Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


sábado, diciembre 27, 2008

¿Un estado responsable?

El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el deplorable asesinato de José María Valle Jaramillo, un reconocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien denunció la complicidad de brigadas del Ejército con grupos paramilitares.

La responsabilidad que nos endilga ese tribunal surge de que, en la contestación de la demanda, nuestra defensa aceptó responsabilidad internacional sobre varias pretensiones. Admitió la defensa nacional la omisión parcial de su deber de garantía por no haber hallado a los responsables del delito, así como por no haber protegido y evitado los atropellos contra las víctimas, especialmente Valle, de quien se sabía que estaba amenazado. En consecuencia, nuestros abogados mostraron disposición de pagar para que las víctimas fueran reparadas integralmente por estas omisiones. Además de pedir perdón, el Estado ofreció un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.

La condena nos obliga a ese acto de reconocimiento público, que es importante para las víctimas y para las instituciones que deben enfrentar su falla. También debemos pagar más de $450 millones -que complementan los $1.702 millones que se habían acordado en una conciliación-. La indemnización es para las familias de Valle Jaramillo y de su hermana y un visitante -que estaban en su oficina el día que los paramilitares lo asesinaron-.

Indemnizar a las víctimas es deseable, pero tiene límites. La situación social convulsionada es difícil de controlar y si el Estado se declara responsable por incumplir con funciones que le corresponden -y que no cumple habitualmente- terminará convirtiéndose en una institución que sólo compensa. En la mayoría de los casos el Estado colombiano es incapaz de encontrar los culpables; es inepto para evitar el desplazamiento forzado; las fallas por omisión en el cumplimiento de sus deberes son típicas constantes de nuestra realidad.

Condenar al Estado patrimonialmente por estas omisiones dará lugar a la indemnización para casi todos los ciudadanos. Semejante situación acabaría por disminuir de manera significativa el presupuesto nacional; al compensar a todos se empobrecerá cada vez más. El Estado ideal es la meta del camino sobre el cual andamos, pero si pagamos por no haber llegado simplemente no avanzaremos, pues con menores recursos será todavía más difícil hacerlo.

En un país donde los recursos presupuestales son escasos, la gestión política sobre todo se refiere a priorizar el gasto -decidir en qué sí y en qué no se invierte dinero-, que no alcanza para todo. Aceptar, como lo hizo la defensa, responsabilidades patrimoniales por las omisiones en el escenario de recursos escasos es una decisión que compromete nuestro futuro, pues prioriza la obligación de compensar las víctimas y nos dejará -en el mediano plazo- sin recursos para cumplir la obligación de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Esta decisión eminentemente política sobre cómo se deben distribuir los recursos corresponde sólo al pueblo colombiano -y no a los tribunales internacionales y menos aún a quienes nos ‘defienden’-. Somos los colombianos, ejerciendo nuestro poder democrático, quienes debemos decidir sobre nuestro destino.

Una alternativa es matizar la responsabilidad; el Estado sólo será culpable si se demuestra que comparado con casos similares lo que se ha hecho tiene menores resultados.

El País, 27 de diciembre de 2008

sábado, diciembre 20, 2008

La reelección

El trámite del referendo que pretende modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Uribe ha sido desastroso. No sólo han aparecido problemas en la redacción de la pregunta, sino que además la tardía acción del Ministro del Interior culminó con una convocatoria de sesiones extraordinarias para el Congreso a última hora. Todo ello ha sido deplorable, pero las críticas que algunos periodistas y personajes de oposición han hecho sobre la materia sobrepasan estas observaciones y hacen juicios que son -a lo menos- discutibles.

Dice la oposición que el Presidente rompe las reglas del juego al buscar su reelección. Sobre este particular vale la pena aclarar lo siguiente: la actuación del Presidente se ajusta a las normas que nos rigen actualmente.

La ley en su diseño ideal tiene mecanismos que le permiten ajustarse a la diversidad de casos y cambios que suceden en las sociedades reguladas. Es así como las normas son de carácter ‘general’; ello implica, por un lado, la capacidad de ajustarse a todos los casos similares, pero, sobre todo, la posibilidad de ser aplicable en los casos -no regulados- que pueden surgir. El legislador, por docto y dedicado que sea, no puede prever las diferentes circunstancias que se van a vivir en el futuro y, sucede, muchas veces, que aparecen asuntos que la generalidad no recoge, pero cuya fuerza es incuestionable. Es así como el propio legislador ha creado mecanismos de reforma de las normas que permiten incluir esas situaciones nuevas y desconocidas. El proceso no sólo es deseable, sino también necesario. Una norma que se aparta de las contextos sociales que pretende regular se deslegitima y termina por ser derogada.

Este es precisamente el caso de la reelección; no estaba permitida y, más aún, los presidentes terminaban su periodo desprestigiados, de manera que era un tema por fuera del debate político, sin interés. Normas que se hicieron en ese escenario político no son las apropiadas para el fenómeno Uribe, quien goza de un prestigio incuestionable y respaldo popular abrumador a mediados de su segundo mandato.

Nuestra Constitución tiene una vocación de permanencia, así que entre sus normas ha previsto mecanismos que le permiten modificaciones a su texto, de manera que puede permanecer y responder a las necesidades democráticas y cambiantes del país. Esta flexibilidad de la Constitución es el reconocimiento expreso de que las decisiones políticas perpetuadas en las normas son siempre revisables en beneficio del querer democrático de los pueblos y de que su revisión exige trámites difíciles que protegen la integridad de la Carta. La modificación de la Constitución hace parte del juego democrático, lo enriquece y garantiza la permanencia del cuerpo normativo, a pesar de la transformación de las situaciones de hecho.

Se cumplen, pues, las normas cuando se utiliza el referendo como mecanismo para que el pueblo decida si quiere modificar la Constitución y permitir la doble reelección. Sólo una comprensión parcial del sistema permite comentarios según los cuales el Presidente está burlando la ley al plantear este referendo.

Además, esta modificación constitucional no significa que Uribe continúe como presidente, simplemente se da la posibilidad de que sea candidato en el 2010. En esa contienda electoral y frente a otros candidatos, el pueblo colombiano decidirá si quiere o no reelegir a Uribe.

El País, 20 de diciembre de 2008

domingo, diciembre 14, 2008

"Isaza" y "Rojas"

‘Isaza’ y ‘Rojas’ son los frutos de la Seguridad Democrática. Colombia ha venido consolidando una estrategia efectiva para pacificar el país. La guerrilla incomunicada, fragmentada, replegada en las selvas y sitiada por la contundente acción del Ejército está desangrándose por la deserción. La toma de pueblos, los actos terroristas y los secuestros han cesado en un altísimo porcentaje. Se dieron de baja varios presuntuosos ‘comandantes’ guerrilleros. El desprestigio internacional del grupo terrorista forzó la liberación de algunos secuestrados políticos y el proceso llegó a su clímax en la Operación Jaque. En este contexto se da la deserción de ambos guerrilleros, quienes, a pesar de una larga pertenencia a las Farc, desertaron con el riego de la vida. Son una victoria del Gobierno y del Ejército y una derrota para la guerrilla.

‘Isaza’ y ‘Rojas’ mostraron que era posible debilitar la estructura interna del grupo terrorista. Esa penetración es la única táctica eficaz para terminar este conflicto. La guerra de guerrillas puede caer en periodos de repliegue largos y costosos para un país, pero si se debilitan los cimentos y los mandos medios, el aparato criminal está llamado a fracasar. El enemigo empieza a acechar muy cerca, cada compañero es un potencial adversario. Es una herida mortal.

A pesar de la importancia de estos casos, sólo ‘Isaza’ ha recibido compensación. Se fue a Francia con novia, recompensa y la ilusión de empezar una vida nueva. En cambio, a finales del mes de octubre, ‘Rojas’ denunció que el Gobierno no le había entregado su recompensa, el hecho es muy preocupante. Lo que hicieron los dos guerrilleros, en lo fundamental, fue exactamente lo mismo: optaron por tener un gesto que les garantizara la protección de sus vidas, la libertad y una recompensa, de manera que al salir de las Farc pudieran tener una vida asegurada. Se trata de un raciocinio sencillo: la presión del Ejército y el debilitamiento de las Farc casi obliga a los guerrilleros a desertar, pero para aquellos que tras de muchos años y esfuerzos han escalado en las jerarquías de una organización, abandonarla tiene costos muy altos. Para decidir hacerlo debe existir una alternativa realmente atractiva. El verdadero móvil es la promesa de una existencia mejor, respaldada por un capital significativo que permita realizarla. Si ‘Rojas’ hubiera sido el carcelero de Lizcano, probablemente se habría fugado con él. Y es pensable que ‘Isaza’, como guardaespaldas de ‘Iván Ríos’, lo habría matado y le habría cortado la mano para poder escapar de esa prisión. No es un decisión moral, sino de supervivencia.

Hay que comprender que la recompensa de ‘Rojas’ sólo podía surgir de la muerte de ‘Ríos’, pues en medio de la guerrilla no es posible poner preso a uno de sus máximos jefes. La mano resultó elegida como prueba, pues no es fácil en la premura pensar una mejor y cargar con el cadáver es un suicidio. Por supuesto, el hecho es espeluznate y terrible, pero así es, también, traicionar a un grupo terrorista del que se es miembro y prisionero. Se juega la vida: tanto la física como la que se ha construido dentro de esa organización.

El Gobierno había logrado mucho al posicionarse como una alternativa confiable. Fallarle a ‘Rojas’ no es una tacha con ese individuo, en una fisura seria que amenaza lo que tan difícilmente hemos conquistado. Es perder la única táctica que puede liquidar a las Farc.
Publicaso el 13 de diciembre de 2008
El Pais- Cali

domingo, diciembre 07, 2008

Descrédito

Tres descalificaciones con precario cimiento han aparecido esta semana. Son abiertos atropellos y, por lo tanto, es imperioso discutir algunos aspectos para no caer en juicios superfluos e infundamentados.

La gestión del Presidente frente a las pirámides ha sido calificada como tardía, ineficiente e incluso hay quienes lo inculpan de lo sucedido. Vale la pena resaltar que la culpa de las pérdidas que sufrieron las ‘víctimas’ de las pirámides corresponde enteramente a ellas; cada uno conocía el riesgo que enfrentaba y decidió ‘apostar’ su dinero. El Presidente, en un gesto generoso -propio de su carácter-, asumió responsabilidad sobre el hecho, a pesar de que perseguir el delito no es su función; ello corresponde a la Fiscalía -que, en cambio, se lavó las manos y pretendió disolver sus culpas-. Al contrario, la acción presidencial dejó al descubierto la debilidad y la lentitud de las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Mala Superintendencia, pésima Fiscalía.

Por otro lado, descalificó la Corte Suprema la petición de detención domiciliaria a Teodolindo, a pesar de que se la concedió a Yidis; una negativa evidentemente despótica. Dice la Corte que Yidis es madre cabeza de familia y que tiene dos hijos menores de edad, pero tiene además un cargo por secuestro; Avendaño tiene casi 74 años y enfermedades que requieren atención especializada. La tradición penal siempre ha considerado la edad y la enfermedad razones fundamentales por las que el juzgador debe considerar la detención domiciliaria. La lógica es muy clara: la fragilidad del procesado. La reclusión sobre alguien de avanzada edad o enfermedad pueden precipitar su muerte. Si bien el Estado puede imponer sanciones por los delitos cometidos, los regímenes que no aplican la pena de muerte protegen las condiciones materiales que ello implica. No sólo mata el Estado a través de inyecciones letales o sillas eléctricas; unas circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y humanas también constituyen un tipo de asesinato.

La última descalificación es la del magistrado Alejandro Ordóñez, aspirante a la Procuraduría General de la Nación. Han dicho sus críticos -un editorial, columnas y la radio- que el magistrado Ordóñez es una mala elección para la Procuraduría por sus convicciones religiosas. Se le atribuyen dos hechos: sustituyó en su despacho la imagen de Santander por un crucifijo y se atrevió a demandar a Daniel Samper -director de la revista Soho- por las fotos de la Última Cena con una modelo desnuda. Este desprestigio es injusto y es contrario a todos los avances sobre la no discriminación por materias religiosas. Sobre la sustitución de Santander por un crucifijo no puede concluirse nada distinto a que el funcionario encuentra mayor motivación personal en el segundo, sin que ello, en ningún caso, pueda considerarse una afrenta contra la sociedad o una falla en su manera de proceder. Y la demanda a Samper prueba que es un hombre que cree en la institución jurisdiccional y que ante lo que él considera un atropello a sus valores religiosos -como lo consideraron en su momento muchos católicos- inició un debate judicial serio y sereno. No puede sostenerse que un persona que denuncia lo que considera un delito es un mal ciudadano. Mucho menos puede decirse que vulneró la libertad de prensa; precisamente ese era el debate, si había o no libertad de prensa en ese caso.

El Pais - 6 de diciembre de 2008

lunes, diciembre 01, 2008

La crisis económica y el ambiente

Uno de los efectos de la crisis económica mundial ha sido la caída vertiginosa del precio del petróleo. Por ejemplo, el crudo venezolano llegó en julio de este año a US$129,54 por barril y cayó a US$40,68 la semana pasada; la cesta Opep pasó de US$131,97 a US$46,71 en esas mismas fechas. Se trata de un desplome de más de US$88 y US$85 por barril respectivamente. Los altos precios del petróleo representaban una gran oportunidad para el medio ambiente; los bajos son, en cambio, una amenaza.

El tema ha sido de ardua discusión entre economistas y ambientalistas. Quienes sostienen que los altos precios del combustible son inconvenientes para el ambiente, tiene la premisa de que las economías ricas, en crecimiento, serán capaces -precisamente por su solvencia- de destinar recursos para contrarrestar el calentamiento global, que es hoy la más grande amenaza contra el planeta y todos sus ecosistemas. Disiento de la tesis.

La utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, es causante de emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera atrapa la radiación infrarroja del planeta, y hace parte esencial del fenómeno del calentamiento global.

El Protocolo de Kyoto, tendiente a mitigar el fenómeno de cambio climático, imponía una reducción de al menos un 6% en la emisión de gases contaminantes. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, EE.UU. no tomó parte en estos compromisos. Según las cifras de la Administración de Información Energética, EIA, de EE.UU. los costos del petróleo durante el primer semestre del año causaron una disminución significativa en la demanda del crudo en ese país. El efecto ha persistido durante los meses del segundo semestre, de manera que las proyecciones indican que EE.UU. consumirá 1,1 millones de barriles diarios menos que el año pasado. El hecho es relevante, pues desde 1980 el consumo total de petróleo no caía en más de un millón de barriles diarios. El descenso representa una contracción del consumo del 5,4%, ello significa una reducción de proporciones similares en las emisiones de CO2. Lo que la presión internacional, la inminencia de un trastorno climático del planeta y las recomendaciones científicas no lograron, lo consiguió, sin dificultad, el elevado costo del petróleo. En cambio, la caída de los precios implicará un crecimiento de la demanda por el crudo y mayores emisiones.

Un combustible costoso hacía, además, atractivo el desarrollo de nuevas tecnologías, pues entre más alto sea el precio, más amplio es el rango donde éstas son rentables. Las investigaciones tienen más sentido cuando el producto que se desarrolla tiene un precio capaz de competir con el bien que pretende sustituir. El declive del costo del petróleo devuelve a las economías la posibilidad de seguir utilizándolo como insumo principal y la atracción por energías alternativas disminuye; son sueño costoso e innecesario.

Finalmente, vale resaltar que la crisis económica va a requerir el esfuerzo financiero de los gobiernos mundiales: EE.UU. y UE han tenido que destinar recursos en cuantías importantes para impedir el desplome de la banca y de los mercados bursátiles. Es prioritario; pero no por ello podemos dejar de notar que habrá menos dinero disponible para la inversión en tecnologías y energías limpias y, por supuesto, para las medidas contra el cambio climático.

Noviembre 29 de 2008