Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


viernes, agosto 31, 2007

Lo que se juegan Piedad y Chávez

Las coincidencias ideológicas de Piedad Córdoba con el presidente venezolano, Hugo Chávez, son evidentes. Ambos representan una tendencia de la izquierda latinoamericana que se dice capaz de solucionar el conflicto social y político de este continente. Con independencia a si esas doctrinas son conducentes para ello, el compromiso que han asumido en el proceso de negociación con las Farc para lograr el intercambio humanitario pone a prueba la capacidad para solucionar y negociar -en concreto- con los grupos de izquierda alzados en armas.

Hay quienes pensamos que, infortunadamente, las gestiones del dúo Chávez-Córdoba no serán efectivas y que su presencia será un mecanismo más para probar la intransigencia de las Farc. Otra fracción en la sociedad, encabezada por muchos familiares de secuestrados, está convencida de que el acuerdo con la guerrilla no se ha logrado por la testarudez del presidente Uribe y confía en que Chávez y Córdoba obtendrán los buenos resultados. Esta intervención permitirá saber si las gestiones de Uribe no fueron suficientes o si, más bien, la guerrilla es un actor con el cual todo acuerdo, sin importar de quien venga o quien lo garantice, es imposible.

Ahora bien, la alianza Chávez-Córdoba tiene una ventaja capaz de cambiar el curso de la moribunda negociación. Teóricamente la guerrilla coincide con sus planteamientos políticos. Si queda algo de ideología y de sensatez en la guerrilla, ésta comprenderá que lograr un acuerdo con Chávez y Córdoba es un triunfo para la izquierda institucional y, por lo tanto, un avance en su lucha política. En tanto, no hacerlo, es la corroboración de que esa organización carece se contenidos político y que es un grupo terrorista.

El acuerdo que buscarán los nuevos colaboradores está enmarcado dentro de unos parámetros establecidos por el presidente Uribe: no habrá zona de distensión y tampoco habrá liberación de guerrilleros para que vuelvan a delinquir, condiciones básicas para preservar la integridad del territorio y la soberanía del Estado -que tanto nos ha constado recuperar-. De esta manera, Chávez y Córdoba intentarán negociar en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo Uribe y sin la tentación de capitular con tal de obtener resultados.

El reto, con las mismas reglas y diferentes posturas ideológicas, está planteado. Si Chávez y Córdoba obtienen resultados favorables tendrán el reconocimiento y avanzarán en la promoción de su política. Y estará claro que la guerrilla sólo negocia con quien quiere, pues aceptarían de las manos de Chávez lo que desprecian de las de Uribe.

Por ahora, lo único claro es la grandeza del presidente Uribe, quien con su absoluto respaldo a los nuevos colaboradores, ha puesto los intereses de la patria por encima de cualquier vanidad personal. Uribe ha hecho y hace todo por el acuerdo. Ahora, generosamente, le ha dado a los opositores la posibilidad de lograr lo que no ha conseguido su Gobierno, pero ha preservado y hará preservar el respeto por el Estado colombiano.
Publicado El Pai-Cali. Agosto 25 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago252007/OPN/opi03.html

sábado, agosto 25, 2007

Las inhabilidades y los electores

En estas últimas semanas se ha debatido el asunto sobre si los paramilitares y guerrilleros que no han cometido delitos atroces pueden participar en política y se ha ventilado que para las elecciones de octubre hay 269 candidatos inscritos inhabilitados por diversas causas. La cuestión fundamental que subyace tras esta controversia es cómo decide el elector colombiano por quién votar y cuáles son los mecanismos necesarios para generar electores más responsables.

Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.

Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.

Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.

Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.

El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html

Las verdades reveladas

El proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades locales develó algunos aspectos interesantes del contexto político colombiano, los cuales merecen por lo menos un somero análisis.

La aparición de 259 nuevos movimientos políticos evidencia que la reforma a los partidos no ha sido exitosa. Puede ser una falla de los partidos o una incapacidad para reconocer y apoyar los liderazgos locales, entonces la función de la inscripción con firmas está cumpliendo su cometido, pues garantiza una participación más democrática. Pero el fenómeno parece estar asociado con la tendencia colombiana a los regímenes personalistas. El elector colombiano no se orienta por los partidos políticos sino por el carisma del candidato y éste, consiente de su poder, tampoco se pliega a la organización rígida y exigente de un partido y prefiere hacer su campaña solo y no adquirir compromisos.

Y los electores que se fijan en el candidato y no en el partido tienen buenas razones para hacerlo. La estructura ideológica de los partidos colombianos es precaria y aún más endeble es el compromiso de los políticos con esas ideas. En las inscripciones pudimos observar candidatos que pasaron de un partido a otro. Peñalosa pasó de liberal a independiente y eligió como representante a la Cámara a Simón Gaviria, hijo del jefe del Partido Liberal y uno de los más vehementes opositores del presidente Uribe y se consagra como la alternativa ‘uribista’ a la Alcaldía de Bogotá. Hay tantos otros concejales y candidatos que salen de un partido y entran a otro como si se tratara de equipos de fútbol cuya ideología es indiferente. Estos políticos muestran que están dominados por el oportunismo y se acomodan a las circunstancias sólo buscando ser favorecidos. Su actitud fomenta y, en parte, explica porque los colombianos prefieren confiar en lo que como persona se puede captar de un candidato que cree en los compromisos ideológicos con un partido.

Es interesante también resaltar el fenómeno de la participación en política de comunidades religiosas, especialmente cristianas. Yonny Copete, el apóstol, ha fundado 49 iglesias evangélicas en Cartagena y aspira a la Alcaldía, están también candidatos del Mira y tantos otros movimientos de origen religioso en una creciente tendencia a representar políticamente los postulados religiosos. El hecho es riesgoso, porque si bien la política está estrechamente relacionada con la moral social, es importante garantizar la pluralidad. La vinculación activa de la religión en la política se ha mostrado peligrosa y difícil a lo largo de la historia, y aún hoy en los regímenes fundamentalistas islámicos se muestran muchos de sus inconvenientes. Si en los casos anteriores hay falta de compromiso ideológico, en este caso hay demasiado.

Otra escena intrigante, no sólo de la política local sino de la global, es la sucesión entre cónyuges. Como los Clinton en EE.UU. o los Kirshner en Argentina, en Colombia hay muchos y muchas quienes aspiran a ser remplazados por sus esposos. En principio la conducta puede explicarse, pues muchas parejas se inician en la congruencia de intereses y el trabajo en equipo. Naturalmente el cónyuge merece y ha trabajado por esos honores y quiere la oportunidad de ser ahora candidato. Pero también puede tratarse de una forma de evitar inhabilidades y mantener el poder burlando la ley.

Publicado en El Pais-Cali en Agosto 11 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago112007/OPN/opi03.html

lunes, agosto 06, 2007

Disposición para la paz

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de que los paramilitares deben ser juzgados como delincuentes comunes acusados de concierto para delinquir y no por el delito político de sedición tiene implicaciones significativas.

Es necesario contextualizar el debate y recordar que los beneficios otorgados a los paramilitares son el resultado de una negociación. No se trata de una derrota militar o una captura, sino de un proceso en el cual los ‘paras’ adquirieron la obligación de desmontar sus ejércitos, contar la verdad, reparar las víctimas y pagar penas por sus acciones a cambio de unas ventajas de índole judicial otorgadas por el Estado, como rebajas de penas, cesación de procesos y la consideración como delincuentes políticos (que podría dar lugar a indulto, amnistía, asilo político, impedir la extradición y no inhabilitar para ejercer cargos públicos). Las concesiones son generosas, pero fueron el precio que pagamos para lograr el desmonte inmediato de ese ejercito que desangraba la patria. Estos compromisos quedaron consagrados en la Ley de Justicia y Paz y fueron debatidos por el Congreso y la opinión.

Ahora bien, juzgar a los paramilitares como delincuentes comunes, anula los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y coloca al Estado en la difícil posición de incumplir con los compromisos adquiridos. No se trata de juzgar si esos beneficios son o no demasiados, la negociación ya terminó y hay más de 43.000 desmovilizados. La cuestión es que el Gobierno adquirió obligaciones y la decisión de la Corte Suprema le impide cumplirlas, en especial lo que se refiere a la cesación de procesos para los ‘paras’ que no cometieron delitos atroces.

En estas circunstancias, los comentarios del Presidente son respetuosos de la estructura constitucional del Estado. La primera magistratura en Colombia tiene la triple condición de suprema autoridad administrativa, jefe de Gobierno y jefe de Estado. Ésta última calidad lo coloca como director de las políticas públicas tendientes a la realización de los fines esenciales del Estado. La consecución de la paz subyace a todos ellos. Una negociación de paz no es, entonces, una decisión administrativa, es un acto del Jefe del Estado y toda la estructura estatal debe entenderse incluida y actuar para su realización.

La Corte hubiera podido dar vía al cumplimiento de esos pactos sin violentar la ley o la constitución. Las decisiones interpretativas, imposibles de sustraer del contenido explicito de las normas, privilegian un principio sobre otro. Así la Corte hubiera podido proteger el principio de seguridad jurídica –que permite al acusado tener capacidad de predicción en su proceso- y mantener la condición de delincuentes políticos de los ‘paras’.

El lió tiene solución, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que revive la sedición y aparecerán otras opciones que permitan la cesación del proceso, como la del Procurador, que propone la suspensión provisional mientras se examina la conducta de los ex ‘paras’ durante tres años. Lo que es sorprendente es que parte del país no entienda que los procesos de paz comprometen a todos los colombianos y que si queremos la paz negociada debemos tener con qué negociar. Parece que cada día nos convencemos más de que, jurídicamente, las negociaciones de paz son imposibles.
Publicado en El Pais Cali/Agosto 04 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago042007/OPN/opi3.html

El poder y el abuso

La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos es tormentosa. Hacer cualquier diligencia frente al aparato estatal tiene la característica de ser larga, tediosa y adornada por complicaciones inexplicables, de manera que la mala imagen de la burocracia se corrobora y se empeora. Pero lo más terrible del proceso es la manera infame de los funcionarios públicos colombianos, que pretenden ejercer su poder como lo ejercería el peor déspota de la tierra. En general nada se puede y si se puede es complicadísimo o tiene que volver mañana y traer una resma de documentos. Aunque parece una generalización sin fundamento, son infinitas las instituciones que se pueden mencionar: las empresas de servicios públicos, las superintendencias, el ISS, el Ejercito y, por supuesto, la Policía.

Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.

Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.

Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.

Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html