Sorprende que en la discusión sobre los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Ejército no se presenten dos pruebas fundamentales, sin las cuales no pueden configurase ninguno de los dos fenómenos: que las ‘víctimas’ no hacían parte de ninguna organización criminal, y que fueron asesinadas por fuera de un combate. Esos mismos elementos están ausentes en el sonado caso de los ‘muchachos de Soacha’, y así se evidencia en las declaraciones del fiscal Iguarán, quien dijo que hubo reclutamiento y que no había pruebas de que hubieran sido o no muertos en combate. Con ese par de ausencias no hay nada en contra del Ejército.
No hay rigidez lógica en un argumento según el cual si una persona es denunciada como desaparecida y aparece reportada como baja del Ejército en otro municipio se presume que la Fuerza Pública actuó ilegalmente.
La denuncia de desaparecidos por parte de la familia que descubre la ausencia de uno de sus miembros no significa la inocencia del mismo; si alguien decide hacerse parte de un grupo terrorista es muy probable que no se lo notifique a su familia y simplemente se vaya. Y por supuesto que comprendemos el dolor de esa familia que además de perder a uno de los suyos tiene que enterarse a través de su muerte que se ha convertido en miembro de una organización criminal; el intento por limpiar su nombre es apenas natural.
Lo que es claro, es que en los casos denunciados las supuestas ‘víctimas’ se fueron a las zonas por su propia voluntad; a qué, con quién y con qué propósitos, no sabe el país y no lo saben tampoco los miembros de esas familias.
Sabemos que sí hubo reclutamiento; son delincuentes concertados para delinquir, al menos, y que probablemente se preparaban para participar en nuevos crímenes. ¿Desde cuándo pertenece una persona a una organización criminal? ¿Desde que toma le decisión de serlo, desde que es reclutado y se desplaza con esa organización, cuando empuña un arma o sólo si ha volado pueblos y acribillado campesinos?
Todavía no tenemos pruebas sobre la naturaleza de esos reclutamientos. Podemos estar ante una tendencia de las organizaciones criminales, terroristas y mafiosas de aumentar sus filas con personal de las ciudades, pues en el campo los jóvenes se han hecho más difíciles de persuadir y sobre todo escasos. No disuena con la tendencia de la Farc de fortalecer sus milicias urbanas esta versión. Por ello es imperioso que la Fiscalía sea más seria, precise e investigue, pues de ser así se requieren medidas inmediatas y definitivas.
Aún siendo delincuentes es inaceptable que sean asesinados, por eso es de capital saber si las bajas se produjeron o no en combate. Para configurar los falsos positivos y, más aún, las ejecuciones extrajudiciales, esto es indispensable. Una cosa es el asesinato a sangre fría, y otra muy distinta es que durante un combate aparezcan muertos que no cumplen con las características ‘típicas’ de las bajas. Habrá que investigar entonces por qué están ahí, sí son o no parte de una organización criminal. Tampoco hay pruebas, otra falta de la Fiscalía.
Esta en juego el Ejército -los hombres que con sus vidas nos defienden-; el país debe conocer el informe de la comisión que investigó al Ejército, para poder juzgar con información más completa. No podemos aceptar la injusticia por parte del Ejército, pero tampoco en contra de esa fuerza.
Diario El Pais- Noviembre 08 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/nov082008/PRI
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