Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


lunes, enero 30, 2012

¿Persecución contra el uribismo?

Hay una tendencia a investigar a la cúpula del uribismo. El hecho no sería sospechoso si por hechos similares se investigara a otros sectores de la política colombiana. La aplicación selectiva de la ley (me refiero a que en el país se puede estar escogiendo a quién investigar) puede convertir el sistema judicial en un mecanismo capaz de persecución política. Este podría ser el caso de Luis Carlos Restrepo; el país ha tenido noticia de que en los procesos del Estado, que ofrecen beneficios para los afiliados hay muchísimas personas incluidas sin tener derecho. El fraude al Estado se ha dado a lo largo de la historia en incontables ocasiones; en los terremotos miles de personas llegan al lugar de la tragedia para beneficiarse de los auxilios estatales. Sabemos que las listas de desplazados están infladas con ciudadanos que no fueron víctimas. Pero si observamos los hechos más recientes tenemos al menos tres que comparten las mismas características: falsos desmovilizados; falsos desplazados y falsas víctimas. Los tres casos no son ninguna novedad y son un desarrollo más de una cultura donde la corrupción es habitual. Lo que es extraño es que sólo en el caso de Restrepo, los falsos desmovilizados, hay movimiento judicial contundente. En los otros casos se anuncian cosas pero no hay investigados. No era función del Comisionado de Paz establecer si los reinsertados eran o no parte de los grupos ilegales, esa función -por ley- corresponde a la Fiscalía. La constitución como parte civil de la Presidencia de la República en el proceso contra Restrepo contrasta con que para los otros casos -con las mismas características- no sólo no se consideran víctimas, sino que ni siquiera hay declaraciones contra los vinculados en esos hechos. No se trata de que si saben o no si Restrepo es culpable; en proceso las pruebas no han sido develadas y por lo tanto la Presidencia no puede saberlo. Otro argumento que aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a nadie. La pregunta que surge está dada por la tensión que supone el que efectivamente haya una desviación de la conducta que la ley ordena y al mismo tiempo una costumbre social que respalda el comportamiento alejado de la ley, y ha sido soportado por la administración judicial que no ha perseguido a nadie por esos hechos. El delito más grave de Agroingreso Seguro es la contratación con el Iica -organismo de la OEA-, pues el proceso no debería haber sido hecho por un convenio interinstitucional sino a través de una licitación de la Ley 80. Dejemos de lado los argumentos jurídicos que soportan el haber elegido el convenio sobre la licitación y aceptemos que esos convenios son ilegales. Lo grave del asunto es que la mayoría del Estado ejecuta con ellos gran parte de sus recursos; así se ha hecho pese a las advertencias de la Contraloría. Los convenios con entidades multilaterales han sido útiles y usuales. Si se está seleccionado a quién sancionar, habría una injusticia al tratar casos iguales de manera diferente. Más aun cuando por estos hechos se le da -con rebajas- al Viceministro una pena de 10 años (donde se habla de un peculado a favor de terceros, siendo el Iica el beneficiario), cuando a los Nule les dan 7 años y medio. Y, a la hora de valorar los testimonios, contra los uribistas se aceptan testigos mentirosos y señalados así por muchos; en cambio cuando ese mismo tipo de personajes -hampones de notorio recorrido en la delincuencia- se refieren a miembros de otras ideologías la sana critica del testimonio los rechaza. http://96.31.90.148/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/persecucion-contra-uribismo

lunes, enero 23, 2012

Rangel es un insulto

El nombramiento de Rangel Silva como ministro de la Defensa en Venezuela es un desafío abierto para al menos tres actores: la oposición, los EE.UU., y los colombianos. Este acto muestra las intensiones de Chávez de perpetuarse en el poder, desafiar a los gringos y persistir en la implantación del comunismo del Siglo XXI en todo el continente, incluso con medios violentos. Rangel Silva, pocos días antes de ser nombrado, dio unas terribles declaraciones, donde anunció que si la oposición venezolana resultaba vencedora en los comicios electorales, él no aceptaría su triunfo. Se trata de un comentario que pone de presente lo que muchos ya han dicho, Chávez y su movimiento no van a respetar una democracia que no los favorezca. Su compromiso está con los principios que pretenden imponer en ese país, y no con el sistema democrático; este es simplemente el mecanismo que se usa mientras sea favorable, pero que si es adverso será descartado. Esa declaración coincide con la preocupación que han manifestado muchos sobre la transición del poder. Estos pueden ser actos preparatorios para superar una eventual derrota; ‘milicias bolivarianas’ -civiles militantes de la causa chavista armados con fusiles- con el compromiso de proteger el programa bolivariano o incluso y un grupo aliado terrorista con gran poder económico y bélico. ¿Podrían las Farc empezar a migrar hacia el Ejército venezolano? El asunto vuelve a darle relevancia a la necesidad de que los Fuerzas Armadas permanezcan políticamente neutras. Las armas de un país no deben pertenecer a una ideología, sino estar al servicio de la democracia y la estructura que la soporta. Los EE.UU. están dando señales de preocupación frente a Chávez. Se lo había interpretado como un líder sin mucha relevancia, pero se ha hecho evidente que es un factor con nefastas consecuencias para el continente y las relaciones con los norteamericanos. Su gobierno ha sido vinculado al narcotráfico y a las guerrillas colombianas; pero Chávez amplió sus alianzas hasta los enemigos de los EE.UU., y convirtió a Ahmadineyad en un nuevo amigo para algunos países latinoamericanos. El nombramiento de Rangel que está en la lista Clinton por sus vínculos ineludibles con la mafia, completa el escenario. En el caso de los colombianos la afrenta de Chávez es violenta. Todos los problemas que tuvo el gobierno del expresidente Uribe con el vecino país estuvieron centrados en el apoyo que miembros de ese país le daban a las Farc. Rangel Silva es uno de los principales colaboradores; aparece en el computador de Raúl Reyes autorizando a las Farc a estar en Venezuela, como benefactor y proveedor. Con este nombramiento Chávez insultó al país, irrespetó la confianza que otorgó el presidente Santos y simplemente reconoció -sin ningún miramiento- que entre los presidentes no hay amistad ni lealtad alguna. Chávez está en su proyecto político y busca un mecanismo para protegerlo de una eventual derrota electoral. ¿Cómo podrán los diplomáticos y miembros del alto gobierno colombiano relacionarse con un delincuente; un cómplice del terrorismo? Es triste que la dirigencia colombiana no se refiera al asunto. Sólo Simón Gaviaría lo hizo y vale aplaudirlo, pues una cosa es el respeto por la autonomía de un país, y otra es soportar en silencio agravios que son directos y graves. Colombia no puede guardar silencio, es un amigo de los terroristas, que durante ya años han desangrado al país, quien se convierte en el Ministro de Defensa de un vecino tan bien armado. http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/rangel-insulto

lunes, enero 16, 2012

¿Diálogo?

Por supuesto que todos queremos la paz y todas las gestiones tendientes a conseguirla son, a primera vista, deseables. Pero Colombia ya tiene una larga historia de fallidos intentos y eso nos tiene que haber puesto los pies sobre la tierra. Las propuestas para la paz tienen que ser analizadas con cabeza fría. A riesgo de simplificar demasiado un asunto que requeriría muchas páginas, presentaremos un grueso análisis. Es tradición que la violencia sea un mecanismo para escalar en la política. No sólo en el caso de los guerrilleros reinsertados; hemos tenido, además, líderes que sin hacer parte de grupos al margen de la ley, han recurrido a la violencia para concretar los propósitos. La violencia de los partidos fue larga, sanguinaria y triste. Es entonces, una de las prioridades de la Nación ponerle término final a este vínculo político-violento. El Frente Nacional le permitió al país superar la violencia entre los Partidos y fue, al mismo tiempo, un periodo de exclusión política (no comparto esta observación, pero aceptémosla en gracia de avanzar con el argumento). La marginación política dio lugar a otra violencia que apareció bajo la forma de guerrillas y subversivos. Para remediarlo se dieron indultos y se hizo una Constitución donde estuvieran representados los grupos subversivos que aceptaron la invitación del Gobierno a construir un país incluyente. Muchos participaron, como el M-19, que hoy ocupa el segundo cargo de la Nación, con Petro. La integración de todas las fuerzas políticas tampoco fue completa. La violencia persistió, pues otros varios grupos al margen de la ley no participaron. Además, hubo críticas sobre el hecho de que los violentos -otra vez- fueran premiados. Se hizo evidente que es un desincentivo para quienes no han recurrido a las armas, pues ellos nunca reciben las ayudas estatales que reciben los violentos. Esa tendencia a atender más a los que se equivocan que a los que no lo hacen, generó descontento y muchos llegaron a decir que en Colombia era mejor no cumplir con la ley. Luego se hicieron negociaciones sin precedentes con los paramilitares que accedieron a someterse al Estado; contribuir en la verdad y la reparación y pagar penas de prisión con rebajas. Las cesiones que hizo la sociedad -consagradas en la Ley de Justicia y Paz- fueron moderadas. Suficientes para persuadir a los ‘paras’ de que dejaran las armas y acordes al hecho de que ellos son sólo un grupo al margen de la ley, y que la sociedad no puede desincentivar a quienes no ejercen violencia. El resultado final es que muchos ‘paras’ de desmovilizaron y los cabecillas están en la cárcel, algunos en presiones de EE.UU. Sin embargo, muchos otros miembros de las Autodefensas -acostumbrados a ejercer el poder por la fuerza y a lucrarse del negocio del narcotráfico- conformaron las Bacrim. Las Farc con esas mismas costumbres quieren una negociación. Si se puede, se debe, pero sin olvidar lo aprendido. Tiene que haber un cese unilateral de todos los actos violentos y liberación de todos los secuestrados -políticos y económicos-; es lo mínimo. No podemos ceder nada que desincentive a los buenos ciudadanos. La Ley de Justicia y Paz era una buena herramienta, pero el Gobierno tramita a través de Roy Barreras una reforma constitucional. Debemos estar atentos; era inaceptable que quisieran devolverles los derechos políticos. La paz con las Farc tendrá -como han tenido las anteriores- un efecto parcial, quedarán otros grupos, otros nombres. El problema persistirá mientras la droga sea un combustible y la sociedad siga aceptando la violencia como mecanismo para acceder al poder. http://96.31.85.142/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/dialogo

domingo, enero 08, 2012

Tener miedo es un derecho

‘Los urabeños’ ordenaron un paro, la sociedad asustada siguió las instrucciones de los violentos y el Estado no pudo evitarlo. Dos ciudades de la importancia de Medellín y Santa Marta tuvieron parte del transporte y el comercio paralizados; más de 16 municipios de Chocó, Sucre, Magdalena y Antioquia estuvieron sitiados bajo la amenaza. Es un hecho sin precedentes; los paros de los violentos habían sido sobre poblaciones alejadas y pequeñas. Aquello muestra que el miedo aún domina a muchos colombianos. Luego de estos largos períodos de violencia que nos ha tocado vivir, donde el Estado ha sido –la mayoría del tiempo- incapaz de brindarles una adecuada protección a los ciudadanos, la gente se siente vulnerable. Las amenazas de los violentos son creíbles, porque conocemos su capacidad destructiva y hemos visto la incapacidad del Estado para detenerlos. En este contexto el llamado del Gobierno para que los ciudadanos no hagan caso de las amenazas y no paguen extorsiones, “no se dejen amedrentar”, parece descontextualizado. La lucha contra los violentos tiene dos aspectos: el primero, es el enfrentamiento directo, y en lo que se refiere a ‘los urabeños’, el Gobierno está acertando; el líder fue dado de baja y muchos de sus miembros han sido detenidos. El otro aspecto es la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos; la certidumbre de que el Estado está dispuesto a protegerlos y de que tiene la capacidad de hacerlo eficazmente. En esto parece estar fallando el Gobierno. Así lo dicen las encuestas donde la mayoría de la población cree que en seguridad estamos empeorando, y lo demostró este paro; los ciudadanos se sintieron amenazados de manera real. El miedo es un factor muy poderoso; es un dispositivo que se activa como mecanismo para proteger la vida. Sería, por supuesto, deseable que la sociedad no considerara creíbles las amenazas y que los ciudadanos tuvieran la confianza en el Estado para desafiar abiertamente esas órdenes; pero no es así. Pese a los esfuerzos realizados para recobrar la seguridad este es un bien jurídico frágil y sensible. Los colombianos temen y con razón a los violentos; y el Estado lejos de convencer con palabras sobre su capacidad, debe demostrarlo con sus actos. La confianza en la Fuerza Pública no se puede exigir; se tiene que ganar. Las declaraciones del Presidente sobre el paro, son similares a las que hizo sobre la extorsión, donde pretende criminalizar a quienes asustados hacen los pagos. El argumento se parece al que se usó -ya hace unos años- para prohibir el pago de los rescates por secuestros. Esa normatividad fue declarada inconstitucional por la Corte, pues la decisión sobre si pagar o no por un secuestrado, no la puede tomar el Estado. Corresponde a cada individuo medir los riesgos que está dispuesto a correr, evaluar la credibilidad que le otorga a las amenazas o el miedo que le infunden los violentos. Se trata de un cálculo donde están de por medio la vida y los derechos más íntimos y personales. Tener miedo es una conducta tan natural e instintiva como tener hambre. El Estado no puede desconocerla ni pretender que existe una obligación de los ciudadanos de superarla. Para vencer el miedo el Gobierno debe actuar, derrotar las causas del temor y demostrar que está en la capacidad de protegernos. Mientras la percepción de inseguridad siga creciendo, el temor seguirá mandando. Hace unos días la comunidad de Soacha protestó e impidió la salida de una base militar ubicada en la zona. Los vecinos temían quedar a merced de los delincuentes. Así se sienten la mayoría de los colombianos que no tienen la Fuerza Pública muy cerca. http://96.31.90.148/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/tener-miedo-derecho