La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos es tormentosa. Hacer cualquier diligencia frente al aparato estatal tiene la característica de ser larga, tediosa y adornada por complicaciones inexplicables, de manera que la mala imagen de la burocracia se corrobora y se empeora. Pero lo más terrible del proceso es la manera infame de los funcionarios públicos colombianos, que pretenden ejercer su poder como lo ejercería el peor déspota de la tierra. En general nada se puede y si se puede es complicadísimo o tiene que volver mañana y traer una resma de documentos. Aunque parece una generalización sin fundamento, son infinitas las instituciones que se pueden mencionar: las empresas de servicios públicos, las superintendencias, el ISS, el Ejercito y, por supuesto, la Policía.
Hay que reconocer que la mitad de los problemas se originan en la multiplicidad de normas que nadie entiende o conoce y que imponen obligaciones imposibles y ridículas. El ejemplo por excelencia son las de transito: en La Línea, la carretera tiene doble línea, de manera que aquel que siga la ley deberá permanecer detrás del camión que le tocó delante durante todo el recorrido. Sagazmente, los policías están situados en el único punto donde cualquier chofer sabe que es posible adelantar, para parar y multar al ciudadano. El policía tiene la potestad de aplicar o no la norma usando su buen criterio, debería ser el interprete por excelencia de la utilidad y el propósito que protege la ley. En Colombia, el funcionario utiliza la necedad de la norma para abusar de su poder. Y digo que es un abuso, pues el sentido común indica que la norma es absurda, pero es la norma y el ciudadano no puede hacer nada para liberarse de ella.
Otro caso exquisito es el de las estatuas pintadas de plateado que se paran en una posición que sólo se transforma con el ruido de la moneda que cae en su sombrero. Tenían muchos problemas con la Policía porque están invadiendo el espacio público. No pasa con los mimos -que se mueven-, pero las estatuas son invasores del espacio público.
Han dicho que la inflexibilidad de la Policía de Transito, que se dedica a partir por eventos ridículos, es algo positivo que rememora la teoría de cero tolerancia de Giuliani, el ex alcalde de Nueva York. La idea es que la fortaleza de la Policía para perseguir los violaciones menores de la ley desincentiva crímenes mayores. La práctica dio buenos resultados en esa ciudad, pero la situación aquí es distinta. La Policía está muy por debajo de poder controlar conductas punibles importantes como las bandas de asesinos, jaladores de carros, apartamenteros o los atracos, así que destinar los mayores esfuerzos para castigar las conductas menores es un despropósito. La sensación del ciudadano correcto es que la autoridad sólo existe para sancionarlo a él, pues los criminales están tranquilos.
Es necesario preparar las autoridades para que apliquen las normas de forma razonable y amable, con procedimientos protocolares que eviten la grosería y es fundamental aprobar un estatuto de protección de los ciudadanos frente los abusos de autoridad. La norma deberá establecer procedimientos sencillos y simples, que no impliquen un desgaste para el denunciante y garantice la protección de su derecho a defenderse de los abusos de los ‘servidores públicos’.
Publicado en El Pais /Cali/ Julio 28 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul282007/OPN/paloma.html
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