Deseo de fin de año

Tuve un profesor en el colegio del que aprendí muchas cosas; fue mi profesor durante varios años, de español y también de filosofía. Enseñaba en el colegio de las monjas Josefinas, y si recuerdo bien, era profesor del Inem y de algún otro colegio de Popayán. Siempre iniciaba el año con una reflexión sobre lo que le pedía al curso; no a las alumnas, ni al colegio; sino a esa sumatoria de esfuerzos suyos y nuestros, a esas interacciones y esos diálogos. Era siempre un discurso elocuente que en mucho superaba nuestra capacidad de comprensión. Era enigmático y sonaba muy profundo. Fueron misterios que atesoré, como tantos otros momentos, con la ilusión de que algún día llegaría a descifrar algo de su significado que ya presentía valioso. Sin pretender tal virtud en mis reflexiones, hoy cuando vamos a iniciar otro año más, quiero compartir con los lectores una sola palabra que todavía resuena en mi memoria desde el ya lejano séptimo grado: humildad. Ya he olvidado sus palabras exactas, las frases que la justificaban, pero me queda esa sensación de sorpresa que me causó cuando Eduardo Camargo, mi profesor, le pidió al curso que le concediera al menos algo de Humildad. Qué pequeña palabra para tan gran virtud. Esa de saberse limitado y falible; aquella que exige escuchar a los otros porque los reconoce como iguales. Esa que nos obligaría a no ser excesivos, ni mezquinos, ni soberbios. Valor que exige el poner a prueba en todos los pensamientos, someterlos al juicio de los otros, a saber siempre que nuestras ideas son sólo opiniones. Buena falta nos hace la humildad en este país sumido en una contradanza donde se dan dos pasos adelante y dos atrás, donde las fuerzas políticas a veces son mezquinas y tramposas y a veces son un ejemplo vigorizante. En esta nación donde algunos se creen con el derecho de implantar sus ideas por la fuerza y otros simplemente utilizan las armas para vivir sin reglas; hay también otros que persisten en vivir entre los límites y respetan las filas, los semáforos, las normas simples para demostrar que la vida en sociedad exige siempre el esfuerzo. En el país de los abismos entre las riquezas desaforadas e ilegales y las absurdas pobrezas espirituales; en estas tierras donde el sol, la lluvia, las nubes y el viento está presente todo el año. Tantos contrastes parecen confundirnos hasta los límites ridículos de volvernos ciegos. Dejamos de ver a los otros. Ya no sentimos sus alegrías, y menos sus sufrimientos; no vemos sus caras en las calles, ni sus sonrisas, sus disgustos o sus miedos. Sea esta una plegaria para que todos los colombianos recibamos el regalo de la humildad. Esta virtud que encierra tantos misterios como fuerza, guarda una íntima relación con la capacidad de ver al otro. Ese que aun sin que lo sepamos, sin que lo notemos, se afecta con nuestros actos y con nuestras negligencias. Humildad para saber que nuestros deseos, nuestros afanes, nuestros anhelos, hacen parte de una larga lista, donde estamos incluidos todos. Y que todos los beneficios que obtenemos por las vías cortas, están siempre afectando a ese otro que sí estaba haciendo la fila. La humildad invita siempre a la paciencia, pero jamás a la derrota. Quien es humilde sabe que puede estar equivocado, pero no por eso cesa. Persiste en avanzar siempre alerta para respetar al otro, siempre atento para descubrir sus propios errores; porque quien es humilde jamás podría justificar dañar a otro. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/deseo-fin-ano

Tres sombras

Esta semana reaparecieron tres sombras sobre la realidad nacional. La economía no creció como se suponía que lo haría; dice el Gobierno que se explica por la baja en la construcción. Es una manera solapada de culpar a Petro, pues el Gobierno viene insistiendo que las complicaciones que ha impuesto la Alcaldía han detenido el crecimiento de la construcción en la capital. Si bien el argumento tiene algo de razón, hay otras señales que no pueden pasar desapercibidas. El recaudo tributario ha empezado a retroceder, aquello muestra que las empresas y las personas no están solventes. Los indicadores sobre el crecimiento industrial no son alentadores. El Gobierno que ha insistido en que todo está bien, ahora dice que precisamente por eso presentó la reforma tributaria. Por otra parte terminamos el año embarcados en una mesa de negociación con las Farc. Algunos siguen ilusionados en que aquello nos acerca a la paz. Otros sentimos que el solo hecho de haberle dado interlocución a un grupo tan temible de narcoterroristas está dándole vigencia a la idea de que la violencia puede tener réditos políticos. Fedegan no asistió al Foro que habían programado la Universidad Nacional y la ONU. Santos calificó a su presidente como irracional, en tanto que ‘Iván Márquez’ lo tildó de paramilitar y lo acusó de intentar sabotear el foro y el proceso. ¿Qué tal las Farc intentando señalar, cuando sus manos están llenas de sangre de los colombianos? La estigmatización que intentan hacer las Farc es ridícula: ellos el mayor cartel de tráfico de drogas y los autores de crímenes como secuestros, voladura de pueblos, de infraestructura, asesinatos, extorsiones… En Colombia todos las organizaciones y grupos económicos han tenido infiltración de algún grupo ilegal; eso no convierte a esos grupos en cómplices de las atrocidades de los que pretenden poder a través de las armas. Las razones que tienen los ganaderos para no ir son válidas y hacen parte del debate democrático. ¿Qué pensaría el sector financiero si tuviera que enfrentar una eventual expropiación por decisión de las Farc? ¿Qué, los empresarios, los constructores o los médicos? Todos queremos la paz, en especial los ganaderos que han sido una de las mayores víctimas de las Farc, pero eso no necesariamente tiene que llevarlos a darle a la guerrilla la vocería para opinar o decidir cómo debe ser el desarrollo agropecuario del país. El Gobierno no puede pretender que los verdugos vengan ahora a jugar de redentores, menos de jueces morales. La ley que proscribe y castiga esos terribles crímenes que han cometido las Farc debe aplicárseles; eso es lo que piden los ganaderos, y con ellos varios colombianos. La terrible sentencia de La Haya que nos despojó en un solo golpe de una fracción muy importante nos mostró la precariedad de nuestra diplomacia. Nuevamente la Nación resultó condenada en las Cortes Internacionales, por hechos que han sido bien conocidos en el país, por ser una farsa. La condena por el supuesto bombardeo a Santo Domingo lesiona el buen nombre de nuestras instituciones, y como lo han señalado muchas voces se sospecha de ONG que se han dedicado a buscar la manera de obtener recursos a través de las demandas al Estado, incluso con falsas víctimas. Es hora de que Colombia abandoné los tribunales internacionales. No nos va bien; basta recordar que el abogado para este importante caso se nombró dos días antes de que vencieran los términos para presentar los alegatos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tres-sombras

Fuero Militar

La aprobación del Fuero Militar ha generado mucha polémica, sobre todo entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. La catalogan como una reforma que garantiza la impunidad. Nada más tendencioso. El Fuero Militar es una forma de presunción de inocencia más fuerte que la de los particulares. Se trata de asumir que las acciones de un miembro de la Fuerza Pública hacen parte de sus operaciones; y se le da el beneficio entonces, de que sean un tribunal militar el que evalué si fue o no así, y de serlo lo juzgue; de no serlo lo envíe a la Justicia ordinaria. Es una garantía necesaria y justa. La Fuerza Pública en Colombia no sólo porta las armas como símbolos de defensa del régimen constitucional, sino que se ve en la obligación de usarlas para repeler los ataques de grupos ilegales para apoderarse del Estado y someter a la población. Las condiciones de esa vida -que no es fácil, ni suntuaria- aumentan los riesgos de quedar inmerso en hechos que involucran muertes y violencia. Es evidente que un error de quien carga armas causa un gran daño. Además las condiciones de sentirse vulnerable, amenazado, en estado de zozobra por la posibilidad de un combate, aumenta la posibilidad de que se cometan esas fallas. Esos riesgos que asumen a nombre de la Nación, deben generarles unas correlativas garantías. La Nación tiene que aportarles respaldo, pues es ella, y no los militares quienes se benefician de esa actividad. Lo cierto es que los militares sienten que existe una guerra jurídica en su contra, y que la están perdiendo. Para mostrarlo señalan que hay más militares presos que paramilitares y guerrilleros. Así también, relucen las sentencias de jueces que les niegan cualquier beneficio a los militares aduciendo la peligrosidad del sujeto, que se demuestra con la lista de cursos de combate y de condecoraciones. Se los acusa de ser máquinas de matar que no pueden gozar de los beneficios que se les dan a las personas ordinarias. Otras donde los jueces desfogan sus prejuicios contra el Ejército al que califican, sin miramientos, de ladrones y asesinos. Casos como los de Plazas Vega, donde el Magistrado encargado tomó tiempo exclusivo para estudiar el proceso, y luego de un año de estudio, concluyó que era inocente. Los otros, sin haber estudiado el caso, negaron la ponencia y en pocas semanas lo condenaron. Cabe resaltar además que uno de esos magistrados había militado en la política de izquierda y había sido derrotado hacia poco tiempo en las urnas. Más aún, la Justicia ordinaria tampoco ha sido eficiente. No hay casi sentencias, los procesos se dilatan mientras los militares siguen detenidos, aún con los términos vencidos, con recortes en sus sueldos que les impiden mantener a sus familias. Pasan militantes de los partidos de izquierda a visitarlos para ofrecerles beneficios si acusan a sus superiores –en especial a aquellos con reconocida trayectoria en el combate. Aunque otros sostienen que no existe la guerra jurídica, lo cierto es que la Fuerza así lo siente, y para mantener su ánimo es fundamental darles garantías. Las Fuerzas son las primeras en querer evitar la impunidad, pues no existe en ellas una agenda criminal. Hay fallas, errores, casos aislados; que las propias fuerzas han venido corrigiendo. Han demostrado de manera constante su compromiso por mejorar, proteger los derechos humanos, y dar la guerra cumpliendo todos los preceptos de la ley y de los códigos de honor que los inspiran. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/fuero-militar

No perder de vista

Las negociaciones de paz avanzan sin que le importen ya a muchos colombianos. Parece natural que los colombianos pierdan el interés sobre el proceso, porque nuestra agitada realidad nos desvía hacia otros temas, además de la escasa esperanza que suscita. No es menor que nuestro Gobierno esté negociando a puerta cerrada con unos de los narcoterroristas que han venido desangrando a Colombia. Los negociadores del Gobierno mantienen hermetismo sobre lo que se está pactando. ¿Se tratará de una revolución por decreto? ¿Es cierto que ya se negocian los términos de la amnistía? ¿Qué pactó sobre desarrollo territorial esa mesa? En La Habana, las cabecillas del secretario se bajan con soberbia de los BMW rodeados de camionetas, cargando el maletín Louis Vuitton, el Mont Blanc. Exigir consistencia entre el discurso y las actuaciones se vuelve especialmente importante en este caso, pues muestra la sinceridad de los negociadores, de sus discursos. No son sólo maletines y bolígrafos que sin duda todos necesitamos, los que llevan son los símbolos de la opulencia capitalista. Esas marcas tienen como propósito mostrar riqueza, relievar la desigualdad; esa que los ‘guerrilleros’ tanto critican. ¿Lo que les molesta no es la exclusión general, sino la propia? ¿Lo que buscan es lograr beneficios para ellos? ¿Ese será el sentido de esta negociación, favores para los del secretariado? Tenemos que atender a los hechos de esta negociación, pues su sola existencia ya nos cuesta mucho como sociedad. El Estado pierde la legitimidad para imponer la ley a sus ciudadanos, luego de que decide darle justificación a la inaplicación de la ley que prohibe el secuestro, el terrorismo, el asesinato; los más atroces crímenes… En tanto que las Farc ya obtuvieron beneficios: los micrófonos. La estrategia de manejo de medios internacionales se desarrolla bien desde La Habana; las Farc mienten como siempre lo han hecho. La discusión sobre si las Farc tienen o no secuestrados es ridícula, y ofensiva para las organizaciones civiles que desde hace mucho hacen seguimiento y reportan el número de víctimas. Niegan los secuestrados porque saben que la comunidad internacional no será tan laxa como nuestro Gobierno a la hora de juzgarlos por sus crímenes. Eso mismo pasa con la supuesta tregua; anuncian el cese al fuego para que sea titular en algún periódico internacional que se conforma con esa información y no publica ya los muertos, las explosiones, los heridos que nos dejan sus incesantes ataques. Colombia no puede ser cómplice; no puede caer en el debate; no en la desafortunada alusión de que “hay que creerles”, porque no existe ninguna razón para hacerlo, y existen, en cambio, muchas para no hacerlo. Algunos consideran que la discusión sobre el secuestro ya no tiene tanto valor porque el número de secuestrados, en algunos cuentas, ya no supera la centena. Es un problema casi superado, sostienen. El número carece de importancia; porque lo relevante es lo inalienable del derecho a la libertad; la gravedad de un hecho que rompe los mínimos de respeto por un ser humano. La maldad de los autores del delito no disminuye por el número de sus crímenes. El paso del tiempo no borra el daño causado; los miles de colombianos apartados de sus familias, encadenados, sepultados, torturados. El cinismo de las Farc llega a extremos impensables y la Nación debe estar atenta porque no puede convertirse en alcahueta. Hay mucho en juego: nuestro futuro. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/perder-vista

¿Justicia internacional?

La justicia es un valor fundador de la convivencia social. Colombia sigue rezagada en la consolidación de una rama jurisdiccional que le dé confianza a los ciudadanos, y que resuelva de manera oportuna, con los criterios establecidos en la ley, los conflictos sociales. Esta insuficiencia interna ha tratado de ser compensada utilizando justicias externas. Fue así, como en la época donde fallábamos a la hora de condenar a los narcotraficantes, buscamos el respaldo -aún muy usado- de la justicia estadounidense. Las extradiciones se convirtieron en una justicia subsidiaria que aplicábamos a través de las instituciones del país del norte. A veces parece que este mismo afán de buscar justicia nos ocupa al haber ingresado a los tribunales internacionales. Es una manera facilista de solucionar un problema de fondo en la jurisdicción colombiana: en el exterior, ante otros jueces, conseguiremos la añorada justicia. Sin embargo, a diferencia de la extradición, en esas cortes el condenado resulta siendo el Estado colombiano y a través de él, todos los ciudadanos. Nuestros impuestos, sin criterios de estabilidad fiscal, tienen que pagar abogados, condenas y el buen nombre de nuestro país sometido al escarnio internacional. El sistema de cortes internacionales, todo él, no le conviene a Colombia. La salida del Pacto de Bogotá debe estar acompañada por la denuncia de todos los demás tratados que nos vinculan a esa y a otras instancias internacionales. Esto no significa, por supuesto, que nos convirtamos en un país sin relaciones internacionales; simplemente le devuelve a la diplomacia colombiana la función de buscar soluciones concertadas para los conflictos internacionales que se presenten. No tenemos la capacidad de asumir con éxito esos procesos; cada vez somos condenados con gigantescas sumas de dinero sin que prevalezcan la verdad o la justicia. Los abogados se nombran a última hora, lo vimos en el caso del Palacio de Justicia designado cuatro días antes del vencimiento de los términos. Las estrategias son confusas, como en el caso de La Haya. Se hacen de espaldas al país y a puerta cerrada de manera que los otros abogados internacionalistas e historiadores que de buena gana aportarían, quedan excluidos. Al mismo tiempo, algunas de nuestras defensas muestran fallas protuberantes, como la condena a nuestro Estado por la masacre de Mapiripán, donde ni siquiera se tomaron la molestia de investigar a las supuestas víctimas, algunas de las cuales resultaron siendo falsas. (A propósito de lo cual existen las denuncias de la madre de una de las falsas víctimas que señaló que el Colectivo de Abogados sabía que sus hijos no estaban muertos sino desaparecidos; ¿Dónde está la investigación? ¿Las sanciones?). Un país desordenado y caótico como el nuestro, con una economía apenas floreciente, se somete a ser derrotado luego de pagar sumas exorbitantes de dinero en defensas que terminan en que tenemos que pagar millonadas en condenas. Los esfuerzos de nuestro país deben encaminarse en reformar la Justicia nacional de manera profunda, para que garanticemos a todos los colombianos, sin excepción, el acceso a ese servicio. Esa es la función esencial del Estado, no podemos delegarla en desmedro de nuestra propia soberanía, ni podemos cederla ante nuestra incapacidad. Nota: Agradezco a la Sociedad Colombiana de Prensa, en cabeza de su presidente Alfonso López Caballero, su generosa distinción con el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen; y a los lectores y oyentes que me enaltecen y estimulan con su respaldo. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/justicia-internacional

¿Desacatar el fallo?

No se trata, como sugieren algunos, de una molestia por un fallo que no nos favorece. Todo proceso judicial tiene resultados desfavorables para una de las partes. Es la esencia del litigio. La sentencia de la Corte de La Haya tiene varios problemas, con diferentes niveles de complejidad. Algunos se quejan de que la defensa que presentaron los abogados no fue adecuada, otros insisten en que nunca debimos aceptar la jurisdicción de la Corte. Aquellos bien pueden ser interpretados como argumentos propios de quien no está conforme por una derrota judicial. Se trata de apreciaciones sensatas, pero sobre las cuales cualquier argumento es ineficaz, pues retrospectivamente todo parece claro y el tiempo donde eran útiles ya pasó. Vienen luego observaciones sobre el fondo jurídico de la decisión. Entre todas la más significativa es que el fallo interfiere con varios tratados firmados con otras naciones -que no fueron parte en el proceso. Aquel sería un grave error que violenta principios esenciales del derecho en derecho y tendría que ser subsanado mediante los mecanismos disponibles. Sin embargo, el problema de estas aguas territoriales sobrepasa estas preocupaciones y nos avoca a un problema político de fondo. San Andrés es un archipiélago cuyos raizales tienen una noción de su territorio consolidada históricamente. Como un pueblo tienen derechos, y han venido desde hace mucho tiempo ejerciendo soberanía sobre su territorio: un archipiélago. La noción del archipiélago no se limita a las rocas o los cayos; los isleños tienen una simbiosis entre la tierra sobre la que se asientan y los mares que los rodean. Los cayos, rodeados de 12 millas de mar, en medio de aguas extranjeras carecen de valor real, es un desmedro del concepto mismo de archipiélago, es una afrenta contra los raizales. Del otro lado, están La Haya y la organización de la ONU creadas por quienes creyeron que el mundo puede ser mejor, que la convivencia pacífica es posible, que el Gobierno de las naciones puede superar el egoísmo de los Estados. Sin embargo el sueño no tuvo un desarrollo feliz. La diplomacia internacional se ha convertido en una burocracia bien nutrida e ineficaz. Naciones Unidas es incapaz de solucionar los grandes conflictos que afligen al mundo; basta recordar las sanguinarias matanzas de Siria, el enriquecimiento de uranio que adelanta Irán y que seguramente terminará con otro país con bomba atómica, el conflicto palestino-israelí. Todo se desarrolla sin que la ONU pueda o se decida a tomar acciones. Los sistemas de juzgamiento de los países, según muchos analistas e incluso miembros de esa diplomacia, se han dedicado a perseguir los crímenes de los Estados pequeños; contra las grandes potencias no hay causas, y si las hay estas no las aceptan. Hay ocasiones en que el sistema internacional parece diseñado para ejercer alguna forma de neocoloniamismo, donde los controles que pretenden las grandes potencias se disfrazan. Aún si todas estas críticas son exageradas, vale decir que Colombia sólo ha tenido derrotas ante estos tribunales. Nuestra diplomacia no se ha ajustado a las realidades de que conforman este escenario. Perdemos demandas, con ellas recursos y ahora territorio. La lección, algo utilitarista, es que por ese mismo camino seguiremos. Es mejor dejar el Pacto de Bogotá, y tratar de avanzar por vías alternativas para resolver nuestros problemas. La conciliación y la capacidad de negociación no requieren de tribunales extranjeros, sino de voluntad y coherencia política. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/desacatar-fallo

Regulación o catástrofe

El problema del servicio de celular en Colombia está llegando a extremos inaceptables. Los operadores son descuidados con sus clientes, con la calidad del servicio e incluso indiferentes a las condiciones de ese mismo servicio en el exterior. La Super recibe cien millones de quejas contra los operadores al mes. La cifra es tan exagerada que parece mentira; pero todos los que tenemos un celular sabemos que son ciertas, y que serían más si todos fuéramos un poco más diligentes. La naturaleza del servicio de celular se transformó; ya no es un servicio suntuario o laboral, ahora es fundamental. Comunicarse y estar interconectado es una necesidad a la que ya nadie puede ser indiferente; hace parte de la vida moderna, tanto como el agua, la luz y la recolección de basuras. Es un servicio público esencial y como tal debe ser entendido por sus operadores y los entes que los controlan; implica una enorme responsabilidad para ambos. La naturaleza irremplazable e imprescindible del servicio de telefonía celular implica una aproximación distinta, de la cual estamos muy lejos. La manera cómo actúan los operadores se parece a un cartel; no compiten entre ellos. Las reglas del mercado no se les aplican, ni los usuarios reciben los beneficios de la competencia. Es evidente que hace falta regulación. La naturaleza esencial del servicio exige límites de los operadores; los usuarios ya no tienen la opción de prescindir del servicio y eso los hace propensos a soportar abusos para mantenerlo. Los trámites frente a las empresas son engorrosos, exigen tiempo y paciencia que pocos tienen. Esas dilaciones sólo benefician a las empresas que ganan y siguen ganando aún con la pésima atención. Las cláusulas de permanencia se han convertido en una herramienta útil para mantener los clientes a pesar de la precariedad del servicio. La cláusula obliga a los usuarios a quedarse y libera a las empresas de le necesidad de competir, de mejorar su servicio y ofrecer mejores tarifas. La mayoría de los clientes están cautivos y entonces el sentido mismo de la competencia se rompe: no hay cómo protestar. Y qué decir de las dificultades que supone pasar de un operador a otro; es demorado y tedioso. El límite de las cláusulas de permanencia debería ser de seis meses para que no se den tantos abusos. Se requieren cuentas claras sobre el valor de los equipos y los subsidios que se reciben. Es fundamental que se puedan comprar equipos sin líneas, a precios competitivos, para que los usuarios tengan poder de negociación. Es necesario que el impulso de esta industria en el mercado global se refleje en nuestro país. Tenemos tarifas caras comparadas con otros lugares del mundo. Además, tienen que existir mecanismos más sencillos para los trámites: internet y teléfono debería haber capacidad de hacer todos las operaciones. Las quejas sobre la calidad del servicio tienen que tener consecuencias concretas sobre los operadores y rebajas para los usuarios. Y aún con todo ello, sería necesario continuar en la imposición de límites para que la iniciativa privada -extractiva- no se torne abusiva. No se trata, como dicen Movistar y Tigo, simplemente de controlar la posición dominante de Claro. Hoy esa empresa pasa por un mal momento, pero el servicio de las otras dos es tan parecido en lo negativo que no logra arrancarle los clientes. Hay un problema de fondo; requiere regulación bien pensada y controles por parte de las autoridades. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/regulacion-o-catastrofe

El paro judicial

El paro judicial se le ha ido complicando al Gobierno. Es a todas luces un paro ilegal, porque las suspensiones de los servicios públicos esenciales, lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La administración de justicia es uno de los pilares constitutivos del Estado; es justificación de la existencia estatal, y al mismo tiempo, una necesidad inaplazable de los ciudadanos. En consecuencia los derechos de protesta –tan importantes- tienen que ceder ante la importancia capital del servicio que se presta. Aquello no parece importarle a los funcionarios de la rama, más preocupados por sus condiciones laborales –que no son malas- que por el cumplimiento de la delicada misión que se les ha encomendado. Sin embargo, los defectos de este paro judicial van mucho más allá. Colombia viene desde hace mucho sufriendo una rama jurisdiccional ineficiente. Se ha culpado al sistema legal, reformado hasta los límites de lo pensable sin que se consigan mejoras significativas. El problema no es la ley, ni los códigos, lo cierto es que los operadores judiciales no tienen suficientes conocimientos en derecho, los domina una costumbre de dilación, de postergar y no resolver. Por eso los colombianos se muestran muy insatisfechos con la calidad de la justicia en Colombia. Y vale decir que un buen servicio de justicia es esencial para la consolidación de la democracia y una sociedad pacífica. Es natural en la convivencia el conflicto, hace parte de la interacción humana; lo que define los niveles de civilidad es precisamente la manera como se resuelven. No es descabellado sugerir que la ineficiencia de la justicia se convierte en causa de violencia en Colombia; la gente se ve obligada a buscar mecanismos para resolver sus conflictos por fuera del sistema. Conviene señalar que los costos de los que se habla son sólo para el reajuste, pero de ahí en adelante los colombianos tendremos que seguir pagando esos nuevos y altos salarios. Además de tener que asumir pensiones con esos nuevos sueldos, e incluso demandas donde otros funcionarios judiciales ya jubilados, invocando el principio de igualdad busquen mejoras en sus pensiones. Una mejora de los salarios podría, eventualmente, mejorar la justicia siempre y cuando se flexibilice la entrada y salida de funcionarios. Deben existir mecanismos para que cada dos años se abran convocatorias para que nuevos profesionales compitan por esos cargos. Nuevos salarios sí, pero si se hacen con una flexibilización laboral profunda que permita renovar la nómina, y escoger los mejores. Aumentar los salarios para seguir teniendo un pésimo sistema de justicia es sencillamente inaceptable. En un país que tiene uno de los desempleos más altos de Latinoamérica, con unos índices de pobreza significativos y preocupantes, no parece adecuado que los funcionarios de la rama jurisdiccional sostengan que requieren un reajuste para ser más parecidos a los altísimos salarios que tienen los magistrados de las altas cortes. Los jóvenes que cada año se gradúan y no consiguen empleo, así como tantos otros colombianos deben tener la oportunidad de competir para acceder a los cargos de la rama jurisdiccional, más aún de toda la burocracia estatal. El defecto del sindicalismo es que toma la vocería del pueblo para defender intereses particulares, de grupos ya beneficiados. Este es un país hay muchos colombianos capaces desempleados. ¿Por qué defender los derechos de unos pocos, en vez de buscar mecanismos para que los mejores sean premiados con los cargos? http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/paro-judicial

Respeto a las minorías

El fenómeno de las minorías colombianas es muy interesante, a veces parece que ciertas minorías tienen más derechos que las mayorías, y otras veces, pareciera que sólo algunas minorías califican como tales. Los colombianos no nos exigimos consistencia en nuestras posiciones. En varios discursos predomina la incoherencia sin que expositores se sonrojen, parece que ni siquiera lo notan. Los opositores a los toros, por ejemplo, consideran que el sufrimiento animal es argumento suficiente para que los amantes de los toros se vean obligados a abandonar su práctica. No les basta saber que pueden ellos optar individualmente por no verlas o incluso ser más consistentes y pasar a una alimentación vegetariana, que elimine el asesinato de los animales destinados a ser carne. Quieren que sea la sociedad entera la que repudie el sufrimiento animal. Sin juzgar los argumentos, podemos observar que ese grupo de personas coincide, en general, con aquellos que consideran que el aborto debe estar permitido, y que califican de godos y retrógrados a quienes se atreven a contrariar esa impresión. No califican como sufrimiento animal el del feto. Es curioso que aquellos que abogan por el reconocimiento de los derechos de un grupo que consideran marginado -los animales-, no vean que hay otros grupos que tienen la misma causa de incluir a quienes consideran también dignos de ser considerados y protegidos por la ley -los fetos. Los católicos practicantes son, evidentemente, una minoría entre la mayoría católica laxa. Esta minoría pretende que se incluya bajo la protección de la ley al feto, que se le otorguen derechos. Así también, quienes propenden por darle reconocimiento a los animales, para que la ley también los cobije. Dejo de lado mis convicciones personales, para sólo observar que el debate es positivo. Me parece bien que haya grupos que se opongan al aborto, que defiendan al feto; como me alegra que haya quienes sienten que los animales merecen reconocimiento; sin embargo no corresponde a ellos, a una Corte o a un Alcalde el zanjar el asunto. Es un debate social de hondas repercusiones porque se refiere a la concepción del mundo, a la jerarquización de los derechos. No les corresponde a unos pocos imponer su criterio. El tema incluye asuntos que vienen de tiempo atrás y cuya tensión se mantiene; para preservar unas tradiciones, cuyo valor histórico es incuestionable, se transgreden los derechos de ‘otros’, ya reconocidos dentro del sistema. Es el caso de las niñas de ciertas comunidades indígenas donde se practica la ablación (casi le cuesta la vida de una bebé de 10 meses en Risaralda). ¿Acabarán esas tradiciones? La interacción social está llena de conflictos, y la historia está plagada de casos donde el otro no es reconocido. Hubo y hay momentos donde hombres por motivos de raza fueron excluidos y maltratados; o por motivos de su inclinación sexual, por género, por completitud; incluso seres sin derechos por ser de otra especie. Definir quiénes están dentro de esa difusa categoría de ‘el otro’ constituye el debate mismo de los tiempos. Así lo debemos entender, y apreciar como a veces el espectro de otro se amplía, y a veces se limita. Es un debate difícil que no cesa nunca, los grandes momentos de la historia están marcados por el intento de reconocerle a algún grupo, derechos que no tiene. En eso hemos avanzado, a veces retrocedido, pero pareciera que el espectro se amplía, tal vez lleguemos un día a reconocer los derechos de todos los seres vivos, o de las meras cosas. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/respeto-minorias

La U: que se la quede Santos

El Partido de la U habilidosamente ha sabido mantener a Uribe cerca; le aseguran que siguen firmes en los principios que inspiran al Uribismo, y que apoyan al Gobierno porque el expresidente los ha dejado solos. Claro que hay congresistas buenos en la U, que defienden sus regiones y sus ideas, pero esos son los menos. La mayoría utilizaron a Uribe para elegirse, y utilizan a Santos para obtener réditos políticos propios. Les gusta andar con la mano extendida pidiéndole mermelada al Gobierno, recogiendo sobras de poder para edificar sus pequeños fundos electorales. No respetan el querer de sus electores, su compromiso es con la burocracia, no tienen convicciones ni una visión de país. En ese contexto, se abre una gran oportunidad para el Uribismo: dejarle ese partido a Santos; al fin y al cabo se parecen más. Uribe no ha necesitado nunca de los políticos. En su primera elección ganó solo, los políticos llegaron cuando su victoria era un hecho. La segunda reelección también la hizo sólo; los partidos de la coalición Uribista se sentían excluidos y se quejaban de la baja participación que tenían; incluso se rumoraba que Uribe los excluiría del poder en su segundo mandato. El presidente Uribe es la única persona en el país que podría intentar un experimento que puede transformar la política colombiana. Si Uribe encabeza una lista única al Congreso y selecciona un grupo de personas comprometidas con su visión del país, de hojas de vida limpias, con ideas, con proyectos, con fe en el futuro, el siguiente sería un Congreso diferente y mejor. Mockus intentó algo así, pero su prestigio no fue suficiente en la Nación. Uribe, en cambio, podría elegir sin dificultades un amplio grupo de parlamentarios distintos; que le devuelvan al Congreso su legitimidad, que le impriman ideas al debate nacional. Una decisión así del presidente Uribe, le devolvería al Uribismo la oportunidad de crecer con líderes que sí lo representen. Además le daría seriedad a la relación con la Presidencia; si el nuevo presidente es Uribista habrá un grupo político serio y consolidado que lo respalde, pero también capaz de contenerlo y exigirle. Si el Uribismo pierde la Presidencia, tendrá la opción de ejercer una oposición seria y consistente. Los beneficios serían también para la democracia colombiana. El Congreso es una institución desprestigiada pues no es capaz de asumir los debates que le corresponden; se ha vuelto un apéndice de los gobiernos y se limita a aprobar proyectos. Si el número de congresistas capaces de resonar en la opinión se aumenta, habrá más equilibrio de poder y más coherencia ideológica en los gobernantes; habrá debate político. El presidente Uribe es un demócrata y por eso le cuesta mucho imponer candidatos y escoger como si fuera mesías. Él prefiere apoyar los liderazgos existentes porque ve en ellos la concreción de la voluntad popular. Sin embargo, las difíciles circunstancias del país asediado por los violentos y con la inminente posibilidad de que los narcoterroristas empiecen a participar en política, impone la necesidad de hacer transformaciones de fondo. Para evitar la toma de poder por los violentos se necesita una nueva clase política con ideas y convicciones; que no ceda ante las mermeladas que puede ofrecer cualquiera. Hoy están empalagados por Santos, pero mañana habrá otros con más petróleo para comprar y más agallas para imponer una agenda política ajena al querer democrático. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/u-quede-santos

Las Farc son las Farc

Algunos se declaran sorprendidos del discurso de las Farc. No hay nada nuevo; nada que no corresponda al accionar sistemático de esta organización narcoterrorista. Unos ilusionados en su convicción de que la negociación es alcanzable se sienten defraudados por las expresiones de cinismo de las Farc; es natural, pues el sueño de los colombianos es la paz y en medio de tanto dolor es difícil no desearla. Otros, en especial los negociadores, están desconcertados. Han sostenido que este proceso no es como los otros, pero luego de este discurso peligrosamente empieza a asimilarse a lo que el país conoce. Es difícil comprender que los negociadores y el propio Gobierno no previera este discurso; sólo se explica por ese delirio -tan colombiano- de fundadores, de que cree que por ser nosotros todo será distinto, tal vez legado por los colonizadores, o por la ceguera que produce la vanidad. En fin, quienes se sorprendieron con el discurso y aquello que persisten en decir que es sólo una estrategia de negociación, están subestimando a las Farc. Este grupo armado que lleva 50 años en una guerra ilegal, y no está dispuesto a cesar su lucha sino cuando consigan lo que han venido buscando: la transformación definitiva del modelo económico y todo lo que ello implica. Hay algo de menosprecio en quienes consideran que las Farc quieren unos cargos en el Gobierno, unas fincas, sueldos para sus militantes o lavar los millones de dólares que han acumulado con el narcotráfico. No se establece una lucha de tanto tiempo para capitular por cosas así, pues todas ellas se podrían hacer sin negociar, hay subterfugios para hacerlas. Las Farc tienen un modelo político y económico que pretenden imponer; de eso se trata. Por supuesto que se trata de un modelo anacrónico, y como es el hecho mismo de persistir en conquistar por las armas lo que las mayorías democráticas no aceptan. Las Farc están quedadas en el tiempo, defendiendo un sistema que ya probó su inoperancia y falló catastróficamente. La revolución comunista fracasó y el mundo lo sabe, pero la influencia de Chávez los alienta. Chávez está involucrado en este proceso de paz porque tienen ánimos expansionistas y quiere a Colombia dentro de su proyecto bolivariano. El vecino venezolano estará tratando de convencer a las Farc de que dejen las armas y opten por la política, como lo hace él. Seguramente les prometerá financiación y cooperación para tomarse el poder. Pero las Farc saben muy bien que a través de las urnas no conquistarán el poder. El pueblo colombiano no los aprecia, ni les perdonan los crímenes que han cometido. Además, después de tantos años de persistir, dejar las armas para tener lo que ya tienen no hace sentido. Quienes insisten en que con esta negociación nos acercamos a la paz, se equivocan. Una cosa es la terminación del conflicto con las Farc y otro muy distinta es la paz. Este proceso aportará, pero ya comandantes radicales, como el del la Teófilo Forero, dicen que sólo “los gordos del secretariado se van a desmovilizar”, los otros, los verdaderos combatientes, seguirán en pie de lucha. Además, el mensaje que le da este proceso a las demás bandas criminales y grupos ilegales es que la violencia puede ser un vehículo político. Esta negociación lesiona lo más profundo de la legitimidad del Estado, ¿cómo se le podrá imponer la ley a quien se roba algo, cuando se le perdona a los asesinos? No hay justificación para romper la ley, eso lo tenemos que aprender los colombianos. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/farc-son-farc

El valor de la seguridad

La seguridad es, muchas veces, menospreciada por quienes habitan en las ciudades; más cuando son grandes y la gente se ha acostumbrado a sobrellevar la delincuencia. Sin menospreciar la gravedad del fenómeno, es muy distinto a lo que tienen que vivir quienes están en territorios dominados por los violentos. La delincuencia común ataca y con ello rompe la tranquilidad de los ciudadanos. Incluso los obliga a cambiar sus hábitos de circulación o sus horas de salida. Pero la vida en general es tranquila, y los criminales alteran esa manera de vivir. Otra muy distinta es la situación de quienes viven en zonas apartadas o en barrios de las ciudades o en el campo, donde el Estado ha perdido la soberanía, y otros grupos de poder armado los ocupan. Puede tratarse de narcoterroristas o de bandas criminales o pandillas; en fin cualquier grupo que toma en sus manos el control de la zona. Lo hacen a través de las armas y con ellas generan un clima permanente de zozobra. El control implica doblegar a todos quienes vivan sobre ese territorio, dominarlos para que obedezcan la voluntad de los amos, para que respeten las reglas que impone quien domina. Además mantener este territorio no es fácil, aparecen nuevos competidores, que generan enfrentamientos cuyo nivel aumenta en la medida en que aquel territorio sirva para extraer riquezas. Es así como los habitantes donde la minería ilegal florece, empiezan a perder sus libertades; también quienes viven justo en los lugares donde se cultivan plantas ilícitas o por donde transitan o se almacenan. Es difícil estar tranquilo cuando el poder que nos domina no es predecible, cuando existe la posibilidad de que hoy o mañana seamos víctimas de un malentendido que termine con nuestra vida. Vivir en el miedo es como vivir en pausa; en medio de la ansiedad de no saber qué va a pasar, y con certeza de que en algún momento algo terrible va a pasar. Quienes menosprecian la seguridad es porque no logran empatizar con una situación así. No es fácil hacerlo, porque no es normal que haya seres humanos que tengan que dormirse y levantarse con miedo. No es aceptable que haya ciudadanos atormentados por unos pocos que ejercen poder a través de sus armas. La inseguridad atormenta más a los más pobres; quienes tienen recursos tienen la opción de irse y buscar nuevas alternativas en otros lugares, pero quienes no cuentan con recursos para hacerlo o están ligados por sus actividades a esos espacios tienen que someterse y vivir como si no fueran libres. En este contexto es evidente el drama de los desplazados. Una situación tan al límite que es preferible dejarlo todo, emigrar para llegar a una región extraña, sin recursos, sin amigos, sin casa; para preservar la vida. Por supuesto que la vida vale mucho, pero nadie debería tener que pagar por ella. En este contexto es merecido el reconocimiento que los colombianos le hacen al presidente Uribe. Uno de sus grandes logros fue darle importancia al valor de la seguridad. Uribe habló de ella, reivindicó su significación. El Estado debe ocupar todo el territorio nacional, pues cuando quedan espacios estos son ocupados por los déspotas armados. El presidente Uribe es un estadista porque fue capaz de captar la necesidad de un pueblo y es sobretodo un líder que estimula a la nación para seguir buscando la manera de construir un país en paz, donde unos pocos violentos no se impongan. Octubre 12 de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/valor-seguridad

La salud del Vicepresidente

El debate sobre la salud del vicepresidente Garzón aparece en el momento exacto en el que el presidente Santos está en el hospital. Podría tratarse de una coincidencia, sin embargo la presencia de Roy Barreras como impulsor de la iniciativa que pretende evaluar la salud del Vice, muestra que hay mucho más que azar. Tiene la primera función de cortina de humo que ahuyenta el debate que podría causar la enfermedad del Presidente; aleja cuestionamientos en torno a si debía o no tomarse una licencia, si es o no una falta temporal. Lo que es más, este Gobierno no está contento con Angelino. Santos lo eligió como formula vicepresidencial porque era un complemento; no representaba lo mismo que él y le abría puertas ante quienes lo veían burgués, centralista y capitalino. Eran las diferencia que tenía con Garzón lo que buscaba Santos durante la campaña, pero una vez elegido pretende que esas diferencias desaparezcan. Parece que le exaspera eso mismo que le atrajo. Queda, inevitablemente, la sensación de que ahora Santos no le encuentra utilidad esas discrepancias; ya las usó y no tiene por qué conservarlas. Más aún cuando nuestro Presiente abomina cualquier cosa que se parezca a la oposición o a la crítica; todo aquello que lo aleje de su comodísima unanimidad nacional. Pero el debate no se puede limitar a las estratégicas jugadas del Presidente. La democracia eligió un combo, que no puede ahora deshacerse. Las agallas de Roy hoy mostraron una nueva faceta; quiere complacer a Santos, aún abusando del marco jurídico. Pensará tal vez, que podrá ser él el nuevo Vice, o que tendrá al menos protagonismo para elegirlo. Mal hacen los que se apuntan a revocar el mandato soberano del pueblo, cuando carecen de razones para hacerlo. Si se tratara realmente de la salud de Angelino, esta no sería la ocasión para exigir los exámenes. El Vice está enfermo, no se necesita un médico para corroborarlo; sin embargo está en un franco proceso de recuperación visible para todos los colombianos. Podría decirse entonces, que el Vice tiene una falta temporal. Determinar si su proceso de cura será definitivo y total sólo lo dirá el tiempo. Cuando se presente la necesidad de que ocupe el cargo de Presidente -y sólo entonces- convendrá hacerle los exámenes para saber si su estado se lo permite. Un caso análogo lo ilustra: tiene una boleta para la lotería que aún no ha jugado, está refundida y la está buscando. Eso no significa que ya no se pueda ganar la lotería; ni podemos concluir que no vaya a encontrar la boleta. El tiempo para buscar la boleta sólo se agota cuando la lotería se juegue. Si se gana la lotería puede reclamarla únicamente si ha recobrado la boleta, si para entonces no la ha encontrado estará fuera del juego. Lo que pretenden hacerle a Garzón es que la lotería excluye del sorteo el número de la boleta porque no aún no la he recuperado. Finalmente conviene recordar que la popularidad del Vice es muy alta. Los colombianos -al contrario del gobierno- valoran sus posturas y su independencia. Entre otras cosas, ha sabido ganarse el cariño de muchos uribistas, que sintiéndose traicionados por Santos, han encontrado en el Vice un político que gurda alguna lealtad al mandato de quienes lo eligieron. No deja de ser paradójico que Santos rechace a Angelino por sentirlo cercano a las posturas del uribismo, posturas estas que fueron definitivas para la elección de Santos. Octubre 05 de 2012 - http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/salud-vicepresidente

¿Por qué no negociar?

Todos queremos la paz, y por supuesto que es necesaria una negociación para lograr la terminación del conflicto. Sin embargo, conviene precisar algunos aspectos que en medio de la euforia que nos causa la palabra PAZ, están distorsionándose. Sea lo primero distinguir la paz del fin del conflicto. Lo que negociamos con los narcoterroristas no es la paz. Es decir, negociamos que ellos y el fragmento del grupo que les obedezca, cesen las hostilidades y dejen las armas. Aquello no significa automáticamente la paz. Colombia tiene otros focos de violencia y aún los procesos de postconflicto son violentos y largos. Sin embargo, puede ser el inicio de ese sendero, y en esa medida es valioso. Sobreviene la cuestión de qué se negocia. La sociedad puede y debe ser generosa para conseguir la reconciliación de las fuerzas que la integran; pero las concesiones han de ser limitadas. Los Estados latinoamericanos tienen entre sus más dolorosos problemas, su falta de legitimidad. En Colombia el fenómeno se amplía pues el Estado no es capaz de cumplir con sus dos funciones esenciales: la seguridad y la justicia. En ese contexto, las cesiones no pueden ser tales que quebranten las endebles instituciones y la frágil percepción de justicia que hemos logrado construir. ¿Con cuál legitimidad se les impone la ley a los ciudadanos si para otros -autores que crímenes atroces- no se aplica? Se pueden intentar justificaciones, pero evaluadas un poco más allá empiezan a mostrar sus limitaciones. Si decimos que el fin -en este caso la paz-, justifica los medios, caemos en la contradicción de que se establecerá para el largo plazo esa visión a los ojos de los colombianos. Será inevitable que otros conserven esta enseñanza con todo lo que ello implica. Hay quienes arguyen que se trata de un movimiento político. Esta es la explicación menos aceptable de todas. Ninguna ideología política legitima el narcoterrorismo. Si un colombiano mata a otro porque no comparte su manera de pensar; si lo mata para obligar a otros a que piensen como él; si lo hace por un fin altruista, porque considera que existe un mundo mejor y que sólo a través de la violencia será posible direccionar a la sociedad, no sería excusado. La condición de grupo, de colectivo, no suaviza esta interpretación, si acaso la agrava. Podría sostenerse que existen causas objetivas para la violencia; que el país requiere transformaciones en sus estructuras para que la convivencia sea posible. La primera crítica obvia es que las mayorías democráticas son las llamadas a escoger el tipo de políticas que desean implantar en la sociedad. Sin embargo, para avanzar en el debate, y aceptamos que las ideas de izquierda deben imperar en el país -aun cuando las mayorías no las privilegien-, no hay justificación a que sea una izquierda asesina y narcoterrorista la que tenga la vocería para hacer exigencias. Si de implantar esas ideas se trata sería más sensato otorgarle la vocería y la fuerza política a la izquierda que ha militado en la democracia, que ha buscado espacios políticos con la fuerza de sus palabras y sus convicciones, y no con las armas. Las concesiones que se hacen a los violentos deben ser limitadas. Deben resistir el examen del tiempo y dejar en lo posible lecciones para la sociedad futura. No se trata de perpetuar la guerra, ni la violencia; pero tampoco podemos destruirlo todo y caer vencidos ante los violentos. 28 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/por-negociar

Generosos con lo ajeno

En medio del creciente efecto que produce la cercanía de la paz, la emoción que empieza a conmovernos, las ilusiones que surgen ante la posibilidad de un mejor futuro, se hace cada vez más difícil no elevarse dentro de la euforia colectiva. En medio de semejante festividad, es interesante conservar la calma para observar que las falacias empiezan a hacerse evidentes. La primera está divulgada por una encuesta de Dinero e Invamer a los empresarios. Dicen la mayoría de los empresarios que quieren la paz, que confían en los buenos resultados. Sin embargo, no se muestran dispuestos a contribuir económicamente con el proceso. Tampoco, muestran interés en contratar a los reinsertados. La posición ilustra -creo- las contradicciones que subyacen a esta negociación. Los colombianos queremos todos vivir en paz; sin embargo pocos o ninguno están dispuestos a pagar por ella. Lo sorprendente del fenómeno es que, en cambio, los empresarios se muestran muy generosos con los bienes del sector agrario. Con amplia boca sugieren y exaltan las virtudes de la reforma agraria. Visto el asunto así, habría que reconocer esa odiosa tendencia de ser generosos con lo ajeno. No se trata de un interés real de superar las desigualdad social; pues nadie mejor que ellos saben que la gran riqueza nacional no se asienta en el campo. El PIB nacional está concentrado en el sector terciario: la minería, los bancos, las empresas de bienes y servicios, generan más recursos. Si de solventar la desigualdad se tratara habría que empezar por esos grandes capitales. La reforma agraria se ha convertido en una manera de darle contentillo a un problema nacional, trasladándoselo a un sector de la sociedad. Es injusto por la desproporción que aquello supone para un sector que ha sufrido como ningún otro la violencia; y sobretodo porque aquellas políticas de reforma agraria han probado su ineficacia. Si la experiencia de todos los países vecinos con fallidos resultados no fuera suficiente, la situación del departamento del Cauca donde se aplicó intensamente la reforma agraria y cuyos indicadores hoy son lamentables, debería ya mostrar su inutilidad. El agro es un sector difícil pues tiene todas las complejidades de los negocios, y se le agregan las vicisitudes del clima, la inestabilidad de la violencia y la amenaza permanente de que sus propiedades e inversiones sean expropiadas. Esta actitud de los empresarios no difiere mucho de la que tenemos los colombianos. Nos gusta pensar en la paz, pero son pocos los que son capaces de entregar parte de sus bienes para obtenerla. Lo que es más grave, aquella aproximación hacia los costos que puede tener la paz es austera. Quienes hicieron la encuesta suponen que las Farc se tranzarán con algunas curules en el congreso y varios trabajos de salario mínimo para sus militantes. Menosprecian a las Farc y consideran que tras casi medio siglo de lucha armada sus peticiones se limitarán a eso. Quienes se tomen en serio a las Farc fácilmente comprenderán que sus objetivos no son sólo unos puestos para dirigentes y milicianos. Para eso, el dinero del narcotráfico les basta. No es sólo más tierra, pues han obtenido por la fuerza más de 300 mil hectáreas. No es sólo la participación en política, la izquierda tiene representación -con excelentes lideres de opinión. Se tratará de imposiciones que irán mucho más allá, y seguramente sorprenderán a quienes no reflexionen con profundidad sobre el tema. 21 de septimebre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/generosos-con-ajeno

El debate del aborto

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del aborto en tres casos. Personalmente estoy de acuerdo con esa postura, sin embargo la oportunidad y la legalidad de esa decisión no es evidente. Un tribunal constitucional tiene la delicada función de interpretar la carta de manera que asuntos abiertos a la interpretación puedan resolverse y tener consecuencias prácticas sobre la sociedad. Aquello supone una tensión interna que no puede desconocerse; las decisiones a ese nivel son eminentemente políticas y por lo tanto recaen sobre temas que son sensibles para la opinión pública. En una democracia aquellas decisiones corresponden al querer de la ciudadanía; es el pueblo a través de su voto quien elige sus representantes y son ellos a través de la ley quienes deben imponernos aquellas decisiones. Una Corte Constitucional debe ser el interprete de la Constitución, el contrato fundacional del Estado emergido, también, del poder soberano del pueblo. La legitimidad de los pronunciamientos de la Corte emana precisamente de que son una extensión de ese querer popular consagrado en la Carta. Ahora bien, las interpretaciones sobre la Constitución a veces son obvias y otras veces suponen la creación de contenido que se aleja del texto original. Aquello no reviste dificultad cuando la vocación de la decisión del tribunal se ajusta con el sentir de la ciudadanía. Otro, muy distinto, es el escenario cuando la decisión de los magistrados no concuerda con el querer de la ciudadanía. A pesar de que se puede argumentar a partir de la coherencia del texto constitucional, los debates de los constituyentes, los principios generales; la ciudadanía puede no estar convencida de las decisiones de los magistrados. Parece natural que incluso se presenten síntomas de rebeldía, pues las decisiones judiciales –por sabias e ideales que sean- son alejadas del principio central de la soberanía popular. Una Corte Constitucional al fallar tiene que tener muy presente esta tensión entre sus propias convicciones y su visión sobre lo que debe ser la sociedad en el largo plazo, y el principio democrático. En EE.UU. el Congreso puede revocar, mediante mayorías calificadas, las decisiones de la Corte Suprema. La idea es preservar la legitimidad democrática y darles a los representantes de la Nación la última palabra en las decisiones sobre cómo deben ser las cosas. Los sistemas que ofrecen mayores libertades para los ciudadanos son, en mi opinión mejores, pues dejan que cada persona sea responsable por sus decisiones. Al mismo tiempo, tienen la virtud de que las diferentes ideologías pueden convivir, y cada quien puede ejercer las convicciones que tiene. Habiéndolo dicho, no necesariamente la libertad es suficiente argumento para imponerla. Se trata de un valor, como cualquier otro, y la manera de jerarquizarlos no sólo obedece a los argumentos sobre su conveniencia; o percepciones individuales. La manera de ser de una sociedad no es un asunto trivial; representa el sentido mismo de la cultura. El aborto es un tema que genera aún mucho debate entre los colombianos. La decisión de la Corte Constitucional no es argumento suficiente para entenderlo superado. Una cosa es el debate jurídico y la manera mediante la cual se toman las decisiones dentro del Estado; otro asunto es que la Corte pueda imponerle a los ciudadanos jerarquías de valores que los ciudadanos no han discutido ni aceptado. En este contexto es interesante el debate de la Corte y el Procurador; evidencia que hay tensiones sobre el tema que no puedan pasarse por alto. 14 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/debate-aborto

No hay peor ciego

Uno de los problemas más recurrentes en las negociaciones con las Farc han sido las mentiras; siempre presentes, siempre evidentes, siempre ofensivas. En los discursos son abundantes las imprecisiones y descaradas son las declaraciones. Y a pesar de que esa práctica no es nueva, duele. Y adquiere una connotación dramática cuando el presidente Santos la avala. Les preguntaron a las Farc por los secuestrados; y cínicos dijeron que no tienen ninguno. Clara Rojas, desde la Fundación País Libre, tuvo que expresar el dolor de esta nueva burla. Luego apareció el presidente Santos y sello el destino del tema: “Hay que creerles”. Que las Farc mienten ya lo sabíamos; pero es aterrador que el Gobierno -con el propósito de mantener los diálogos- niegue lo que el país sabe; las Farc tiene más de 400 secuestrados. La declaración del Presidente empieza a mostrar los costos de esta negociación. Santos hará todo por mantener este proceso. Será, nuestro Presidente, el primero en defender a las Farc de los justos reclamos de los ciudadanos. Pretenderá encubrirlo todo a través de la falacia de ‘creerles’. No será difícil para Santos hacerlo; le gusta gobernar sobre un país que no existe; imaginar realidades que no corresponden a los contextos que vivimos. El atentado contra Londoño se dio en medio de las negociaciones, entonces secretas. Era un buen momento; es una voz que se opone a la capitulación, y silenciarlo antes de que el país conociera el proceso, les daba garantías. Además, el contexto era ideal, pues habría señalamientos hacia otros grupos. Santos sin investigación ya lo sabía: no fueron las Farc, nos anunció. Debieron decírselo y él les creyó. El Fiscal, sin embargo, insiste en que todo apunta a que la Teófilo Forero fue el promotor del acto terrorista. Pareciera que el Gobierno y sus negociadores prefieren ignorar no sólo lo que ha pasado, sino lo que está pasando, para sellar el acuerdo. Concediéndoles que lo hacen por amor a la patria y la convicción insuperable de que nos acercará hacia una convivencia más armónica (y no por premios, cargos internacionales o mera vanidad) hay una equivocación fundamental: la paz no es un acuerdo firmado por un gobierno y unos narcoterroristas. La paz es un proceso mucho más amplio y complejo; implica reconciliación y reconstrucción del tejido social. Negar y limpiar a las Farc de todas sus faltas a través de mentiras es una estrategia inútil. El país sabe lo que ha vivido; lo recuerda y lo sufre aún hoy. La negociación con los violentos sólo tiene sentido cuando ellos aceptan sus faltas. Una negociación con ellos exige a simple vista, al menos, dos condiciones básicas: liberación de todos los secuestrados (no sólo los políticos) y el cese unilateral al fuego. Sin ello, puede que firmen un papel cuyo valor simbólico en nada altere la realidad del país. Todo esto acrecienta las preocupaciones en torno a la negociación. Podemos entender que la firma de un acuerdo no es equivalente a la paz, pero que puede ser un primer paso. Sin embargo, la desfiguración de la realidad, la tarea del Presidente y su gobierno como agentes defensores de los violentos, suponen una inversión de la natural representatividad de esos cargos. En este contexto, y con el dato adicional de que los garantes del acuerdo son los gobiernos de Cuba y Venezuela, sobresale una pregunta ¿Quién representará a la sociedad colombiana? 7 de septiembre de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/hay-peor-ciego

Enemiga de la Paz

Cada vez que alguien hace críticas sobre la ‘Paz’, se lo declara enemigo de ella. Es un título duro para los críticos, más aún cuando ‘Paz’ es concepto mezclado, sin forma, misterioso, del que nadie podría dar una explicación coherente. ‘Paz’ como el ideal humano de la vida en perfecta armonía es la utopía de todos. Contra ella sería impensable la oposición, ridícula la crítica. Sin embargo, conviene distinguir el efecto retórico de este sueño, de la realidad de sus posibilidades, nadie es tan ingenuo para suponer esa PAZ posible. Descartado el exceso, nos queda algo referido al conflicto, algo que no es preciso y que se mueve entre los dos extremos que suponen la capitulación de uno de los bandos. Para nuestro caso, la capitulación de los violentos implicaría su rendición y su sometimiento a la Justicia, y por el otro lado, la capitulación de la sociedad significaría que los violentos se asen al poder y la sociedad se someta a sus designios. Hay en el medio una infinidad de posibilidades y combinaciones. En este contexto es claro que no toda paz es deseable o buena; y que estas apreciaciones corresponden en gran medida a la posición en la que uno mismo se sitúa en el conflicto. No es lo mismo ser quien capitula, que ser parte de quienes reciben y aceptan la capitulación del enemigo. La ‘paz’ no es sólo un nombre; no es sólo una ilusión; no es sólo un recurso político; proponerla tiene responsabilidades y exige significados precisos. ¿Qué tipo de paz nos ofrece este gobierno? ¿Qué y hasta dónde va a ceder la narcoguerrilla, qué la sociedad? El documento que se firmó -de espaldas al país- se parece más a una capitulación de la sociedad ante los violentos que de ellos ante nosotros. No es posible saberlo con precisión porque el proceso ha sido oscuro y excluyente. Este como ningún otro es un asunto de la Nación entera, de cada uno de sus integrantes. Sólo será posible construir el fin del conflicto con el concurso de todas las fuerzas de la Nación. Este no es el caso; Santos no representa a la mayoría de sus electores, desde hace mucho, quienes votamos por él nos sentimos ajenos y excluidos. Quienes aparecen como negociadores, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega tampoco representan en nada a la Nación colombiana. Menos aún quienes se suponen han venido negociando como Frank Pearl, Jaramillo o Enrique Santos -hermano del presidente. Aquellos que gozan de la confianza del Presidente no son los mismos que pueden representarnos como nación o que pueden darnos tranquilidad. Tampoco genera confianza un Presidente que sin ningún pudor ha mentido. Dijo en varias entrevistas que no había diálogos de paz. Lo dijo, lo repitió, lo aseguró, pidió rectificaciones a quienes se atrevieron a darle credibilidad a los rumores, nos engañó. ¿Cómo creerle ahora? El tema del narcotráfico es el gran ausente en este debate. Este es y seguirá siendo el foco fundamental de los problemas colombianos. No creo que haya una diferencia sustancial entre la situación actual, donde por posiciones políticas, algunos se sienten legitimados para matar, secuestrar, extorsionar, remplazar al Estado y traficar drogas; que una situación en la cual se den todas esas conductas bajo el rótulo de la delincuencia común. El problema no es el discurso, es su efecto sobre la sociedad. La paz no es un tema trivial, ni un tema del Gobierno. Exigimos claridad, trasparencia y respeto por los principios democráticos que inspiran a esta nación. 31 agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/enemiga-paz

¡Santos se liberó!

Este gobierno va mal; esa es una opinión generalizada entre los colombianos, como muestran las encuestas. La consecuencia natural es cambiar el gabinete. Los ministros son como fusibles, sirven para proteger la imagen de los presidentes. Es un mecanismo para reconfigurar las políticas públicas, virar cuando las decisiones no han sido adecuadas; en fin, dar a los ciudadanos un aire, la impresión, la ilusión de que todo cambiará. No sabemos aún cómo va que quedar el gabinete del Presidente; lo que se evidencia es que el liberal que hay en Santos floreció; volvió por sus huestes y por eso suenan como nuevos ministros Serpa y Gómez Méndez. Además se habla de Lucho Garzón y Fernando Carrillo (el ministro de la suit-cárcel La Catedral de Pablo Escobar). Dicen los medios que tratará de configurar un gabinete para la paz y la prosperidad social. Si estas apuestas resultan ciertas, le pronostico a Santos una segunda etapa peor que la primera. Esos nombres nos dan elementos para comprender hacia donde van a dirigirse los esfuerzos del gobierno. Volvemos a las nefandas épocas del proceso 8000. Serpa recorrió el país repartiendo el presupuesto nacional para mantener a Samper en el poder. Dejó deudas, compromisos de miles y millones de pesos, y cuando el país exigía que Samper dejara el poder nos gritó: ¡Mamola! ¿El presidente Santos estará pensando que necesita una estrategia similar para doblegar la voluntad popular? Santos está encantado con volver al liberalismo y reunificarlo. Tal vez el Presidente no se ha dado cuenta de que la salida de Uribe del Partido Liberal dejó esa colectividad con sólo dos facciones el Serpo-samperismo y el Gavirismo; y que ambas tienen poca acogida en la opinión pública. La apuesta de Santos por el Partido Liberal será fallida; poco queda para reunificar y lo que queda no lee. Se dice que Lucho Garzón estaría a cargo de la cartera de agricultura. Es una noticia muy preocupante; Lucho no dejó una buena estela como alcalde; y no conoce la dinámica ni los conflictos del agro en Colombia. Sería un error seguir golpeando un sector que ya está afectado y requiere atención de personas que conozcan ese renglón económico. La tierra no es para el discurso demagógico; es un negocio del que depende la calidad de vida de nuestra población rural. El éxito del campo, es un avance hacia la paz. Si el nuevo gabinete se establece con el propósito de obtener la paz, también tenemos señales sobre que tipo de paz se va a negociar. Santos ha asegurado por todos los medios que no hay procesos de paz en marcha; y todo indica lo contrario. Este sería su segundo engaño a la democracia colombiana. El Presidente Santos tiene que comprender que el ejercicio de Gobernar no es el proceso de decidir lo que es bueno para la sociedad, porque así lo considera el mandatario. Hay un frágil equilibrio donde el gobernante propone y la sociedad decide. Lo contrario es el despotismo ilustrado, que decidido para y por el pueblo, pero sin incluirlo en las decisiones. Gobernar se parece más que Saint-Exupéry dice de su Rey; “si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía” y agrega “la autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”. 24 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-libero

Embutidos Políticos

Los sucesos del Polo Democrático, donde fueron expulsados por doble militancia los miembros del Progresismo y el Partido Comunista plantean un debate muy interesante. La norma sobre la doble militancia es muy estricta y más aún la sentencia de la Corte Constitucional. La tensión subyacente es clara; por un lado está la necesidad democrática de que los ciudadanos al votar por un partido, sepan por qué están votando. Por el otro, la legitima pluralidad de pensamientos y discrepancias que puede haber en el seno de una sola organización política. Colombia es un país de lideres carismáticos; votamos inspirados en la persona y no en los partidos. Aquello se ha reconocido como poco deseable; por tanto el legislador ha hecho esfuerzos para aumentar el poder de los partidos. La idea es que las ideologías políticas –que no son tantas– se agrupen de manera que el poder carismático de nuestros lideres, se traslade hacia organizaciones con ideas y propuestas claras. Es un modelo que ofrece virtudes, pues hace las ideas más importantes que las personas; los servidores públicos se convierten en tales y los políticos en representantes de una ideología. Sin embargo, aquello es distante de la política colombiana. Pocos partidos son coherentes o tienen la capacidad de serlo. El Partido Liberal, por ejemplo, es el típico embutido político. Hace unos años militaban en el mismo partido Uribe y Piedad Córdoba. Desde la elección y el gobierno de Uribe la política colombiana se empezó a aclarar. Los partidos sufrieron una reconfiguración que hizo más definidas las ideas que caracterizan a cada organización política. Frente a la U, el Polo asumió su papel con gran éxito, pues es fácil combatir ideas claras y posturas precisas como las que tenía Uribe. El Mira tiene sus seguidores y posturas evidentes, los Verdes se configuraron como una alternativa menos definida pero identificable; los liberales, son el único partido importante, que no ha podido definir su espectro político. La legislación no resolvió el asunto de las disidencias. Una cosa es la unidad partidista y otra distinta la homogeneidad. No hay una línea natural para diferenciar ambos fenómenos, y sin embargo es menester hacerlo. La política es discusión de ideas, posturas, matices y por lo tanto siempre habrá divergencia. Hoy, esas disidencias son aplastadas por la mayoría, pues equivocadamente se considera que atentan contra la unidad. El caso del Polo nos sirve para ilustrar el asunto. La doble militancia rompe la integridad misma del partido; el Partido Comunista utilizaba las reuniones del Polo para promover la integración de la Marcha Patriótica; un movimiento político diferente. La Marcha Patriótica es otra organización; y si no es partido es sólo porque no hay aún elecciones para obtener la personería jurídica. La ley lo recoge de manera acertada: quien hace parte de un partido, no puede hacer parte de otro. La disidencia, en un principio, no atenta contra la pervivencia del partido. Se trata de una minoría que no se conforma con las decisiones de la mayoría o de las directivas. Aquella forma de pensar diferente es fundamental; se parece un poco a la varianza que existe dentro de una misma especie natural. Es una manera de prevenir la extinción; cuando las circunstancias cambian, esas pequeñas diferencias de unos individuos pueden garantizar la continuidad de la especie. Las minorías son parte de un partido, pero tienen interpretaciones disímiles; aquellas son una reserva para los cambios siempre presentes en la política; son la posibilidad de adaptación y continuidad. 17 de agosto 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/embutidos-politicos

Los resultados

El presidente Santos insiste en que todo va bien y en que los colombianos somos incapaces de comprender lo que estamos viviendo. Sus discursos sostienen que todos los problemas son percepciones y que a su gobierno sólo se le podría señalar un defecto: la falta de comunicación de sus logros. Es un diagnostico extraño, pero más desconcertante aún es el responsable: “El problema del Ministerio de Comunicaciones es que no comunica”; dijo el Presidente. Será tal vez una nueva función que pretende asignarle al MinTics. La propaganda estatal ha sido propia de los regímenes totalitarios que buscan confundir a la opinión para alterar la manera como se interpretan los hechos o incluso, en casos más severos, tergiversarlos. En las épocas donde tuvo apogeo su efectividad fue deficiente: la ciudadanía fue capaz de evaluar adecuadamente lo que hace un gobierno. La propaganda terminó siendo útil sólo hacia fuera; por eso los regímenes tenían que tener entradas y salidas restringidas, información controlada y muchos secretos. Es un engaño muy difícil de ejecutar en estos tiempos; hoy la información circula sin control ni restricciones por medios diversos; las comunidades reaccionan, protestan, se indignan. El ejercicio de mera comunicación que es, seguramente, lo que reclama el Presidente tampoco es función del Estado y es también inútil. Los resultados de un gobierno no necesitan propaganda: no necesitan editoriales, ni noticieros, ni estrategias; la naturaleza de la acción estatal permite que los ciudadanos vivan esos resultados. El Estado es un agente económico evidente, sus obras son visibles, sus acciones todas tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, y si esa mejora no se da, si los resultados estatales no son palmarios, es porque son inexistentes. El Presidente debería saberlo; ha sido un especialista en manejo de medios –los cuales casi todos insisten con él en que todo está bien- y pese a ello, la opinión pública se aleja del mensaje enviado. De poco sirve que se diga que algo es de determinada manera cuando el ciudadano con sólo salir a la calle puede corroborar que no es cierto. Merece atención la tendencia de este gobierno a manipular y presionar la opinión de los medios de comunicación para evitar cualquier divergencia. Mucho se ha dicho de la gravedad que supone la estigmatización que hace el Presidente de los opositores a quienes ha llamado “mano negra”, “idiotas útiles” o “aliados del terrorismo”; no hace falta profundizar más en el asunto. Se habla de los “razoneros” del Presidente, de las llamas a los diversos medios de comunicación, de la excesiva pauta estatal; a ello se suman las declaraciones de Ana Mercedes Gómez, exdirectora de El Colombiano: “Durante mis 22 años como Directora, me tocaron seis presidentes. Con todos tuve diferencias y afinidades. Pero con el único que tuve que enfrentar presiones, directa e indirectamente, fue con el actual. En tres ocasiones y en momentos distintos, Santos envió a emisarios para decir que les bajáramos el tono a los editoriales. Les dije que iba a reflexionar y a mirar si habíamos sido injustos, pero comprobé que no. Y por eso me mantuve en la misma línea. Eso tuvo un alto costo para mí”. No es un asunto menor. El Presidente no puede convertirse en un factor adicional de presión a la libertad de opinión asediada y amenazada por los violentos. 10 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/resultados

La Corte se equivoca

La Corte Constitucional profirió un auto, que no conocemos porque ahora notifica sus decisiones por comunicados de prensa, y del que se dice que ordena al Ministerio de Defensa reintegrar seis hectáreas a los indígenas del Guaviare y por lo tanto, retirar algunas instalaciones que hacen parte de la Base Militar de Barrancos, Guaviare. Es un grave precedente. La base está sobre un terreno que el Incoder le asignó a la Fuerza Pública, pero se ha extendido sobre territorio del resguardo. Sin embargo, el problema no es de linderos. La difícil situación que enfrenta el país, cuando las Farc y los demás grupos narcoterroristas están retomando control sobre amplias zonas, donde además algunos ciudadanos –alegando la autonomía- han pedido el retiro de la Fuerza Pública de su territorio, le da al asunto un trasfondo que no puede ignorarse. Una cosa es el litigio sobre un lindero (que en cualquier otro contexto se resolvería a través de una expropiación a favor del Estado); y otra muy distinta impedir a la Fuerza Pública tener bases sobre territorios indígenas. La seguridad es un derecho principalísimo de los ciudadanos; es un deber del Estado garantizarla. La Fuerza Pública defiende a los ciudadanos, sin embargo no siempre es efectiva por la naturaleza misma del terrorismo. Es una tarea compleja y difícil de conseguir. Si el Ejército no estuviera habría una paz aparente; pues los ciudadanos inermes estarían a merced de los violentos; limitados en derechos y sometidos a la fuerza de las armas. La Fuerza Pública no es un actor del conflicto –como lo supone la Corte– eso equipara los narcoterroristas con el Ejercito, los hace responsables y son los causantes de la violencia. Una interpretación así nos llevaría a la conclusión de que eliminar la Fuerza Pública nos conduciría a la paz. Nada más mentiroso. El control del territorio por el Estado hace parte de sus funciones. Hubo en Popayán una manifestación de miles de indígenas, más de 7.000, que expresaron su respaldo a la Fuerza Pública y reclamaron por lo que consideran el mal manejo que dan algunas autoridades indígenas a los millonarios recursos que reciben del Estado y de organizaciones internacionales. Eso demuestra que hay un grupo de indígenas que confía en la institucionalidad colombiana, que creen en la construcción de un país y de una nación donde cabe la diversidad. La manifestación en el Cauca transformó el problema; hizo evidente que existe una fracción –al menos– de indígenas que no está de acuerdo con las peticiones de despeje. Surgen preguntas sobre la representatividad de las autoridades que están tomando la vocería indígena. Aquellas no son elegidas por la democracia y cabe cuestionar si sus peticiones representan a todos los miembros de la comunidad. Aún si quienes se manifestaron a favor de las Fuerzas Armadas son una minoría, surge la cuestión del respeto que merecen. Así como los indígenas tienen derechos por ser, precisamente, una minoría; las minorías dentro de las comunidades indígenas merecen ese mismo reconocimiento. Colombia no puede seguir por una senda donde las identidades son factores de disociación y rompimiento; el modelo multicultural supone la pervivencia de las diferencias, pero en un gran crisol que los contiene a todos. Un país donde todos respetan un Estado y unas mismas instituciones que deben dar garantías para la vida en común. 3 de agosto de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/corte-equivoca

Un 'Vice' realista

Cuando el entonces candidato a la presidencia Juan Manuel Santos, anunció que su vicepresidente sería Angelino Garzón muchos nos sentimos inseguros; Garzón no era propiamente un uribista de tiempo completo. Había tenido una buena relación con el Presidente Uribe, pero también posturas contrarias y disímiles; por mencionar sólo una, el apoyo que le daba al despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle. Sin embargo, una vez elegidos para sorpresa de muchos (y me incluyo), resultó más afín al mandato de los electores Angelino que el propio Santos. Así las cosas, el Vice se volvió una pieza incómoda; tomaba posturas inteligentes, criticaba y cuestionaba muchas acciones del Gobierno. No se trata de nada nuevo como lo pretende el Partido Liberal. La figura del Vicepresidente ha sido difícil a lo largo de la historia y lo sigue siendo; desde los inicios de la República, Santander conspiró contra el Libertador; en 1900 el vicepresidente Marroquín derrocó al presidente Sanclemente; hace poco en Paraguay el vicepresidente Federico Franco fue pieza decisoria para la caída de expresidente Lugo. Al parecer los liberales tampoco leen la historia nacional ni los periódicos. La figura vicepresidencial tiene –y por eso la hemos criticado– esa naturaleza doble; es un político distinto, con sus propias ideas y que está respaldado por los mismos votos que eligieron al Presidente, pues es evidente que no hay cómo saber el número de votos que le corresponde a cada uno. Es por ello que el Vice tiene poder y tiene ideas que, incluso, pueden oponerse al Gobierno; es de su esencia. En ese sentido, Angelino merece respecto cuando expresa sus opiniones políticas y difiere del Gobierno. En el transcurso de la enfermedad del Vice se ha presentado la discusión en torno a si tiene la capacidad de ejercer su cargo, y es natural y jurídico que se tenga y se aclare la situación. Sin embargo, no está bien que el Presidente haga su visita sólo ahora cuando aparece la declaración del senador Juan Carlos Vélez según la cual Angelino estaría de acuerdo con la Constituyente que rechaza el Gobierno. Pareciera que la paciencia del Gobierno que aguardaba la recuperación del Vice, se agotó cuando volvió a dar declaraciones contra las instrucciones de Santos. Ojalá no sea este el caso, porque hablaría muy mal del Presidente el presionar a un hombre enfermo y aprovechar la debilidad inherente a su estado para llamarlo al orden. El Gobierno estaba convencido de la necesidad de reformar la justicia y por eso presentó el acto legislativo. El trámite mostró que el Congreso y la institucionalidad colombiana no son capaces de ofrecernos los cambios que el país requiere. La Constituyente es una alternativa interesante para hacer un diseño institucional bien pensado, diseñado y discutido con personas que no estén comprometidas con el ejercicio de los poderes públicos, sin investigaciones y con criterios claros, académicos y libres de las presiones propias de estar inmerso en el diseño de la función que se ejerce. Ahora el Gobierno dice que no se requiere una reforma estructural, que con un par de decretos basta. El Vice otra vez, aún enfermo, parece más ajustado a la realidad del país. 27 de julio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/vice-realista

Santos responsable

La situación del Cauca tiene causas bien conocidas, originadas en el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la narcoguerrilla, los conflictos de tierra, la dificultad de realizar en la práctica la utopía de la multiculturalidad, por mencionar sólo algunos; sin embargo, gran parte de la responsabilidad corresponde al Gobierno. El presidente Santos, desde hace mucho tiempo, ha venido mostrando una imposibilidad de tomar decisiones, de negociar con las comunidades y sobre todo una incapacidad de predecir los eventos políticos. El arte de la política es mucho más que disimular los problemas y aplazar los conflictos. Implica entender la sociedad, poder predecir las consecuencias de las decisiones y medir los impactos que pueden tener en cada contexto. Santos lo hace muy mal. En el paro de los transportadores –por la derogatoria de la tabla de fletes- dijo que no negociaría, que era una decisión tomada. Sólo cuando el paro se dio, y la capital y otros puntos estratégicos del país estuvieron bloqueados, el Presidente decidió oírlos, negociar y reversar lo que había anunciado como inamovible. Vino luego el caso de la reforma a la educación superior. También anunció con vehemencia que no retiraría el proyecto, que no había lugar a las críticas hechas, y luego cuando el paro y el caos azotaban a la sociedad, retiró el proyecto, y abrió las mesas de concertación. Los indígenas hicieron su propuesta, el presidente fue hasta Toribío para hablar con ellos -eso creímos- y sin embargo no lo hizo, se encerró con sus ministros y tuvo una reunión que bien hubiera podido hacer en Bogotá. Se fue dejando todo como estaba antes de su visita y todos los caucanos sabíamos que algo grave iba a pasar. Santos no lo supo, o prefirió ignorarlo, fiel a su idea de que no decir equivale a que no pasa. Se desató lo que conocemos, en general previsible y estoy segura, de que también evitable. La política del gobierno Santos se limita a atender lo que pasó, pero no anticipa, no previene, no evita. Si se sabía que los indígenas iban a sacar a los militares (lo anunciaron por los medios de comunicación), ¿por qué el presidente ignoró la advertencia? ¿Por qué no dialogó con ellos antes? ¿Por qué no planeó una manera de contener -sin violencia- a los indígenas? ¿No les creyó? ¿Pensó que no eran capaces? Las vías de hecho ocurren, precisamente porque los gobiernos no oyen las protestas ciudadanas, porque no son capaces de entender la magnitud de lo que se les pide, ni la decisión con la que se pide. Santos odia decir que no, y odia mucho más tener que discutir sus decisiones con alguien más. Trata a los colombianos como si perteneciéramos todos a ese congreso que tiene empalagado de mermelada, sumisos, sin opiniones propias y rendidos ante lo que él les mande. Esto ha devuelto al país hacia las vías de hecho. Cuando el Gobierno ignora -tan rampantemente- las voces de los ciudadanos el conflicto escala. A este gobierno hay que sumarle un Congreso que no nos representa. La función de un congresista es darle voz a sus electores en las decisiones nacionales; pero como la mayoría de nuestros parlamentarios se dedican a complacer al Mandatario a cambio de contratos, puestos, regalías y demás dulces, los ciudadanos no tenemos otro camino que el de la protesta. Lo más grave es que las sociedades entienden. Ahora todo el que quiera algo irá a las vías de hecho, porque ya sabemos que sólo así el Gobierno atiende. 20 de julio de 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/santos-responsable

La esterilidad del despeje

No hay ningún colombiano que no esté cansado de la guerra. Por supuesto, existen comunidades y áreas de Colombia que han tenido que soportar mucha más violencia y destrucción que otras. El Cauca ha sido una víctima continua; todos los grupos ilegales han penetrado y arruinado nuestro departamento. Sin embargo, entregarnos a ellos no es la solución. Los indígenas están siendo ingenuos al considerar que las Farc van a abandonar su territorio. No lo harán por varias razones: la primera y más obvia es que los guerrilleros son los dueños y administradores de los cultivos ilícitos. Los indígenas recibieron más de 570 mil hectáreas en el departamento; pero ante la imposibilidad de explotarlas, han dedicado grandes partes del territorio a los cultivos ilícitos. Ese sustento de los indígenas, es también el combustible del conflicto y la fuente principal de recursos de los guerrilleros. Además, las áreas indígenas hacen parte de los corredores por donde se trafican las drogas. El Cauca a través de la bota caucana, conecta el Caquetá y el Putumayo con la Costa Pacífica desde donde los embarques se despachan. Es un negocio al que las Farc no van a renunciar. Más aún, por esa posición estratégica el territorio, incluido el de los indígenas, es asiento de muchos guerrilleros que desde ahí manejan el narcotráfico y libran la guerra contra el Estado. Así las cosas, con una presencia narco-guerrillera inamovible, si la Fuerza Pública abandona las áreas habría una tregua, como la hay en la regiones del país donde el Estado ha perdido el dominio territorial y los habitantes están bajo el yugo de los violentos, hay una paz aparente. A corto plazo aquella solución puede parecer efectiva, la sociedad puede acostumbrarse a vivir con derechos reducidos -sin libertad, sin posibilidad de expresarse, con el temor de ser aplastado por el arbitrio de quien tiene las armas. Claro que puede acostumbrarse a vivir como se vive en los regímenes comunistas y tiránicos, donde los ciudadanos sobreviven y pueden desarrollar sus actividades, sin libertad y sin derechos; pero esa es una vida muy pobre e indigna. Cabe también preguntarse por la legitimidad y la representatividad de los voceros indígenas que insisten en la desmilitarización. ¿Representan a todos los indígenas? ¿A la mayoría? ¿Tienen en cuenta el deseo de los habitantes de la zona que no son indígenas? ¿Qué pasa con las autoridades administrativas, elegidas por voto popular que se oponen a la medida? ¿Ellos no son representantes? Hay graves sindicaciones de vínculos de algunos de esos líderes indígenas con narcoterroristas del ELN e incluso de las Farc. Algunos se atreven a denunciar este plan como originado y orquestado por los grupos narcoterroristas; prefiero pensar que el argumento del deseo de la paz y el cansancio de la guerra obliga a medidas desesperadas. Sin embargo, no podemos menospreciar el poder de las Farc de penetrar las estructuras y pervertir la voluntad de los pueblos. No se trata sólo de la seguridad de los indígenas. Permitir una zona de distensión fortalecería a la narco-guerrilla, que saldría desde ahí a destruir otros pueblos y otros colombianos. No está bien exigirles heroísmo a quienes están sometidos a la violencia, y pedirles que soporten la guerra; pero tampoco es admisible permitirles que se conviertan sus territorios en santuarios de las Farc y otros grupos violentos. El Estado y la sociedad colombiana necesitan hacer un esfuerzo para que se garantice la seguridad de los indígenas y al mismo tiempo puedan explotar sus tierras sin cultivos ilícitos. Los indígenas son colombianos: ellos deben comprometerse con el país, pero el país tiene también que garantizarles sus derechos. 13 de julio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/esterilidad-del-despeje

Carácter frente a los sinuosos

El sentido homenaje que le rindió la sociedad a Fernando Londoño no sólo celebró que esté vivo, sino que repudió al terrorismo y a los violentos. Uribe en un discurso elocuente repasó las prácticas de este gobierno que lo hacen incompatible con la ideología que lo eligió. Precisó la diferencia entre la construcción de una buena imagen de Colombia porque la realidad se transforma y aquella que pretende el Gobierno de silenciar y acallar los problemas. Se quejó de que el Gobierno persista en defender la dictadura chavista, pese al daño que eso supone a los venezolanos y a los colombianos tan atormentados por el terrorismo que alcahuetea el vecino mandatario. Desconoció el argumento diplomático de que es mejor ser amigo de todo el mundo, recordando cómo el presidente Lleras rompió relaciones con el tirano Fidel Castro. Mostró la inmoralidad del argumento económico, que pretende comparar el valor del dinero con el de la vida y la libertad de los colombianos. Criticó la política pública de la demagogia, que remplaza las oportunidades con regalos. Se mostró insatisfecho con el tratamiento a los militares hoy procesados por una Justicia que no les otorga garantías y cuyo sentimiento de persecución da para que se acojan a sentencia anticipada, aún considerándose inocentes. Apuntó a la necesidad de consolidar la seguridad; no sólo con indicadores. Denunció que la disminución del homicidio se debe a los pactos macabros entre los violentos, que viven la paz porque se han dividido el control del territorio y las víctimas; el secuestro se transformó en extorsión; y el miedo se ha vuelto el compañero de tantos colombianos abandonados por el Estado. Y quieren que nos quedemos callados. La elocuencia sin par de Londoño hizo un recorrido por la historia patria donde describió las diferentes épocas y evaluó cómo se ha tratado el terror. Resaltó el heroísmo de Valencia, ‘Presidente de la Paz’, que mostró que la paz es posible sin la humillación del Estado. El valor enérgico de Barco en su combate contra el narcotráfico. Exaltó todo cuanto el pueblo colombiano reconoce en el mandato de Uribe. Y señaló con firmeza la concupiscencia de los otros gobernantes. Fue un momento crucial donde quedó claro que desde este día en adelante una cosa es el uribismo, y otra muy distinta el santismo. Algunos analistas políticos sostienen que esta división de la centroderecha dará lugar a que la izquierda se abra camino hacia el poder. Discrepo de esa tesis. El presidente Santos no puede catalogarse como del centro y menos aún de la centroderecha. Su gobierno tiene todos los elementos que identifican a la centroizquierda; optó por un Estado grande, aumentó la burocracia y el gasto estatal. Además tiene lenguaje agresivo y burlón contra los ricos, “los voy a hacer chillar”, “quiero ser recordado como un traidor a mi clase”. Comparte las políticas sociales del asistencialismo y la demagogia. Santos es un clásico gobernante del Partido Liberal, que ha sido, tradicionalmente la izquierda colombiana, inscrita desde hace mucho en la Internacional Socialista. Así las cosas, ayer la centro derecha y el centro democrático abandonaron al presidente Santos. La preocupación será para el mandatario quien ahora sabe que la mayoría de los votos que lo eligieron, hoy no lo respaldan. Tendrá entonces que empezar a conquistar nuevos electores dentro de los sectores de izquierda; sus votos liberales deberán ser incrementados con votos del Polo y el Progresismo. 6 de julio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/caracter-frente-sinuosos

Poder público para todos

El episodio de la reforma a la Justicia quedará en los anales de la historia como uno de los más tristes que haya conocido nuestra institucionalidad. La confabulación de las tres ramas del poder para otorgarse beneficios mutuos y consagrar en la Carta la impunidad para ese grupúsculo denominado ‘aforados’ generó, con toda la razón, malestar en la opinión pública, cansada ya de que quienes ostentan el poder -emanado del pueblo- se pretendan superiores a los principios de Justicia que subyacen en la sociedad. La fórmula mediante la cual se derogó la grosera reforma, violentó la Constitución de manera brutal. Las objeciones presidenciales sobre un acto legislativo rompen profundos cimientos de la teoría de un Estado de Derecho. El Presidente no puede ostentar la calidad de constituyente, pues su elección es mayoritaria -muchos quedan excluidos- y por eso sólo el Congreso -donde deben estar representados todos los intereses de la Nación- puede modificar la Carta. Además se hizo una citación a sesiones extras para discutir la reforma cuando el término establecido por la Constitución había pasado. Esa discusión del Congreso violó esas normas expresas de la Constitución que impiden la discusión de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias; más aún el procedimiento utilizado para ‘hundir’ la reforma -ya había sido aprobada- no tiene ningún sustento legal y excede todo precepto constitucional. La complejidad de los argumentos jurídicos y constitucionales no les impidió a las mayorías colombianas percibir todo lo sucedido como un atentado contra lo más sagrado del Estado de Derecho; así lo demuestran las encuestas. El Presidente se precipitó aceleradamente; también el Congreso y las Altas Cortes. Los tres poderes públicos cayeron. No es un hecho para celebrar. La confianza de los colombianos en sus instituciones es esencial para la construcción de un Estado próspero y una nación organizada. La poca legitimidad que ostenta el Estado colombiano y que tanto trabajo ha costado construir se debilitó. Los ciudadanos se apartaron de sus dirigentes, desaprueban sus decisiones y su proceder. Construir un Estado confiable, representativo que se sintonice con el querer nacional; es -tal vez- el reto más difícil que enfrenta Colombia. No es tarea sencilla; el pueblo colombiano tiene muchas razones para no sentirse respaldado por el Estado; lo que es aún peor, pocas para valorarlo como útil y necesario. La falta de seguridad, el abandono de las regiones, la incomunicación, una burocracia ineficiente y rígida que en general dificulta la vida en vez de beneficiarla, debilitan la conexión que debería existir entre el Estado y la Nación. La reforma a la Justicia se une a esa larga lista y es, al mismo tiempo, el punto de inflexión. Los poderes públicos colombianos deben oír este clamor; los colombianos no estamos dispuestos a tolerar un Estado al servicio de unos pocos. Los cargos públicos no están diseñados para otorgar privilegios a quienes los ostentan; la Constitución los llama servidores públicos, pues su único sentido es dedicar sus esfuerzos a la consolidación del bienestar social. Aquellos interesados en la acumulación de riqueza, y la consecución de sus fines individuales, bien pueden hacerlo desde el sector privado. El servicio público supone renuncia, entrega, dedicación, altruismo y amar la Patria por encima del interés individual. El Estado debe encarnar la Nación y convertirse en el puente para que los individuos cooperen unos con otros y se construya un país con oportunidades y espacio para todos. 29 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/poder-publico-para-todos

Deforma a la Justicia

Lo que aprobó el Congreso es una afrenta contra la democracia colombiana, contra sus instituciones y el Estado de Derecho. Este Congreso prolífico en la promulgación de normas, paradójicamente ha sido también el padre de la legislación que les permite a ciertos colombianos no cumplirlas. Aprobó con el Marco Jurídico para la Paz, la impunidad para los narcoterroristas; y aprueba ahora con la Reforma a la Justicia, la impunidad para políticos, magistrados y un grupúsculo de poder que denomina ‘aforados’. De este parlamento habremos de recordar por siempre su pobre devoción por los conceptos básicos de la ley: la obligatoriedad y la generalidad. Sin embargo, las atrocidades consagradas en nuestra Constitución no son sólo atribuibles al Congreso; el Gobierno es igualmente culpable. En una habilidosa movida el Presidente y sus ministros pretenden ahora deshacerse de una responsabilidad que les corresponde. Basta recordar que el proyecto fue presentado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Luego Esguerra, como ministro de Justicia, acompañó y protegió el proyecto. Dicen que la conciliación se hizo a sus espaldas, cómo si aquello los exculpara; el texto de conciliación fue dado a conocer en la plenaria de ambas cámaras; el ministro Esguerra conoció y le dio su apoyo al texto conciliado (que prácticamente recoge todo lo que aprobó el Senado en el sexto debate) y fervorosos los padrastros de la patria votaron para aprobarlo. Las objeciones que propone el Presidente no tienen asiento jurídico, pues las reformas constitucionales no son susceptibles de ser objetadas. Y aún si aquel intento -inconstitucional- es aceptado por el Congreso, lo que propone no enmienda el gran daño acometido. Las observaciones presidenciales recaen sobre cuatro temas, sólo dos de ellos importantes: la pérdida de la investidura por las inhabilidades y el régimen transitorio de quienes actualmente están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema; pero deja vigentes las demás ‘perlas’. Beneficios para los magistrados, 12 años de período y 70 años de edad de retiro forzoso; secretarios del Congreso ‘aforados’ para que roben sin peligros; le quitaron el poder a la Contraloría para investigar a los aforados, es decir el carrusel de pensiones de la Judicatura quedará rampante; el Procurador no podrá investigar a los congresistas ni a los magistrados, para que hagan fiestas en la indisciplina; los congresistas podrán inducir a otras personas para que den recursos a los partidos políticos… Ahora todos pretenden inocencia, incluso los más descarados prefieren reconocer su incompetencia como congresistas antes de aceptar su propia corrupción moral. Es una vergüenza que Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Liberal pretenda librarse de su responsabilidad política diciendo que no leyó el proyecto. ¿Qué clase de congresista aprueba proyectos de semejante importancia sin leerlos? ¿No le cabe una responsabilidad disciplinaria a quien no cumple con las funciones de su cargo? ¿Qué responde ante las acusaciones del Polo Democrático que lo señalan como un promotor de la votación de la Reforma, a tal extremo comprometido con su aprobación que incluso se negó a verificar el quórum? La crítica les cae también a los magistrados de las Altas Cortes quienes hacían declaraciones incendiarias contra el proyecto, pero se silenciaron complacientes ante el ofrecimiento de beneficios para ellos. Se trata de que todos puedan pensionarse como magistrados, que por arte de una sentencia de esa misma rama, equivale a recibir pensión de congresistas. ¡Hagámonos pasito! 22 de junio 2012 http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/deforma-justicia