Es muy posible que una de las causas fundamentales que explican la arrolladora participación de muchos colombianos en las pirámides es la falta de acceso al sistema bancario. Quien no ha sido nunca deudor bancario no conoce el costo del dinero en el mercado, ni los conceptos de capacidad de pago o las ganancias que se pueden esperar de un buen negocio. Las pirámides son el otro lado de la usura en los prestamos gota-a-gota.
La popularización de la banca es una necesidad inminente del país, pese a los esfuerzos que se realizan desde la banca de oportunidades y otras alternativas similares así que vale la reflexión sobre las fallas de nuestro sistema bancario.
El ahorro en un país es trascendental, no sólo garantiza que los ahorradores tengan provisiones para enfrentar contingencias futuras, sino que presta un servicio social. Cuando los bancos prestan el dinero a los particulares, la sociedad se beneficia. El grado de “servicio social” varía: invertir, por ejemplo, en las PYMES puede generar empleo y generar riqueza; mientras que destinar el dinero para créditos de consumo tiene otras consecuencias como la mejora de la calidad de vida del cliente y el impulso al mercado.
Ahora bien, no es igualmente seguro prestarle a una empresa sólida para la ampliación de su negocio, que prestarle a una empresa nueva que tiene un proyecto que parece exitoso, pero que no se ha desarrollado. El ahorrador puede tener niveles de riesgo distintos, pero en teoría quien invierte su dinero en el banco prefiere un riesgo bajo, y el sistema bancario se ve abocado a preferir prestamos seguros.
La consecuencia es que los prestamos dejan por fuera segmentos muy importantes de la población, incluso segmentos como el PYMES que traerían beneficios sociales importantes.
El hecho ilustra algunas fallas:
El país carece de sistemas que permitan a ahorradores audaces –como los que se atreven a entrar en las pirámides- a colocar sus dineros con tasas de interés más altas para invertir en proyectos con más riesgos. Tenemos que desarrollar fondos de capital de riesgo con acceso a todos los segmentos de la población.
La falta de crédito para las PYMES esta relacionado también con la informalidad. A pesar de los avances seguimos aficionados a los trámites; de manera que ser formal no ofrece suficientes ventajas frente no serlo. En este contexto aparece el 4 por mil, impuesto que resultó precisamente de la necesidad de salvar el sistema financiero durante una crisis y que se convirtió en un impuesto permanente. Desorganiza y afecta el proceso de bancarización, pues la tendencia a evadir el cobro obliga a realizar transacciones por fuera del sistema.
Más aún, se convierte en un costo financiero que encarece los créditos, y sobretodo si, por ejemplo el dinero debe trasladarse entre los bancos. Un caso típico de un crédito de 180 días, con una tasa del 6%, habría que agregarle el 0.4%, que equivale al 6.67% de valor de los intereses de crédito, cada vez que pase por un banco.
No aparece justificado porque hay una diferencia tan grande entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los bancos. El ejercicio tendría sentido si los bancos asumieran el riesgo, pero hemos visto que no sólo es bajo, sino que sobretodo durante los momentos de crisis, es otra vez el contribuyente quien debe asumir el riesgo y pagarlo (el 3 por mil). El hecho es inexplicable al menos para mi.
Publicado en El País de Cali, 22 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov232008/PRI
domingo, noviembre 23, 2008
lunes, noviembre 17, 2008
La pirámide nueva del emperador
Las pirámides son interesantes para reflexionar sobre nuestra psicología. Está el fenómeno social que convence al individuo; la masa al ver que otros hacen algo, siente la imperiosa necesidad de hacerlo también. El efecto es tan desbordante que dio lugar a la fábula del traje nuevo del emperador, y prueba la inutilidad del juicio individual frente al juicio colectivo. En el cuento para no parecer estúpido la gente dice que ha visto el traje, la acción de que unos lo vean convence a los otros de que deben verlo. Así que la realidad se transfigura, para todos el traje existe, están convencidos de que el vestido es invisible pero está ahí. Un hombre no puede confiar en sí mismo si la mayoría percibe lo contrario.
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov152008/PRI
Se mezcla con nuestra ‘mentalidad mafiosa’ definida por una propensión a asumir riesgos excesivos cuando los resultados esperados son también desbordantes. Se trata de una manera de actuar donde por conseguir lo anhelado, se arriesga -aún a sabiendas de perderlo- la totalidad de lo que se tiene.
El argumento ‘racional’ es el más interesante. Hace varios meses prensa y autoridades prevenían sobre las ‘pirámides’ y aparecían miles de comentarios: defensores y testigos del éxito de la aventura. Frente al fracaso, otros miles sostienen que la culpa es de los medios, aliados con el perverso sistema financiero. El hecho es interesante porque devela un motivo de fondo en esta psicología. Lo reconstruyo: utilizando el reporte la Superfinanciera sobre el sistema financiero que consolidó utilidades por más de nueve billones de pesos, de los cuales $3.845.878 millones son utilidades de los bancos, se concluye que el sistema produce rendimientos excesivos. Los establecimientos de crédito tienen $205 billones captados del público a tasas irrisorias, que colocan en deuda pública o prestan a un selecto público cobrando intereses altísimos; y dan lugar a una de las tasas de intermediación más altas del mundo.
Ahí hay dos factores que ayudan a descifrar la explosión piramidal: el sentimiento de que los bancos pagan muy poco por la plata, pues podrían pagar más; sumado a que quienes tienen acceso al sistema bancario para obtener dinero son sólo algunos; la mayoría de los colombianos -excluidos- debe acudir a los agiotistas; así que son muy limitados quienes conocen el valor de mercado del dinero.
La tradición católica ha mantenido una difícil relación con el fenómeno de cobrar intereses sobre el dinero, estuvo proscrito y fue pecado. Esa historia pesa en la manera como los colombianos entendemos el sistema, y sobre todo en la interpretación ‘malévola’ que se hace del mismo (sin desconocer sus mañas).
Es el acceso al sistema bancario el que le da a la comunidad un sentido sobre el valor del dinero. Sólo quien ha sido deudor sabe que los intereses que se pagan tienen relación con la capacidad de pago de los deudores: con la rentabilidad de los negocios.
Quienes tienen acceso el sistema bancario como deudores comprenden los límites de lo que se puede pagar por el dinero. No así los meros ahorradores que siempre esperarían más. Menos aún los excluidos, acostumbrados a que el dinero vale lo que los agiotistas impongan: tasas de interés usureras. El agiotaje es la otra cara de las ‘pirámides’. Si no se conoce el valor del dinero, ni los rendimientos posibles y reales de los negocios, unos intereses del 100% no son descomedidos, son buenos, hay quienes los han pagado.
15 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov152008/PRI
domingo, noviembre 09, 2008
Justicia y Ejército
Sorprende que en la discusión sobre los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Ejército no se presenten dos pruebas fundamentales, sin las cuales no pueden configurase ninguno de los dos fenómenos: que las ‘víctimas’ no hacían parte de ninguna organización criminal, y que fueron asesinadas por fuera de un combate. Esos mismos elementos están ausentes en el sonado caso de los ‘muchachos de Soacha’, y así se evidencia en las declaraciones del fiscal Iguarán, quien dijo que hubo reclutamiento y que no había pruebas de que hubieran sido o no muertos en combate. Con ese par de ausencias no hay nada en contra del Ejército.
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
martes, noviembre 04, 2008
Acciones por los secuestrados
Con el secuestro político las Farc chantajean al Estado, que en último término, es la sociedad misma. Así las cosas, un acuerdo humanitario para que ellos liberen los ciudadanos que en servicio a las causas democráticas han sido privados injustamente de su libertad, a cambio de soltar a los guerrilleros presos, que han sido capturados por actos delictivos, juzgados y condenados por un juez, es espinoso y difícil. Hoy por ejemplo tendríamos que liberar a José Márvel Zamora, alias ‘Chucho’ o ‘El profe’, hombre clave del sanguinario ‘Mono Jojoy’. ‘Chucho’ coordinó y activó el carro bomba del club El Nogal, estuvo involucrado en el atentado al senador Germán Vargas Lleras y otros actos terroristas en Transmilenio, almacenes, alcaldías y universidades de la capital. Liberar estas fieras tiene consecuencias sobre el orden público, la dinámica misma del secuestro -que se legitima como mecanismo para obtener la libertad de los guerrilleros presos-, la moral de las tropas y el triunfo teórico de un grupo de terroristas que logra arrinconar a la institucionalidad. Eso sin detenernos en los problemas de un despeje militar.
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
No quiere decir esto que no estemos dispuestos a hacer y ceder para que los secuestrados sean liberados. Hay que relievar la épica Operación Jaque, y la exitosa liberación del ex representante Óscar Tulio Lizcano a través de la colaboración de uno de sus captores: Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’.
Esta liberación es producto de una estrategia bien pensada del gobierno Uribe. Cada captor se vuelve un potencial actor de salvamento, cada secuestrado la posibilidad de redención. El secuestrado queda libre, se debilitan los cimientos de la estructura guerrillera, surge una oportunidad de vida para los guerrilleros atrapados en los ciclos perversos de la violencia.
El caso de Isaza, el secuestrador-libertador-héroe, nos llama a una reflexión sobre la naturaleza de la sanción punitiva. La aplicación de justicia es un ideal abstracto; no podemos pedir a los jueces decisiones justas, en el sentido trascendente de la palabra, nuestra naturaleza humana y falible nos permite frutos con las mismas limitaciones. La pena, sin connotaciones positivas ni negativas, éticas ni morales, tiene unas características que debemos resaltar: está cargada de inmenso potencial pedagógico -beneficio social que la justifica-; mediante la pena ese individuo, pero sobre todo todos los demás integrantes de la sociedad se enteran que es una conducta no deseable; se descarga sin proporción ni simetría sobre el individuo que la padece y, causa agravio individual.
Analógicamente, podemos aplicar esta lógica a nuestro caso. Es imposible aplicar ‘justicia’, pero tenemos una conducta que pretendemos incentivar: incitar a los guerrilleros que tienen bajo su cuidado a secuestrados, a realizar actos heroicos en un intento de fuga y liberación. A cambio de lo cual ofrecemos una recompensa -la pena- que además les valdrá el aprecio y la admiración de la sociedad. La ‘pena’ de acometer este acto debe ser tan incitadora que se vuelva tema de conversación entre guerrilleros, de manera que alguno se convenza de que para recibir semejante premio él desertaría con un secuestrado, a pesar del peligro. Abierta esta rendija, los demás seguirán por ahí.
Congratulaciones al doctor Lizcano por su estoicismo sin límites, propio de un mártir.
El Pais- Cali 01 de noviembre de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov012008/PRI
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