¿Por qué no negociar?

Todos queremos la paz, y por supuesto que es necesaria una negociación para lograr la terminación del conflicto. Sin embargo, conviene precisar algunos aspectos que en medio de la euforia que nos causa la palabra PAZ, están distorsionándose. Sea lo primero distinguir la paz del fin del conflicto. Lo que negociamos con los narcoterroristas no es la paz. Es decir, negociamos que ellos y el fragmento del grupo que les obedezca, cesen las hostilidades y dejen las armas. Aquello no significa automáticamente la paz. Colombia tiene otros focos de violencia y aún los procesos de postconflicto son violentos y largos. Sin embargo, puede ser el inicio de ese sendero, y en esa medida es valioso. Sobreviene la cuestión de qué se negocia. La sociedad puede y debe ser generosa para conseguir la reconciliación de las fuerzas que la integran; pero las concesiones han de ser limitadas. Los Estados latinoamericanos tienen entre sus más dolorosos problemas, su falta de legitimidad. En Colombia el fenómeno se amplía pues el Estado no es capaz de cumplir con sus dos funciones esenciales: la seguridad y la justicia. En ese contexto, las cesiones no pueden ser tales que quebranten las endebles instituciones y la frágil percepción de justicia que hemos logrado construir. ¿Con cuál legitimidad se les impone la ley a los ciudadanos si para otros -autores que crímenes atroces- no se aplica? Se pueden intentar justificaciones, pero evaluadas un poco más allá empiezan a mostrar sus limitaciones. Si decimos que el fin -en este caso la paz-, justifica los medios, caemos en la contradicción de que se establecerá para el largo plazo esa visión a los ojos de los colombianos. Será inevitable que otros conserven esta enseñanza con todo lo que ello implica. Hay quienes arguyen que se trata de un movimiento político. Esta es la explicación menos aceptable de todas. Ninguna ideología política legitima el narcoterrorismo. Si un colombiano mata a otro porque no comparte su manera de pensar; si lo mata para obligar a otros a que piensen como él; si lo hace por un fin altruista, porque considera que existe un mundo mejor y que sólo a través de la violencia será posible direccionar a la sociedad, no sería excusado. La condición de grupo, de colectivo, no suaviza esta interpretación, si acaso la agrava. Podría sostenerse que existen causas objetivas para la violencia; que el país requiere transformaciones en sus estructuras para que la convivencia sea posible. La primera crítica obvia es que las mayorías democráticas son las llamadas a escoger el tipo de políticas que desean implantar en la sociedad. Sin embargo, para avanzar en el debate, y aceptamos que las ideas de izquierda deben imperar en el país -aun cuando las mayorías no las privilegien-, no hay justificación a que sea una izquierda asesina y narcoterrorista la que tenga la vocería para hacer exigencias. Si de implantar esas ideas se trata sería más sensato otorgarle la vocería y la fuerza política a la izquierda que ha militado en la democracia, que ha buscado espacios políticos con la fuerza de sus palabras y sus convicciones, y no con las armas. Las concesiones que se hacen a los violentos deben ser limitadas. Deben resistir el examen del tiempo y dejar en lo posible lecciones para la sociedad futura. No se trata de perpetuar la guerra, ni la violencia; pero tampoco podemos destruirlo todo y caer vencidos ante los violentos. 28 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/por-negociar

Generosos con lo ajeno

En medio del creciente efecto que produce la cercanía de la paz, la emoción que empieza a conmovernos, las ilusiones que surgen ante la posibilidad de un mejor futuro, se hace cada vez más difícil no elevarse dentro de la euforia colectiva. En medio de semejante festividad, es interesante conservar la calma para observar que las falacias empiezan a hacerse evidentes. La primera está divulgada por una encuesta de Dinero e Invamer a los empresarios. Dicen la mayoría de los empresarios que quieren la paz, que confían en los buenos resultados. Sin embargo, no se muestran dispuestos a contribuir económicamente con el proceso. Tampoco, muestran interés en contratar a los reinsertados. La posición ilustra -creo- las contradicciones que subyacen a esta negociación. Los colombianos queremos todos vivir en paz; sin embargo pocos o ninguno están dispuestos a pagar por ella. Lo sorprendente del fenómeno es que, en cambio, los empresarios se muestran muy generosos con los bienes del sector agrario. Con amplia boca sugieren y exaltan las virtudes de la reforma agraria. Visto el asunto así, habría que reconocer esa odiosa tendencia de ser generosos con lo ajeno. No se trata de un interés real de superar las desigualdad social; pues nadie mejor que ellos saben que la gran riqueza nacional no se asienta en el campo. El PIB nacional está concentrado en el sector terciario: la minería, los bancos, las empresas de bienes y servicios, generan más recursos. Si de solventar la desigualdad se tratara habría que empezar por esos grandes capitales. La reforma agraria se ha convertido en una manera de darle contentillo a un problema nacional, trasladándoselo a un sector de la sociedad. Es injusto por la desproporción que aquello supone para un sector que ha sufrido como ningún otro la violencia; y sobretodo porque aquellas políticas de reforma agraria han probado su ineficacia. Si la experiencia de todos los países vecinos con fallidos resultados no fuera suficiente, la situación del departamento del Cauca donde se aplicó intensamente la reforma agraria y cuyos indicadores hoy son lamentables, debería ya mostrar su inutilidad. El agro es un sector difícil pues tiene todas las complejidades de los negocios, y se le agregan las vicisitudes del clima, la inestabilidad de la violencia y la amenaza permanente de que sus propiedades e inversiones sean expropiadas. Esta actitud de los empresarios no difiere mucho de la que tenemos los colombianos. Nos gusta pensar en la paz, pero son pocos los que son capaces de entregar parte de sus bienes para obtenerla. Lo que es más grave, aquella aproximación hacia los costos que puede tener la paz es austera. Quienes hicieron la encuesta suponen que las Farc se tranzarán con algunas curules en el congreso y varios trabajos de salario mínimo para sus militantes. Menosprecian a las Farc y consideran que tras casi medio siglo de lucha armada sus peticiones se limitarán a eso. Quienes se tomen en serio a las Farc fácilmente comprenderán que sus objetivos no son sólo unos puestos para dirigentes y milicianos. Para eso, el dinero del narcotráfico les basta. No es sólo más tierra, pues han obtenido por la fuerza más de 300 mil hectáreas. No es sólo la participación en política, la izquierda tiene representación -con excelentes lideres de opinión. Se tratará de imposiciones que irán mucho más allá, y seguramente sorprenderán a quienes no reflexionen con profundidad sobre el tema. 21 de septimebre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/generosos-con-ajeno

El debate del aborto

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del aborto en tres casos. Personalmente estoy de acuerdo con esa postura, sin embargo la oportunidad y la legalidad de esa decisión no es evidente. Un tribunal constitucional tiene la delicada función de interpretar la carta de manera que asuntos abiertos a la interpretación puedan resolverse y tener consecuencias prácticas sobre la sociedad. Aquello supone una tensión interna que no puede desconocerse; las decisiones a ese nivel son eminentemente políticas y por lo tanto recaen sobre temas que son sensibles para la opinión pública. En una democracia aquellas decisiones corresponden al querer de la ciudadanía; es el pueblo a través de su voto quien elige sus representantes y son ellos a través de la ley quienes deben imponernos aquellas decisiones. Una Corte Constitucional debe ser el interprete de la Constitución, el contrato fundacional del Estado emergido, también, del poder soberano del pueblo. La legitimidad de los pronunciamientos de la Corte emana precisamente de que son una extensión de ese querer popular consagrado en la Carta. Ahora bien, las interpretaciones sobre la Constitución a veces son obvias y otras veces suponen la creación de contenido que se aleja del texto original. Aquello no reviste dificultad cuando la vocación de la decisión del tribunal se ajusta con el sentir de la ciudadanía. Otro, muy distinto, es el escenario cuando la decisión de los magistrados no concuerda con el querer de la ciudadanía. A pesar de que se puede argumentar a partir de la coherencia del texto constitucional, los debates de los constituyentes, los principios generales; la ciudadanía puede no estar convencida de las decisiones de los magistrados. Parece natural que incluso se presenten síntomas de rebeldía, pues las decisiones judiciales –por sabias e ideales que sean- son alejadas del principio central de la soberanía popular. Una Corte Constitucional al fallar tiene que tener muy presente esta tensión entre sus propias convicciones y su visión sobre lo que debe ser la sociedad en el largo plazo, y el principio democrático. En EE.UU. el Congreso puede revocar, mediante mayorías calificadas, las decisiones de la Corte Suprema. La idea es preservar la legitimidad democrática y darles a los representantes de la Nación la última palabra en las decisiones sobre cómo deben ser las cosas. Los sistemas que ofrecen mayores libertades para los ciudadanos son, en mi opinión mejores, pues dejan que cada persona sea responsable por sus decisiones. Al mismo tiempo, tienen la virtud de que las diferentes ideologías pueden convivir, y cada quien puede ejercer las convicciones que tiene. Habiéndolo dicho, no necesariamente la libertad es suficiente argumento para imponerla. Se trata de un valor, como cualquier otro, y la manera de jerarquizarlos no sólo obedece a los argumentos sobre su conveniencia; o percepciones individuales. La manera de ser de una sociedad no es un asunto trivial; representa el sentido mismo de la cultura. El aborto es un tema que genera aún mucho debate entre los colombianos. La decisión de la Corte Constitucional no es argumento suficiente para entenderlo superado. Una cosa es el debate jurídico y la manera mediante la cual se toman las decisiones dentro del Estado; otro asunto es que la Corte pueda imponerle a los ciudadanos jerarquías de valores que los ciudadanos no han discutido ni aceptado. En este contexto es interesante el debate de la Corte y el Procurador; evidencia que hay tensiones sobre el tema que no puedan pasarse por alto. 14 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/debate-aborto

No hay peor ciego

Uno de los problemas más recurrentes en las negociaciones con las Farc han sido las mentiras; siempre presentes, siempre evidentes, siempre ofensivas. En los discursos son abundantes las imprecisiones y descaradas son las declaraciones. Y a pesar de que esa práctica no es nueva, duele. Y adquiere una connotación dramática cuando el presidente Santos la avala. Les preguntaron a las Farc por los secuestrados; y cínicos dijeron que no tienen ninguno. Clara Rojas, desde la Fundación País Libre, tuvo que expresar el dolor de esta nueva burla. Luego apareció el presidente Santos y sello el destino del tema: “Hay que creerles”. Que las Farc mienten ya lo sabíamos; pero es aterrador que el Gobierno -con el propósito de mantener los diálogos- niegue lo que el país sabe; las Farc tiene más de 400 secuestrados. La declaración del Presidente empieza a mostrar los costos de esta negociación. Santos hará todo por mantener este proceso. Será, nuestro Presidente, el primero en defender a las Farc de los justos reclamos de los ciudadanos. Pretenderá encubrirlo todo a través de la falacia de ‘creerles’. No será difícil para Santos hacerlo; le gusta gobernar sobre un país que no existe; imaginar realidades que no corresponden a los contextos que vivimos. El atentado contra Londoño se dio en medio de las negociaciones, entonces secretas. Era un buen momento; es una voz que se opone a la capitulación, y silenciarlo antes de que el país conociera el proceso, les daba garantías. Además, el contexto era ideal, pues habría señalamientos hacia otros grupos. Santos sin investigación ya lo sabía: no fueron las Farc, nos anunció. Debieron decírselo y él les creyó. El Fiscal, sin embargo, insiste en que todo apunta a que la Teófilo Forero fue el promotor del acto terrorista. Pareciera que el Gobierno y sus negociadores prefieren ignorar no sólo lo que ha pasado, sino lo que está pasando, para sellar el acuerdo. Concediéndoles que lo hacen por amor a la patria y la convicción insuperable de que nos acercará hacia una convivencia más armónica (y no por premios, cargos internacionales o mera vanidad) hay una equivocación fundamental: la paz no es un acuerdo firmado por un gobierno y unos narcoterroristas. La paz es un proceso mucho más amplio y complejo; implica reconciliación y reconstrucción del tejido social. Negar y limpiar a las Farc de todas sus faltas a través de mentiras es una estrategia inútil. El país sabe lo que ha vivido; lo recuerda y lo sufre aún hoy. La negociación con los violentos sólo tiene sentido cuando ellos aceptan sus faltas. Una negociación con ellos exige a simple vista, al menos, dos condiciones básicas: liberación de todos los secuestrados (no sólo los políticos) y el cese unilateral al fuego. Sin ello, puede que firmen un papel cuyo valor simbólico en nada altere la realidad del país. Todo esto acrecienta las preocupaciones en torno a la negociación. Podemos entender que la firma de un acuerdo no es equivalente a la paz, pero que puede ser un primer paso. Sin embargo, la desfiguración de la realidad, la tarea del Presidente y su gobierno como agentes defensores de los violentos, suponen una inversión de la natural representatividad de esos cargos. En este contexto, y con el dato adicional de que los garantes del acuerdo son los gobiernos de Cuba y Venezuela, sobresale una pregunta ¿Quién representará a la sociedad colombiana? 7 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hay-peor-ciego

Enemiga de la Paz

Cada vez que alguien hace críticas sobre la ‘Paz’, se lo declara enemigo de ella. Es un título duro para los críticos, más aún cuando ‘Paz’ es concepto mezclado, sin forma, misterioso, del que nadie podría dar una explicación coherente. ‘Paz’ como el ideal humano de la vida en perfecta armonía es la utopía de todos. Contra ella sería impensable la oposición, ridícula la crítica. Sin embargo, conviene distinguir el efecto retórico de este sueño, de la realidad de sus posibilidades, nadie es tan ingenuo para suponer esa PAZ posible. Descartado el exceso, nos queda algo referido al conflicto, algo que no es preciso y que se mueve entre los dos extremos que suponen la capitulación de uno de los bandos. Para nuestro caso, la capitulación de los violentos implicaría su rendición y su sometimiento a la Justicia, y por el otro lado, la capitulación de la sociedad significaría que los violentos se asen al poder y la sociedad se someta a sus designios. Hay en el medio una infinidad de posibilidades y combinaciones. En este contexto es claro que no toda paz es deseable o buena; y que estas apreciaciones corresponden en gran medida a la posición en la que uno mismo se sitúa en el conflicto. No es lo mismo ser quien capitula, que ser parte de quienes reciben y aceptan la capitulación del enemigo. La ‘paz’ no es sólo un nombre; no es sólo una ilusión; no es sólo un recurso político; proponerla tiene responsabilidades y exige significados precisos. ¿Qué tipo de paz nos ofrece este gobierno? ¿Qué y hasta dónde va a ceder la narcoguerrilla, qué la sociedad? El documento que se firmó -de espaldas al país- se parece más a una capitulación de la sociedad ante los violentos que de ellos ante nosotros. No es posible saberlo con precisión porque el proceso ha sido oscuro y excluyente. Este como ningún otro es un asunto de la Nación entera, de cada uno de sus integrantes. Sólo será posible construir el fin del conflicto con el concurso de todas las fuerzas de la Nación. Este no es el caso; Santos no representa a la mayoría de sus electores, desde hace mucho, quienes votamos por él nos sentimos ajenos y excluidos. Quienes aparecen como negociadores, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega tampoco representan en nada a la Nación colombiana. Menos aún quienes se suponen han venido negociando como Frank Pearl, Jaramillo o Enrique Santos -hermano del presidente. Aquellos que gozan de la confianza del Presidente no son los mismos que pueden representarnos como nación o que pueden darnos tranquilidad. Tampoco genera confianza un Presidente que sin ningún pudor ha mentido. Dijo en varias entrevistas que no había diálogos de paz. Lo dijo, lo repitió, lo aseguró, pidió rectificaciones a quienes se atrevieron a darle credibilidad a los rumores, nos engañó. ¿Cómo creerle ahora? El tema del narcotráfico es el gran ausente en este debate. Este es y seguirá siendo el foco fundamental de los problemas colombianos. No creo que haya una diferencia sustancial entre la situación actual, donde por posiciones políticas, algunos se sienten legitimados para matar, secuestrar, extorsionar, remplazar al Estado y traficar drogas; que una situación en la cual se den todas esas conductas bajo el rótulo de la delincuencia común. El problema no es el discurso, es su efecto sobre la sociedad. La paz no es un tema trivial, ni un tema del Gobierno. Exigimos claridad, trasparencia y respeto por los principios democráticos que inspiran a esta nación. 31 agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/enemiga-paz

¡Santos se liberó!

Este gobierno va mal; esa es una opinión generalizada entre los colombianos, como muestran las encuestas. La consecuencia natural es cambiar el gabinete. Los ministros son como fusibles, sirven para proteger la imagen de los presidentes. Es un mecanismo para reconfigurar las políticas públicas, virar cuando las decisiones no han sido adecuadas; en fin, dar a los ciudadanos un aire, la impresión, la ilusión de que todo cambiará. No sabemos aún cómo va que quedar el gabinete del Presidente; lo que se evidencia es que el liberal que hay en Santos floreció; volvió por sus huestes y por eso suenan como nuevos ministros Serpa y Gómez Méndez. Además se habla de Lucho Garzón y Fernando Carrillo (el ministro de la suit-cárcel La Catedral de Pablo Escobar). Dicen los medios que tratará de configurar un gabinete para la paz y la prosperidad social. Si estas apuestas resultan ciertas, le pronostico a Santos una segunda etapa peor que la primera. Esos nombres nos dan elementos para comprender hacia donde van a dirigirse los esfuerzos del gobierno. Volvemos a las nefandas épocas del proceso 8000. Serpa recorrió el país repartiendo el presupuesto nacional para mantener a Samper en el poder. Dejó deudas, compromisos de miles y millones de pesos, y cuando el país exigía que Samper dejara el poder nos gritó: ¡Mamola! ¿El presidente Santos estará pensando que necesita una estrategia similar para doblegar la voluntad popular? Santos está encantado con volver al liberalismo y reunificarlo. Tal vez el Presidente no se ha dado cuenta de que la salida de Uribe del Partido Liberal dejó esa colectividad con sólo dos facciones el Serpo-samperismo y el Gavirismo; y que ambas tienen poca acogida en la opinión pública. La apuesta de Santos por el Partido Liberal será fallida; poco queda para reunificar y lo que queda no lee. Se dice que Lucho Garzón estaría a cargo de la cartera de agricultura. Es una noticia muy preocupante; Lucho no dejó una buena estela como alcalde; y no conoce la dinámica ni los conflictos del agro en Colombia. Sería un error seguir golpeando un sector que ya está afectado y requiere atención de personas que conozcan ese renglón económico. La tierra no es para el discurso demagógico; es un negocio del que depende la calidad de vida de nuestra población rural. El éxito del campo, es un avance hacia la paz. Si el nuevo gabinete se establece con el propósito de obtener la paz, también tenemos señales sobre que tipo de paz se va a negociar. Santos ha asegurado por todos los medios que no hay procesos de paz en marcha; y todo indica lo contrario. Este sería su segundo engaño a la democracia colombiana. El Presidente Santos tiene que comprender que el ejercicio de Gobernar no es el proceso de decidir lo que es bueno para la sociedad, porque así lo considera el mandatario. Hay un frágil equilibrio donde el gobernante propone y la sociedad decide. Lo contrario es el despotismo ilustrado, que decidido para y por el pueblo, pero sin incluirlo en las decisiones. Gobernar se parece más que Saint-Exupéry dice de su Rey; “si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía” y agrega “la autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”. 24 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-libero

Embutidos Políticos

Los sucesos del Polo Democrático, donde fueron expulsados por doble militancia los miembros del Progresismo y el Partido Comunista plantean un debate muy interesante. La norma sobre la doble militancia es muy estricta y más aún la sentencia de la Corte Constitucional. La tensión subyacente es clara; por un lado está la necesidad democrática de que los ciudadanos al votar por un partido, sepan por qué están votando. Por el otro, la legitima pluralidad de pensamientos y discrepancias que puede haber en el seno de una sola organización política. Colombia es un país de lideres carismáticos; votamos inspirados en la persona y no en los partidos. Aquello se ha reconocido como poco deseable; por tanto el legislador ha hecho esfuerzos para aumentar el poder de los partidos. La idea es que las ideologías políticas –que no son tantas– se agrupen de manera que el poder carismático de nuestros lideres, se traslade hacia organizaciones con ideas y propuestas claras. Es un modelo que ofrece virtudes, pues hace las ideas más importantes que las personas; los servidores públicos se convierten en tales y los políticos en representantes de una ideología. Sin embargo, aquello es distante de la política colombiana. Pocos partidos son coherentes o tienen la capacidad de serlo. El Partido Liberal, por ejemplo, es el típico embutido político. Hace unos años militaban en el mismo partido Uribe y Piedad Córdoba. Desde la elección y el gobierno de Uribe la política colombiana se empezó a aclarar. Los partidos sufrieron una reconfiguración que hizo más definidas las ideas que caracterizan a cada organización política. Frente a la U, el Polo asumió su papel con gran éxito, pues es fácil combatir ideas claras y posturas precisas como las que tenía Uribe. El Mira tiene sus seguidores y posturas evidentes, los Verdes se configuraron como una alternativa menos definida pero identificable; los liberales, son el único partido importante, que no ha podido definir su espectro político. La legislación no resolvió el asunto de las disidencias. Una cosa es la unidad partidista y otra distinta la homogeneidad. No hay una línea natural para diferenciar ambos fenómenos, y sin embargo es menester hacerlo. La política es discusión de ideas, posturas, matices y por lo tanto siempre habrá divergencia. Hoy, esas disidencias son aplastadas por la mayoría, pues equivocadamente se considera que atentan contra la unidad. El caso del Polo nos sirve para ilustrar el asunto. La doble militancia rompe la integridad misma del partido; el Partido Comunista utilizaba las reuniones del Polo para promover la integración de la Marcha Patriótica; un movimiento político diferente. La Marcha Patriótica es otra organización; y si no es partido es sólo porque no hay aún elecciones para obtener la personería jurídica. La ley lo recoge de manera acertada: quien hace parte de un partido, no puede hacer parte de otro. La disidencia, en un principio, no atenta contra la pervivencia del partido. Se trata de una minoría que no se conforma con las decisiones de la mayoría o de las directivas. Aquella forma de pensar diferente es fundamental; se parece un poco a la varianza que existe dentro de una misma especie natural. Es una manera de prevenir la extinción; cuando las circunstancias cambian, esas pequeñas diferencias de unos individuos pueden garantizar la continuidad de la especie. Las minorías son parte de un partido, pero tienen interpretaciones disímiles; aquellas son una reserva para los cambios siempre presentes en la política; son la posibilidad de adaptación y continuidad. 17 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embutidos-politicos

Los resultados

El presidente Santos insiste en que todo va bien y en que los colombianos somos incapaces de comprender lo que estamos viviendo. Sus discursos sostienen que todos los problemas son percepciones y que a su gobierno sólo se le podría señalar un defecto: la falta de comunicación de sus logros. Es un diagnostico extraño, pero más desconcertante aún es el responsable: “El problema del Ministerio de Comunicaciones es que no comunica”; dijo el Presidente. Será tal vez una nueva función que pretende asignarle al MinTics. La propaganda estatal ha sido propia de los regímenes totalitarios que buscan confundir a la opinión para alterar la manera como se interpretan los hechos o incluso, en casos más severos, tergiversarlos. En las épocas donde tuvo apogeo su efectividad fue deficiente: la ciudadanía fue capaz de evaluar adecuadamente lo que hace un gobierno. La propaganda terminó siendo útil sólo hacia fuera; por eso los regímenes tenían que tener entradas y salidas restringidas, información controlada y muchos secretos. Es un engaño muy difícil de ejecutar en estos tiempos; hoy la información circula sin control ni restricciones por medios diversos; las comunidades reaccionan, protestan, se indignan. El ejercicio de mera comunicación que es, seguramente, lo que reclama el Presidente tampoco es función del Estado y es también inútil. Los resultados de un gobierno no necesitan propaganda: no necesitan editoriales, ni noticieros, ni estrategias; la naturaleza de la acción estatal permite que los ciudadanos vivan esos resultados. El Estado es un agente económico evidente, sus obras son visibles, sus acciones todas tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, y si esa mejora no se da, si los resultados estatales no son palmarios, es porque son inexistentes. El Presidente debería saberlo; ha sido un especialista en manejo de medios –los cuales casi todos insisten con él en que todo está bien- y pese a ello, la opinión pública se aleja del mensaje enviado. De poco sirve que se diga que algo es de determinada manera cuando el ciudadano con sólo salir a la calle puede corroborar que no es cierto. Merece atención la tendencia de este gobierno a manipular y presionar la opinión de los medios de comunicación para evitar cualquier divergencia. Mucho se ha dicho de la gravedad que supone la estigmatización que hace el Presidente de los opositores a quienes ha llamado “mano negra”, “idiotas útiles” o “aliados del terrorismo”; no hace falta profundizar más en el asunto. Se habla de los “razoneros” del Presidente, de las llamas a los diversos medios de comunicación, de la excesiva pauta estatal; a ello se suman las declaraciones de Ana Mercedes Gómez, exdirectora de El Colombiano: “Durante mis 22 años como Directora, me tocaron seis presidentes. Con todos tuve diferencias y afinidades. Pero con el único que tuve que enfrentar presiones, directa e indirectamente, fue con el actual. En tres ocasiones y en momentos distintos, Santos envió a emisarios para decir que les bajáramos el tono a los editoriales. Les dije que iba a reflexionar y a mirar si habíamos sido injustos, pero comprobé que no. Y por eso me mantuve en la misma línea. Eso tuvo un alto costo para mí”. No es un asunto menor. El Presidente no puede convertirse en un factor adicional de presión a la libertad de opinión asediada y amenazada por los violentos. 10 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/resultados

La Corte se equivoca

La Corte Constitucional profirió un auto, que no conocemos porque ahora notifica sus decisiones por comunicados de prensa, y del que se dice que ordena al Ministerio de Defensa reintegrar seis hectáreas a los indígenas del Guaviare y por lo tanto, retirar algunas instalaciones que hacen parte de la Base Militar de Barrancos, Guaviare. Es un grave precedente. La base está sobre un terreno que el Incoder le asignó a la Fuerza Pública, pero se ha extendido sobre territorio del resguardo. Sin embargo, el problema no es de linderos. La difícil situación que enfrenta el país, cuando las Farc y los demás grupos narcoterroristas están retomando control sobre amplias zonas, donde además algunos ciudadanos –alegando la autonomía- han pedido el retiro de la Fuerza Pública de su territorio, le da al asunto un trasfondo que no puede ignorarse. Una cosa es el litigio sobre un lindero (que en cualquier otro contexto se resolvería a través de una expropiación a favor del Estado); y otra muy distinta impedir a la Fuerza Pública tener bases sobre territorios indígenas. La seguridad es un derecho principalísimo de los ciudadanos; es un deber del Estado garantizarla. La Fuerza Pública defiende a los ciudadanos, sin embargo no siempre es efectiva por la naturaleza misma del terrorismo. Es una tarea compleja y difícil de conseguir. Si el Ejército no estuviera habría una paz aparente; pues los ciudadanos inermes estarían a merced de los violentos; limitados en derechos y sometidos a la fuerza de las armas. La Fuerza Pública no es un actor del conflicto –como lo supone la Corte– eso equipara los narcoterroristas con el Ejercito, los hace responsables y son los causantes de la violencia. Una interpretación así nos llevaría a la conclusión de que eliminar la Fuerza Pública nos conduciría a la paz. Nada más mentiroso. El control del territorio por el Estado hace parte de sus funciones. Hubo en Popayán una manifestación de miles de indígenas, más de 7.000, que expresaron su respaldo a la Fuerza Pública y reclamaron por lo que consideran el mal manejo que dan algunas autoridades indígenas a los millonarios recursos que reciben del Estado y de organizaciones internacionales. Eso demuestra que hay un grupo de indígenas que confía en la institucionalidad colombiana, que creen en la construcción de un país y de una nación donde cabe la diversidad. La manifestación en el Cauca transformó el problema; hizo evidente que existe una fracción –al menos– de indígenas que no está de acuerdo con las peticiones de despeje. Surgen preguntas sobre la representatividad de las autoridades que están tomando la vocería indígena. Aquellas no son elegidas por la democracia y cabe cuestionar si sus peticiones representan a todos los miembros de la comunidad. Aún si quienes se manifestaron a favor de las Fuerzas Armadas son una minoría, surge la cuestión del respeto que merecen. Así como los indígenas tienen derechos por ser, precisamente, una minoría; las minorías dentro de las comunidades indígenas merecen ese mismo reconocimiento. Colombia no puede seguir por una senda donde las identidades son factores de disociación y rompimiento; el modelo multicultural supone la pervivencia de las diferencias, pero en un gran crisol que los contiene a todos. Un país donde todos respetan un Estado y unas mismas instituciones que deben dar garantías para la vida en común. 3 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corte-equivoca

Un 'Vice' realista

Cuando el entonces candidato a la presidencia Juan Manuel Santos, anunció que su vicepresidente sería Angelino Garzón muchos nos sentimos inseguros; Garzón no era propiamente un uribista de tiempo completo. Había tenido una buena relación con el Presidente Uribe, pero también posturas contrarias y disímiles; por mencionar sólo una, el apoyo que le daba al despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle. Sin embargo, una vez elegidos para sorpresa de muchos (y me incluyo), resultó más afín al mandato de los electores Angelino que el propio Santos. Así las cosas, el Vice se volvió una pieza incómoda; tomaba posturas inteligentes, criticaba y cuestionaba muchas acciones del Gobierno. No se trata de nada nuevo como lo pretende el Partido Liberal. La figura del Vicepresidente ha sido difícil a lo largo de la historia y lo sigue siendo; desde los inicios de la República, Santander conspiró contra el Libertador; en 1900 el vicepresidente Marroquín derrocó al presidente Sanclemente; hace poco en Paraguay el vicepresidente Federico Franco fue pieza decisoria para la caída de expresidente Lugo. Al parecer los liberales tampoco leen la historia nacional ni los periódicos. La figura vicepresidencial tiene –y por eso la hemos criticado– esa naturaleza doble; es un político distinto, con sus propias ideas y que está respaldado por los mismos votos que eligieron al Presidente, pues es evidente que no hay cómo saber el número de votos que le corresponde a cada uno. Es por ello que el Vice tiene poder y tiene ideas que, incluso, pueden oponerse al Gobierno; es de su esencia. En ese sentido, Angelino merece respecto cuando expresa sus opiniones políticas y difiere del Gobierno. En el transcurso de la enfermedad del Vice se ha presentado la discusión en torno a si tiene la capacidad de ejercer su cargo, y es natural y jurídico que se tenga y se aclare la situación. Sin embargo, no está bien que el Presidente haga su visita sólo ahora cuando aparece la declaración del senador Juan Carlos Vélez según la cual Angelino estaría de acuerdo con la Constituyente que rechaza el Gobierno. Pareciera que la paciencia del Gobierno que aguardaba la recuperación del Vice, se agotó cuando volvió a dar declaraciones contra las instrucciones de Santos. Ojalá no sea este el caso, porque hablaría muy mal del Presidente el presionar a un hombre enfermo y aprovechar la debilidad inherente a su estado para llamarlo al orden. El Gobierno estaba convencido de la necesidad de reformar la justicia y por eso presentó el acto legislativo. El trámite mostró que el Congreso y la institucionalidad colombiana no son capaces de ofrecernos los cambios que el país requiere. La Constituyente es una alternativa interesante para hacer un diseño institucional bien pensado, diseñado y discutido con personas que no estén comprometidas con el ejercicio de los poderes públicos, sin investigaciones y con criterios claros, académicos y libres de las presiones propias de estar inmerso en el diseño de la función que se ejerce. Ahora el Gobierno dice que no se requiere una reforma estructural, que con un par de decretos basta. El Vice otra vez, aún enfermo, parece más ajustado a la realidad del país. 27 de julio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/vice-realista

Santos responsable

La situación del Cauca tiene causas bien conocidas, originadas en el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la narcoguerrilla, los conflictos de tierra, la dificultad de realizar en la práctica la utopía de la multiculturalidad, por mencionar sólo algunos; sin embargo, gran parte de la responsabilidad corresponde al Gobierno. El presidente Santos, desde hace mucho tiempo, ha venido mostrando una imposibilidad de tomar decisiones, de negociar con las comunidades y sobre todo una incapacidad de predecir los eventos políticos. El arte de la política es mucho más que disimular los problemas y aplazar los conflictos. Implica entender la sociedad, poder predecir las consecuencias de las decisiones y medir los impactos que pueden tener en cada contexto. Santos lo hace muy mal. En el paro de los transportadores –por la derogatoria de la tabla de fletes- dijo que no negociaría, que era una decisión tomada. Sólo cuando el paro se dio, y la capital y otros puntos estratégicos del país estuvieron bloqueados, el Presidente decidió oírlos, negociar y reversar lo que había anunciado como inamovible. Vino luego el caso de la reforma a la educación superior. También anunció con vehemencia que no retiraría el proyecto, que no había lugar a las críticas hechas, y luego cuando el paro y el caos azotaban a la sociedad, retiró el proyecto, y abrió las mesas de concertación. Los indígenas hicieron su propuesta, el presidente fue hasta Toribío para hablar con ellos -eso creímos- y sin embargo no lo hizo, se encerró con sus ministros y tuvo una reunión que bien hubiera podido hacer en Bogotá. Se fue dejando todo como estaba antes de su visita y todos los caucanos sabíamos que algo grave iba a pasar. Santos no lo supo, o prefirió ignorarlo, fiel a su idea de que no decir equivale a que no pasa. Se desató lo que conocemos, en general previsible y estoy segura, de que también evitable. La política del gobierno Santos se limita a atender lo que pasó, pero no anticipa, no previene, no evita. Si se sabía que los indígenas iban a sacar a los militares (lo anunciaron por los medios de comunicación), ¿por qué el presidente ignoró la advertencia? ¿Por qué no dialogó con ellos antes? ¿Por qué no planeó una manera de contener -sin violencia- a los indígenas? ¿No les creyó? ¿Pensó que no eran capaces? Las vías de hecho ocurren, precisamente porque los gobiernos no oyen las protestas ciudadanas, porque no son capaces de entender la magnitud de lo que se les pide, ni la decisión con la que se pide. Santos odia decir que no, y odia mucho más tener que discutir sus decisiones con alguien más. Trata a los colombianos como si perteneciéramos todos a ese congreso que tiene empalagado de mermelada, sumisos, sin opiniones propias y rendidos ante lo que él les mande. Esto ha devuelto al país hacia las vías de hecho. Cuando el Gobierno ignora -tan rampantemente- las voces de los ciudadanos el conflicto escala. A este gobierno hay que sumarle un Congreso que no nos representa. La función de un congresista es darle voz a sus electores en las decisiones nacionales; pero como la mayoría de nuestros parlamentarios se dedican a complacer al Mandatario a cambio de contratos, puestos, regalías y demás dulces, los ciudadanos no tenemos otro camino que el de la protesta. Lo más grave es que las sociedades entienden. Ahora todo el que quiera algo irá a las vías de hecho, porque ya sabemos que sólo así el Gobierno atiende. 20 de julio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-responsable

La esterilidad del despeje

No hay ningún colombiano que no esté cansado de la guerra. Por supuesto, existen comunidades y áreas de Colombia que han tenido que soportar mucha más violencia y destrucción que otras. El Cauca ha sido una víctima continua; todos los grupos ilegales han penetrado y arruinado nuestro departamento. Sin embargo, entregarnos a ellos no es la solución. Los indígenas están siendo ingenuos al considerar que las Farc van a abandonar su territorio. No lo harán por varias razones: la primera y más obvia es que los guerrilleros son los dueños y administradores de los cultivos ilícitos. Los indígenas recibieron más de 570 mil hectáreas en el departamento; pero ante la imposibilidad de explotarlas, han dedicado grandes partes del territorio a los cultivos ilícitos. Ese sustento de los indígenas, es también el combustible del conflicto y la fuente principal de recursos de los guerrilleros. Además, las áreas indígenas hacen parte de los corredores por donde se trafican las drogas. El Cauca a través de la bota caucana, conecta el Caquetá y el Putumayo con la Costa Pacífica desde donde los embarques se despachan. Es un negocio al que las Farc no van a renunciar. Más aún, por esa posición estratégica el territorio, incluido el de los indígenas, es asiento de muchos guerrilleros que desde ahí manejan el narcotráfico y libran la guerra contra el Estado. Así las cosas, con una presencia narco-guerrillera inamovible, si la Fuerza Pública abandona las áreas habría una tregua, como la hay en la regiones del país donde el Estado ha perdido el dominio territorial y los habitantes están bajo el yugo de los violentos, hay una paz aparente. A corto plazo aquella solución puede parecer efectiva, la sociedad puede acostumbrarse a vivir con derechos reducidos -sin libertad, sin posibilidad de expresarse, con el temor de ser aplastado por el arbitrio de quien tiene las armas. Claro que puede acostumbrarse a vivir como se vive en los regímenes comunistas y tiránicos, donde los ciudadanos sobreviven y pueden desarrollar sus actividades, sin libertad y sin derechos; pero esa es una vida muy pobre e indigna. Cabe también preguntarse por la legitimidad y la representatividad de los voceros indígenas que insisten en la desmilitarización. ¿Representan a todos los indígenas? ¿A la mayoría? ¿Tienen en cuenta el deseo de los habitantes de la zona que no son indígenas? ¿Qué pasa con las autoridades administrativas, elegidas por voto popular que se oponen a la medida? ¿Ellos no son representantes? Hay graves sindicaciones de vínculos de algunos de esos líderes indígenas con narcoterroristas del ELN e incluso de las Farc. Algunos se atreven a denunciar este plan como originado y orquestado por los grupos narcoterroristas; prefiero pensar que el argumento del deseo de la paz y el cansancio de la guerra obliga a medidas desesperadas. Sin embargo, no podemos menospreciar el poder de las Farc de penetrar las estructuras y pervertir la voluntad de los pueblos. No se trata sólo de la seguridad de los indígenas. Permitir una zona de distensión fortalecería a la narco-guerrilla, que saldría desde ahí a destruir otros pueblos y otros colombianos. No está bien exigirles heroísmo a quienes están sometidos a la violencia, y pedirles que soporten la guerra; pero tampoco es admisible permitirles que se conviertan sus territorios en santuarios de las Farc y otros grupos violentos. El Estado y la sociedad colombiana necesitan hacer un esfuerzo para que se garantice la seguridad de los indígenas y al mismo tiempo puedan explotar sus tierras sin cultivos ilícitos. Los indígenas son colombianos: ellos deben comprometerse con el país, pero el país tiene también que garantizarles sus derechos. 13 de julio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/esterilidad-del-despeje

Carácter frente a los sinuosos

El sentido homenaje que le rindió la sociedad a Fernando Londoño no sólo celebró que esté vivo, sino que repudió al terrorismo y a los violentos. Uribe en un discurso elocuente repasó las prácticas de este gobierno que lo hacen incompatible con la ideología que lo eligió. Precisó la diferencia entre la construcción de una buena imagen de Colombia porque la realidad se transforma y aquella que pretende el Gobierno de silenciar y acallar los problemas. Se quejó de que el Gobierno persista en defender la dictadura chavista, pese al daño que eso supone a los venezolanos y a los colombianos tan atormentados por el terrorismo que alcahuetea el vecino mandatario. Desconoció el argumento diplomático de que es mejor ser amigo de todo el mundo, recordando cómo el presidente Lleras rompió relaciones con el tirano Fidel Castro. Mostró la inmoralidad del argumento económico, que pretende comparar el valor del dinero con el de la vida y la libertad de los colombianos. Criticó la política pública de la demagogia, que remplaza las oportunidades con regalos. Se mostró insatisfecho con el tratamiento a los militares hoy procesados por una Justicia que no les otorga garantías y cuyo sentimiento de persecución da para que se acojan a sentencia anticipada, aún considerándose inocentes. Apuntó a la necesidad de consolidar la seguridad; no sólo con indicadores. Denunció que la disminución del homicidio se debe a los pactos macabros entre los violentos, que viven la paz porque se han dividido el control del territorio y las víctimas; el secuestro se transformó en extorsión; y el miedo se ha vuelto el compañero de tantos colombianos abandonados por el Estado. Y quieren que nos quedemos callados. La elocuencia sin par de Londoño hizo un recorrido por la historia patria donde describió las diferentes épocas y evaluó cómo se ha tratado el terror. Resaltó el heroísmo de Valencia, ‘Presidente de la Paz’, que mostró que la paz es posible sin la humillación del Estado. El valor enérgico de Barco en su combate contra el narcotráfico. Exaltó todo cuanto el pueblo colombiano reconoce en el mandato de Uribe. Y señaló con firmeza la concupiscencia de los otros gobernantes. Fue un momento crucial donde quedó claro que desde este día en adelante una cosa es el uribismo, y otra muy distinta el santismo. Algunos analistas políticos sostienen que esta división de la centroderecha dará lugar a que la izquierda se abra camino hacia el poder. Discrepo de esa tesis. El presidente Santos no puede catalogarse como del centro y menos aún de la centroderecha. Su gobierno tiene todos los elementos que identifican a la centroizquierda; optó por un Estado grande, aumentó la burocracia y el gasto estatal. Además tiene lenguaje agresivo y burlón contra los ricos, “los voy a hacer chillar”, “quiero ser recordado como un traidor a mi clase”. Comparte las políticas sociales del asistencialismo y la demagogia. Santos es un clásico gobernante del Partido Liberal, que ha sido, tradicionalmente la izquierda colombiana, inscrita desde hace mucho en la Internacional Socialista. Así las cosas, ayer la centro derecha y el centro democrático abandonaron al presidente Santos. La preocupación será para el mandatario quien ahora sabe que la mayoría de los votos que lo eligieron, hoy no lo respaldan. Tendrá entonces que empezar a conquistar nuevos electores dentro de los sectores de izquierda; sus votos liberales deberán ser incrementados con votos del Polo y el Progresismo. 6 de julio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/caracter-frente-sinuosos

Poder público para todos

El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad. La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional. La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder. Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión. Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos. 29 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/poder-publico-para-todos

Deforma a la Justicia

Lo que aprobó el Congreso es una afrenta contra la democracia colombiana, contra sus instituciones y el Estado de Derecho. Este Congreso prolífico en la promulgación de normas, paradójicamente ha sido también el padre de la legislación que les permite a ciertos colombianos no cumplirlas. Aprobó con el Marco Jurídico para la Paz, la impunidad para los narcoterroristas; y aprueba ahora con la Reforma a la Justicia, la impunidad para políticos, magistrados y un grupúsculo de poder que denomina ‘aforados’. De este parlamento habremos de recordar por siempre su pobre devoción por los conceptos básicos de la ley: la obligatoriedad y la generalidad. Sin embargo, las atrocidades consagradas en nuestra Constitución no son sólo atribuibles al Congreso; el Gobierno es igualmente culpable. En una habilidosa movida el Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Luego Esguerra, como ministro de Justicia, acompañó y protegió el proyecto. Dicen que la conciliación se hizo a sus espaldas, cómo si aquello los exculpara; el texto de conciliación fue dado a conocer en la plenaria de ambas cámaras; el ministro Esguerra conoció y le dio su apoyo al texto conciliado (que prácticamente recoge todo lo que aprobó el Senado en el sexto debate) y fervorosos los padrastros de la patria votaron para aprobarlo. Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas. Y aún si aquel intento -inconstitucional- es aceptado por el Congreso, lo que propone no enmienda el gran daño acometido. Las observaciones presidenciales recaen sobre cuatro temas, sólo dos de ellos importantes: la pérdida de la investidura por las inhabilidades y el régimen transitorio de quienes actualmente están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema; pero deja vigentes las demás ‘perlas’. Beneficios para los magistrados, 12 años de período y 70 años de edad de retiro forzoso; secretarios del Congreso ‘aforados’ para que roben sin peligros; le quitaron el poder a la Contraloría para investigar a los aforados, es decir el carrusel de pensiones de la Judicatura quedará rampante; el Procurador no podrá investigar a los congresistas ni a los magistrados, para que hagan fiestas en la indisciplina; los congresistas podrán inducir a otras personas para que den recursos a los partidos políticos… Ahora todos pretenden inocencia, incluso los más descarados prefieren reconocer su incompetencia como congresistas antes de aceptar su propia corrupción moral. Es una vergüenza que Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Liberal pretenda librarse de su responsabilidad política diciendo que no leyó el proyecto. ¿Qué clase de congresista aprueba proyectos de semejante importancia sin leerlos? ¿No le cabe una responsabilidad disciplinaria a quien no cumple con las funciones de su cargo? ¿Qué responde ante las acusaciones del Polo Democrático que lo señalan como un promotor de la votación de la Reforma, a tal extremo comprometido con su aprobación que incluso se negó a verificar el quórum? La crítica les cae también a los magistrados de las Altas Cortes quienes hacían declaraciones incendiarias contra el proyecto, pero se silenciaron complacientes ante el ofrecimiento de beneficios para ellos. Se trata de que todos puedan pensionarse como magistrados, que por arte de una sentencia de esa misma rama, equivale a recibir pensión de congresistas. ¡Hagámonos pasito! 22 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/deforma-justicia

¿Paz con este Marco?

Se aprobó el Marco jurídico para la paz. Muchos están convencidos de que este es un paso que nos acerca a la ‘paz’. Basta recordar la historia reciente de Colombia para entender que se trata de un sueño, una ilusión de los colombianos. Lo cierto es que construir la paz es mucho más complejo de lo que desearíamos. Ojalá la paz pudiera conseguirse a través de una decisión legal. Sea lo primero, reflexionar por un momento en la noción de ‘paz’. Es un término cuyo uso reiterado lo ha ido vaciando de contenido. La paz para los colombianos es una idealización personalísima e íntima que no se limita a la negociación con uno o dos grupos de criminales. Esas negociaciones tienen resultados positivos, pues siempre será bueno tener menos personas en armas, sin embargo no pueden llamarse paz. Lo hemos vivido, luego de que desaparece por negociación un grupo, aparece otro. El narcotráfico y la cultura mafiosa han destruido la lógica de la vida en sociedad y los millones de dólares del ilícito financian e invitan a nuevos y peores crímenes. Es un círculo que además se nutre de que el resultado final de los violentos es positivo. El mensaje, ya aprendido por muchos, es que después de muchos años de violencia es posible ser perdonado y obtener, además, réditos políticos. Han existido ya muchas ofertas de amnistía e indultos, pero nunca han sido suficientes para las Farc. El expresidente Betancur hizo un intento de similar envergadura a las Farc, cuando todavía no era narcotraficante, y lo rechazaron categóricamente, el M-19 en cambio la abrazó y se reinsertó a la vida nacional. El expresidente Pastrana también se la jugó por un acuerdo, confiado en que alcanzaría un resultado fue generoso en ofertas y concesiones. La respuesta soberbia y ruin de los violentos bien la conoce el país. Es probable que no haya ningún diálogo y que de haberlo no se obtenga resultado. Las Farc no están interesadas tan sólo en un perdón y olvido. Si en ese grupo subsiste alguna ideología política no van a transarse tan sólo por concesiones en el ámbito judicial. Exigirán que Colombia se convierta en un Estado socialista o comunista. Pedirán una constituyente, representación política y una serie de privilegios y cesiones que no son posibles. No sólo porque es moralmente inaceptable que los violentos nos impongan las formas de gobierno, sino además porque ninguna nación de estos tiempos podría vincular a los terroristas, a los narcotraficantes como agentes del liderazgo político. Sería un exabrupto, un atropello al derecho internacional y a las víctimas. Si, en cambio, las Farc carecen de ideología política, la negociación tampoco es fácil. Se trata de agentes del narcotráfico y criminales que han ensamblado una sofisticada máquina de poder que se sustenta en el miedo de las comunidades. ¿Qué podría ofrecerles el Estado que pudiera compensar esos recursos? ¿Qué les otorgará igual sensación de superioridad sobre el resto de los colombianos? El Marco es un error estratégico. No se puede iniciar una negociación habiendo cedido todo lo que se pretendía conceder. Se estableció como mínimo, lo que debía ser el resultado final. Si había que hacer un ejercicio para limitar la justicia transicional hubiera sido necesario establecer más bien límites para que los gobernantes de turno no entreguen más de lo que la sociedad estaría dispuesta a entregar. Una legislación como la que se aprobó es una invitación para que los gobernantes sedientos de vanidad busquen resultados, sin pensar en el largo plazo. El País - 15 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paz-con-este-marco

De Santos, con amor

La crisis económica en Europa ha dejado claro que los Estados de Bienestar están llamados a fracasar. Pese a lo conveniente que resultaría que el Estado sea capaz de proveer todas aquellas prebendas sociales a las que aspiramos, la economía de las naciones impone límites. Romperlos es fácil, pero las consecuencias son implacables. Eso, precisamente, fue lo que le recordó Santos a los europeos cuando estuvo de viaje por Turquía: hay que ajustarse el cinturón para poder manejar bien la hacienda pública. Sin embargo, esos son consejos que da, pero no aplica. Nuestro país está precipitado a las políticas del regalo y las concesiones. Aquello facilita el arte de gobernar: todo cuanto sería conveniente tener se concede. Lo que no se le dice a la sociedad es que ésta manera prolífica de dar, pasará en el mediano plazo una cuenta de cobro que no podremos pagar. La lista, apenas parcial de los regalos, se inicia con la llamada Ley de Víctimas donde cada una tendrá derecho a una indemnización de máximo $20 millones; en las parcas cuentas del Gobierno vale $54,9 billones. Las 100 mil viviendas con un costo de $3,7 billones más $500 mil millones adicionales para costos financieros. $1,4 billones para subsidiar las tasas de interés de las viviendas para los más pobres. Un billón más para subsidiar las tasas de interés de los créditos del Icetex para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Una suma todavía indeterminada, pero cuyos cálculos de inician en $1,8 billones para atender tan sólo al primer grupo de adictos a las drogas que lo constituyen unas 300 mil personas. Hay un regalo más, también de valor por establecerse, otorgado por el Ministerio del Trabajo que descentralizó y avaló las negociaciones con el sindicalismo estatal. Revirtió así, de un solo golpe, el esfuerzo del Gobierno anterior, que encontró la tragedia de que las empresas estatales y muchos otros organismos del sector público estaban quebrados por los malos manejos que se había dado a las negociaciones con los sindicatos (donde cada gerente -con visión de corto plazo- otorgaba beneficios ilimitados y sin consideraciones fiscales para garantizar que su gestión no fuera torpedeada por el sindicato o los trabajadores). No vamos a discutir la pertenencia de estos regalos, pues es evidente que siempre será mejor lo más que lo menos. El debate no es si son o no deseables; la pregunta gira en torno a la manera como vamos a poder costearlos. Hay restricciones presupuestales que no pueden desconocerse, pues a pesar de que podamos recurrir a créditos, conceder derechos cuya financiación se extiende en el tiempo, al final vamos a tener que pagarlos. Cuando el Estado otorga estos regalos el inmediato beneficiario es el gobernante de turno que los otorga, goza de popularidad entre las masas que se sienten conmovidas por su generosidad. Sin embargo estos regalos no los paga -ni mucho menos- el mandatario sino el agregado de la sociedad. Cada uno de nosotros tendrá que aportar en mayor o menor medida para pagar estas concesiones. Es preocupante que semejante andanada de beneficios se otorgue ad portas de una crisis económica global. Nuestra floreciente pero frágil economía no será inmune al movimiento global. Nuestros ingresos engordados por los precios del petróleo empiezan a verse disminuidos por el precio del mercado. Ya comienzan a notarse signos no muy alentadores en la economía; las exportaciones disminuyen, la construcción decae y el precio de los comodities está en picada mientras nuestra moneda sigue siendo la más revaluada en el mundo. El País- 8 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-con-amor

La fiesta del secuestro

Nos alegramos que del periodista francés Roméo Langlois esté libre; es bueno saber que son menos los que están secuestrados. Sin embargo, el espectáculo de su liberación, con camarógrafos, periodistas y fiesta, contrasta con el destino triste y el desinterés que demuestra el país ante el secuestro de tantos colombianos. Son muchos los nacionales que hoy no pueden volver a sus casas, muchas las familias que están siendo extorsionadas para pagar por la vida y la libertad de sus seres queridos. Hay también otras familias que lloran en silencio, pues ni siquiera podrían pagar un rescate. No sólo por la falta de recursos, sino porque sus niños fueron secuestrados para ser reclutados. Niños a los que se les arrebata la niñez, la vida misma, para convertirlos en la carne de cañón de los criminales. Niños que en el mejor de los casos crecen en la cultura de la destrucción y la violencia. El país conoció, no hace mucho, del secuestro de 13 niños en el Putumayo destinados al reclutamiento forzado. Algunos se atreven a decir que se trata de vinculaciones voluntarias; como si un niño pudiera resistir esa propuesta; como si sus familias tuvieran la opción de aconsejarlos y oponerse. Leí un Twitter donde se sugería que algunos ciudadanos franceses adoptaran a esos niños, a ver si el gobierno francés tomaba acciones en el asunto. El cometario es triste, revela la indolencia que nos caracteriza como sociedad, muestra un Estado que no se duele de sus nacionales. Es triste, preocupante y requiere un cambio de actitud, pues si fueran niños de otra nacionalidad nuestra reacción sería distinta; más parecida a la que ha rodeado el secuestro y liberación del periodista francés. Sin embargo, no resulta positivo que las reacciones del Gobierno y de la sociedad estén mediadas por las presiones internacionales. Colombia necesita hacerse responsable de sus problemas. La intervención de la comunidad internacional en nuestros conflictos ha sido negativa. No sólo convierte a ciertos personajes de la vida nacional en vedettes de la prensa internacional, sino que al mismo tiempo nos autoriza a la irresponsabilidad e indiferencia. Sólo nos importa lo que los otros, los extranjeros, señalan como importante. Además habría que reflexionar en torno a las diferentes organizaciones internacionales que viven del conflicto colombiano -pues su trabajo depende de la permanencia de los problemas- y pese a sus buenas intenciones, que llegan con visiones parcializadas, sin haber vivido lo que nosotros ya hemos pasado. Precisamente por eso, la propuesta de las Farc de buscar la intervención internacional para resolver nuestros problemas, es, al menos, atrevida. Una comunidad que gestiona soluciones o indica decisiones que no los afectan, pues no las van a vivir, ni su historia estará marcada por esas decisiones. Celebramos entonces, que el presidente francés Hollande haya manifestado el respeto a los asuntos internos de nuestra nación. Colombia es un país capaz de resolver sus propios problemas, lo que hemos vivido debe acercarnos a los consensos y madurez social necesarias para hacerlo. Lo primero, es que el dolor de cada uno de los colombianos nos sea propio. No hay por qué cerrar los ojos, dejar de sentir lo que estamos viviendo; no porque la gran prensa internacional no atienda un asunto, este carece de significación. Colombia debe mirarse de frente, integrarse como nación y exigirle a las Farc que libere a todos los secustrados, incluidos los niños que arranca de sus familias, y que cese, de una vez y por todas, las acciones terroristas. El País - 1 de junio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fiesta-del-secuestro

Por qué no aceptarlo, fueron las Farc

Luego del atentado contra Londoño; surgió la hipótesis de que su autor fue la extrema derecha. Sostienen que la fecha permite inferir -sin dudas- que los extremistas de derecha se llevaron la vida de dos colombianos, hirieron más de 50 y sembraron el terror en la capital. Ese día entraba en vigencia el TLC con EE.UU. y ese día se llevaba a cabo el sexto de los ocho debates del Marco Jurídico para la Paz. El atentado era entonces una forma de detener que ese artículo constitucional fuera aprobado. Sin embargo, esa teoría adolece de fallas protuberantes. Por una parte, la fecha era favorable para cualquiera; pues la elucubración en torno a los resultados de un acto de barbarie como este, puede ir tan lejos como se quiera. Por ejemplo, se puede decir que la extrema derecha pretende dar el golpe contra un declarado objetivo de la extrema izquierda para inculparlos; pero también que la extrema izquierda puede hacerlo en una fecha así para desviar la investigación. Esas son especulaciones interminables e ilusorias, sobre las que el debate puede ser infinito. Hay, en cambio, evidencias sólidas que no pueden desconocerse y que aclaran el asunto. El material probatorio existente apunta a que fueron las Farc. Este grupo narcoterrorista declaró objetivo militar al ex ministro y planteó la necesidad de neutralizarlo mediante varios comunicados, que son todavía visibles en Internet. Además la tecnología utilizada, con remedos de ETA, refuerza los ya conocidos vínculos entre ambos grupos criminales. El atentado, además, guarda similitud con otros actos de la misma naturaleza ejecutados por ese mismo grupo. Es sabido que cuando las Farc sienten la proximidad de una negociación arrecian sus ataques, pues por irracional que nos parezca, siempre intentan llegar a la mesa de diálogo con un ego inflamado y generar la impresión de que se sientan victoriosos y fuertes. Ya ha pasado. Lo que es más, hay atentados terroristas ejecutados por las Farc en otros pueblos y ciudades anteriores y posteriores al hecho. Son muchísimos y repetitivos; varios municipios del Cauca, Valle, Nariño, Santanderes y otros están siendo asediados con cilindros bombas y tatucos. Las Farc viene escalando el conflicto y la violencia en todo el país. Otro problema serio de la hipótesis bajo examen es que no hay una extrema derecha terrorista identificable. Los jefes paramilitares que tenían agenda política están en prisión. Las Bacrim –que no tienen ya ninguna ideología- son grupos de delincuentes que actúan en zonas pequeñas. Prueba de ello es que el Gobierno las considera tan poco significativas que no fueron incluidas entre los grupos del conflicto armado, de manera que hoy el proyecto del fuero militar no las incluye en operaciones que el Ejército puede ejecutar bajo el DIH. Son, según el Gobierno, un problema menor que debe ser atendido por la Policía. No se ve el grupo de extrema derecha inculpado, y si lo hay deben denunciarlo de manera precisa; hasta ahora es un fantasma. Ningún extremismo es aceptable; ninguno tiene buenas causas, porque la violencia pervierte cualquier ideal, desfigura todo propósito. Cualquier actor violento rompe el orden social, debe ser repudiado por los ciudadanos y repelido por el Estado. No hay justificación para quienes pretenden defender y encubrir a las Farc. ¿Habrá algo que los mueva a dejar de ver lo obvio e intentar exculpar el comportamiento de las Farc? ¿Por qué algunos se empecinan en hacer ver menos mal a las Farc, como si lo cometido hasta ahora no fuera ya un indicio y se diferenciara en algo de lo que vemos hoy? El País- 25 de mayo de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/por-aceptarlo-fueron-farc

No prevalecerán

Es un dolor indefinido. No podría ubicarlo en un lugar preciso, pero cruje cuando me entra el aire. Se parece a la frustración, a la rabia, a la impotencia, pero es mucho más triste. Lo reconozco, porque lo he sentido muchas veces, y eso me llena de angustia. Vienen a mi memoria todas las misas a las que asistí para pedir por los padres secuestrados de mis amigas, niñas de colegio. Recuerdo mis amigos que crecieron sin papá, los amigos que encontraron muertos con tiros en la cabeza y de sus papas llorándolos en los entierros. Me acuerdo del día en que vi volver a mi tío, que ha sido como otro papá, bañado en la sangre de los escoltas que lo acompañaban en el carro. Y a las familias de esos escoltas, de sus ojos, mirando un poco más allá de lo que existe. Mi tío me abrazó y no dijo nada. Yo nunca lo había visto llorar. Tenía los ojos perdidos, y puedo reconocerlo, pues ya lo he visto muchas veces, este mismo dolor que se ha vuelto como un sello que distingue a los colombianos tocados por la violencia. El atentando al doctor Fernando Londoño me devolvió a esos tiempos. Los creía superados, tuve el sueño durante los años del gobierno del presidente Uribe de que los colombianos no volveríamos a estar solos, que el Estado se había comprometido para siempre a protegernos y estar a nuestro lado. Voté por Santos con esa convicción, muchos lo hicimos. Sin embargo, Santos desconoció el mandato de quienes lo elegimos. Abandonó los principios de seguridad y ahora modifica la Constitución para consagrar la impunidad para los violentos. No queda mucho más que decir. Son días trágicos para quienes creemos que el país puede tener otro destino, para quienes vislumbramos una Colombia donde el Estado esté del lado de los colombianos que acatan la ley. No creo en las concesiones para los violentos, porque no creo que nos acerquen a la paz. Con cada negociación surgen otros grupos, con cada gramo de coca que exportamos se compran nuevas armas para asesinar más colombianos. La paz se construye con incentivos para quienes pueden vivir en la sociedad. La paz se construye tendiéndoles la mano a los campesinos, a los trabajadores, a los ciudadanos que todos los días, a pesar de las circunstancias, de las dificultades insisten y persisten en vivir dentro del marco social. Son ellos y no los otros quienes merecen la generosidad social. El doctor Londoño no es de extrema derecha; sólo son extremistas quienes empuñan las armas para matar a quienes no piensan como ellos, a quienes son obstáculos en sus planes. El doctor Londoño es un hombre que ama su país, que se dedica a la crítica política con el ánimo de construir en el debate. Un hombre culto y valiente que, a pesar de conocer la intolerancia del país donde el solo uso de la palabra es causal para que los violentos te condenen a muerte, nunca deja de expresar todo cuanto piensa, con la convicción insuperable de que Colombia puede tener un mejor destino. Lo admiro, lo aprecio y me siento honrada de compartir los micrófonos con él. Es una demostración férrea de convicción, un faro siempre vigilante y una voz que sólo teme a Dios. Qué su ejemplo nos inspire: colombianos, que el terror no nos silencie, que la violencia no nos venza. Somos un pueblo libre y no vamos a capitular por el miedo. Levantemos nuestras voces, para que sean voces infinitas, para que las oigan los terroristas en sus escondites: el terror no prevalecerá. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/prevaleceran