Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


domingo, noviembre 27, 2011

El invierno que no para

Lo que está pasando con el invierno en Colombia era previsible. Desde hace años, cuando el Ideam empezó a hacer estudios sobre el fenómeno de calentamiento global, se dijo que el cambio climático aumentaría la frecuencia de los fenómenos del Niño y la Niña. Los informes globales señalaban la alteración de los patrones de lluvias en los países tropicales; la inminencia de las inundaciones y deslizamientos. Además no era difícil saber dónde se iban a producir los mayores daños. Hace menos de un año tuvimos un fenómeno similar y sucedió casi lo mismo que pasa ahora y que pasa siempre. Colombia no puede seguir a merced del invierno -como lo sugiere uno de los funcionarios de la CAR -Cundinamarca-; los inviernos y sus efectos son previsibles y el país tiene que ajustar su infraestructura y capacidad de reacción a estas realidades.

El Gobierno Nacional está fallando; no hay planificación. El cierre de las vías es inaceptable. Sabemos de tiempo atrás la vulnerabilidad de vías fundamentales para el país. El caso de La Línea es emblemático; conocemos su fragilidad y la importancia que tiene para la comunicación del país. Lo lógico era habilitar -y de tiempo atrás- las vías alternas. La ruta por el Páramo de Letras no se adecuó para las necesidades y tiene entonces 8 sectores de alto riesgo; la otra alternativa, Isnos-Paletará que conecta al Huila con el Cauca, está en un estado lamentable, sólo ahora se inició la pavimentación parcial y fue necesario militarizar la zona por los graves problemas de seguridad.

Pero no es sólo culpa del Gobierno, hay una gran responsabilidad que recae sobre las firmas de ingeniería comisionadas de la construcción de la infraestructura. Las dilaciones y los sobrecostos -unos justificados y otros producto de la corrupción que se le enquistó- se han convertido en este sector en un dolor de cabeza. Las obras no sólo nos cuesta muchísimo, sino que se entregan con pésima calidad o tan retrasadas que una vez recibidas ya son insuficientes. Y luego vienen las demandas de los contratistas reclamando equilibrios financieros que son verdaderos saqueos al erario.

Hay que repensar la infraestructura y construir obras modernas que respondan a las realidades del siglo en que vivimos. No podemos mantener al país con obras, cuyo trazado y calidades son para otros tiempos, diseñados para las exigencias mucho menores. Está bien que el Ministro de Trasporte diga que no habrá obras sin estudios serios, pero que se hagan acordes a nuestras realidades y a la capacidad técnica de este tiempo.

La responsabilidad por las calamidades recae también sobre las autoridades regionales, alcaldías y gobernaciones que tampoco enfrentaron el reto como debían. Las obras iniciadas fueron insuficientes; los daños así lo demuestran. La falta de compromiso con las regiones coincide con el final del mandato, así que se desentienden sin mayores costos políticos.

Las CAR son tal vez uno de los estamentos más inútiles de la estructura estatal. Su pobre diseño institucional dio para que estén politizadas y no responden a las necesidades del ambiente, y que mucho menos están preocupadas por planificar los ajustes que supone el cambio climático. Y se habla de su reforma desde hace años, pero eso también se dilata.

Es cierto que las sociedades deben ser capaces de enfrentar sus retos y no depender por completo del Estado, pero en el caso de las tragedias invernales la planificación centralizada es necesaria e ineludible.

26 de noviembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/invierno-para

miércoles, noviembre 23, 2011

El debate con los ecuatorianos

Lo primero que hay que puntualizar es que las acciones de un Presidente y su gobierno comprometen al país que lo eligió. Esa es la primera consecuencia de una democracia; al votar y elegir se otorga un mandato para que se actúe en representación de toda la Nación. Entonces, las decisiones del Jefe de Estado nos afectan a todos y nos comprometen a todos. Así las cosas, la decisión del expresidente Uribe de aprobar el bombardeo sobre territorio ecuatoriano para dar de baja a ‘Raúl Reyes’ comprometió a la Nación completa.

No es aceptable que Correa pretenda personalizar e individualizar en cabeza de el expresidente Uribe la decisión, o exigirles -como lo pretende el juez de Sucumbíos- a las personas que participaron en la operación Fenix responsabilidad por los hechos. Se trata de un tema nacional y así debe ser tratado; si los ecuatorianos tienen molestias sobre el asunto deben llevar a la Nación colombiana a los estrados internacionales. Los colombianos nos defenderemos; lo cierto es que ‘Raúl Reyes’ -uno de los líderes más importantes de la organización terrorista de las Farc- estaba en Ecuador como quedó demostrado en el operativo. Pese a las denuncias que había hecho nuestro país sobre su presencia, sobre los ataques que se hacían desde la frontera que servía de refugio a ese grupo de terrorismo, no hubo acciones de efectivas del Ecuador. Colombia no podía seguir siendo víctima de la incapacidad de control del Estado ecuatoriano sobre su territorio. Mas aún, en los computadores que se incautaron en esa operación surgieron muchas dudas sobre si esa inacción de la autoridad ecuatoriana era intencional, pues aparecieron evidencias que señalan donaciones de las Farc a la campaña de Correa y amistades cercanas con miembros de su gobierno. Eso también quedó descubierto con el operativo Fénix.

Las impertinencias de Correa y de su Canciller con Uribe son un insulto para Colombia, para su democracia; por eso nuestra Canciller tuvo que exigirles respeto. No debe olvidar Colombia su dignidad y lo que ha significado para este país la muerte de Reyes.

Sobre el problema de los camioneros hay también que hacer algunas precisiones. Ecuador ha amenazado con dejar la CAN por los ataques de los que han sido víctimas los transportadores del vecino país. Por supuesto que son absolutamente inaceptables que se dañen los vehículos y se ataque a sus conductores; las autoridades colombianas tienen que actuar y evitar atropellos. Esa violencia ha desfigurado el problema de fondo. La Canciller colombiana tiene que tener en cuenta lo que está pasando con los transportadores colombianos; tienen razón al estar molestos por la falta de competencia frente a sus colegas ecuatorianos y venezolanos; estos utilizan gasolina subsidiada y pueden ofrecer tarifas menores que les quitan las posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Lo que es más, cuando los transportadores colombianos van al Ecuador o a Venezuela no les venden gasolina y sus viajes no pueden completarse. Además, hay denuncias sobre ataques contra los vehículos colombianos, incluso encarcelamientos de conductores y detención de vehículos colombianos sin razones en los vecinos países.

Las relaciones con los ecuatorianos se están complicando, hacemos votos para que el gobierno no deponga la dignidad y los intereses colombianos sólo para mantener relaciones amistosas con los vecinos. Las relaciones son buenas en la medida en que sean recíprocas y respetuosas; ser amigo para que nos abusen e irrespeten carece de sentido.

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/debate-con-ecuatorianos
18 de nov de 2011

viernes, noviembre 11, 2011

La reforma a la educación

La educación superior en Colombia requiere una reforma de fondo; pero no hablamos con seriedad sobre el tema. La reforma del gobierno era inocua; se trataba de un sistema de financiación, con buenas intensiones. La única novedad eran las universidades con ánimo de lucro; todas las críticas que se les hacen son ciertas, con el agravante de que en Colombia desde hace mucho existen universidades de pésima calidad que a pesar de su calificación formal, son empresas que dan réditos a sus dueños.

El informe de Desarrollo Humano del Pnud dice que Colombia es el tercer país más desigual entre los 129 países que se miden; sólo Angola y Haití nos superan. Una manera de solucionar el asunto es implementar mayores programas de asistencia social; aquello da resultados inmediatos pero no es sostenible en el largo plazo. La verdadera solución a la desigualdad es impulsar la movilidad social y mejorar los ingresos de los colombianos, para ello se vuelve imprescindible tener una excelente educación. No sólo profesionales universitarios, sino técnicos de gran nivel con buenos ingresos.

No deben existir farsas en la educación superior. Se supone que miles de estudiantes reciben una formación profesional, pero la calidad es tan baja que al salir al mercado laboral continúan en el desempleo o encuentran cargos con salarios comparables a los de quienes no estudiaron. Hay universidades públicas de altísimo nivel como la Nacional, Valle, Antioquia entre otras; pero a su lado hay otras que son tristes intentos. Las universidades en muchas regiones están politizadas; hay estudiantes que se quedan por años ocupando el cupo de otros jóvenes; unos pocos revoltosos que le alargan las carreras a través de paros a quienes quieren terminar; burocracias ineficientes. El sector privado no se queda atrás, títulos tras una formación deficiente.

El nivel de los profesores podría ser mejor. Hay 111.253 profesores de educación superior en Colombia, de ellos sólo 4.065 tienen doctorado, a pesar de que tenemos el puesto 14 entre los países que más estudiantes de doctorado tienen en Estados Unidos, en una lista liderada por China e India. En número de estudiantes de postgrado colombianos en EE.UU., es el más alto en América Latina. Así las cosas, el país a través de iniciativas como el Icetex y Colfuturo es capaz de formar muchos doctores; lo lógico es que ellos llegaran a ocupar los cargos de docentes en las universidades públicas y privadas, de manera que se viera la inversión que hace el Estado en su formación internamente, pero las universidades no abren espacio para estos jóvenes. Es necesario imprimirle flexibilidad y concursos de méritos a la academia colombiana para mejorar las nóminas y abrir espacios para los estudiosos.

Las marchas fueron, en general, pacíficas y eso hay que celebrarlo. Los estudiantes y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, expresar sus ideas y salir a compartirlas con la comunidad; pero nunca puede aquello degenerar en actos violentos y de destrucción que atenten contra los derechos de los demás ciudadanos. Hubo intentos como el de Piedad Córdoba de tomar vocerías que no le corresponden, y en esto también salieron bien librados los estudiantes que la abuchearon. Ahora bien, el balance para el gobierno no es tan positivo; retiró las universidades con animo de lucro a la primera crítica, y cuando las marchas aumentaron, retiró el proyecto. El gobierno debe presentar sólo reformas por la que esté dispuesto a jugársela, lo contrario denota poca seriedad en la formulación.

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/reforma-educacion
11 de nov de 2011

martes, noviembre 08, 2011

La oposición de Uribe

Las declaraciones del expresidente Uribe muestran lo que ya muchos sabían; el uribismo no se siente representado en el gobierno Santos, a pesar de que se suponía -y así lo entendieron las mayorías- que Santos sería el heredero de Uribe.

La lista de los alejamientos es larga: primero, vino el llamado que hiciera el entonces candidato Santos para que los liberales lo acompañaran en la segunda vuelta, ofreciéndole en triunfo a un partido que hasta entonces era de oposición. Siguió la metamorfosis de Santos, que pasó de ser un ministro al que el Presidente le pedía prudencia en sus comentarios sobre Chávez a ser el nuevo mejor amigo. Eso, sin importarle las frescas denuncias sobre los campamentos guerrilleros en Venezuela y, menos aún, las continuas evidencias que al respecto han mostrado los estadounidenses.

Hay, todavía cosas más de fondo; a pesar de la voluntad del gobierno Santos de mantener la política de seguridad democrática, los resultados no son alentadores. Se esperaba una reforma a la Justicia que atendiera el problema de los militares. Sin embargo, el proyecto que cursa en el Congreso no lo soluciona. Por el contrario, los agrava y contribuye a alejar más todavía la justicia del querer democrático. Propende por Cortes que se juzgan entre ellas, que se eligen por cooptación y con poderes para seguir desarrollando un aparato que rompe los sistemas de frenos y contrapesos propios de una democracia.

Lo que es más grave; el gobierno anterior fue enfático en establecer límites para aquellos que habían optado por la violencia como mecanismo político. Con generosidad se les ofrecieron garantías y prebendas que los sacaran del conflicto; pero el gobierno fue enérgico en la necesidad de que perdieran sus derechos políticos y en que hubiera verdad, justicia y reparación. Al contrario, el gobierno Santos custodia una reforma constitucional, donde las guerrillas ya no serán tratadas como los narcoterroristas que son, sino que podrán ser amnistiados y seguir una carrera política.

La reforma recién aprobada por Santos hace crecer al Estado; nuevas agencias, ministerios y más burocracia. Aquello tampoco se compadece con los esfuerzos de Uribe por reducirlo en tamaño y ajustar el aparato burocrático. La expansión estatal significará un detrimento en la salud fiscal nacional, ya amenazada por la difícilmente cuantificable Ley de Víctimas.

A pesar de que hay varios temas adicionales, y de que las diferencias son poderosas, pocos parlamentarios acompañarán al exmandatario. Infortunadamente para Colombia muchos congresistas están comprometidos con el poder, más que con las ideas; más preocupados por garantizar su reelección mediante las vías de la politiquería, que por la reflexión sobre los proyectos que aprueban; prefieren comercializar con sufragios, aunque así acaben con la democracia que usufructúan.

La oposición que puede liderar el expresidente desde la tribuna de su prestigio, se perfila como una buena noticia para el país. Las democracias se fortalecen cuando hay sectores que no comulgan con los mandatarios. El debate de las ideas es necesario para robustecer el análisis y mejorar las propuestas. Este Gobierno lleva un año prácticamente sin oposición, pues los esfuerzos del Polo para cumplir con esta tarea han sido contrarrestados por los escándalos de corrupción que enlodan al partido de izquierda. La llegada de Uribe -si se da- al debate público es saludable para la democracia y puede ayudar a reavivar el debate sobre los temas de la agenda pública.

4 de noviembre de 2011
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/paloma-valencia-laserna/oposicion-uribe