La Corte Suprema ha reaccionado airadamente ante la tutela que le concedió al ministro Palacios la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y no sorprende. Es una evidencia más de que esa Corte se siente infalible, incuestionable y amenazada por la diferencia.
La decisión de la Judicatura se sustenta en argumentos razonables: hacer juicios valorativos en la sentencia que establecen que el ministro Palacios -o cualquier otro colombiano- ha participado en los delitos que se investigan, es imponer una condena tácita. El hecho es gravísimo, pero sobre todo contrario al Derecho. Para que un individuo pueda ser condenado es necesario que sea oído y vencido dentro de un juicio, de manera que tenga oportunidades para defenderse y, controvertir y solicitar pruebas.
La sentencia de la Corte Suprema condena al Ministro, pues acepta como ciertas las declaraciones de Yidis que lo inculpan. Por supuesto, ello tiene consecuencias claras sobre el Ministro. Comprende el lector que otro juez de inferior jerarquía se siente presionado en cumplir esa precondena establecida por la Corte. Es más, la Procuraduría inició el proceso disciplinario hace pocos meses a raíz de esa condena.
Se trata de una decisión justificada y proferida en desarrollo de sus facultades legales y constitucionales; como todo fallo jurídico es discutible, pero le corresponde a la Corte Constitucional esa tarea. Aún así la Corte Suprema -como ya es usual- se enfrenta con una Corte de igual jerarquía y la califica de “desatinada” y con “intención de distorsionar”. El país no pude seguir a merced de un poder tan soberbio que irrespeta las decisiones de otras instancias institucionales que en su actuación legitima porque se apartan de las propias.
No tiene justificación la Corte Suprema que ha generado un discurso según el cual todo lo que se separe de sus opiniones es una conspiración. Su aversión por la controversia es tal, que se niega a aceptar reglas del Derecho Internacional, como la doble instancia, por el afán de que no exista nadie sobre ella, nadie que pueda criticar sus decisiones.
La Justicia debería ser por excelencia la rama más reposada y serena del poder, por el contrario vemos una Corte enfurecida, vehemente, que apela a la persecución como argumento para ignorar el debate. Esa Corte la emprende contra todas las otras instituciones que osen cuestionarla: ha producido un temor reverencial que casi impide el funcionamiento del Congreso.
El Gobierno tiene que pedirle permiso para cumplir sus funciones, como plantear una reforma a la Justicia; la Corte, en cambio, sin pena excluye a la institución presidencial de los foros sobre la Justicia. Esa misma Corte hace unos días proponía, como mecanismo para evitar la impunidad, suprimir la posibilidad de que los congresistas renuncien a su fuero y sean juzgados por la Fiscalía y los jueces. Sugieren abiertamente que el resto del sistema judicial no sirve, que sólo ellos son capaces. Ahora, contra la Judicatura.
Y una reflexión final. La idea de la cadena perpetua o de la pena de muerte es inconducente y superficial, producto sólo del oportunismo politiquero. La Justicia colombiana no está en capacidad de asumir semejante responsabilidad. Recordemos que tenemos una justicia que lleva más de 40 días en paro. Una justicia sumida en escándalos de corrupción que olvidamos demasiado pronto. Y con una soberbia Corte.
Octubre 04 de 2008
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=/historico/oct102008/PRI
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