La muerte de los once diputados es un hecho que hiere lo más íntimo de las entrañas de nuestra Nación. Si bien, no todos los colombianos tenemos vínculos de sangre con las víctimas, compartimos con ellos vínculos ideológicos que nos hacen miembros de la misma familia democrática. El secuestro político es un crimen en contra de quienes nos representan en la vida pública o en algún cargo de la estructura institucional. Loor a estos mártires que fueron inmolados por encarnar la democracia colombiana.
En medio del debate sobre el intercambio humanitario, hemos malinterpretado algunos fenómenos. A veces parece que las Farc y el Gobierno están en pie de igualdad. No es así. No es comparable el Estado colombiano, respaldado por todos aquellos que creemos en las instituciones democráticas, con una organización terrorista que secuestra, asesina y destruye.
No son comparables los guerrilleros encarcelados con: Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Héctor Fabio Arizmendy, Alberto Quintero y Carlos Alberto Barragán. Ellos fueron elegidos por el voto soberano como autoridades locales y, en un plan macabro y de largo plazo, fueron secuestrados y convertidos en un mecanismo de presión sobre el Gobierno Nacional y la comunidad valluna para obtener el despeje militar de dos municipios de ese departamento.
Los guerrilleros de las Farc son criminales condenados por la justicia, ejecutores de la política terrorífica de esa organización que, con cilindros-bomba, vuelan los hogares de los más pobres, arrebata a los campesinos su niñez para convertirlos en fratricidas, negocia con la libertad y se enriquece con el trafico de seres humanos, drogas y armas. Son fieras de la guerra respaldadas sólo por la fuerza de sus armas. Los secuestrados políticos asesinados eran, en cambio, guerreros del ideal que combatieron por sus convicciones sin derramar la sangre de otros, pues sus armas fueron palabras. Fueron víctimas por representar los intereses de la sociedad y contar con el respaldo de sus electores y de todos los que creemos en la democracia. Su secuestro y su asesinato es un crimen que pretende amedrentar y destruir nuestra confianza en las instituciones y la libertad.
Otra idea extraña que surgió es que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en el asesinato de los once diputados. Nada más equivocado. Equivale a decir que las familias que no pagan el rescate de sus seres queridos secuestrados tienen alguna responsabilidad en su muerte y semejante a decir que la extorsión es un mecanismo válido para alcanzar objetivos y que no aceptar los mecanismos ilegales de presión nos hace cómplices del crimen.
Y para terminar, un contraste: el Gobierno ha liberado 131 guerrilleros, aquellos que permanecen en la cárcel han cometido delitos de lesa humanidad que impiden su liberación. Las Farc, en cambio, asesinaron a once de los 56 representantes de la democracia colombiana que han secuestrado y que mantienen en campos de tortura.
¿Seguiremos aceptando la extorsión como mecanismo de negociación? ¿Cuánta más violencia ejerzan contra nosotros más cederemos? ¿Entre más atroz sea el criminal mejor lo trataremos? ¿Hasta dónde podemos capitular ante los violentos? ¡Todos los secuestrados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente!
Publicada en El Pais- Cali- 30 de junio de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jun302007/OPN/clari.html
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