La letra muerta

Mi columna de El Espectador, en la que invité a comparar la moralidad entre EE.UU. y Colombia en lo que se refiere a su manera de atender la seguridad interna, tuvo el privilegio de ser discutida por el Dr. Kalmanovitz, reconocido por su aguda inteligencia. Mi propósito era reparar en la manera como el país del norte se sacude por la ocurrencia de hechos violentos, mientras hechos similares o peores suceden en nuestro país sin ocupar siquiera un titular. También, resalté la efectividad mediante la cual se sometió a los violentos, en ese país donde la ley está respaldada por una amenaza real de castigo. EE.UU. ejerce el monopolio de la fuerza, por la aparente paradoja de que, precisamente, tiene el monopolio de la fuerza. Coincido en casi todas las observaciones del columnista, sin embargo quisiera, en tanto la brevedad de este escrito lo permite, referirme a mis discrepancias. Mi llamado no es a profundizar el conflicto, sino al respeto a la ley. Aquella formula terrenal y burda que pretende hacer tangible el siempre supremo principio de Justicia. Mi reclamo sobre la justicia va más allá de las Farc y de los paramilitares; se refiere a una dolencia profunda cuyas consecuencias desarticulan la consolidación del Estado de derecho. Dejando de lado el que los casos de inoperancia judicial a los que se refiere Kalmanovitz fueron seleccionados según sus preferencias políticas, y que por lo tanto se refieren al gobierno Uribe, cabe anotar que las injusticias en nuestro país superan lo numerable. ¿Qué pasó con las investigaciones sobre la Catedral desde donde Pablo Escobar mandaba a asesinar? ¿Qué con el asesinato de Álvaro Gómez donde los únicos investigados son los propios Gómez? ¿Qué con el asesinato del chofer de Horacio Serpa o la monita retrechera? Y mi constante queja: el que quienes han producido tanta violencia en nuestro país sean perdonados con total impunidad. Sostiene el columnista que mi clamor por el respeto a la ley, debe quedar subsanado por la utilización de la justicia transicional para las Farc; y estoy de acuerdo siempre y cuando aquella garantice unos mínimos de justicia, verdad y reparación. La suspensión de la pena, las sanciones extrajudiciales, las penas alternativas, las modalidades especiales de cumplimento de la pena y la renuncia a la persecución judicial que consagra el Marco Jurídico para la Paz no lo hacen. Condenar a alguien para que no pague un día de cárcel, no es justicia; se parece más a las condenas en las que el procesado escapa de la cárcel o nunca es detenido. Coincidamos el Dr. Kalmanovich y yo en el diagnóstico de que este país necesita superar la aplicación selectiva y esporádica de la ley para pasar a un escenario donde la Justicia juzgue, y el Estado proteja y aplique la ley. Tampoco diferimos en que conviene hacer una última excepción a la ley para permitirle a las Farc dejar las armas. Nuestra diferencia aparece en qué tanta justicia, verdad y reparación podemos ceder. Tengo lo opinión de que Colombia no podrá dejar atrás la violencia mientras legitime su uso como mecanismo de acceso a la política. Este es el momento en que la sociedad colombiana debe decidir el mensaje que les da a los violentos: si los fines políticos justifican el uso de la violencia, si la búsqueda de la paz pasa por la abolición de todo principio de justicia. La ley es tan sólo un incentivo, que si se prueba completamente ineficaz, hace de la ley letra muerta. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/letra-muerta

¿Todo vale?

Todo vale es una frase que acuñaron algunos políticos para criticar a otros sobre la base de que las decisiones pragmáticas no son deseables. La cuestión de fondo es si el fin justifica los medios. Cabe, por supuesto, el análisis de cuáles medios y con qué fines. El Presidente dice que el proceso de La Habana es para “pasar de las balas a los votos”; dice que las víctimas quieren justicia, pero que los que pueden ser víctimas piden una paz negociada para evitar ser víctimas; es decir que la Paz se opone a la Justicia. A muchos les parece bien, pues consideran que la Paz, como fin, es suficiente para avalar todos los medios. Así mismo respaldan que el Fiscal diga que mientras no haya condenas, podemos hacer de cuenta que no hubo delitos de lesa humanidad. Con ese mismo argumento, la Paz como fin, también algunos apoyan que nuestro Presidente -elegido con los votos uribistas- se haya unido al clan chavista, y con el club de la Unasur pose en la foto de posesión de Maduro; que quedará como recuerdo para el futuro, del día en que Latinoamérica fue cómplice de la caída de la democracia en Venezuela. Las grandes cuestiones son siempre una buena ocasión para jerarquizar los valores. ¿Paz vs. Justicia? ¿Paz nacional vs. daños en democracias extranjeras? Estas parejas pueden tener un fácil ganador, pero es posible complejizarlas si se incluyen factores reales que disminuyen la abstracción. ¿Reducción de la violencia con concesiones a los violentos vs. Violencia con justicia inoperante? ¿La ilusión de la potencialidad de justicia en medio de la violencia por delincuentes comunes y las Farc vs. Acabar la franquicia de las Farc, y tener la violencia cometida solo por delincuentes comunes, otorgándole representación política a los terroristas de las Farc? ¿Venezuela con el chavismo imponiendo una pax romana y sin democracia vs. Venezuela con el chavismo incendiando la democracia? Los escenarios posibles son mucho más complejos, ninguno ofrece justicia, ninguno incluye la paz, ninguno el bienestar inmediato de Venezuela, ninguno un final feliz. La cuestión primordial es que hay valores por los que vale la pena luchar. Uno de ellos es la democracia, es el sistema que permite el debate civilizado de las opiniones y la elección del sistema más convincente; pero sobretodo la certeza de que si este no funciona será posible cambiarlo. El Chavismo le mostró al mundo que es posible acceder al poder por vías democráticas y aferrarse a él por cualquier método. Una vez se ganan las elecciones se hacen reformas para perpetuar una sólo doctrina y se elimina la posibilidad de que alguna otra pueda derrocarlo. El proceso ha sido lento, bien concebido, y hoy vemos cómo los escrutadores de la democracia venezolana no sienten vergüenza en tomar partido por uno de los contrincantes. Es evidente que todas las instituciones están cooptadas, que no hay derechos ni garantías para la oposición. Con esta manera de proceder la democracia está muerta. La Unasur, siempre fiel a la ideología y no a la democracia, sancionó a Honduras y a Paraguay por usar métodos constitucionales que afectaban a la izquierda; y hoy avalan el exabrupto venezolano que la favorece. ¿Alguien no entiende por qué hay afán de que las Farc entren en la política? ¿Alguien aún no ve la amenaza que ellos suponen para nuestra democracia? ¿Aún consideran que una paz abstracta-inalcanzable justifica una amenaza real y evidente a la democracia colombiana? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/todo-vale

Memoria selectiva

María Elvira Samper -a quien admiro y respeto- dice que quienes criticamos el proceso de paz tenemos memoria selectiva; ella presume de una claridad retrospectiva, posible sólo cuando se juzga el proceso concluido con la distancia del tiempo. Sostiene que somos duros con el proceso de La Habana y no vemos las fallas de Ralito. La linealidad cronológica exige que el proceso con los paras se comparara con el anterior; el del M19. En ese proceso Barco y Gaviria concedieron impunidad total, nada de verdad y mucho menos algo de reparación. Los otrora guerrilleros fueron elevados a las altas dignidades del Estado. Para arreglar sus diferencias se realizó una Constituyente -con una lánguida y parca participación popular- que terminó siendo infiltrada por los dineros de Pablo Escobar para derogar la extradición. Esa era la manera como se entendía la negociación con los violentos. La justicia que se le aplicó a Pablo Escobar fue La Catedral -que tan bien conoce el Min Carrillo- donde se delinquía y era Escobar quien mandaba. Esos eran los parámetros con los que se inició Justicia y Paz. Con esos precedentes es evidente que el proceso con los ‘paras’ pretendía un cambio sustantivo, establecía unos mínimos de justicia, verdad y reparación. Claro que había cesiones, pero en sí constituían un gran avance frente a lo que había vivido el país. Si Ralito se comparaba con el del M19, La Habana tiene que medirse con Ralito; frente al cual hay severos retrocesos: Uribe tenía las mayorías en el Congreso para aprobarlo como quería, sin embargo escuchó la crítica frente a la Ley de Justicia y Paz y el proyecto se transformó y mejoró. El Marco para la Paz, no atendió ninguna de las sugerencias de los opositores, que fueron tildados de enemigos de la paz. Recordará el país que ese Marco se aprobó el mismo día en que los beneficiarios -las Farc- intentaron eliminar a Fernando Londoño, líder de la crítica. El Presidente incitó a que se hiciera así sin esperar siquiera a que se enfriaran los dos escoltas muertos. Justicia y Paz tuvo muchas fallas que dieron lugar a que los ‘paras’ no fueran sancionados como se establecía; pero el nuevo Marco no corrigió los errores, ni mejoró los mecanismos; se limitó a consagrar la impunidad total. Y lo que es más grave; aún falta la negociación, que se iniciará con esa exagerada oferta del Gobierno. En los tiempos de Uribe, las instituciones democráticas enfrentaron el debate de Justicia y Paz, del lado de la justicia, la verdad y la reparación -como debe ser. Hoy vemos un espectáculo peculiar: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia anuncia que la Justicia no puede ser obstáculo para la paz. El Fiscal General dice que prefiere ver a los guerrilleros en el Congreso y agrega que pueden hacer política porque no tienen condenas por delitos de lesa humanidad. Confunde la negligencia de la Fiscalía y la jurisdicción para condenar los actos de las Farc, con la ausencia de ese tipo de crímenes. Aquello exige que alguien asuma la defensa de los valores justos; pues el equilibrio de los poderes parece estar fallando. La Paz puede justificar muchos medios. El Gobierno anuncia la Paz y ofrece concesiones como si las Farc fueran capaces de otorgarla. Sin embargo, sabemos que terminada la negociación habrá suficiente violencia para no sentirnos en paz. Comprar la franquicia ‘Farc’ -el mero nombre- es un avance importante, pero no es la paz. El debate es cuánta justicia, cuánta verdad, cuánta reparación vamos a ceder a cambio de ese nombre. El límite es que las concesiones no sean incentivos para la violencia; que no den el mensaje a los otros grupos armados de que la violencia es un vehículo para la política, y que hay gobiernos laxos que les permitirán obtener beneficios para cesar su violencia. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/memoria-selectiva