Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


sábado, septiembre 27, 2008

El abusivo chantaje judicial

El paro judicial ha dibujado claramente la tensión entre los derechos laborales y los derechos de acceso a la Justicia y el debido proceso, pero cada vez más, parece que estamos frente a un abuso del derecho de negociación colectiva:

El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.

Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:

Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.

Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.

Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.

Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI

sábado, septiembre 20, 2008

¡Viva(nco) Chávez!

Sorprende que en la presentación del informe de Human Rights Watch sobre la situación de Venezuela, el Director para las Américas de esa organización diga que "Venezuela no es el país donde más se violan los derechos humanos en la región", pues están Colombia y Cuba, que son un "caso único en Latinoamérica", para rematar diciendo: "El conflicto armado colombiano sigue siendo uno de los problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en todo el continente".

La afirmación, transcrita en varios medios de comunicación, no hace parte del informe que está circunscrito exclusivamente al caso venezolano. Se trata de una opinión personal de Vivanco, en el sentido de que lo sucedido en Venezuela es insignificante al lado de lo que pasa en Colombia.

No es aceptable aprovechar el escenario de presentación de un informe con rigor científico o al menos investigativo para introducir una valoración individual. Las percepciones del señor Vivanco –por ilustradas que se pretendan- no pueden presentarse como conclusiones, como si fueran el resultado de análisis técnico, si no lo son. Si el señor Vivanco quiere comparar el caso colombiano con el venezolano debe hacerlo con un estudio serio, que permita cotejar ciertos aspectos con otros de la misma especie.

Aún recorriendo más publicaciones de HRW esa conclusión no sería admisible. Los títulos de las publicaciones sobre Colombia: ‘Mutilando al pueblo’, sobre el uso de minas antipersona por la guerrilla en Colombia; ‘Colombia: librando a los paramilitares de sus responsabilidades’, ‘Recomendaciones sobre el Decreto Reglamentario de la Ley 975 del 2005’ y el terrible ‘Aprenderás a no llorar’, sobre los más de 11.000 niños combatientes, se refieren a diversos aspectos de un conflicto armado. Mientras los informes sobre Venezuela: ‘Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela’ y este último: ‘Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela’, se refieren al gobierno Chávez.

Comparar un conflicto armado que se desarrolla en determinado país con el Gobierno de otro, que ni siquiera lo padece, no tiene ningún sentido. Hay que comparar gobiernos con gobiernos, conflictos con conflictos. No se pueden comparar peras y manzanas, y extraer moralejas de ello.

Aunque no fue suficiente, muy seguramente, el comentario de Vivanco tenía la intención de congraciarse con Chávez. Se trata de una actitud ridícula y poco seria mediante la cual se le pide perdón a Chávez por las conclusiones de ese informe. Algo así como ‘usted está mal, pero no se preocupe que su vecino Uribe es mucho peor’. Y habrá que preguntar dónde están los informes sobre el gobierno Uribe que permitan esa comparación.

Es a todas luces inaceptable justificar los abusos sucedidos en Venezuela diciendo que en otros países pasan cosas peores.

Nota: Pero las conclusiones de HRW siempre son sorprendentes, cabe recordar que Roth, el director ejecutivo de la organización, en carta abierta le recomendó al candidato McCain no aprobar el TLC con Colombia: “Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”. Le faltó decirle: ¡Es mejor cerrarles los mercados para que, además, pierdan sus trabajos!
Septiembre 20 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI

sábado, septiembre 13, 2008

La dictadura de los jueces

Sentencias del tenor “no dejaremos amedrentar a la justicia” se dicen hoy con pretensiones heroicas. Por supuesto, no hay tal heroísmo. De tiempo atrás viene la Corte Suprema en disputas brutales contra otras instancias del poder público colombiano. Primero, fueron sus conflictos con la Corte Constitucional, disminuidos en la medida que unos magistrados pasaron de aquí para allá. Luego, el Congreso, al que investigan, fue presa fácil. Tanto así, que tenemos un Congreso atemorizado de ejercer su función por el terror que le infunde la Rama Judicial. Se dice incapaz de legislar, de siquiera analizar los proyectos de reforma a la política y a la justicia, por el espanto a perder sus investiduras con el tema de los impedimentos.

Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.

Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.

La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.

Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).

¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI