Mala semana

Los cafeteros tienen la razón. Dice el Gobierno que ha cumplido con los subsidios, pero eso es lo menos importante. La verdadera causa de esta crisis es la revaluación del peso colombiano: la enfermedad holandesa. Esa no es una causa exógena, como pretenden sostener los defensores del Gobierno, ni es una contingencia pasajera o casual. Se trata de una pésima política cambiaría, que ha menospreciado la importancia de la tasa de cambio. Cuando Colombia apostó por una economía con un pilar en la minería y el petróleo, era previsible que el fenómeno de la revaluación nos afectaría, más aún en el contexto de una economía abierta. Sostienen los amigos del Gobierno que la política cambiaria no puede ser una variable definitiva a la prosperidad económica. Sin embargo, todos los países en vía de desarrollo y las grandes economías tienen políticas monetarias agresivas. Nuestras medidas fueron tan malas que nuestra moneda fue una de las más revaluadas de mundo. La función encomendada al Banco de la República de controlar sólo la inflación -como si fuera la única variable macroeconómica significativa- tenía sentido en las épocas donde América Latina sufría de hiperinflaciones. En el contexto moderno semejante restricción es ilusoria. La escuela de Chicago ha mostrado cómo el crecimiento económico requiere e implica inflaciones un poco más altas. Además, la atención exclusiva a la inflación sirve como pretexto para soportar la excesiva revaluación. La macroeconomía tiene que preocuparse de la capacidad adquisitiva de la moneda, pero tiene que atender sobre todo al crecimiento. Por eso las funciones del Banco de la República tienen que redefinirse. Ampliarse para garantizar el crecimiento económico, una balanza comercial positiva y una inflación con metas coherentes a ese desarrollo. La crisis de los cafeteros es el preludio de una crisis mayor que parece acercarse a muchos sectores de la economía real, destruidos por la revaluación. Este gobierno se merece el paro, está más que justificada la protesta social, pero pretende desfigurarlo aduciendo que los políticos que lo apoyan hacen parte de la oposición. Muestra otra vez el Gobierno su desagrado por la falta de unanimidad nacional. Habrá que recordarle que la política es una forma más de expresión social, y que aun sin esos apoyos las realidades sociales serían las mismas: más de 500 mil familias no tienen sustento. Pero el Gobierno no acepta críticas. A los cafeteros les exige cesar las vías de hecho para negociar. En mi opinión, las vías de hecho jamás pueden ser justificadas, pues lesionan a los ciudadanos de esas ya afectadas regiones. Sin embargo, sorprende que sea esta la condición del Gobierno, pues este mismo cedió a las vías de hecho de los transportadores y de los estudiantes. Más aún, este gobierno no les exigió nada a los terroristas de las Farc para negociar, ni el valor de unos subsidios, sino el futuro mismo del sector agropecuario. El presiente Santos dijo que para la paz de Colombia necesitábamos a Chávez. En vista de que el Mandatario venezolano ya no está, Santos le ha encontrado reemplazo en Piedad Córdoba. Saldrá nuestro Mandatario al lado de la Marcha Patriótica a ondear las banderas de una paz con impunidad para el mayor cartel del narcotráfico, para los asesinos y secuestradores, para quienes destruyen la vida de los campesinos y los habitantes de los pueblos de Colombia. Saldrá Santos a respaldar la tesis de que las Farc están por encima de las leyes de nuestro país y del mundo. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/mala-semana

Impredecible

El presidente Santos insiste en que se levantará de la mesa de negociación en cuanto vea señales de que las Farc no quieren la paz. Su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hace casi todos los días duras declaraciones sobre las acciones terroristas y destructivas de las Farc. No es fácil descifrar cuáles son las señales que el Presidente atiende para medir el ánimo de paz, pues es claro que no son las que padecen los colombianos. ¿Será que el Presidente piensa como los amigos del proceso de paz, quienes insisten en que los actos criminales de las Farc no afectan el proceso, pues la negociación los admite? Negociar sin cese el fuego, según dicen, autoriza esas acciones, las blinda contra las críticas. Sigo sin entenderlos. Se nos dijo que las Farc tenían intenciones de paz, sin que sea claro aún qué quiere decir eso. El sentido común indicaba algo así como que habían comprendido que la violencia no los llevaría al control del Estado colombiano, que de alguna manera entendían que la violencia no lleva a nada. Lo que estamos viendo los colombianos es justo lo contrario. Es un grupo en pie de lucha, con la decisión de aumentar la violencia para obtener más y mejores beneficios. No una negociación que nos acerca a la paz, sino una que entroniza la violencia como un mecanismo eficaz. Sería bueno que Santos precise cuáles son esas señales que necesita para levantarse de la mesa. } Pero no sólo los ciudadanos somos incapaces de predecir y comprender a nuestro Mandatario. La crisis en la mesa de negociación muestra que las Farc tampoco pueden hacerlo. Santos estableció la mesa dándole de entrada concesiones a las Farc: se sentaron como reconocidos defensores de la justicia social y de los campesinos colombianos. Luego, el mismo Presidente da declaraciones en el Caguán, donde denuncia con la verdad los crímenes y los abusos de esa organización criminal. Por supuesto, las Farc no lo entienden. Lo digo sin estar de acuerdo con ese proceso, que como he dicho, me parece un error histórico que ya le ha costado mucho al país. No se puede llevar un proceso con señales ambiguas, pues se rompe la confianza. La imposibilidad de descifrar al Primer Mandatario no le hace ningún favor a la democracia. Para el póquer, que los contertulios no puedan anticipar en nuestro juego es una gran ventaja; la sorpresa es un factor importante del triunfo. Pero otro, muy distinto, es el escenario democrático donde la capacidad de predecir las acciones de un gobernante hace parte de la seguridad jurídica. La opinión pública debe tener un alto grado de certeza sobre lo que va a pasar, pues eso impacta directamente sus decisiones sobre negocios, inversiones, gastos… El Presidente tiene que entenderlo; gobernar no es de ambigüedades y sorpresas. Por el contrario, exige posturas claras y coherentes. Debe fijar límites precisos, y dárselos a conocer a la opinión pública para que sea posible anticipar sus decisiones. Además de esta característica que impide siempre predecir las decisiones del presidente, Santos tiene una peligrosa debilidad por las encuestas. Cada vez que baja toma una decisión abrupta con el propósito de impactar la impresión de los ciudadanos. Esta estrategia adolece del mismo problema ya explicado. La alta política tiene principios, no es acomodaticia ni voluble. Los cambios abruptos pueden generar un impacto favorable en el corto plazo, pero en el largo plazo esta tendencia genera incertidumbre y lesiona la democracia. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/impredecible

Sin el pan y sin el queso

La situación económica del país no es la mejor. Las cifras muestran una contracción de la producción industrial y se anuncian recortes de personal. Varios sectores, entre ellos el manufacturero, ven cercana una crisis. Desde hace un tiempo, varios expertos manifestaron preocupación por los efectos de la enfermedad holandesa. La cantidad de dólares que produce la minería iba a generar, como sucedió, una revaluación del peso. Fuimos la moneda más revaluada de la región y entre las más altas del mundo. Los productos colombianos perdieron competitividad. El Banco Central no tomó medidas agresivas. Fue lánguido en la compra de dólares y mantuvo altas las tasas de interés. Las bajas tasas en el exterior estimularon a las empresas colombianas a tomar créditos en dólares, lo que aumentó la ya excesiva presencia de divisas en el país. El resultado previsiblemente era el que hoy tenemos. Si bien el Banco se defiende y dice que cumple con su misión de controlar la inflación, el Gobierno no tiene defensa. Bien podría haber tomado medidas, incluso reformado la ley que le impone las funciones al BanRepública para ponerla a tono con las necesidades que una economía abierta, con varios TLC en operación y otros tantos en proceso. La política cambiaría en sí misma no determina el buen ritmo de las exportaciones e importaciones pero es un elemento clave. Nuestro Gobierno consideró que no era prioritario a pesar de que países en vía de desarrollo como China, incluso economías sólidas como la de EE.UU. tienen en estricto control su tasa de cambio, y vecinos con economías similares a la nuestra como Perú, se esfuerzan por controlar las revaluaciones. Ahora, cuando la crisis es inminente, el presidente pide acciones. Tarde. Como era de esperarse el agro tampoco anda bien. Este es uno de los sectores más vulnerables al libre mercado pues en todas las naciones desarrolladas tiene subsidios que hacen nuestros productos poco competitivos. Se requerían planes, políticas consistentes que le dieran al sector facilidades para la inversión y el desarrollo. El Gobierno también falló en eso. La crisis de los cafeteros es dramática y a ello se une la de los arroceros y otros sectores agrícolas agobiados por la triangulación de productos desde los países vecinos que están llevando los precios a unos límites insostenibles. Ha habido marchas para pedirle al Gobierno que actúe y tome medidas pero las respuestas han sido escasas y esquivas. Apuntarle a una economía minera era una apuesta peligrosa. Estos eran los riesgos y como si no hubieran sido previsibles, este gobierno los desatendió. Y lo que es peor, los recursos enormes de la minería -que hoy lesionan la estabilidad económica- tampoco los hemos visto. La reforma al sistema de regalías le quitó el dinero a las regiones y apenas ahora empieza a estar disponible, intermediado por mecanismos centralistas. El Gobierno Nacional poco o nada ha ejecutado y esa incapacidad también lesiona la economía. Las obras públicas -que son un motor de desarrollo en el país- están paralizadas, lo que significa crisis en varios sectores. Y qué mala hora, el precio de las commodities ha empezado a descender. Y para cerrar el cuadro, la minería de carbón, una de nuestras principales exportaciones -la segunda después del petróleo-, está paralizada: Cerrejón con una huelga y la Drummond con una sanción. Así que además de la crisis industrial, de construcción y agraria, tenemos una crisis minera. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/sin-pan-y-sin-queso-0

¿Para qué Uribe en el Senado?

Uribe fue elegido con dos mandatos: por una parte restablecer la seguridad de los ciudadanos y por otra acabar con la politiquería. La descomposición del conflicto le imponía al Estado la obligación de actuar: los otrora insurgentes se convirtieron en los herederos de Pablo Escobar. Empezaron a usar los cultivos y las rutas; y también los mecanismos terroristas y corruptores que caracterizan a los carteles. Las Farc eran entonces, como son hoy, el mayor cartel de cocaína del mundo. Colombia venía esforzándose por derrotar el narcotráfico; fueron inmolados muchos colombianos, que aún nos duelen como Galán y Lara Bonilla. Consideraban, entonces, que no podíamos ceder ante el poder corruptor y terrorista del narcotráfico. Uribe tenía el mandado de recuperar a través de la Fuerza Pública el control del territorio. En aquel entonces era dudoso que pudiera hacerse; todavía nos sentíamos vencidos y arrinconados por la violencia y el narcotráfico. La seguridad democrática demostró que los esfuerzos por recobrar la presencia del Estado sobre el territorio nacional, favorecían la seguridad de los colombianos. En eso Uribe cumplió y cambió la manera como se entendía hasta entonces la función del Estado frente a los violentos. Esa gesta parece ahora descomponerse ante nuestros ojos, los mafiosos de las Farc ahora hablan de legalizar algunos cultivos y de participar en política. ¿Por qué no tranzamos con Pablo Escobar, o con los Rodríguez Orejuela? Muchas muertes y violencia nos habríamos evitado. ¿O es que la cocaína envuelta en hojas de ‘El Capital’ de Marx se purifica? Cumplió Uribe con el legado de los mártires de la democracia colombiana, y con la exigencia de quienes consideramos que hay principios que no se negocian: el crimen debe ser castigado: así lo establece la ley de Colombia y del mundo. La otra faceta de la elección de Uribe mostraba un deseo que sigue presente entre los colombianos; el fin de la politiquería. El presidente Uribe fue elegido por la inmensa mayoría, sin ayuda de los partidos ni de los políticos; estos llegaron a última hora y se subieron al gobierno. Uribe los dejó gobernar a su lado con los resultados que ya conocemos. La posibilidad de que Uribe vaya al Senado, le abre al expresidente la oportunidad de defender desde el Legislativo sus logros en seguridad y su lucha contra el crimen. Además, y sobre todo, le otorga la posibilidad de reformar el Congreso y darle a Colombia la reforma política que añora. El presidente Uribe representaba y sigue representado la esperanza de que el Estado sea capaz de actuar: que esté del lado de quienes cumplen la ley y haga que quienes la infringen vayan a la cárcel. Es ahora, como antes, la esperanza de que la política se transforme y hacer las reformas legales que requiere la nación. El sólo anuncio de que Uribe regresa a la política, empezó a producir buenos efectos. Los partidos están buscando mejores candidatos. Y los vicios clientelistas han alejado de Uribe a esos políticos que sólo son afectos al poder. Se trata de personajes que no tienen ideología, que limitan su labor parlamentaria a burdas transacciones con el Ejecutivo que les permitan reelegirse. Esa es una ventaja de no tener poder, se depuran los aliados. El presidente Uribe no estará con los políticos, como no estuvo en sus elecciones; y no le hará falta porque tiene el respaldo de los colombianos. Le quedarán todos esos viciosos políticos a la Unidad Nacional; y los colombianos podremos decidir en las urnas derrotarlos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/para-uribe-senado

La lealtad a los principios

La arremetida violenta de las Farc es una consecuencia previsible de las negociaciones de La Habana. Un proceso que les otorga desde ya un escenario para que se exhiban como promotores de la equidad y la justicia social del campo, iba a tener consecuencias. Tienen montada una farsa para presentarle a la comunidad internacional. Pero al interior del país han decidido negociar con la técnica que les dio rédito ante los ojos del Gobierno: la violencia. Las Farc ahora asesinan, secuestran militares y civiles, decretan paros armados y vuelan pueblos con la certeza de que eso les dará mejor posición para negociar, es casi una extorsión. Eso también lo entendió el ELN, desaforado ahora en acciones terroristas para hacerse espacio en la mesa de negociación. Todos queremos la paz, no existe un colombiano que no la añore; pero cómo nos acercamos a ella determinará si podremos o no alcanzarla. Es un mensaje equivocado mostrarles a los violentos que somos capaces de olvidarlo todo, de dejar sin ningún sentido la ley, a cambio de que cesen la violencia, pues los delincuentes entienden que entre más violentos sean, más rápido y más cosas estaremos dispuestos a ceder para que se detengan. Durante el gobierno Uribe muchos llegamos a concluir y comprender que la debilidad estatal genera violencia. El Estado sólo se legitima por el permanente ejercicio de la justicia para que los ciudadanos cumplan la ley. La defensa de la población es un deber del Estado, pero es sobre todo la única forma de mantener la paz. Las faltas del Estado se suplen por poderes terribles y nocivos. Las acciones del Estado deben procurar incentivar los buenos comportamientos de los ciudadanos; es riesgoso y equivocado que los beneficios se les otorguen a quienes no respetan la ley, porque entonces es cada vez más difícil que alguien la cumpla. Se trata de una visión coherente y sensata que comparten muchos colombianos. Por eso, tenemos que celebrar que en Santa Marta se haya iniciado la presentación oficial de los candidatos del uribismo. Son figuras muy significativas en el panorama nacional y que durante este año tendrán la oportunidad de presentarle a la opinión pública sus propuestas sobre los grandes asuntos que afectan a la Nación. Seguramente el sector del uribismo prestará enorme atención a ello, pero estará pendiente de que los candidatos muestren lealtad a los principios que inspiran al movimiento que dirige el expresidente. Sugieren algunos columnistas que los uribistas exigimos una lealtad que sólo sería comparable a la de las estructuras mafiosas. Una lealtad personal, que se le ofrece al padrino sin crítica, sin cuestionamientos, que impide el desarrollo de ideas en el ceño del grupo. Aquello coincide, de cierta manera, con lo expresado por el exembajador Silva Luján, según lo cual no entiende cuáles son las razones para que Uribe esté molesto con Santos, quien simplemente -según Silva- ha seguido las líneas ideológicas del uribismo y que las diferencias corresponden al libre ejercicio de su gobierno. Los comentarios deben corresponder a la ironía, pues mal podríamos suponer que el exembajador y prestigiosos columnistas realmente no comprendan de qué se trata el debate entre Uribe y Santos. La lealtad de los principios tiene una medida simple y evidente: la predictibilidad. Si alguien se comporta de acuerdo a los principios que comparte con un grupo, en general, el grupo tiene la capacidad de predecir cómo va a actuar en determinadas circunstancias. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/lealtad-principios

Una queja al cielo

Las cláusulas de permanencia de servicios de internet, telefonía y televisión son un negocio excelente: el usuario recibe una rebaja por la instalación y tal vez un par de meses gratis de servicio y firmado el contrato la obligación cesa para las empresas y sólo subsiste para los usuarios obligados a pagar y soportar. El usuario está amarrado y puede envejecer presentando quejas contra la calidad del servicio sin que eso tenga consecuencias contra las empresas. Y si ya desesperado pretende cancelar no tiene que pagar prorrateado el costo de instalación y los dos meses; sino que debe todas las mensualidades restantes; no vaya a ser que además del cliente, se pierda la plata. Valdría prohibir las permanencias para que la competencia y la flexibilidad obliguen a mejorar la calidad de los servicios; pero eso no se les ocurre a los vigilantes (aunque la SIC acaba de multar a Telmex por éste ya continuó abuso en lo que se refiere a televisión). Cancelar los servicios es una proeza que muchos no logran. En unos provedores -como SuperCable- no reciben cancelación telefónica, ni fax; se requiere una carta por correo certificado. Otros como ETB crean una prueba de esfuerzo: se debe soportar por mucho más de 40 minutos un discurso donde sólo se hace evidente que uno estaba tumbado; que estaba pagando muchísimo más. Pero el abuso mayor se ejecuta con la anuencia de la Resolución 366 de las SIC: para cancelar un servicio los usuarios tienen que coincidir con los periodos de facturación de las empresas. Si usted, por ejemplo, presenta una cancelación el 22 de diciembre tiene que esperar hasta el 31 de enero para que se haga efectiva; y para DirectTV si cancela el 19 de diciembre aquella se ejecuta el 19 de febrero. Sí, señor, qué importa que no tenga cláusula de permanencia: pague y espere porque la SIC consideró que las empresas no tienen porqué apresurar las cancelaciones. ¡Ni más faltaba! Eso de las cancelaciones en máximo 24 horas para respetar los derechos de los usuarios es sólo para los países desarrollados. La pobre ETB asediada por tantos problemas, ha tenido que optar por unas medidas, digamos, inusuales para mantener la clientela. Por ejemplo, como sus líneas son viejísimas exigen que la cancelación se haga por los desaparecidos titulares. Después de conversar al menos 40 minutos con alguien inepto, el usuario descubre que si es un arrendatario no tiene derecho a cancelar la larga distancia; necesita autorización del ‘titular de la línea’ y como ya no existe y sólo requiere una autorización del propietario del inmueble y un certificado de tradición con no más de 30 días. Así que queda obligado a pagar indefinidamente sus ‘económicos’ planes. Y qué decir de interponer una queja ante las empresas: la página de SuperCable no funciona, y en ETB escogen qué se puede radicar; pues si la queja es frente a los trámites que exige la empresa, eso no se radica porque ellos pueden tener los trámites que gusten; qué tal. Y la SIC que no recibe quejas si las empresas no han contestado; y como esas ni siquiera las reciben: que los usuarios no se quejen. Parece un chiste, pero esta es la realidad: los colombianos estamos a merced de una mala regulación y tenemos sólo derechos ineficaces. Estos son servicios que se ha convertido en necesidades inminentes de los ciudadanos, y no existe justificación para que los entes encargados del control y la vigilancia permitan violaciones tan flagrantes de los derechos mínimos de los colombianos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/queja-cielo

Más costos del proceso

El ELN estuvo en la Habana y el gobierno castrista los devolvió porque no había autorización del gobierno Santos. El ELN volvió al país y se alista para hacer puntos y lograr un espacio en la mesa de negociación. Ataca la infraestructura, comete actos terroristas y secuestró nacionales y extranjeros para visibilizarse. Lo que está pasando es otra costosa consecuencia visible del proceso de paz. Advertimos desde el inicio de estos diálogos con las Farc que las concesiones contra los violentos -o las meras promesas- tienen un efecto muy negativo para el país. El mensaje que dio el gobierno es claro: el primer cartel de drogas, los mayores secuestradores, que construyeron y custodiaron campos de concentración para retener a los soldados y policías del país -torturados y amarrados a los árboles-, que volaron pueblos y asesinaron tantos colombianos, ahora por haber persistido durante 50 años en esa violencia, están en la Habana exigiendo la comparecencia de los ministros, decidiendo cómo debe ser el desarrollo territorial del país, examinando cómo y cuándo quieren participar en política. El mensaje lo reciben los otros grupos armados, que de inmediato buscan la manera de obtener el mismo o mejor tratamiento. No hay que ser ningún genio para entender que los otros grupos, entre ellos el ELN, buscarán la manera de parecerse a las Farc, superarlas de ser posibles, para obtener esas mismas concesiones. La debilidad institucional no es un juego; darles réditos políticos a las Farc o a los violentos, no nos acerca a la paz -como pretender hacerlo ver algunos- por el contrario nos aleja. Cada grupo hoy se siente envalentonado para persistir en el terrorismo y el delito, pues al final, podrá tener un final como el de las Farc. La famosa tregua de las Farc mostró el eventual resultado de una firma de paz. Hubo un ataque organizado por las Farc casi cada cuatro días. El mismo grupo o la disidencia estuvo comprando armas; así lo reportó un militar de alto rango del Ecuador, y estuvieron planeando atentados terroristas contra Bogotá, como lo denunció el general León Riaño. El mapa de los ataques muestra una prevalencia de la violencia en el Suroccidente -sin desestimar lo acaecido en Norte de Santander donde fueron asesinados varios comandantes de policías. Aquello parecería indicar que son ciertas las denuncias según las cuales los frentes del Suroccidente no están interesados en la negociación y que no se sienten representados por los cabecillas que están en la Habana. Dicen que la tregua fue un éxito, sin embargo la violencia -o la percepción de ella- no disminuyó. Las Bacrim, el ELN y otros voluntarios continuaron en la tarea de atormentar la vida de los colombianos. Seguimos en medio de los ataques, los muertos, los secuestros, los desplazados aumentan en el Chocó y en los barrios de Cali y Medellín. Nota: Un caso similar, mucho menos dramático, es el de Argelia donde los extremistas islámicos pretenden canjear los secuestrados por presos de sus organizaciones terroristas (en una especie de canje humanitario) ¿Será que el mundo acepta la extorsión? ¿Será que estos terroristas terminarán en la ONU decidiendo algún tipo de política internacional? Curioso que esos mismos personajes que se oponen a negociar con terroristas, celebren que nuestro gobierno lo haga. ¿Por qué será que para ellos aspiran a unas cosas y a nosotros nos recomiendan las contrarias? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/costos-proceso

¿Y el proceso de paz?

Una de las muchas razones que hemos sostenido quienes nos oponemos al proceso de paz que estableció el Gobierno con las Farc, es que aquel no nos llevará a la paz y que aún así tendrá un costo alto para los colombianos, porque debilita la legitimidad del Estado para imponer la ley y combatir el crimen. Haberle dado protagonismo internacional a las Farc, haber accedido a dialogar sobre los grandes temas del desarrollo del país, legitima el accionar violento y le otorga al narcoterrorismo réditos políticos. Este costo ya lo estamos pagando, y ya, también, empiezan a verse los primeros síntomas que muestran que el proceso no va bien. La carta de donde Mauricio Jaramillo, a nombre de las Farc, precisa el alcance de lo que ha sido el proceso entre ese grupo y el Gobierno, muestra que la confianza que tiene el Gobierno es injustificada. La carta deja muy mal parado al hermano mayor del Presidente de quien dicen que es como “todo miembro de la alta burguesía nacional que se respete, el señor Enrique Santos pasa más tiempo en Miami que en su propio país, del cual no obstante se considera uno de sus propietarios exclusivos”. Advierte que su gestión en el proceso es la de un “subordinado” cuyas decisiones y compromisos eran ignorados con displicencia por el jefe negociador. A este, Sergio Jaramillo, tampoco le va bien, pues dicen: “El tipo clásico del arrogante y presumido, siempre empeñado en hacer sentir su importancia, especialmente a los de su propio equipo”. Se suma el efecto que tendrá de la desaparición de Chávez. Es incuestionable que Chávez jugó un papel definitivo en concretar a las Farc para que se sentaran con el Gobierno. El chavismo sin Chávez no tendrá interés en el proceso, pues su prioridad será conservar el poder. Parecería evidente que dentro de la coyuntura de la fragilidad de Chávez o su inminente muerte, la voluntad popular les resultaría favorable. Sin embargo, los chavistas -seguramente- tampoco saben si Chávez se recuperará o no, ni aún el tiempo que tardará en morir y volver. Tendrán, también, dificultades en ponerse de acuerdo sobre un solo nombre, entre los líderes y sectores que conforman el chavismo. De todo aquello hay, pero tal vez, el asunto más difícil es que un líder carismático es muy difícil de remplazar. Aquello requerirá un esfuerzo sustantivo, y que por lo tanto le quita toda la importancia a la negociación colombiana ante los ojos de chavismo. La Habana y su régimen castrista disminuido en su importancia, habían encontrado en el proceso una vitrina para ganar visibilidad ante la comunidad internacional. Pero la eventual desaparición de Chávez cambia las prioridades de los cubanos. Es bien sabido que el régimen cubano vive del petróleo y sin él tendrán muchos problemas económicos. Será para ellos ahora una prioridad ayudarle al chavismo a mantener el poder y dejarán de prestarle atención a la negociación. Finalmente, las declaraciones de Sigifredo López, que sostiene que el Gobierno está negociando con el 30% de la organización y que los frentes del Suroccidente no hacen parte del proceso. Aquello coincide con las informaciones anteriores a la negociación, donde se decía que la estructura de las Farc estaba rota. También con aquella situación de la cual fuimos testigos los colombianos: los comandantes desde La Habana decretaron una tregua que no fue obedecida por los milicianos, ni sus comandantes. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/y-proceso-paz

Preguntas para este año

El año se inicia con muchos retos que no serán fáciles de resolver, pero sobresalen algunos. Los problemas de la economía estadounidense determinan el comportamiento de las economías latinoamericanas, de las cuales el país del Norte es un socio comercial principal. Si bien Obama avanza en la aprobación de alivios concertados con el Congreso cabe preguntarse, ¿cómo podrán conciliarse diferencias ideológicas de fondo, que son el sentido mismo de la existencia de dos partidos? Más aún, con la victoria de los demócratas, ¿las políticas de corte asistencialista -que pretende el Mandatario- agravarán el déficit fiscal aún más? ¿Podrán los EE.UU. soportarlo? El 10 de enero se ha convertido en una fecha de gran importancia en Venezuela; la oposición insiste -y con razón- en que el país debe conocer la verdad sobre el estado de salud del Presidente. Sin embargo, los chavistas -fieles a los regímenes que les gusta el misterio y que se soportan en estructuras personalistas del poder- ocultan la realidad, distorsionan la información y mantienen al país sumido en la incertidumbre. ¿Qué pasará si Chávez no se posesiona? ¿Hasta cuándo podrá el chavismo ocupar el poder sin haber posesionado al Presidente? ¿Cómo podrá la oposición lograr que se respeten los procedimientos democráticos y se realicen elecciones cuando la estructura institucional ha sido reformada y condicionada para ser leal a la revolución ‘bolivariana’? En el escenario también estamos ad portas de elecciones en Ecuador donde Correa -pese a los escándalos que ha provocado su insistente manera de violar la libertad de expresión- inicia la carrera presidencial como favorito. En Colombia todavía recordamos la gravedad de los indicios del computador de ‘Raúl Reyes’, donde se mostraba su apoyo al grupo terrorista y la financiación de su campaña con dineros provenientes de las drogas, el secuestro… ¿Qué es lo que mantiene a Correa en sintonía con los ecuatorianos? En Chile, Michelle Bachelet parece favorita; su llegada pondrá a prueba las protestas estudiantiles. Aquellas aparecieron frente al gobierno de derecha, pese a que la estructura de las universidades y la educación llevaban mucho tiempo así. ¿Protestarán los estudiantes contra la Bachelet; o eran protestas contra el ejercicio del poder de una ideología que no comparten? En Colombia hay que reconocerle al Gobierno un esfuerzo en los últimos días por combatir la delincuencia en el país, haber aprobado el fuero militar e intentar mostrarse contundente militarmente contra las Farc. Sin embargo, sorprende que el Presidente insista en atribuir el sentimiento de inseguridad con el que vivimos los colombianos bajo su gobierno, a una percepción injustificada. Hoy en día los violentos han recuperado el control sobre bastas áreas del territorio. Ahí, con sus armas, dominan y mandan. No hay tantos muertos, porque no hay enfrentamientos; el Ejército no llega y los civiles deben someterse a ese poder ilegal: obedecer sus órdenes, su mando, incluso someterse a los decretos de paro armado. ¿Esta disminución de los homicidios significa seguridad? Y continúan las negociaciones para otorgarles poder político a los violentos; ¿se convertirán los otros grupos armados ilegales en sucesores de las Farc, para que dentro de 50 años de lucha también otros gobiernos débiles les otorguen beneficios? ¿Se consolidará la violencia como mecanismo para obtener efectos políticos? ¿Vamos a seguir por la senda de que los violentos nos dicten las políticas estructurales del país? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/preguntas-para-este-ano

Deseo de fin de año

Tuve un profesor en el colegio del que aprendí muchas cosas; fue mi profesor durante varios años, de español y también de filosofía. Enseñaba en el colegio de las monjas Josefinas, y si recuerdo bien, era profesor del Inem y de algún otro colegio de Popayán. Siempre iniciaba el año con una reflexión sobre lo que le pedía al curso; no a las alumnas, ni al colegio; sino a esa sumatoria de esfuerzos suyos y nuestros, a esas interacciones y esos diálogos. Era siempre un discurso elocuente que en mucho superaba nuestra capacidad de comprensión. Era enigmático y sonaba muy profundo. Fueron misterios que atesoré, como tantos otros momentos, con la ilusión de que algún día llegaría a descifrar algo de su significado que ya presentía valioso. Sin pretender tal virtud en mis reflexiones, hoy cuando vamos a iniciar otro año más, quiero compartir con los lectores una sola palabra que todavía resuena en mi memoria desde el ya lejano séptimo grado: humildad. Ya he olvidado sus palabras exactas, las frases que la justificaban, pero me queda esa sensación de sorpresa que me causó cuando Eduardo Camargo, mi profesor, le pidió al curso que le concediera al menos algo de Humildad. Qué pequeña palabra para tan gran virtud. Esa de saberse limitado y falible; aquella que exige escuchar a los otros porque los reconoce como iguales. Esa que nos obligaría a no ser excesivos, ni mezquinos, ni soberbios. Valor que exige el poner a prueba en todos los pensamientos, someterlos al juicio de los otros, a saber siempre que nuestras ideas son sólo opiniones. Buena falta nos hace la humildad en este país sumido en una contradanza donde se dan dos pasos adelante y dos atrás, donde las fuerzas políticas a veces son mezquinas y tramposas y a veces son un ejemplo vigorizante. En esta nación donde algunos se creen con el derecho de implantar sus ideas por la fuerza y otros simplemente utilizan las armas para vivir sin reglas; hay también otros que persisten en vivir entre los límites y respetan las filas, los semáforos, las normas simples para demostrar que la vida en sociedad exige siempre el esfuerzo. En el país de los abismos entre las riquezas desaforadas e ilegales y las absurdas pobrezas espirituales; en estas tierras donde el sol, la lluvia, las nubes y el viento está presente todo el año. Tantos contrastes parecen confundirnos hasta los límites ridículos de volvernos ciegos. Dejamos de ver a los otros. Ya no sentimos sus alegrías, y menos sus sufrimientos; no vemos sus caras en las calles, ni sus sonrisas, sus disgustos o sus miedos. Sea esta una plegaria para que todos los colombianos recibamos el regalo de la humildad. Esta virtud que encierra tantos misterios como fuerza, guarda una íntima relación con la capacidad de ver al otro. Ese que aun sin que lo sepamos, sin que lo notemos, se afecta con nuestros actos y con nuestras negligencias. Humildad para saber que nuestros deseos, nuestros afanes, nuestros anhelos, hacen parte de una larga lista, donde estamos incluidos todos. Y que todos los beneficios que obtenemos por las vías cortas, están siempre afectando a ese otro que sí estaba haciendo la fila. La humildad invita siempre a la paciencia, pero jamás a la derrota. Quien es humilde sabe que puede estar equivocado, pero no por eso cesa. Persiste en avanzar siempre alerta para respetar al otro, siempre atento para descubrir sus propios errores; porque quien es humilde jamás podría justificar dañar a otro. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/deseo-fin-ano

Tres sombras

Esta semana reaparecieron tres sombras sobre la realidad nacional. La economía no creció como se suponía que lo haría; dice el Gobierno que se explica por la baja en la construcción. Es una manera solapada de culpar a Petro, pues el Gobierno viene insistiendo que las complicaciones que ha impuesto la Alcaldía han detenido el crecimiento de la construcción en la capital. Si bien el argumento tiene algo de razón, hay otras señales que no pueden pasar desapercibidas. El recaudo tributario ha empezado a retroceder, aquello muestra que las empresas y las personas no están solventes. Los indicadores sobre el crecimiento industrial no son alentadores. El Gobierno que ha insistido en que todo está bien, ahora dice que precisamente por eso presentó la reforma tributaria. Por otra parte terminamos el año embarcados en una mesa de negociación con las Farc. Algunos siguen ilusionados en que aquello nos acerca a la paz. Otros sentimos que el solo hecho de haberle dado interlocución a un grupo tan temible de narcoterroristas está dándole vigencia a la idea de que la violencia puede tener réditos políticos. Fedegan no asistió al Foro que habían programado la Universidad Nacional y la ONU. Santos calificó a su presidente como irracional, en tanto que ‘Iván Márquez’ lo tildó de paramilitar y lo acusó de intentar sabotear el foro y el proceso. ¿Qué tal las Farc intentando señalar, cuando sus manos están llenas de sangre de los colombianos? La estigmatización que intentan hacer las Farc es ridícula: ellos el mayor cartel de tráfico de drogas y los autores de crímenes como secuestros, voladura de pueblos, de infraestructura, asesinatos, extorsiones… En Colombia todos las organizaciones y grupos económicos han tenido infiltración de algún grupo ilegal; eso no convierte a esos grupos en cómplices de las atrocidades de los que pretenden poder a través de las armas. Las razones que tienen los ganaderos para no ir son válidas y hacen parte del debate democrático. ¿Qué pensaría el sector financiero si tuviera que enfrentar una eventual expropiación por decisión de las Farc? ¿Qué, los empresarios, los constructores o los médicos? Todos queremos la paz, en especial los ganaderos que han sido una de las mayores víctimas de las Farc, pero eso no necesariamente tiene que llevarlos a darle a la guerrilla la vocería para opinar o decidir cómo debe ser el desarrollo agropecuario del país. El Gobierno no puede pretender que los verdugos vengan ahora a jugar de redentores, menos de jueces morales. La ley que proscribe y castiga esos terribles crímenes que han cometido las Farc debe aplicárseles; eso es lo que piden los ganaderos, y con ellos varios colombianos. La terrible sentencia de La Haya que nos despojó en un solo golpe de una fracción muy importante nos mostró la precariedad de nuestra diplomacia. Nuevamente la Nación resultó condenada en las Cortes Internacionales, por hechos que han sido bien conocidos en el país, por ser una farsa. La condena por el supuesto bombardeo a Santo Domingo lesiona el buen nombre de nuestras instituciones, y como lo han señalado muchas voces se sospecha de ONG que se han dedicado a buscar la manera de obtener recursos a través de las demandas al Estado, incluso con falsas víctimas. Es hora de que Colombia abandoné los tribunales internacionales. No nos va bien; basta recordar que el abogado para este importante caso se nombró dos días antes de que vencieran los términos para presentar los alegatos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tres-sombras

Fuero Militar

La aprobación del Fuero Militar ha generado mucha polémica, sobre todo entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. La catalogan como una reforma que garantiza la impunidad. Nada más tendencioso. El Fuero Militar es una forma de presunción de inocencia más fuerte que la de los particulares. Se trata de asumir que las acciones de un miembro de la Fuerza Pública hacen parte de sus operaciones; y se le da el beneficio entonces, de que sean un tribunal militar el que evalué si fue o no así, y de serlo lo juzgue; de no serlo lo envíe a la Justicia ordinaria. Es una garantía necesaria y justa. La Fuerza Pública en Colombia no sólo porta las armas como símbolos de defensa del régimen constitucional, sino que se ve en la obligación de usarlas para repeler los ataques de grupos ilegales para apoderarse del Estado y someter a la población. Las condiciones de esa vida -que no es fácil, ni suntuaria- aumentan los riesgos de quedar inmerso en hechos que involucran muertes y violencia. Es evidente que un error de quien carga armas causa un gran daño. Además las condiciones de sentirse vulnerable, amenazado, en estado de zozobra por la posibilidad de un combate, aumenta la posibilidad de que se cometan esas fallas. Esos riesgos que asumen a nombre de la Nación, deben generarles unas correlativas garantías. La Nación tiene que aportarles respaldo, pues es ella, y no los militares quienes se benefician de esa actividad. Lo cierto es que los militares sienten que existe una guerra jurídica en su contra, y que la están perdiendo. Para mostrarlo señalan que hay más militares presos que paramilitares y guerrilleros. Así también, relucen las sentencias de jueces que les niegan cualquier beneficio a los militares aduciendo la peligrosidad del sujeto, que se demuestra con la lista de cursos de combate y de condecoraciones. Se los acusa de ser máquinas de matar que no pueden gozar de los beneficios que se les dan a las personas ordinarias. Otras donde los jueces desfogan sus prejuicios contra el Ejército al que califican, sin miramientos, de ladrones y asesinos. Casos como los de Plazas Vega, donde el Magistrado encargado tomó tiempo exclusivo para estudiar el proceso, y luego de un año de estudio, concluyó que era inocente. Los otros, sin haber estudiado el caso, negaron la ponencia y en pocas semanas lo condenaron. Cabe resaltar además que uno de esos magistrados había militado en la política de izquierda y había sido derrotado hacia poco tiempo en las urnas. Más aún, la Justicia ordinaria tampoco ha sido eficiente. No hay casi sentencias, los procesos se dilatan mientras los militares siguen detenidos, aún con los términos vencidos, con recortes en sus sueldos que les impiden mantener a sus familias. Pasan militantes de los partidos de izquierda a visitarlos para ofrecerles beneficios si acusan a sus superiores –en especial a aquellos con reconocida trayectoria en el combate. Aunque otros sostienen que no existe la guerra jurídica, lo cierto es que la Fuerza así lo siente, y para mantener su ánimo es fundamental darles garantías. Las Fuerzas son las primeras en querer evitar la impunidad, pues no existe en ellas una agenda criminal. Hay fallas, errores, casos aislados; que las propias fuerzas han venido corrigiendo. Han demostrado de manera constante su compromiso por mejorar, proteger los derechos humanos, y dar la guerra cumpliendo todos los preceptos de la ley y de los códigos de honor que los inspiran. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuero-militar

No perder de vista

Las negociaciones de paz avanzan sin que le importen ya a muchos colombianos. Parece natural que los colombianos pierdan el interés sobre el proceso, porque nuestra agitada realidad nos desvía hacia otros temas, además de la escasa esperanza que suscita. No es menor que nuestro Gobierno esté negociando a puerta cerrada con unos de los narcoterroristas que han venido desangrando a Colombia. Los negociadores del Gobierno mantienen hermetismo sobre lo que se está pactando. ¿Se tratará de una revolución por decreto? ¿Es cierto que ya se negocian los términos de la amnistía? ¿Qué pactó sobre desarrollo territorial esa mesa? En La Habana, las cabecillas del secretario se bajan con soberbia de los BMW rodeados de camionetas, cargando el maletín Louis Vuitton, el Mont Blanc. Exigir consistencia entre el discurso y las actuaciones se vuelve especialmente importante en este caso, pues muestra la sinceridad de los negociadores, de sus discursos. No son sólo maletines y bolígrafos que sin duda todos necesitamos, los que llevan son los símbolos de la opulencia capitalista. Esas marcas tienen como propósito mostrar riqueza, relievar la desigualdad; esa que los ‘guerrilleros’ tanto critican. ¿Lo que les molesta no es la exclusión general, sino la propia? ¿Lo que buscan es lograr beneficios para ellos? ¿Ese será el sentido de esta negociación, favores para los del secretariado? Tenemos que atender a los hechos de esta negociación, pues su sola existencia ya nos cuesta mucho como sociedad. El Estado pierde la legitimidad para imponer la ley a sus ciudadanos, luego de que decide darle justificación a la inaplicación de la ley que prohibe el secuestro, el terrorismo, el asesinato; los más atroces crímenes… En tanto que las Farc ya obtuvieron beneficios: los micrófonos. La estrategia de manejo de medios internacionales se desarrolla bien desde La Habana; las Farc mienten como siempre lo han hecho. La discusión sobre si las Farc tienen o no secuestrados es ridícula, y ofensiva para las organizaciones civiles que desde hace mucho hacen seguimiento y reportan el número de víctimas. Niegan los secuestrados porque saben que la comunidad internacional no será tan laxa como nuestro Gobierno a la hora de juzgarlos por sus crímenes. Eso mismo pasa con la supuesta tregua; anuncian el cese al fuego para que sea titular en algún periódico internacional que se conforma con esa información y no publica ya los muertos, las explosiones, los heridos que nos dejan sus incesantes ataques. Colombia no puede ser cómplice; no puede caer en el debate; no en la desafortunada alusión de que “hay que creerles”, porque no existe ninguna razón para hacerlo, y existen, en cambio, muchas para no hacerlo. Algunos consideran que la discusión sobre el secuestro ya no tiene tanto valor porque el número de secuestrados, en algunos cuentas, ya no supera la centena. Es un problema casi superado, sostienen. El número carece de importancia; porque lo relevante es lo inalienable del derecho a la libertad; la gravedad de un hecho que rompe los mínimos de respeto por un ser humano. La maldad de los autores del delito no disminuye por el número de sus crímenes. El paso del tiempo no borra el daño causado; los miles de colombianos apartados de sus familias, encadenados, sepultados, torturados. El cinismo de las Farc llega a extremos impensables y la Nación debe estar atenta porque no puede convertirse en alcahueta. Hay mucho en juego: nuestro futuro. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/perder-vista

¿Justicia internacional?

La justicia es un valor fundador de la convivencia social. Colombia sigue rezagada en la consolidación de una rama jurisdiccional que le dé confianza a los ciudadanos, y que resuelva de manera oportuna, con los criterios establecidos en la ley, los conflictos sociales. Esta insuficiencia interna ha tratado de ser compensada utilizando justicias externas. Fue así, como en la época donde fallábamos a la hora de condenar a los narcotraficantes, buscamos el respaldo -aún muy usado- de la justicia estadounidense. Las extradiciones se convirtieron en una justicia subsidiaria que aplicábamos a través de las instituciones del país del norte. A veces parece que este mismo afán de buscar justicia nos ocupa al haber ingresado a los tribunales internacionales. Es una manera facilista de solucionar un problema de fondo en la jurisdicción colombiana: en el exterior, ante otros jueces, conseguiremos la añorada justicia. Sin embargo, a diferencia de la extradición, en esas cortes el condenado resulta siendo el Estado colombiano y a través de él, todos los ciudadanos. Nuestros impuestos, sin criterios de estabilidad fiscal, tienen que pagar abogados, condenas y el buen nombre de nuestro país sometido al escarnio internacional. El sistema de cortes internacionales, todo él, no le conviene a Colombia. La salida del Pacto de Bogotá debe estar acompañada por la denuncia de todos los demás tratados que nos vinculan a esa y a otras instancias internacionales. Esto no significa, por supuesto, que nos convirtamos en un país sin relaciones internacionales; simplemente le devuelve a la diplomacia colombiana la función de buscar soluciones concertadas para los conflictos internacionales que se presenten. No tenemos la capacidad de asumir con éxito esos procesos; cada vez somos condenados con gigantescas sumas de dinero sin que prevalezcan la verdad o la justicia. Los abogados se nombran a última hora, lo vimos en el caso del Palacio de Justicia designado cuatro días antes del vencimiento de los términos. Las estrategias son confusas, como en el caso de La Haya. Se hacen de espaldas al país y a puerta cerrada de manera que los otros abogados internacionalistas e historiadores que de buena gana aportarían, quedan excluidos. Al mismo tiempo, algunas de nuestras defensas muestran fallas protuberantes, como la condena a nuestro Estado por la masacre de Mapiripán, donde ni siquiera se tomaron la molestia de investigar a las supuestas víctimas, algunas de las cuales resultaron siendo falsas. (A propósito de lo cual existen las denuncias de la madre de una de las falsas víctimas que señaló que el Colectivo de Abogados sabía que sus hijos no estaban muertos sino desaparecidos; ¿Dónde está la investigación? ¿Las sanciones?). Un país desordenado y caótico como el nuestro, con una economía apenas floreciente, se somete a ser derrotado luego de pagar sumas exorbitantes de dinero en defensas que terminan en que tenemos que pagar millonadas en condenas. Los esfuerzos de nuestro país deben encaminarse en reformar la Justicia nacional de manera profunda, para que garanticemos a todos los colombianos, sin excepción, el acceso a ese servicio. Esa es la función esencial del Estado, no podemos delegarla en desmedro de nuestra propia soberanía, ni podemos cederla ante nuestra incapacidad. Nota: Agradezco a la Sociedad Colombiana de Prensa, en cabeza de su presidente Alfonso López Caballero, su generosa distinción con el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen; y a los lectores y oyentes que me enaltecen y estimulan con su respaldo. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/justicia-internacional

¿Desacatar el fallo?

No se trata, como sugieren algunos, de una molestia por un fallo que no nos favorece. Todo proceso judicial tiene resultados desfavorables para una de las partes. Es la esencia del litigio. La sentencia de la Corte de La Haya tiene varios problemas, con diferentes niveles de complejidad. Algunos se quejan de que la defensa que presentaron los abogados no fue adecuada, otros insisten en que nunca debimos aceptar la jurisdicción de la Corte. Aquellos bien pueden ser interpretados como argumentos propios de quien no está conforme por una derrota judicial. Se trata de apreciaciones sensatas, pero sobre las cuales cualquier argumento es ineficaz, pues retrospectivamente todo parece claro y el tiempo donde eran útiles ya pasó. Vienen luego observaciones sobre el fondo jurídico de la decisión. Entre todas la más significativa es que el fallo interfiere con varios tratados firmados con otras naciones -que no fueron parte en el proceso. Aquel sería un grave error que violenta principios esenciales del derecho en derecho y tendría que ser subsanado mediante los mecanismos disponibles. Sin embargo, el problema de estas aguas territoriales sobrepasa estas preocupaciones y nos avoca a un problema político de fondo. San Andrés es un archipiélago cuyos raizales tienen una noción de su territorio consolidada históricamente. Como un pueblo tienen derechos, y han venido desde hace mucho tiempo ejerciendo soberanía sobre su territorio: un archipiélago. La noción del archipiélago no se limita a las rocas o los cayos; los isleños tienen una simbiosis entre la tierra sobre la que se asientan y los mares que los rodean. Los cayos, rodeados de 12 millas de mar, en medio de aguas extranjeras carecen de valor real, es un desmedro del concepto mismo de archipiélago, es una afrenta contra los raizales. Del otro lado, están La Haya y la organización de la ONU creadas por quienes creyeron que el mundo puede ser mejor, que la convivencia pacífica es posible, que el Gobierno de las naciones puede superar el egoísmo de los Estados. Sin embargo el sueño no tuvo un desarrollo feliz. La diplomacia internacional se ha convertido en una burocracia bien nutrida e ineficaz. Naciones Unidas es incapaz de solucionar los grandes conflictos que afligen al mundo; basta recordar las sanguinarias matanzas de Siria, el enriquecimiento de uranio que adelanta Irán y que seguramente terminará con otro país con bomba atómica, el conflicto palestino-israelí. Todo se desarrolla sin que la ONU pueda o se decida a tomar acciones. Los sistemas de juzgamiento de los países, según muchos analistas e incluso miembros de esa diplomacia, se han dedicado a perseguir los crímenes de los Estados pequeños; contra las grandes potencias no hay causas, y si las hay estas no las aceptan. Hay ocasiones en que el sistema internacional parece diseñado para ejercer alguna forma de neocoloniamismo, donde los controles que pretenden las grandes potencias se disfrazan. Aún si todas estas críticas son exageradas, vale decir que Colombia sólo ha tenido derrotas ante estos tribunales. Nuestra diplomacia no se ha ajustado a las realidades de que conforman este escenario. Perdemos demandas, con ellas recursos y ahora territorio. La lección, algo utilitarista, es que por ese mismo camino seguiremos. Es mejor dejar el Pacto de Bogotá, y tratar de avanzar por vías alternativas para resolver nuestros problemas. La conciliación y la capacidad de negociación no requieren de tribunales extranjeros, sino de voluntad y coherencia política. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/desacatar-fallo

Regulación o catástrofe

El problema del servicio de celular en Colombia está llegando a extremos inaceptables. Los operadores son descuidados con sus clientes, con la calidad del servicio e incluso indiferentes a las condiciones de ese mismo servicio en el exterior. La Super recibe cien millones de quejas contra los operadores al mes. La cifra es tan exagerada que parece mentira; pero todos los que tenemos un celular sabemos que son ciertas, y que serían más si todos fuéramos un poco más diligentes. La naturaleza del servicio de celular se transformó; ya no es un servicio suntuario o laboral, ahora es fundamental. Comunicarse y estar interconectado es una necesidad a la que ya nadie puede ser indiferente; hace parte de la vida moderna, tanto como el agua, la luz y la recolección de basuras. Es un servicio público esencial y como tal debe ser entendido por sus operadores y los entes que los controlan; implica una enorme responsabilidad para ambos. La naturaleza irremplazable e imprescindible del servicio de telefonía celular implica una aproximación distinta, de la cual estamos muy lejos. La manera cómo actúan los operadores se parece a un cartel; no compiten entre ellos. Las reglas del mercado no se les aplican, ni los usuarios reciben los beneficios de la competencia. Es evidente que hace falta regulación. La naturaleza esencial del servicio exige límites de los operadores; los usuarios ya no tienen la opción de prescindir del servicio y eso los hace propensos a soportar abusos para mantenerlo. Los trámites frente a las empresas son engorrosos, exigen tiempo y paciencia que pocos tienen. Esas dilaciones sólo benefician a las empresas que ganan y siguen ganando aún con la pésima atención. Las cláusulas de permanencia se han convertido en una herramienta útil para mantener los clientes a pesar de la precariedad del servicio. La cláusula obliga a los usuarios a quedarse y libera a las empresas de le necesidad de competir, de mejorar su servicio y ofrecer mejores tarifas. La mayoría de los clientes están cautivos y entonces el sentido mismo de la competencia se rompe: no hay cómo protestar. Y qué decir de las dificultades que supone pasar de un operador a otro; es demorado y tedioso. El límite de las cláusulas de permanencia debería ser de seis meses para que no se den tantos abusos. Se requieren cuentas claras sobre el valor de los equipos y los subsidios que se reciben. Es fundamental que se puedan comprar equipos sin líneas, a precios competitivos, para que los usuarios tengan poder de negociación. Es necesario que el impulso de esta industria en el mercado global se refleje en nuestro país. Tenemos tarifas caras comparadas con otros lugares del mundo. Además, tienen que existir mecanismos más sencillos para los trámites: internet y teléfono debería haber capacidad de hacer todos las operaciones. Las quejas sobre la calidad del servicio tienen que tener consecuencias concretas sobre los operadores y rebajas para los usuarios. Y aún con todo ello, sería necesario continuar en la imposición de límites para que la iniciativa privada -extractiva- no se torne abusiva. No se trata, como dicen Movistar y Tigo, simplemente de controlar la posición dominante de Claro. Hoy esa empresa pasa por un mal momento, pero el servicio de las otras dos es tan parecido en lo negativo que no logra arrancarle los clientes. Hay un problema de fondo; requiere regulación bien pensada y controles por parte de las autoridades. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/regulacion-o-catastrofe

El paro judicial

El paro judicial se le ha ido complicando al Gobierno. Es a todas luces un paro ilegal, porque las suspensiones de los servicios públicos esenciales, lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La administración de justicia es uno de los pilares constitutivos del Estado; es justificación de la existencia estatal, y al mismo tiempo, una necesidad inaplazable de los ciudadanos. En consecuencia los derechos de protesta –tan importantes- tienen que ceder ante la importancia capital del servicio que se presta. Aquello no parece importarle a los funcionarios de la rama, más preocupados por sus condiciones laborales –que no son malas- que por el cumplimiento de la delicada misión que se les ha encomendado. Sin embargo, los defectos de este paro judicial van mucho más allá. Colombia viene desde hace mucho sufriendo una rama jurisdiccional ineficiente. Se ha culpado al sistema legal, reformado hasta los límites de lo pensable sin que se consigan mejoras significativas. El problema no es la ley, ni los códigos, lo cierto es que los operadores judiciales no tienen suficientes conocimientos en derecho, los domina una costumbre de dilación, de postergar y no resolver. Por eso los colombianos se muestran muy insatisfechos con la calidad de la justicia en Colombia. Y vale decir que un buen servicio de justicia es esencial para la consolidación de la democracia y una sociedad pacífica. Es natural en la convivencia el conflicto, hace parte de la interacción humana; lo que define los niveles de civilidad es precisamente la manera como se resuelven. No es descabellado sugerir que la ineficiencia de la justicia se convierte en causa de violencia en Colombia; la gente se ve obligada a buscar mecanismos para resolver sus conflictos por fuera del sistema. Conviene señalar que los costos de los que se habla son sólo para el reajuste, pero de ahí en adelante los colombianos tendremos que seguir pagando esos nuevos y altos salarios. Además de tener que asumir pensiones con esos nuevos sueldos, e incluso demandas donde otros funcionarios judiciales ya jubilados, invocando el principio de igualdad busquen mejoras en sus pensiones. Una mejora de los salarios podría, eventualmente, mejorar la justicia siempre y cuando se flexibilice la entrada y salida de funcionarios. Deben existir mecanismos para que cada dos años se abran convocatorias para que nuevos profesionales compitan por esos cargos. Nuevos salarios sí, pero si se hacen con una flexibilización laboral profunda que permita renovar la nómina, y escoger los mejores. Aumentar los salarios para seguir teniendo un pésimo sistema de justicia es sencillamente inaceptable. En un país que tiene uno de los desempleos más altos de Latinoamérica, con unos índices de pobreza significativos y preocupantes, no parece adecuado que los funcionarios de la rama jurisdiccional sostengan que requieren un reajuste para ser más parecidos a los altísimos salarios que tienen los magistrados de las altas cortes. Los jóvenes que cada año se gradúan y no consiguen empleo, así como tantos otros colombianos deben tener la oportunidad de competir para acceder a los cargos de la rama jurisdiccional, más aún de toda la burocracia estatal. El defecto del sindicalismo es que toma la vocería del pueblo para defender intereses particulares, de grupos ya beneficiados. Este es un país hay muchos colombianos capaces desempleados. ¿Por qué defender los derechos de unos pocos, en vez de buscar mecanismos para que los mejores sean premiados con los cargos? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paro-judicial

Respeto a las minorías

El fenómeno de las minorías colombianas es muy interesante, a veces parece que ciertas minorías tienen más derechos que las mayorías, y otras veces, pareciera que sólo algunas minorías califican como tales. Los colombianos no nos exigimos consistencia en nuestras posiciones. En varios discursos predomina la incoherencia sin que expositores se sonrojen, parece que ni siquiera lo notan. Los opositores a los toros, por ejemplo, consideran que el sufrimiento animal es argumento suficiente para que los amantes de los toros se vean obligados a abandonar su práctica. No les basta saber que pueden ellos optar individualmente por no verlas o incluso ser más consistentes y pasar a una alimentación vegetariana, que elimine el asesinato de los animales destinados a ser carne. Quieren que sea la sociedad entera la que repudie el sufrimiento animal. Sin juzgar los argumentos, podemos observar que ese grupo de personas coincide, en general, con aquellos que consideran que el aborto debe estar permitido, y que califican de godos y retrógrados a quienes se atreven a contrariar esa impresión. No califican como sufrimiento animal el del feto. Es curioso que aquellos que abogan por el reconocimiento de los derechos de un grupo que consideran marginado -los animales-, no vean que hay otros grupos que tienen la misma causa de incluir a quienes consideran también dignos de ser considerados y protegidos por la ley -los fetos. Los católicos practicantes son, evidentemente, una minoría entre la mayoría católica laxa. Esta minoría pretende que se incluya bajo la protección de la ley al feto, que se le otorguen derechos. Así también, quienes propenden por darle reconocimiento a los animales, para que la ley también los cobije. Dejo de lado mis convicciones personales, para sólo observar que el debate es positivo. Me parece bien que haya grupos que se opongan al aborto, que defiendan al feto; como me alegra que haya quienes sienten que los animales merecen reconocimiento; sin embargo no corresponde a ellos, a una Corte o a un Alcalde el zanjar el asunto. Es un debate social de hondas repercusiones porque se refiere a la concepción del mundo, a la jerarquización de los derechos. No les corresponde a unos pocos imponer su criterio. El tema incluye asuntos que vienen de tiempo atrás y cuya tensión se mantiene; para preservar unas tradiciones, cuyo valor histórico es incuestionable, se transgreden los derechos de ‘otros’, ya reconocidos dentro del sistema. Es el caso de las niñas de ciertas comunidades indígenas donde se practica la ablación (casi le cuesta la vida de una bebé de 10 meses en Risaralda). ¿Acabarán esas tradiciones? La interacción social está llena de conflictos, y la historia está plagada de casos donde el otro no es reconocido. Hubo y hay momentos donde hombres por motivos de raza fueron excluidos y maltratados; o por motivos de su inclinación sexual, por género, por completitud; incluso seres sin derechos por ser de otra especie. Definir quiénes están dentro de esa difusa categoría de ‘el otro’ constituye el debate mismo de los tiempos. Así lo debemos entender, y apreciar como a veces el espectro de otro se amplía, y a veces se limita. Es un debate difícil que no cesa nunca, los grandes momentos de la historia están marcados por el intento de reconocerle a algún grupo, derechos que no tiene. En eso hemos avanzado, a veces retrocedido, pero pareciera que el espectro se amplía, tal vez lleguemos un día a reconocer los derechos de todos los seres vivos, o de las meras cosas. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/respeto-minorias

La U: que se la quede Santos

El Partido de la U habilidosamente ha sabido mantener a Uribe cerca; le aseguran que siguen firmes en los principios que inspiran al Uribismo, y que apoyan al Gobierno porque el expresidente los ha dejado solos. Claro que hay congresistas buenos en la U, que defienden sus regiones y sus ideas, pero esos son los menos. La mayoría utilizaron a Uribe para elegirse, y utilizan a Santos para obtener réditos políticos propios. Les gusta andar con la mano extendida pidiéndole mermelada al Gobierno, recogiendo sobras de poder para edificar sus pequeños fundos electorales. No respetan el querer de sus electores, su compromiso es con la burocracia, no tienen convicciones ni una visión de país. En ese contexto, se abre una gran oportunidad para el Uribismo: dejarle ese partido a Santos; al fin y al cabo se parecen más. Uribe no ha necesitado nunca de los políticos. En su primera elección ganó solo, los políticos llegaron cuando su victoria era un hecho. La segunda reelección también la hizo sólo; los partidos de la coalición Uribista se sentían excluidos y se quejaban de la baja participación que tenían; incluso se rumoraba que Uribe los excluiría del poder en su segundo mandato. El presidente Uribe es la única persona en el país que podría intentar un experimento que puede transformar la política colombiana. Si Uribe encabeza una lista única al Congreso y selecciona un grupo de personas comprometidas con su visión del país, de hojas de vida limpias, con ideas, con proyectos, con fe en el futuro, el siguiente sería un Congreso diferente y mejor. Mockus intentó algo así, pero su prestigio no fue suficiente en la Nación. Uribe, en cambio, podría elegir sin dificultades un amplio grupo de parlamentarios distintos; que le devuelvan al Congreso su legitimidad, que le impriman ideas al debate nacional. Una decisión así del presidente Uribe, le devolvería al Uribismo la oportunidad de crecer con líderes que sí lo representen. Además le daría seriedad a la relación con la Presidencia; si el nuevo presidente es Uribista habrá un grupo político serio y consolidado que lo respalde, pero también capaz de contenerlo y exigirle. Si el Uribismo pierde la Presidencia, tendrá la opción de ejercer una oposición seria y consistente. Los beneficios serían también para la democracia colombiana. El Congreso es una institución desprestigiada pues no es capaz de asumir los debates que le corresponden; se ha vuelto un apéndice de los gobiernos y se limita a aprobar proyectos. Si el número de congresistas capaces de resonar en la opinión se aumenta, habrá más equilibrio de poder y más coherencia ideológica en los gobernantes; habrá debate político. El presidente Uribe es un demócrata y por eso le cuesta mucho imponer candidatos y escoger como si fuera mesías. Él prefiere apoyar los liderazgos existentes porque ve en ellos la concreción de la voluntad popular. Sin embargo, las difíciles circunstancias del país asediado por los violentos y con la inminente posibilidad de que los narcoterroristas empiecen a participar en política, impone la necesidad de hacer transformaciones de fondo. Para evitar la toma de poder por los violentos se necesita una nueva clase política con ideas y convicciones; que no ceda ante las mermeladas que puede ofrecer cualquiera. Hoy están empalagados por Santos, pero mañana habrá otros con más petróleo para comprar y más agallas para imponer una agenda política ajena al querer democrático. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/u-quede-santos

Las Farc son las Farc

Algunos se declaran sorprendidos del discurso de las Farc. No hay nada nuevo; nada que no corresponda al accionar sistemático de esta organización narcoterrorista. Unos ilusionados en su convicción de que la negociación es alcanzable se sienten defraudados por las expresiones de cinismo de las Farc; es natural, pues el sueño de los colombianos es la paz y en medio de tanto dolor es difícil no desearla. Otros, en especial los negociadores, están desconcertados. Han sostenido que este proceso no es como los otros, pero luego de este discurso peligrosamente empieza a asimilarse a lo que el país conoce. Es difícil comprender que los negociadores y el propio Gobierno no previera este discurso; sólo se explica por ese delirio -tan colombiano- de fundadores, de que cree que por ser nosotros todo será distinto, tal vez legado por los colonizadores, o por la ceguera que produce la vanidad. En fin, quienes se sorprendieron con el discurso y aquello que persisten en decir que es sólo una estrategia de negociación, están subestimando a las Farc. Este grupo armado que lleva 50 años en una guerra ilegal, y no está dispuesto a cesar su lucha sino cuando consigan lo que han venido buscando: la transformación definitiva del modelo económico y todo lo que ello implica. Hay algo de menosprecio en quienes consideran que las Farc quieren unos cargos en el Gobierno, unas fincas, sueldos para sus militantes o lavar los millones de dólares que han acumulado con el narcotráfico. No se establece una lucha de tanto tiempo para capitular por cosas así, pues todas ellas se podrían hacer sin negociar, hay subterfugios para hacerlas. Las Farc tienen un modelo político y económico que pretenden imponer; de eso se trata. Por supuesto que se trata de un modelo anacrónico, y como es el hecho mismo de persistir en conquistar por las armas lo que las mayorías democráticas no aceptan. Las Farc están quedadas en el tiempo, defendiendo un sistema que ya probó su inoperancia y falló catastróficamente. La revolución comunista fracasó y el mundo lo sabe, pero la influencia de Chávez los alienta. Chávez está involucrado en este proceso de paz porque tienen ánimos expansionistas y quiere a Colombia dentro de su proyecto bolivariano. El vecino venezolano estará tratando de convencer a las Farc de que dejen las armas y opten por la política, como lo hace él. Seguramente les prometerá financiación y cooperación para tomarse el poder. Pero las Farc saben muy bien que a través de las urnas no conquistarán el poder. El pueblo colombiano no los aprecia, ni les perdonan los crímenes que han cometido. Además, después de tantos años de persistir, dejar las armas para tener lo que ya tienen no hace sentido. Quienes insisten en que con esta negociación nos acercamos a la paz, se equivocan. Una cosa es la terminación del conflicto con las Farc y otro muy distinta es la paz. Este proceso aportará, pero ya comandantes radicales, como el del la Teófilo Forero, dicen que sólo “los gordos del secretariado se van a desmovilizar”, los otros, los verdaderos combatientes, seguirán en pie de lucha. Además, el mensaje que le da este proceso a las demás bandas criminales y grupos ilegales es que la violencia puede ser un vehículo político. Esta negociación lesiona lo más profundo de la legitimidad del Estado, ¿cómo se le podrá imponer la ley a quien se roba algo, cuando se le perdona a los asesinos? No hay justificación para romper la ley, eso lo tenemos que aprender los colombianos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/farc-son-farc