Esta reforma es de inmensas proporciones. El sector representa un sexto de la economía de ese país, que siendo sólo el 4% de la población mundial consume el 52% de las drogas de prescripción del mundo. El sistema actual es altamente costoso y así como los seguros médicos. Muchos americanos -que no tienen seguro- buscan acceso en “emergencias” saturando la capacidad de respuesta y quedan con deudas astronómicas.
Se pretende otorgar una cobertura para el 96% de los estadounidenses, sin distingos de ingreso o salud. Las preexitencias, por ejemplo, será eliminadas y no podrán cobrarse primas más altas a partir de las historias clínicas de los pacientes. Así mismo, la industria de la salud perderá la dispensa según la cual las leyes antimonopolio referidas a especulación de precios, manipulación fraudulenta de licitación y asignación de mercados no le eran aplicables. Aquellos que no tomen el seguro de salud de acuerdo a los requerimientos estatales estarán obligados a pagar un impuesto.
Según muchos analistas la reforma tendrá un costo de 1,2 billones de dólares en una década. El mandatario estadounidense sostiene que la reforma es prioritaria en el contexto de la crisis económica, pues son cada vez más los americanos que pierden su empleo y su casa y que no tienen acceso a salud. Los detractores señalan que la situación fiscal de EE.UU. al igual que la crisis no son un buen contexto para la reforma, pues puede afectar las ya restadas arcas y producir impactos económicos depresivos. El Presidente insiste en que no crecerá el déficit ni afectará la economía.
Uno de los grandes temores en la reforma es si la oferta medica ser verá desmejorada en el largo plazo. En ese país hay aproximadamente 760,000 médicos, con una formación promedio de 10 años. Hay encuestas que afirman que muchos doctores considerarían abandonar la practica en caso de que la reforma fuera aprobada. La cuestión es si la reforma desincentivará la medicina y muchos jóvenes optaran por profesiones más rentables.
Otro de los temas en debate es la creación de una aseguradora de salud que pertenezca al Estado. Los partidarios esgrimen que el mal servicio de las privadas será mejorado a través de la competencia; como la función de esta nueva entidad no será el lucro, proveerá un mejor servicio al cual tendrán que ajustarse las privadas.
Existe una prohibición según la cual los recursos federales no pueden usarse en la financiación del aborto. La inclusión, en la reforma, de los subsidios para aseguradoras que hoy en día lo incluyen generó un acalorado debate. Finalmente, se prohibió la financiación excepto para los casos de violación, incesto o donde corra peligro la vida de la madre; aunque no es muy significativo pues en el 2001 solo el 13% de los abortos realizados en el país fueron cubiertos con seguros médicos. Fue esta decisión la que permitió que muchos demócratas que no están de acuerdo con el aborto votaran a favor de la reforma, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación estrecha de 220-215. El debate pasa al Senado.
Estos temas llaman a la reflexión sobre nuestro sistema donde las preexistencias aparecen incluso en el cambio de seguro y se dice que el 60% de las EPS del país dejarían de prestar sus servicios por falta de recursos, por una deuda de 500 mil millones de pesos que tendría el Estado con las EPS por el plan obligatorio de salud.
El País-Cali, 14 de noviembre de 2009
martes, noviembre 17, 2009
miércoles, noviembre 11, 2009
El miedo del Congreso
El miedo del Congreso
La renuncia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede interpretarse como el efecto final de una larga cadena de hechos mediante la cual la Corte Suprema de Justicia ha atemorizado el Congreso. Se trata, pues, de un triste final para una democracia, pues muestra que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones y que su accionar ha debilitado a la Rama Legislativa de forma grave.
Las razones por las cuales el Congreso teme a la Corte son variadas, pero claras. Primeramente, el número de congresistas en la cárcel es un indicio del sentimiento de inseguridad que ha de embargar a los restantes. Así también, el número de investigados y las denuncias sobre manera como la Corte conduce sus investigaciones sobre los congresistas: expedientes sin numerar, un magistrado auxiliar destituido que se queja de no poder dormir tranquilo por el peso de su conciencia y testigos de dudosa reputación que reciben ventajas judiciales por increpar políticos.
Más aún, cada vez con mayor fuerza en las actuaciones de la Corte se dibuja una persecución que parece tener tintes políticos. Los procesos contra la bancada uribista avanzan, pero con graves señalamientos sobre violación del debido proceso. Al mismo tiempo, los de la Farcpolítica no se inician y si lo hacen precluyen (a pesar de que hay evidencias concretas como las halladas en el computador de ‘Raúl Reyes’).
¿Dónde están las investigaciones de los vínculos de los magistrados con Giorgio Sale y otros personajes macabros? ¿Dónde aquellas que los vinculan con operaciones financieras anormales? ¿Dónde la revisión de sus procedimientos ya varias veces denunciados como arbitrarios o al menos oscuros? ¿Dónde las reformas para acabar con la enviciada cooptación? ¿Cuándo se creará la segunda instancia para evitar la violación de los derechos del hombre?
Sólo la sumisión y la impotencia que se han apoderado del Congreso en todo lo que se refiere a la Corte puede explicar la ausencia de todo esto. El miedo que le tiene el Congreso a la Corte es el síntoma de una gravísima enfermedad institucional que afecta la tridivisión de los poderes. El Judicial es un poder desbordado que nos retrotrae a las épocas de los tiranos, imposibles de juzgar y con el poder al servicio de sus deseos. Como consecuencia tenemos que las acusaciones y los escándalos sobre el accionar de los magistrados de la Corte permanecen sin la investigación rigurosa que exigirían, pues su juez natural les teme.
Así que estamos en la más olímpica tiranía de los jueces. Es, por lo demás, la más antidemocrática y antipática de todas las posibles. La Corte es una corporación elegida por sus propios miembros sin que medie la voluntad popular y por lo tanto con muy escasa legitimidad.
Es prioritario que la Nación respalde al Congreso para preservar la estructura del Estado. Este órgano encarna la más diversa fuerza democrática. La solidaridad nacional puede impulsar y revivir el natural liderazgo que debería caracterizar al Legislativo para que ¡se investigue todo lo denunciado sobre los magistrados!, ¡se los acuse si hay méritos! ¡cumpla, en fin, el Congreso con sus funciones constitucionales!
***
Atención: la difícil situación con Venezuela exige que las instancias diplomáticas actúen y establezcan contacto con los detenidos y con el sobreviviente de la masacre, de manera que podamos tener información sobre lo que está pasando.
El País -Cali Noviembre 07 de 2009
La renuncia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede interpretarse como el efecto final de una larga cadena de hechos mediante la cual la Corte Suprema de Justicia ha atemorizado el Congreso. Se trata, pues, de un triste final para una democracia, pues muestra que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones y que su accionar ha debilitado a la Rama Legislativa de forma grave.
Las razones por las cuales el Congreso teme a la Corte son variadas, pero claras. Primeramente, el número de congresistas en la cárcel es un indicio del sentimiento de inseguridad que ha de embargar a los restantes. Así también, el número de investigados y las denuncias sobre manera como la Corte conduce sus investigaciones sobre los congresistas: expedientes sin numerar, un magistrado auxiliar destituido que se queja de no poder dormir tranquilo por el peso de su conciencia y testigos de dudosa reputación que reciben ventajas judiciales por increpar políticos.
Más aún, cada vez con mayor fuerza en las actuaciones de la Corte se dibuja una persecución que parece tener tintes políticos. Los procesos contra la bancada uribista avanzan, pero con graves señalamientos sobre violación del debido proceso. Al mismo tiempo, los de la Farcpolítica no se inician y si lo hacen precluyen (a pesar de que hay evidencias concretas como las halladas en el computador de ‘Raúl Reyes’).
¿Dónde están las investigaciones de los vínculos de los magistrados con Giorgio Sale y otros personajes macabros? ¿Dónde aquellas que los vinculan con operaciones financieras anormales? ¿Dónde la revisión de sus procedimientos ya varias veces denunciados como arbitrarios o al menos oscuros? ¿Dónde las reformas para acabar con la enviciada cooptación? ¿Cuándo se creará la segunda instancia para evitar la violación de los derechos del hombre?
Sólo la sumisión y la impotencia que se han apoderado del Congreso en todo lo que se refiere a la Corte puede explicar la ausencia de todo esto. El miedo que le tiene el Congreso a la Corte es el síntoma de una gravísima enfermedad institucional que afecta la tridivisión de los poderes. El Judicial es un poder desbordado que nos retrotrae a las épocas de los tiranos, imposibles de juzgar y con el poder al servicio de sus deseos. Como consecuencia tenemos que las acusaciones y los escándalos sobre el accionar de los magistrados de la Corte permanecen sin la investigación rigurosa que exigirían, pues su juez natural les teme.
Así que estamos en la más olímpica tiranía de los jueces. Es, por lo demás, la más antidemocrática y antipática de todas las posibles. La Corte es una corporación elegida por sus propios miembros sin que medie la voluntad popular y por lo tanto con muy escasa legitimidad.
Es prioritario que la Nación respalde al Congreso para preservar la estructura del Estado. Este órgano encarna la más diversa fuerza democrática. La solidaridad nacional puede impulsar y revivir el natural liderazgo que debería caracterizar al Legislativo para que ¡se investigue todo lo denunciado sobre los magistrados!, ¡se los acuse si hay méritos! ¡cumpla, en fin, el Congreso con sus funciones constitucionales!
***
Atención: la difícil situación con Venezuela exige que las instancias diplomáticas actúen y establezcan contacto con los detenidos y con el sobreviviente de la masacre, de manera que podamos tener información sobre lo que está pasando.
El País -Cali Noviembre 07 de 2009
sábado, noviembre 07, 2009
El dúo Chávez - García
La firma del acuerdo militar con Estados Unidos se produce en un momento apropiado. La colaboración norteamericana es fundamental para la contención del narcotráfico y los grupos al margen de la ley, pero tiene, sobre todo, un efecto disuasor muy importante ante las crecientes tensiones con Venezuela. Si bien no parece racional suponer que Chávez quiera un enfrentamiento militar con Colombia, la presencia de EE.UU. elimina de tajo semejante idea. Y no porque el ‘socio‘ norteamericano nos vaya a proteger, pues es poco probable que lo haga, sino porque en la creciente paranoia del Mandatario venezolano esa defensa está dada.
Las situación con Venezuela se hace cada vez más tirante. Chávez, como mecanismo de presión y chantaje, está decidido a suprimir el comercio con Colombia (en una atribución que no debería corresponder al Gobierno, pero que ejerce, luego de haber controlado la venta y compra de divisas). Además, aparecen las extrañas matanzas de colombianos en ese país, con la curiosidad de que el único sobreviviente está incomunicado. Y, para rematar el cuadro, están las acusaciones de espionaje y complot en contra del DAS. Dicen nuestras autoridades que ya hay colombianos detenidos; por supuesto, deben estar también incomunicados. Así que sólo ese gobierno tiene acceso a las versiones de lo que está pasando, nosotros no sabemos nada y no podemos sino especular.
Lo cierto es que el Gobierno venezolano necesita tener un enemigo frente al cual sea fácil agitar los ánimos y aglutinar la masa. La identidad y la cohesión se construyen de manera más sencilla cuando hay un otro que es una amenaza. Con Bush, el rival venezolano era el imperio y Colombia no aparecía sino como el perro del diablo. Pero la presidencia de Obama complica la estrategia. Él no ha sido claro en sus políticas, lo que deja a la dirigencia latinoamericana en un estado de ambivalencia y expectativa; si Obama es buen político, sabrá mantenerlo. Por otro lado, enfrentarse al premio Nobel -que tiene una abrumadora popularidad mundial- puede significar la caída al poso de los ‘tiranos mundiales’, abismo sobre el cual se balancea exitosamente Chávez.
Colombia fue elegida para remplazar a Bush en el discurso. Chávez aprovecha un malestar ancestral que existe entre ambas naciones, aun siendo hermanas. Pero debe generar un peligro para Venezuela que provenga de Colombia… Para estos propósitos cae divinamente Rafael García.
García, condenado a once años de cárcel por sus múltiples delitos, está en Venezuela, aprovechando la libertad que le concedió la justicia colombiana por declarar en contra de muchos sindicados, algunos que ni conocía. Es un mentiroso patológico a quien la justicia convirtió en personaje. Este error ya trasciende las injusticias personales, cometidas contra sus víctimas, para transportarse al escenario internacional. ¿Cómo vamos a decir ahora que García es mentiroso, si en nuestro país muchas de sus declaraciones fueron tenidas en cuenta?
Es un problema que no tiene solución. La mala relación con Colombia hace parte de una necesidad chavista y tiene como aliado un colombiano que hace de la mentira una profesión.
Nota: Ahora que fue dado de baja ‘Patemala’ esperamos que la Corte investigue los móviles y los beneficiarios políticos del siniestro crimen contra los Turbay Cote.
El País-Cali 31 de octubre de 2009
Las situación con Venezuela se hace cada vez más tirante. Chávez, como mecanismo de presión y chantaje, está decidido a suprimir el comercio con Colombia (en una atribución que no debería corresponder al Gobierno, pero que ejerce, luego de haber controlado la venta y compra de divisas). Además, aparecen las extrañas matanzas de colombianos en ese país, con la curiosidad de que el único sobreviviente está incomunicado. Y, para rematar el cuadro, están las acusaciones de espionaje y complot en contra del DAS. Dicen nuestras autoridades que ya hay colombianos detenidos; por supuesto, deben estar también incomunicados. Así que sólo ese gobierno tiene acceso a las versiones de lo que está pasando, nosotros no sabemos nada y no podemos sino especular.
Lo cierto es que el Gobierno venezolano necesita tener un enemigo frente al cual sea fácil agitar los ánimos y aglutinar la masa. La identidad y la cohesión se construyen de manera más sencilla cuando hay un otro que es una amenaza. Con Bush, el rival venezolano era el imperio y Colombia no aparecía sino como el perro del diablo. Pero la presidencia de Obama complica la estrategia. Él no ha sido claro en sus políticas, lo que deja a la dirigencia latinoamericana en un estado de ambivalencia y expectativa; si Obama es buen político, sabrá mantenerlo. Por otro lado, enfrentarse al premio Nobel -que tiene una abrumadora popularidad mundial- puede significar la caída al poso de los ‘tiranos mundiales’, abismo sobre el cual se balancea exitosamente Chávez.
Colombia fue elegida para remplazar a Bush en el discurso. Chávez aprovecha un malestar ancestral que existe entre ambas naciones, aun siendo hermanas. Pero debe generar un peligro para Venezuela que provenga de Colombia… Para estos propósitos cae divinamente Rafael García.
García, condenado a once años de cárcel por sus múltiples delitos, está en Venezuela, aprovechando la libertad que le concedió la justicia colombiana por declarar en contra de muchos sindicados, algunos que ni conocía. Es un mentiroso patológico a quien la justicia convirtió en personaje. Este error ya trasciende las injusticias personales, cometidas contra sus víctimas, para transportarse al escenario internacional. ¿Cómo vamos a decir ahora que García es mentiroso, si en nuestro país muchas de sus declaraciones fueron tenidas en cuenta?
Es un problema que no tiene solución. La mala relación con Colombia hace parte de una necesidad chavista y tiene como aliado un colombiano que hace de la mentira una profesión.
Nota: Ahora que fue dado de baja ‘Patemala’ esperamos que la Corte investigue los móviles y los beneficiarios políticos del siniestro crimen contra los Turbay Cote.
El País-Cali 31 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)