El paro judicial ha dibujado claramente la tensión entre los derechos laborales y los derechos de acceso a la Justicia y el debido proceso, pero cada vez más, parece que estamos frente a un abuso del derecho de negociación colectiva:
El enfrentamiento patrono-obrero -poderoso vs. vulnerable que dio origen a la normatividad proteccionista a favor de los débiles empleados, pierde su configuración en la relación de los sindicatos públicos y el Estado colombiano. Ya son varios los casos de sindicatos abusivos y absorbentes que mediante paros y huelgas han logrado apropiarse de fracciones significativas del erario y que terminan dejando sin capacidad operacional a las empresas públicas o incluso endeudando la Nación para responder por pasivos pensionales por fuera de las realidades fiscales.
Asonal Judicial está en eso. Quieren más de $60.000 millones, sin importar las consecuencias inflacionarias para el país, ni su situación fiscal. Pero lo realmente escandaloso son algunas peticiones del pliego:
Solicitan “instrumentalizar una verdadera estabilidad laboral” para lo cual se exige “la suspensión inmediata del concurso” para la Fiscalía y para los empleados de corporaciones y juzgados. Es inaceptable que a estas alturas los servidores públicos insistan en perpetuarse en sus cargos, sin que sea posible la movilidad. Aquellos privilegiados -que tienen el puesto- no pueden desconocer al resto de colombianos que desearían poder acceder a éstos. Se trata de elemental igualdad, en un país con un desempleo prominente es necesario que las nuevas generaciones, jóvenes, los desempleados, con capacidades, puedan tener, al menos, la oportunidad de competir en un concurso, contra aquellos que les llevan la ventaja de la experiencia. Los concursos son un mecanismo para abrir las puertas a la competencia y propenden por un mejor sector público, pues los mejores son seleccionados. Haber tenido el trabajo de primero, no es la única razón para mantenerlo si hay otros que también lo quieren; hay que resolverlo por el mérito. Malos recuerdos nos quedan al haber entronizado una burocracia, muchas veces ineficiente, en contra de los intereses nacionales y el derecho que tenemos todos a aspirar a los cargos del sector público.
Igualmente descarada la petición referida a la Ley 4 de 1992. Para aquellos lectores que no los saben se trata de la siguiente perla: la Corte Constitucional -abrogándose facultades por fuera de la Constitución como ordenadora de gasto- decidió igualar el régimen prestacional de los magistrados al de los congresistas contenido en la Ley 4. Ello, por supuesto, implica un alza enorme a las pensiones de toda la pirámide judicial, pues las liquidaciones se interrelacionan unas con otras. Vale la pena señalar que existen razones que justifican el régimen prestacional de los congresistas, quienes son un grupo muy reducido, no tienen estabilidad laboral pues, cada cuatro años pueden ser derrotados y deben, además, costear las campañas -sin importar si son elegidos o no-. Bien distinto al caso de la Rama Judicial: estable, sin costos de acceso y con muchísimo empleados.
Una final: alza del salario de 70% para empleados de todas las dependencias.
Parecería conveniente generar normatividad para limitar la capacidad de abuso de esos sindicatos sobre el patrimonio común y derecho a la justicia de todos los colombianos. Pero juzguen ustedes.
Septiembre 27 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
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