadura no vienen del seno del legislativo, sino que son presentados por el ejecutivo.

Las causas son evidentes: pocos congresistas cuentan con un cuerpo de asesores con la capacidad de producir reformas legales de alguna valía. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) se han convertido en corbatas para que los congresistas nombren a los proveedores de votos, muchos de los cuales ni siquiera pisan la institución.

Además, los congresistas que leen los proyectos y discuten la pertinencia de las normas son pocos. La mayoría se limita a una negociación burda: votan por un proyecto, para obtener apoyo para otro en el que tienen algún interés, y los peores buscan prebendas con el Ejecutivo. Hace unos años era una manera de obtener puestos para los militantes de los movimientos políticos que aspiraban hacer parte de la burocracia. Hoy en día algunos congresistas tienen testaferros o hacen de esos cargos un negocio personal: reciben ingresos de esos nombramientos, reparten contratos y obtienen nuevos puestos.

Por eso no sorprende que las grandes propuestas del Congreso sean las que son. Juan Manuel Corzo revivió un subsidio para la gasolina, porque según él, los $16 millones que se gana no le alcanzan para tanquear dos carros.

Es vergonzoso que un presidente del Congreso esté preocupado por esas nimiedades en un país con tantas necesidades insatisfechas, en un país que adolece de problemas tan serios como los que tiene Colombia. Eso muestra una desconexión entre los congresistas y el pueblo colombiano. No están vinculados a él, ni representan sus carencias y deseos. Son agentes particulares que utilizan la democracia para obtener poder en su propio beneficio. Por eso la política se convirtió en un negocio, ya que se invierten gigantescas sumas de dinero que sólo son explicables si se llega a la corporación para recuperarlas.

Colombia tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el Congreso. No se trata de nuevas leyes, ni de modificaciones sustanciales a las existentes. El cambio debe producirse en el electorado. No es aceptable que los colombianos sigan votando por bultos de cemento, mercados, ventiladores o dinero en efectivo. No es aceptable que las mafias de la “política como inversión” se apoderen de la democracia. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar el electorado, castigar a los vendedores de votos, a los que votan sin darle a ese derecho la significación que se merece. Tal vez así, podamos mejorar el Congreso que es un producto de la falta de responsabilidad de los electores.

Septiembre 16 de 2011 - 18:18
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