Columnas de opinión y análisis de la actualidad de Colombia publicadas los sábados en el periódico EL PAÍS - Cali


sábado, agosto 25, 2007

Las inhabilidades y los electores

En estas últimas semanas se ha debatido el asunto sobre si los paramilitares y guerrilleros que no han cometido delitos atroces pueden participar en política y se ha ventilado que para las elecciones de octubre hay 269 candidatos inscritos inhabilitados por diversas causas. La cuestión fundamental que subyace tras esta controversia es cómo decide el elector colombiano por quién votar y cuáles son los mecanismos necesarios para generar electores más responsables.

Las inhabilidades legales tienen al menos dos propósitos: proteger la cosa pública, alejando del sector personajes que con sus acciones han probado que no reúnen las condiciones mínimas para ser designados en tan altos ministerios y a la vez son una protección para los electores, una manera de garantizar que puedan elegir el candidato de su preferencia dentro de un grupo que cumple con estándares mínimos de comportamiento y moralidad.

Las conductas que necesariamente deben cerrar a sus autores el acceso al sector público deben ser inhabilidades. Pero existen otras conductas que, aunque no generan una inhabilidad, implican un riesgo y requieren que el elector las examine detenidamente. En ese sentido, es importante que la opinión pública conozca la vida de cada candidato: las sanciones impuestas, las investigaciones y su proceder general. Especialmente, si los guerrilleros y paramilitares –sin delitos atroces- van a participar en política, debe garantizarse el principio de protección del elector. Todos los electores deberían saber que el candidato hizo parte de una organización armada al margen de la ley y decidir en su conciencia si vota o no por ese candidato.

Es fundamental que la Registraduría, como máximo órgano electoral, genere un mecanismo mediante el cual todo ciudadano pueda conocer la hoja de vida de los candidatos y evaluar si lo considera apto y deseable para hacer parte del sector público. Deben ser de libre conocimiento las actividades al margen de la ley y todo aquello que sea relevante para una apropiada información del elector. Sólo así se puede exigir responsabilidad a los votantes.

Lo ideal sería que el juicio popular fuera más severo y contundente que las inhabilidades que procuran garantizar mínimos de comportamiento. Pero encontramos en Colombia casos que esbozan la irresponsabilidad de los electores, como el abrumador respaldo dado a candidatos inhabilitados a pesar de que sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios son conocidos por la masa. Las inhabilidades emergen entonces como un impedimento al deseo democrático. El juicio de la opinión lo absuelve, pero la ley lo excluye para proteger la cosa pública. Este mecanismo garantiza que por lo menos esos mínimos se cumplan, en tanto la opinión pública aprende a fuerza de ley a evaluar los candidatos.

El proceso de maduración de la conciencia democrática es lento, sobretodo porque la elección de autoridades locales es muy reciente y el proceso de descentralización sigue sin avanzar. Los electores pueden darse el lujo de ser irresponsables en la elección de candidatos, pues el Gobierno central asume la carga por las fallas de las administraciones locales. Pero con el tiempo, y si la descentralización avanza, los electores serán cada vez más exigentes, pero hay que dotarlos de los mecanismos para hacerlo.
Publicado Diario El Pais-Cali en Agosto 18 de 2007
http://www.elpais.com.co/historico/ago182007/OPN/opi03.html

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