Por qué no aceptarlo, fueron las Farc

Luego del atentado contra Londoño; surgió la hipótesis de que su autor fue la extrema derecha. Sostienen que la fecha permite inferir -sin dudas- que los extremistas de derecha se llevaron la vida de dos colombianos, hirieron más de 50 y sembraron el terror en la capital. Ese día entraba en vigencia el TLC con EE.UU. y ese día se llevaba a cabo el sexto de los ocho debates del Marco Jurídico para la Paz. El atentado era entonces una forma de detener que ese artículo constitucional fuera aprobado. Sin embargo, esa teoría adolece de fallas protuberantes. Por una parte, la fecha era favorable para cualquiera; pues la elucubración en torno a los resultados de un acto de barbarie como este, puede ir tan lejos como se quiera. Por ejemplo, se puede decir que la extrema derecha pretende dar el golpe contra un declarado objetivo de la extrema izquierda para inculparlos; pero también que la extrema izquierda puede hacerlo en una fecha así para desviar la investigación. Esas son especulaciones interminables e ilusorias, sobre las que el debate puede ser infinito. Hay, en cambio, evidencias sólidas que no pueden desconocerse y que aclaran el asunto. El material probatorio existente apunta a que fueron las Farc. Este grupo narcoterrorista declaró objetivo militar al ex ministro y planteó la necesidad de neutralizarlo mediante varios comunicados, que son todavía visibles en Internet. Además la tecnología utilizada, con remedos de ETA, refuerza los ya conocidos vínculos entre ambos grupos criminales. El atentado, además, guarda similitud con otros actos de la misma naturaleza ejecutados por ese mismo grupo. Es sabido que cuando las Farc sienten la proximidad de una negociación arrecian sus ataques, pues por irracional que nos parezca, siempre intentan llegar a la mesa de diálogo con un ego inflamado y generar la impresión de que se sientan victoriosos y fuertes. Ya ha pasado. Lo que es más, hay atentados terroristas ejecutados por las Farc en otros pueblos y ciudades anteriores y posteriores al hecho. Son muchísimos y repetitivos; varios municipios del Cauca, Valle, Nariño, Santanderes y otros están siendo asediados con cilindros bombas y tatucos. Las Farc viene escalando el conflicto y la violencia en todo el país. Otro problema serio de la hipótesis bajo examen es que no hay una extrema derecha terrorista identificable. Los jefes paramilitares que tenían agenda política están en prisión. Las Bacrim –que no tienen ya ninguna ideología- son grupos de delincuentes que actúan en zonas pequeñas. Prueba de ello es que el Gobierno las considera tan poco significativas que no fueron incluidas entre los grupos del conflicto armado, de manera que hoy el proyecto del fuero militar no las incluye en operaciones que el Ejército puede ejecutar bajo el DIH. Son, según el Gobierno, un problema menor que debe ser atendido por la Policía. No se ve el grupo de extrema derecha inculpado, y si lo hay deben denunciarlo de manera precisa; hasta ahora es un fantasma. Ningún extremismo es aceptable; ninguno tiene buenas causas, porque la violencia pervierte cualquier ideal, desfigura todo propósito. Cualquier actor violento rompe el orden social, debe ser repudiado por los ciudadanos y repelido por el Estado. No hay justificación para quienes pretenden defender y encubrir a las Farc. ¿Habrá algo que los mueva a dejar de ver lo obvio e intentar exculpar el comportamiento de las Farc? ¿Por qué algunos se empecinan en hacer ver menos mal a las Farc, como si lo cometido hasta ahora no fuera ya un indicio y se diferenciara en algo de lo que vemos hoy? El País- 25 de mayo de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/por-aceptarlo-fueron-farc

No prevalecerán

Es un dolor indefinido. No podría ubicarlo en un lugar preciso, pero cruje cuando me entra el aire. Se parece a la frustración, a la rabia, a la impotencia, pero es mucho más triste. Lo reconozco, porque lo he sentido muchas veces, y eso me llena de angustia. Vienen a mi memoria todas las misas a las que asistí para pedir por los padres secuestrados de mis amigas, niñas de colegio. Recuerdo mis amigos que crecieron sin papá, los amigos que encontraron muertos con tiros en la cabeza y de sus papas llorándolos en los entierros. Me acuerdo del día en que vi volver a mi tío, que ha sido como otro papá, bañado en la sangre de los escoltas que lo acompañaban en el carro. Y a las familias de esos escoltas, de sus ojos, mirando un poco más allá de lo que existe. Mi tío me abrazó y no dijo nada. Yo nunca lo había visto llorar. Tenía los ojos perdidos, y puedo reconocerlo, pues ya lo he visto muchas veces, este mismo dolor que se ha vuelto como un sello que distingue a los colombianos tocados por la violencia. El atentando al doctor Fernando Londoño me devolvió a esos tiempos. Los creía superados, tuve el sueño durante los años del gobierno del presidente Uribe de que los colombianos no volveríamos a estar solos, que el Estado se había comprometido para siempre a protegernos y estar a nuestro lado. Voté por Santos con esa convicción, muchos lo hicimos. Sin embargo, Santos desconoció el mandato de quienes lo elegimos. Abandonó los principios de seguridad y ahora modifica la Constitución para consagrar la impunidad para los violentos. No queda mucho más que decir. Son días trágicos para quienes creemos que el país puede tener otro destino, para quienes vislumbramos una Colombia donde el Estado esté del lado de los colombianos que acatan la ley. No creo en las concesiones para los violentos, porque no creo que nos acerquen a la paz. Con cada negociación surgen otros grupos, con cada gramo de coca que exportamos se compran nuevas armas para asesinar más colombianos. La paz se construye con incentivos para quienes pueden vivir en la sociedad. La paz se construye tendiéndoles la mano a los campesinos, a los trabajadores, a los ciudadanos que todos los días, a pesar de las circunstancias, de las dificultades insisten y persisten en vivir dentro del marco social. Son ellos y no los otros quienes merecen la generosidad social. El doctor Londoño no es de extrema derecha; sólo son extremistas quienes empuñan las armas para matar a quienes no piensan como ellos, a quienes son obstáculos en sus planes. El doctor Londoño es un hombre que ama su país, que se dedica a la crítica política con el ánimo de construir en el debate. Un hombre culto y valiente que, a pesar de conocer la intolerancia del país donde el solo uso de la palabra es causal para que los violentos te condenen a muerte, nunca deja de expresar todo cuanto piensa, con la convicción insuperable de que Colombia puede tener un mejor destino. Lo admiro, lo aprecio y me siento honrada de compartir los micrófonos con él. Es una demostración férrea de convicción, un faro siempre vigilante y una voz que sólo teme a Dios. Qué su ejemplo nos inspire: colombianos, que el terror no nos silencie, que la violencia no nos venza. Somos un pueblo libre y no vamos a capitular por el miedo. Levantemos nuestras voces, para que sean voces infinitas, para que las oigan los terroristas en sus escondites: el terror no prevalecerá. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prevaleceran

La reformitis

Este Gobierno se ha caracterizado por una ambiciosa agenda de reformas e iniciativas legales; un récord en aprobaciones. Sin embargo, los resultados no son alentadores. La mayoría de los proyectos son inocuos; no resuelven los grandes problemas de los asuntos que tratan. Legislan como si la mera aprobación de la ley los resolviera. ¿Quién realmente lee todo lo que se aprueba? ¿Qué operador judicial puede tener el conocimiento preciso de los asuntos con semejante proliferación legal? ¿Con tanta variación jurídica, cómo pueden los ciudadanos cumplir con la ley, si sólo conocerla supondría leer miles de páginas que se aprueban? Colombia tiene que tomarse en serio la manera como se legisla. Una ley es operante en la medida en que su implementación es posible y al mismo tiempo efectiva. Es necesario hacer unos diagnósticos profundos de los escenarios que se pretenden regular; establecer mecanismos sencillos, comprensibles, capaces de ser aplicados por los obligados y por las autoridades competentes de su vigilancia e implementación. Lo contrario, lo que tenemos ahora, es una normativa extensa, que se entremezcla una con otra, donde nadie sabe lo que está vigente. No es posible establecer con claridad los alcances de las normas y eso da lugar a que en la ambigüedad prolifere la corrupción y la aplicación selectiva de la ley. La reforma a la Justicia que se tramita en el Congreso es un claro ejemplo de cómo estamos legislando. Es un texto que no soluciona los grandes problemas que viven los colombianos frente a la rama jurisdiccional, tampoco resuelve los problemas de diseño institucional que comprometen el sistema de frenos y contrapesos que debe regir en un Estado de Derecho. Dos virtudes tiene el texto aprobado: las normas que dan facultades a notarios y particulares para resolver pequeñas causas, y el acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Pero están saliendo costosas; para ganar la aprobación de los magistrados de las Cortes –que no era necesaria- les dieron gabelas; la más abrupta es que mantendrán sus cargos por cuatro años más y la edad de retiro forzado estará por encima de la del resto de colombianos. Lo aprobado hasta ahora es una colcha de retazos que no resuelve los grandes conflictos que existen: los desequilibrios entre los poderes, donde la Corte Suprema de Justicia domina el Estado. Tampoco la sistemática violación de los derechos de los Congresistas; requieren doble instancia, y autoridades diferentes para la investigación y juzgamiento. No se considera el problema de congestión judicial, ni la manera distorsionada como se aplican las negociaciones y acuerdos con la Fiscalía en materia penal. Queda pendiente la discusión sobre cómo serán juzgados los aforados y las consecuencias de este diseño. Sobretodo queda aún por estudiar los mecanismos mediante los cuales la rama jurisdiccional estará conectada con el sentir democrático de la Nación. No es aceptable en el Estado de Derecho, una rama del poder que tiene una agenda distinta a la que impone el sentido democrático; la Rama Judicial debe tener mecanismos para conectarse con la democracia y permitir y aceptar que se la critique. La pretendida autonomía e independencia tiene que estar circunscrita a la voluntad popular; así lo dicen los Derechos del Hombre: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella”. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/reformitis

Paradojas

La seguridad en el país ha venido desmejorando; es alarmante y preocupa, y por eso conviene buscar las posibles causas. Esta semana se han dejado ver un par de paradojas que afectan la seguridad y la justicia, y conviene denunciarlas. En el Congreso se tramita el fuero militar y se discuten los mecanismos para evitar que los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces de los militares sean juzgados por la Justicia Penal Militar -pues según la Comisión de expertos, eso daría lugar a la impunidad; y al mismo tiempo, se avanza en la aprobación del Marco Jurídico para la Paz que otorga beneficios a los miembros de grupos armados al margen de la ley y consagra la impunidad para ellos. La contradicción es evidente: los guerrilleros dedicados al narcoterrorismo y que han sembrado el dolor en tantos pueblos y ciudades colombianas, tienen en Roy Barreras y la Unidad Nacional la garantía para obtener mecanismos para su reinserción en condiciones de impunidad. Esto contrasta con la situación de militares: para ellos no hay rebajas y concesiones; se busca endurecer sus juicios a pesar de que ellos están dedicados a la defensa de la democracia y la protección de la ciudadanía. Sobre el mismo Marco Jurídico para la Paz muchos colombianos venimos haciendo la advertencia de que se trata de un proyecto que no debe ser aprobado, pues consagra elementos que darán lugar a la impunidad. El texto dice que la Justicia Transicional tendrá criterios de priorización y selección; y corresponderá a la Fiscalía determinar contra quienes suspenderán la ejecución de la pena y contra quienes cesarán la persecución judicial. Y además establece el terrible principio de que sólo se procesará a los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No hay que ser un estudioso del derecho para entender que el castigo de estos crímenes será sólo para algunos cabecillas; o incluso los cabecillas podrán responsabilizar a mandos medios para salir libres. En ese mismo sentido, se expresó el expresidente Uribe y, además, recalcó la necesidad de que los derechos políticos de los reinsertados fueran limitados para evitar que la violencia sea -otra vez- un vehículo político. Sin embargo, aquellos comentarios fueron ignorados; no le merecieron al Gobierno ninguna respuesta. Paradójicamente apareció Human Rights Watch y opinó lo mismo; pero la voz de Vivanco removió al Gobierno, lo que ha dado lugar a nutridas respuestas y justificaciones del proyecto. El hecho es desconcertante; corrobora que al Gobierno Nacional no le gusta la crítica política y que la oposición está condenada a epítetos para descalificarla como los de ‘mano negra’ o ‘idiotas útiles’, y muestra esa tendencia a prestar más importancia a los organismos internacionales que a los propios nacionales. Sobre la ausencia de oposición y la necesidad de que este Gobierno oiga a sus críticos se ha dicho mucho, así que conviene adentrarlos en el análisis de la internacionalización de nuestros problemas. La idea, ya muy arraigada entre nosotros, de que la comunidad internacional vive pendiente de lo que sucede en Colombia es falsa, y confunde esa comunidad con la sociedad global. Lo cierto es que los colombianos somos los únicos llamados a solucionar nuestro conflicto, pues nos afecta a nosotros. Se trata de la construcción de nuestra sociedad y nuestra nación. Las colaboraciones internacionales son bien recibidas, pero no pueden marcar la pauta de nuestro debate y nuestras decisiones. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paradojas

Cien mil razones

Las 100 mil casas gratuitas que anunció el presidente Santos no cayeron tan bien como él esperaba. Todos los analistas coinciden en señalar que se trata de un programa improvisado, surgido de un intento por frenar el deterioro de la imagen de Santos, que muestra una tendencia a la baja en las encuestas que recogen la opinión nacional. Sobre la improvisación del asunto no hay duda; por un lado sale Vargas Lleras y anuncia que serán 100 mil viviendas al año, y por el otro, aparece Echeverri, ministro de Hacienda, indicando que las 100 mil viviendas se construirán en los siguientes 6 años. La discusión puso de presente varias cuestiones primordiales. El proyecto necesita financiación de 3 ó 4 billones de pesos que no fueron aprobados en el presupuesto nacional de este año. No sabemos de dónde saldrán, entonces, los 600 mil millones disponibles que anunció Echeverri. Muchos se preguntan si el nuevo programa implica la cesación del proyecto de vivienda subsidiada. Este establecía más de 500 mil subsidios, y aunque el rezago en este programa es mayúsculo -en 2011 el Gobierno había entregado 18 mil subsidios: tan sólo al 10% de lo que debía entregar ese año- hay muchas expectativas puestas ahí. Ante las críticas que calificaron el intento gubernamental como populista, Santos admitió que pese a ello, lo hará. Sin embargo, olvida o pretende hacerlo, que la Constitución limitó los apetitos demagógicos de los políticos mediante el artículo 355 donde se prohiben las donaciones del Estado. Se trata de una norma diseñada por el constituyente para contener los ánimos de regalar el presupuesto nacional; pues ya son bien conocidos los resultados de este tipo de políticas. El Presidente pretenderá burlar esta limitación constitucional y regalar esos $4 billones; aunque sea con buenas intenciones, esto denota no sólo improvisación sino irrespeto por la Carta. Eso aunado a que el proyecto tampoco ha tenido el trámite que corresponde a estos asuntos, como su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero la semana tuvo además otro incidente, tal vez con peores y más graves consecuencias para el país. Luego del fracaso de la Cumbre de las Américas donde el ambiente fue tan poco productivo que no hubo ánimo ni para firmar un inocuo documento final (como se acostumbra en esos eventos); la Canciller acaba de cometer la torpeza diplomática más grande que hayamos visto. Dijo que Colombia debe esperar un fallo salomónico de la Corte Internacional de Justicia que evalúa la reclamación de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que seguramente por eso perderemos un ‘pedacito’. Los diarios nicaragüenses celebraron la declaración, interpretada como el reconocimiento de la causa de ese país; aquello es un insulto a los intereses nacionales y a los argumentos de hecho y derecho que tiene nuestra Nación. Al mismo tiempo, con su comentario la Canciller descalificó a los magistrados de la CIJ, pues sostuvo que sus fallos no obedecen a razones de derecho sino al burdo principio de partir por la mitad. Incluso hay quienes especulan que se trata de una maniobra más de la Canciller para mantener las difíciles relaciones con el Alba. La Canciller comprometió gravemente los intereses de Colombia; el Presidente debe rectificar esa declaración y el Congreso iniciar una moción de censura, pues su declaración es inadmisible. Colombia tiene los argumentos para ganar este proceso; una decisión contraria no es aceptable para el país, ni para el pueblo y el territorio del archipiélago que es y debe seguir siendo colombiano. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/cien-mil-razones

¿Adiós al fuero militar?

El expresidente Uribe parece haber asumido las banderas de la oposición. Es un hecho importante, pues este Gobierno está caracterizado por el ‘unanimismo’. La crítica, las discusiones y el control político propios de la democracia están cayendo en desuso. Se aprueban, por ejemplo, leyes sin que nadie conozca su contenido; las propuestas pasan con la orden del Gobierno y sin mucha reflexión; como fue el caso de la nefasta Ley Lleras 2.0. La oposición encabezada por Uribe será seguramente una oportunidad para revivir el diálogo entre los diferentes sectores de la Nación, y controvertir las ideas con argumentos y visiones distintas. Todo ello redundará en el beneficio del país, pues en el debate se fortalecen los proyectos, se evalúan las propuestas y se adquieren perspectivas más complejas. El primer episodio fue la discusión sobre el fuero militar. Había dos proyectos: uno en la reforma a la Justicia de un solo artículo y, otro con trámite independiente elaborado por la comisión de notables, configurada por el Gobierno para ese propósito. Uribe terció por el primero, le solicitó apoyo a la bancada uribista de la Comisión Primera y toda ella atendió su llamado a excepción de Roy Barreras. Pese a ello, el proyecto se hundió. El fuero militar del Gobierno -que sigue en el debate- tiene muchos inconvenientes. El tiempo es el principal; para su aprobación se necesita un semestre más; luego el trámite de una ley estatutaria y su revisión por la Corte Constitucional, y después la formalización de los nuevos tribunales. Demasiado tiempo para una situación urgente. El proyecto, además, no se compadece con la realidad de los militares en Colombia, quienes a pesar de combatir en un conflicto muy agudo tienen muy pocas garantías procesales, y en ocasiones, son perseguidos. Si analizamos la información suministrada por el Centro de Seguridad y Democracia de EE.UU., vemos que en todos los países de la región el fuero militar está vigente y es mucho más fuerte que el nuestro, aún cuando esos países no viven ni han vivido una situación como la nuestra. En Ecuador incluso las violaciones a los derechos humanos hacen parte de los tribunales militares. En Venezuela la justicia penal militar se encarga de los delitos militares y de los delitos comunes cometidos por militares en unidades militares, en funciones, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas. En Chile durante los tiempos de guerra los procesos no pueden prolongarse por más de 48 horas e incluyen los delitos militares y aquellos delitos comunes cometidos en el ejercicio del servicio. Y en los países desarrollados el fuero es fuerte, hasta llegar a casos como el francés donde toda infracción o delito penal cometido por un militar, o contra un militar, es tratado por el tribunal especializado en materia militar del tribunal de grande instancia designado por la ley. Este breve recorrido muestra algo evidente que en Colombia parece haberse dejado de lado; para librar una guerra y ganarla hay que darles garantías a los militares, pues la guerra es tiempo abrupto y terrible. El nuevo proyecto del fuero militar tiene fallas detectadas por varios entendidos y no tendrá resultados inmediatos. Habrá consecuencias atribuibles sólo al Gobierno y a los congresistas que hundieron el otro. Colombia está en un momento fundamental, lo que se decida ahora marcará el futuro. Es responsabilidad de todos analizar estos contextos y tomar partida en las discusiones que definen nuestro destino; con eso cumplió Uribe. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/adios-fuero-militar

Cumbre de poder y pueblo raso

Tres leyes tendientes a cumplir compromisos sobre el TLC con EE.UU., fueron aprobadas de urgencia y a pupitrazo. El hecho no merecería mención si no fuera producto del frenesí que ha causado entre funcionarios del gobierno y algunos medios de comunicación la visita del Mandatario estadounidense. Las leyes son una más de las múltiples ofrendas que presentamos para exaltar al visitante. Entre las leyes aprobadas en el veloz trámite se incluyó la llamada Ley Lleras 2.0 con la que se reguló el polémico tema de los derechos de autor y la Internet. El malestar entre los entendidos en el asunto y la comunidad general es creciente. Anonymus bloqueó varios portales del Estado colombiano y circulan por Internet mensajes que los que declaran objetivo para ataques masivos. Por una parte, la ley contiene aspectos que merecían discusión profunda y seria como la que se está dando en otros países que pretenden regulaciones similares; más aún cuando propuestas similares han sido rechazadas por los Congresos de varios países, entre los cuales cabe destacar el propio EE.UU., donde se hundió la Ley Sopa. La ley parece privilegiar los intereses de unas compañías -que hacen campaña en el mundo- sobre las consideraciones que exigen las nuevas realidades que supone la Red y el interés general. Convirtió en delito prácticas usuales y corrientes de la Internet en un acto que es reprochable si se analiza desde la técnica legislativa; las normas deben ajustarse a las realidades y balancear los intereses privados con los de la sociedad. Sin embargo, ya tenemos la ley a la que seguramente no le faltaran demandas. Vargas Lleras desgastó mucho de su prestigio con esta propuesta y el método sigiloso con la que fue aprobada. Ojalá Obama la reciba con agrado. El Mandatario del país del norte encontrará además que Colombia hizo un gasto multimillonario en la Cumbre de las América; hemos sido ostentosos en las preparativos y así serán, seguramente, las atenciones. Los demás presidentes también disfrutarán de la bella ciudad de Cartagena, donde lo feo y los pobres fueron escondidos para que sólo haya brillo. Sobre la Cumbre misma no hay por qué hacerse ilusiones. La diplomacia se ha convertido, de un tiempo para acá, en el ejercicio del diálogo de adjetivos y reuniones inocuas. Pululan las fotos y las sonrisas y un delicado equilibrio donde se logran documentos llenos de lugares comunes, elaborados de tal manera que no dicen ni vinculan. Habrá una discusión sobre la legalización de la droga y repetirá lo que ya todos sabemos: que los países consumidores y desarrollados no hacen un esfuerzo equiparable al inmenso y sangriento esfuerzo de los países productores que la combaten. Habrá otro concienzudo dialogó sobre la vinculación de Cuba a la siguiente Cumbre donde no se dirá lo que todos sabemos: que Cuba es un régimen despótico y antidemocrático que viola los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, nos gustan estas reuniones donde la farándula política se reune. Habrá bailarines, cantantes, presentaciones, conciertos, partido de fútbol y periodistas por todas partes. Y nada es vano; el gasto ya dio su primer resultado: la carátula de la revista Time. Nuestro Santos es exaltado como el hombre que transformó a Colombia y como él mismo lo dice, sin modestia, el mejor ministro de Defensa de los últimos 50 años. Celebremos entonces, cualquier gol de Evo, porque pasada la Cumbre volverán los titulares del invierno que destruye y de la guerra que nos desangra. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/cumbre-poder-y-pueblo-raso

Votos propios con tierras ajenas

La señales sobre cómo y de qué manera se aplicará la ley de tierras son cada vez más preocupantes; el Alto Consejero para la Restitución de Tierras es Lucho Garzón, cuyo vínculo con el sector es nulo, pero representa la izquierda. El nuevo director del Incoder, de esa misma línea política, viene de una ideología que sataniza y maltrata a los dueños de tierra. Así que es posible intuir que el gobierno se está abocando hacia una reforma agraria como la que ya vivió el país con el antiguo Incora y que tanto daño les hizo a los campesinos y a los terratenientes, pues fue fuente de pobreza y violencia. El tema de la restitución no ha estado exento de críticas, y no por el principio, pues nadie jamás negaría que quienes fueron despojados ilegalmente de su tierra deben ser restituidos; eso lo compartimos todos. Para ese propósito era más eficiente la extinción de dominio capaz de afectar sólo a quienes no tengan cómo demostrar el origen de sus bienes. El mayor problema de la ley de tierras es saber quién sería el beneficiario de la restitución de tierras: el propietario que había sido desplazado por la violencia, o los invasores que aprovechando la situación fueron poseedores. La cuestión no es menor. Colombia ya hizo reformas agrarias, como las hizo Latinoamérica durante los 60, y fueron fallidas. Los resultados son evidentes en las zonas; disminuyó la productividad, aumentó la violencia y la pobreza; departamentos como el Cauca pasaron de liderar la producción agraria a competir en indicadores de pobreza con el Choco. Además, el Gobierno Nacional ha venido desinformado a la ciudadanía; ha presentado como restitución de tierras -proveniente de la ley de tierras- adjudicaciones de baldíos, y procesos de extinción de dominio. La ley de tierras entró en vigencia tan sólo el pasado primero de enero y todavía no tiene jueces para tramitar las solicitudes, así que es claro que su implementación está por iniciarse o al menos retrasada. Es difícil precisar porque la tierra se ha convertido en un discurso insigne cuando se habla de desigualdad. Aquello es falaz, pues la tierra no es un factor de riqueza comparable al poderío industrial. Basta ver las cifras del PIB; el producto agrícola es sólo el 6%. Así que si de generación de valor o de desigualdad se trata habría que pensar en la socialización de los ingresos industriales que ocupan un porcentaje mucho mayor. Y sin embargo, la redistribución directa de las empresas no parece tan evidente ni sencilla. ¿Por qué no solventar la desigualdad por qué no democratizando la propiedad bancaria? Semejante idea le parecería inviable para la mayoría de los colombianos. Los industriales, los banqueros, no se hacen; la producción industrial, como el manejo bancario es difícil, competido y no cualquiera puede tener éxito, pues si no todos seríamos exitosos industriales. Sobre la tierra se cree -muy ingenuamente- que es una labor sencilla, y que todos podemos ser productores agrarios exitosos. Esta es una gran mentira; es tan complejo como ser industrial, o incluso más. Lo que más preocupa es la distorsión de la figura de los propietarios de la tierra. Un prospero industrial se convierte en cacao: una figura importante y con capacidad para influenciar la vida nacional; una persona que vive de la tierra y crece y prospera se convierte en terrateniente y en un sólo movimiento adquiere matices siniestros que lo hacen despreciable. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/votos-propios-con-tierras-ajenas

Tres vilezas

La contralora Morelli inició una investigación sobre el carrusel de pensiones instalado en la rama jurisdiccional, donde con pocos meses en un cargo los magistrados de la Judicatura adquieren pensiones de congresistas (pues por fallo judicial esa rama se autoasignó el régimen pensional del Congreso). Los magistrados del Consejo de Estado nombraron conjueces, pues ellos están impedidos. Éstos decidieron que la Contraloría no tiene facultades para investigar a los magistrados, y que el asunto debe ser atendido por la Comisión de Acusaciones del Congreso. Se trata pues, de una manera muy efectiva de culminar la investigación. Además, es una evidente desconfiguración de las funciones estatales. El juicio del Congreso se establece para que tenga un elemento político, pero el tema del erario no tiene ni debe tener politización alguna. El control fiscal por disposición constitucional le corresponde a la Contraloría siempre que haya recursos públicos, y sin embargo, ahora quedan exceptuados los jueces. Es una verdadera afrenta contra la Constitución y la Justicia. El Congreso aprobó en quinto debate un proyecto de marco legal para la paz, que es el primer paso para una amnistía para las Farc. Dice el texto aprobado que podrá haber tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y agrega que se podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, se están preparando los mecanismos para que los criminales que han asesinado, secuestrado, volado pueblos e infraestructura del país puedan ser liberados de todas sus culpas; podrá no haber procesos penales contra los delincuentes. Otro atentando contra la Justicia. El caso de Santo Domingo donde se pretende responsabilizar a los pilotos de la Fuerza Aérea por la muerte de unos civiles ha sido señalado por muchos como un intento más de condenar a las FF.AA., por hechos que le son ajenos. La tesis de la defensa es que la bomba que mató a los 17 civiles no la disparó el helicóptero, sino que fue puesta en un camión por las Farc, así lo señalaron las comisiones de expertos que hicieron la recolección de la evidencia. También lo reconoció una sentencia -en firme- de un Juzgado en Arauca en el que fue condenado el jefe guerrillero ‘Grannobles’ a 53 años de prisión por esos hechos. Esto debería dar por terminado los procesos contra los oficiales y aquellos que pretenden imputarle responsabilidad al Estado. Sin embargo, sucede lo contrario. Se reciben pruebas que no fueron recolectadas por los expertos, sino por civiles y adjuntadas al proceso, incluso, un año después y como la sentencia era un obstáculo, acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Arauca. Es decir, ‘Grannobles’ se libró de su condena, para poder seguir con el proceso contra los pilotos. Corresponderá a la Corte Suprema analizar el asunto. Se dice que hay más miembros de la Fuerza Pública en la cárcel que guerrilleros y paramilitares, de ser cierto esto sería una verdadera enfermedad. Estos tres hechos, ocurridos esta semana, ponen de presente la creciente injusticia en el país. La sociedad es responsable, pues los fallos se hacen a nombre de la Nación colombiana. Es creciente la necesidad de más debate, de más control ciudadano. Nada refleja más la calidad de una sociedad que su Justicia. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tres-vilezas

Educación e informalidad

En Colombia existe una tendencia a legislar sobre el país que queremos y no sobre el que realmente somos; como si negando las circunstancias poco halagüeñas que configuran nuestra realidad estas desaparecieran; el fenómeno se ve claramente en las discusiones de educación, pobreza y empleo. El mayor problema de la educación superior en Colombia es la calidad, y sin embargo las discusiones se basan en la necesidad de ampliar la cobertura. Hay muy buenos colegios y universidades; pero a su lado conviven otros de pésima calidad que son casi una estafa para quienes ilusionados acuden a ellos. Los resultados de las pruebas Saber Pro –antes Ecaes- muestran la lamentable situación: tenemos estudiantes universitarios que no pueden realizar operaciones sencillas con números, son incapaces de comprender lo que leen y pobre conocimiento del ingles. La discusión entonces, no puede centrarse en ampliación cuando lo que se ofrece es tan deficiente; cualquier recursos adicional debe destinarse a mejorar lo exístete y entregarle a quien hace parte del sistema educativo una formación capaz de hacerlo competitivo en el contexto global. La evaluación, también, mostró que los peor formados en el país son quienes serán los profesores de la educación básica y media. En el examen del escalafón docente sólo el 18% mostró un nivel satisfactorio. Es un hecho aterrador; tenemos los peores enseñándole a todos los niños. Si el país quiere mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos tiene que hacer un esfuerzo por prepáralos bien; darles las oportunidades de hacer lo mejor con su talento. El empleo y la seguridad social son otro de los grandes temas donde los colombianos somos reacios a aceptar la verdad. Los datos del Dane señalan que el 56% de los trabajadores son informales; y un estudio del Banco de la Republica -que analiza el número de trabajadores que no están afiliados a la seguridad social- dice que serían 62%; cifra que se eleva por encima del 80% en las capitales del Caribe, Popayán, Quibdó y Pasto. Esto significa que sólo 4 de cada 10 trabajadores tiene empleo formal en el país. Sin embargo, tomamos decisiones para los empleados formales como si el fenómeno de la informalidad fuera secundario o casi inexistente. Altos funcionarios del Gobierno sostienen que la solución de la pobreza se puede lograr a través de reajustes del salario mínimo; cuando quienes ganan ese salario son una minoría más bien privilegiada. Algunos otros evalúan la seguridad social como una alivio para los más pobres; sin observar que en general las poblaciones más vulnerables están fuera del sistema (salvo en salud). Entre quienes no están en la seguridad social, están quienes trabajan por un salario y que no reciben ningún beneficio de seguridad social; unos que trabajan independientes y ganan menos de un salario mínimo y no pueden cotizar aún queriendo y otros que pudiendo hacerlo no los hacen. No le conviene a un independiente hacer parte del sistema, tiene menos beneficios; tendrá una pensión del sólo el 40% de su sueldo, y no puede acceder a las incapacidades medicas, entre otros. Es difícil pagar y mantenerse al día con parafiscales pues su diseño es inflexible. El sistema está diseñado para los dependientes, aún cuando esa población es minoritaria en Colombia y no hay un sistema que responda a las necesidades y carencias de los informales, que son, al fin y al cabo, la mayoría de los trabajadores del país. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/educacion-e-informalidad

¿Retaliación contra la Justicia?

Néstor Correa (a quien el país conoció porque el diario El Tiempo denunció que en los seis primeros meses de su vinculación como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura había hecho entre 16 y 18 viajes pagados por el Estado) dijo que el país debe agradecerle a la Corte Suprema que Mancuso no sea ministro de Cultura. Lo dijo para justificar su opinión de que la Reforma a la Justicia es una retaliación contra las actuaciones de la rama. Sea lo primero decir que los juicios por ‘Parapolítica’ -a pesar de que muchos son cuestionables- pueden calificarse como un avance de la Justicia. Sin embargo, hay que resaltar que esos procesos sólo se iniciaron cuando el gobierno del presidente Uribe logró que los paramilitares dejaran las armas. Es natural que los jueces tengan miedo de iniciar actuaciones contra aquellos que hacen parte de las estructuras armadas activas, como se evidencia en el hecho de que no haya ningún caso de ‘Farcpolítica’. Así las cosas, fue la victoria del gobierno Uribe sobre los paramilitares lo que dio lugar a los procesos judiciales que se adelantan contra los jefes, integrantes y colaboradores del paramilitarismo. Sin Uribe todos ellos estarían hoy en armas y en libertad; como lo están los narcoterroristas de las Farc, el ELN y sus aliados. Ahora bien, la Reforma a la Justicia surge porque el país descubrió en estos años que el diseño institucional de la Constitución del 91 tiene desequilibrios y fallas que necesitan ser resueltas. Es humano que los magistrados que hoy ostentan poderes casi ilimitados sean reacios a perderlos, pero el debate debe dejar de lado los intereses personales o de grupo, y atender a la necesidad de establecer un Estado de Derecho con poderes equilibrados. La Justicia requiere mayor agilidad y no necesariamente más funcionarios, pues Colombia está entre los países con mayor número de jueces por habitante en el mundo. Hay que hacer una reforma profunda: mejorar los operadores judiciales; buscar formas de solución expedita de litigios sencillos como los cobros de los bancos, arriendos… mediante mecanismos pagados por los interesados, en fin. Y lo que es más importante hay que aplicar un sistema de frenos y contrapesos que delimiten y configuren de manera adecuada los diferentes poderes del Estado. Tiene que haber una separación total entre la función de juzgamiento y la de investigación; la Corte Suprema no puede tener nada que ver en el nombramiento y menos en el juzgamiento de la Fiscalía. Tampoco sobre el Procurador, pues al ser el Ministerio Público deber ser completamente independiente tanto de la Fiscalía como de todas las Cortes, como también el Procurador. Así mismo, es necesario replantear los procesos contra los aforados; no es aceptable que la investigación y el juzgamiento se haga todo en la Corte Suprema. Debe haber un sistema de investigación independiente, y una segunda instancia ajena a la primera. Tampoco está bien que la Corte Suprema juzgue a sus propios miembros. La discusión sobre la Reforma a la Justicia no le corresponde a esa rama, ni a las altas cortes; es el Congreso elegido popularmente quien ostenta el poder para reformar la Constitución. La rama debe serenarse, Asonal Judicial suspender el paro y, el Gobierno debe dejar de presionar a los congresistas para que mantengan prebendas y privilegios nominativos a favor de las altas cortes con el ánimo de ‘mantener buenas relaciones’ con los magistrados. Aquí no está en juego un tema político, y menos gubernamental, se trata de la sostenibilidad del Estado de Derecho. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/retaliacion-contra-justicia

El fracaso diplomático

Lo que está sucediendo con la Cumbre de las Américas demuestra que la política de no tomar posiciones e intentar satisfacerlos a todos, era insostenible y estaba llamada al fracaso. Una buena política exterior no es aquella que por casualidad sale bien; es aquella que ha sido planeada para obtener y mantener buenos resultados. Pretendió nuestra política ignorar enfrentamientos históricos, y al hacerlo dejó a Colombia en una mala situación en las relaciones que son relevantes para el país. La cercanía con Chávez no era conveniente para el país desde muchas perspectivas. El Gobierno venezolano ha sido cómplice y patrocinador de las Farc. Así lo acaba de volver a señalar el informe del Departamento de Estado de EE.UU.: Venezuela es un Gobierno tolerante con quienes se dedican al narcoterrorismo que asola a Colombia. Se trata además de un Gobierno de tintes tiránicos, donde son frecuentes las violaciones a los derechos de los ciudadanos y las restricciones a la libertad de prensa. Respaldarlo era una fuerte afrenta a la oposición amordazada y al pueblo maltratado. Más aún, la cercanía de Chávez con los tiranos del mundo nos hace cómplices de los peores regímenes del planeta, pues muchos son patrocinados con el petróleo que Chávez les provee. Todo ello pareció a nuestro Gobierno poco significativo. El mundo sabía que el tema de Cuba surgiría en la Cumbre de las Américas, sin embargo los colombianos no teníamos una estrategia. Ante la ausencia de decisión de nuestra parte, y la aparente alianza que tenemos con Chávez y nuestros vecinos, ellos aprovecharon para introducir el tema de Cuba y desafiar a los EE.UU. Quedamos en medio del pulso entre el Alba y los EE.UU. Y pese a los esfuerzos por eludir el asunto y los intentos por quedar bien con todos, Santos tuvo que tomar una decisión. Optó por no invitar a Cuba (lo que aplaudimos) y tratar lo imposible: que Cuba no se ofendiera con el hecho. Cuba no sólo quedó molesta, sino que además descalificó a nuestro Gobierno postulándolo como un títere de los gringos. Además rechazó categóricamente el ofrecimiento de Santos de que el tema de Cuba fuera discutido en la Cumbre. La segunda parte de la tarea, que el Alba se haga presente en Cartagena, todavía queda pendiente. Es probable que Chávez se ausente por motivos de salud. La respuesta dependerá de Correa, un presidente que ya ha sido bastante grosero con nuestro país (en su última visita dijo que las Farc no eran terroristas, y que en cambio el Estado colombiano sí lo era). Además, Correa tiene nuevas más razones para hacerle un desplante a Colombia; Roberto Pombo, director de El Tiempo, promovió la publicación de los grandes diarios latinoamericanos la columna de opinión censurada por el Mandatario ecuatoriano, movimiento que obligó a Correa a ‘perdonar’ a esos periodistas. Pero ahí no para la debacle; nuestra relación con los EE.UU., muestra síntomas de deterioro. Las ayudas del Plan Colombia se redujeron. Se les advirtió a los turistas gringos sobre el peligro de viajar a nuestro país, desaconsejándolo. El reporte del Departamento de Estado nos calificó, otra vez, los más grandes proveedores de cocaína hacia ese país, con más de 90% una cifra que históricamente venía disminuyendo. Como están las cosas nos quedamos con el pecado y sin el género: amigos -pero no mucho- de los gringos y tildados de marionetas del imperio. La Cumbre todavía está en entredicho, pero la política exterior fracasó. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fracaso-diplomatico

Gobierno se raja en seguridad

No es una buena noticia que la violencia resurja y acorrale varios municipios. Colombia vive un proceso de prosperidad económica y social porque había logrado -finalmente- la tranquilidad suficiente para que la industria nacional floreciera, el campo volviera a ser productivo y atraer inversión extranjera; pero son flores que pueden marchitarse. La situación en el Cauca es inaceptable. En lo corrido de esta semana han sido hostigados Caldono, Belalcázar, Argelia y Timbiquí; y esto pasa después de que los ataques sobre el Departamento han dejado muertos, heridos, miles de desplazados, sin que el Gobierno logre controlar el área. Los paros armados están a la orden del día y son una de las cosas más graves que hayamos visto jamas. En Medellín, Santa Marta y otros municipios las Bacrim ordenaron la reclusión de la ciudadanía y pese a la presencia del Presidente muchos no pudieron salir a la calle y los arriesgados fueron asesinados. Estamos perdiendo el control del territorio. Mientras esperamos que el traslado del general Naranjo a Santa Marta tenga efecto en esa zona, están siendo extorsionados los transportadores que entran a las comunas de Medellín. El departamento del Choco está viviendo un paro armando; para conmemorar la muerte de Raúl Reyes la guerrilla prohibió el uso de todas las vías terrestres y fluviales. La aerolínea de Capurganá fue atacada con petardos y suspendió operaciones. Dos buses fueron quemados y un conductor asesinado. La carreteras en Arauca y otros departamentos son, otra vez, peligrosas. El radar de Santana fue destruido dejando sin control los vueltos de mediana y baja altura sobre la Costa Pacífica –es decir los del narcotráfico. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha tenido 13 ataques en este año (tres en Arauca y 11 en Santander); es decir sólo ha funcionado 11 de los primeros 54 días del año. La infraestructura económica del país está siendo asediada por el terrorismo, del año 2009 a éste los ataques aumentaron en un 43%. Once personas fueron secuestradas en Arauca, y casos individuales se dan a diario en departamentos como Cauca, Bolívar, Cesar… y ha habido dominicanos, chinos, españoles secuestrados. Desde el 2009 el secuestro aumentó en un 45%. El crecimiento de la extorsión en el país es abrumador, pequeños y grandes negocios tienen que responder a las amenazas con dinero. No hay cifras contundentes, pero su magnitud impide ignorarlo. Los empresarios, los agricultores y la gente del común están preocupados, y tienen razón, la seguridad es un valor fundamental sin el cual la vida en sociedad es imposible. Es una de las funciones primordiales del Estado, pues sin la garantía de la vida y la tranquilidad, los demás derechos quedan suspendidos. El gobierno de Santos ha negado lo que está sucediendo. Desde los primeros ataques al norte del Cauca se mostró indiferente, descalificó el hecho celebrando la victoria de un partido de fútbol contra Bolivia. Luego llamó “mano negra” a los críticos y dijo que se trataba de percepciones injustificadas. Santos es ambiguo en los pronunciamientos: nadie sabe si vamos hacia un diálogo; niega la desmotivación del las Fuerzas Armadas que incluso generales en retiro reconocen; eliminó del proyecto de Reforma a la Justicia el fuero militar como se lo prometió a Human Rights Watch y al mismo tiempo asegura que será incluido en otra ley. No celebramos estas equivocaciones; las mencionamos con el ánimo de que el rumbo sea corregido ahora mismo. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/gobierno-raja-en-seguridad

Hoy no atiendo provincia

Este, que es un dicho muy popular en el Perú, bien podría aplicarse a Colombia y a varias naciones latinoamericanas. El centralismo, donde sólo importa lo que pasa en la Capital y lo que pasa en la provincia es secundario, casi despreciable, es característico en nuestro país. Es un mal terrible que rompe la unidad nacional y condena a la mayor parte del territorio a un régimen que pasa de indiferente a despótico. Se ha convertido a la región en dependiente del Estado Nacional, se la trata como a un menor y, en esa medida, se ha ido volviendo así. La concentración de poder en Bogotá, donde están todos los cargos importantes del Estado central y, por supuesto, todos aquellos indirectos que surgen a su lado (las firmas de contratistas estatales, abogados, ingenieros, consultores…) genera la migración desde la región hacia la Capital de los mejores. Tras las mejores universidades sale la mayoría de los buenos estudiantes, en busca de colocarse en las posiciones de importancia. Y con buenos salarios salen y se van buenos profesionales. La pérdida de su élite intelectual debilita a la provincia. Los regionales llegan a conformar la llamada ‘rosca rola’ y, embebidos por la doctrina de los ‘tecnócratas’, utilizan sus conocimientos académicos para desechar y desestimar los deseos, las necesidades y las decisiones de la provincia a la que miran despectivamente. Las políticas públicas diseñadas por Bogotá suponen una ‘nación’ que no existe, con prioridades que no son compartidas. Y el centralismo es más: es el menosprecio por las autoridades locales regionales, es medir las políticas públicas de acuerdo con los intereses urbanos y a las necesidades de Bogotá, es la aspiración a que todo el país sea como la Capital, es la indolencia ante el sufrimiento de los ciudadanos de zonas apartadas; es ignorar el valor de la seguridad para la provincia, el desconocimiento de las realidades rurales. Hay una tensión entre dos maneras de entender a Colombia. Una que sueña con hacer del país una cosa distinta de la que es, y que se empeña en cambiarla a través de la imposición de lo que se considera importante y deseable. Otra, que interpreta el sentimiento nacional y lo reconoce como valioso. La tensión se ha manifestado a lo largo de la historia y es posible evidenciarla en los gobiernos. La valoración de los gobiernos –hecha por la gran prensa que se asienta también en Bogotá- se hace sobre esos mismos preceptos. Colombia no tendrá un destino promisorio sino se descentraliza. No podemos todos terminar en Bogotá, ese no es un modelo justo, ni siquiera viable. Los avances en materia administrativa son insuficientes; la región sigue siendo inferior, no tiene capacidad de mando y sus economías –salvo unas pocas- son precarias. Debemos ser creativos, pues extirpar una cultura arraigada no es fácil. Aventuro una utopía: ¿Qué tal dividir el Estado entre todas las capitales nacionales? Que cada Ministerio o agencia o paquete de entidades –con un presupuesto similar- traslade sus oficinas –con funcionarios y presupuesto- a las diferentes capitales de departamentos. Entonces el gobierno estaría obligado a mirar de frente las necesidades de cada región. Las capitales encontrarían un polo de desarrollo, no sólo por la creación de un mercado para suplir las necesidades de todos los funcionarios, sino los negocios que representa el desarrollo de un sector; todo lo que tiene que ver con el transporte, el ambiente o la defensa, concentrado en una sola ciudad. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hoy-atiendo-provincia

Otros disparos de Navarro

Quienes hacen parte del quehacer político están abiertos a la discusión de sus decisiones; como mi abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia no está vivo para avivar el debate, me tomaré la vocería para responderle al señor Navarro, que lo calificó como el peor presidente de Colombia. Sea lo primero resaltar que parece natural que el presidente Valencia no sea bien recordado por los militantes de los grupos alzados en armas, pues él fue contundente en el ejercicio de la autoridad. En aquellos lejanos tiempos los terroristas ocupaban puestos, pero en las cárceles. Sus ejecutorias contra la violencia lo hicieron merecedor del título de Presidente de la Paz. Al final de su gobierno no hubo ni un solo policía muerto por acciones violentas. La paz se hizo en defensa del pueblo raso, pues los sediciosos de hace 50 años –como los de ahora- abrían sobre el suelo de Colombia surcos regados por torrentes de sangre campesina. Lo acompañaron en su gabinete ministerial figuras cimeras de todos los grupos políticos que configuraban el espectro político de la Nación; y es necesario reconocer esos nombramientos como su primer acierto, pues configuró un gobierno con todas las tendencias. Con ellos Valencia alcanzó ejecutorias memorables. Fue Belisario Betancur su ministro de Trabajo y basta recordar que los grandes líderes sindicales de su época, Tulio Cuevas, presidente de la UTC y José Raquel Mercado, presidente de la CTC, dijeron sobre Valencia que nunca, bajo ningún gobierno, la clase trabajadora había obtenido tantos beneficios y respaldo. Pero es apenas natural que el señor Navarro no quiera recordarlo, pues el M-19 secuestró y asesinó al que fuera el presidente de la CTC. Un crimen atroz del que también salieron impunes el señor Navarro y sus amigos. Con su ministro de Minas, Juan José Turbay -gran líder de la izquierda nacional del MRL-, determinó que los obreros de Ecopetrol participaran en un porcentaje de las utilidades generadas por la empresa. El celebrado doctor José Félix Patiño, quien fuera ministro de Salud, logró con Valencia la aprobación de las drogas genéricas, lo que significó el acceso a los remedios para los más pobres. Y también para ellos, se eliminó la cuota inicial de las viviendas populares y se construyeron más casas que en cualquier gobierno que lo precediera. La conformación de la Junta Monetaria -antecesora de la actual Junta del Banco de la República- llevada a cabo con su ministro de Hacienda, Carlos Sanz de Santamaría, cambió el manejo de la política económica y monetaria. Con el ministro de Educación, Pedro Gómez Valderrama, el aporte para la educación alcanzó el 20% del presupuesto, lo que permitió mejorar y fortalecer la preparación de la juventud. La infraestructura creció con obras de magnitud: la carretera Cali-Popayán, calificada como la mejor del país en la época; el puente sobre el río Magdalena en Barranquilla y el no menos importante puente en el Ariari. En el gobierno de Valencia no eran imaginables los ‘carruseles de la contratación’. Nunca cayó sobre Valencia siquiera la sombra de una sospecha. Hubo muchos otros triunfos con los grandes hombres que lo acompañaron, pero el espacio me impide avanzar. La gesta política de Valencia -hecha con la fuerza de su palabra- está abierta al juicio histórico. El señor Navarro, que logró figuración como parte del M-19 -responsable de secuestrar, asesinar y de la toma del Palacio de Justicia pagada por Pablo Escobar para silenciar a los jueces-, tuvo resultados que se salvaron del juicio de la justicia. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/otros-disparos-navarro

Las dos caras de la diplomacia

Muchos colombianos se han mostrado satisfechos con las gestiones que ha realizado la canciller Holguín en lo que se refiere al manejo de las relaciones con los gobiernos vecinos de Venezuela y Ecuador, que durante el gobierno Uribe fueron tensas, cambiantes y difíciles. Discrepo de quienes alaban sus gestiones y parece que con cada día que pasa se hace más evidente que podría haber equivocaciones que harían insostenible la amistad con semejantes vecinos. Colombia tiene una larga tradición de buenas prácticas en la diplomacia, pero de un tiempo para acá algunos consideran que la diplomacia acertada es mantener las relaciones con todos los agentes sin consideraciones; ser amigo sin importar, ni cuestionar. Habría que evaluar semejante postura que convierte a la diplomacia en algo que pretende agradar a todos. Creo que la diplomacia implica mantener las relaciones y mejorarlas al servicio de los intereses nacionales. Y no sólo eso, hay principios sobre el “deber ser del mundo” que tienen que regir esas relaciones. La diplomacia también debe atender a las sutilezas políticas de que son capaces los Estados que alientan posturas contra el modelo nacional o contra Estados que apoyan el terrorismo o que tienen ánimos bélicos; se pueden emitir críticas y pronunciamientos. Estamos viendo cómo la alta diplomacia es capaz de consolidar acuerdos para que mediante resoluciones de la ONU se descalifiquen los gobiernos hostiles o incluso a aquellos que atropellan los propios nacionales. La alta diplomacia actúa contra lo que es injusto. La diplomacia que se limita a tragarse sapos no parece sana. Tener liderazgo no es decirle sí a todos a pesar de lo que hagan, ser líder tiene que atender los intereses nacionales y convencer a la comunidad internacional de la necesidad de apoyar nuestras causas. Por mencionar sólo algunos hechos recordemos el nombramiento de Rangel Silva como ministro de Defensa de Venezuela; un personaje señalado por el propio ‘Raúl Reyes’ en sus correos como amigo y alcahueta de las Farc; y eso que la Fiscalía no ha dado a conocer el contenido de los computadores del ‘Mono Jojoy’ y de ‘Cano’ (¿Cuándo conoceremos su contenido?). Tratamos de ignorar temas tan delicados como los campamentos de las Farc en Venezuela y las denuncias sobre la presencia de ‘Timochenco’ en ese territorio, pero hoy los desmovilizados aseguran que ‘Timochenco’ está allá, los informes muestran cómo los vueltos del narcotráfico utilizan ese país, se le incautan misiles antitanque -de origen ruso- a las Farc, en fin. Es claro que el vecino, a lo menos, no combate las Farc; un grupo terrorista que vuela los pueblos y asesina a los colombianos, convirtiendo este enero en el más violento de los últimos ocho años. El Alba que exige la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. EE.UU. fijó su posición cuando dijo que Cuba no cumple los requisitos para hacer parte del evento, pues no es una democracia. La Canciller insiste en que Cuba quiere asistir; pero la diplomacia de los implicados es diferente; los EE.UU. no aceptan el régimen de los Castro; y nuestros mejores amigos quieren imponer su posición, así que nos dejarán seguramente, plantados. ¿Qué beneficios nos dejan estas amistades? A quienes insisten en comercio, exportaciones y empleos habría que preguntarles: ¿será que la vida y la libertad de algunos compatriotas valen menos que esos negocios? No se debe olvidar que los secuestrados, los muertos y los atentados causados por las Farc afectan a muchos ciudadanos, que aunque estén distantes y sean humildes, son colombianos cuya tragedia conmueve y solidariza a la nación colombiana. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dos-caras-diplomacia

No son sólo percepciones

Al inicio del gobierno Santos se dieron los primeros ataques de las Farc y se alzaron voces de alarma; el Presidente las descalificó. Algunos todavía insisten en que se trata de un ánimo revanchista de los uribistas. Lo cierto es que este ha sido el peor enero de los últimos 8 años; y febrero se inició con la muerte de 18 compatriotas y más de 100 heridos. Son hechos que el Gobierno no puede seguir ignorando. Está pasando; la violencia está reviviendo. Hay quienes somos muy sensibles ante la seguridad, pues consideramos aquel, el valor fundamental de la sociedad organizada. Las teorías que intentan explicar la existencia del Estado muestran un vínculo entre la necesidad de protección y la existencia del Estado. La seguridad es el cimiento de la legitimidad estatal, la base para la prosperidad. Aún si dejamos de lado la filosofía, se trata de un mero sentimiento de afinidad con otros colombianos; que no por vivir en zonas alejadas pueden ser olvidados. El país no puede concentrarse en mirar cifras económicas y exaltarse por el crecimiento de la minería y deleitarse por la inversión extranjera, cuando el terrorismo se lleva por delante la vida, las viviendas y la tranquilidad de algunos colombianos. No se puede llamar nación a aquella que es indiferente al dolor de unos ciudadanos. El otro pilar sobre el que se erige el Estado es la administración de Justicia. La función de resolver los conflictos sociales a través del Estado se asienta en la idea de que un tercero, neutral y poderoso, es capaz de juzgar los hechos y resolver -de acuerdo a las normas- con un sentido de justicia. En Colombia cada vez son más los que se sienten inseguros ante la Rama Judicial. La confianza en sus fallos decrece. La politización de la Justicia se vio cuando los magistrados salían de sus cargos para adentrarse en campañas políticas, pero se hizo notoria cuando políticos pasan a ser magistrados. Es el caso de uno de los autores del fallo contra el coronel Plazas Vega; Alberto Poveda Perdomo fue representante a la Cámara por el Frente Social, de ideología izquierdista. Es evidente que todos tenemos cargas políticas, es humano; pero no es aceptable que quienes militan con beligerancia en las ideologías pretendan luego impartir justicia. Los juicios políticos corresponden al Congreso, pues este es elegido democráticamente y por ello se supone un reflejo representativo de la sociedad. En la jurisdicción no hay representatividad democrática, y sus decisiones deberían ser neutrales o pretender serlo. Colombia requiere una reforma judicial total que tome en serio el problema de la politización; tribunales conformados teniendo en cuenta la ideología política y la conformación democrática del país; jurados de conciencia integrados por ciudadanos; en fin, mecanismos que reconozcan que las fuerzas ideológicas están presentes y por ello es necesario integrar el sentir nacional a la hora de decidir lo que es justo. Colombia no puede seguir de espalda a estos dos problemas; dos de los pilares fundamentales del Estado están en crisis. Frente a la violencia el Estado tendrá que actuar, y resolver la desmotivación de las FF.AA., ligada en algún sentido a la politización judicial. Es difícil articular una estrategia para solventar la cuestión de la justicia, pero debemos ser creativos. La reforma en trámite no resuelve casi nada. No se trata de revanchismos ni de luchas ideológicas o entre las ramas del poder; es un conflicto que surge de un pobre diseño institucional que debe ser acoplado a las realidades fácticas del país. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/son-solo-percepciones

¿Persecución contra el uribismo?

Hay una tendencia a investigar a la cúpula del uribismo. El hecho no sería sospechoso si por hechos similares se investigara a otros sectores de la política colombiana. La aplicación selectiva de la ley (me refiero a que en el país se puede estar escogiendo a quién investigar) puede convertir el sistema judicial en un mecanismo capaz de persecución política. Este podría ser el caso de Luis Carlos Restrepo; el país ha tenido noticia de que en los procesos del Estado, que ofrecen beneficios para los afiliados hay muchísimas personas incluidas sin tener derecho. El fraude al Estado se ha dado a lo largo de la historia en incontables ocasiones; en los terremotos miles de personas llegan al lugar de la tragedia para beneficiarse de los auxilios estatales. Sabemos que las listas de desplazados están infladas con ciudadanos que no fueron víctimas. Pero si observamos los hechos más recientes tenemos al menos tres que comparten las mismas características: falsos desmovilizados; falsos desplazados y falsas víctimas. Los tres casos no son ninguna novedad y son un desarrollo más de una cultura donde la corrupción es habitual. Lo que es extraño es que sólo en el caso de Restrepo, los falsos desmovilizados, hay movimiento judicial contundente. En los otros casos se anuncian cosas pero no hay investigados. No era función del Comisionado de Paz establecer si los reinsertados eran o no parte de los grupos ilegales, esa función -por ley- corresponde a la Fiscalía. La constitución como parte civil de la Presidencia de la República en el proceso contra Restrepo contrasta con que para los otros casos -con las mismas características- no sólo no se consideran víctimas, sino que ni siquiera hay declaraciones contra los vinculados en esos hechos. No se trata de que si saben o no si Restrepo es culpable; en proceso las pruebas no han sido develadas y por lo tanto la Presidencia no puede saberlo. Otro argumento que aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a nadie. La pregunta que surge está dada por la tensión que supone el que efectivamente haya una desviación de la conducta que la ley ordena y al mismo tiempo una costumbre social que respalda el comportamiento alejado de la ley, y ha sido soportado por la administración judicial que no ha perseguido a nadie por esos hechos. El delito más grave de Agroingreso Seguro es la contratación con el Iica -organismo de la OEA-, pues el proceso no debería haber sido hecho por un convenio interinstitucional sino a través de una licitación de la Ley 80. Dejemos de lado los argumentos jurídicos que soportan el haber elegido el convenio sobre la licitación y aceptemos que esos convenios son ilegales. Lo grave del asunto es que la mayoría del Estado ejecuta con ellos gran parte de sus recursos; así se ha hecho pese a las advertencias de la Contraloría. Los convenios con entidades multilaterales han sido útiles y usuales. Si se está seleccionado a quién sancionar, habría una injusticia al tratar casos iguales de manera diferente. Más aun cuando por estos hechos se le da -con rebajas- al Viceministro una pena de 10 años (donde se habla de un peculado a favor de terceros, siendo el Iica el beneficiario), cuando a los Nule les dan 7 años y medio. Y, a la hora de valorar los testimonios, contra los uribistas se aceptan testigos mentirosos y señalados así por muchos; en cambio cuando ese mismo tipo de personajes -hampones de notorio recorrido en la delincuencia- se refieren a miembros de otras ideologías la sana critica del testimonio los rechaza. http://96.31.90.148/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/persecucion-contra-uribismo

Rangel es un insulto

El nombramiento de Rangel Silva como ministro de la Defensa en Venezuela es un desafío abierto para al menos tres actores: la oposición, los EE.UU., y los colombianos. Este acto muestra las intensiones de Chávez de perpetuarse en el poder, desafiar a los gringos y persistir en la implantación del comunismo del Siglo XXI en todo el continente, incluso con medios violentos. Rangel Silva, pocos días antes de ser nombrado, dio unas terribles declaraciones, donde anunció que si la oposición venezolana resultaba vencedora en los comicios electorales, él no aceptaría su triunfo. Se trata de un comentario que pone de presente lo que muchos ya han dicho, Chávez y su movimiento no van a respetar una democracia que no los favorezca. Su compromiso está con los principios que pretenden imponer en ese país, y no con el sistema democrático; este es simplemente el mecanismo que se usa mientras sea favorable, pero que si es adverso será descartado. Esa declaración coincide con la preocupación que han manifestado muchos sobre la transición del poder. Estos pueden ser actos preparatorios para superar una eventual derrota; ‘milicias bolivarianas’ -civiles militantes de la causa chavista armados con fusiles- con el compromiso de proteger el programa bolivariano o incluso y un grupo aliado terrorista con gran poder económico y bélico. ¿Podrían las Farc empezar a migrar hacia el Ejército venezolano? El asunto vuelve a darle relevancia a la necesidad de que los Fuerzas Armadas permanezcan políticamente neutras. Las armas de un país no deben pertenecer a una ideología, sino estar al servicio de la democracia y la estructura que la soporta. Los EE.UU. están dando señales de preocupación frente a Chávez. Se lo había interpretado como un líder sin mucha relevancia, pero se ha hecho evidente que es un factor con nefastas consecuencias para el continente y las relaciones con los norteamericanos. Su gobierno ha sido vinculado al narcotráfico y a las guerrillas colombianas; pero Chávez amplió sus alianzas hasta los enemigos de los EE.UU., y convirtió a Ahmadineyad en un nuevo amigo para algunos países latinoamericanos. El nombramiento de Rangel que está en la lista Clinton por sus vínculos ineludibles con la mafia, completa el escenario. En el caso de los colombianos la afrenta de Chávez es violenta. Todos los problemas que tuvo el gobierno del expresidente Uribe con el vecino país estuvieron centrados en el apoyo que miembros de ese país le daban a las Farc. Rangel Silva es uno de los principales colaboradores; aparece en el computador de Raúl Reyes autorizando a las Farc a estar en Venezuela, como benefactor y proveedor. Con este nombramiento Chávez insultó al país, irrespetó la confianza que otorgó el presidente Santos y simplemente reconoció -sin ningún miramiento- que entre los presidentes no hay amistad ni lealtad alguna. Chávez está en su proyecto político y busca un mecanismo para protegerlo de una eventual derrota electoral. ¿Cómo podrán los diplomáticos y miembros del alto gobierno colombiano relacionarse con un delincuente; un cómplice del terrorismo? Es triste que la dirigencia colombiana no se refiera al asunto. Sólo Simón Gaviaría lo hizo y vale aplaudirlo, pues una cosa es el respeto por la autonomía de un país, y otra es soportar en silencio agravios que son directos y graves. Colombia no puede guardar silencio, es un amigo de los terroristas, que durante ya años han desangrado al país, quien se convierte en el Ministro de Defensa de un vecino tan bien armado. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/rangel-insulto

¿Diálogo?

Por supuesto que todos queremos la paz y todas las gestiones tendientes a conseguirla son, a primera vista, deseables. Pero Colombia ya tiene una larga historia de fallidos intentos y eso nos tiene que haber puesto los pies sobre la tierra. Las propuestas para la paz tienen que ser analizadas con cabeza fría. A riesgo de simplificar demasiado un asunto que requeriría muchas páginas, presentaremos un grueso análisis. Es tradición que la violencia sea un mecanismo para escalar en la política. No sólo en el caso de los guerrilleros reinsertados; hemos tenido, además, líderes que sin hacer parte de grupos al margen de la ley, han recurrido a la violencia para concretar los propósitos. La violencia de los partidos fue larga, sanguinaria y triste. Es entonces, una de las prioridades de la Nación ponerle término final a este vínculo político-violento. El Frente Nacional le permitió al país superar la violencia entre los Partidos y fue, al mismo tiempo, un periodo de exclusión política (no comparto esta observación, pero aceptémosla en gracia de avanzar con el argumento). La marginación política dio lugar a otra violencia que apareció bajo la forma de guerrillas y subversivos. Para remediarlo se dieron indultos y se hizo una Constitución donde estuvieran representados los grupos subversivos que aceptaron la invitación del Gobierno a construir un país incluyente. Muchos participaron, como el M-19, que hoy ocupa el segundo cargo de la Nación, con Petro. La integración de todas las fuerzas políticas tampoco fue completa. La violencia persistió, pues otros varios grupos al margen de la ley no participaron. Además, hubo críticas sobre el hecho de que los violentos -otra vez- fueran premiados. Se hizo evidente que es un desincentivo para quienes no han recurrido a las armas, pues ellos nunca reciben las ayudas estatales que reciben los violentos. Esa tendencia a atender más a los que se equivocan que a los que no lo hacen, generó descontento y muchos llegaron a decir que en Colombia era mejor no cumplir con la ley. Luego se hicieron negociaciones sin precedentes con los paramilitares que accedieron a someterse al Estado; contribuir en la verdad y la reparación y pagar penas de prisión con rebajas. Las cesiones que hizo la sociedad -consagradas en la Ley de Justicia y Paz- fueron moderadas. Suficientes para persuadir a los ‘paras’ de que dejaran las armas y acordes al hecho de que ellos son sólo un grupo al margen de la ley, y que la sociedad no puede desincentivar a quienes no ejercen violencia. El resultado final es que muchos ‘paras’ de desmovilizaron y los cabecillas están en la cárcel, algunos en presiones de EE.UU. Sin embargo, muchos otros miembros de las Autodefensas -acostumbrados a ejercer el poder por la fuerza y a lucrarse del negocio del narcotráfico- conformaron las Bacrim. Las Farc con esas mismas costumbres quieren una negociación. Si se puede, se debe, pero sin olvidar lo aprendido. Tiene que haber un cese unilateral de todos los actos violentos y liberación de todos los secuestrados -políticos y económicos-; es lo mínimo. No podemos ceder nada que desincentive a los buenos ciudadanos. La Ley de Justicia y Paz era una buena herramienta, pero el Gobierno tramita a través de Roy Barreras una reforma constitucional. Debemos estar atentos; era inaceptable que quisieran devolverles los derechos políticos. La paz con las Farc tendrá -como han tenido las anteriores- un efecto parcial, quedarán otros grupos, otros nombres. El problema persistirá mientras la droga sea un combustible y la sociedad siga aceptando la violencia como mecanismo para acceder al poder. http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogo