Sentencias del tenor “no dejaremos amedrentar a la justicia” se dicen hoy con pretensiones heroicas. Por supuesto, no hay tal heroísmo. De tiempo atrás viene la Corte Suprema en disputas brutales contra otras instancias del poder público colombiano. Primero, fueron sus conflictos con la Corte Constitucional, disminuidos en la medida que unos magistrados pasaron de aquí para allá. Luego, el Congreso, al que investigan, fue presa fácil. Tanto así, que tenemos un Congreso atemorizado de ejercer su función por el terror que le infunde la Rama Judicial. Se dice incapaz de legislar, de siquiera analizar los proyectos de reforma a la política y a la justicia, por el espanto a perder sus investiduras con el tema de los impedimentos.
Y ahora la Corte la emprende contra el Presidente, y los detractores del Gobierno aprovechan para hacerle eco. Pero hay que entender el conflicto en su verdadera dimensión. Algunos sostienen que el Presidente al proferir sus opiniones adversas a ciertos procedimientos o decisiones de la Corte no respeta ese poder. Distinto es que las decisiones se acaten, como lo establece la ley, a que las decisiones sean cuestionables, como lo son todas en un contexto democrático.
Pretender que nadie, ni aún el Jefe de Estado -jefe por mandato constitucional de las tres ramas del poder- pueda opinar sobre las decisiones de una Corte, es violentar la esencia misma de la democracia. Todos podemos criticar e intentar pernear la toma de decisiones. Se trata de mostrar otros puntos de vista, de manera que quien decide tenga la mayor cantidad de intereses en cuenta. Lo contrario sería como pretender que las decisiones del Ejecutivo no puedan ser juzgas por nadie, ni aún otras ramas. Por ejemplo, no podríamos examinar si debe o no haber acuerdo humanitario u objetar que no lo haya; si deben o no extraditarse a los paramilitares o rechazar que se haga. Son propios de la democracia los debates y los desencuentros, pues a pesar del disgusto, las decisiones se cumplen. El temor reverencial que desean construir en torno a la imposibilidad de que alguien objete o siquiera discuta las decisiones que se toman es inaceptable.
La autonomía de las diferentes ramas del poder tiene un sentido, que cada una cumpla su función; y se ha roto: tenemos un Congreso que no puede actuar por temor a la jurisdicción. La autonomía tiene, al mismo tiempo, un límite: la institución debe ajustarse a sus funciones y de no hacerlo la voluntad democrática debe tener mecanismos para controlarla; también se ha roto. No es democrático un sistema de justicia que ejerce funciones sin ningún control. Una Corte Suprema compra-pleitos, que se refiere en términos peyorativos al Presidente y sugiere juegos macabros en decires poco precisos y se dibuja con una agenda política, es abusiva, y no tenemos como controlarla.
Pero el exceso ha ido permeando la administración de justicia. El sector le cuesta actualmente al país un billón 581 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba en el 2002, y como no está todavía conforme pretende, para obtener mayores salarios, presionar al Gobierno con un método contrario a la ley (los paros son ilegales en los servicios públicos esenciales).
¿Sabe cuántos son los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuántos nombres se sabe? ¿Conoce la trayectoria de alguno? Entérese, ahora ellos colegislan, y podrían estar pretendiendo gobernar.
Septiembre 13 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
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