Se ha vuelto costumbre que ciertos personajes con representación social o política asistan sin consecuencias a foros donde se profesan ideologías de extrema izquierda que respaldan todas las formas de lucha y que son justificación y apoyo para los movimientos armados de izquierda en Colombia. Esas reuniones, que piden más violencia, son un atropello a los pilares que inspiran el modelo de convivencia democrático y libre. Por eso, en Colombia existen tipos penales específicos para este comportamiento: el concierto para delinquir establece penas de prisión para quienes fomenten o promuevan el concierto o la asociación para delinquir y la instigación a delinquir castiga a quien publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos.
La declaración final del seminario organizado por el Movimiento Nacional Democrático del Ecuador dice: “Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa–imperialista y conquistar el poder”. Y más adelante expresa su solidaridad “con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia”. Estas declaraciones son un llamado al crimen, una expresión de apoyo al ELN y las Farc y con ellas se hacen responsables de los actos de guerra de esas organizaciones y claman por más.
Avergüenza al sindicalismo colombiano la participación de tres sindicatos en un seminario de apología al terrorismo. El movimiento sindical debe reaccionar y sancionar ese comportamiento, pues a los directivos les corresponde una enorme responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los dirigentes de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, con el mismo rigor con el que ha revisado la participación de los políticos en el Pacto de Ralito.
Son deplorables, además, las declaraciones de los sindicatos implicados. En vez de explicar su comportamiento, la emprenden contra el Gobierno y amenazan con demandas al Vicepresidente. Demandas que deberían haber interpuesto contra los organizadores del evento, quienes -según ellos- pusieron el nombre de los sindicatos en la declaración final sin consultárselos.
Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, utiliza un artilugio retórico para confundir al país cuando dice que los sindicalistas no suscribieron “documento alguno que comprometa la paz". ¿Lo aprobaron y les parece inofensivo o no lo aprobaron? Dice el señor Vélez que no sabía que estaban los delegados de las Farc y el ELN, pero confirma el organizador del evento, Ciro Guzmán, que las ponencias de esos grupos fueron leídas. Los asistentes debieron darse cuenta de que había una infiltración guerrillera y actuar para reflejar su inconformidad: proferir una declaración repudiando la violencia y la lucha armada o retirándose del seminario. No lo hicieron. Finalmente, habla Vélez de violación de la libertad sindical y atropello a los derechos fundamentales, habrá que explicarle que esos derechos están circunscritos a los derechos de los demás ciudadanos y que apoyar el terrorismo es un delito en este país.
Publicado en El Pais -Cali -Julio 21 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/jul212007/OPN/opi3.html
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