Colombia es uno de los pocos países que ha podido salir del anonimato que corresponde a las naciones pequeñas y subdesarrolladas. Somos conocidos en casi todos los países y ese selecto grupo de instituciones transnacionales, que llaman ‘la comunidad internacional’, nos tiene bien presentes. En un principio éramos distinguidos como los productores de cocaína más grandes del mundo y nos hicieron famosos los escándalos de nuestros narcos y las exuberancias de una democracia tropical acorralada por guerrillas, paramilitares y drogas. Esa comunidad internacional posó sus ojos sobre nosotros como pájaros que nos observan y nos juzgan permanente, y entonces se convirtió un una tema obligado para la política nacional.
Pero mejorar nuestra imagen y la del Gobierno colombiano no ha sido simple. Existían muchos prejuicios en nuestra contra originados en las ‘campañas de promoción’ de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley. Con retóricas románticas e idealistas habían confundido a los extranjeros sobre lo que sucedía en el país.
Este Gobierno y su manera clara y precisa de abordar los asuntos han producido el milagro de que la comunidad internacional empiece a ver lo que realmente esta pasando en Colombia. El canciller Araújo ha llevado el drama del secuestro ante los ojos internacionales, lo que permitió que entenderían lo terrible del asesinato del los once diputados. Además, pudieron apreciar el comportamiento ruin y bajo que ha tenido las Farc a la hora de entregar los restos de sus víctimas. Las acciones del Ejército les permiten conocer el diario de la soñadora holandesa convertida en derribadora de helicópteros y los datos de un computador donde los ‘rebeldes’ deciden fusilar a personalidades de la vida pública y atentar contra la vida y bienes de los demás colombianos con bombas. Son evidencias contundentes que los obliga a ver que son las Farc realmente. Finalmente, la vinculación de Chávez es la pieza definitiva para que las izquierdas soñadoras confronten las realidades terribles que esconden las Farc. Es un gran logro haber conseguido que la realidad le gane a la retórica.
Colombia vive un momento muy intenso y reflexionar sobre estas realidades es un ejercicio que nos enriquece y nos prepara para un mejor futuro. Los meses que he tenido esta columna he profundizado en mis propias concepciones sobre la política, las instituciones y nuestro país y espero que hayan contribuido para que alguien, en algún momento, reflexionara sobre sus propias ideas. Infortunadamente esta será mi última columna por un tiempo. Ha sido un gran honor poder escribir en un periódico como El Pais, que tiene la ventaja de no representar los intereses centralistas de la capital y que además se caracteriza por unos lectores informados y cultos, como lo demuestra la seriedad de sus comentarios, siempre respetuosos a pesar de la discrepancia. Por esta oportunidad estaré por siempre agradecida con este diario y con sus lectores. Y como dice la canción, este no es un adiós es sólo un hasta luego.
publicado en El Pais- Cali
Septiembre 08 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep082007/OPN/opi5.html
viernes, septiembre 07, 2007
sábado, septiembre 01, 2007
Pena de muerte por computador
La seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe ha logrado reducir de manera sustantiva los ataques de las Farc a las poblaciones y a los ciudadanos, pues la presión del Ejército ha desplazado la ilegalidad hacia zonas apartadas, donde apenas si sabemos de su existencia. El país se ha sentido más tranquilo y las flores de la prosperidad han empezado a retoñar.
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
A pesar de todos los avances de este Gobierno, conocer los macabros planes de las Farc a través del computador de Carlos Antonio Lozada, jefe máximo de las milicias de esa organización, en los que se planea el asesinato de eminentes personalidades de la vida nacional, nos pone de presente que estamos enfrentados a uno de los más terribles grupos terroristas que haya conocido el mundo. La sentencia de muerte recae sobre personajes cuya vida se ha desarrollado al servicio del país y de las instituciones democráticas, sin que jamás hayan atentado contra ningún colombiano. El crimen y el totalitarismo ha condenado a muerte a la virtud y la libertad.
Este impresionante hallazgo coloca la gestión del presidente Chávez y, en general, la negociación para el intercambio humanitario en una difícil situación. Se hace evidente que una cosa es el Gobierno legítimo y democrático, que encabeza el presidente Uribe, y otra, bien distinta, un grupo que se dedica a secuestrar y condenar a muerte a ilustres personajes con la clara misión de desestabilizar y causar zozobra en la comunidad. Se trata, evidentemente, de terroristas. A los fusilamientos ocultos y no anunciados que ha venido cometiendo las Farc, se contraponen estos nuevos anuncios de fusilamiento. Anuncios que develan la verdadera naturaleza de ese grupo. Anuncios ha debido causar la perplejidad de Chávez y de la comunidad internacional interesada en el acuerdo.
Los hechos han debido sorprender también al Polo Democrático, que ha recibido el respaldo de esa organización terrorista. Por la sanidad de la democracia Colombia esperamos un pronunciamiento enérgico que rechace cualquier tipo de apoyo de las Farc a ese partido y que condene, contundentemente, el proceder de ese grupo.
A esta fehaciente prueba de su condición de terroristas, se suma el proceso de entrega de los cadáveres de los once diputados secuestrados, torturados y asesinados. Debe suceder hoy, dos meses y trece días después de su muerte, después de que sus familias esperaran sin ningún resultado. Este grupo se ha mostrado capaz de negociar, incluso, por los restos de los seres humanos que ellos mismos han torturado y asesinado, capaz de dilatar en el tiempo el dolor de las familias con tal de no confrontar ninguna responsabilidad. Muestran, una vez más, que son fieras de la guerra incapaces de compasión.
El país no debe olvidar que las Farc continúan vivas y que los tentáculos están ocultos, pero dispuestos a atacar en cualquier momento. La ejemplar actitud de Fernando Londoño, uno de los sentenciados a muerte, quien heroicamente anunció su decisión de permanecer en el país y no silenciar su voz, se erige como una bandera que nos señala que sólo con valor lograremos vencer.
Publicado en El Pais- Cali
Septiembre 01 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/sep012007/OPN/opi03.html
viernes, agosto 31, 2007
Lo que se juegan Piedad y Chávez
Las coincidencias ideológicas de Piedad Córdoba con el presidente venezolano, Hugo Chávez, son evidentes. Ambos representan una tendencia de la izquierda latinoamericana que se dice capaz de solucionar el conflicto social y político de este continente. Con independencia a si esas doctrinas son conducentes para ello, el compromiso que han asumido en el proceso de negociación con las Farc para lograr el intercambio humanitario pone a prueba la capacidad para solucionar y negociar -en concreto- con los grupos de izquierda alzados en armas.
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.
Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.
El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.
El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.
Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html
sábado, agosto 25, 2007
Las inhabilidades y los electores
En estas últimas semanas se ha debatido el asunto sobre si los paramilitares y guerrilleros que no han cometido delitos atroces pueden participar en política y se ha ventilado que para las elecciones de octubre hay 269 candidatos inscritos inhabilitados por diversas causas. La cuestión fundamental que subyace tras esta controversia es cómo decide el elector colombiano por quién votar y cuáles son los mecanismos necesarios para generar electores más responsables.
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.
Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.
Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.
Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.
El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html
Las verdades reveladas
El proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades locales develó algunos aspectos interesantes del contexto político colombiano, los cuales merecen por lo menos un somero análisis.
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.
Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.
Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.
Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.
Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html
lunes, agosto 06, 2007
Disposición para la paz
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de que los paramilitares deben ser juzgados como delincuentes comunes acusados de concierto para delinquir y no por el delito político de sedición tiene implicaciones significativas.
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.
Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.
En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.
La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.
El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html
El poder y el abuso
La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos es tormentosa. Hacer cualquier diligencia frente al aparato estatal tiene la característica de ser larga, tediosa y adornada por complicaciones inexplicables, de manera que la mala imagen de la burocracia se corrobora y se empeora. Pero lo más terrible del proceso es la manera infame de los funcionarios públicos colombianos, que pretenden ejercer su poder como lo ejercería el peor déspota de la tierra. En general nada se puede y si se puede es complicadísimo o tiene que volver mañana y traer una resma de documentos. Aunque parece una generalización sin fundamento, son infinitas las instituciones que se pueden mencionar: las empresas de servicios públicos, las superintendencias, el ISS, el Ejercito y, por supuesto, la Policía.
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
lunes, julio 23, 2007
Y no pasa nada…
Se ha vuelto costumbre que ciertos personajes con representación social o política asistan sin consecuencias a foros donde se profesan ideologías de extrema izquierda que respaldan todas las formas de lucha y que son justificación y apoyo para los movimientos armados de izquierda en Colombia. Esas reuniones, que piden más violencia, son un atropello a los pilares que inspiran el modelo de convivencia democrático y libre. Por eso, en Colombia existen tipos penales específicos para este comportamiento: el concierto para delinquir establece penas de prisión para quienes fomenten o promuevan el concierto o la asociación para delinquir y la instigación a delinquir castiga a quien publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos.
La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.
Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.
Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.
Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html
La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.
Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.
Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.
Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html
domingo, julio 22, 2007
Dos reflexiones sobre la consulta
La consulta del pasado domingo mostró una Registraduría poco preparada para las elecciones de octubre. Sorprende el costo: $36.000 millones, mucho más que anteriores consultas del liberalismo, conservatismo y Polo que costaron aproximadamente $3.000 millones cada una. Por otra parte, el diseño del tarjetón -donde estaban todas las consultas en una sola hoja- generó dificultades. No hay claridad sobre el número de votos de los partidos, por ejemplo: en la consulta del PDA para la Alcaldía en Cali, la Registraduría dice que el Polo tuvo 8.715, de los cuales 3.810 fueron por candidatos de ese partido, 755 en blanco, 501 nulos y 3.649 tarjetas no marcadas. Este resultado no confiable: es probable que el complicado tarjetón haya desalentado de marcar a esos 3.649 polistas, pero es mucho más creíble pensar que esos 3.649 votantes, quienes no marcaron la tarjeta del PDA, votaron por otras consultas: gobernador o asamblea o JAL y, por tanto, no son votos del PDA. No es posible aclararlo, pues la Registraduría no publicó el total de tarjetones depositados o el número de votantes. El diseño del tarjetón fue fatal también para los electores, en esa misma elección el 35,29% de los votos fueron nulos.
El proceso de escrutinio ha sido lento. Aún hoy no se conocen resultados distintos a los que se publicaron el lunes, cuando había municipios y departamentos donde el total de mesas escrutadas era bajísimo, como Tolima con el 66,79% escrutado y de Cundinamarca con sólo el 22,68% escrutado. Esto para escrutar 1,2 millones de votos, ¿cómo se comportará con diez millones?
Algunos políticos y periodistas han dicho que la falta de afluencia a la consulta obedece a que es un mecanismo nuevo y sostienen que debe mantenerse para garantizar que haya mayor democracia en los partidos. Disentimos de estas opiniones.
La gigantesca abstención volvió a demostrar que la mayoría de la población no está interesada en participar en los procesos internos de los partidos. No hubo muchos votos por dos razones: aquellos que votan atraídos por las maquinarias de los partidos en las elecciones reales, no les importa quien sea el candidato y el voto de opinión no acude al llamado de los partidos, este voto espera esas decisiones y luego escoge el candidato que más le gusta. ¿Quiénes votaron? Un pequeño voto de maquinaria y el grupo activo políticamente interesado en participar en la toma de decisiones, que también asiste -aunque sea de vez en cuando- a las reuniones de los partidos.
Para esos activistas políticos la elección directa no es el único mecanismo de participación ni el mejor. Las convenciones, reuniones, comités, comandos, directorios, entre otros, permiten que los partidos abran las puertas para que los interesados participen. Estos mecanismos son menos costosos, no desgastan el aparato estatal y contribuyen a que los partidos trabajen en sus estructuras permanente y directamente. Por otra parte, estar en sintonía con la comunidad no es algo que se le deba exigir a un partido. Un partido, con vocación de poder, necesariamente busca esta sintonía. En países como el nuestro, donde la disciplina partidista es endeble, un partido que escoge su candidato a dedo y desconoce el querer de sus seguidores, es derrotado. Los procedimientos democráticos al interior de los partidos no hay que garantizarlos con la ley, son necesarios en la practica.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 14 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul142007/OPN/opi5.html
El proceso de escrutinio ha sido lento. Aún hoy no se conocen resultados distintos a los que se publicaron el lunes, cuando había municipios y departamentos donde el total de mesas escrutadas era bajísimo, como Tolima con el 66,79% escrutado y de Cundinamarca con sólo el 22,68% escrutado. Esto para escrutar 1,2 millones de votos, ¿cómo se comportará con diez millones?
Algunos políticos y periodistas han dicho que la falta de afluencia a la consulta obedece a que es un mecanismo nuevo y sostienen que debe mantenerse para garantizar que haya mayor democracia en los partidos. Disentimos de estas opiniones.
La gigantesca abstención volvió a demostrar que la mayoría de la población no está interesada en participar en los procesos internos de los partidos. No hubo muchos votos por dos razones: aquellos que votan atraídos por las maquinarias de los partidos en las elecciones reales, no les importa quien sea el candidato y el voto de opinión no acude al llamado de los partidos, este voto espera esas decisiones y luego escoge el candidato que más le gusta. ¿Quiénes votaron? Un pequeño voto de maquinaria y el grupo activo políticamente interesado en participar en la toma de decisiones, que también asiste -aunque sea de vez en cuando- a las reuniones de los partidos.
Para esos activistas políticos la elección directa no es el único mecanismo de participación ni el mejor. Las convenciones, reuniones, comités, comandos, directorios, entre otros, permiten que los partidos abran las puertas para que los interesados participen. Estos mecanismos son menos costosos, no desgastan el aparato estatal y contribuyen a que los partidos trabajen en sus estructuras permanente y directamente. Por otra parte, estar en sintonía con la comunidad no es algo que se le deba exigir a un partido. Un partido, con vocación de poder, necesariamente busca esta sintonía. En países como el nuestro, donde la disciplina partidista es endeble, un partido que escoge su candidato a dedo y desconoce el querer de sus seguidores, es derrotado. Los procedimientos democráticos al interior de los partidos no hay que garantizarlos con la ley, son necesarios en la practica.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 14 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul142007/OPN/opi5.html
viernes, julio 13, 2007
El repudio al secuestro
Si la pregunta es cómo lograr más fácilmente la liberación de los secuestrados políticos, la respuesta es el acuerdo humanitario; pero en mi opinión esa no es la pregunta que nos ocupa. Por supuesto que la liberación de los secuestrados políticos es una prioridad para el país, pero la cuestión fundamental es cómo extirpar el secuestro de la sociedad colombiana.
Las cifras de la Fundación País Libre señalan que desde 1996 hasta el 2006 ha habido 23.144 plagios. Esto significa que, en promedio, más de seis colombianos fueron secuestrados diariamente, dos de ellos por las Farc. Todos los colombianos conocemos al menos una familia que ha sido víctima del plagio; sabemos el dolor que causa en su entorno y el daño irreparable que se le ocasiona al mártir, cuya personalidad queda marcada para siempre. Las enérgicas protestas del jueves demuestran que la sociedad está cansada de que los grupos al margen de la ley hayan convertido la libertad de los colombianos en un bien transable con el cual es posible chantajear y obtener dinero.
Ahora bien, la manifestación en contra del secuestro no es suficiente, el país tiene que reflexionar sobre cómo actuar contra el flagelo y contra los secuestradores, de manera que logremos acabarlo definitivamente. El análisis del intercambio humanitario debe estar circunscrito a esta idea, pues la liberación de los plagiados políticos no puede ir en contra del propósito mayor que es erradicar el secuestro; sí la cura del síntoma agrava la enfermedad principal es inaceptable tratar sólo el síntoma.
Si el acuerdo humanitario fuera efectivo contra el plagio, no estaríamos hoy frente a este debate. El país ya probó ese remedio en el pasado, pero como las Farc son un grupo terrorista, acceder a sus peticiones, dejarnos chantajear, sólo convirtió al secuestro en un medio efectivo para que esa organización obtenga avances políticos y militares.
El acuerdo humanitario es una solución coyuntural y de corto plazo que remediaría las cosas para los secuestrados políticos, pero las haría más complejas para los gobiernos futuros y el resto de colombianos. En una nueva zona de distensión habrá nuevos plagiados, como los hubo en la anterior –entre ellos Ingrid Betancourt- y si no ahí, los habrá en otros puntos del territorio. Entonces tendremos que realizar otro intercambio y luego otro, como lo hemos venido haciendo. Liberar los delincuentes, capturados y puestos tras las rejas con tanto sacrificio de la Fuerza Pública y de la justicia, para que vuelvan a engrosar las filas del terror, es seguir jugando al gato y al ratón con la guerrilla. Ellos delinquen y el Estado los persigue y los castiga; ellos secuestran y el Estado los libera y les otorga concesiones; vuelven a delinquir y el Estado a perseguirlos y volvemos a empezar. Se trata de un juego con incentivos perversos, donde el sacrificio recae sobre la libertad y las instituciones.
Colombia no puede seguir dándole a los peores criminales lo que piden, porque está chantajeada. No puede entregar al arbitrio de los violentos poblaciones y lugares estratégicos para liberar unos secuestrados que serán remplazados por otros. Sustituir las madres que hoy sufren por otras madres que también sufrirán no enmienda nada.
Repudiar el plagio significa no aceptar nada distinto a una liberación incondicional de todos los secuestrados.
Publicado el Diario El Pais- Cali, el 7 de Julio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul072007/OPN/opi3.html
Las cifras de la Fundación País Libre señalan que desde 1996 hasta el 2006 ha habido 23.144 plagios. Esto significa que, en promedio, más de seis colombianos fueron secuestrados diariamente, dos de ellos por las Farc. Todos los colombianos conocemos al menos una familia que ha sido víctima del plagio; sabemos el dolor que causa en su entorno y el daño irreparable que se le ocasiona al mártir, cuya personalidad queda marcada para siempre. Las enérgicas protestas del jueves demuestran que la sociedad está cansada de que los grupos al margen de la ley hayan convertido la libertad de los colombianos en un bien transable con el cual es posible chantajear y obtener dinero.
Ahora bien, la manifestación en contra del secuestro no es suficiente, el país tiene que reflexionar sobre cómo actuar contra el flagelo y contra los secuestradores, de manera que logremos acabarlo definitivamente. El análisis del intercambio humanitario debe estar circunscrito a esta idea, pues la liberación de los plagiados políticos no puede ir en contra del propósito mayor que es erradicar el secuestro; sí la cura del síntoma agrava la enfermedad principal es inaceptable tratar sólo el síntoma.
Si el acuerdo humanitario fuera efectivo contra el plagio, no estaríamos hoy frente a este debate. El país ya probó ese remedio en el pasado, pero como las Farc son un grupo terrorista, acceder a sus peticiones, dejarnos chantajear, sólo convirtió al secuestro en un medio efectivo para que esa organización obtenga avances políticos y militares.
El acuerdo humanitario es una solución coyuntural y de corto plazo que remediaría las cosas para los secuestrados políticos, pero las haría más complejas para los gobiernos futuros y el resto de colombianos. En una nueva zona de distensión habrá nuevos plagiados, como los hubo en la anterior –entre ellos Ingrid Betancourt- y si no ahí, los habrá en otros puntos del territorio. Entonces tendremos que realizar otro intercambio y luego otro, como lo hemos venido haciendo. Liberar los delincuentes, capturados y puestos tras las rejas con tanto sacrificio de la Fuerza Pública y de la justicia, para que vuelvan a engrosar las filas del terror, es seguir jugando al gato y al ratón con la guerrilla. Ellos delinquen y el Estado los persigue y los castiga; ellos secuestran y el Estado los libera y les otorga concesiones; vuelven a delinquir y el Estado a perseguirlos y volvemos a empezar. Se trata de un juego con incentivos perversos, donde el sacrificio recae sobre la libertad y las instituciones.
Colombia no puede seguir dándole a los peores criminales lo que piden, porque está chantajeada. No puede entregar al arbitrio de los violentos poblaciones y lugares estratégicos para liberar unos secuestrados que serán remplazados por otros. Sustituir las madres que hoy sufren por otras madres que también sufrirán no enmienda nada.
Repudiar el plagio significa no aceptar nada distinto a una liberación incondicional de todos los secuestrados.
Publicado el Diario El Pais- Cali, el 7 de Julio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul072007/OPN/opi3.html
domingo, julio 01, 2007
Los mártires de la democracia
La muerte de los once diputados es un hecho que hiere lo más íntimo de las entrañas de nuestra Nación. Si bien, no todos los colombianos tenemos vínculos de sangre con las víctimas, compartimos con ellos vínculos ideológicos que nos hacen miembros de la misma familia democrática. El secuestro político es un crimen en contra de quienes nos representan en la vida pública o en algún cargo de la estructura institucional. Loor a estos mártires que fueron inmolados por encarnar la democracia colombiana.
En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.
No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.
Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.
Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.
Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.
¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!
Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html
En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.
No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.
Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.
Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.
Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.
¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!
Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html
Uribe y la comunidad internacional
Este es uno de los momentos más complejos que ha vivido el gobierno Uribe. Pero la crisis no responde a sus acciones de gobierno o a fallas en su administración, sino a dos procesos externos que han terminado por afectarlo a nivel internacional.
El primero de ellos es el enfrentamiento feroz entre los demócratas y los republicanos en la carrera por las elecciones presidenciales de EE.UU. La lucha política entre los partidos implica el ataque directo a las causas que ha defendido el partido opositor. Así es como Colombia y, en especial, el Presidente se han convertido en el blanco de los ataques demócratas en contra de los republicanos. Los demócratas pretenden prorrogar el Atpdea para evitar la aprobación de los TLC. La medida previene la entrada de los biocombustibles colombianos y garantiza el voto de los sectores económicos que se verían afectados con el libre comercio. Para diferenciarse también en el Plan Colombia, los demócratas hicieron modificaciones importantes a la propuesta republicana. En general, los demócratas quieren mostrar que las políticas de Bush con respecto a Colombia fueron equivocadas y que Uribe, aliado de Bush, tampoco es bueno.
El segundo fenómeno es la campaña de desprestigio del gobierno Uribe que en el exterior han emprendido la oposición y algunos familiares de secuestrados. Los unos inspirados en la idea de controlar la política nacional con artilugios ante la desinformada comunidad internacional y los otros esperando ejercer presión sobre el Presidente para que actué como ellos quieren. Lo cierto es que en atención a sus propios intereses, le han causado al país un enorme daño, pues las acusaciones contra el Mandatario, aunque vagas y sin pruebas, actúan como una gota de tinta en el agua cristalina.
Para la mayoría de los colombianos Uribe es el mejor presidente de los últimos tiempos; ha sido implacable con todos los grupos al margen de la ley y pulcro en el manejo del Estado. Paradójicamente el Mandatario en quien los colombianos reconocen un líder incontrastable, un trabajador infatigable y un devoto patriota, que ha hecho de Colombia un país más libre y más próspero, tiene ante la comunidad internacional una imagen desdibujada y turbia.
Pero no debe sorprendernos que las críticas internacionales desconozcan factores fundamentales del gobierno Uribe y se alejen de la opinión y la realidad nacional. La comunidad mundial se ocupa de los sucesos de nuestro país esporádicamente y su comprensión es superficial. Y si ahora muestran interés es porque en su contexto político les resulta conveniente. Las otras naciones no están buscando lo mejor para Colombia ni analizando detalladamente los hechos; simplemente responden a sus propias conveniencias políticas.
Así, los colombianos estamos sometidos a presiones que resultan de coyunturas extranjeras, a opiniones desinformadas e intervenciones sin responsabilidad, pues las consecuencias de cualquier acción serán enteramente para los colombianos –y no habrá como reclamar a la difusa comunidad internacional-. Es ahora, cuando el país debe unirse entorno a su figura presidencial para defender y decidir soberanamente sobre sus intereses y su bienestar e impedir que los torbellinos políticos de las naciones desarrolladas determinen nuestro destino.
Publicado en El Pais- Cali - Junio 23 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun232007/OPN/opi3.html
El primero de ellos es el enfrentamiento feroz entre los demócratas y los republicanos en la carrera por las elecciones presidenciales de EE.UU. La lucha política entre los partidos implica el ataque directo a las causas que ha defendido el partido opositor. Así es como Colombia y, en especial, el Presidente se han convertido en el blanco de los ataques demócratas en contra de los republicanos. Los demócratas pretenden prorrogar el Atpdea para evitar la aprobación de los TLC. La medida previene la entrada de los biocombustibles colombianos y garantiza el voto de los sectores económicos que se verían afectados con el libre comercio. Para diferenciarse también en el Plan Colombia, los demócratas hicieron modificaciones importantes a la propuesta republicana. En general, los demócratas quieren mostrar que las políticas de Bush con respecto a Colombia fueron equivocadas y que Uribe, aliado de Bush, tampoco es bueno.
El segundo fenómeno es la campaña de desprestigio del gobierno Uribe que en el exterior han emprendido la oposición y algunos familiares de secuestrados. Los unos inspirados en la idea de controlar la política nacional con artilugios ante la desinformada comunidad internacional y los otros esperando ejercer presión sobre el Presidente para que actué como ellos quieren. Lo cierto es que en atención a sus propios intereses, le han causado al país un enorme daño, pues las acusaciones contra el Mandatario, aunque vagas y sin pruebas, actúan como una gota de tinta en el agua cristalina.
Para la mayoría de los colombianos Uribe es el mejor presidente de los últimos tiempos; ha sido implacable con todos los grupos al margen de la ley y pulcro en el manejo del Estado. Paradójicamente el Mandatario en quien los colombianos reconocen un líder incontrastable, un trabajador infatigable y un devoto patriota, que ha hecho de Colombia un país más libre y más próspero, tiene ante la comunidad internacional una imagen desdibujada y turbia.
Pero no debe sorprendernos que las críticas internacionales desconozcan factores fundamentales del gobierno Uribe y se alejen de la opinión y la realidad nacional. La comunidad mundial se ocupa de los sucesos de nuestro país esporádicamente y su comprensión es superficial. Y si ahora muestran interés es porque en su contexto político les resulta conveniente. Las otras naciones no están buscando lo mejor para Colombia ni analizando detalladamente los hechos; simplemente responden a sus propias conveniencias políticas.
Así, los colombianos estamos sometidos a presiones que resultan de coyunturas extranjeras, a opiniones desinformadas e intervenciones sin responsabilidad, pues las consecuencias de cualquier acción serán enteramente para los colombianos –y no habrá como reclamar a la difusa comunidad internacional-. Es ahora, cuando el país debe unirse entorno a su figura presidencial para defender y decidir soberanamente sobre sus intereses y su bienestar e impedir que los torbellinos políticos de las naciones desarrolladas determinen nuestro destino.
Publicado en El Pais- Cali - Junio 23 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun232007/OPN/opi3.html
viernes, junio 22, 2007
Lucha de clases o unión por Cali
Junio 16 de 2007
Segmentar la sociedad en un conflicto de clases no tiene ninguna ventaja, sólo dificulta el entendimiento de que el bienestar individual está, necesariamente, ligado al bienestar colectivo. La fabricada lucha de clases en Cali, orquestada por politiqueros y populistas, muy a tono con la tendencia de los ‘idiotas latinoamericanos’ que encuentran en el otro, más prospero, la causa de sus desgracias, sólo benefició a esas maquinarias demagógicas que ganaron la elección. Ebrios con la ‘contratitis’ no han respondido adecuadamente a los retos que impone el crecimiento de una ciudad como Cali en el contexto cambiante del país. Han usado políticas asistencialitas para distraer a sus electores y, el poderoso discurso de la lucha social y la teoría de la conspiración en su contra, para justificar su inutilidad. Como resultado Cali tiene, entre otros problemas, una de las tasas de inseguridad más altas del país, desempleo causado por las muchas empresas que cerraron oficinas y fabricas, serios problemas en la educación pública y una perdida sustantiva de calidad de vida, en términos de movilidad, estética urbana y limpieza.
La consecuencia lógica de estas malas administraciones debiera ser la madurez política de los electores, deberían saber la importancia de la elección del Mandatario Local y meditar sobre las razones que deben inspirar el voto. En general, elegimos por quien votar con base en nuestros intereses y el deseo de estar mejor. Es así como algunos votan porque esperan solucionar sus problemas de pobreza o desempleo o el de sus parientes, otros votan para resolver cuestiones del barrio: huecos, luz y escuelas, unos más buscan el bienestar de un sector económico. Se trata de una gama de intereses continuos, cuya diferencia es la proporción en la que el votante se beneficia directamente. Correlativamente a esos intereses, aparece un político que se ajusta a cada uno. Así, el que ofrece dinero, aquel con promesas de empleos en la burocracia estatal, obras especificas o tratos preferenciales.
En el siguiente estadio aparece el votante que se da cuenta de que el bienestar común es el mejor vehículo para la realización de sus propios intereses, pues cuando la ciudad prospera, todos lo hacen con ella. Y el candidato correlativo a esa visión es aquel que entiende la ciudad como un organismo interrelacionado y es capaz de priorizar el gasto con inteligencia para que repercuta en el crecimiento y avanzar en la realización de los intereses colectivos.
Ese candidato lo han tenido y derrotado los caleños por no haber comprendido esto. Francisco José Lloreda ha estado sobre la palestra pública por un periodo prolongado, en el cual ha probado tener inquebrantable vocación de servicio, preclara inteligencia y devoto amor por su ciudad y su patria. Su carrera en el sector público ha seguido la finísima estirpe de su padre, Rodrigo Lloreda, que dejó al país el recuerdo de un gran hombre: vigoroso e incontrastable en su proceder, intachable y diamantino en el manejo de la cosa pública. Kiko en la tribuna de los ministerios, en el periodismo, en la conferencia pública ha brillado por su eminente facultad crítica y la fuerza de su brazo que actúa.
Los malos dirigentes surgen de equivocadas percepciones de los electores, veremos si luego de tantos tropiezos los caleños han comprendido lo que su ciudad vale.
Segmentar la sociedad en un conflicto de clases no tiene ninguna ventaja, sólo dificulta el entendimiento de que el bienestar individual está, necesariamente, ligado al bienestar colectivo. La fabricada lucha de clases en Cali, orquestada por politiqueros y populistas, muy a tono con la tendencia de los ‘idiotas latinoamericanos’ que encuentran en el otro, más prospero, la causa de sus desgracias, sólo benefició a esas maquinarias demagógicas que ganaron la elección. Ebrios con la ‘contratitis’ no han respondido adecuadamente a los retos que impone el crecimiento de una ciudad como Cali en el contexto cambiante del país. Han usado políticas asistencialitas para distraer a sus electores y, el poderoso discurso de la lucha social y la teoría de la conspiración en su contra, para justificar su inutilidad. Como resultado Cali tiene, entre otros problemas, una de las tasas de inseguridad más altas del país, desempleo causado por las muchas empresas que cerraron oficinas y fabricas, serios problemas en la educación pública y una perdida sustantiva de calidad de vida, en términos de movilidad, estética urbana y limpieza.
La consecuencia lógica de estas malas administraciones debiera ser la madurez política de los electores, deberían saber la importancia de la elección del Mandatario Local y meditar sobre las razones que deben inspirar el voto. En general, elegimos por quien votar con base en nuestros intereses y el deseo de estar mejor. Es así como algunos votan porque esperan solucionar sus problemas de pobreza o desempleo o el de sus parientes, otros votan para resolver cuestiones del barrio: huecos, luz y escuelas, unos más buscan el bienestar de un sector económico. Se trata de una gama de intereses continuos, cuya diferencia es la proporción en la que el votante se beneficia directamente. Correlativamente a esos intereses, aparece un político que se ajusta a cada uno. Así, el que ofrece dinero, aquel con promesas de empleos en la burocracia estatal, obras especificas o tratos preferenciales.
En el siguiente estadio aparece el votante que se da cuenta de que el bienestar común es el mejor vehículo para la realización de sus propios intereses, pues cuando la ciudad prospera, todos lo hacen con ella. Y el candidato correlativo a esa visión es aquel que entiende la ciudad como un organismo interrelacionado y es capaz de priorizar el gasto con inteligencia para que repercuta en el crecimiento y avanzar en la realización de los intereses colectivos.
Ese candidato lo han tenido y derrotado los caleños por no haber comprendido esto. Francisco José Lloreda ha estado sobre la palestra pública por un periodo prolongado, en el cual ha probado tener inquebrantable vocación de servicio, preclara inteligencia y devoto amor por su ciudad y su patria. Su carrera en el sector público ha seguido la finísima estirpe de su padre, Rodrigo Lloreda, que dejó al país el recuerdo de un gran hombre: vigoroso e incontrastable en su proceder, intachable y diamantino en el manejo de la cosa pública. Kiko en la tribuna de los ministerios, en el periodismo, en la conferencia pública ha brillado por su eminente facultad crítica y la fuerza de su brazo que actúa.
Los malos dirigentes surgen de equivocadas percepciones de los electores, veremos si luego de tantos tropiezos los caleños han comprendido lo que su ciudad vale.
sábado, junio 16, 2007
Las razones de Uribe
El Presidente tiene la responsabilidad de trabajar para lograr la liberación de los secuestrados, y al mismo tiempo tiene la obligación de defender las instituciones democráticas que representa. Si Uribe no estuviera comprometido con el país, sino con su gobierno haría el intercambio sin ninguna consideración hacia el futuro. Pero el Presidente es un patriota y comprende que un gobierno no puede capitular y rendirse ante un grupo terrorista pues los efectos serían devastadores para el futuro. Así Uribe está buscando la liberación, no a cualquier costo, sino en un contexto que no vulneren la seguridad de la población, la justicia o la confianza de los colombianos. El Presidente, entonces, ha sido claro en sostener que no aceptará una zona de despeje, ni liberará guerrilleros para que vuelvan a delinquir.
Esas dos condiciones tienen el respaldo de la mayoría de los colombianos por razones significativas. Amargos recuerdos nos quedan del Caguán. Ese territorio sirvió para que las FARC se reorganizaran y tuvieran secuestrados y traficaran armas y drogas, justo detrás de la paredes por donde pasaban los medios de comunicación con sus cámaras. Los ecos de esa dominación todavía hoy le cuestan al Huila y las zonas vecinas, que convertidas en un fortín guerrillero vieron incrementarse la violencia, los secuestros y la inseguridad en todo su territorio. Liberar guerrilleros de las FARC para que vuelvas a engrosar las filas de las es como empezar un juego: salen y secuestran hasta que los vuelvan a coger y entonces, con las mismas razones de hoy, habrá que realizar otro intercambio.
Las exigencias de las FARC son precisamente las condiciones que el Presidente rechaza. El grupo está empeñado en el despeje de Florida y Pradera y en la liberación de los guerrilleros presos para que vuelvan a la organización terrorista. La negociación estaba pues estancada, el dialogo estaba muerto, no había ninguna posibilidad de avanzar.
Y para hacer mas tortuosos el camino, teníamos la intervención de la comunidad internacional que poco comprende de la situación colombiana y su historia, pero que ha sido presionada por las acciones de la familia de Ingrid Betancur, que en medio del dolor que viven, la ha emprendido contra el Presidente como si fuera él la causa de su pena. Así los países amigos tenían la impresión de que el gobierno Uribe no trabajaba por la liberación de los secuestrados, y consecuentemente, daban un respaldo tácito a la actitud de las FARC.
Audazmente el Presidente, en un gesto unilateral de buena voluntad, decide liberar un grupo muy significativo de guerrilleros –que no han cometidos delitos de lesa humanidad- con el compromiso de no volver a delinquir. El hecho rompe la rutina de una negociación moribunda y cambia sustancialmente las condiciones sobre las que se negocia. En la nueva contexto el gobierno tiene la ventaja de haber desconcertado a la contraparte y además ha demostrado, ante la comunidad internacional, su decisión inquebrantable de trabajar por la libertad. Finalmente, con los guerrilleros libres se hará evidente que las FARC tienen poco o ningún interés en la liberación humanitaria de los secuestrados o los guerrilleros presos y, que en realidad lo que quieren es un mecanismo de chantaje al estado Colombiano que les garantice el acceso a un territorio cuando estén fatigadas o debilitadas.
Esas dos condiciones tienen el respaldo de la mayoría de los colombianos por razones significativas. Amargos recuerdos nos quedan del Caguán. Ese territorio sirvió para que las FARC se reorganizaran y tuvieran secuestrados y traficaran armas y drogas, justo detrás de la paredes por donde pasaban los medios de comunicación con sus cámaras. Los ecos de esa dominación todavía hoy le cuestan al Huila y las zonas vecinas, que convertidas en un fortín guerrillero vieron incrementarse la violencia, los secuestros y la inseguridad en todo su territorio. Liberar guerrilleros de las FARC para que vuelvas a engrosar las filas de las es como empezar un juego: salen y secuestran hasta que los vuelvan a coger y entonces, con las mismas razones de hoy, habrá que realizar otro intercambio.
Las exigencias de las FARC son precisamente las condiciones que el Presidente rechaza. El grupo está empeñado en el despeje de Florida y Pradera y en la liberación de los guerrilleros presos para que vuelvan a la organización terrorista. La negociación estaba pues estancada, el dialogo estaba muerto, no había ninguna posibilidad de avanzar.
Y para hacer mas tortuosos el camino, teníamos la intervención de la comunidad internacional que poco comprende de la situación colombiana y su historia, pero que ha sido presionada por las acciones de la familia de Ingrid Betancur, que en medio del dolor que viven, la ha emprendido contra el Presidente como si fuera él la causa de su pena. Así los países amigos tenían la impresión de que el gobierno Uribe no trabajaba por la liberación de los secuestrados, y consecuentemente, daban un respaldo tácito a la actitud de las FARC.
Audazmente el Presidente, en un gesto unilateral de buena voluntad, decide liberar un grupo muy significativo de guerrilleros –que no han cometidos delitos de lesa humanidad- con el compromiso de no volver a delinquir. El hecho rompe la rutina de una negociación moribunda y cambia sustancialmente las condiciones sobre las que se negocia. En la nueva contexto el gobierno tiene la ventaja de haber desconcertado a la contraparte y además ha demostrado, ante la comunidad internacional, su decisión inquebrantable de trabajar por la libertad. Finalmente, con los guerrilleros libres se hará evidente que las FARC tienen poco o ningún interés en la liberación humanitaria de los secuestrados o los guerrilleros presos y, que en realidad lo que quieren es un mecanismo de chantaje al estado Colombiano que les garantice el acceso a un territorio cuando estén fatigadas o debilitadas.
sábado, junio 09, 2007
¿Más paro, más plata?
Otra vez la educación pública está en paro. A pesar de que la Ley de Transferencias no disminuirá la inversión en educación básica y media y el Gobierno Nacional se ha comprometido con el plan de cobertura total y mejoramiento de salarios para el 2009, Fecode y varias universidades públicas paran y protestan, como lo hacen cada cierto tiempo por cualquier cosa. Este hecho invita al debate sobre la relación costo beneficio del sector. La educación es fundamental para que haya igualdad de oportunidades, por lo tanto debemos analizar sí ese dinero compra lo mejor que puede comprar.
Con honrosas excepciones, la calidad de la educación pública básica y media no es buena. Lo demuestran bachilleres con problemas de comprensión de lectura y deficiente expresión oral y escrita y profesores que no cumplen adecuadamente su función, reacios a la evaluación, con jugosas prebendas sindicales y la costumbre, ya permanente, de entrar en paro. Esta serie de eventos se ha convertido en una mecanismo para proteger la mediocridad y vulnerar los derechos de las nuevas generaciones.
Las prebendas son una pesada carga fiscal para el futuro, que los jóvenes deberán pagar por una educación que no ha sido la mejor que el país podría darles. Los paros le quitan a los alumnos horas de estudio, suprimen la continuidad que caracteriza la educación y luego del paro se les pasa el año de cualquier manera. Los niños educados en el sistema público tienen menos oportunidades que los del sector privado y prácticamente se paga lo mismo. Son también las nuevas generaciones las más afectadas por las rigideces laborales, pues si quieren ser profesores tienen muy pocas opciones de serlo; salvo en este Gobierno que promovió el examen de docentes, ese ejercicio está circunscrito a turbios poderes políticos y roscas impenetrables e inamovibles –que además impiden la competencia para que sólo los mejores sean profesores-. Y, sin que se haya agotado la lista, la educación pública está permeada por un discurso ideológico de izquierda. Dejando de lado si el discurso es o no el mejor, hay que recordar que la estructura laica se organizó para suprimir la Iglesia como educadora, precisamente bajo la convicción de que la educación no debía estar mezclada con ideologías. Ahora bien, si es que no se puede educar sin ideología, es necesario un debate democrático sobre el tipo de doctrina con la que va a formar a los estudiantes.
La situación de la educación superior no es muy distinta; los paros, las roscas, la dominación ideológica y los sobrecostos son iguales. Un estudiante de universidad pública vale más que uno de una privada, a causa de exageradas concesiones pensionales. En algunos casos estamos pagando más por una educación de menos calidad -por eso la idea de que el Estado debería pagar cupos en las privadas-. Además, las universidades públicas engordan un grupito de estudiantes vagos que pierden varios semestres, pero que a fuerza de paros pueden seguir por años en su cómoda posición. El hecho es detestable, gastar dinero en alguien que no se esfuerza cuando hay tantos colombianos -que no tienen acceso a la educación superior- que asumirían con responsabilidad esa oportunidad. La educación es un privilegio, así que sus recursos tienen que buscar lo mejor, sin ningún reparo.
Con honrosas excepciones, la calidad de la educación pública básica y media no es buena. Lo demuestran bachilleres con problemas de comprensión de lectura y deficiente expresión oral y escrita y profesores que no cumplen adecuadamente su función, reacios a la evaluación, con jugosas prebendas sindicales y la costumbre, ya permanente, de entrar en paro. Esta serie de eventos se ha convertido en una mecanismo para proteger la mediocridad y vulnerar los derechos de las nuevas generaciones.
Las prebendas son una pesada carga fiscal para el futuro, que los jóvenes deberán pagar por una educación que no ha sido la mejor que el país podría darles. Los paros le quitan a los alumnos horas de estudio, suprimen la continuidad que caracteriza la educación y luego del paro se les pasa el año de cualquier manera. Los niños educados en el sistema público tienen menos oportunidades que los del sector privado y prácticamente se paga lo mismo. Son también las nuevas generaciones las más afectadas por las rigideces laborales, pues si quieren ser profesores tienen muy pocas opciones de serlo; salvo en este Gobierno que promovió el examen de docentes, ese ejercicio está circunscrito a turbios poderes políticos y roscas impenetrables e inamovibles –que además impiden la competencia para que sólo los mejores sean profesores-. Y, sin que se haya agotado la lista, la educación pública está permeada por un discurso ideológico de izquierda. Dejando de lado si el discurso es o no el mejor, hay que recordar que la estructura laica se organizó para suprimir la Iglesia como educadora, precisamente bajo la convicción de que la educación no debía estar mezclada con ideologías. Ahora bien, si es que no se puede educar sin ideología, es necesario un debate democrático sobre el tipo de doctrina con la que va a formar a los estudiantes.
La situación de la educación superior no es muy distinta; los paros, las roscas, la dominación ideológica y los sobrecostos son iguales. Un estudiante de universidad pública vale más que uno de una privada, a causa de exageradas concesiones pensionales. En algunos casos estamos pagando más por una educación de menos calidad -por eso la idea de que el Estado debería pagar cupos en las privadas-. Además, las universidades públicas engordan un grupito de estudiantes vagos que pierden varios semestres, pero que a fuerza de paros pueden seguir por años en su cómoda posición. El hecho es detestable, gastar dinero en alguien que no se esfuerza cuando hay tantos colombianos -que no tienen acceso a la educación superior- que asumirían con responsabilidad esa oportunidad. La educación es un privilegio, así que sus recursos tienen que buscar lo mejor, sin ningún reparo.
sábado, junio 02, 2007
Camaleones políticos
Publicado: Mayo 26 de 2007
Entre las virtudes del presidente Uribe cabe destacar su manera de seguir y defender un ideario político sin cambios ni acomodos. Esa claridad ha dotado de perspicuidad la política colombiana. Uribe, como buen líder, está comprometido con un diagnóstico de la realidad nacional y amarrado a un modelo de soluciones especificas, de suerte que los colombianos sabemos qué esperar de él. Lo que ha permitido, además, que la oposición del Polo Democrático se defina, en contra de esas políticas.
La nitidez ideológica es fundamental para que los electores puedan saber por qué y para qué están votando y que ideas representa un partido o un líder. El buen político debe encarnar -ser- unas ideas. Si lo que ofrece el adalid no coincide con la voluntad popular y es derrotado, su postura ideológica debe mantenerse como alternativa, al estilo del Polo. Y si las ideas con las que se comprometió salen mal, ese dirigente no puede renunciar a ellas y cambiarlas como un traje del que se despoja para vestir uno nuevo. Los naufragios en política tienen un costo y el capitán se hunde con su barco. El paladín malogrado tiene que hacerse a un lado, para que otro -el antagonista- representante de ideas nuevas, asuma el liderazgo. Ese es el juego político.
Colombia viene de un camino muy distinto, nuestros políticos son de planteamientos ambiguos y oscuros y se van acomodando al querer democrático. Nadie toma posiciones, y sí alguien tiene alguna, pero la opinión no la favorece, la cambia y se convierte en el defensor más vehemente de lo contrario. El fenómeno tuvo tal envergadura que los partidos terminaron siendo todos iguales. Hemos mejorado, pero hay todavía muchos camaleones que se cambian al color de la ideología ganadora.
En vez de que las hombres encarnen ideas, los hombres llevan ideas como prendas de vestir. Por la pasarela pública desfilan los mismos personajes acondicionados a la moda con diferentes ropajes ideológicos. Políticos sin convicciones que cambian con la opinión. Pastranistas con traje de negociación que al tenor de las encuestas se pusieron el traje de mano dura. Marta Lucia Ramírez pasó de ministra de Pastrana a ministra de Uribe, sin ruborizarse. ¿Estaría comprometida con alguna de las dos ideologías? ¿Con cuál? ¿Por qué, entonces, recibió el otro encargo? El ex presidente Gaviria, cuando llego del exterior en sus discursos, pedía a la Providencia que nos amparará de Uribe, y ahora llama al Partido Liberal al centro y a la oposición moderada. Si le parece que aquella posición ya no es indicada, debe hacerse a un lado y dejar que asuman la jefatura liberal aquellos que desde el principio sugirieron la postura que ahora le gusta. Su hijo, Simón, pasó de antiuribista a parte de la bancada uribista y brinca con cada escándalo para representar la opinión. El ministro Santos, como él mismo lo dijo, buscó y promovió una negociación con los grupos alzados en armas en la que se incluía una zona de distensión y Asamblea Constituyente, y ahora dirige la cartera de Defensa del Gobierno, que representa justamente lo contrario. Y tantos otros.
O en Colombia hay sólo unos pocos capaces de ser ministros, dirigir partidos o ser candidatos y nos toca reciclarlos. O bien, hay otros, pero los poderosos, borrachos de poder, no los ven y la vanidad los convence de que son indispensables y entonces, patrióticamente, se reacomodan a las circunstancias.
Entre las virtudes del presidente Uribe cabe destacar su manera de seguir y defender un ideario político sin cambios ni acomodos. Esa claridad ha dotado de perspicuidad la política colombiana. Uribe, como buen líder, está comprometido con un diagnóstico de la realidad nacional y amarrado a un modelo de soluciones especificas, de suerte que los colombianos sabemos qué esperar de él. Lo que ha permitido, además, que la oposición del Polo Democrático se defina, en contra de esas políticas.
La nitidez ideológica es fundamental para que los electores puedan saber por qué y para qué están votando y que ideas representa un partido o un líder. El buen político debe encarnar -ser- unas ideas. Si lo que ofrece el adalid no coincide con la voluntad popular y es derrotado, su postura ideológica debe mantenerse como alternativa, al estilo del Polo. Y si las ideas con las que se comprometió salen mal, ese dirigente no puede renunciar a ellas y cambiarlas como un traje del que se despoja para vestir uno nuevo. Los naufragios en política tienen un costo y el capitán se hunde con su barco. El paladín malogrado tiene que hacerse a un lado, para que otro -el antagonista- representante de ideas nuevas, asuma el liderazgo. Ese es el juego político.
Colombia viene de un camino muy distinto, nuestros políticos son de planteamientos ambiguos y oscuros y se van acomodando al querer democrático. Nadie toma posiciones, y sí alguien tiene alguna, pero la opinión no la favorece, la cambia y se convierte en el defensor más vehemente de lo contrario. El fenómeno tuvo tal envergadura que los partidos terminaron siendo todos iguales. Hemos mejorado, pero hay todavía muchos camaleones que se cambian al color de la ideología ganadora.
En vez de que las hombres encarnen ideas, los hombres llevan ideas como prendas de vestir. Por la pasarela pública desfilan los mismos personajes acondicionados a la moda con diferentes ropajes ideológicos. Políticos sin convicciones que cambian con la opinión. Pastranistas con traje de negociación que al tenor de las encuestas se pusieron el traje de mano dura. Marta Lucia Ramírez pasó de ministra de Pastrana a ministra de Uribe, sin ruborizarse. ¿Estaría comprometida con alguna de las dos ideologías? ¿Con cuál? ¿Por qué, entonces, recibió el otro encargo? El ex presidente Gaviria, cuando llego del exterior en sus discursos, pedía a la Providencia que nos amparará de Uribe, y ahora llama al Partido Liberal al centro y a la oposición moderada. Si le parece que aquella posición ya no es indicada, debe hacerse a un lado y dejar que asuman la jefatura liberal aquellos que desde el principio sugirieron la postura que ahora le gusta. Su hijo, Simón, pasó de antiuribista a parte de la bancada uribista y brinca con cada escándalo para representar la opinión. El ministro Santos, como él mismo lo dijo, buscó y promovió una negociación con los grupos alzados en armas en la que se incluía una zona de distensión y Asamblea Constituyente, y ahora dirige la cartera de Defensa del Gobierno, que representa justamente lo contrario. Y tantos otros.
O en Colombia hay sólo unos pocos capaces de ser ministros, dirigir partidos o ser candidatos y nos toca reciclarlos. O bien, hay otros, pero los poderosos, borrachos de poder, no los ven y la vanidad los convence de que son indispensables y entonces, patrióticamente, se reacomodan a las circunstancias.
viernes, mayo 25, 2007
¿Qué está pasando con el dólar?
La dramática caída del precio del dólar, hoy por debajo de los 2000 pesos, como en abril del 2000, tiene implicaciones sobre la economía nacional. Los exportadores reciben el mismo número de dólares por sus productos, pero ahora son menos pesos. Por ejemplo, por la reevaluación desde el 2004 los caficultores, que son más de 500 mil familias, han visto reducidos sus ingresos en 1,2 billones de pesos. Por esa reevaluación varias fincas exportadoras de flores han tenido que cerrar y despedir sus empleados. Sufren también las familias que viven de las remesas del exterior; en el primer trimestre del año dejaron de recibir 150.000 millones de pesos.
Es prioritario mitigar la situación. Los subsidios y exoneración de pagos alivian transitoriamente ciertos sectores; pero la solución del problema en el largo plazo es más compleja y requiere la acción coordinada del Banco de la República y el ejecutivo. Hasta ahora el gobierno ha dejado solo al Banco.
El fenómeno de la caída del precio del dólar es como el de cualquier producto: hay muchos dólares y muy poca demanda. Para subirles el precio el Banco de la Republica adquirió US$4.572 millones de dólares durante los cuatro primeros meses del año. Se pagaron con pesos y el exceso de pesos aumentó la inflación. La terrible inflación significa que los precios suben y la capacidad de compra baja. El mismo número de pesos alcanza para menos cosas, lo que es especialmente dramático para la población más pobre. Para mantener la inflación baja, el Banco subió las tasas de interés, esperando que los bancos y los ciudadanos ahorren y se reduzca la cantidad de pesos en el mercado. Pero esas altas tasas, a su vez atraen capitales extranjeros que buscan buenos rendimientos (capitales golondrina) y otra vez hay más dólares.
El dólar continua a la baja y el Banco central prácticamente agotó la posibilidad de seguir comprándolos; hacerlo significaría terminar su ejercicio con perdidas. Según los expertos ante la inacción del ejecutivo el Banco se vio abocado a tomar medidas drásticas que, a saber de los entendidos, correspondían a la SuperFinanciera –que lleva dos años planeándolas y aún no las emite-. Con ellas se espera un aumento en la demanda por dólares y en su precio, y una reducción de los pesos circulantes -un billón según los cálculos de Asobancaria-. El costo: los créditos para los colombianos serán menos y más caros, y el sector financiero tendrá una reducción de utilidades, más 1.5 billones de pesos señalan cálculos iniciales.
Pero para que la caída del dólar sea conjurada definitivamente, es necesaria la acción inmediata del gobierno. Hay que aumentar la demanda de dólares para que le precio suba. Entonces, el gobierno debe comprar divisas para prepagar deuda externa. El riesgo de esta medida es que la deuda colombiana puede subir de precio; de manera que podríamos pagar y quedar debiendo lo mismo o más. Además, el gobierno debe modificar la regulación de los fondos de pensiones -que actualmente tienen sus inversiones concentradas en deuda pública y en pesos- para que puedan ser otros demandantes de dólares. Y para evitar mayor inflación hay que reducir los pesos circulantes; el gobierno debe disminuir el gasto estatal y el déficit fiscal. Difíciles tareas con las que el Ministro Zuluaga se ha comprometido, dando prueba de su carácter.
Es prioritario mitigar la situación. Los subsidios y exoneración de pagos alivian transitoriamente ciertos sectores; pero la solución del problema en el largo plazo es más compleja y requiere la acción coordinada del Banco de la República y el ejecutivo. Hasta ahora el gobierno ha dejado solo al Banco.
El fenómeno de la caída del precio del dólar es como el de cualquier producto: hay muchos dólares y muy poca demanda. Para subirles el precio el Banco de la Republica adquirió US$4.572 millones de dólares durante los cuatro primeros meses del año. Se pagaron con pesos y el exceso de pesos aumentó la inflación. La terrible inflación significa que los precios suben y la capacidad de compra baja. El mismo número de pesos alcanza para menos cosas, lo que es especialmente dramático para la población más pobre. Para mantener la inflación baja, el Banco subió las tasas de interés, esperando que los bancos y los ciudadanos ahorren y se reduzca la cantidad de pesos en el mercado. Pero esas altas tasas, a su vez atraen capitales extranjeros que buscan buenos rendimientos (capitales golondrina) y otra vez hay más dólares.
El dólar continua a la baja y el Banco central prácticamente agotó la posibilidad de seguir comprándolos; hacerlo significaría terminar su ejercicio con perdidas. Según los expertos ante la inacción del ejecutivo el Banco se vio abocado a tomar medidas drásticas que, a saber de los entendidos, correspondían a la SuperFinanciera –que lleva dos años planeándolas y aún no las emite-. Con ellas se espera un aumento en la demanda por dólares y en su precio, y una reducción de los pesos circulantes -un billón según los cálculos de Asobancaria-. El costo: los créditos para los colombianos serán menos y más caros, y el sector financiero tendrá una reducción de utilidades, más 1.5 billones de pesos señalan cálculos iniciales.
Pero para que la caída del dólar sea conjurada definitivamente, es necesaria la acción inmediata del gobierno. Hay que aumentar la demanda de dólares para que le precio suba. Entonces, el gobierno debe comprar divisas para prepagar deuda externa. El riesgo de esta medida es que la deuda colombiana puede subir de precio; de manera que podríamos pagar y quedar debiendo lo mismo o más. Además, el gobierno debe modificar la regulación de los fondos de pensiones -que actualmente tienen sus inversiones concentradas en deuda pública y en pesos- para que puedan ser otros demandantes de dólares. Y para evitar mayor inflación hay que reducir los pesos circulantes; el gobierno debe disminuir el gasto estatal y el déficit fiscal. Difíciles tareas con las que el Ministro Zuluaga se ha comprometido, dando prueba de su carácter.
viernes, mayo 18, 2007
El 10 de mayo
El 10 de mayo de 1957 es el epílogo de un procesos trascendental en la historia del país. Lo que debemos rememorar en ésta fecha no son las manifestaciones de júbilo por la restauración de la democracia, sino el proceso políticos que las precedió. El gobierno del General Rojas Pinilla dijo que retendría el poder hasta que los partidos cesaran su violencia fratricida. La idea era impensable entonces, pues los partidos utilizaban la violencia como mecanismo de confrontación política. Pero, ante la decisión de la Asamblea Constituyente -ANAC de prorrogar el periodo de Rojas hasta 1962, la nación comprendió que las libertades y la democracia tienen un valor superior. Los partidos hicieron un acuerdo para recupéralas: el Manifiesto Conjunto de los Partidos Liberal y Conservador del 20 de marzo de 1957.
En aquella época la violencia estaba íntimamente relacionada con la lucha por el control del Gobierno. En consecuencia, el acuerdo garantizaba que la sucesión presidencial sería, en adelante, pacifica. Los partidos gobernarían conjuntamente en pie de igualdad, y bajo la tesis de Alfonso López Pumarejo el partido Liberal se avino a votar por un candidato conservador en la primera elección. No era fácil escoger un candidato que lograra despertar entorno suyo la confianza para garantizar el acuerdo; pero los partidos lo encontraron y el 8 de abril proclamaron unánimemente como Candidato Nacional a la Presidencia de la República a Guillermo León Valencia.
Con ese nombre y ese proyecto se presionó al gobierno dictatorial para que devolviera a los colombianos el derecho de elegir democráticamente a su Presidente. Los hechos se desenvolvieron rápidamente, el 12 de abril se reafirmó la proclamación de Valencia como candidato único de los partidos y se exigió al gobierno la convocatoria a elecciones desde todos los sectores políticos, industriales y banqueros. El 30 de abril luego de las manifestación de adhesión que recibiera Valencia en Cali, fue detenido por el servicio de inteligencia. Ésta detención caldeo aún más los ánimos, y dio lugar a una ola de protestas de profesores, estudiantes, medios de comunicación, industria y la sociedad en general, que se concretó el 6 de mayo con la iniciación del paro cívico nacional.
El 10 de mayo representa el respaldo y la ratificación de la nación a ese gran acuerdo; es el triunfo de la decisión conjunta de Liberales y Conservadores para suprimir la violencia y recobrar la democracia; demuestra que el poder soberano del pueblo es invencible.
El 10 de mayo es también ocasión para evocar la lealtad patriótica de Valencia a los pactos suscritos para asegurar el espíritu de concordia y entendimiento entre los colombianos. Eventos inesperados y de difícil interpretación llevaron a la sustitución de la candidatura de Valencia por la del jefe liberal Alberto Lleras Camargo. En ese contexto, el enfrentamiento entre los dos podía devastar la frágil estructura y propiciar nuevos derramamientos de sangre, destruyendo aquel apoteósico esfuerzo. Pero Valencia era fiel a aquellos altos propósitos nacionales, así que retiro su candidatura y votó –firmando su voto- por Alberto Lleras. Con ello, Valencia demostró que su gesta por la restauración de la democracia trascendía mezquinos interés personales, y que su compromiso era y seguiría siendo con el porvenir nacional.
En aquella época la violencia estaba íntimamente relacionada con la lucha por el control del Gobierno. En consecuencia, el acuerdo garantizaba que la sucesión presidencial sería, en adelante, pacifica. Los partidos gobernarían conjuntamente en pie de igualdad, y bajo la tesis de Alfonso López Pumarejo el partido Liberal se avino a votar por un candidato conservador en la primera elección. No era fácil escoger un candidato que lograra despertar entorno suyo la confianza para garantizar el acuerdo; pero los partidos lo encontraron y el 8 de abril proclamaron unánimemente como Candidato Nacional a la Presidencia de la República a Guillermo León Valencia.
Con ese nombre y ese proyecto se presionó al gobierno dictatorial para que devolviera a los colombianos el derecho de elegir democráticamente a su Presidente. Los hechos se desenvolvieron rápidamente, el 12 de abril se reafirmó la proclamación de Valencia como candidato único de los partidos y se exigió al gobierno la convocatoria a elecciones desde todos los sectores políticos, industriales y banqueros. El 30 de abril luego de las manifestación de adhesión que recibiera Valencia en Cali, fue detenido por el servicio de inteligencia. Ésta detención caldeo aún más los ánimos, y dio lugar a una ola de protestas de profesores, estudiantes, medios de comunicación, industria y la sociedad en general, que se concretó el 6 de mayo con la iniciación del paro cívico nacional.
El 10 de mayo representa el respaldo y la ratificación de la nación a ese gran acuerdo; es el triunfo de la decisión conjunta de Liberales y Conservadores para suprimir la violencia y recobrar la democracia; demuestra que el poder soberano del pueblo es invencible.
El 10 de mayo es también ocasión para evocar la lealtad patriótica de Valencia a los pactos suscritos para asegurar el espíritu de concordia y entendimiento entre los colombianos. Eventos inesperados y de difícil interpretación llevaron a la sustitución de la candidatura de Valencia por la del jefe liberal Alberto Lleras Camargo. En ese contexto, el enfrentamiento entre los dos podía devastar la frágil estructura y propiciar nuevos derramamientos de sangre, destruyendo aquel apoteósico esfuerzo. Pero Valencia era fiel a aquellos altos propósitos nacionales, así que retiro su candidatura y votó –firmando su voto- por Alberto Lleras. Con ello, Valencia demostró que su gesta por la restauración de la democracia trascendía mezquinos interés personales, y que su compromiso era y seguiría siendo con el porvenir nacional.
viernes, mayo 11, 2007
Derecha e izquierda
¿Qué significa que un gobierno sea de izquierda o de derecha? En Colombia el uso indiscriminado de esas palabras terminó por empobrecer tanto el sentido que se volvieron vacías e incomprensibles. Hay unas concepciones erradas, pobres y poco informadas mediante las cuales los partidarios acreditan su ideología a través del desprestigio de la contraria. Así, los de izquierda confunden la derecha se con las atrocidades de los extremos y los abusos, y se dibujan con la idea romántica de la riqueza colectiva. Los de derecha dicen que la izquierda es la demagogia pura y se identifican con el orden y la prosperidad.
Para avanzar en el esclarecimiento de los términos debemos resaltar que ambas ideologías buscan el bienestar social. Distinguir también, el ejercicio de una ideología, de los abusos de la misma; Hitler no es ejemplo de la derecha, ni Stalin de la izquierda. Finalmente, en lo que se refiere al uso de la fuerza del Estado no existe una diferencia entre la izquierda y la derecha. La concepción del Estado en ambas ideologías incluye a la fuerza publica con monopolio de la armas, que respalde las decisiones institucionales. Abrogar el uso de la fuerza exclusivamente a la derecha es errado y desconoce la historia; no ha existido un régimen de izquierda que no se soporte en la fuerza pública.
La derecha extrema podría identificarse con la convicción liberal de la no intervención del Estado en la economía y la izquierda extrema con la estatización de todos los medios de producción. Entre estos dos extremos se extienden en línea continua de posibilidades; el Estado neoliberal, el intervencionista moderado, el estado social de derecho, la social democracia, el comunismo entre otros, donde varia el grado de intervención del Estado y en consecuencia su tamaño y funciones.
Esta diferencia se evidencia también en el entendimiento de las políticas sociales; así en la izquierda las políticas tienden a ser inmediatistas y asistencialitas, y en la derecha se inclinan por la generación de oportunidades para el futuro. Burdamente, si hay una población apartada con un problema de empleo y de nutrición, y el Estado tiene recursos limitados; la política de izquierda sería proporcionar alimentos y salud, la de derecha construir una carretera para integrarlos al mercado. La visión de corto plazo de la izquierda atiende al sufrimiento humano en ese momento; que descuida derecha en busca de la solución del problema en el largo plazo. La izquierda prefiere un Estado interventor cuya acción soluciona los problemas sociales inmediatamente. La derecha considera que el Estado debe ser limitado sobre la base de que los mercados funcionan mejor, y el Estado debe procurar las condiciones para que todos puedan participar y competir en el mercado. La diferencia se evidencia también en el tema de la riqueza; para la izquierda la desigualdad es una falla y el Estado debe actuar para redistribuir. La derecha considera que la riqueza se convierte en un polo de desarrollo que potencia y estimula la industria y posteriormente la competencia se encarga de la redistribución. Así los impuestos de unos son más altos que los otros. La izquierda favorece la el gasto en salarios burocráticos y la derecha privilegia la inversión en infraestructura. Los primeros para mantener el empleo, los segundos para generarlo.
Para avanzar en el esclarecimiento de los términos debemos resaltar que ambas ideologías buscan el bienestar social. Distinguir también, el ejercicio de una ideología, de los abusos de la misma; Hitler no es ejemplo de la derecha, ni Stalin de la izquierda. Finalmente, en lo que se refiere al uso de la fuerza del Estado no existe una diferencia entre la izquierda y la derecha. La concepción del Estado en ambas ideologías incluye a la fuerza publica con monopolio de la armas, que respalde las decisiones institucionales. Abrogar el uso de la fuerza exclusivamente a la derecha es errado y desconoce la historia; no ha existido un régimen de izquierda que no se soporte en la fuerza pública.
La derecha extrema podría identificarse con la convicción liberal de la no intervención del Estado en la economía y la izquierda extrema con la estatización de todos los medios de producción. Entre estos dos extremos se extienden en línea continua de posibilidades; el Estado neoliberal, el intervencionista moderado, el estado social de derecho, la social democracia, el comunismo entre otros, donde varia el grado de intervención del Estado y en consecuencia su tamaño y funciones.
Esta diferencia se evidencia también en el entendimiento de las políticas sociales; así en la izquierda las políticas tienden a ser inmediatistas y asistencialitas, y en la derecha se inclinan por la generación de oportunidades para el futuro. Burdamente, si hay una población apartada con un problema de empleo y de nutrición, y el Estado tiene recursos limitados; la política de izquierda sería proporcionar alimentos y salud, la de derecha construir una carretera para integrarlos al mercado. La visión de corto plazo de la izquierda atiende al sufrimiento humano en ese momento; que descuida derecha en busca de la solución del problema en el largo plazo. La izquierda prefiere un Estado interventor cuya acción soluciona los problemas sociales inmediatamente. La derecha considera que el Estado debe ser limitado sobre la base de que los mercados funcionan mejor, y el Estado debe procurar las condiciones para que todos puedan participar y competir en el mercado. La diferencia se evidencia también en el tema de la riqueza; para la izquierda la desigualdad es una falla y el Estado debe actuar para redistribuir. La derecha considera que la riqueza se convierte en un polo de desarrollo que potencia y estimula la industria y posteriormente la competencia se encarga de la redistribución. Así los impuestos de unos son más altos que los otros. La izquierda favorece la el gasto en salarios burocráticos y la derecha privilegia la inversión en infraestructura. Los primeros para mantener el empleo, los segundos para generarlo.
viernes, mayo 04, 2007
Doña Berta y las mujeres
En medio de la agitación del diario discurrir de escándalos y debates en que vivimos los colombianos queda poco tiempo para recordar el pasado. Van pasando los años y con ellos queda sepultada la memoria de grandes personalidades que con el vigor de sus carácter y la contundencia de su accionar han producido cambios en nuestro país. Así, la gesta para alcanzar el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas igualitarias no fue sencilla. En la cultura estática, prejuiciosa y retardataria, donde las mismas mujeres se negaban a aceptar la necesidad de abrir espacios políticos al genero femenino, irrumpieron con un volcán las mujeres reformadoras e impertinentes; guerreras incansables y sagaces.
El pasado 17 de abril se conmemoró el centenario de nacimiento de una de esas combatientes; Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. La parábola vitad de Doña Berta debe ser exaltada porque en ella se reúnen las mejores características del tesón y la fuerza de esa generación de mujeres que desafiaron el mundo para conquistar el ideal femenino de la igualdad. La vida de las mujeres, antes de que terminara la odiosa diferenciación era muy triste, como Doña Berta lo decía en algún “Tábano”: “Cuanto dolor y cuánta pena encuentra la mujer en este valle de lágrimas no solo por la incomprensión de sus desvelos y necesidades... Pobre mujer… resignada ante el hombre de varonil postura, brutal esfuerzo y despotismo sentimental; que únicamente cree ser el dueño del mundo, sin pensar que en esa mujer doblegada por el dolor, falta de compresión; vive una alma tan grande como la de él.”
Doña Berta encarna a la mujer moderna en un contexto machista y cerrado, pero que no se conforma y con su vitalidad doblega el mundo para que se adapte a esa mujer. Fue, así, líder y presidenta de la Organización Femenina Nacional y junto a ella, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda como delegadas ante la Asamblea Nacional Constituyente, estuvieron buscando la aprobación de garantías básicas para la mujer: el voto, la igualdad de derechos políticos, la igualdad salarial, el derecho a ocupar altos cargos directivos del Estado, y normatividad en contra de los despidos por matrimonio y embarazo. Por sus esfuerzos, la calidad de ciudadanas de pleno derecho fue aprobada por la ANAC el día 25 de agosto de 1954 y finalmente en 1957 fue ratificado del derecho a votar en el Plebiscito del Frente Nacional. Esas tres mujeres no sólo abrieron los espacios teóricos de la igualdad; en la practica fueron también pioneras: Doña Berta fue senadora y jefa del Partido Conservador, Josefina la primera ministra mujer y un poco más adelante Esmeralda también fue ministra. Liberándose a ellas mismas, liberaron a todas las mujeres y a la sociedad entera de la discriminación.
Recordar estos eventos no sólo nos pone de presente cuanto le debemos a esos desaparecidos personajes, sino que nos reclama una acción más decidida y contundente sobre la realidad del país, pues todo cambio es posible. Muchos sueños de entonces todavía están por realizarse, rememoremos las palabras de Alzate Avendaño quien decía: la mujer “se constituye en la creadora y defensora de la paz y en enemiga de la guerra, porque como ellas construyen al hombre con su propia sangre, cuando este cuerpo perece, ella siente la pena lacerante de haber perdido parte de su propio ser”.
El pasado 17 de abril se conmemoró el centenario de nacimiento de una de esas combatientes; Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. La parábola vitad de Doña Berta debe ser exaltada porque en ella se reúnen las mejores características del tesón y la fuerza de esa generación de mujeres que desafiaron el mundo para conquistar el ideal femenino de la igualdad. La vida de las mujeres, antes de que terminara la odiosa diferenciación era muy triste, como Doña Berta lo decía en algún “Tábano”: “Cuanto dolor y cuánta pena encuentra la mujer en este valle de lágrimas no solo por la incomprensión de sus desvelos y necesidades... Pobre mujer… resignada ante el hombre de varonil postura, brutal esfuerzo y despotismo sentimental; que únicamente cree ser el dueño del mundo, sin pensar que en esa mujer doblegada por el dolor, falta de compresión; vive una alma tan grande como la de él.”
Doña Berta encarna a la mujer moderna en un contexto machista y cerrado, pero que no se conforma y con su vitalidad doblega el mundo para que se adapte a esa mujer. Fue, así, líder y presidenta de la Organización Femenina Nacional y junto a ella, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda como delegadas ante la Asamblea Nacional Constituyente, estuvieron buscando la aprobación de garantías básicas para la mujer: el voto, la igualdad de derechos políticos, la igualdad salarial, el derecho a ocupar altos cargos directivos del Estado, y normatividad en contra de los despidos por matrimonio y embarazo. Por sus esfuerzos, la calidad de ciudadanas de pleno derecho fue aprobada por la ANAC el día 25 de agosto de 1954 y finalmente en 1957 fue ratificado del derecho a votar en el Plebiscito del Frente Nacional. Esas tres mujeres no sólo abrieron los espacios teóricos de la igualdad; en la practica fueron también pioneras: Doña Berta fue senadora y jefa del Partido Conservador, Josefina la primera ministra mujer y un poco más adelante Esmeralda también fue ministra. Liberándose a ellas mismas, liberaron a todas las mujeres y a la sociedad entera de la discriminación.
Recordar estos eventos no sólo nos pone de presente cuanto le debemos a esos desaparecidos personajes, sino que nos reclama una acción más decidida y contundente sobre la realidad del país, pues todo cambio es posible. Muchos sueños de entonces todavía están por realizarse, rememoremos las palabras de Alzate Avendaño quien decía: la mujer “se constituye en la creadora y defensora de la paz y en enemiga de la guerra, porque como ellas construyen al hombre con su propia sangre, cuando este cuerpo perece, ella siente la pena lacerante de haber perdido parte de su propio ser”.
viernes, abril 27, 2007
El debate “para”-desprestigiar
El debate “para” ha demostrado que el Presidente es un hombre integro y patriota. En la preparación de este debate la oposición hizo investigaciones exhaustivas de cada uno de los hechos que componen los 54 años de vida del Presidente, basta imaginar todo lo que buscaron y removieron. Y del escrutinio minucioso no han quedado nada alarmante, salvo algunos errores –propios a la condición humana.
Deja una lección importante que el Presidente haya encarado las acusaciones de manera directa y sin hacer referencias personales, pues pone de presente que el enfrentamiento gobierno-oposición -propio de la democracia- debe distinguirse del desprestigio internacional del Estado, que afecta los interese nacionales. La oposición ha confundido estos dos niveles, y debe hacer un alto en el camino y preguntarse qué persigue con estos ataques.
Sí la estrategia se rige por el adagio: de la calumnia algo queda, sobran los comentarios. Sí es, en cambio, una manera de dañar el TLC y las relaciones del Gobierno con la comunidad internacional deben detenerse porque esa es una forma sucia de hacer política; no sólo daña a Uribe sino al país. La perdida del TLC y del Plan Colombia puede parecer positiva a la oposición, pues son ellos quienes rechazan ambos proyectos, pero en el juego democrático por sobretodo, debe respetarse la voluntad del pueblo; que en este caso respalda al Presidente y su programa de gobierno. Imponer mediante estos artilugios la política que ellos consideran apropiada es un irrespeto a la democracia y a los colombianos.
Sí, por el contrario, como debe ser, la oposición está interesada en la depuración y esclarecimiento de la verdad, debe tener cuidado y no confundir las acusaciones con la verdad y no sacar conclusiones ligeras y peligrosas sin contar con un fundamento probatorio certero. Una cosa es decir que la acción del Presidente contra los “paras” en Antioquia no les parece contundente -para lo cual habría que mostrar cifras y debatir- y otra cosa muy distinta es decir que Uribe es “para” o amigo de los “paras”. Una cosa es que existe una foto del hermano del Presidente cerca de Fabio Ochoa, y otra muy distinta que el Presidente o su familia tengan vínculos con la mafia. Una cosa es debatir sí las convivir fueron una buena política o sí tuvieron fallas, y otra decir que el Presidente las usó para favorecer a los “paras”. No puede la oposición creer todo lo que un testigo dice sobre lo que sucede en la Carolina o Gucharacas porque éste es el país del realismo mágico y la exageración hace parte de la cultura. Además no parece lógico hacer responsable a alguien de lo que sucede en una finca a la que no puede ir y cuyos trabajadores son amenazados y asesinados. Tan poco control tenía el Presidente sobre esas tierras que ahí fue asesinado su padre.
Y las paradojas; el gobierno que desmontó los “paras” y los puso en la cárcel es tildado de “para”. El gobierno que rescató a Colombia de la decadencia y la condujo al camino del desarrollo y las esperanza es descalificado por parte de la comunidad internacional. Dejan ver que las oposición está ciega y enceguece. No ve los cambios positivos, ni el esfuerzo supino del Presidente. Un debate políticamente serio tiene que por lo menos entender porque el pueblo sigue y ama a Uribe, y entender que internacionalmente él representa el Estado colombiano.
Deja una lección importante que el Presidente haya encarado las acusaciones de manera directa y sin hacer referencias personales, pues pone de presente que el enfrentamiento gobierno-oposición -propio de la democracia- debe distinguirse del desprestigio internacional del Estado, que afecta los interese nacionales. La oposición ha confundido estos dos niveles, y debe hacer un alto en el camino y preguntarse qué persigue con estos ataques.
Sí la estrategia se rige por el adagio: de la calumnia algo queda, sobran los comentarios. Sí es, en cambio, una manera de dañar el TLC y las relaciones del Gobierno con la comunidad internacional deben detenerse porque esa es una forma sucia de hacer política; no sólo daña a Uribe sino al país. La perdida del TLC y del Plan Colombia puede parecer positiva a la oposición, pues son ellos quienes rechazan ambos proyectos, pero en el juego democrático por sobretodo, debe respetarse la voluntad del pueblo; que en este caso respalda al Presidente y su programa de gobierno. Imponer mediante estos artilugios la política que ellos consideran apropiada es un irrespeto a la democracia y a los colombianos.
Sí, por el contrario, como debe ser, la oposición está interesada en la depuración y esclarecimiento de la verdad, debe tener cuidado y no confundir las acusaciones con la verdad y no sacar conclusiones ligeras y peligrosas sin contar con un fundamento probatorio certero. Una cosa es decir que la acción del Presidente contra los “paras” en Antioquia no les parece contundente -para lo cual habría que mostrar cifras y debatir- y otra cosa muy distinta es decir que Uribe es “para” o amigo de los “paras”. Una cosa es que existe una foto del hermano del Presidente cerca de Fabio Ochoa, y otra muy distinta que el Presidente o su familia tengan vínculos con la mafia. Una cosa es debatir sí las convivir fueron una buena política o sí tuvieron fallas, y otra decir que el Presidente las usó para favorecer a los “paras”. No puede la oposición creer todo lo que un testigo dice sobre lo que sucede en la Carolina o Gucharacas porque éste es el país del realismo mágico y la exageración hace parte de la cultura. Además no parece lógico hacer responsable a alguien de lo que sucede en una finca a la que no puede ir y cuyos trabajadores son amenazados y asesinados. Tan poco control tenía el Presidente sobre esas tierras que ahí fue asesinado su padre.
Y las paradojas; el gobierno que desmontó los “paras” y los puso en la cárcel es tildado de “para”. El gobierno que rescató a Colombia de la decadencia y la condujo al camino del desarrollo y las esperanza es descalificado por parte de la comunidad internacional. Dejan ver que las oposición está ciega y enceguece. No ve los cambios positivos, ni el esfuerzo supino del Presidente. Un debate políticamente serio tiene que por lo menos entender porque el pueblo sigue y ama a Uribe, y entender que internacionalmente él representa el Estado colombiano.
viernes, abril 20, 2007
Colombia en el debate político de EE.UU.
El inicio del debate político en EE.UU. ha puesto sobre la palestra pública los temas distinguirán para los electores la posición de demócratas y republicanos; entre ellos la relación con Colombia y en especial el Plan Colombia y al TLC. Varios editoriales de periódicos estadounidenses sobre estos temas reflejan la tensión entre los partidos. Los republicanos están a favor de ambos proyectos, en defensa de las acciones del gobierno Bush y los demócratas, en franca oposición al gobierno, manifiestan preocupaciones por los resultados insuficientes del Plan Colombia y por la conveniencia del TLC.
Ambos proyectos son fundamentales para Colombia así que este debate es especialmente riesgoso. La lucha contra las drogas no puede correspondernos únicamente a nosotros y el Plan Colombia es el primer intento serio de compromiso de EE.UU. en el asunto. Ahora bien, el TLC es prioritario para el desarrollo económico del país. Dicen los detractores del TLC que la entrada de los productos norteamericanos baratos es una amenaza para la economía nacional; pues los consumidores preferirán comprar el producto gringo de menor precio que el nacional; causando estragos en la industria y el empleo colombiano. Al respecto cabe decir que la protección de la economía nacional no corresponde al Estado, sino a la libre elección de los colombianos. Con el TLC los consumidores decidirán si pagan o no más por los productos nacionales, cada uno determinará cuanto está dispuesto a pagar para proteger nuestra industria. Pero aquellos colombianos que hoy, por restricciones presupuestales, no tienen acceso a ciertos productos -como pollo- tendrán la oportunidad de comprarlo a menor precio y eso es una gran virtud. Por otra parte, el TLC que se negoció con EE.UU permite la entrada ilimitada y sin aranceles de biocombustibles colombianos a ese país. El etanol y el biodisel constituyen una de las oportunidades más promisorias para el futuro del agro y la industria colombiana. Por ejemplo, Fedepalma estima que para el 2020 habrá 640 mil nuevas hectáreas de cultivos de la palma para la producción de biodisel, que proveerán 100 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos.
La posición de los demócratas es especialmente compleja para el país, pues están decididos a no aprobar el TLC negociado y a mantener de las preferencia arancelarias del ATPDEA, que no incluyen el tema de los biocombustibles, mientras se “renegocia”. Las razones de los demócrata no son claras. Unas veces se muestran preocupados por las consecuencias ambientales y laborales de los proyectos. Otras dicen que para poder obtener estos beneficios Colombia tiene que mostrar mejores resultados; desconociendo los esfuerzos y los resultados del Gobierno Uribe. En especial se han referido al asesinato de sindicalistas y vale recordar que en el 2002 fueron asesinados 196 sindicalistas y el año pasado 65; hoy la tasa de homicidios de sindicalitas en menor que la tasa nacional: 5 por cada 100 mil sindicalizados, mientras la tasa nacional de homicidios es de 38 por cada 100 mil colombianos (veníamos de 68 por cada 100 mil).
Dicen los demócratas no tener nada contra Colombia, pero parecen no tener nada a favor, y estar decididos a ejercer la oposición sin considerar las consecuencias. Ojala de dinámica de oposición tenga menos fuerza que el análisis riguroso de la realidad.
Ambos proyectos son fundamentales para Colombia así que este debate es especialmente riesgoso. La lucha contra las drogas no puede correspondernos únicamente a nosotros y el Plan Colombia es el primer intento serio de compromiso de EE.UU. en el asunto. Ahora bien, el TLC es prioritario para el desarrollo económico del país. Dicen los detractores del TLC que la entrada de los productos norteamericanos baratos es una amenaza para la economía nacional; pues los consumidores preferirán comprar el producto gringo de menor precio que el nacional; causando estragos en la industria y el empleo colombiano. Al respecto cabe decir que la protección de la economía nacional no corresponde al Estado, sino a la libre elección de los colombianos. Con el TLC los consumidores decidirán si pagan o no más por los productos nacionales, cada uno determinará cuanto está dispuesto a pagar para proteger nuestra industria. Pero aquellos colombianos que hoy, por restricciones presupuestales, no tienen acceso a ciertos productos -como pollo- tendrán la oportunidad de comprarlo a menor precio y eso es una gran virtud. Por otra parte, el TLC que se negoció con EE.UU permite la entrada ilimitada y sin aranceles de biocombustibles colombianos a ese país. El etanol y el biodisel constituyen una de las oportunidades más promisorias para el futuro del agro y la industria colombiana. Por ejemplo, Fedepalma estima que para el 2020 habrá 640 mil nuevas hectáreas de cultivos de la palma para la producción de biodisel, que proveerán 100 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos.
La posición de los demócratas es especialmente compleja para el país, pues están decididos a no aprobar el TLC negociado y a mantener de las preferencia arancelarias del ATPDEA, que no incluyen el tema de los biocombustibles, mientras se “renegocia”. Las razones de los demócrata no son claras. Unas veces se muestran preocupados por las consecuencias ambientales y laborales de los proyectos. Otras dicen que para poder obtener estos beneficios Colombia tiene que mostrar mejores resultados; desconociendo los esfuerzos y los resultados del Gobierno Uribe. En especial se han referido al asesinato de sindicalistas y vale recordar que en el 2002 fueron asesinados 196 sindicalistas y el año pasado 65; hoy la tasa de homicidios de sindicalitas en menor que la tasa nacional: 5 por cada 100 mil sindicalizados, mientras la tasa nacional de homicidios es de 38 por cada 100 mil colombianos (veníamos de 68 por cada 100 mil).
Dicen los demócratas no tener nada contra Colombia, pero parecen no tener nada a favor, y estar decididos a ejercer la oposición sin considerar las consecuencias. Ojala de dinámica de oposición tenga menos fuerza que el análisis riguroso de la realidad.
viernes, abril 13, 2007
La Semana Santa en Popayan
Los tambores de la banda de guerra resuenan con toda su fuerza sobre las calles aglomeradas y los niños emocionados pueden oír su ritmo entre sus estómagos. Las trompetas con sus voces chillonas irrumpen de tiempo en tiempo con una tonada trágica que le recuerda a los fieles todo el dolor de la Pasión de Cristo. La procesión avanza y los pasos, que ilustran cada uno de los eventos trágicos que conducen a la crucifixión y muerte de nuestro Señor, se desplazan al ritmo sonoro de la marcha. Cada imagen viene rodeada por los personajes que dan vida a la procesión, la colorida sahumadora, los ocho cargueros, el regidor, la serpenteante fila de alumbrantes y el niño moquero, vestido como un carguero y que con cada vela que prende enciende en su corazón el deseo de cargar un paso en el futuro.
Por su parte, el publico observa emocionado el desfile. Han venido con antelación a buscarse entre la muchedumbre un lugar que les permita verlo todo. Algunos llevan horas parados en el umbral de una puerta, donde un escalón les dará la ventaja de una mejor vista. La ciudad entera ha venido presintiendo estas emociones, que en breve cruzan y se esfuman ante sus ojos, mientras los sonoros tambores se desvanecen entre el incienso de las calles que van visto por 451 años estos desfiles.
Volver a vivir la Semana Santa en Popayán me ha dejado dos reflexiones que quiero compartir.
Por una parte la celebración de Semana Santa en Popayán al igual que en muchos lugares del mundo no sólo es una alabanza viva y externa de la Fe Católica, sino una ocasión de unión y la integración entre los ciudadanos. Ésta fiesta permite que la ciudad edifique su identidad y construya un propósito común. Y ésta devoción le otorga un sentido a las conductas ciudadanas y da un motivo claro por el cual mantener y construir una mejor ciudad. Es así como el primer reto que enfrentan esta celebración es el crecimiento demográfico. Para que la fiesta mantenga su poder de cohesión social y no se convierta en un motivo más de exclusión, corresponde a la comunidad y a las autoridades competentes generar nuevas alternativas que vinculen más ciudadanos y garantice que el tejido social crezca y se fortalezca en torno a la Semana Santa.
Pero por sobretodo, la Semana Santa tiene que poner de presente para todos los cristianos la fortaleza ética y espiritual del mensaje de Cristo. El estoicismo, la generosidad, el perdón y el amor de Jesus, contrastan con la ceguera, la soberbia, la traición y las injusticias humanas. Revivir la Pasión es un evento que conmueve las mas íntimas fibras de cualquier ser humano porque evidencia las debilidades humanas a través de las flaquezas de los acompañantes de Cristo y el contraste con la grandeza del Espíritu Divino. Cuantas veces actuamos como Judas prefiriendo el efímero beneficio económico, o nos sentimos como Pedro que en medio del temor a la persecución preferiré negar lo que cree. Tantas otras veces somos Pilatos y conociendo la injusticia somos incapaces de luchar contra ella, y escogemos el lugar seguro que se lava de la responsabilidad. Somos también como Caifas enemigos de lo que se nos opone. Hemos sido como el público expectante que se burla y juzga implacablemente, y que luego -cuando lo sacude un temblor y el cielo se estremece- comprende la verdad y está dispuesto a decir que todo fue culpa de otros. Cuán distantes estamos de Cristo.
Por su parte, el publico observa emocionado el desfile. Han venido con antelación a buscarse entre la muchedumbre un lugar que les permita verlo todo. Algunos llevan horas parados en el umbral de una puerta, donde un escalón les dará la ventaja de una mejor vista. La ciudad entera ha venido presintiendo estas emociones, que en breve cruzan y se esfuman ante sus ojos, mientras los sonoros tambores se desvanecen entre el incienso de las calles que van visto por 451 años estos desfiles.
Volver a vivir la Semana Santa en Popayán me ha dejado dos reflexiones que quiero compartir.
Por una parte la celebración de Semana Santa en Popayán al igual que en muchos lugares del mundo no sólo es una alabanza viva y externa de la Fe Católica, sino una ocasión de unión y la integración entre los ciudadanos. Ésta fiesta permite que la ciudad edifique su identidad y construya un propósito común. Y ésta devoción le otorga un sentido a las conductas ciudadanas y da un motivo claro por el cual mantener y construir una mejor ciudad. Es así como el primer reto que enfrentan esta celebración es el crecimiento demográfico. Para que la fiesta mantenga su poder de cohesión social y no se convierta en un motivo más de exclusión, corresponde a la comunidad y a las autoridades competentes generar nuevas alternativas que vinculen más ciudadanos y garantice que el tejido social crezca y se fortalezca en torno a la Semana Santa.
Pero por sobretodo, la Semana Santa tiene que poner de presente para todos los cristianos la fortaleza ética y espiritual del mensaje de Cristo. El estoicismo, la generosidad, el perdón y el amor de Jesus, contrastan con la ceguera, la soberbia, la traición y las injusticias humanas. Revivir la Pasión es un evento que conmueve las mas íntimas fibras de cualquier ser humano porque evidencia las debilidades humanas a través de las flaquezas de los acompañantes de Cristo y el contraste con la grandeza del Espíritu Divino. Cuantas veces actuamos como Judas prefiriendo el efímero beneficio económico, o nos sentimos como Pedro que en medio del temor a la persecución preferiré negar lo que cree. Tantas otras veces somos Pilatos y conociendo la injusticia somos incapaces de luchar contra ella, y escogemos el lugar seguro que se lava de la responsabilidad. Somos también como Caifas enemigos de lo que se nos opone. Hemos sido como el público expectante que se burla y juzga implacablemente, y que luego -cuando lo sacude un temblor y el cielo se estremece- comprende la verdad y está dispuesto a decir que todo fue culpa de otros. Cuán distantes estamos de Cristo.
sábado, abril 07, 2007
Violencia: ¿una entrada a la política?
Es inaceptable que el Polo (PDA) invite al ELN a participar en política, sin que se haya llegado siquiera a un acuerdo de paz con ese grupo guerrillero. El hecho sobretodo devela la idea terrible que se ha ido almacenando el inconsciente colombiano de que la violencia es una plataforma para una carrera política. Tenemos que erradicar esa impresión. Nada puede justificar la violencia y una sociedad sana no puede aceptarla como modo de vida, y mucho menos premiarla con cargos de dirección.
Es preciso distinguir la violencia de la guerra; en la guerra el enfrentamiento es frentero y entre grupos igualmente armados y dispuestos para tal propósito; sin ataques a los pueblos, secuestros, masacres y extorsiones. Hay también una diferencia sustantiva entre un mártir y un fanático: el primero está dispuesto a morir por lo que creé y el fanático esta dispuesto a matar por lo que creé. Son dos actitudes vitales distintas y dos caracteres opuestos: el primero admirable y propio del idealista y el santo, el otro simplemente está poseído por la soberbia.
Pero en Colombia ha habido muchos fanáticos políticos violentos alabados y admirados, y por eso las masas han tenido malos ejemplos y lecturas equivocadas de los hechos. Es así como muchos compatriotas están convencidos que violencia es una herramienta política aceptable y un signo de valentía o un medio para grandes fines y nobles propósitos. Un tendencia escabrosa ha ido creciendo hasta aberraciones como la de Garavito, el violador y asesino de más de un centenar de niños, que anunció su arrepentimiento y seguidamente dijo que quería iniciar su carrera política siendo Senador.
En este contexto no es aceptable la invitación del PDA a los guerrilleros del ELN para que participen activamente en política. El ELN para “liberarnos” de la inequidad y la explotación ha sido causa de devastación, ruina y dolor entre los colombianos. Por ejemplo, son los secuestrados del ELN los que nos cuentan las historias mas espeluznantes de su cautiverio donde son torturados y enterrados en vivos en huecos, los autores de masacres, voladuras de oleoductos para extorsionar a las petroleras, sin que importe el riesgo social –como la masacre de Machuca- o los daños ecológicos causados por derramamientos de crudo más grandes que el Exxon Baldes. La sociedad ya es generosa con al ofrecerles una reincorporación a la vida civil en los términos de la ley de justicia y paz.
Sorprende además que la invitación sea precisamente del PDA. Son ellos los críticos más vehementes del proceso de paz con los paramilitares por considerar que la ley es laxa y que no sanciona suficientemente los crímenes atroces que cometieron esos bandidos. Ahora, frente a los terroristas de izquierda se muestras más serenos, blandos y comprensivos, al punto de invitarlos a hacer parte activa de su partido.¿Qué sería del partido que invitara a los jefes paramilitares a hacer parte del juego político?
Pareciera que el Polo no tiene problemas con violencia ni con la aplicación de la justicia, sino con la ideología política que las inspira. Sí es violencia de derecha, es reprochable e imperdonable y merece toda la sanción hasta el extremo fatal de rechazar el actual proceso de paz con los paras; pero sí es violencia de izquierda no solo aceptable, sino que es deseable que sus ejecutores sean personajes políticos de primera línea.
Es preciso distinguir la violencia de la guerra; en la guerra el enfrentamiento es frentero y entre grupos igualmente armados y dispuestos para tal propósito; sin ataques a los pueblos, secuestros, masacres y extorsiones. Hay también una diferencia sustantiva entre un mártir y un fanático: el primero está dispuesto a morir por lo que creé y el fanático esta dispuesto a matar por lo que creé. Son dos actitudes vitales distintas y dos caracteres opuestos: el primero admirable y propio del idealista y el santo, el otro simplemente está poseído por la soberbia.
Pero en Colombia ha habido muchos fanáticos políticos violentos alabados y admirados, y por eso las masas han tenido malos ejemplos y lecturas equivocadas de los hechos. Es así como muchos compatriotas están convencidos que violencia es una herramienta política aceptable y un signo de valentía o un medio para grandes fines y nobles propósitos. Un tendencia escabrosa ha ido creciendo hasta aberraciones como la de Garavito, el violador y asesino de más de un centenar de niños, que anunció su arrepentimiento y seguidamente dijo que quería iniciar su carrera política siendo Senador.
En este contexto no es aceptable la invitación del PDA a los guerrilleros del ELN para que participen activamente en política. El ELN para “liberarnos” de la inequidad y la explotación ha sido causa de devastación, ruina y dolor entre los colombianos. Por ejemplo, son los secuestrados del ELN los que nos cuentan las historias mas espeluznantes de su cautiverio donde son torturados y enterrados en vivos en huecos, los autores de masacres, voladuras de oleoductos para extorsionar a las petroleras, sin que importe el riesgo social –como la masacre de Machuca- o los daños ecológicos causados por derramamientos de crudo más grandes que el Exxon Baldes. La sociedad ya es generosa con al ofrecerles una reincorporación a la vida civil en los términos de la ley de justicia y paz.
Sorprende además que la invitación sea precisamente del PDA. Son ellos los críticos más vehementes del proceso de paz con los paramilitares por considerar que la ley es laxa y que no sanciona suficientemente los crímenes atroces que cometieron esos bandidos. Ahora, frente a los terroristas de izquierda se muestras más serenos, blandos y comprensivos, al punto de invitarlos a hacer parte activa de su partido.¿Qué sería del partido que invitara a los jefes paramilitares a hacer parte del juego político?
Pareciera que el Polo no tiene problemas con violencia ni con la aplicación de la justicia, sino con la ideología política que las inspira. Sí es violencia de derecha, es reprochable e imperdonable y merece toda la sanción hasta el extremo fatal de rechazar el actual proceso de paz con los paras; pero sí es violencia de izquierda no solo aceptable, sino que es deseable que sus ejecutores sean personajes políticos de primera línea.
viernes, marzo 30, 2007
La política y el medio ambiente
El movimiento civil a favor del medio ambiente está cayendo en una trampa del quehacer político. Cada vez somos más los ciudadanos que nos preocupamos por la situación ambiental del planeta, y que los retos que enfrentamos en estos campos como el fenómeno del calentamiento global, la sexta gran extinción de las especies y las malas perspectivas sobre el agua, serán en corto tiempo los temas fundamentales de la humanidad. Sin embargo, el tema ambiental se está convirtiendo en un factor diferenciador de los partidos políticos. La idea de que son los partidos de izquierda los que están interesados en los temas ambientales cada vez se afianza más entre los ambientalistas y consecuentemente son, también, cada vez más los electores que inclinan su voto bajo ésta consideración. El hecho es interesante desde el punto de vista de los partidos políticos, pero sumamente preocupante para las causas ambientales.
Los partidos políticos luchan por conquistar el favor del mayor número de sectores sociales y para atraerlos hacen propios los intereses y requerimientos que los caracterizan. Así que, desde le punto de vista político la izquierda se ha apuntado bien, hacia un grupo que asegura un crecimiento sostenido con una agenda temática amplia y novedosa. Pero para el interés ambiental la dinámica es trágica. El desarrollo y la articulación de políticas públicas para proteger el medio ambiente queda sujeta al juego político. Si los partidos abanderados de la causa son derrotados en las urnas, el pábulo se hunde y, peor aún, se vuelve un medio para la contienda política. El partido vencedor mancilla –no al partido derrotado- sino la bandera derrotada. La democracia siendo el mejor sistema de gobierno permite ciertos juegos en los cuales los partidos se fortalecen con un alto costo para las ideologías. El caso se ilustra perfectamente en Estados Unidos donde el Partido Demócrata “dueño” del discurso ambiental ha logrado los mayores avances en lo que a legislación y políticas públicas ambientales se refiere, y ha obtenido un crecimiento significativo de sus seguidores. Entre tanto, que el partido Republicano, para atacar a los demócratas y demarcar las diferencias la ha emprendido contra causas ambientales muy significativas como el calentamiento global y en consecuencia, flexibilizó las normas ambientales y se negó a firmar el protocolo de Kyoto.
Los que nos preocupamos por el ambiente debemos tener una visión crítica de este fenómeno, pues no podemos permitir que el tema ambiental se convierta en la insignia de uno u otro partido. El problema ambiental tiene que colocarse como uno de los grandes temas de la política, al lado de la desigualdad social, el desempleo y la salud; por mencionar sólo algunos. Sobre esos temas todos los partidos políticos tienen un análisis y una propuesta. Y no hay ningún político que no dedique parte de su discurso por sucinto y simple que sea a esas materias. Es entonces prioritario que los ambientalistas juguemos el juego democrático con astucia para no salir lesionados, debe haber amantes del ambiente todos los movimientos políticos, dedicados a multiplicar los requerimientos y convertir el ambiente en un lugar común de la política. Llenos de inspiración ambientalista tendríamos que variar las palabras del poeta y decir: ¡Oh democracia! Bendita seas, pero no nos mates.
Los partidos políticos luchan por conquistar el favor del mayor número de sectores sociales y para atraerlos hacen propios los intereses y requerimientos que los caracterizan. Así que, desde le punto de vista político la izquierda se ha apuntado bien, hacia un grupo que asegura un crecimiento sostenido con una agenda temática amplia y novedosa. Pero para el interés ambiental la dinámica es trágica. El desarrollo y la articulación de políticas públicas para proteger el medio ambiente queda sujeta al juego político. Si los partidos abanderados de la causa son derrotados en las urnas, el pábulo se hunde y, peor aún, se vuelve un medio para la contienda política. El partido vencedor mancilla –no al partido derrotado- sino la bandera derrotada. La democracia siendo el mejor sistema de gobierno permite ciertos juegos en los cuales los partidos se fortalecen con un alto costo para las ideologías. El caso se ilustra perfectamente en Estados Unidos donde el Partido Demócrata “dueño” del discurso ambiental ha logrado los mayores avances en lo que a legislación y políticas públicas ambientales se refiere, y ha obtenido un crecimiento significativo de sus seguidores. Entre tanto, que el partido Republicano, para atacar a los demócratas y demarcar las diferencias la ha emprendido contra causas ambientales muy significativas como el calentamiento global y en consecuencia, flexibilizó las normas ambientales y se negó a firmar el protocolo de Kyoto.
Los que nos preocupamos por el ambiente debemos tener una visión crítica de este fenómeno, pues no podemos permitir que el tema ambiental se convierta en la insignia de uno u otro partido. El problema ambiental tiene que colocarse como uno de los grandes temas de la política, al lado de la desigualdad social, el desempleo y la salud; por mencionar sólo algunos. Sobre esos temas todos los partidos políticos tienen un análisis y una propuesta. Y no hay ningún político que no dedique parte de su discurso por sucinto y simple que sea a esas materias. Es entonces prioritario que los ambientalistas juguemos el juego democrático con astucia para no salir lesionados, debe haber amantes del ambiente todos los movimientos políticos, dedicados a multiplicar los requerimientos y convertir el ambiente en un lugar común de la política. Llenos de inspiración ambientalista tendríamos que variar las palabras del poeta y decir: ¡Oh democracia! Bendita seas, pero no nos mates.
viernes, marzo 23, 2007
El secuestro político: la fabricación de la ruptura entre victimas y Gobierno
Cobrar por la libertad es el crimen más abominable que existe. El secuestro no sólo suprime la libertad, el bien más preciado del hombre, sino que extiende el castigo a todo el cuerpo social y familiar que tiene vínculos afectivos con la víctima. Si fuera posible erradicar el secuestro cualquier medida sería justificada y necesaria. Infortunadamente el acuerdo humanitario no soluciona el problema.
Hay diferencias sustantivas entre el secuestro político y el económico. Por una parte, no son las familias quienes deciden sí pagar y cuanto pagar por la liberación de su ser querido; la decisión corresponde al Presidente, así lo exigen las FARC. Por otra parte, la extorsión no recae sobre un patrimonio familiar, sino sobre la institucionalidad colombiana. La situación es terrible para las familias y para el Presidente, y lesiona la natural unión que debería existir entre ellos.
Conocemos familias que deciden entregar todo lo que tienen para liberar a “su secuestrado”. Otras que, aún costándoles la vida de su ser querido, deciden no financiar criminales para que el flagelo no se nutra. En los dos casos es evidente que la decisión es difícil, dolorosa e inspirada en la convicción de que es lo mejor para el ser amado en cautiverio y la familia. Así también sucede en el secuestro político.
Para comprar la libertad de los servidores de la causa democrática se le exige al gobierno que despeje municipios y libere a los criminales detenidos de las FARC. Si el Presidente no capitula ante la extorsión, no es porque no ansíe la libertad de los secuestrados, equivale más bien a la familia que no quiere pagar porque comprende que financiar a los criminales sólo extiende el crimen. No querer el despeje militar de municipios se explica porque este pago no soluciona el gran mal y tiene implicaciones futuras. El despeje es un avance político para las FARC, que se acercan a herramientas legales como el estatus político, útil para justificar internacionalmente la violencia que ejercen. Además, significa un detrimento de la institucionalidad colombiana y sí bien, el intercambio se plantea como único, puede convertirse en una forma extorsiva sobre gobiernos futuros.
Es injusto exigirle a las familias de los secuestrados políticos que cuando piensen en el rescate de su ser querido, piensen también en la nación, pues hay otras familias que no tienen que hacerlo. Injusto, pero inevitable. Es un costo más que ha impuesto la guerrilla a aquellos que, en medio del sacrificio y el riesgo, han optado por una vida o pública o en las fuerzas armadas. Esas familias no deben enfrentarse Gobierno, como lo hicieron en su visita a la OEA para solicitar que la comunidad internacional le dé un espaldarazo a la extorsión de las FARC sobre el Estado colombiano. Entre ellos debe haber unión, pues representan los principios democráticos.
El nombramiento de Fernando Araujo como nuevo Canciller refleja que el secuestro es un tema prioritario para el Presidente. Araujo lleva en su corazón el dolor del secuestro, es la cara de Colombia en el exterior y es la oportunidad de una gran alianza entre el Estado y las víctimas del secuestro. Alianza que logre la declaración de este delito como un crimen de lesa humanidad y consiga que la comunidad internacional presione para la liberación incondicional de todos los secuestrados. No toleremos que las figuras públicas y el afecto se utilicen como medios para extorsionar al Estado y a los particulares, y fabricar distanciamiento entre ellos.
Hay diferencias sustantivas entre el secuestro político y el económico. Por una parte, no son las familias quienes deciden sí pagar y cuanto pagar por la liberación de su ser querido; la decisión corresponde al Presidente, así lo exigen las FARC. Por otra parte, la extorsión no recae sobre un patrimonio familiar, sino sobre la institucionalidad colombiana. La situación es terrible para las familias y para el Presidente, y lesiona la natural unión que debería existir entre ellos.
Conocemos familias que deciden entregar todo lo que tienen para liberar a “su secuestrado”. Otras que, aún costándoles la vida de su ser querido, deciden no financiar criminales para que el flagelo no se nutra. En los dos casos es evidente que la decisión es difícil, dolorosa e inspirada en la convicción de que es lo mejor para el ser amado en cautiverio y la familia. Así también sucede en el secuestro político.
Para comprar la libertad de los servidores de la causa democrática se le exige al gobierno que despeje municipios y libere a los criminales detenidos de las FARC. Si el Presidente no capitula ante la extorsión, no es porque no ansíe la libertad de los secuestrados, equivale más bien a la familia que no quiere pagar porque comprende que financiar a los criminales sólo extiende el crimen. No querer el despeje militar de municipios se explica porque este pago no soluciona el gran mal y tiene implicaciones futuras. El despeje es un avance político para las FARC, que se acercan a herramientas legales como el estatus político, útil para justificar internacionalmente la violencia que ejercen. Además, significa un detrimento de la institucionalidad colombiana y sí bien, el intercambio se plantea como único, puede convertirse en una forma extorsiva sobre gobiernos futuros.
Es injusto exigirle a las familias de los secuestrados políticos que cuando piensen en el rescate de su ser querido, piensen también en la nación, pues hay otras familias que no tienen que hacerlo. Injusto, pero inevitable. Es un costo más que ha impuesto la guerrilla a aquellos que, en medio del sacrificio y el riesgo, han optado por una vida o pública o en las fuerzas armadas. Esas familias no deben enfrentarse Gobierno, como lo hicieron en su visita a la OEA para solicitar que la comunidad internacional le dé un espaldarazo a la extorsión de las FARC sobre el Estado colombiano. Entre ellos debe haber unión, pues representan los principios democráticos.
El nombramiento de Fernando Araujo como nuevo Canciller refleja que el secuestro es un tema prioritario para el Presidente. Araujo lleva en su corazón el dolor del secuestro, es la cara de Colombia en el exterior y es la oportunidad de una gran alianza entre el Estado y las víctimas del secuestro. Alianza que logre la declaración de este delito como un crimen de lesa humanidad y consiga que la comunidad internacional presione para la liberación incondicional de todos los secuestrados. No toleremos que las figuras públicas y el afecto se utilicen como medios para extorsionar al Estado y a los particulares, y fabricar distanciamiento entre ellos.
sábado, marzo 17, 2007
La orfandad Latinoamericana
Con ocasión de la visita del Presidente Bush vale la pena hacer algunas reflexiones sobre las relaciones de E.U. y la América hispánica. Señalan acertadamente los críticos que los “gringos” no están preocupados por nuestros intereses sino por los suyos propios; y que en consecuencia en cada negociación defienden de manera egoísta sólo lo que les conviene. Pero que esto sea así, no significa que E.U. pueda ser catalogado como una nación abusiva. Más bien se trata de dos cosmovisiones distintas.
Dos herencias nefandas nos quedaron de la época colonial española: la mentalidad de colonia y el paternalismo. Desde aquellos tiempos sentimos que las buenas decisiones, al igual que todo lo bueno, viene de afuera. La devoción por todo lo importando contrasta con el desprecio de lo propio. El origen de nuestra mentalidad paternalista surge también la sociedad colonial y su estructura feudalista y extractiva donde el colonizador-señor feudal tomaba las decisiones para y por sus súbditos. El modelo se perfeccionó hasta llegar a la relación simbiótica en que vivimos hoy; un Estado que pretende ser padre y un pueblo que espera que ese padre sea bueno y le provea todo lo que necesita. La ciudadanía se incapacita a sí misma y le atribuye la responsabilidad de su destino al Estado padre. De manera que siempre andamos en la difícil búsqueda de ese líder que sea bueno y justo y sabio.
Curiosamente el modelo se reproduce en las instancias internacionales y los líderes latinoamericanos esperan que los países admiradísimos y desarrollados se hagan cargo de los problemas que no hemos podido solucionar. Y es así como llegamos a la conclusión de que las grandes potencias mundiales deberían estar preocupadas por nuestros problemas tanto como por los suyos. Y esperamos que esas potencias sean también buenas y justas y sabias. Espera inútil porque las potencias no quieren ser padres.
Los colonos de E.U. llegaron para quedarse y en su sociedad ninguno era mejor que otro, cada uno debía trabajar para proveerse lo que necesitaba sin ayuda. La idea de que la interacción de los intereses individuales y egoístas termina por beneficiar la sociedad no requiere que existan seres altruistas capaces de comprender y solucionar los problemas que aquejan a los demás. Se basa en una sociedad igualitaria donde cada uno debe y tiene que ser capaz de hacerse responsable de su propia vida. La misión de un buen Estado es respetar las iniciativas e intereses privados para que cada uno busque lo que necesita, pues al final el colectivo social será beneficiado. Y una buena potencia es aquella que busca sus propios intereses, mientras las otras hacen lo propio, para que el final el mundo entero se beneficie.
Pueden hacerse muchas críticas a esta visión del mundo pero cuando América fue descubierta todos los países eran iguales y si algunos tenían ventajas eran los hispánicos, ricos en metales preciosos y recursos naturales y aún así, E.U. los superó. Mientras los latinoamericanos sigamos buscando padres estaremos condenados a muchos años de orfandad.
Dos herencias nefandas nos quedaron de la época colonial española: la mentalidad de colonia y el paternalismo. Desde aquellos tiempos sentimos que las buenas decisiones, al igual que todo lo bueno, viene de afuera. La devoción por todo lo importando contrasta con el desprecio de lo propio. El origen de nuestra mentalidad paternalista surge también la sociedad colonial y su estructura feudalista y extractiva donde el colonizador-señor feudal tomaba las decisiones para y por sus súbditos. El modelo se perfeccionó hasta llegar a la relación simbiótica en que vivimos hoy; un Estado que pretende ser padre y un pueblo que espera que ese padre sea bueno y le provea todo lo que necesita. La ciudadanía se incapacita a sí misma y le atribuye la responsabilidad de su destino al Estado padre. De manera que siempre andamos en la difícil búsqueda de ese líder que sea bueno y justo y sabio.
Curiosamente el modelo se reproduce en las instancias internacionales y los líderes latinoamericanos esperan que los países admiradísimos y desarrollados se hagan cargo de los problemas que no hemos podido solucionar. Y es así como llegamos a la conclusión de que las grandes potencias mundiales deberían estar preocupadas por nuestros problemas tanto como por los suyos. Y esperamos que esas potencias sean también buenas y justas y sabias. Espera inútil porque las potencias no quieren ser padres.
Los colonos de E.U. llegaron para quedarse y en su sociedad ninguno era mejor que otro, cada uno debía trabajar para proveerse lo que necesitaba sin ayuda. La idea de que la interacción de los intereses individuales y egoístas termina por beneficiar la sociedad no requiere que existan seres altruistas capaces de comprender y solucionar los problemas que aquejan a los demás. Se basa en una sociedad igualitaria donde cada uno debe y tiene que ser capaz de hacerse responsable de su propia vida. La misión de un buen Estado es respetar las iniciativas e intereses privados para que cada uno busque lo que necesita, pues al final el colectivo social será beneficiado. Y una buena potencia es aquella que busca sus propios intereses, mientras las otras hacen lo propio, para que el final el mundo entero se beneficie.
Pueden hacerse muchas críticas a esta visión del mundo pero cuando América fue descubierta todos los países eran iguales y si algunos tenían ventajas eran los hispánicos, ricos en metales preciosos y recursos naturales y aún así, E.U. los superó. Mientras los latinoamericanos sigamos buscando padres estaremos condenados a muchos años de orfandad.
sábado, marzo 10, 2007
La paz es un problema de Colombia y no del Gobierno
Una negociación con los grupos al margen de la ley es costosa socialmente, porque no se puede aplicar la justicia con toda su fuerza. Precisamente se negocia porque la institucionalidad ha sido incapaz de someterlos por la fuerza, o porque el costo del sometimiento en términos de tiempo y vidas humanas es mayor que las concesiones que exige una negociación para disminuir o acabar el conflicto. En este delicadísimo equilibrio la sociedad, para acercarse a la paz, ofrece alternativas a los violentos con la ilusión de que sean suficientemente atractivas para sacarlos del conflicto. Una propuesta del tipo: entréguense, confiese todos sus crímenes y váyanse a la cárcel 30 años; no es persuasiva para un grupo respaldado por miles de hombres armados en actitud de guerra. En la negociación, entonces, la sociedad les da algo que no se merecen, paga un “precio” para incorporar a la vida civil al grupo al margen de la ley. Esa es la esencia de negociar.
El proceso de paz con los paramilitares era prácticamente impensable hace unos años porque le estaban ganando al ejercito nacional, tenían recursos ilimitados provenientes de la droga y la extorsión y además estaban organizados en escuadrones móviles, como los de la guerrilla, que según los expertos son muy difíciles de derrotar. Así que, cuando el Gobierno del Presidente Uribe logró un proceso de paz con ese grupo, sorprendió a la sociedad colombiana. Y los resultados de la negociación fueron aún más impresionantes: los paramilitares aceptaron resarcir en algo los daño causados, pagar penas privativas de la libertad, renunciar a los derechos políticos y revelar al país la verdad.
Pero, la paz no la hacen los Gobiernos sino las sociedades e infortunadamente pareciera que la sociedad colombiana no está lista para ella. Las críticas al proceso de paz dejaron de ser constructivas, y se dedican a presionar la negociación desde todos los ángulos haciendo dudar a parte de la sociedad sobre la conveniencia de esas concesiones.
Dicen los críticos que no se han desmovilizado todos, habría que responderles que aún unos pocos significan menos fusiles disparando. Alegan entonces, que las penas son irrisorias; evidentemente los castigos no se compadecen con las terroríficas cruzadas paramilitares, pero les recordamos que fue una negociación con un grupo que hubiera podido seguir en la guerra y que nos evita tener que emprender de nuevo la lucha en su contra. ¿Prefieren acaso un conflicto indefinido?
Habría que decirle a los críticos de izquierda que su intolerancia con un proceso de negociación con los paramilitares no se compadece con la generosidad que tuvo el país con grupos armados de izquierda, como el M-19 se les otorgó un indulto y fueron nombrados en altos cargos de dirección en el Estado. A la crítica uribista que piense en el bienestar de la nación, más que en su propia carrera. Y ambas facciones deben medir el daño que le puede causar al país llevar este proceso al fracaso y el consecuente recrudecimiento del conflicto.
La sociedad colombiana debe juzgar por sí misma; no dejarse impresionar por los críticos que por lucirse políticamente han herido de muerte la reconciliación nacional. Si el proceso no tiene éxito, no será un fracaso del Gobierno, es un fracaso para Colombia. Esta es una oportunidad sin precedentes, extender su mano generosa y abrigar con su manto a los paramilitares, para intentar entretejer con ellos la paz.
El proceso de paz con los paramilitares era prácticamente impensable hace unos años porque le estaban ganando al ejercito nacional, tenían recursos ilimitados provenientes de la droga y la extorsión y además estaban organizados en escuadrones móviles, como los de la guerrilla, que según los expertos son muy difíciles de derrotar. Así que, cuando el Gobierno del Presidente Uribe logró un proceso de paz con ese grupo, sorprendió a la sociedad colombiana. Y los resultados de la negociación fueron aún más impresionantes: los paramilitares aceptaron resarcir en algo los daño causados, pagar penas privativas de la libertad, renunciar a los derechos políticos y revelar al país la verdad.
Pero, la paz no la hacen los Gobiernos sino las sociedades e infortunadamente pareciera que la sociedad colombiana no está lista para ella. Las críticas al proceso de paz dejaron de ser constructivas, y se dedican a presionar la negociación desde todos los ángulos haciendo dudar a parte de la sociedad sobre la conveniencia de esas concesiones.
Dicen los críticos que no se han desmovilizado todos, habría que responderles que aún unos pocos significan menos fusiles disparando. Alegan entonces, que las penas son irrisorias; evidentemente los castigos no se compadecen con las terroríficas cruzadas paramilitares, pero les recordamos que fue una negociación con un grupo que hubiera podido seguir en la guerra y que nos evita tener que emprender de nuevo la lucha en su contra. ¿Prefieren acaso un conflicto indefinido?
Habría que decirle a los críticos de izquierda que su intolerancia con un proceso de negociación con los paramilitares no se compadece con la generosidad que tuvo el país con grupos armados de izquierda, como el M-19 se les otorgó un indulto y fueron nombrados en altos cargos de dirección en el Estado. A la crítica uribista que piense en el bienestar de la nación, más que en su propia carrera. Y ambas facciones deben medir el daño que le puede causar al país llevar este proceso al fracaso y el consecuente recrudecimiento del conflicto.
La sociedad colombiana debe juzgar por sí misma; no dejarse impresionar por los críticos que por lucirse políticamente han herido de muerte la reconciliación nacional. Si el proceso no tiene éxito, no será un fracaso del Gobierno, es un fracaso para Colombia. Esta es una oportunidad sin precedentes, extender su mano generosa y abrigar con su manto a los paramilitares, para intentar entretejer con ellos la paz.
viernes, marzo 02, 2007
El circo de los justos
“Quien esté libre de pecado tire la primera piedra” y paradójicamente, las piedras no han parado de llover. ¿Será que en el país hay muchos libres de pecado? En un conflicto tan complejo como el que ha vivido el país, todos los colombianos nos hemos hecho pecadores por acción o por omisión. Están aquellos que para vengar la injusticia social se volvieron terroristas, y otros que para defenderse los igualaron. Muchos que teniendo una idea tergiversada de los problemas que nos rodean y su solución, se condujeron por caminos deplorables y terribles. Desplazados por la violencia que llegaron a las ciudades y cayeron en conductas delictivas. Colombianos que pervertidos en el festín de la corrupción han optado por comer en esa mesa y, trafican drogas, corrompen instituciones, se apropian del erario publico. Y otros colombianos que enfrascados en nuestros propios conflictos hemos caído en el más perturbador de todos los pecados: la indiferencia.
Es difícil entender como surgieron los conflictos, los vínculos entre la mafia, los paramilitares o la guerrilla, y todas las esferas sociales: los políticos, los empresarios, los agricultores, la banca e incluso nuestra cultura. Pero, aún más difícil entender por qué la mayoría de los colombianos decidimos convivir con el crimen y ser indiferentes ante una realidad que debía hacernos llorar; pues podíamos ver la sangre que se derramaba, oír el clamor de la víctimas, oler la incineración de los hogares y sentir el ambiente enrarecido.
Es más cómodo pensar que no tenemos nada que ver en estos procesos, y sacar a relucir morales impolutas y hacer juicios severos que nos se compadecen con nuestros meritos, sino con nuestras circunstancias. Estamos aplicando, también, la formula de algunos políticos de que “todo ocurrió a nuestras espaldas”. Los otros son culpables, y nos paramos felices a lapidarlos.
Es incuestionable que los culpables de los crímenes tienen que ser juzgados con toda la rigidez de la justicia y de manera implacable. Pero los demás deberíamos sentirnos compungidos ante esta tragedia nacional. Aquellos que son culpables son las caras de nuestra propia incapacidad de construir un país mas justo, un país que no tolere y no invite a estas alianzas macabras. En ellos, en muchos sentidos, se purga lo peor de nosotros mismos: la permisividad, la tolerancia con el crimen, por encima de todo el deseo infinito de no ver lo que esta pasando.
Las lecciones que debemos aprender no se aprenden en medio del frenesí enloquecido de señalar brujas y cortar cabezas. Las cabezas deben cortase después de un juicio justo, en medio del sosiego, para que todos comprendamos, y nos arrepintamos de lo que ha pasado. El exhibicionismo amarillista que está caracterizando este proceso no se compadece con la gravedad de los cargos y mucho menos, con el dolor de las victimas.
Celebrar los hechos de justicia es una característica de todas las sociedades, aún más debe serlo en un país donde hay tan pocos. Pero no es esperanzador ver, como embriagados por los licores amarillistas de los medios de comunicación, los colombianos transfiguran la celebración en el festín del circo romano.
La turba efervescente, en medio el aplauso acalorado, cargada de odio y do rencor, no ve que la sangre derramada refleja su propia decadencia.
Es difícil entender como surgieron los conflictos, los vínculos entre la mafia, los paramilitares o la guerrilla, y todas las esferas sociales: los políticos, los empresarios, los agricultores, la banca e incluso nuestra cultura. Pero, aún más difícil entender por qué la mayoría de los colombianos decidimos convivir con el crimen y ser indiferentes ante una realidad que debía hacernos llorar; pues podíamos ver la sangre que se derramaba, oír el clamor de la víctimas, oler la incineración de los hogares y sentir el ambiente enrarecido.
Es más cómodo pensar que no tenemos nada que ver en estos procesos, y sacar a relucir morales impolutas y hacer juicios severos que nos se compadecen con nuestros meritos, sino con nuestras circunstancias. Estamos aplicando, también, la formula de algunos políticos de que “todo ocurrió a nuestras espaldas”. Los otros son culpables, y nos paramos felices a lapidarlos.
Es incuestionable que los culpables de los crímenes tienen que ser juzgados con toda la rigidez de la justicia y de manera implacable. Pero los demás deberíamos sentirnos compungidos ante esta tragedia nacional. Aquellos que son culpables son las caras de nuestra propia incapacidad de construir un país mas justo, un país que no tolere y no invite a estas alianzas macabras. En ellos, en muchos sentidos, se purga lo peor de nosotros mismos: la permisividad, la tolerancia con el crimen, por encima de todo el deseo infinito de no ver lo que esta pasando.
Las lecciones que debemos aprender no se aprenden en medio del frenesí enloquecido de señalar brujas y cortar cabezas. Las cabezas deben cortase después de un juicio justo, en medio del sosiego, para que todos comprendamos, y nos arrepintamos de lo que ha pasado. El exhibicionismo amarillista que está caracterizando este proceso no se compadece con la gravedad de los cargos y mucho menos, con el dolor de las victimas.
Celebrar los hechos de justicia es una característica de todas las sociedades, aún más debe serlo en un país donde hay tan pocos. Pero no es esperanzador ver, como embriagados por los licores amarillistas de los medios de comunicación, los colombianos transfiguran la celebración en el festín del circo romano.
La turba efervescente, en medio el aplauso acalorado, cargada de odio y do rencor, no ve que la sangre derramada refleja su propia decadencia.
viernes, febrero 23, 2007
La tragedia saber o no saber
¿Sabían o no sabían? En esta pregunta nos hemos atascado los colombianos a la hora de juzgar una serie bastante larga de políticos, ministros, empresarios, contratistas, funcionarios que terminan involucrados en escándalos de corrupción que avergüenzan al país. Y resolver si sabían o no, se vuelve un proceso especulativo infinito que no puede solucionarse sin una confesión. Es así, como tantos hechos bochornosos han quedado bajo el manto de la sospecha de que sí sabían, pero sin el peso certero de la responsabilidad.
La pregunta sobre sí, sabían o no, es absolutamente irrelevante a la hora de abrogar responsabilidades políticas, o al menos debería serlo. Valdría la pena que los Colombianos volviéramos a leer a Sófocles, que nos narra la infortunada historia de Edipo Rey que dominado por un destino trágico da muerte a Layo y se casa y engendra sus hijos con Yocasta. Los giros crueles del oráculo terminan por descubrirle que es un parricida y comparte el lecho con su madre. ¡Y él no lo sabia!
Pero, Edipo comprende que su ignorancia no es excusa; es un motivo más de escándalo. Edipo, el poderoso, debía saberlo y no lo supo. Y aunque no lo supiera, es ahora el esposo de su madre y el asesino de su padre. Su propio destino le repugna y él mismo se infringe el doloroso castigo de sacarse los ojos. Esos ojos que no le sirvieron para ver lo que le correspondía; esos ojos con los que ya no podría mirar a la sociedad traicionada. “¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, miren: he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo; aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino! ¡En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar!”
Edipo tiene que asumir la responsabilidad que corresponde a un cargo de alta dignidad social. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad política no puede fundamentarse en si sabía o no, en si es o no corrupto; porque algo socialmente inaceptable sucedió; él ahora está corrupto y una sociedad no puede aceptar ni perdonar a un rey parricida. Y él mismo entiende que debe ser juzgado y sancionado por la ineptitud de no saber lo que pasa a su alrededor. ¡Como se atreve a comprometerse a cumplir las tareas mas delicadas de la sociedad sin tener la capacidad para hacerlo! Él comprende que Tebas no puede tener un rey sobre quien recaen semejantes escándalos. Su vida publica ha muerto.
Pero esa era la antigua Grecia. En la sociedad colombiana se comenten todo tipo atrocidades y los reyes no son responsables, porque no sabían. Deberían saberlo, es parte de su función, pero no lo saben. Deberían sentir vergüenza por su ineptitud, por su falla, y no la sienten. Pero por sobretodo, deberían tener una conciencia moral que coincida con los postulados éticos de la sociedad. Están involucrados, aun sin haberse dado cuenta, en hechos que avergüenzan a la nación, y deberían sentir vergüenza de sí mismos por hacer parte del escándalo, y marginarse abochornados de todo cargo de responsabilidad. Su inteligencia, su habilidad ha mostrado ser insuficiente; su persona está manchada por las dudas. Pero sucede todo lo contrario, la inteligencia de aquellos que todo lo saben, termina por convencernos de que lo ignoran todo. Es así, como el Edipo colombiano se hace rey de otro reino, disculpado por su ignorancia, y la sociedad colombiana se saca los ojos para no verlo. ¡Oh colombianos, que cúmulo de desgracias, sí no queréis ver, al menos oíd lo que nos pasa!
La pregunta sobre sí, sabían o no, es absolutamente irrelevante a la hora de abrogar responsabilidades políticas, o al menos debería serlo. Valdría la pena que los Colombianos volviéramos a leer a Sófocles, que nos narra la infortunada historia de Edipo Rey que dominado por un destino trágico da muerte a Layo y se casa y engendra sus hijos con Yocasta. Los giros crueles del oráculo terminan por descubrirle que es un parricida y comparte el lecho con su madre. ¡Y él no lo sabia!
Pero, Edipo comprende que su ignorancia no es excusa; es un motivo más de escándalo. Edipo, el poderoso, debía saberlo y no lo supo. Y aunque no lo supiera, es ahora el esposo de su madre y el asesino de su padre. Su propio destino le repugna y él mismo se infringe el doloroso castigo de sacarse los ojos. Esos ojos que no le sirvieron para ver lo que le correspondía; esos ojos con los que ya no podría mirar a la sociedad traicionada. “¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, miren: he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo; aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino! ¡En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar!”
Edipo tiene que asumir la responsabilidad que corresponde a un cargo de alta dignidad social. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad política no puede fundamentarse en si sabía o no, en si es o no corrupto; porque algo socialmente inaceptable sucedió; él ahora está corrupto y una sociedad no puede aceptar ni perdonar a un rey parricida. Y él mismo entiende que debe ser juzgado y sancionado por la ineptitud de no saber lo que pasa a su alrededor. ¡Como se atreve a comprometerse a cumplir las tareas mas delicadas de la sociedad sin tener la capacidad para hacerlo! Él comprende que Tebas no puede tener un rey sobre quien recaen semejantes escándalos. Su vida publica ha muerto.
Pero esa era la antigua Grecia. En la sociedad colombiana se comenten todo tipo atrocidades y los reyes no son responsables, porque no sabían. Deberían saberlo, es parte de su función, pero no lo saben. Deberían sentir vergüenza por su ineptitud, por su falla, y no la sienten. Pero por sobretodo, deberían tener una conciencia moral que coincida con los postulados éticos de la sociedad. Están involucrados, aun sin haberse dado cuenta, en hechos que avergüenzan a la nación, y deberían sentir vergüenza de sí mismos por hacer parte del escándalo, y marginarse abochornados de todo cargo de responsabilidad. Su inteligencia, su habilidad ha mostrado ser insuficiente; su persona está manchada por las dudas. Pero sucede todo lo contrario, la inteligencia de aquellos que todo lo saben, termina por convencernos de que lo ignoran todo. Es así, como el Edipo colombiano se hace rey de otro reino, disculpado por su ignorancia, y la sociedad colombiana se saca los ojos para no verlo. ¡Oh colombianos, que cúmulo de desgracias, sí no queréis ver, al menos oíd lo que nos pasa!
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